Economía Crítica y Crítica de la Economía

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La primera capitulación de Tsipras y Varoufakis fue a fines de febrero de 2015

Autor: Eric Toussaint

CADTM

«Firmé el correo y lo envié a los acreedores, más o menos asqueado. Era el fruto de las tinieblas, y reconocí que me pertenecía.»
- Varoufakis

Advertencia: La serie de artículos que dedico al libro de Varoufakis constituye una guía para lectores y lectoras de izquierda que no quieren conformarse con la narración dominante dada por los grandes medios de comunicación y los gobiernos de la Troika; lectores y lectoras que tampoco les satisface la versión dada por el exministro de Finanzas. [1] Como contrapunto del relato de Varoufakis, indico acontecimientos que él pasa en silencio y expreso una opinión diferente de la suya sobre lo que debería haber hecho y sobre lo que hizo. Mi relato no sustituye al suyo: se lee en paralelo.

Es esencial tomarse el tiempo de analizar la política puesta en práctica por Varoufakis y el gobierno de Tsipras puesto que, por primera vez en el siglo xxi, un gobierno de izquierda radical fue elegido en Europa. Es de la mayor importancia, si no queremos toparnos con un nuevo fiasco, comprender los errores y sacar conclusiones de la manera en que ese gobierno afrontó los problemas que encontraba.

El reto, que presenta la crítica de la política que llevó a cabo el gobierno griego en 2015, no consiste principalmente en determinar las responsabilidades respectivas de Tsipras o de Varoufakis como individuos. Lo fundamental es analizar la orientación político-económica que fue puesta en práctica, con el fin de determinar las causas del fracaso, de ver qué otras opciones se podrían haber tomado y aprender las lecciones pertinentes sobre lo que un gobierno de la izquierda radical puede hacer en un país de la periferia de la zona euro.

Recordemos que, el 20 de enero de 2015, Varoufakis firmó un desastroso acuerdo con el Eurogrupo. En virtud del mismo, Grecia se comprometió a pagar a sus acreedores siguiendo el calendario previsto. Y eso implicaba desembolsar 7.000 millones de euros, en varios plazos, hasta el 30 de junio de 2015. Se debía pagar 5.000 millones de euros al FMI, a pesar de ser uno de los principales responsables de las políticas catastróficas. Según ese acuerdo, también era necesario que Grecia sometiera al Eurogrupo, para su aprobación, las nuevas propuestas de «reformas» y de medidas de austeridad en el marco del segundo memorando en vigencia desde 2012, y que fue prolongado cuatro meses por una decisión acordada entre el gobierno griego y el Eurogrupo. Después de haber firmado ese acuerdo en Bruselas, Varoufakis volvió a Atenas donde sufrió la crítica de figuras emblemáticas de la resistencia y del combate.


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‘El dinero para las pensiones es una cuestión de voluntad política’. Entrevista a Miren Etxezarreta en Radio Euskadi

Autor: Miren Etxezarreta

Radio Euskadi

La doctora en economía Miren Etxezarreta acudió al Congreso MARX 200 AÑOS, celebrado en marzo en Bilbao. La experta asegura que hay dinero de sobra para subir las pensiones más de un 0,25%. Según su opinión, ‘el problema es que no se quiere repartir para las pensiones’.

  • 9:46 min

Miren Etxezarreta, doctora en economía ha asegurado que hay dinero de sobra para subir las pensiones más de un 0,25%. Según su opinión, ‘el problema de las pensiones es cómo se reparte el dinero, y que no se quiere repartir para las pensiones’.

En este sentido ha puesto el ejemplo del gasto militar, ‘si no se elevara el gasto militar al 2% del PIB, habría dinero para las pensiones. La decisión es puramente política y social’.

Por ello, ha insistido, ‘si en lugar de gastar en armas, gastáramos en pensiones, habría dinero’.

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¿El aumento de la productividad del trabajo fortalece las pensiones?

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

El aumento de la productividad del trabajo no mejora necesariamente la sostenibilidad de las pensiones.

Soy consciente de que esta afirmación puede resultar, como poco, desconcertante, pues parece negar la evidencia de que, precisamente, el crecimiento de la productividad debería proporcionar los recursos que necesita el fondo público de pensiones. Si la economía española consiguiera mejorar los estándares de productividad, aumentarían tanto los salarios de los trabajadores como los beneficios de los empresarios; sin necesidad de incrementar la presión fiscal, sería posible transferir recursos desde la población activa ocupada, que crea riqueza, en dirección a la población inactiva receptora de las pensiones, situada fuera de los circuitos productivos y en continuo crecimiento fruto del envejecimiento demográfico. Así de lineal y de tramposo es el discurso dominante.

¿Qué ha sucedido con la productividad del trabajo desde que gobierna el Partido Popular (PP)? Este indicador relaciona el Producto Interior Bruto (PIB) con el número de trabajadores o de horas trabajadas. Pues bien, si se toma como referencia el empleo en el período que nos ocupa, entre 2011 y 2017, El PIB real por trabajador ha experimentado un aumento global del 5,1%; si en lugar del empleo se pone el foco en el número de horas trabajadas, su progresión ha sido del 4,3%. En estos años, no obstante, la “hucha” de las pensiones (el fondo de reserva) se ha vaciado y los jubilados han visto cómo se reducía su capacidad adquisitiva.

Para entender esta aparente paradoja hay que analizar los factores que están determinando los avances en la productividad del trabajo. Me centro en las reflexiones que siguen en el denominador de la ratio, esto es, en el volumen de empleo y en las horas trabajadas.

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EKO TV: Pensiones

Autor: EKO TV, Ivan H. Ayala y Maria Pazos Moran

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El pasado jueves debatimos sobre la sostenibilidad de las pensiones con:

-María Pazos (economista)
-Norberto Marchesano (economista)
-Carlos Bravo (Secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO).

¿No lo pudiste ver? No te preocupes, os dejamos el enlace:

http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/663491/pensiones

Ya está aquí el nuevo #DossierEsF: Economía Feminista: visibilizar lo invisible

Autor: Economistas Sin Fronteras, Amaia Pérez Orozco, Astrid Agenjo Calderón, Carmen Castro y Yolanda Jubeto

Economistas Sin Fronteras

Este dossier llega en un momento en el que la palabra feminismo ha pasado de estar en la sombra a copar portadas en los grandes medios de comunicación a nivel internacional. Son tiempos que invitan a la reflexión. ¿Por qué tantas mujeres se han sentido interpeladas a salir a la calle el 8M? ¿qué hay detrás de sus demandas? ¿por qué una huelga de cuidados, consumo, laboral y educativa? ¿por qué ese empeño en mezclar churras con merinas y visibilizar “cosas” que pertenecen al ámbito de lo privado? ¿por qué ese querer dar valor a actividades que puede hacer cualquiera? ¿por qué cambiar lo que ha sido así de toda la vida? ¿por qué hablar de la división sexual del trabajo? ¿por qué hablar de reparto de tiempos y responsabilidades en lugar de hablar sólo de dinero?

¿Qué tiene que ver la economía en todo esto? Quizás mucho más de lo que parezca a primera vista. La economía feminista, una corriente de pensamiento crítico en construcción que bebe de la academia pero también de los movimientos sociales, lleva años poniendo sobre la mesa muchas de las cuestiones sobre las que se está empezando a hablar. El artículo de Amaia Pérez Orozco y Astrid Agenjo Calderón introduce en esa otra manera de mirar que aporta la Economía Feminista, en algunos aportes conceptuales y metodológicos que después se desarrollarán en parte en otros artículos del presente dossier. De manera clara explican entre otras cosas cómo la economía es más que mercado, que el género sí importa, que el sistema en el que vivimos es heteropatriarcal y que no es posible lograr la igualdad sin poner patas arriba el sistema económico.

Tras el mismo, contamos con tres artículos de Políticas para cambiar lo invisible. Las políticas públicas pueden ser un instrumento potenciador de la transformación de la realidad y la superación de las desigualdades estructurales, o todo lo contrario. Carmen Castro García habla sobre el  papel a asignar a las políticas públicas y menciona seis iniciativas para la reorganización social de tiempos y trabajos y potencialidad género-transformativa.

Maite Ezquerro Sáenz detalla en su artículo algunas de las reflexiones, reinvindicaciones y propuestas consensuadas en torno al eje de Derecho al cuidado. Sistemas de cuidado justos, equitativos y corresponsables,  en el proceso surgido de la Campaña Tipi-Tapa Bagoaz: Hacia Vidas SOStenibles. La campaña culminó con el Tribunal Popular por el Derecho a las Vidas Sostenibles en el que se presentaron dos casos reales en los que se abordaron la vulneración de derechos relativa al cuidado.

Justa Montero Corominas cierra el bloque de políticas con un artículo sobre la huelga feminista que tuvo lugar el 8M; una huelga que ha trascendido el concepto tradicional, entendida como huelga laboral en el ámbito de la producción, para extenderla al ámbito de la reproducción social, a los trabajos de cuidados y domésticos que realizan las mujeres, logrando situar a ambos en el mismo proceso económico. La huelga ha llevado asuntos muchas veces escondidos en la privacidad de los hogares a la esfera pública donde se han transformado en exigencia de cambios políticos y sociales.

El capítulo 5 abre el bloque de Iniciativas que visibilizan lo invisible o como apunta el título del artículo de Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal Emilio-Yus, lo invisibilizado (que no invisible). Las autoras describen las encuestas de usos de tiempos, una herramienta útil a la hora de visibilizar los trabajos realizados en ámbitos poco regulados de la vida cotidiana, como el doméstico-familiar, y que han supuesto un aporte importante a la hora de poner de manifiesto las desigualdades de género existentes en esta esfera. Dado que son la  “materia prima” con la que se alimentan las Cuentas Satélite  es importante conocer cómo se crean, cómo funcionan y también las limitaciones que presentan.

Precisamente en el siguiente artículo, Mertxe Larrañaga Sarriegi, nos adentra en las cuentas satélite, una herramienta que nos permite incluir los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados en el PIB, el indicador convencional más importante para medir la actividad económica y otras muchas cuestiones como el bienestar, el déficit o endeudamiento público. La autora tomando como referencia el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pionera en cuentas satélite de producción doméstica, contextualiza y explica las distintas maneras que se utilizan para valorar las actividades que no pasan por el mercado pero que son clave para que el sistema funcione.

Cerrando el bloque Yolanda Jubeto Ruiz, nos adentra en otro instrumento crucial para trabajar la equidad en la política pública: los presupuestos con perspectiva de género. La introducción de la perspectiva de género en el presupuesto de la administración pública persigue analizar si el impacto diferenciado que algunas partidas presupuestarias pueden tener sobre las mujeres y hombres de la comunidad, contribuyen a disminuir, a aumentar o a mantener determinadas situaciones discriminatorias existentes, a partir de las diferentes vivencias, posiciones y roles que mujeres y hombres tenemos en la sociedad. En el artículo se muestra cómo puede ser una herramienta útil para que las administraciones públicas refuercen el avance en la justicia social desde la perspectiva de la equidad entre mujeres y hombres en todas las políticas públicas.

El dossier termina con una recomendación de lectura “Subversión feminista de la economía, aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida”. Imprescindible lectura para cuestionar y debatir la economía ortodoxa.

Aprovecho este espacio para agradecer su colaboración a las personas que han hecho posible este dossier. Muchas gracias por hacernos (re)pensar la economía y ayudarnos a mirar desde otro lado, poniendo la vida en el centro, visibilizando lo invisibilizado. Porque si no se visibiliza no existe y si no existe no tiene nombre, no se puede medir. Sólo así, dando nombre a las “cosas”, podremos analizarlas, entenderlas y organizarnos para hacer demandas políticas y caminar hacia una economía más justa.

Dossieres EsF nº29 Primavera 2018
Economía Feminista: visibilizar lo invisible
Coordinado por: Eba Armendáriz Echániz

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¿Qué es la economía feminista?

Autor: Lourdes Beneria

Blog de Alternativas Económicas en eldiario.es

Desde hace tiempo parece que existe un interés creciente en la economía feminista, o por lo menos el tema sale a la luz más frecuentemente que en el pasado en muchos círculos culturales y políticos.  Sin embargo, muy a menudo queda poco claro de qué se trata, o se discute de forma parcial o poco rigurosa. ¿Se trata de una alternativa al sistema económico predominante? ¿De una proposición radical en cuanto a la igualdad de género que además propone la superación del capitalismo? ¿O se refiere sobre todo a la eliminación del patriarcado? ¿Representa un feminismo liberal o un feminismo de izquierdas? ¿Hasta qué punto incorpora nuestras preocupaciones por las desigualdades sociales o por el medio ambiente?

¿Qué es pues la economía feminista? Primero, es importante mencionar que esta expresión empezó a utilizarse a principios de la década de 1990, aunque el análisis económico de diversas desigualdades de género surgió mucho antes y había tomado formas distintas, por ejemplo, en cuanto a las brechas salariales entre hombres y mujeres, un tema que ya se debatió en 1918 y de nuevo en 1936 en Inglaterra, y el debate sobre el trabajo doméstico en Europa durante la década de 1970. Por otra parte, para el marxismo ortodoxo la cuestión de la mujer se convirtió en un tema clásico desde un principio, y la economía neoclásica se ocupó de cuestiones relacionadas con la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, el capital humano y la división del trabajo doméstico desde la década de 1950.

Sin embargo, muchos de estos debates y aproximaciones a la cuestión de la mujer no eran muy feministas, en el sentido de centrarse en las desigualdades profundas contra las que el feminismo ha estado luchando. Por ejemplo, los modelos y estudios de la teoría neoclásica y del marxismo clásico no cuestionaban (y a menudo  siguen sin cuestionar) las normas patriarcales y relaciones de género que ponen a las mujeres en condiciones de subordinación y de opresión: formas patriarcales de dominación/subordinación como sistemas de propiedad y de herencia, tradiciones machistas de todo tipo, violencias contra las mujeres, techos de cristal, la misma división del trabajo y la concentración de las mujeres en la economía del cuidado, las desigualdades en educación y en prácticas profesionales, la segregación por género en el mercado laboral, etcétera.

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Derecho a la vivienda y negocio inmobiliario: Políticas antisociales de vivienda (y III)

Autor: Colectivo IOE

Barómetro Social

La política mantenida en España ha estado más orientada a asegurar el negocio inmobiliario que a proteger el derecho a la vivienda, a pesar de las crecientes movilizaciones de la población afectada.

El acceso a la vivienda, en condiciones aceptables, constituye uno de los pilares básicos de la calidad de vida y de la inserción social. Así fue recogido   en el plano jurídico por la Constitución de 1978 al establecer para toda la ciudadanía el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y exigir de los gobernantes una política de vivienda efectiva y que evitara la especulación: “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” (art. 47). Evidentemente, esta norma no se ha cumplido: ni los gobiernos han tomado a su cargo asegurar el disfrute efectivo de la vivienda de toda la ciudadanía ni se ha luchado contra la especulación inmobiliaria.

El contexto europeo: España es diferente

La política de vivienda aplicada a partir de la transición siguió anclada en el modelo franquista de apoyar la construcción de viviendas en propiedad, ya fuera en el sector mayoritario del mercado libre o mediante subvenciones para la construcción y compra de viviendas, a la vez que se dejaba en un callejón sin salida el alquiler de viviendas que era el mayoritario al acabar la guerra civil. Entre 1940 y 2018 se han sucedido 16 Planes Plurianuales de Vivienda, que tuvieron un momento de inflexión en la década de los años ochenta del siglo pasado. Hasta entonces el “problema de la vivienda” se planteaba en términos de escasez (déficit residencial que los Planes estimaban por encima del millón y medio de unidades), por lo que el Estado central financiaba tanto a los promotores privados de viviendas (“ayuda a la piedra”), como a los compradores a través de diversas fórmulas (subvenciones directas, deducción fiscal en el IRPF, etc.).

A diferencia del resto de Europa, España no apostó por  la creación de parques de alquiler social para cubrir las demandas más urgentes, ni siquiera por facilitar el alquiler privado, que quedó congelado a raíz de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1946. Esta ley, con la intención demagógica de proteger a los inquilinos, estableció unas condiciones sumamente rígidas de congelación de precios y prórroga indefinida de los contratos que desincentivaron el desarrollo del mercado de alquiler, pasando éste del 51% en 1950 al 21% en 1981.

A partir de los años ochenta, el creciente superávit de viviendas en relación a los hogares colocó a España a la cabeza de la Unión Europea en este punto[1] e hizo que los planes fueran rebajando poco a poco su aportación a la construcción de nuevas Viviendas de Protección Oficial[2], orientándose más a la rehabilitación del parque existente y a pequeñas promociones de alquiler social para sectores con menos recursos, sobre todo para jóvenes[3]. Por otra parte, la llamada ley Boyer de 1985 y las posteriores modificaciones legislativas de 1994 y 2013 intentaron relanzar el mercado de alquiler al permitir fijar libremente los precios y suprimir la prórroga forzosa de los inquilinos. Sin embargo, esta nueva legislación produjo durante mucho tiempo una gran distorsión en el sector al dar lugar a unos precios inaccesibles en el caso de los nuevos alquileres, sobre todo en las grandes ciudades, junto a alquileres bajísimos de “renta antigua” anteriores a 1985.

En el nuevo estado de las autonomías la política de vivienda experimentó una notable descentralización y, aunque se han mantenido los Planes Nacionales, éstos se gestionan mediante convenios con las comunidades autónomas que a su vez delegan muchas funciones en los ayuntamientos, quienes se encargan de la aplicación de las normas y de la gestión del suelo a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana, las normas subsidiarias y la delimitación del suelo urbano. Los tributos locales asociados a la construcción y transmisión de viviendas (licencia de obras, impuesto de plusvalías) o a su mantenimiento (impuesto anual de bienes inmuebles) son una fuente importante de ingresos para los ayuntamientos que les suele predisponer a calificar el suelo como urbanizable frente a otras alternativas posibles.

Entre 2001 y 2016 el número de hogares en España ha pasado de 14,2 a 18,4 millones. Las viviendas en propiedad sin deuda pendiente han sido en todo este período la forma de tenencia más frecuente y han aumentado en algo más de  medio millón (de 8,4 a 9 millones); sin embargo, su peso relativo se ha reducido 10 puntos, bajando del 59 al 49%. Han crecido tres veces más las viviendas en alquiler, que han pasado de 1,6 a 3,2 millones, y cuatro veces más las viviendas compradas con hipoteca pendiente, que han pasado de 3,2 a 5,3 millones del parque de primeras viviendas. Esta última modalidad fue la que más creció hasta la llegada de la crisis, reduciendo después su peso en beneficio del alquiler que ha doblado su número en lo que llevamos de siglo y ha pasado del 14,2 al 17,3% en los últimos cinco años (Gráfico 1).

Gráfico 1. Viviendas principales en propiedad y alquiler en España (1950-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población (1950-2011) y la Encuesta  Continua de los Hogares (2016), ambas del INE. No se incluye “otra forma de tenencia”.

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Presupuestos 2018: que los pocos árboles sanos no impidan ver el bosque quemado

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

El Gobierno ha presentado su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y lo ha hecho anunciando todo tipo de medidas y enseñando todo tipo de datos. Entre tanta información y tantas cifras mareantes es muy fácil despistarse y perder de vista la panorámica general. A eso juega claramente el Gobierno, que astutamente ha colado algunas medidas positivas de notable visibilidad para que se centre en ellas la atención y no se hable de lo negativo que es el documento en su conjunto. Esas medidas son los pocos árboles sanos que podemos encontrar en unos presupuestos que mantienen intacto el bosque que incendiaron con el fuego de la austeridad hace ya ocho años.

El dato clave es el gasto público total en comparación con la riqueza del país. No el incremento del gasto en euros con respecto al año anterior, ni el peso del gasto social, ni otras milongas que están utilizando el gobierno y sus voceros; lo importante es mirar qué parte de la tarta española se destinaría al gasto público. Porque de nada nos sirve que aumente algo el gasto público si la economía está creciendo más, porque eso significaría que nos están dando un pedazo de la tarta cada vez más pequeño. Y esto es precisamente lo que quieren que ocurra: se estima que la economía (la tarta) crezca al 2,7%, mientras que el gasto público (el pedazo de la tarta) sólo aumentaría un 1,2%. El resultado: menos recursos para el estado social en comparación con la riqueza del país. De cumplirse estos presupuestos, el gasto público se situaría en el 40,5% del PIB, un nivel no sólo más bajo que el año anterior, ¡sino el más bajo de los últimos diez años anteriores! España siempre ha gastado unos 5 puntos porcentuales del PIB menos que la media europea y unos 10 puntos menos que otros países vecinos, y en vez de mejorar ese ratio lo que propone el gobierno del Partido Popular –y lo que aprueba Ciudadanos– es reducirlo aún más.

Basta mirar las partidas presupuestarias más importantes y comparar su cuantía con las de años anteriores para constatar que estos presupuestos consolidan los recortes iniciados en 2010: si se aprueba la propuesta del gobierno este año 2018 tendríamos un 13% menos para políticas de educación que hace 8 años, un 8% menos para sanidad, un 27% menos para investigación, desarrollo e innovación, un 70% menos para políticas de acceso a la vivienda, un 35% menos para cultura, un 58% menos para inversiones en infraestructuras, etc. Y todo esto mientras en la economía española se mueve bastante más dinero que en el año 2010 ya que el PIB es superior al nivel de entonces. En aquella época nos dijeron que los recortes eran sacrificios temporales que había que hacer para salir de la crisis. Ahora nos dicen que hemos salido de la crisis pero los sacrificios siguen ahí.

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Empresas no financieras: desapalancamiento y variables de ajuste

Autor: Alvaro Risquez Ramos

Blog de Econonuestra en Público.es

A lo largo de la historia del capitalismo las crisis económicas han sido recurrentes, dotando a su vez al sistema de un componente cíclico. No obstante, no todas ellas se materializan por las mismas causas ni acarrean las mismas consecuencias. La última crisis económica, que se desarrolló a partir de un excesivo endeudamiento del sector privado –pues no hay que olvidar que el sector público presentaba unas cuentas saneadas en los años previos al estallido de la misma-, dotó a la fase recesiva de unas características particulares, y es que, a diferencia de cualquier otra recesión ordinaria, el sector privado fijó como objetivo prioritario la reducción del volumen de deuda generado en la época de la burbuja, conllevando ello unos costes que analizaremos más adelante.

Este hecho económico fue bautizado por Richard Koo como recesión de balance, dibujando un escenario donde, tras el colapso en el precio de los activos y el mantenimiento del valor de las obligaciones, el sector privado intenta recomponer sus balances saldando la deuda adquirida anteriormente. De esta forma, al colocar el proceso de desapalancamiento como piedra angular de la nueva estrategia empresarial, partidas como la remuneración de los asalariados o la inversión productiva pueden responder como variables de ajuste para facilitar dicho proceso, provocando una mayor contracción de la economía por la caída de la demanda agregada. Además, los beneficios empresariales pueden verse también supeditados al objetivo de reducir la masa de deuda.

Dicho esto, ¿podemos hablar de que en España se haya dado un proceso como el descrito anteriormente? ¿En qué medida han funcionado los salarios o la inversión como variables de ajuste? ¿Cuál ha sido el comportamiento de los beneficios empresariales en la fase recesiva del ciclo?  Para tratar de acercarnos a la contestación de algunas de estas preguntas utilizaremos la base estadística que proporciona el INE en las ‘Cuentas no financieras trimestrales por sector institucional’‘Cuentas Financieras’, centrándonos en el sector de las empresas no financieras.

En primer lugar, señalando 2010 como el año en el que se inicia el proceso de desapalancamiento en las empresas no financieras, constatamos algunos cambios en la estructura de pasivos y en su participación sobre el PIB. Así pues, mientras que los préstamos representaban un 131% del PIB en 2010, en 2016 los niveles habían registrado una caída de 32 puntos porcentuales, alcanzando el 98% del PIB. También se puede apreciar una reducción en la participación de los créditos comerciales y anticipos, al pasar de tener un peso del 44% del PIB en el año 2010 a un 30% en 2016.  Paralelamente, la financiación a través de participaciones en el capital y fondos de inversión fue ganando peso en el total de los pasivos (del 44% en 2010 a un 56% en 2016), siendo la única partida que obtuvo tasas de variación anuales positivas durante todo el periodo 2010-2016. Por último, el proceso de desapalancamiento debe entenderse también a partir de la reducción de la carga financiera soportada por las empresas vía pagos de intereses: en porcentaje del Excedente Neto de Explotación, el pago de intereses llegó a rondar casi el 50% antes del estallido de la crisis, por solo un 10% en 2016.

Ahora bien, una vez entendido a grandes rasgos la dinámica del proceso de desendeudamiento podemos preguntarnos lo siguiente, ¿supuso los salarios una variable de ajuste que permitiese en última instancia impulsar el proceso de desapalancamiento?

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Que no nos den gato por liebre

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

Este 12 de abril en el Congreso de los Diputados se debatirá y someterá a votación un Real Decreto propuesto por el gobierno de Rajoy que amplía el margen de maniobra que tienen las corporaciones locales a la hora de utilizar su superávit. El ejecutivo quiere presentar este Real Decreto como una actuación de generosidad con respecto a los ayuntamientos pero la realidad es que no es otra cosa que la consecuencia de su derrota política: la enorme presión ejercida por los ayuntamientos -entre los que destaca el de Madrid- y también por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos- En Comú-En Marea, ha obligado al gobierno a dar un pequeño paso atrás en su perversa estrategia austericida consistente en asfixiar a las administraciones públicas todo lo posible. Ahora intentan disfrazar de generosidad lo que es en toda regla un revés político. Prueba de ello es que esta medida llega tarde y mal.

Llega tarde porque estamos ya a mitad de abril y las corporaciones locales han perdido más de tres preciados meses para poder iniciar los trámites necesarios para la aprobación de inversiones financieramente sostenibles. Es importante entender que esta figura económica requiere de unos procedimientos administrativos mucho más lentos y pesados que cualquier otro tipo de gasto o inversión pública, puesto que la administración pública que quiere hacer uso de ella debe primero estudiar la viabilidad económica de las inversiones desde unos criterios especiales y también debe lograr su aprobación en pleno. Unos trámites que no han podido llevarse a cabo durante todo este tiempo perdido y que comenzarán una vez se ha consumido casi la tercera parte del año. Demasiado tarde para lograr un uso óptimo de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Y la responsabilidad de provocar esta situación recae única y exclusivamente en el gobierno, pues no había ninguna necesidad de esperar tanto para habilitar el destino del superávit a través de las inversiones financieramente sostenibles. Podría haberlo hecho muchísimo antes, a través de cualquier decreto como va a ocurrir ahora, y concretamente desde el día en que sabía que los presupuestos se iban a prorrogar por la incapacidad política de este ejecutivo de lograr apoyos para aprobar unos nuevos. Pero decidió esperar, impidiendo así que los ayuntamientos tuvieran algo más de aire y de libertad para utilizar sus propios recursos. Esa estrategia política solo ha causado perjuicios a la ciudadanía. Ahora que la presión aumenta, han tenido que recular, pero se ha perdido un tiempo precioso en la implementación de políticas públicas.

Y llega mal porque es claramente insuficiente. El gobierno intenta vender que con esta medida se solucionan los problemas de las corporaciones locales. ¡Ni mucho menos! Con este Real Decreto lo único que se conseguirá es que las administraciones puedan realizar inversiones financieramente sostenibles, que es algo que han podido hacer todos los años desde 2014 a partir del mes de enero (con la excepción del año pasado, en el que también hubo retraso en la aprobación de presupuestos). Es decir, que volvemos simplemente a la situación que teníamos en años anteriores, que ya eran desastrosas para la autonomía de las corporaciones locales y para el bienestar de la gente. Es cierto que en este decreto el universo de inversiones se amplía, lo cual es una buena noticia, pero es que el verdadero problema es otro: es el de la Regla de Gasto, que a pesar de que es lo que impide que los ayuntamientos puedan utilizar sus recursos en beneficio de la ciudadanía, no se toca absolutamente en nada en este decreto.

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La antigravedad del bitcoin (IX): Conclusiones

Autor: Luis Alberto Alonso

La Paradoja de Kaldor

Cerramos la serie “La antigravedad del bitcoin”. Puede encontrar el documento completo para descargar en este enlace.

En esta serie hemos planteado dos preguntas: La primera ¿es el bitcoin una burbuja? Definiendo burbuja como lo hemos hecho, la pregunta anterior es equivalente a esta otra ¿Existe en la dinámica interna del bitcoin un mecanismo que garantiza su estallido?

La segunda pregunta es: ¿cuál será el papel probable que va a jugar el bitcoin en las economías futuras?

A la primera pregunta hemos aventurado la siguiente respuesta: El activo “bitcoin” es un caso especial en el que el valor fundamental y el precio en dólares se identifican, se mueven paralelamente. Por lo tanto, no existe el mecanismo de frenado –que se activa en las burbujas clásicas cuando el precio se aleja desmesuradamente del valor fundamental– que inhibe su ascenso primero y provoca al final su estallido. El precio del bitcoin podría experimentar caídas bruscas, pero para ello es preciso que actúe un evento externo que modifique las expectativas alcistas existentes en ese momento. Lo que suceda en este caso dependerá del peso que tengan los especuladores cuyas expectativas se modifican y realimentan por descensos del precio de corta duración en el total de los propietarios de bitcoins? Si su peso es pequeño, cuando hayan vendido todos, el precio se estabilizará y se producirá el rebote. Además, los que se planteen vender se harán el razonamiento de que, si el bitcoin fuese nitroglicerina inestable, ya habría tenido chispazos-oportunidades que le habrían permitido deflagrar y no lo ha hecho. Al bitcoin, como a los humanos, los golpes que no le derrumban le hacen más fuerte.

A la segunda pregunta, la respuesta sería: La elevación continua del precio del bitcoin, que suponemos, le hace incapaz de sustituir a las monedas convencionales en la mayor parte de las tareas importantes que éstas desempeñan. Veamos. Seguir leyendo…

Pensar con Marx hoy. Congreso Internacional en el 200 aniversario del natalicio de Karl Marx (Madrid, 4-6 de octubre 2018)

Autor: Xabier Arrizabalo Montoro, Mario del Rosal y Javier Murillo

Pensar con Marx hoy

Congreso Internacional en el 200 aniversario del natalicio de Karl Marx

Madrid, 4-6 de octubre 2018

Organizan

Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), Fundación por la Europa de los Ciudadanos (FEC) y Red Europea Transform!

Colabora

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Eje de Economía política

Coordinación: Xabier Arrizabalo, Profesor de Economía de la UCM; Jorge Fonseca, Catedrático de Economía de la UCM; Javier Murillo, Profesor de Economía de la UCM; Juan Manuel Ramírez Cendrero, Profesor de Economía de la UCM; Mario del Rosal, Profesor de Economía de la UCM.

Los dos siglos transcurridos desde el nacimiento de Karl Marx (1818-1883) muestran continuidades y rupturas en las bases materiales de la existencia humana. Sólo a partir de Marx esas bases pudieron empezar a ser comprendidas no desde la fatalidad (externa) sino desde la lógica (interna) de las propias sociedades humanas y el modo en que se organizan, no desde la r Seguir leyendo…

Europa en crisis. Entre el autoritarismo y la desintegración

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Revista Crisis

El proceso de construcción de la Unión Europea (UE), como organismo supranacional de articulación de un poder de escala continental ha sido históricamente un proceso complejo y contradictorio. El ambivalente desarrollo institucional de la UE ha resultado problemático desde la misma conformación del Mercado Común del Carbón y del Acero (CECA), en 1950, por los políticos franceses Robert Schumann y Jean Monnet. Ya entonces la contradicción inmanente entre la creación de una Europa superpotencia, unida y articulada, y la generación de un espacio para el libre desenvolvimiento de los intereses de los grandes capitalistas vinculados al comercio global, aun formalmente europeos,  fue visible para los más avezados  analistas, como el economista libertario Abrahám Guillén.

Mucho ha llovido desde entonces. Los Tratados de Maastricht, de Lisboa, los procesos armonización legislativa, pero también el Brexit, las tensiones entorno a la deuda y el euro y los conflictos respecto a las políticas de austeridad, han marcado el desarrollo del proyecto europeo, profundizando de manera radical esta contradicción original entre el proyecto de los grandes capitales y la Europa unida de los pueblos. Y ello en el seno de un mundo cada vez más multipolar, donde la competencia acrecentada entre los bloques económicos, en una espiral de globalización comercial y de ausencia de controles para los capitales, genera un escenario en el que sólo alcanzan a sobrevivir las grandes potencias. Estados-continente como China, Rusia o Estados Unidos, capaces de acumular capital y defender sus intereses a una escala imposible de alcanzar por las pequeñas naciones europeas, consideradas de forma aislada.

Así, en un mundo en el que está en crisis la forma Estado por la globalización económica y financiera que fuerza a los gobiernos a someterse a las exigencias de los mercados globales, sólo una estructura política lo bastante amplia, alcanzando la escala continental como mínimo, pero lo suficientemente integrada para desarrollar una política económica sólida e independiente, podría desarrollar la capacidad de obligar a los poderes económicos globales a asumir regulaciones y a aguantar limitaciones, y desplegar un proceso de desarrollo económico sostenible y socialmente equitativo para salvaguardar los intereses de la mayoría de la población europea, así como para iniciar el proceso de transición civilizatoria que ya se apunta en el horizonte.

Pero la Europa realmente existente, la UE de los mercaderes, está diseñada desde una perspectiva abiertamente neoliberal. Entendámonos, no se trata de que el neoliberalismo o la austeridad sean accidentes, políticas económicas coyunturales resultado del equilibrio político interno de los países principales de la Unión. La UE ha constitucionalizado su condición neoliberal. Forma parte de la estructura esencial, del corazón del propio pacto europeo. Así, por ejemplo, el artículo 63 del Tratado de Lisboa – antiguo artículo 56 del Tratado de Niza -afirma expresamente:

“Quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.”

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Trabajo, salarios y empleo

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Esquema en power point de la segunda sesión del curso “Economía para no economistas”

2. Trabajo, salarios, empleo

El truco contable de Rajoy para no incrementar las pensiones al ritmo del IPC

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

La Seguridad Social lleva desde 2012 en claro déficit, es decir, ingresando bastante menos de lo que gasta. Desde entonces el gobierno ha ido rellenando ese vacío con los fondos de la hucha de las pensiones.

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Pero en 2017 el gobierno ya había utilizado el 90% de la hucha, y como no quería vaciarla por completo (por el coste político que implicaría) recurrió a compensar el déficit de otra forma: prestándole dinero. En 2017 el Estado prestó 10.193 millones de euros a la Seguridad Social. En 2018 ocurrirá lo mismo: este lunes el gobierno anunció que este año el préstamo será de unos 15.000 millones.

Pero, ¿por qué el Estado presta dinero a la Seguridad Social en vez de transferírselo directamente? Al fin y al cabo las dos son cuentas del conjunto de las administraciones públicas, por lo que sería como pasarse el dinero de un monedero a otro. Ninguna persona se presta dinero a sí misma, ¿por qué el sector público sí lo está haciendo?

Pues porque si en vez de un préstamo hiciera una transferencia, el déficit de la Seguridad Social desaparecería. Acorde a las normas contables, el dinero transferido computa como ingreso no financiero mientras que el dinero recibido a través de un préstamo no. La modificación del artículo 48 de la Ley de Seguridad Social llevada a cabo por el gobierno de Rajoy en 2013, en su apartado 3 establece que “Para el cálculo (…) se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 en gastos y 1 a 7 en ingresos del Presupuesto de la Seguridad Social)”. Y una transferencia es capítulo 4, por lo que se incluiría como ingreso y reduciría el déficit, mientras que un préstamo es capítulo 8 y quedaría al margen, manteniendo el déficit intacto.

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Mentiras y algoritmos del relato (neo) liberal de las pensiones

Autor: Manolo Garí

ctxt.es

Los poderes financieros en la sombra, la CEOE y el club Ibex 35, sus medios de comunicación, su director del Banco de España y los partidos que financian (PP y Cs) no cejan en proclamar la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Para legitimar su discurso se han financiado comisiones de expertos formadas por conspicuos representantes de las puertas giratorias existentes entre las aseguradoras, los fondos de inversión y la política. Sus conclusiones coinciden, ¡qué casualidad!, con las que mantienen firmas y asociaciones empresariales del mundo de los fondos de pensiones y las aseguradoras como INVERCO y UNESPA.

El objetivo perseguido es evidente: la deconstrucción por demolición del sistema público de pensiones para poner en mano de los mercados privados el 45% del monto del gasto social total español. Ello dejaría el sistema de pensiones público reducido a la marginalidad con un estricto carácter asistencial (para evitar la explosividad social). Y, a su vez, se abriría una triple brecha entre pensionistas. Por un lado, quienes tienen derechos a percibir y quienes ni siquiera cumplen las condiciones mínimas que se exigen y, por otro, entre quienes tienen ingresos suficientes e incluso altos y quienes reciben migajas; inequidades que se sumarían a la estructural brecha de género originada por la diferencia en las carreras profesionales y percepciones salariales de mujeres y hombres.

Con ello se pretende convertir necesidades y derechos de la población en mercancía y ganancia privada. Para conseguirlo no han dudado en atacar con todo. Han falseado los datos al ocultar por qué se ha saqueado el Fondo de Reserva. Han “tapado” por qué han disminuido las aportaciones a la Seguridad Social a causa de la drástica disminución de la masa salarial tras el aumento del paro, la bajada de sueldos (selectiva pues policía y guardia civil verán aumentar los suyos) y la precarización del trabajo, fruto todo ello de las Reformas Laborales y las políticas de austeridad impuestas desde la Unión Europea. Los gobernantes del PP han eludido explicar la dedicación del dinero público para rescatar locas y lucrativas operaciones en infraestructuras o gestiones bancarias delictivas. Y, lo que es más grave e irresponsable: han intentado meter miedo a la sociedad –“el colapso es inminente”– y estimulado el individualismo para afrontar el futuro –“ahorre usted y suscriba una pensión”– frente a la búsqueda de soluciones reales y colectivas del conjunto de la comunidad protegiendo a sus miembros.

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La antigravedad del bitcoin (VIII): Nueva visita a la cooperativa

Autor: Luis Alberto Alonso

La Paradoja de Kaldor

“¿Se hacen ricos los miembros fundadores de la cooperativa?” Con esta pregunta comencé la entrevista a uno de sus ex-miembros conocido como autor de notables relatos de ciencia ficción, saboreando una de esas cervezas artesanas que están ahora de moda en Madrid.

“Para responderte a esta pregunta aclaremos antes algunos puntos”, comenzó:

“Cuando se funda la cooperativa y se repartieron los babycoins ninguno de sus miembros resultó beneficiado porque, aunque cada babycoin recibido incorpora un derecho para quien lo recibe sobre los otros miembros, los recibidos por éstos comportan un derecho frente a él.

Se supone que cuando un miembro del grupo de los veteranos abandona la cooperativa tiene que devolver la misma cantidad de babycoins que recibió. Si la abandonase habiendo gastado todos sus babycoins se iría con la ventaja de haber recibido más cuidados de otros miembros que los que él prestó. Abandonar la mesa de juego cuando se va ganando no resulta elegante.

Sin embargo, cuando ingresa un miembro nuevo en la cooperativa, si –como  se estableció al fundarla, no recibe babycoins y tiene que obtenerlos comprándolos con dólares o bien prestando cuidados iniciales antes de recibirlos– parece razonable  que, cuando la abandone, lo haga habiendo gastado todos sus babycoins, lo que garantiza también que ha prestado y recibido cuidados en la misma medida.

Pero el efecto que produce su entrada de reducir el precio de la noche en babycoins, beneficiando a los veteranos –que mantienen sus babycoinsiniciales o  bien los han vendido por dólares–, se convertirá en el efecto contrario cuando la abandonen. Es decir, que el efecto neto positivo sobre los veteranos del ingreso de un nuevo miembro se compensa con un efecto inverso e igual cuando la abandona.

Por tanto, podríamos decir que el enriquecimiento de los veteranos por el aflujo de nuevos miembros es provisional o, lo que es lo mismo, que el patrimonio o capital colectivo de los veteranos solo crece mientras está creciendo el número de miembros nuevos y que, cuando algún día se disuelva la cooperativa, su riqueza final será idéntica a la inicial. Su beneficio a lo largo de la vida de la cooperativa habrá sido cero.

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Brecha salarial: más de dos euros menos por el mismo trabajo

Autor: Lucia Vicent Valverde

El Salto

Los salarios femeninos, en términos generales, se han situado siempre por debajo de la media masculina. A eso se suma el actual proceso de devaluación salarial que afecta a toda la clase trabajadora, cuyas retribuciones continúan sin despegar y dan forma al precariado creciente.

A mediados de los noventa comienza en España una etapa de crecimiento económico, muy superior a las registradas en etapas anteriores. La progresión del PIB español durante todo el periodo comprendido entre 1995 y 2007, con una tasa media del 3,7%, superó en más de un punto porcentual el desempeño de las principales economías comunitarias (el dato de la UE15 fue del 2,4%).

Durante los siete primeros años de la década de los 2000, el poder de compra de los salarios cae y contrarresta los efectos de mejora que se esperaban por los buenos resultados de la ocupación laboral que alcanzaba máximos históricos. El mercado de trabajo, cuya evolución fue capaz de contraer considerablemente los niveles de desempleo, no favoreció el incremento de los salarios y su poder adquisitivo.

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Población ocupada (personas) y desempleo (%) en España 1970-2014

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Por unas finanzas europeas para la mayoría

Autor: Daniel Albarracin y Xabier Benito Ziluaga

El Salto

Detrás de las grandes decisiones políticas está la necesidad de dotarlas de recursos suficientes para ponerlas en marcha. Estos meses el Consejo Europeo dirime dos decisiones cruciales para la Unión Europea: cuál será la nueva estructura de ingresos de su presupuesto y el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que delimita los presupuestos para los siete años posteriores a 2020. Todo ello definirá la estructura material de la UE. En resumidas cuentas, pierde gran parte del sentido hablar del presupuesto anual de la UE (su política de gasto) si previamente no se trata la cuestión de los recursos propios (los ingresos de la Unión) y el MFP que lo delimitará.

En esta última década, la UE se ha visto sacudida por grandes retos a los que no ha dado la respuesta correcta ni suficiente, como la crisis económica o la gestión de los flujos migratorios. Demasiados problemas para que su presupuesto siga suponiendo aproximadamente un 1% del PIB europeo.

El sistema de ingresos de la Unión ha quedado obsoleto. Como ya se apuntaba en su día, tanto en 1970 en el Informe Werner como en 1977 en el Informe McDougall, la Unión necesita aumentar mucho más sus recursos para poder compensar las divergencias en las balanzas externas que causa el mercado único. Para poder hacer frente a esto es preciso alcanzar el 4% del PIB europeo como transición hasta alcanzar el 8%. Todo ello sin dejar de establecer mecanismos compensadores —por ejemplo, los países en superávit han de elevar sus salarios, y los deficitarios recibir apoyo para potenciar su inversión pública—. Frente a esto, la propuesta de aumento que plantean las instituciones es escasa: se queda en apenas el 1,3%.

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Cuando un máster sólo engorda pero no alimenta

Autor: Lina Galvez

eldiario.es

El lamentable episodio del máster de Cifuentes ha generados muchas polémicas. La más obvia y sobre la que ya escribí el pasado viernes, la vinculada con las más que posibles falsedades sobre la tutorización, actas o entrega del trabajo fin de máster, y la total inconsistencia de las explicaciones dadas por la universidad y la propia Cifuentes.

Pero lo ocurrido también ha dado pie a cuestionar la titulitis que persiguen muchos políticos y políticas para engordar su curriculum que no su formación real. Bien sea porque creen que de esa manera serán vistos como personas más idóneas por su electorado, o bien porque con una formación superior tendrán más fácil la vuelta a la vida “civil”, o justificar que las puertas giratorias responden a la meritocracia y no a su paso por la política.

Y eso me hizo pensar en que contrariamente a lo que ocurre a las y los profesionales de la política, a muchos jóvenes y muy especialmente a las jóvenes, tener un máster puede no sólo frustrarlas sino incluso penalizarlas, al hacerlas aún más sobrecualificadas de los que ya lo están con un título universitario, para un mercado de trabajo precario, saturado y poco meritocrático, y donde además están discriminadas por ser mujeres. La formación mejora las oportunidades laborales de las mujeres pero eso no las iguala a las de los varones, y en muchos casos, las sobrecualifica.

La tasa de actividad de las mujeres con titulación universitaria es más alta que las que tienen educación secundaria o primaria. Esto es así porque las mujeres con educación universitaria tienen mayores posibilidades de conseguir un empleo, y porque la educación no sólo aumenta esas oportunidades laborales sino que también cambia las preferencias y expectativas de las propias mujeres que apuestan por trayectorias vitales y profesionales más independientes de los hombres cuanto mayor es su formación. Si entre las decilas de salarios más altos nos encontramos a hombres sin formación universitaria, prácticamente no existen mujeres sin formación universitaria en los grupos de salarios más elevados. La minoría de mujeres que allí se sitúa tiene titulación universitaria.

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Cuatro comentarios sobre el debate de las pensiones (Cuaderno de postcrisis: 6)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

El debate sobre el futuro de las pensiones es un tema crucial para el futuro de la sociedad, uno de los campos de batalla donde se dirime nuestro modelo social. Y al que en años recientes tenemos que volver en una u otra ocasión. Esta nota es por tanto complementaria de la de Francesc Bayo que publicamos en este mismo número, y de otras anteriores en la que hemos abordado la cuestión. Simplemente trato de discutir cuatro cuestiones que considero claves para el debate y para construir un discurso alternativo a la vez sólido y realista. No entro en una de las cuestiones en la que han incidido los defensores del sistema público, el de que detrás de su demolición están los intereses del sector financiero, su voluntad de participar del pastel en base a desarrollar los planes de pensiones. Y no entro porque por una parte la cuestión es obvia y ya está bien explicada por mucha gente (Miren Echezarreta y la gente de Taifa ha publicado buenos trabajos en esta dirección). Pero, también, porque creo que más allá de este punto hay cuestiones cruciales que merecen por sí mismas atención y propuestas.

1. Pensiones y demografía

El elemento más usado por los defensores de aplicar un recorte fundamental al sistema de pensiones, el que ha justificado la reforma del PP, es la demografía. Tiene la ventaja, para sus defensores, que aparece como un problema “natural”, fácil de explicar y de asimilar por mucha gente. El argumento ha sido repetido hasta la saciedad: en los próximos años se va a jubilar mucha gente, quedará mucha menos gente en el mercado laboral y por tanto los empleados del futuro deberán soportar una carga insoportable para mantener a esta masa de gente ociosa que cada vez vive más años.

El argumento demográfico tiene su parte de verdad y su parte de falacia. La parte de verdad es que va a haber una masa creciente de jubilados que requerirá renta y atenciones. Y que plantea por sí misma dos retos: la necesidad de transferir renta para su sustento y, al mismo tiempo, fuerza de trabajo para garantizar buenos cuidados a una parte de esta misma población.

Lo que en cambio resulta falaz es que la base laboral quede disminuida por el simple efecto de las jubilaciones masivas y la llegada de cohortes poco numerosas al mercado laboral. Este escenario solo es posible en un mundo sin inmigración (o si el mismo proceso se diera a escala planetaria). Hasta ahora siempre, que se ha producido un estrechamiento del mercado laboral a escala local, regional o nacional ha tenido lugar una masiva inmigración, y no hay razones para pensar que ahora las cosas van a ser distintas. Pensar que ahora no se va a dar implicaría suponer, por ejemplo, que los hoteles cerrarán por falta de personal. Esto no quiere decir que la respuesta vaya a ser sencilla. Un proceso masivo de inmigración requiere cuando menos de tres políticas combinadas: educativo- laboral (para garantizar un buen reemplazo de las capacidades laborales), de políticas sociales en un sentido amplio (para acoger adecuadamente a la gente) y político- cultural (para evitar que el proceso dé lugar al rebrote de xenofobias y racismo).

Negar que hay un elemento demográfico que planea sobre el debate de las pensiones me parece estúpido. Denunciar su uso abusivo y falaz no puede llevarnos a “tirar el niño con el agua del baño”. Lo que hay que explicar a la gente es que una sociedad envejecida tiene un enorme potencial de atraer personal, y que cuanto mejor se organice este proceso migratorio mejor y de manera más justa se garantizará el buen funcionamiento social.

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EKO TV: Economía social y cooperativismo: creación de empleo con democracia empresarial

Autor: EKO TV, Ivan H. Ayala y Fernando Sabin

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Programa presentado por Ivan H. Ayala, con la participación de Fernando Sabín (Grupo cooperativo Tangente), Ana Álvaro (experta en gestión y evaluación para el Tercer Sector), Xavier Rubio (Dirección de Servicios de Economía Cooperativa, Social y Solidaria del Ajuntament de Barcelona), y Emili Villaescusa (miembro de la Junta Directiva de CEPES).

Para ver el vídeo pincha aquí.

El Tribunal de la UE cuestiona los mecanismos de arbitraje

Autor: Adoracion Guaman

ctxt.es

Según los datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en inglés) existen en la actualidad unos 2.363 tratados bilaterales de inversión (TBI) en vigor y 309 tratados de libre comercio que incluyen cláusulas de protección de inversiones. Del total de TBI existentes, aproximadamente unos 1.810 han sido suscrito por algún Estado miembro de la UE o por la propia Unión Europea, con un tercer Estado, incluyendo 9 con Estados Unidos. Además, los Estados miembros de la UE tienen en vigor entre sí 196 TBI (el más antiguo es el acuerdo de inversión entre Alemania/Grecia (1961) y el más reciente es el firmado entre  Lituania/Croacia (2008). Un 90% del total de estos acuerdos contiene algún tipo de mecanismo de gestión arbitral controversias entre los inversores y los Estados del tipo ISDS.

Un TBI es un acuerdo entre dos Estados cuyo objetivo es ofrecer a los inversores plenas garantías respecto a su inversión, para lo cual contienen mecanismos específicos de protección y en particular un sistema de resolución de controversias que incluye la actuación de un tribunal de arbitraje (un mecanismo conocido como ISDS por sus siglas en inglés). Una mirada a la historia de estos acuerdos nos muestra que los mecanismos de protección de la inversión y en particular los tribunales de arbitraje (ISDS) se diseñaron para permitir a los inversores extranjeros actuar contra un Estado cuando considerasen vulnerados sus intereses en un contexto en el cual los tribunales del Estado de acogida eran percibidos como no confiables. Definiéndolo de manera sintética, podemos entender que el ISDS es un sistema que permite a los inversores extranjeros demandar a un Estado ante un tribunal privado de arbitraje y eludir el sistema judicial estatal. El inversor puede hacer uso de este sistema para proteger sus derechos de propiedad o los beneficios reales o previstos de su inversión frente a una amenaza a los mismos derivada de una actuación del Estado, como puede ser, por ejemplo, la aprobación de una normativa – relativa a temas como la salud, medio ambiente o derechos laborales– o la ejecución de una política pública que pueda aminorar los beneficios de la inversión extranjera.

Siguiendo la misma base de base de datos de la UNCTAD observamos cómo la utilización de los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y estados está experimentando un crecimiento espectacular. Entre los años 1987 y 1995 se interpusieron seis demandas, entre 2014 y la actualidad se han presentado 239. El total de casos, conocidos, entre los resueltos y los pendientes ya asciende a 817. Este cambio de tendencia también afecta al ámbito geográfico de las demandas. Es cierto que, hasta hoy, la tendencia norte-sur ha sido dominante: tres cuartas partes de las demandas solventadas o en curso ante un mecanismo de solución de controversias inversor-estado se han presentado contra países en desarrollo o contra economías emergentes. En particular, Argentina, Ecuador y Venezuela destacan por ser habitualmente demandadas. No obstante, en la actualidad, 117 de los casos conocidos han sido originados por demandas contra un Estado miembro de la UE y 35 de los mismos contra la República Checa (88 de estos casos han sido demandas interpuestas por un inversor de otro Estado miembro).

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La política de vivienda del gobierno español

Autor: Antonio Sanchez Andres

La Paradoja de Kaldor

El viernes 9 de marzo se aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2018-21, que constituye una pieza esencial de la política de vivienda del gobierno. Sus objetivos principales son el estímulo de los alquileres y la extensión de las rehabilitaciones de viviendas, con especial atención a personas muy precarias económicamente, jóvenes y mayores.

La aprobación del mencionado plan ha generado un aluvión de comentarios sobre las posibles subvenciones a las que se puede acceder, sin embargo, los análisis más profundos y de mayor alcance han sido escasos. En este trabajo pondremos de manifiesto algunos de los problemas serios de los que adolece esta programa y que deberían ser contemplados y, en su caso subsanados, si es que se pretende que este tipo de medidas sean más efectivas.

En primer lugar, el plan pretende resolver problemas estructurales de la economía española, vinculados a la desigualdad social y a desajustes en la estructura de viviendas del país. Pero a este tipo de retos sólo se les puede dar respuesta realmente a largo plazo. Por este motivo, antes que aprobar un programa para 4 años, siguiendo la tónica de los anteriores, aquello que debería haberse contemplado sería definir el escenario del que se pretendería disponer dentro de 10-15 años. Este constituiría un marco en el que ya se podrían ordenar objetivos y medidas descompuestas temporalmente a través de planes de cuatro años, ubicando el actual en el arranque para la transformación que se pretendería alcanzar. Sin embargo, el actual plan carece de esa horizonte de futuro , de manera que se elimina una parte esencial de su efectividad y vuelve a poner sobre la mesa el cortoplacismo y el carácter caótico en el diseño de la política económica en España.

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“No hay ninguna razón política ni económica para que sean sólo los trabajadores los que mantengan a los pensionistas” (Entrevista a Miren Etxezarreta)

Autor: Miren Etxezarreta

Intervenció de Miren Etxezarreta al programa Preguntes freqüents de TV3 del 10/03/2018

Hem passat dels joves indignats als avis indignats? Com pot viure un pensionista avui en dia a l’estat espanyol? Quin futur tenen les pensions privades? Hem comentat la situació actual de les pensions amb Domiciano Sandoval, portaveu de la Marea Pensionista, i la Miren Etxezarreta, catedràtica emèrita d’Economia Aplicada.

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-frequents/parlem-de-pensions-amb-avis-indignats/video/5747004/

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