Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Madrid, qué bien resistes

Autor: Bruno Estrada Lopez

El Siglo de Europa

“No te olvides que nosotros ganamos la guerra”, dijo Cristóbal Montoro a su interlocutor en una charla informal hace varios años, a la vez que se llevaba la mano a la chaqueta, a la altura de la cartera.

Al hilo de los recientes acontecimientos estas crueles palabras cobran hoy una nueva magnitud. Pareciera como si la derecha más carpetovetónica hubiera salido otra vez de las profundas cavernas a las que lo había llevado el devenir de la Historia y quisiera librar una nueva batalla de Madrid. Afortunadamente es sólo una batalla política, no es una cruenta batalla militar como la que hace ochenta años asedió y masacró nuestra ciudad.

Hoy la aviación y artillería alemana han sido sustituidas, afortunadamente, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ha permitido una intervención discrecional del Ministerio de Hacienda en nuestro ayuntamiento (discrecional porque el Ayuntamiento de Jaén, gobernado por el PP, está en una situación similar sin que haya sido intervenido). Montoro ha ignorado que Manuela Carmena ha reducido la deuda en más de 2.000 millones de euros, un 40% del total del endeudamiento al que había conducido la ruinosa gestión de los anteriores alcaldes del PP, y que se ha alcanzado un superávit presupuestario de más de 1.000 millones de euros.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria, hay que recordarlo, es el desarrollo legislativo de la reforma constitucional pactada en agosto de 2011 para modificar con nocturnidad y alevosía el artículo 135 de la Constitución (la ley fue finalmente aprobada en 2012 con los votos a favor del PP, CiU, UPyD y UPN). Esta ley elevó a rango normativo una parte importante de los componentes de la ideología neoliberal, el “déficit cero” de las administraciones públicas, cuyo principal objetivo es socavar el Estado del Bienestar. Keynes, arrojado al rincón de la Historia.

El concepto neoliberal del “déficit cero” niega al sector público lo que es un comportamiento habitual de las empresas privadas: la capacidad de financiar la compra de bienes de equipo, o gastos de I+D+i, (infraestructuras y equipamientos sociales en el caso del sector público) que requieren inversiones plurianuales y, por tanto, endeudamiento. El recurso al crédito es el pan de cada día en el mundo empresarial.

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La montaña de deudas privadas de las grandes empresas estará en el corazón de la próxima crisis financiera

Autor: Eric Toussaint

Público.es

Menos de diez años después de la quiebra de Lehman Brothers, ocurrida en septiembre de 2008, ya están reunidos los ingredientes de una nueva gran crisis.

Sin embargo, los gobiernos de las principales economías del planeta habían prometido restablecer una disciplina financiera que respetara el interés general y evitara nuevas crisis de efectos dolorosos para la población. A fin de defender este sistema capitalista que asqueaba a una mayoría de la opinión pública, multiplicaron la palabrería sobre medidas fuertes destinadas a reformar el sistema para darle un “rostro humano”, pero por supuesto sin que esto cambiara nada en absoluto en la práctica. En realidad, la política que los gobiernos y los dirigentes de los bancos centrales han llevado a cabo ha cuidado y favorecido a los intereses del gran capital, en particular los de las grandes sociedades financieras. Ninguna medida estricta ha obligado seriamente a los capitalistas a poner freno a la toma de riesgos, a reducir la especulación, a invertir en la producción.

Las crisis forman parte del metabolismo del sistema capitalista pero todas no son iguales. En el presente artículo, no se trata de recordar las causas generales de las crisis capitalistas. Se trata aquí de diagnosticar factores que conducen ciertamente a una nueva crisis de gran amplitud.

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El espejismo del aumento de la productividad en la economía española

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

La productividad laboral es un indicador que relaciona el Producto Interior Bruto (PIB) con el número de trabajadores (L). Pues bien, en lo que concierne a su crecimiento en los últimos años, la economía española se encuentra en la parte alta del ranking comunitario. Entre 2010 y 2016, ha aumentado un 6,9%, registro muy superior al obtenido en nuestro entorno comunitario, donde progresó un 4,7%%; en Alemania, por ejemplo, el crecimiento fue de tan sólo un 3,8%.

Antes de sacar pecho, como hace el gobierno del Partido Popular, es necesario preguntarse sobre los factores que explican tan “brillante” resultado. Al respecto, hay que tener en cuenta la trayectoria seguida por las dos variables utilizadas para medir la productividad (PIB y L) y por el número de horas trabajadas.

Llama la atención, en primer lugar, que, considerando el conjunto del periodo analizado (2010-2016), en nuestra economía el crecimiento acumulado del PIB (el numerador de la ecuación PIB/L) apenas supera el 2%, mientras que el de la UE y Alemania ha sido, respectivamente, del 7,4% y 10,2% ¿Cómo es posible que, con un registro tan decepcionante, nuestra productividad haya conocido tan sustancial mejoría?

La respuesta es muy sencilla. La economía española ha experimentado una masiva destrucción de puestos de trabajo (el denominador de la ecuación de productividad); también se ha reducido el número de horas trabajadas, como consecuencia simultánea de la caída en el empleo y de la generalización de la contratación a tiempo parcial.

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Pateras, migraciones, pobreza energética y viceversa

Autor: Ignacio Martil

Blog de Econonuestra en Público.es

Cada año, con la llegada del buen tiempo, las noticias de barcos hundidos en el Mediterráneo atestados de inmigrantes se suceden en una atroz escalada. Las razones que mueven a esas personas a arriesgar sus vidas son bien conocidas: pobreza extrema, hambrunas, guerras, etc. Poco se puede añadir a lo ya escrito en un sinfín de lugares, pero es posible enfocar el problema de manera complementaria. Es lo que me propongo hacer en este artículo, en el que analizo las migraciones desde los países pobres a los ricos bajo otro punto de vista: el relacionado con la escasez del consumo energético.

Puesto que en este artículo voy a hablar de energía, resulta imprescindible definir las unidades que voy a utilizar para contabilizarla. Aquí usaré únicamente dos, las que expresan la energía que contienen los alimentos (kcal) y las de las diversas fuentes de energía primaria no alimenticia, para las que emplearé el kilovatio por hora (kWh); ambas se relacionan mediante la equivalencia 1 kWh = 860 kcal.

El ser humano es un consumidor de energía de primer orden, esencialmente porque depende de ella para subsistir. Los alimentos contienen, en proporciones diversas, tres combustibles: hidratos de carbono, proteínas y grasas que al ingerirlos se oxidan en el organismo, liberando la energía necesaria para el mantenimiento de los procesos vitales. Una dieta normal requiere un aporte diario de estos nutrientes, además de vitaminas, minerales y agua, que estrictamente hablando no son combustibles. El consumo energético que una persona debe realizar cada día para sobrevivir consta de dos partes: el de subsistencia o basal (alrededor de una kcal por cada hora y kg. de peso) y el debido al esfuerzo físico y/o mental, más difícil de cuantificar, pero que puede cifrarse en 150 kcal/hora para una actividad mental y 600 kcal/hora para una actividad física intensa (un deportista, un minero,…)

Dependiendo del tipo e intensidad de la actividad realizada, las necesidades energéticas de los seres humanos oscilan por término medio entre las 2.000 y las 3.000 kcal/día. Expresadas esas cantidades de energía en unidades de kWh mediante la equivalencia indicada anteriormente, una persona debe consumir a diario entre 2.000/860 = 2,3 kWh y 3.000/860 = 3,5 kWh. Debe entenderse que esta equivalencia es meramente comparativa. Evidentemente nadie “come” kWh, pero es muy recomendable destacar esa equivalencia para la discusión que sigue en los próximos párrafos.

En la gráfica siguiente se muestran, en el eje vertical, el consumo diario de energía primaria no alimenticia per cápita para los 90 países más poblados de la tierra, lo que representa aproximadamente la mitad de los estados existentes y el 90% de la población total. Los datos se expresan en kWh. En el eje horizontal se muestra el PIB per cápita de los mismos países, expresado en dólares. Ambos conjuntos de datos son valores “promedio” y hay que tener mucho cuidado con los “promedios” pues mediante ellos se uniformizan casuísticas muy diversas. No obstante, no disponemos de otra herramienta mejor para analizar datos de la magnitud de los expuestos en la figura:

Consumo vs PIB 300

Fuentes: International Energy Statistics para el consumo energético (2011) y Fondo Monetario Internacional para el PIB (2013). Las escalas de ambos ejes son logarítmicas. La línea roja indica un consumo energético de 3.5 kWh al día.

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Repartir las horas de trabajo es la mejor forma de crear empleo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 54 de La Marea

A pesar de que existen muchos tópicos sobre lo vagas que son las personas que viven en el sur de Europa en comparación con las del norte, lo cierto es que cuando uno observa los datos comprueba cómo son los trabajadores de los países del sur los que más horas echan en el trabajo. Por ejemplo, en Grecia el número de horas que trabaja cada empleado de media fue en 2016 de 2.045 horas, mientras que en países como Alemania fue de 1.363. Así las cosas, podríamos decir que un trabajador alemán trabaja de media un 33% menos que uno griego, lo que vendría a traducirse en unas dos horas al día menos. No está nada mal.

España no se queda atrás: el número medio de horas trabajadas por trabajador fue en 2016 de 1.695 horas, situándose en un punto intermedio entre Grecia y Alemania, pero claramente por debajo de la mayor parte de los países del norte de Europa. Un simple ejercicio nos podría ofrecer interesantes reflexiones: si tomásemos todas las horas trabajadas –remuneradas- por los empleados de España y las repartiésemos entre todos ellos incluyendo a los parados de forma que cada uno de ellos trabajase de media lo mismo que un trabajador francés, entonces la tasa de paro española caería automáticamente al 4,7%. Sin incrementar en nada el número de horas, simplemente repartiendo solidariamente todas las que ya se realizan. Interesante, ¿verdad? Pero si hiciésemos lo mismo de manera que trabajásemos de media lo mismo que un trabajador alemán, ¡entonces no tendríamos suficientes parados para repartir las horas! Necesitaríamos traer parados de otros países para poder repartir todas las horas de trabajo remuneradas que se realizan en el país.

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En víspera de una crisis financiera, todo parece ir bien

Autor: Eric Toussaint

Público.es

A menudo, en víspera de una crisis financiera, todo parece ir bien. Algunas señales son por ejemplo completamente engañosas. El crecimiento económico parece alentador cuando en realidad está fundado en gran medida en una fiebre especulativa en ciertos sectores. Las quiebras son limitadas, los balances de las empresas parecen sólidos. Recordemos las notas triple A concedidas por las agencias de notación a la firma norteamericana Enron en 2000 antes de que la empresa quebrara, dando la señal de partida para la crisis de las punto-com de 2001-2002. Recordemos las notas triple A atribuidas a los productos estructurados ligados al mercado de las subprimes en 2006-2007. Recordemos las declaraciones tranquilizadoras de Alan Greenspan, director de la Reserva Federal de los Estados Unidos entre 1987 y 2006, en vísperas de la crisis de las subprimes. Afirmaba que los riesgos estaban tan bien diseminados en el sistema y tan bien cubiertos por los CDS (Credit Default Swap, especie de seguros contra los riesgos de impagos) que ninguna crisis estaba a la vista. El FMI, en su informe anual de 2007, pretendía que todo estaba tranquilo y que el crecimiento económico era sólido.

La situación en 2017 hace pensar en situaciones de precrisis en las que todo parece estar bajo control y durante las que los dirigentes políticos hacen declaraciones tranquilizadoras. La situación actual se parece de una cierta forma a lo que ocurrió en 1987. Se había conocido un alza fuerte de los mercados bursátiles y una subida importante de las obligaciones de empresas privadas (las obligaciones de empresas, corporate bonds en inglés, son títulos financieros emitidos por las empresas privadas para financiarse, son promesas futuras de reembolsos a cambio de fondos).

Hay sin duda una diferencia importante entre la situación actual y la de hace 30 años: algunos bancos centrales (el Banco de Japón, el BCE, el Banco de Inglaterra…) poseen una parte de las corporate bonds y es un elemento de estabilidad pues no corren el riesgo de vender catastróficamente en caso de comienzo de pánico en el mercado privado de obligaciones. La FED, por el contrario, no las ha comprado aún. El año pasado, viendo que el mercado de las corporate bonds corría el riesgo de implosionar en el futuro, su directora general anunció que la FED podría eventualmente ponerse a comprar pero no se ha tomado ninguna decisión hasta hoy. Ahora bien, es el mercado americano el más desarrollado y el que corre más riesgos.

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Los fondos buitre, contra el derecho a la vivienda

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

El Salto

El fondo norteamericano Blackstone compra 4.500 pisos en alquiler del Banco Sabadell. Valorados en 450 millones de euros, se trata de la mayor adquisición en bloque de viviendas de la banca realizada en los últimos años, nos explicaba el periódico económico Expansión en enero de 2016.

El fondo de inversión holandés DIF ha comprado el Hospital Puerta de Hierro y el británico Aberdeen el de Arganda y, parcialmente, los de Parla y el Henares (Coslada). Todos ellos son hospitales público-privados del modelo PFI. Ambos fondos quieren repetir el pelotazo del fondo de inversión CVC, que vendió el Grupo Quirón a la multinacional Fresenius por casi 6.000 millones de euros –este grupo tiene 4 hospitales privatizados de Madrid, el Infanta Elena-Valdemoro, Fundación Jiménez Díaz, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el de Villalba–. Así nos los cuenta la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid en uno de sus últimos comunicados.

La creciente penetración de los fondos de inversión internacionales en la economía española ha venido, en los últimos años, de la mano de la enorme crisis sufrida por España, que ha abaratado enormemente los activos. Y, por otro lado, del proceso de privatización y mercantilización de los bienes y servicios públicos, que ha sacado al mercado auténticas ‘gangas’. El emergente poder de los fondos en el accionariado de las empresas del Ibex 35 queda de manifiesto si nos centramos en las cifras de uno de los más poderosos: Black Rock.

Black Rock es la mayor gestora de fondos del mundo, con 5,1 billones de dólares en activos bajo gestión (4,7 billones de euros). Tiene presencia en todas las empresas del Ibex 35 donde controla un 3,7%, una participación que, a precios de mercado, supera los 18.000 millones de euros. El sector financiero es uno de los favoritos de BlackRock. La firma es propietaria de acciones de Popular, Sabadell, Bankia, Bankinter, CaixaBank y Santander. Pero por encima de todas ellas destaca BBVA.

La penetración de los fondos en nuestra economía no se acaba en el Ibex 35: gran parte de las ventas de vivienda y suelo de la Sareb se han realizado a fondos internacionales como Blackstone o Lone Star, que también se han hecho con grandes promociones inmobiliarias de la banca privada, así como con hospitales, empresas de renovables y emprendimientos en muchos otros sectores.

Destaca, por sus directos efectos sobre la ciudadanía afectada, la intervención de los llamados “fondos buitres”, dedicados a adquirir vivienda pública, deuda de las administraciones públicas o activos con problemas. Posteriormente los rentabiliza por la vía de su mercantilización extrema, expulsando a los habitantes originales de las viviendas o evitando entrar en las reestructuraciones de la deuda pública, para demandar posteriormente a los Estados en crisis.

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El problema es el capitalismo

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Las personas en edad de trabajar y que ofrecen su capacidad de trabajo en el mercado tienen derecho a un empleo. Creo que con esta afirmación, formulada en términos tan genéricos (deliberadamente imprecisos), están de acuerdo tanto economistas como no economistas. De hecho, todos los partidos y los gobiernos, con independencia de su alineamiento ideológico, proclaman la creación de puestos de trabajo ¡y hasta el pleno empleo! como uno de los objetivos medulares de sus programas.

Disponer de un empleo decente (afortunado término al que apela en sus trabajos la Organización Internacional del Trabajo) constituye la piedra de toque de las políticas gubernamentales y también el test desde el que evaluar el funcionamiento de las economías. Unas y otras se legitiman si contribuyen a mejorar el bienestar de los trabajadores. Quedan, por el contrario, deslegitimadas, si el empleo ofrecido es insuficiente para absorber la oferta de fuerza de trabajo, de modo que el desempleo se mantiene en cotas elevadas, y si no incorpora unos estándares de calidad socialmente aceptables y aceptados; en este caso, habrán fracasado las políticas y los partidos y gobiernos que las llevan a cabo, las teorías que las inspiran y, por supuesto, las economías donde se materializan. Sin paliativos ni subterfugios. Por mucho que el Producto Interior Bruto aumente, el déficit público se modere, o mejoren las posiciones competitivas en el mercado internacional. Porque no hay que confundir ni identificar medios y fines, y porque finalmente lo que cuenta, por encima de cualquier otra consideración, son las personas, en especial aquellos grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad.

Y esto es, justamente, lo que ha sucedido, antes y durante la crisis. Un capitalismo, un “proyecto europeo” y unas políticas que, a pesar del crecimiento económico, pronunciado en algunos años, han convivido con tasas de desempleo elevadas. ¿Esto quiere decir que el crecimiento económico no tiene un impacto positivo sobre el empleo? En absoluto. De hecho, hay una abundante evidencia empírica que apunta a la existencia de un nexo positivo entre ambas variables; más discutible es, sin embargo, la intensidad de esa relación, variable, dependiendo del grupo de países analizados, del periodo considerado y de las estrategias de crecimiento seguidas. En cualquier caso, resulta igualmente evidente la incapacidad de los mercados para equilibrar oferta y demanda de empleo, lo que ha supuesto que, incluso en contextos de expansión económica, las tasas de desempleo se han mantenido relativamente elevadas. El pleno empleo es una ensoñación y el desempleo un rasgo estructural del capitalismo.

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Los ricos, cada vez más ricos

Autor: Miguel Urban y Fernando Luengo

ctxt.es

A pesar de las continuas proclamas en defensa de la patria con las que se llenan la boca nuestros gobernantes y colonizan los medios de comunicación, las reiteradas filtraciones como los papeles de Panamá o los recientes papeles del Paraíso confirman lo que ya sabíamos: las élites sólo declaran a la hacienda pública una parte de sus ingresos y su riqueza. A través de los paraísos/guaridas fiscales, la ingeniería contable, los recovecos legales, los precios de transferencia sistemáticamente aplicados por las empresas transnacionales…han encontrado numerosas fisuras (grietas, más bien) para ocultar o disimular una proporción sustancial de sus fortunas. Un dato puede servir para conocer la dimensión de esta lacra: la comisión de investigación del Parlamento europeo sobre los papeles de Panamá, ha calculado que la UE pierde anualmente un billón de euros de recaudación tributaria por culpa de la evasión y elusión fiscal.

Por esa razón, son muy bienvenidos los trabajos centrados en ofrecer información sobre la privilegiada posición económica de las élites. Mucho se ha escrito y se ha hablado en estos años sobre la desigualdad, la pobreza, la precariedad y la exclusión social –ante la sangrante evidencia, imposible de ocultar, de su aumento–, pero poco sobre la acumulación de renta y riqueza por parte de una minoría de la población. No tanto por el evidente déficit de información al respecto –espacios opacos, donde se mueven cantidades ingentes de dinero y activos financieros–, como por el escaso interés, asimismo evidente, de quienes podrían disponer de esa información para poner negro sobre blanco los enormes e injustificados privilegios que los poderosos han disfrutado y han visto crecer durante la crisis. En unos años en los que buena parte de la ciudadanía tiene que hacer enormes esfuerzos para llegar a fin de mes, o simplemente no llega, cuando los salarios de muchos trabajadores han experimentado un desplome histórico y cuando el derecho (los derechos humanos, recogidos en las cartas constitucionales) a la vivienda, a un empleo decente o a la salud están siendo continuamente vulnerados.

Por esa razón, hay que felicitarse de que haya visto la luz un nuevo informe publicado por el Credit Suisse Research Institute, el Global Wealth Report, que lleva por título Where are we ten years after the crisis? (¿Dónde estamos diez años después de la crisis?. como siempre, el estudio se acompaña de una base de datos, Global Wealth Databook, referida a la desigualdad en la distribución de la riqueza.

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¿Por qué la creación de empleo no está reduciendo la desigualdad?

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Ricardo Molero Simarro

eldiario.es

Para defender su gestión, la ministra Báñez y los ministros Montoro y De Guindos recurren habitualmente al mantra de que “la mejor medida para reducir la desigualdad es la creación de empleo”. Afirman que la mayor parte del incremento de la desigualdad que se ha producido durante los últimos años se explica fundamentalmente por la destrucción de puestos de trabajo. Y en buena medida tienen razón: cabe esperar que en una economía en la que la tasa de paro ha llegado al 26%, gran parte de la desigualdad responda a la falta de empleo de millones de familias. Sin embargo, lo contrario ha dejado de ser cierto: a pesar de las declaraciones del Gobierno, la reciente creación de empleo no está permitiendo reducir la desigualdad.

La distribución de la renta presenta dos dimensiones: la distribución primaria o de mercado (también llamada pre-distribución), es decir, aquella que se da en el ámbito productivo como resultado del reparto del ingreso nacional entre rentas del trabajo, rentas del capital y ganancias del patrimonio; y la distribución secundaria, o de la renta disponible, que es la que persiste después de que el sector público lleve a cabo su labor redistributiva, utilizando para ello los impuestos y las transferencias sociales.

Las políticas de austeridad fiscal aplicadas (erróneamente) como respuesta a la crisis han reducido esta capacidad redistributiva del Estado, contribuyendo poderosamente al empeoramiento de la distribución de la renta, así como a la expansión de la pobreza y la exclusión social en nuestro país.

No obstante, el mayor incremento de la desigualdad se ha producido en el ámbito de la distribución primaria, en el mercado de trabajo. Desde el inicio de la crisis el índice de Gini medido antes de impuestos y transferencias ha aumentado más de siete puntos, por encima de los casi tres puntos que lo ha hecho el índice de Gini final. Cierto es que buena parte de este incremento de la desigualdad primaria se explica por la dramática destrucción de empleo provocada por la crisis y las políticas de austeridad. Sin embargo, la evolución reciente de la desigualdad apunta a algo más.

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¿Qué le sucede a la tasa de actividad en España?

Autor: Daniel Albarracin

Otra Mirada Social y Económica Es Posible

La tasa de actividad no es más que un indicador estadístico que nos pone en relación la parte de la población que está empleada o busca empleo activamente en relación a la población en edad laboral. La evolución de este indicador ha estado sujeta no sólo a vaivenes propios de las relaciones laborales o la demografía, sino también a su sistema de cálculo.

Anteriormente el denominador se calculaba como la población de entre 16 y 65 años, pero esto se amplió a toda la población mayor de 16 años, pues no hay restricciones legales a que un anciano trabaje. También el criterio de contabilidad de las personas activas se ha modificado, en tanto que la actividad está sujeta a criterios de búsqueda de empleo que sean reconocibles y registrables, y que se han movido en el tiempo (presencia en los servicios públicos de empleo, presentación formal de ofertas de trabajo, etcétera).

Un fenómeno habitual de periodos de alto paro ha sido el conocido como “desánimo”. Esto es, personas que dejaban de realizar una búsqueda por los cauces reconocibles o que sencillamente abandonaban temporalmente su búsqueda. Las razones pueden ser múltiples. Desde el acenso de las vías informales de empleo, la ausencia de prácticas de registro de la búsqueda de empleo, hasta el propio cálculo de la persona que opta por realizar otras tareas, como puede ser la formación o el cuidado de otras personas, en tanto que la oferta de empleo no brinda las condiciones suficientes que compensen. A este respecto, cabría añadir nuevos fenómenos, como podría ser la extensión de un tipo de empleo mal pagado, inestable o a tiempo parcial, que haga que una parte de la población valore más su actividad en tareas reproductivas sin remunerar que proseguir su trabajo en el ámbito del empleo remunerado.

En lo que sigue nos vamos a limitar al examen de las estadísticas que ofrece el INE en la Encuesta de Población Activa, para sacar conclusiones. Nos limitaremos al periodo 2007-2017, tomando datos del II Trimestre. En balance la población con más de 16 años creció en dicho periodo, aunque tuvo un pico en 2015 y luego el indicador empezó a descender. La evolución de este indicador puede estar sujeto a un doble fenómeno. Primero el aumento de la población con más de 16 años, que seguramente va engrosando la población más anciana, dada la tendencia al envejecimiento en este periodo y que proseguirá hasta que la generación nacida en los años 70, el baby-boom, desaparezcamos. Segundo, la contratendencia del fenómeno migratorio, en base al cual parte de la población joven, pero también inmigrantes, ha decidido buscar empleo en otro país, o ha retornado a su tierra de origen.

El fenómeno del desánimo, en una sociedad patriarcal, suele repercutir más en las mujeres. Pero debemos pararnos un poco para ver su alcance. En el caso de las mujeres, la tendencia en la población de mayor de 16 años no se ha interrumpido, como en el conjunto, sin embargo la población femenina activa ha seguido la tendencia general de retirarse, ligeramente, desde 2012, de la búsqueda activa de empleo. Esto creo que puede ser explicado mayormente por el efecto envejecimiento. El fenómeno migrante parece que les ha afectado menos a las mujeres, en general, con mayor arraigo en sus comunidades. El efecto desánimo podría explicar muy ligeramente este efecto, pero puede haber influido, sobre todo desde las reformas laborales, con una posible incidencia desde la aplicada en 2012 por el PP.

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Unos nuevos comunales para el campo

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

El Salto

Pese a los impactantes episodios represivos de estas últimas semanas no está mal dedicarle algún tiempo a la ensayística de fondo, la que te hace crecer intelectualmente, la que te genera preguntas y te obliga a investigaciones propias. En mis manos ha caído un libro de ese tipo. Corto, vibrante, pero con mucha miga. Se trata de La defensa de los comunales de César Roa Llamazares, publicado por Catarata.

El libro es un texto serio, riguroso, breve y directo. Combina la erudición y la bonhomía que acompañan a César allí donde va. Y, sobre todo, nos obliga a plantearnos elementos centrales de nuestra comprensión clásica del mundo rural desde una perspectiva fundamentada y no acríticamente idealizadora.

El hilo conductor del libro son las resistencias opuestas en el siglo XIX a la destrucción de los regímenes de propiedad rural comunal en todo el mundo. La emergencia de determinadas líneas políticas y sociales vinculadas con el llamado “populismo agrario”, representado por figuras como Henry George, Herzen o Joaquín Costa que enfrentaron, de manera dispersa pero decidida, el proceso de expolio de los comunales, una forma de gestión colectiva de determinados recursos rurales que se habían convertido, en el previo escenario del Antiguo Régimen, en elementos estratégicos para la supervivencia de las comunidades campesinas.

El proceso de los enclosures (el cercamiento de las tierras en manos de la producción familiar de subsistencia junto al expolio acelerado de los comunales) dio lugar al éxodo rural en dirección a las ciudades que garantizó en estas la mano de obra jurídicamente libre y hambrienta que permitió, junto al creciente excedente agrícola y comercial dispuesto a ser invertido, el nacimiento del modo de producción capitalista. Este proceso vino acompañado, en el Estado Español, de las llamadas desamortizaciones, que pusieron masivamente la tierra y los recursos de las comunidades aldeanas en manos de algunos elementos de la naciente clase burguesa, así como de las familias aristocráticas.

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Saquemos lecciones de los Papeles del Paraíso

Autor: Miguel Urban

eldiario.es

La pasada semana volvía a saltar a la luz una nueva filtración masiva de documentos relacionados con la evasión y la elusión fiscal a través de empresas offshore en paraísos o guaridas fiscales. Esta vez con el nombre de Paradise Papers o Papeles del Paraíso, que incluye 13,4 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios “offshore”: Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. Del primero provienen siete millones de documentos; del segundo, cerca de medio millón. Así como los registros mercantiles de diecinueve jurisdicciones opacas o guaridas fiscales, doce de ellas no reconocidas como paraísos fiscales por el gobierno español como ya paso con Panamá: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu (Oceanía); Malta (Europa), Líbano (Oriente Próximo) y Labuán, territorio federal de Malasia (Asia)

Mientras la filtración de los llamados como papeles de Panamá permitieron conocer en detalle el funcionamiento básico del mundo “offshore” de la mano del Bufete de abogados Mossack Fonseca. Los  Paradise Papers nos revelan una filtración equivalente a los Papeles de Panamá, esta vez en un espacio offshore ligado a la zona de influencia británica y en el que están comprometidas en un nivel superior a la anterior revelación grandes multinacionales, o fortunas tan poderosas como la de la Corona Británica, mostrándonos en este terreno la trama de lo que significa la evasión fiscal: El entramado de la planificación fiscal y el papel de los bufetes de abogados como facilitadores necesarios de la evasión; El complejo sistema de las guaridas o paraísos fiscales, jurisdicciones opacas imprescindibles para la evasión fiscal; y por último, no sólo destacados nombres de monarquías, millonarios, políticos, famosos o artistas como ya se reveló con los Papeles de Panamá sino también el de las multinacionales que utilizan a los bufetes y las guaridas fiscales para maximizar sus beneficios eludiendo sus obligaciones fiscales.

Appleby nos adentra en el complejo mundo de la planificación fiscal con el fin de reducir o eludir las obligaciones fiscales, especialmente por parte de las grandes fortunas y multinacionales. Dejando patente el papel de los despachos de abogados como facilitadores necesarios en la evasión fiscal. Demostrando la incapacidad de los mecanismos autorreguladores, siendo necesaria una fiscalización pública e independiente de los mismos, tal y como hemos insistido en el parlamento europeo ante la negativa de populares. La propia Appleby es un prestigioso bufete de abogados que presta servicios a clientes con fortunas a partir de los 30 millones de dólares y que aseguran cumplir con los mayores estándares de control ante casos delictivos. Por ello es fundamental una regulación de los promotores y facilitadores de productos fiscales y gestores de patrimonio, con mecanismos de transparencia, registro y sanciones disuasorias para que se abstengan de desarrollar programas de planificación fiscal agresiva, obligándoles a actuar en interés público sin ampararse en el secreto profesional.

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RADIOGRAFÍAS DE LA “RECUPERACIÓN”: El empleo. Ideas para acabar con la precariedad

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

ctxt.es

España ha necesitado diez años para recuperar el PIB real que tuvo en 2007: ha sufrido una auténtica “década perdida” con elevados costes en términos de renta, empleo, desigualdad y pérdida de bienestar. En esta década nuestro país ha experimentado dos recesiones, la segunda de ellas (2011-2013) atribuible a las propias políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial. Desde 2014, no obstante, España ha recuperado una senda positiva de crecimiento. Dedicaremos una serie de artículos a analizar los perfiles que caracterizan este cambio de ciclo, así como los retos de política económica actuales. Damos comienzo a la serie con un primer artículo centrado en el empleo.

Transformar el crecimiento, una necesidad

El discurso del Gobierno plantea que la recuperación económica en curso es una demostración del “éxito” de la políticas de austeridad fiscal y de la devaluación salarial que impulsó la reforma laboral de 2012, una especie de recompensa en diferido de los sacrificios que supusieron estas “inevitables” medidas de ajuste. Sin embargo, la evidencia no confirma en absoluto esta interpretación. No puede entenderse el crecimiento actual sin la influencia de factores completamente ajenos a estas políticas, como la actuación –tardía– del BCE, la reducción de los precios del petróleo, la relajación de las políticas de recortes del gasto público o el impacto del turismo. Tanto el FMI como el Banco de España han confirmado que al menos 2/3 del mayor crecimiento del PIB se explican por estos “vientos de cola” (lo que determina la propia fragilidad del crecimiento actual, y su dependencia de factores externos).

El crecimiento económico no sólo no se está produciendo por los motivos que señala el discurso oficial –el éxito de los ajustes y las “reformas estructurales”–, sino que además presenta perfiles preocupantes. El empleo que se crea es precario y de bajos salarios, las desigualdades se mantienen en niveles muy elevados y los sectores tractores del crecimiento vuelven a ser sectores de limitada productividad. Todo parece indicar que se está reproduciendo el viejo patrón de crecimiento, con similares problemas estructurales que ya vivimos en el pasado.

Debemos, por el contrario, ser capaces de “transformar el crecimiento” para responder a los enormes retos que tenemos por delante. Destacan particularmente tres desafíos: el primero es restañar los profundos costes sociales que se han provocado en la última década; el segundo pasa por resolver los desequilibrios estructurales de nuestro patrón de crecimiento tradicional; finalmente, y en tercer lugar, nos enfrentamos a nuevos retos, como la digitalización y el cambio climático, que exigen pensar la política económica desde nuevas coordenadas.

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El escándalo de Madrid Calle 30 que empobreció a ciudadanos y enriqueció a constructoras

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

Cuando el Ministerio de Fomento cedió la circunvalación M-30 al Ayuntamiento de Madrid en 2004, el gobierno de Gallardón decidió iniciar su reforma y presentarla como logro central de su mandato municipal. Pero la reforma de una infraestructura de esas características requería, en condiciones normales, un plazo de tiempo muy superior a los cuatro años, por lo que la única forma de terminar las obras a tiempo para sacar pecho de cara a las elecciones municipales era llevar a cabo prácticas excepcionales que lograran acelerar sobremanera el proceso. Estas prácticas van desde lavulneración de la legislación de protección medioambiental y de la salud (constatada por tribunales y que convierte a las obras en ilegales) hasta el incremento desorbitado de horas laborales extraordinarias que sufrieron los trabajadores (seis de ellos murieron durante el transcurso de las obras), pasando por la violación sistemática de los trámites administrativos. Todo con tal de acabar las obras a tiempo, independientemente del daño económico, social y medioambiental que pudiera generar. Una actuación abominable que no puede quedar impune.

Ni que decir tiene que este acelerón encareció extraordinariamente el proceso. Las obras de reforma se presupuestaron por 2.458 millones de euros, pero finalmente supusieron un coste de 3.508 millones de euros, un 42% más. Estamos hablando de mucho más de la mitad del presupuesto anual del ayuntamiento, lo que incrementaba la deuda hasta un nivel que no estaba permitido por las autoridades europeas. Para disimular el estropicio, Gallardón privatizó parcialmente la empresa pública encargada de reformar la M-30 y escondió ahí la deuda para que no pudiese ser achacada al ayuntamiento. Pero se pilla antes a un mentiroso que a un cojo y en 2011, tras una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, el gobierno del PP tuvo que dar marcha atrás y trasladar toda la deuda de la empresa mixta al ayuntamiento, lo que hizo que la deuda municipal se disparara hasta situar a la capital del país en la ciudad más endeudada de todas y con mucha diferencia.

Lo peor de todo es que en este mezquino intento de ocultar el cadáver bajo la alfombra, el gobierno de Gallardón volvió a vulnerar todo tipo de preceptivos legales. La normativa no contempla en ningún sitio que se pueda privatizar (ni siquiera parcialmente) la gestión de una calle pública. Esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo porque la gestión de una calle no es susceptible de ser llevada a cabo por empresarios particulares ya que no se cobra a los usuarios de la carretera y los únicos ingresos de la empresa provienen del ayuntamiento. Este extrañísimo modelo de gestión encareció la factura del Ayuntamiento, que pasó a pagar por conceptos por los que antes –cuando la empresa era 100% pública– no pagaba, como dividendos, impuestos de sociedades, IVA e intereses por el préstamo del socio privado. De hecho, desde 2005 hasta 2017 el Ayuntamiento ha pagado 597 millones de euros por estos conceptos, una cantidad que se hubiese ahorrado si la empresa hubiese sido 100% pública. Para que nos hagamos una idea de las prioridades del gobierno del PP, ese volumen es superior a lo que el equipo de gobierno del Partido Popular presupuestó para gasto social en 2015. Además, puesto que la privatización está blindada por contrato, si no cambian las cosas el Ayuntamiento tendrá que pagar hasta 2040 unos 1.250 millones de euros más por estos motivos. Un agujero en toda regla para las arcas municipales.

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La sustitución del capitalismo y el cooperativismo libertario

Autor: Toni Yague

El Salto

Cuando un documento de trabajo de un organismo tan antisistema como UNICEF (espero que captéis la ironía) denuncia que…
“Las enormes asimetrías en la distribución del ingreso (…) son signos de injusticia social. (…) vivimos en un planeta donde, en su conjunto, el quintil [Nota del Autor: la quinta parte] más rico de la población disfruta de más del 70 % del ingreso total en comparación con un exiguo 2 % para el quintil más pobre (…). Vivimos también en un mundo en el que más de ocho millones de niños pequeños mueren cada año (unos 22.000 al día), y la mayoría de sus muertes son prevenibles (…). El hambre, la malnutrición y la falta de agua potable segura contribuyen a al menos la mitad de la mortalidad infantil, y su incidencia está altamente concentrada en los quintiles más pobres. La urgencia de abordar estás desigualdades no puede ser más urgente” (pp.49-50)
…es evidente que, si la especie humana conserva una mínima ética digna de tal nombre, algo se debe hacer. Y con algo quiero decir tirar a la basura todo el sistema económico que nos ha llevado a esta situación -y la perpetúa- para construir uno nuevo, no valen parches. No debería hacer falta decirlo, pero aunque pueda parecer que son sólo cifras, en realidad son personas: 22.000 niñ@s al día; al menos 11.000 por causas tan evitables como el hambre, la malnutrición (!!en un mundo que desperdicia anualmente un tercio de la comida que produce!!) o la falta de agua potable; uno cada 7 segundos, que puede ser perfectamente lo que se tarda en leer cada oración de este artículo. Uno. En el lapso de tiempo para leerlo entero habrán sido unas cuantas decenas (centenas, quizá) de ataúdes blancos los que deberían desfilar por nuestra conciencia. Otro. ¿Hace falta argumentar algo más?
Quienes nos consideramos anticapitalistas convencid@s tenemos claro que estas injustas y dramáticas disfunciones del capitalismo forman parte de su lógica estructural y que desde su mismo nacimiento era necesaria su sustitución por algún otro modelo socioeconómico más justo y respetuoso con las personas (y el medio ambiente). Y en estos momentos en que las vergüenzas del sistema están más al descubierto que nunca a ojos de la opinión pública, muchísimas otras personas estarían dispuestas a participar de la alternativa a poco que percibieran que con ella pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, sanidad, educación…, necesidades que hoy día, con el desmantelamiento del denominado Estado del Bienestar -bienestar que nunca pasó de ser el de algunas personas a costa del de otras-, no están garantizadas para la mayor parte de la población mundial. Es decir, que el momento es idóneo para crear un sistema que en un futuro a medio plazo acabe por desalojar el capitalismo de nuestras vidas.
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Plurinacionalidad y solidaridad

Autor: Pilar Lima y Hector Illueca Ballester

eldiariocv.es

Nuestro país se enfrenta a un reto que hasta ahora no ha logrado superar: adecuar su estructura institucional a la extraordinaria diversidad social, lingüística y cultural de los pueblos que lo integran, y hacerlo de modo que las distintas identidades nacionales puedan reconocerse en la expresión política resultante. En un contexto caracterizado por la coexistencia de identidades complejas y complementarias, el modelo federal es el único que puede articular una realidad inequívocamente plurinacional como elemento constitutivo del Estado. Desde una perspectiva federal, la pluralidad nacional no es algo que deba ser “tolerado” para satisfacer las demandas nacionalistas; antes bien, se trata de un valor político fundamental con un potencial enorme en sociedades como la española o la catalana, mucho más heterogéneas y estratificadas de lo que suele admitirse. El Estado autonómico está agotado y sería absurdo prolongar su agonía. Ha cumplido su misión histórica. El reto es construir un nuevo Estado plurinacional que garantice la convivencia democrática, pluralista y solidaria, en un marco institucional estable de carácter federal.

Ahora bien, un Estado plurinacional requiere la existencia de un sistema de financiación que garantice la suficiencia económica de las unidades federadas y les permita ejercer las competencias que les han sido asignadas, sin perjuicio de la solidaridad que necesariamente ha de existir entre ellas. Como podrá imaginar el lector, se trata de un asunto espinoso y delicado que suele provocar debates muy intensos entre los distintos componentes de cualquier federación. Las zonas más ricas suelen quejarse de su excesiva contribución al presupuesto común, mientras las más pobres consideran que reciben demasiado poco. En principio, es un debate saludable que permite ir ajustando el sistema de financiación hasta alcanzar una distribución de los recursos lo más equitativa posible. Lo que no parece tan normal es que los nacionalismos español y catalán utilicen demagógicamente este asunto para enfrentar a la ciudadanía y alimentar el conflicto territorial. Precisamente esto es lo que ha ocurrido estos años.

No es ningún secreto que el actual sistema de financiación autonómico perjudica a los intereses de determinados territorios, como es el caso de Cataluña, Madrid o el País Valenciano. Y que ello se traduce en una menor calidad de los servicios prestados a la población, sin que pueda aducirse ninguna justificación. En lo que respecta a nuestra tierra, suele afirmarse que es la única comunidad autónoma con una renta per cápita inferior a la media que presenta un saldo fiscal negativo, lo que sin duda constituye una anomalía. Igualmente, se critica con razón que las inversiones del Estado son especialmente escasas en la Comunidad Valenciana, como pudimos comprobar durante la tramitación de los últimos Presupuestos Generales del Estado. Todo ello es cierto, pero España se merece un debate a la altura del momento histórico. Afirmar, como algunos han venido haciendo, que la financiación autonómica supone un “expolio” que está “rompiendo España”, no sólo es exagerado, sino que oculta las verdaderas causas de la gravísima crisis social que atraviesa nuestra patria.

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La pobreza y el valor del tiempo

Autor: Lina Galvez

eldiario.es

Si buscamos el significado de la palabra valor en el DRAE, la primera acepción que nos encontramos es la del “grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite”. Sin duda, disponer de tiempo para poder realizar las actividades que nos satisfagan, nos permitan acceder a los recursos que necesitamos para vivir, o realizar las actividades fisiológicas básicas que permiten nuestra existencia, tiene un valor incalculable, sobre todo para determinados grupos sociales y etapas de nuestro ciclo vital.

Pero aún así, en una sociedad de mercado y dentro del proceso de mercantilización constante de nuestras vidas, todo tiende a tener un precio. Y aunque ya popularizara Antonio Machado la frase de Francisco de Quevedo, “sólo el necio confunde valor y precio”, la segunda acepción de la palabra valor que nos encontramos en el DRAE es la de “cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente”.

Y es normal que así sea en una sociedad capitalista donde el dinero es la clave para acceder a todo tipo de recursos, incluido el dinero mismo a modo de crédito para poder emprender determinadas acciones en nuestra vida que requieren de financiación. Esto obviamente genera y retroalimenta las desigualdades. No tendría por qué ser así ya que existen alternativas, algunas de las cuales conviven en nuestra sociedad de mercado como los servicios públicos. Pero éstos también tienen un coste y están sufriendo un creciente proceso de privatización, generando por tanto mayor desigualdad y procesos de individualización del riesgo.

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“Europa renuncia a valorar el trabajo doméstico pero sí incluye en el PIB actividades como la prostitución y el narcotráfico” (Entrevista a Carmen Castro)

Autor: Carmen Castro

Especial 25N Las Discriminaciones Ocultas en Público.es (MARISA KOHAN)

La economista y activista social, Carmen Castro, aboga por un modelo económico que ponga en el centro de su actividad la sostenibilidad de la vida y las aportaciones que realizan las mujeres que hoy por hoy no se valoran, ni se visibilizan, pero que pueden suponer el 45% del Producto Interior Bruto los países. Esto significa repensar las políticas públicas y la asignación de recursos económicos. Una economía feminista supone, afirma, replantear los comportamientos individuales, principalmente los que realizan o no realizan los hombres.

¿Cómo influye la economía tradicional, la que tenemos, en la vida de las mujeres?

La economía que tenemos, la ortodoxa o tradicional, está basada en una división sexual del trabajo que genera una asimetría jerárquica por cuestiones de género. Crea una sociedad jerarquizada, sesgada y androcéntrica que no tiene en cuenta las capacidades, las potencialidades ni las condiciones de vida de las mujeres. Esto quiere decir que el sistema productivo que conocemos es posible y se asiente fundamentalmente en un trabajo que es invisibilizado, no es reconocido ni valorizado y que fundamentalmente realizamos las mujeres en el ámbito del hogar y las relaciones sociales.

La economía tradicional parte de postulados como el de la mano invisible de Adam Smith, que dice que no hace falta que intervengas en el mercado porque ya la oferta y la demanda se encargarán de poner las cosas en funcionamiento. Pero el mejor ejemplo de esto es lo que hemos vivido en estos últimos ocho años. Cuando no se establecen regulaciones lo que ocurre es esta inercia de voracidad capitalista y depredadora de acumulación de beneficios.

Usted habla de la economía feminista. ¿En qué consiste?

Consiste en cambiar la mirada y aplicar una perspectiva feminista a cómo se organiza social y económicamente una sociedad y cuáles son las relaciones y los valores que la sustentan. Se trata de poner el foco en visibilizar y hacer emerger todos los desequilibrios y las múltiples desigualdades de género que provoca esta economía ortodoxa, ciega a todo lo que no sea una visión androcéntrica y occidentalizada. Una economía en la que el hombre es el centro de todo.

Supone también poner el centro de atención en las necesidades de sostenibilidad de la vida y las aportaciones que realizan las mujeres en el día a día, que es esa parte invisible del iceberg. Lo que no se ve.

El cambio fundamental de este enfoque consiste en poner los cuidados en el centro como una necesidad social, lo que significa repensar las políticas públicas y el sistema de distribución y asignación de los presupuestos. Pero supone también la necesidad de replantear los comportamientos individuales, principalmente los que realizan o no realizan los hombres.

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Competitividad y política económica, en España y en Europa

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Presentación en power point en el acto La economía española, entre la recuperación y la crisis Traficantes de sueños (22 de noviembre de 2017).

Economía española traficantes de sueños (noviembre 2017)

Terminar con la precariedad

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

El Mundo

La excesiva temporalidad existente en el mercado de trabajo español es, junto con la parcialidad, la principal causa de la precariedad laboral, y explica en buena medida los salarios de miseria que hoy reciben millones de asalariados. Recordemos que tener un contrato temporal no significa sólo mayor inestabilidad. Significa ganar, en término medio, 8.000 euros menos al año que una persona con empleo indefinido.

El informe de otoño sobre la economía española recientemente publicado por el FMI constata el fracaso de las dos últimas reformas laborales a la hora de solucionar este problema. Entre el primer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2017 se han creado unos dos millones de puestos de trabajo, pero de ellos casi el 60% son de carácter temporal. Facilitar y abaratar el despido de los trabajadores indefinidos, aunque en su momento se dijo que ayudaría a disminuir la excesiva temporalidad de nuestra economía, sólo ha servido para erosionar la protección de los asalariados, sin que haya reducido la denominada “dualidad”.

Ante la constatación de semejante fracaso, el Gobierno y Ciudadanos planean una nueva reforma laboral que avance hacia la implantación del llamado “contrato único”. Bajo la denominación de contrato de “protección creciente”, la nueva figura contractual establecería una indemnización por despido equivalente a 12 días de salario para el primer año trabajado, 16 días para el segundo año y 20 días el tercer año.

Sin embargo, este contrato de “protección creciente” será ‘de facto’ incapaz de solucionar el grave problema de precariedad que tenemos, que está muy ligado a la ausencia de causalidad de los contratos temporales y que se concreta en una rotación laboral cada vez mayor. De hecho, la duración media de los contratos en nuestro mercado de trabajo se sitúa desde 2013 en los 53 días, lo que significa que a millones de trabajadores de nada les servirá una indemnización creciente (pues seguirán viéndose afectados por la indemnización de 12 días de salario al año que ahora tienen los contratos temporales).

¿Por qué, con el mismo nivel de indemnización y la misma facilidad de despido, un empresario mantendría más tiempo en el puesto de trabajo a un trabajador con el nuevo contrato de “protección creciente” que a un empleado temporal? La realidad es que el nivel de rotación y temporalidad abusiva se mantendría, aunque éste ya no afectaría formalmente a trabajadores “temporales”. Estadísticamente el fenómeno de la precariedad “se corregiría” al eliminarse la categoría, pero la realidad no cambiaría. Política laboral gatopardista.

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“La independència és una drecera molt llarga per canviar la societat” (Entrevista a Miren Etxezarreta)

Autor: Miren Etxezarreta

Critic (Text: Ignasi Franch)

Miren Etxezarreta (Ordizia, Guipúscoa, 1936) ha representat durant 50 anys les esquerdes crítiques a la teoria econòmica dominant, des de les aules universitàries i des d’espais alternatius com el Seminari d’Economia Crítica Taifa. La seva figura és antagònica a la dels economistes de l”establishment’: defensa el debat polític en lloc d’un pensament antipolític, i reivindica que la ciutadania recuperi el poder atorgat a aquells experts que anomena ‘tecnòcrates’. Parla del capitalisme com un sistema injust i de la necessitat d’actuar amb esperit transformador, des dels carrers i a petita escala, per trencar la identificació entre la vida humana i el capitalisme neoliberal.

Alguns alumnes veterans d’econòmiques em diuen que, sense professors com vostè o Arcadi Oliveres, només haurien après neoliberalisme a la facultat. El crac financer del 2008 i la crisi posterior, que han trencat alguns consensos i alguns miratges a tota la societat, també han canviat les universitats?

A les d’econòmiques, que són les que conec, crec que no. En general, la majoria d’acadèmics continua sense preocupar-se pels problemes econòmics reals. Només interessa desenvolupar models teòrics que sembla que intenten explicar alguna cosa, però en el fons no parlen de la vida real.

Fan moltes gràfiques, imagino…

Sí, i moltes matemàtiques, moltes estadístiques… Els resultats queden molt bonics, però són gent que no s’ocupa dels problemes reals. És molt preocupant, perquè històricament les crisis importants comportaven un canvi del pensament econòmic dominant. Després del crac del 29 es va fer una altra política econòmica, que Keynes va racionalitzar i teoritzar. Als anys setanta, el keynesianisme dominant va deixar lloc al retorn del neoclassicisme. Ara, en canvi, tot continua igual. Potser els seus defensors se senten tan forts que pensen: “Si la teoria no s’assembla gaire a la realitat, pitjor per a la realitat”.

No ha notat cap matís, cap canvi?

El corpus central de la teoria ortodoxa, que és el que domina la professió, continua dient les mateixes coses que fa 40 o 50 anys, igual que el Banc Mundial o el Fons Monetari Internacional. I el món ha canviat una barbaritat. També és molt contradictori, perquè aquests economistes diuen que volen fer desaparèixer l’Estat, però aquest hi és més present que mai amb l’obra pública, amb els rescats bancaris…

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Aún con palos en las ruedas, Madrid se mueve

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

El pasado viernes 17 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aceptó imponer medidas cautelares a solicitud de Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y ordenó paralizar inversiones del Ayuntamiento de Madrid por valor de 275 millones de euros. Contra esta medida el gobierno municipal va a presentar un recurso de reposición y medidas alternativas para no tener que detener ninguna de las inversiones previstas. Es una muy mala noticia que el TSJM haya aceptado la solicitud de la Delegación del Gobierno. Porque nadie, ni en Madrid ni en el Estado español puede salir ganando con la paralización de obras de mejora en la vía pública, de reformas en cementerios, de compras de nuevos autobuses, de reparaciones en mobiliario urbano, de ampliaciones en polideportivos, de plantación de árboles, de reformas en mercados municipales, de instalación de calefacción para colegios públicos, de rehabilitación de patrimonio verde, de desarrollo de servicios para centros de mayores, de habilitación de nuevas áreas infantiles y de nuevos carriles-bici y bicicletas, etc, especialmente teniendo en cuenta que el Ayuntamiento que las realiza tiene dinero de sobra para ello. Sencillamente, nadie puede entenderlo. La actuación de Delegación de Gobierno, dirigida por Concepción Dancausa parece anteponer la disputa política a los intereses de la ciudadanía madrileña.

Y es que la argumentación que ha utilizado Delegación de Gobierno para pedir estas paralizaciones tiene una base jurídica poco firme ya que se basa en repetir que las inversiones que intenta paralizar ponen el riesgo el cumplimiento de la Regla de Gasto en 2017 por parte del Ayuntamiento de Madrid. Pero eso no responde a la realidad: esas inversiones fueron aprobadas mediante una fórmula administrativa denominada “inversiones financieramente sostenibles” que viene recogida en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el apartado cuarto de la citada ley se deja bien claro que dichas inversiones no computan para la Regla de Gasto al estar financiadas con superávit del ejercicio anterior. “El importe del gasto realizado (…) no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto”, puede leerse bien claro. Por lo tanto, ni un solo euro de esos 275 millones de euros para inversiones pone en riesgo el cumplimiento de la Regla de Gasto. La argumentación se aleja de la realidad y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no ha entrado a valorar el fondo del asunto objeto de controversia, requiere medidas cautelares. Esto obliga al Ayuntamiento a adoptar medidas alternativas que permitirán el cumplimiento del auto sin que ello suponga otra cosa que dificultar el avance de dichas inversiones.

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Europa y los salarios

Autor: Lucia Vicent Valverde, Fernando Luengo y Mariu Ruiz-Galvez Juzgado

La Marea

Hace unos días vio la luz el informe de la Comisión Europea (CE) Labour market and wage developments in EuropeEl estudio confirma una realidad de sobra conocida y sufrida por muchos trabajadores: los salarios en Europa apenas están creciendo, están estancados o incluso retroceden. Y esto sucede en un contexto de recuperación de la actividad económica, que los gobiernos presentan –es el mantra más repetido por el del Partido Popular– como la prueba de que hemos dejado atrás la crisis.

Entre las razones que explican esta “paradoja” el texto señala la permanencia de altos niveles de desempleo, la débil productividad y la proliferación de los contratos a tiempo parcial. Llama la atención que los autores del documento dejen en el tintero de las explicaciones las reformas laborales, promovidas por la Comisión Europea, junto al Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, y que han sido la piedra angular de las denominadas “políticas estructurales”. Ni una palabra al respecto en el informe. Sin embargo, los documentos de referencia de las instituciones comunitarias y las propuestas que llegan desde Bruselas insisten en la necesidad de seguir o intensificar el mismo rumbo de las reformas laborales llevadas a cabo en los últimos años.

Esas reformas, han sido al mismo tiempo, un fracaso y un éxito. Un fracaso porque, a pesar de que la desregulación de las relaciones laborales (flexibilización, en el relato oficial) se han llevado muy lejos, los resultados obtenidos en materia ocupacional han sido a todas luces decepcionantes, demostrando que bajar los salarios no es el camino para crear empleo. Sí, es cierto, en los últimos años las estadísticas ponen de manifiesto la generación de empleo neto, pero gran parte de los nuevos puestos de trabajo son de pésima calidad. Es importante destacar en este sentido el aumento del número y del porcentaje de trabajadores que perciben bajos salarios o que se encuentran en situación de pobreza.

Las reformas laborales también han sido un éxito. Han abierto las puertas, han creado las condiciones para que se produzca un drástico “ajuste” salarial, haciendo posible que los costes de la crisis económica los soporten los trabajadores; en lugar de los responsables de la misma, el entramado financiero y corporativo que alimentó y se benefició de la economía del endeudamiento. Reformas dirigidas, en teoría, a dotar de mayor flexibilidad al mercado de trabajo, en realidad han supuesto un vuelco en la negociación colectiva, debilitando la capacidad negociadora de los trabajadores y la negociación colectiva, desnivelando de esta manera las reglas del juego a favor del capital.

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Bankia, pública

Autor: Carlos Sanchez Mato

Público.es

“Continuaremos la privatización de Bankia cuanto antes”, ha manifestado el Ministro de Economía Luis de Guindos en referencia a la reanudación de la desinversión de la entidad por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), entidad propietaria del 67,2% del capital. El Gobierno se sube encantado a la línea marcada por el Fondo Monetario Internacional que muestra especial interés por acelerar la salida del sector público de Bankia.

Parece necesario recordar que fue el Gobierno presidido por el señor Rajoy el que nacionalizó BFA-Bankia en mayo de 2012 para evitar que quebrara y, tras salvarla con una enorme cantidad de dinero público, comenzó a privatizarla. De hecho, el Fondo de Reestructuración Bancaria ya enajenó el 7,5% de Bankia entre inversores institucionales por un importe de 1.300 millones de euros en febrero de 2014. Su intención es seguir desprendiéndose del resto de las acciones  con la excusa de recuperar el dinero público empleado en evitar la desaparición de la entidad pero es imprescindible mirar detrás del velo para descubrir quién gana y quién pierde con la privatización de Bankia. Porque nacionalizarla ha costado 22.424 millones de euros pero las ayudas públicas que Bankia ha recibido y recibe son muy superiores. Además de ese capital inyectado en la entidad, no se pueden olvidar que hay otros instrumentos como avales, adquisición de activos por parte del Sareb (el “banco malo”), compra de títulos, créditos fiscales y préstamos del Banco Central Europeo (BCE).

Por eso no podemos permitir más trampas. La privatización no garantizará que el Estado recupere el dinero empleado en sanearla ni tampoco que se acaben las ayudas públicas, sino que éstas seguirán siendo imprescindibles para que la entidad sea rentable para sus accionistas. Tampoco se evitarán nuevos riesgos poniéndola en manos privadas, más bien todo lo contrario. ¿Y qué volverá a ocurrir si existe quebranto? Pues ya lo sabemos todos y todas. Que este recaerá sobre las espaldas del pueblo en forma de rescate de esos que “no costarán ni un euro” y que terminarán siendo abonados por la gente a través del presupuesto a costa de recortes en servicios públicos.

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