Economía Crítica y Crítica de la Economía

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¿Hacia un nuevo Estado del bienestar dinamizador e inversor?: el nuevo riesgo social del cambio climático

Autor: Carlos Ochando

Paradoja de Kaldor

Las propuestas de reforma del Estado del bienestar son casi tan antiguas como la existencia del propio Estado del bienestar. Casi desde su nacimiento, se viene hablando de la necesidad de aplicar reformas. Los argumentos son muy variados: la necesidad de sostenibilidad, la justicia y la equidad, el daño al crecimiento económico y la eficiencia, la adaptación a las nuevas necesidades y riesgos sociales, la falta de legitimidad y un largo etcétera que han servido para que el Estado del bienestar estuviera en el punto de mira de sus críticos. Este argumentario crítico ha alimentado reformas -más o menos profundas- del Estado del bienestar tal y como se empezó a construir después de la II Guerra Mundial.

Ahora bien, si bien el Estado del bienestar no se ha desmantelado -como proponía, desde finales de los años setenta, el pensamiento neoliberal y la Economía de la Oferta-, ni ha llegado a una crisis fiscal irresoluble como vaticinaban los autores marxistas, sí que, en los últimos años, está sufriendo una permanente reestructuración.

A las tradicionales argumentaciones teóricas, se suman los efectos de una larga crisis económica que comenzó en 2007-2008 y cuyas secuelas alcanzan hasta la actualidad. Este fenómeno no es novedoso. El debate sobre la necesidad de reformar el Estado del bienestar se acentúa en los periodos de crisis económica. Muchos analistas y expertos (tanto del mundo académico, político y mediático), cuando se produce una merma considerable de los recursos públicos disponibles -resultado de la propia crisis económica- cuestionan la viabilidad financiera, económica y política de los regímenes de protección social. Lo suelen hacer a partir de proyecciones demográficas y económicas con una alta probabilidad de error, ya que las variables utilizadas, sobre todo económicas, son altamente impredecibles y sujetas a una elevada incertidumbre.  La argumentación más extendida es que la crisis económica y la pirámide demográfica someten a cualquier Estado del bienestar a una presión financiera en forma de “tijera” (los ingresos públicos disminuyen mientras que los gastos públicos crecen). El resultado, desde esta perspectiva meramente contable, es la inviabilidad económica futura de los sistemas públicos sanitarios y de pensiones, pilares centrales del Estado del bienestar. Y es cierto que una crisis económica duradera y persistente, sí que puede reducir los recursos fiscales y sí que puede mermar a medio y largo plazo las bases de financiación de los gastos públicos sociales (al margen del cambio de las prioridades y preferencias políticas que puede ocasionar), pero este argumento nos parece extremadamente simple.

¿La supervivencia en el tiempo del Estado del bienestar significa que no son necesarias reformas? Evidentemente, la respuesta debería ser negativa. Como realidad institucional que es, requiere de cambios y reformas que lo adapten a las nuevas realidades sociales. Hacen falta reformas, pero no las que se han llevado a cabo que, únicamente, persiguen la moderación o reducción del gasto público social. La última crisis económica ha alimentado unas propuestas de reforma del Estado del bienestar cuyos objetivos finales han sido la reducción del gasto público, la deslegitimación de las políticas redistributivas, el recorte de los derechos sociales de ciudadanía, la reducción de la intensidad protectora y la disminución de la cobertura de las prestaciones sociales.

¿Y por qué creemos que hacen falta reformas? Primero porque el Estado del bienestar siempre ha sido una realidad institucional dinámica y cambiante. Y segundo, porque, en el momento actual, las transformaciones económicas y sociales se desarrollan a una velocidad de vértigo. En ese sentido, creemos que hay que adoptar reformas institucionales creativas e innovadoras que afronten los nuevos retos y desafíos de las nuevas realidades sociales y económicas. Estas recetas no pueden ser las que sirvieron en el pasado porque la realidad económica, política y social ha cambiado. Creemos que hay que hacer un esfuerzo de innovación social creativa que nos permita adaptar institucionalmente el Estado del bienestar a esta nueva realidad del siglo XXI. Pero esa revisión no debe pasar por su disminución, sino por todo lo contrario: por su universalización y profundización con fórmulas innovadoras, creativas y eficientes.

¿En qué puede estar basada esta nueva arquitectura del Estado del bienestar en el siglo XXI? Las nuevas acciones estratégicas del Estado del bienestar están justificadas por la aparición de los llamados “nuevos riesgos” y por una cierta incapacidad de la vieja arquitectura del Estado del bienestar tradicional en dar una respuesta eficaz e innovadora a los mismos. En este contexto de permanente reconfiguración del Estado del bienestar, algunos autores y analistas han repensado las líneas estratégicas de este “nuevo Estado del bienestar”. Su estructura institucional ha recibido diferentes denominaciones: “Estado de inversión social”, “Estado social activo”, “Estado social inversor”, “Tercera Vía” o, a veces y de manera simplificada, “Sociedad del bienestar”. Otros autores hablan de “Estado Dinamizador” con un nuevo “pilar de emancipación” (Mulas-Granados, C., 2010 : 60). En él se incluirían las respuestas a estas nuevas situaciones de vulnerabilidad y riesgos que el nuevo Estado del bienestar debería atender: familias monoparentales, la emancipación de los jóvenes, los problemas de integración laboral en la madurez (55 a 64 años), los parados de larga duración y en riesgo de exclusión, etc. En esta misma línea Aigenger y Leoni (2010 : 82) señalan tres piedras angulares de una estrategia de éxito: 1) flexibilidad gestionada y equilibrada; 2) prudencia fiscal más calidad del presupuesto y 3) inversión a futuro (investigación, educación, formación continua, tecnologías en TIC, biotecnología, etc.).

Este enfoque teórico conecta con la literatura económica y sociológica sobre la “pre-distribución” y de “la inversión social”.  Desde este marco teórico se defiende la necesidad de repensar la función social del Estado, rediseñándolo hacia un Estado del bienestar “preventivo”, “proactivo” que enfatice en la inversión en el capital humano y que haga frente a los “nuevos riesgos sociales” por medio de una mayor inversión social  (Zalakain y Barragué, 2017).

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¿Estamos a las puertas de una nueva recesión?

Autor: Gabriel Flores

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En las últimas semanas han sido muchos los artículos y declaraciones que dan por hecha una nueva y próxima recesión económica global. Han abundado esos malos augurios en una campaña electoral particularmente tóxica, que facilitó la utilización de todos los argumentos a mano, más o menos razonables o fantasiosos, y demasiadas mentiras para conseguir votos.

El miedo a una nueva crisis económica podía convertirse en un excelente factor de movilización electoral. Y por eso hemos asistido a una utilización política de ese nuevo fantasma de la recesión, sin que los partidos en liza hicieran el mínimo esfuerzo por aportar alguna luz al necesario debate sobre su probabilidad. El presagio de la nueva recesión se ha utilizado de múltiples formas, para denunciar el veto del poder económico a un gobierno socialista que incluyera algunos ministros de UP; para explicar la persistencia del independentismo catalán en la vía unilateralista con objeto de escapar de la depresión económica en la que puede instalarse España, o para justificar que Sánchez no mantuviera la oferta de gobierno de coalición con UP. Puro fuego de artificio justificativo que ahorra la molestia de pensar, precisar y argumentar los análisis. Más aún tras conocer el preacuerdo de coalición recién firmado por Iglesias y Sánchez que desmonta de un manotazo todas esas creencias.

También la mayoría de los economistas han contribuido a la confusión reinante, sin guardar las debidas distancias respecto a una recesión que, siendo posible, dista mucho de ser una realidad ineludible en un futuro próximo y predecible. De hecho, varios economistas ya han anunciado en distintas ocasiones en los últimos cinco años, es decir, en plena recuperación del crecimiento económico, la próxima recesión. Aclaremos las cosas, el conocimiento económico nada tiene que ver con la adivinación de crisis o recesiones. Si fuera por eso, habría que tirarlo a la basura. Un solo dato, pero muy contundente: durante la Gran Recesión (en los años 2008 y 2009) ninguna de las 62 recesiones que se produjeron en el mundo había sido prevista en septiembre del año anterior por economistas o empresas dedicados profesionalmente a la prospección económica (Ahir y Loungani, 2014). ¡Ninguna!

Estamos seguros de que habrá una nueva recesión del mismo modo que sabemos que todos los seres humanos tienen como destino inevitable la muerte, pero los datos disponibles no nos autorizan a decir que la próxima recesión está a la vuelta de la esquina.

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La fusión de PSA-FCA y su impacto en las condiciones laborales

Autor: Mariu Ruiz-Galvez Juzgado y Dario Claver Segui

El Salto (Economía para Todas)

En los últimos días se ha confirmado la fusión entre dos grandes grupos automovilísticos: el Grupo PSA y FCA. No resulta algo sorprendente a tenor de la trayectoria reciente de PSA, que adquirió Opel en 2017. En los años noventa fue Fiat quien planteó una fusión a PSA, pero fue rechazada. Ambos grupos han venido colaborando estrechamente durante las últimas décadas, por ejemplo, a través de varias empresas conjuntas localizadas en Italia, Francia y Turquía.

Tanto PSA como Fiat han venido trazando una estrategia empresarial que han conseguido desarrollar durante las últimas décadas. Por un lado, ambos grupos poseen una política de producto basada en el volumen y la diversidad. Dicho de otro modo, ambos fabricantes tratan de lanzar una amplia oferta de modelos para cubrir todos los segmentos de mercado posibles, al tiempo que esa mayor variedad de modelos, diferentes en apariencia, comparten un cada vez mayor porcentaje de componentes internos, principalmente de tipo electro-mecánico. Durante las dos últimas décadas ambos grupos han realizado un importante esfuerzo en desarrollar la política de producto basada en la estandarización de los módulos del automóvil y su adaptación combinable en la amplia gama de modelos de los fabricantes.

Por otro lado, desde la década de 1980 estas dos compañías automovilísticas han ido incorporando y adaptando paulatinamente técnicas de producción japonesas, basadas en el toyotismo, con el principal objetivo de reducir costes. En la actualidad esta reducción de costes se proyecta principalmente sobre la presión a las proveedoras bajo sistemas de producción justo a tiempo, o sobre las condiciones laborales en términos de incrementos de la flexibilidad en la gestión de la mano de obra, especialmente en cuanto a la variabilidad de la duración de las jornadas y de los calendarios laborales se refiere.

Igualmente, en su proyección exterior el esquema de internacionalización que presentan ambos grupos concentra buena parte de su producción y sus ventas en Europa, y ambos fabricantes han tratado de posicionarse en mercados emergentes en Asia (China e India) y Latinoamérica. Como novedad, con la fusión se le abre una oportunidad a PSA de penetrar en el mercado estadounidense con la presencia de Chrysler. Una vez trazada la panorámica de ambos fabricantes, cabe preguntarse cómo puede afectar la fusión al colectivo de trabajadores. A falta de conocer cómo se concreta y materializa la fusión en los próximos meses, y cómo se acoplan las diferentes trayectorias y estrategias empresariales sobre una dirección común, nos surgen algunos interrogantes que lxs trabajadorxs y los sindicatos deberían tener en cuenta.

Por un lado, con una fuerte concentración de las ventas en Europa cabe preguntarse sobre la posible “canibalización” del amplio abanico de modelos tras la fusión. A las marcas de PSA – Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall – se unen las múltiples marcas que se aglutinan sobre FCA – Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Iveco, Lancia, Maseratti, Ferrari, Jeep, Lancia y Dodge. Es una incógnita el hecho de cómo se van a complementar gran cantidad de modelos que en realidad cubren mismos segmentos de mercado, es decir, cubren las mismas preferencias de consumo. Esto ocurrirá especialmente con los vehículos de pasajeros de gamas media y media-baja, donde la oferta del conjunto de marcas como resultado de la fusión va a ser muy elevada. Hasta ahora, el Fiat 500 es uno de los vehículos de gama baja más vendidos en Europa – un 2,3% de cuota de mercado en 2017 –, por detrás del Volkswagen Golf, pero la oferta de modelos para ese mismo segmento de marcas como Citroën y Opel también es considerable. En el caso de España, el patrón de especialización en la producción de vehículos de las plantas de PSA en Vigo, Figueruelas y Villaverde está situado en aquellos de bajo y medio-bajo valor añadido.

Por otro lado, pese a que las plantas ensambladoras puedan optar ahora a la adjudicación de una mayor variedad de modelos, si no se consiguen extraer las rentabilidades esperadas por modelo es posible ver cambios hacia una reducción del número de modelos por segmento, lo que obligaría a suprimir la comercialización de aquellos que compitan por un segmento de demanda similar. Dicho de otro modo, si bien hay una mayor variedad de modelos a los que optar, la competencia entre plantas del propio grupo por la adjudicación de los mismos también se incrementa. Buena parte de las plantas de Fiat están localizadas en Italia, y también dispone de ellas en Polonia, Turquía y Serbia, donde los costes laborales son notablemente inferiores a los de Europa occidental. Como sabemos, la competencia que se desata entre plantas de un mismo grupo cuando la matriz decide lanzar un nuevo modelo al mercado es muy elevada, y la presión hacia el ajuste durante las diferentes rondas de negociación colectiva en las condiciones laborales – salarios, flexibilidad, intensidad del trabajo, etc. – en este contexto de competencia no es menor.

Resulta paradigmático el caso de la adjudicación del proyecto K9 a la factoría de Vigo, un proceso de negociación presidido por la enorme presión que desde el Grupo y la Dirección de la planta de Vigo se ejerció sobre el colectivo de trabajadores, con el objetivo de empeorar las condiciones laborales ante la amenaza que suponía la competencia a la baja de otra planta del Grupo PSA localizada en Trnava (Eslovaquia). Tras un largo proceso de negociación, no exento de conflictividad, se aprobaron diversos programas de ajuste – articulados a través del convenio colectivo y planes de competitividad negociados ad hoc – con el beneplácito fundamental del sindicato que desde hace décadas detenta la mayoría absoluta en la fábrica: el Sindicato Independiente de Trabajadores. También es ilustrativo el ajuste en las condiciones laborales que se ha acometido en la planta de PSA en Figueruelas, principalmente en términos de ajuste salarial e incrementos en la intensidad y los turnos de trabajo, tras la compra de Opel por parte de PSA y su inserción a la dinámica y a la estrategia del Grupo francés bajo la presidencia de Tavares. Pese al rechazo del grueso de la plantilla, finalmente el ajuste se aprobó en 2018 con el apoyo de UGT y CCOO; ambos ostentaban más del 50% de representación en el comité de empresa.

Resulta necesario remarcar, además, que esta dinámica de ajuste no solo afecta a las plantillas de las plantas ensambladoras, sino a toda una comunidad cuya actividad productiva depende de lo que ocurra en dichas factorías. Por tanto, pese a las incertidumbres que arroja el futuro del Grupo tras la fusión, toca estar alerta.

Desde el ámbito de la acción sindical es crucial como herramienta de fortalecimiento la coordinación entre secciones sindicales de las distintas plantas del Grupo. En este sentido, sindicatos como CGT y CUT han mantenido varias reuniones desde comienzos de 2019 para poner en común el diagnóstico de las problemáticas que sufren lxs trabajadorxs en las tres plantas de PSA en España y trazar una estrategia de acción sindical conjunta y coordinada.

Igualmente, disponer de información económico-financiera y de la situación de las distintas plantas del grupo a nivel internacional es otro elemento crucial para encarar la negociación colectiva. En el ejemplo anteriormente citado del proceso de negociación colectiva en PSA Vigo para la adjudicación del proyecto K9, la Dirección puso desde el primer momento en la mesa de negociación la alternativa que se estaba barajando desde el Grupo para adjudicar la producción, esto es, la planta de Trnava en Eslovaquia. Sin embargo, la planta de PSA en Eslovaquia no contaba con las infraestructuras tecnológicas e industriales suficientes y necesarias para poder asumir ese proyecto productivo. Los flujos de información y de coordinación, por tanto, no deben circunscribirse al ámbito sindical nacional solamente. La coordinación y el tejido de lazos y alianzas con los sindicatos situados en otras plantas del Grupo se revela como un elemento básico para poder hacer frente a la estrategia del Grupo PSA de descentralizar la negociación y generar escenarios de competencia entre el conjunto del colectivo de trabajadorxs.

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Mariu Ruiz es Doctorada en Economía y trabaja sindicalismo y economía del trabajo.

Darío Claver es economista y estudia aspectos múltiples de la economía política internacional.

Entrevista a Carlos Sánchez Mato y Eduardo Garzón: “El Gobierno de Ahora Madrid sirvió para enfrentar el mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía”

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

El 13 de junio de 2015, la candidatura popular pilotada por Manuela Carmena llegaba al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y acababa con 24 años de gobiernos del Partido Popular. Junto a Carmena, aterrizaban en la institución otros 19 concejales que provenían de diversos espacios profesionales, sociales y políticos. Esta mezcla personal e ideológica que representó Ahora Madrid fue recibida con hostilidad por la gran mayoría de los medios y por toda la derecha, al igual que ha ocurrido ahora con el pacto de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Uno de esos concejales (y también uno de los más polémicos) fue Carlos Sánchez Mato. Dirigente estatal de Izquierda Unida y economista, a Sánchez Mato le tocó estar al frente de una de las áreas más complicadas y que más recelo generó, la Concejalía de Economía y Hacienda, desde donde se enfrentó al ministro Cristóbal Montoro que ejerció oposición a toda su gestión. En esa andadura que terminó el 18 de diciembre de 2017, cuando Carmena lo cesó de ese cargo, estuvo también Eduardo Garzón, uno de sus asesores.

Ambos acaban de publicar su libro ’919 días, ¡sí se podía! Cómo el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de la gente’, un relato en el que Sánchez Mato y Garzón recorren su más de año y medio al frente del área económica de la ciudad que más presupuesto gestiona, desde la que sanearon unas cuentas arruinadas mientras aumentaban la inversión social. Desde la rebaja del IBI a las clases más desfavorecidas mientras tomaban atajos legales para subir este impuesto a las grandes superficies, hasta el enfrentamiento con Montoro y las presiones internas que terminaron con su salida, este libro es un relato de las dificultades pero también de los logros que ahora ambos autores quieren que sirvan de ejemplo para el primer ejecutivo estatal de coalición de la historia de la democracia.

En el libro hablan de las dificultades que se encontró el Gobierno de Ahora Madrid, tanto por el trato mediático que recibió como por el empleado por el Gobierno de Mariano Rajoy a cuenta de la regla de gasto. Este martes, PSOE y Unidas Podemos firmaron un pacto al que ahora se podrán sumar a otros partidos. ¿Creen que lo tendrán también difícil?

Carlos Sánchez Mato: Creo que se repiten cosas que tanto Eduardo como yo vivimos en nuestras propias carnes. En 2015, después del acceso al Gobierno de Ahora Madrid, prácticamente lo que se anunció fue el apocalipsis: nada iba a funcionar en la ciudad, la ciudad no iba a ser susceptible de ser mirada con interés por la inversión internacional, íbamos a arruinar las cuentas… Todas esas cosas fueron objeto de editoriales en los medios más importantes de este país. Y en el libro demostramos que no solamente era posible actuar de otra manera, sino que los resultados de nuestras políticas económicas son exitosos. Desgraciadamente, lo que no hubo posteriormente a la realización de nuestro programa de gobierno en materia económica fue desmentidos por parte de quienes habían anunciado la hecatombe.

Eduardo Garzón: De hecho es uno de los motivos por los que escribimos el libro: dar a conocer una experiencia que ha estado sometida a una presión bestial por parte de los medios económicos y los poderes fácticos más importantes, con la idea de aprender de los errores, de las limitaciones que uno tiene. Nosotros lo aclarábamos en la introducción, que la idea es que esto pueda servir para un momento en el que se vuelvan a presentar situaciones parecidas. Que un gobierno progresista con ganas de cambiar la sociedad llegue al gobierno y ser conocedores de las limitaciones que hay.

En función de ese aprendizaje, ¿qué consejos dan al nuevo gobierno de coalición?

CSM: Lo dijo Pablo Iglesias y lo confirmaba Alberto Garzón después: hay que combinar una forma muy concreta de actuación del Partido Socialista con nuestra audacia en el sentido más literal del término. No podemos conformarnos en el gobierno con la situación de extrema precariedad, de enorme desigualdad, de injusticia fiscal que existe en nuestro país. Lo sencillo sería simplemente aceptar el statu quo y no intentar buscar formas de ir más allá. Humildemente, nosotros demostramos en Madrid que mover esos márgenes requiere de un esfuerzo enorme, titánico, y que incluso puede salir mal.

¿Les aconsejan aguantar las presiones, por ejemplo?

CSM: Cuando hablamos de audacia, hablamos en este caso de la capacidad de vencer esas presiones. No hablamos de cruzar la calle con el semáforo rojo, hablamos de no dejarnos influir por las presiones absolutamente desmedidas que se producen. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses creados. Hay demasiada gente pensando y creyendo que el gobierno, también el de la nación, tiene que estar al servicio de sus intereses pequeñitos. Y claro, nosotros venimos a otra cosa.

¿Se arrepienten de haber mantenido el pulso con Montoro por la regla de gasto que propició su salida y les dejó fuera de una de las concejalías más importantes para seguir llevando a cabo políticas sociales?

CSM: Había que recortar 550 millones y hemos visto los resultados que ha tenido desde el punto de vista político. Cuando en el último año de mandato, que es cuando los gobiernos se ponen bonitos y terminan inaugurando el fruto del esfuerzo de la primera parte de la legislatura, tú lo que haces son recortes, lo que ocurre es que tu gente, tus votantes, la ciudadanía en general, no ven los frutos de tu acción. No era un capricho intentar seguir manteniendo nuestra senda presupuestaria: era la forma de culminar de manera adecuada un proyecto que había tenido la herramienta presupuestaria como algo fundamental. Hacer un recorte de 550 millones de euros ha tenido como resultado la abstención en los barrios de la periferia de Madrid, donde fue 20 puntos superior a los barrios en los que habitualmente gana la derecha. Eso es lo que impidió que no tuviera éxito una confluencia con un resultado mayoritario de la izquierda en la ciudad de Madrid.

El mejor combate contra la abstención es de verdad ser audaces en la realización de las políticas públicas y es un aprendizaje para el futuro. Pero no solamente para las elecciones locales, también para las autonómicas y para las generales. Hay una enorme oportunidad que se abre ahora con un posible gobierno de PSOE y Unidas Podemos a nivel del Estado que hay que aprovechar para que le mejore la vida a la gente, no para que le mejoren las grandes corporaciones del sector energético, que para eso ya tienen a otros partidos.

Este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que ejercerá de contrapeso a ese Gobierno. ¿Tiene mecanismos el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad para desestabilizarlo?

EG: Desestabilizar es una palabra demasiado fuerte. Pero está claro que oposición política van a hacer y los portavoces de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y también de la capital van a tener bastante eco. Esto es algo que nos esperábamos. Nosotros vivimos algo parecido dentro del Gobierno de Ahora Madrid, en el cual, por ser precisamente la capital del país tenía muchísimo eco y todo el mundo se enteraba incluso de alguna medida como el traje de los Reyes Magos cuando apenas tenía importancia. Entonces sí, seguramente habrá presión, era de esperar y no tiene por qué ser tampoco un drama.

¿Pero pueden usar las instituciones como hizo el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar su acción de gobierno?

EG: Tenemos un sistema institucional que centraliza las competencias desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, medidas institucionales así a bote pronto es más difícil.

Señor Garzón, cuando se conoció el pacto de gobierno, publicó un tuit en el que aseguró que no le había gustado la parte de la estabilidad presupuestaria…

EG: Son simplemente dos palabras que aparecen en el documento y sobre las que apenas se puede inferir una de ellas, pero sí que revela una especie de obsesión que tiene en este caso la élite económica europea, que es la de que todos los estados y las administraciones públicas tengan que tener superávit público o equilibrio presupuestario, pase lo que pase. Y es simplemente una mención a que el futuro gobierno tenga en cuenta, que antes que lograr el saneamiento de las cuentas públicas está el bienestar de la gente y que uno no puede poner por encima precisamente un objetivo fiscal frente al objetivo de mejorar la vida de la gente.

¿Qué balance hacen del Gobierno de Carmena? ¿Qué creen que recordará la gente?

CSM: Para muchos quedarán polémicas como la del traje los Reyes Magos, pero creo que lo que se construyó desde el punto de vista de acción económica es suficientemente sólido como para merecer no solamente nuestro libro, sino la atención de la gente. Creo que demostramos de una manera muy clara que había otra forma de gestionar, con el marco hostil existente, las cuentas públicas en una ciudad tan grande como Madrid. Incrementando de una manera muy importante la inversión en infraestructuras y equipamientos y la inversión social. Los compañeros del PSOE en el Gobierno central lo podrán visualizar en la realidad que llevamos a cabo en Madrid, también pactando con ellos, porque este tipo de actuaciones fueron el resultado del diálogo con el Partido Socialista en esa etapa.

EG: Sirvió como potente argumento para enfrentar al típico mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía. Con nuestra participación, dentro de que no hicimos la revolución socialista ni mucho menos, y sabiendo que tuvimos una limitación importante, fuimos capaces de hacer algo que nunca la derecha había sido capaz de hacer: mejorar la inversión social y mejorar la calidad de vida de la gente, al mismo tiempo que se cuadraban las cuentas haciéndolo posible desde postulados de izquierda pensando en el bienestar de la gente y no en el de los negocios.

"El Gobierno de Ahora Madrid sirvió para enfrentar el mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía"

Al principio del libro hablan mucho de la deuda, de cómo la encontraron y de la gestión que se hizo sobre la misma. ¿No es un poco raro, desde un gobierno de izquierdas, presumir de la reducción de la deuda en una ciudad que tenía y tiene tantas necesidades?

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Codecisión y fondos de inversión de los asalariados: los casos de Alemania y Suecia

Autor: Mario del Rosal y Sara Lafuente

ctxt.es

“La democracia no puede detenerse a las puertas de las fábricas.”

Ernst Wigforss.1


Introducción

Desde los inicios de la revolución industrial, se han buscado soluciones concretas para responder a la contradicción estructural del capitalismo entre ideal democrático de igualdad y la concentración de poder y riqueza.  En mayor o menor medida, todos los países europeos reconocieron en el último siglo fórmulas de participación de los trabajadores en la economía y en la empresa de alcance y contenido variados, a través de derechos de participación en la gestión organizativa, en el capital como mecanismos de redistribución, derechos colectivos de información y consulta, concertación social, diálogo social tripartito, negociación colectiva, etc. Sin embargo, pese al establecimiento y práctica formal de estos y otros mecanismos democráticos, el capitalismo triunfante lacera gradualmente su contenido y calidad, conllevando una pérdida creciente en el contenido de las democracias existentes.

En la idea de ampliar hoy los límites de la democracia, teniendo en cuenta las limitadas ventanas de oportunidad que ofrece el contexto político y económico del capitalismo global imperante, cobra especial relevancia volver la mirada hacia los debates sobre la democracia económica y su puesta en práctica. La democracia económica, aun siendo un concepto complejo que admite distintas interpretaciones, nos habla de la posibilidad de que seamos los ciudadanos quienes tomemos las decisiones sobre las tres preguntas clásicas de la economía: qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Para ello, en el marco del capitalismo resulta irrenunciable, al menos, el logro de un mayor grado de participación de los trabajadores en la propiedad y en el gobierno de las empresas.

En este artículo presentamos brevemente dos fórmulas de participación gestadas en las socialdemocracias alemana y sueca: la participación en el gobierno empresarial a través de un sistema de codecisión (a menudo conocida como “cogestión”), y la participación en el capital empresarial a través de fondos colectivos de inversión de los asalariados. Estas dos propuestas no son excluyentes y podría coexistir desde un punto de vista teórico. Sin embargo, surgieron en contextos históricos, sociales, políticos y nacionales determinados. A continuación, explicamos el surgimiento de estos sistemas de participación como propuesta institucional, en qué consistían, y en qué devinieron. Podremos así evaluar el potencial y límites de estas propuestas como impulsoras de democracia económica y objetivos democráticos más exigentes en el marco de la economía capitalista global.

La participación financiera a través de fondos de inversión colectiva

Entre las estrategias reformistas favorables a los objetivos de la democracia económica tal y como la hemos definido se puede encontrar una que, a nuestro juicio, ofrece más posibilidades que otras alternativas2. Se trata de los fondos de inversión de los asalariados, un sistema de acumulación gradual de capital en varias empresas a través de instrumentos de inversión colectiva bajo la propiedad de los trabajadores y gestionados por sus sindicatos. A través de estos fondos de inversión, la clase trabajadora en su conjunto podría conseguir una participación creciente en la propiedad de las empresas, de modo que lograría un doble objetivo: la socialización paulatina del capital y una mayor influencia en su gestión. Esta estrategia, aun siendo reformista, asume un carácter de clase, lo que implica una visión del modo de producción capitalista próxima a las tesis más clásicas de la socialdemocracia y del sindicalismo.

Estos fondos pueden presentarse en distintas modalidades según diversos criterios: la forma de financiación, el sistema de titularidad, el destino de los rendimientos, los criterios de inversión, el modo de gestión, el ámbito de aplicación, los posibles límites de participación en la propiedad y los colectivos de trabajadores involucrados. En este texto, no vamos a analizar estas modalidades3, sino que vamos a centrarnos en el caso más paradigmático que se ha dado a lo largo de la historia: el de los fondos de inversión de los asalariados instaurados en Suecia en los años ochenta.

Este proyecto, conocido como Plan Meidner4 e inspirado en una idea originalmente alemana, se gestó en los años setenta en el seno de la poderosa Confederación de Sindicatos (LO). Su diseño original era francamente radical, sobre todo teniendo en cuenta el tradicional pragmatismo reformista que siempre ha caracterizado a la socialdemocracia escandinava. En pocas palabras, obligaba a la mayoría de las empresas suecas a emitir cada año un número de acciones nuevas equivalente al 20% de sus beneficios a nombre de un fondo de inversión gestionado por un consejo de administración formado mayoritariamente por cuadros sindicales y, en menor medida, por representantes del gobierno y las empresas. Los réditos obtenidos por estos fondos serían usados exclusivamente para comprar nuevas acciones o para financiar programas de formación en gestión para los trabajadores. Dado que no se contemplaba ninguna forma de titularidad individual de los valores adquiridos ni su venta, el proyecto asumía un principio estricto de propiedad colectiva.

De haberse puesto en marcha, el Plan Meidner habría tenido un impacto dramático sobre la propiedad corporativa en el país. Según sus normas de funcionamiento, cuanto más rentable fuera una empresa, más rápidamente pasaría su propiedad a manos de los sindicatos por medio de un proceso de dilución de la propiedad anterior debido a las sucesivas ampliaciones de capital a favor del fondo5. Esto llevaría a un proceso de socialización democrática no estatal del capital sin parangón en ninguna otra economía capitalista desarrollada. La siguiente tabla muestra varios ejemplos relacionando el número de años que tardaría una empresa en pertenecer en más de un 50% a los fondos de inversión de los asalariados en función de la tasa de ganancia anual, suponiéndola constante.

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Próximas actividades públicas del Área Ecosocial: 21 y 27 de noviembre // Extractivismo y España vaciada

Autor: FUHEM ECOSOCIAL

El área Ecosocial de FUHEM dos nuevos actos:

Debate sobre Extractivismo, megaproyectos y violencia
Jueves, 21 de noviembre a las 18.30 horas en Espacio Abierto FUHEM (Avda. de Portugal, nº 79 (posterior) de Madrid).

Intervendrán las activistas: Mariana Solórzano, indígena zapoteca, del Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas y Josefa Sánchez, indígena zoque, investigadora de la UNAM.
Junto a ellas, habrá una fila cero formada por Jorge Riechmann, profesor de Filosofía Moral de la UAM; Alberto Matarán, profesor de Urbanística y Ordenación del Territorio, de la Universidad de Granada; y Adrián Almazán, Doctor en Filosofía y miembro del Grupo de Reflexión Autónomo La Torna.
Modera el debate Nuria del Viso, investigadora del Área Ecosocial de FUHEM.

Charla coloquio: España vaciada: claves para la transición
Miércoles, 27 de noviembre a las 18.30 horas en la librería Los pequeños seres, Ribera de Curtidores 37, Madrid.

Con motivo de la publicación del número 147 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, titulado Periferias. Nuevas geografías del malestar.
Intervendrán: Luis del Romero, profesor del departamento de Geografía de la Universidad de Valencia; Elisa Oteros, Investigadora en la cátedra de Agroecología y sistemas alimentarios de la Universidad de Vic; y José Luis Vivero Pol, especialista en Seguridad alimentaria en el Programa Mundial de Alimentos.
Modera la charla Monica Di Donato, investigadora del Área Ecosocial de FUHEM.

Sobre estos actos te ofrecemos más información en nuestra web y en nuestros canales de redes sociales en Twitter y Facebook, donde hemos creado sendos eventos desde los que puedes confirmar tu asistencia (aunque no es necesario), e invitar a tus contactos.

¿Hay mucho gasto “político” en España? Un repaso por el gasto público

Autor: Juan Ruiz

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Entre las propuestas más radicales que tuvieron lugar durante la pasada campaña electoral encontramos la eliminación de las autonomías y volver a la recentralización del Estado. Una solución con la que, en palabras de quien la propone, nos ahorraríamos alrededor de 24.000 millones de euros de “gasto político” innecesario que se podría destinar a pensiones o a reforzar otros derechos de los ciudadanos.

Estos 24.000 millones son una cantidad nada desdeñable. Equivalen al rescate estratosférico de Bankia, o al coste del programa Artemis con el que la NASA se ha propuesto volver a pisar la luna en 2024. Por lo que si en España tiene lugar semejante despilfarro las estadísticas deberían arrojar algo de luz. Eurostat permite hacer una comparación con los países vecinos. Bajo la rúbrica “gasto en servicios públicos de interés general” se recoge lo que cada Estado en sus diferentes niveles (central, Lander, provincias, CCAA, municipios…) destina a:

  1. Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos.
  2. Servicios públicos generales. Gastos dedicados a planificar, coordinar e implementar las políticas de la Administración, que como los anteriores también contarían como gasto político.

El resto de las partidas no se corresponderían a lo que se puede describir como gasto político. Estas serían:

  1. Ayuda económica al exterior.
  2. Investigación básica.
  3. Investigación al desarrollo.
  4. Operaciones de deuda pública.
  5. Transferencias de carácter general entre distintos niveles de gobierno.

Los últimos datos disponible de 2017 muestran que, en el caso de España, la cuantía total de estas partidas es de 64.892 millones de euros. De los cuáles, el 48% corresponde a operaciones de deuda pública, principalmente pago de intereses. Añadiendo 3 partidas más alcanzamos el 99% del gasto. Estas son: 1) Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos (16.512 millones), 2) Servicios públicos generales (11.439 millones), y 3) investigación básica (5.074 millones). Como hemos dicho, son gasto burocrático-político las partidas: 1) Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos, y 2) Gastos en servicios públicos generales. La suma de ambas para todas las administraciones es de poco más de 16.000 millones de euros. Resulta obvio que no hay suficiente para recortar 24.000 millones de golpe. ¿Pero es mucho gasto respecto a los países europeos?

En el siguiente gráfico comparamos el gasto en servicios públicos de interés general sobre el PIB de cada país una vez descontando el pago de intereses de la deuda. España es el séptimo país por la cola justo por delante de Polonia y Rumanía 0,9 puntos por debajo de la media europea y 1,1 por debajo de la media de la eurozona.

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Jornadas #OtraEconomíaEstáEnMarcha 2019 (con becas para alumnado de fuera de Madrid) ¡Inscríbete y difunde!

Autor: ECONOMISTAS SIN FRONTERAS y Ricardo Molero Simarro

Economistas Sin Fronteras

El 16 de noviembre 2019, Economistas sin Fronteras junto a la UNED de Tudela,  organiza la sexta edición de las jornadas Otra Economía Está en Marcha, un espacio de encuentro, diálogo y debate entre personas que desde un enfoque crítico, apuestan por poner la economía al servicio de la sociedad y del planeta.

Este año la temática girará en torno a las formas alternativas de medir el desarrollo. Para ello contaremos con la presencia de José Manuel Naredo, economista y militante ecologista, que será quien abra las jornadas en la conferencia inaugural La taxonomía del Lucro.

Seguidamente tendrá lugar la presentación del Indice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS) 2019, una herramienta que mide, evalúa y compara el compromiso de los países con un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo y que tiene como objetivo el ofrecer una alternativa a la hegemónica y limitada visión de los indicadores que habitualmente se usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto (PIB).

Contaremos también con 3 interesantes talleres "Más allá del PIB. Propuestas y experiencias sobre formas alternativas de medir".

INSCRÍBETE AQUÍ,

y si eres ESTUDIANTE UNIVERSITARI@ inscríbete AQUÍ.

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¿Despido gratis? Los efectos de la mochila austríaca

Autor: Luis Cardenas

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En las recientes propuestas electorales han vuelto a la actualidad el fondo de capitalización para las indemnizaciones por despido, popularmente denominado “mochila austríaca”. Como es conocido, esta medida consiste en la introducción de un fondo (equivalente a uno de pensiones) donde la empresa aporta un porcentaje del sueldo del trabajador al cual se tiene acceso en caso de despido o jubilación.

Aunque este porcentaje podría añadirse al sueldo y a las cotizaciones del trabajador, en realidad no se ha plantado así en nuestro país. En la propuesta del PSOE recogida en la Reforma Laboral de 2010 (“Disposición Final Segunda. Fondo de Capitalización”) se establece de manera explícita que no se subirán las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, lo cual también parece evidenciarse en el acuerdo de gobierno al que llegaron el PSOE y Ciudadanos en 2016, así como en la propuesta legislativa más reciente de C’s. En definitiva, esto supone que los recursos del fondo saldrían del salario indirecto que reciben los trabajadores en forma de contribuciones a la Seguridad Social, a cargo de la empresa.

En teoría, el primer problema que pretende resolver esta medida es la falta de movilidad de los trabajadores con mayor antigüedad por miedo a perder su indemnización por despido. Si bien no existe una evidencia clara sobre este tema, dado que, aparte de la indemnización, la antigüedad en la empresa otorga otra serie de derechos (como complementos al sueldo derivados de la antigüedad), y la cada vez menor duración de los contratos, es difícil que exista un colectivo muy grande de gente que pudiendo cambiarse de trabajo no lo haga por miedo a perder la indemnización. Además, de ser el caso, pueden buscarse alternativas para ese colectivo específico, por ejemplo, reformando el FOGASA para ampliar las condiciones en las cuales se puede acceder a la indemnización por extinción voluntaria con causa justa sin tener que reducir los derechos del conjunto de trabajadores.

El otro problema que pretende resolver la “mochila austriaca” es la rotación e inestabilidad que sufre un colectivo cada vez más amplio de trabajadores (la mitad de los afiliados al Régimen General de la Seguridad Social tienen contratos atípicos). De acuerdo a los defensores de esta medida, la rotación se debe al excesivo coste de despido que tienen los contratos indefinidos a tiempo completo con cierta antigüedad (en ocasiones denominados insiders) frente al resto de trabajadores (nombrados como outsiders). Reducir el “exceso de protección” que supone esa barrera de salida es un objetivo central de sus proponentes.

De hecho, bonificar los despidos ya fue una estrategia del PSOE. Durante el período 2011-2013 se utilizó el FOGASA para pagar 8 de los 20 días de salario por año trabajado en las empresas de menos de 25 trabajadores en despidos objetivos y en despido colectivo (ERE), sin que esto repercutiera en una menor dualidad o inestabilidad.

Aunque los partidos que la proponen (PSOE y C’s) no han llegado a establecer cuál sería el porcentaje del salario que se destinaría al fondo, si tomamos como referencia el caso austríaco se trataría de una indemnización de 5,5 días por año trabajado (un 1.53% de 365 días), frente a las indemnizaciones por despido actualmente existentes de 12 días (temporales), 20 días (indefinidos procedente) y 33 días (indefinidos improcedente).

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La edad dorada de los estudios sobre desigualdad

Autor: Ricardo Molero Simarro

La Carta del GETEM

Introducción

La distribución de la renta es una cuestión habitualmente postergada en los debates económicos. Tradicionalmente, eficiencia y equidad han sido contrapuestas como objetivos excluyentes, dando una clara preponderancia a la primera. De hecho, se ha argumentado que lo importante para lograr el desarrollo era impulsar un proceso de crecimiento económico que, gracias a la mejora de la renta per cápita de los países, aseguraría la desaparición de la pobreza, variable considerada la realmente relevante. Sin embargo, las promesas fallidas del denominado “efecto goteo” (trickle down effect) han generado un creciente interés sobre la desigualdad.

La renovada preocupación por la desigualdad

La distribución de la renta ocupaba un papel preponderante en las obras de los economistas clásicos. Tan es así que, en la introducción a sus Principios de economía política y tributación, David Ricardo llegó a afirmar que “el problema principal de la economía política consiste en descubrir las leyes que determinan la distribución”. Sin embargo, el surgimiento de la economía marginalista, a finales del siglo XIX, hizo prácticamente desaparecer a la desigualdad de la renta del objeto de estudio de la economía. Este olvido duró casi un siglo. En 1955 Simon Kuznets enunció una relación en forma de U invertida entre el incremento de la renta per cápita de los países y el aumento y posterior reducción de esa desigualdad. No obstante, la problemática quedó encuadrada en la economía del desarrollo.

De hecho, todavía en 1997, Anthony Atkinson dedicó su discurso de aceptación de la presidencia de la Royal Economic Society a “traer a la distribución del ingreso de vuelta del frío”. Desde entonces las investigaciones sobre la cuestión se han multiplicado, contribuyendo a la propagación de nuevas fuentes estadísticas, que están siendo fundamentales para calibrar el alcance de la desigualdad de la renta tanto a nivel global, como en el interior de los países. Hasta tal punto, que se puede afirmar que estamos viviendo la edad dorada de los estudios sobre desigualdad.

La desigualdad global de la renta: Milanovic

Muchas están siendo las aportaciones al respecto, pero es probable que Branko Milanovic y Thomas Piketty sean los autores que más están contribuyendo a ello. Milanovic es miembro del Luxembourg Income Study, uno de los organismos que más sistemáticamente recopila indicadores de distribución de la renta y pobreza para la mayoría de países del mundo. No obstante, comenzó a destacar siendo economista jefe del departamento de investigación del Banco Mundial, cuando entró en el debate acerca de los efectos que la globalización estaba teniendo sobre la desigualdad internacional. Milanovic sistematizó ese debate enunciando tres maneras de medirla: uno, el cálculo de la diferencia entre las rentas per cápita de los países (medidas en paridad de poder adquisitivo); dos, el de la diferencia de esas rentas per cápita ponderadas por la población de cada país; y, tres, el del índice de Gini para el conjunto de la población mundial.

La mayoría de autores pro-globalización utilizaban el segundo de los conceptos, que, dado el rápido crecimiento de, entre otros, China e India, muestra una intensa reducción de la desigualdad desde los años 1990. En cambio, a partir del cálculo del índice de Gini global, Milanovic ha llegado a una conclusión mucho menos benigna: la existencia de claros ganadores y perdedores del proceso de globalización: los primeros, las clases trabajadoras urbanas de las economías emergentes (especialmente de las mencionadas China e India) y las élites globales (occidentales, aunque no sólo); y, los segundos, las familias pobres de los países más pobres (principalmente africanos) y las clases trabajadoras de menores ingresos de las economías avanzadas (además de las de las antiguas economías de planificación centralizada y varias de las latinoamericanas). La evidencia al respecto ha quedado resumida en su ya famosa gráfica del “elefante”.

Gráfica del Elefante

Fuente: Lakner y Milanovic (2013) (aquí una versión actualizada de la gráfica).

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Reducir la jornada laboral: Repartir los trabajos para vivir mejor

Autor: Bibiana Medialdea Garcia

Agenda Pública

Una de las mejores cosas que ha traído a España el ciclo político nacido en las plazas hace ya casi nueve años es que reivindicaciones clave pero hasta entonces muy marginales saltaron, aún modestamente, a la agenda pública. Se rompieron tabúes importantes para el avance de programas de mejora social; entre ellos, el de la reducción de la jornada laboral.

Es un avance sustantivo que dentro de la izquierda haya consenso en incluir la reducción de jornada entre las reivindicaciones y programas. Entre otras cosas, es una medida fundamental e insustituible para afrontar uno de nuestros mayores retos: reorganizar el sistema de cuidados. La forma en la que actualmente distribuimos la ingente cantidad de cuidados que precisamos está en la base de gran parte de nuestros problemas individuales y colectivos. El concepto de régimen de bienestar nos sirve precisamente para analizar cómo cada sociedad reparte estos trabajos entre el Estado (servicios públicos, fundamentalmente), el mercado (para quien pueda pagarlo) y las familias.

Los manuales dicen familias, pero la economía feminista desvela el cinismo del eufemismo: en realidad, son muy mayoritariamente las mujeres quienes, de forma invisible, no remunerada y sin derechos asociados se responsabilizan de estos trabajos en los hogares. Esto sigue siendo así también en países como España: según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres dedican a tareas domésticas y familiares más del doble del tiempo que los hombres.

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Economía capitalista: conflicto y poder sindical

Autor: Lluís Rodríguez Algans y Jon Las Heras Cuenca

El Salto (Economía para Todas)

No hay que fiarse de los discursos económicos dominantes

Si al estudiantado de economía se le pide que defina conceptos como explotación, capitalismo, sistemas económicos, crisis económica, poder económico o clases sociales nos encontraremos con un gesto de total confusión, si no de indiferencia: “pero si a mí solo me enseñan a hacer derivadas ¿de qué me hablas?” Con toda probabilidad las estudiantes desconocerán corrientes de análisis económico y corrientes de la economía política alternativa o radical: las perspectivas kaleckiana y postkeynesiana, regulacionista, institucionalista, ecologista y feminista, las múltiples formas de entender el marxismo o las concepciones de economía socialista y autogestionaria, impulsadas por economistas de ámbito nacional e internacional [1].

Esto es, sin duda, una muy mala noticia. Sin embargo, y pese a la tenaz voluntad de quienes detentan el poder académico y político por marginar, esconder y silenciar dichas corrientes, la realidad es que la economía capitalista real y, desde luego, las relaciones laborales existentes se entienden principalmente con los conceptos antedichos. Estos conceptos también han dado lugar a cursos de introducción a la economía política como base de planes de estudios e investigación alternativos pero, y a pesar de la necesidad de ampliar las miras, el sistema económico dominante y sus aparatos políticos e ideológicos se reproducen a través de lo que algunos autores denominan como la “dimensión vertical” o el “poder de clase”.

El poder de clase en el capitalismo puede entenderse como la autoridad y poder que ejercen desde las empresas, propietarios, directivos o perfiles de supervisores y responsables sobre trabajadoras con, por ejemplo, la amenaza de sanción o despido; la forma en la que intelectuales y tecnócratas de diversa índole argumentan para deliberadamente desposeer a personas “no expertas” de cualquier conciencia crítica, evitar preguntas indeseadas, siquiera realizar propuestas alternativas; así como el poder institucional de la patronal, gobiernos y, eventualmente, algunas organizaciones obreras conservadoras sobre el resto de segmentos de la clase trabajadora, en contraposición con aquella más combativa y organizada en sindicatos de contrapoder, a la hora de establecer el “modelo de país”. Todos estos aspectos condicionan y determinan las decisiones sobre la organización del trabajo y la producción, el intercambio o comercio, la inversión, la explotación, el excedente y los procedimientos a seguir para distribuir ese valor económico producido entre salarios y beneficios. En definitiva, no hay que fiarse de los discursos económicos dominantes, porque la ideología y política liberales determinan la forma en la que nuestra sociedad capitalista se reproduce materialmente y ésta condiciona, a su vez, nuestra forma de pensar e interactuar con el prójimo.

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Ecuador: La Comuna de Quito y la insurrección popular. Entrevista a Carlos Pazmiño

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

Todos, Chile, Perú, Colombia, todos los presidentes de estos países han expresado públicamente su solidaridad con Moreno, pero son regímenes que se encuentran interconectados políticamente. Respecto a Pedro Sánchez no sé que decirte, me parece que es un exabrupto y es un error terrible expresar el apoyo a un presidente como Lenin Moreno.

Entrevistamos a Carlos Pazmiño, editor de la revista on line Crisis (www.revistacrisis.com), un espacio de contrainformación ecuatoriano vinculado con los movimientos de base y las luchas populares, en el que he tenido el honor de escribir algunos artículos, sobre el paro nacional que se está desarrollando en el país y que ha acaparado la atención global en los últimos días.

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Invertir en futuro

Autor: Nacho Álvarez Peralta, Jorge Uxo y Alberto Montero Soler

El País

En las próximas elecciones se dilucida una cuestión fundamental: ¿el nuevo Gobierno que elijamos va a gestionar la desaceleración económica —que ya está aquí— de la misma manera que la última crisis, o esta vez haremos las cosas de otra forma, pensando en la mayoría social?

Los signos de enfriamiento de la economía son evidentes, y preocupantes: en 2018 crecimos al 2,4%, y Funcas prevé que lo hagamos al 1,9% en 2019 y al 1,5% en 2021. Esto va a significar menor creación de empleo, cuando la tasa de paro todavía sigue duplicando la media europea. Y además esta desaceleración llega cuando aún hay millones de españoles que no se han recuperado del vendaval de la última crisis, y que sufren graves problemas de inestabilidad laboral amplificados por la reforma del mercado de trabajo.

Que las causas de la desaceleración sean principalmente externas no significa que no debamos reaccionar cuanto antes para contrarrestar sus efectos. Pedro Sánchez resta importancia a la situación y Casado la exagera para alarmar. Ni una cosa ni la otra: lo que debemos hacer es aprender de la última crisis y gestionar esta de forma distinta a como lo hicieron el PSOE y el PP. Esto supone impulsar una estrategia que priorice tres objetivos: actuar con rapidez para amortiguar la ralentización, con planes de inversión pública; construir un escudo social para los más vulnerables, y utilizar esta oportunidad para abordar retos estructurales que siguen pendientes o que nos acechan (cambio climático, digitalización, necesidad de elevar la productividad, igualdad de género, desequilibrios interterritoriales…).

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Turbulencias económicas en el horizonte y nadie a los mandos

Autor: Alberto Montero Soler

El Confidencial

Las señales de que la economía española comienza a mostrar signos de cansancio y de que un cambio de ciclo se avecina han empezado a incrementarse en los últimos meses, y si bien es cierto que su comportamiento diferencial con respecto a la media europea sigue arrojando un saldo positivo a nuestro favor, no lo es menos que hay motivos para empezar a preocuparse.

En efecto, la reciente corrección en cuatro décimas de las previsiones de crecimiento para 2019 realizada por el Banco de España, dejando la tasa de crecimiento del PIB en el 2%, apunta a una ralentización de la fase expansiva de la economía española alejada aún de los escenarios recesivos que empiezan a aparecer en Europa, en donde destaca por su importancia relativa y su efecto depresivo general el de Alemania.

Y es que los riesgos que se veían en el horizonte han comenzado ya a concretarse y a tener su impacto sobre la economía española.

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El camino del laborismo a la reducción de jornada

Autor: Luis Cardenas

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En artículos anteriores defendimos la reducción de jornada como una vía hacia la igualdad. Aunque esta propuesta había perdido protagonismo en el debate público, cada vez hay más iniciativas en este sentido. La última ha sido la del Partido Laborista del Reino Unido que, en palabras de su candidato a ministro de Economía y Hacienda (John McDonnell), se compromete a conseguir una jornada laboral semanal a tiempo completo de 32 horas en el plazo de una década y sin reducción salarial.

La estrategia laborista para conseguirlo se basa en tres puntos. En primer lugar, eliminar la posibilidad de descuelgue de la directiva europea sobre el tiempo de trabajo, la cual incluye elementos básicos como el límite de 48 horas de trabajo semanal (incluyendo horas extraordinarias), un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas cada 24 horas y de 24 horas de descanso semanal, el derecho a pausa en las jornadas superiores a las 6 horas o al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. A ello se suma la promesa de añadir cuatro días festivos más al calendario laboral.

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La naturaleza de la libertad (I): becas universitarias como mecanismo de exclusión

Autor: Damian Herrera

El Salto (Economía para Todas)

“El ser humano es libre por naturaleza”. Bien podríamos decir que esta proposición reúne las esencias teóricas de la filosofía política liberal clásica (y neo). Sus partidarios, identifican el concepto de libertad, por un lado, con el libre albedrío, como si ésta fuese una consecuencia natural e inherente a la existencia misma, aunque con matices. Otro de los referentes tradicionales del pensamiento liberal es la divina providencia, si bien, proyectada sobre la biología (pobre biología), distribuidora última de las cualidades que distinguen a unos individuos de otros, príncipes y campesinos, listos y tontos, capitalistas y obreros, señores y esclavos, etc. Junto a estas dos premisas históricas, hay una tercera, a saber, la libertad es reductible al mero movimiento físico de las cosas y de los seres.

A partir de estos planteamientos, los partidarios de políticas liberales, neoliberales, o, como tradicionalmente son agrupadas, de derechas, se avienen a entender algo así como que la jerarquía de posiciones estructurales que ocupan los individuos en la sociedad, responde, fundamentalmente, a las características naturales de los individuos antes que a la distribución de oportunidades de las que disponen éstos y sus familias en la estructura social. Este principio esencialista, el cual, constituye la columna vertebral del cuerpo ideológico subyacente a la acción política de los partidos liberales europeos, tiene un hondo calado en la sociedad, y muchos representantes políticos, autodenominados de “izquierda”, han asumido parte de este discurso. Por ejemplo, uno de los argumentos que escuchamos para defender las políticas de becas al estudio por parte de algunas de estas figuras públicas, se basa en el denominado Talento tácito, concepto utilizado para referirse a las supuestas capacidades intelectuales especiales con las que se quiere distinguir a algunos individuos respecto de la media. Básicamente, la tesis es la siguiente: las becas al estudio permiten captar a aquellos individuos con dicho talento que por razones económicas podrían ser rechazados por el sistema educativo.

Ciertamente, en este supuesto, hay un fundamento utilitarista de la educación que, sin duda, ha resultado efectivo, al menos durante los últimos 50 años, para reducir la oposición de los liberales más radicales, partidarios de la educación elitista y la supresión de las becas públicas.

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Los hogares, ¡ay!

Autor: Carmen Castro Garcia

eldiario.es

Aprender de los errores debería ser uno de los aprendizajes más efectivos, algo así como un tattoo de por vida, sin embargo, hay quien ni con esas.

Son muchas las voces que alertan de la necesidad de repensar las políticas económicas más allá del Producto Interior Bruto y dejar de usar el PIB como indicador de la riqueza y bienestar de una sociedad; además de estar obsesivamente vinculado al objetivo del crecimiento económico monetizado lleva implícito importantes sesgos de género, sociales y ecológicos en su elaboración y ello pone en cuestión su interpretación descriptiva. Sin embargo, nada de ello parece haber ser tomado en consideración por quienes están en posición de (des)gobierno, porque ahí siguen, erre que erre, a vueltas con el indicador de marras.

En 2014, el cambio de metodología del Sistema Europeo de Contabilidad permitió a los estados miembros arañar algunos puntos del PIB con la inclusión de la monetarización de actividades y servicios procedentes de la economía ilegal, como el contrabando, la producción y tráfico de drogas y la prostitución; también se cambió la forma de considerar los gastos militares y los de I+D+i que desde entonces se identifican como inversión en vez de consumo. Esta forma de cocinar los datos del PIB, junto a otros factores que incidieron en su evolución, contribuyeron a la declaración oficial del fin de la recesión y el inicio de la fase de recuperación que experimentaron mayormente el 10% de la población de acumula mayores niveles de renta y riqueza.

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Lecciones del pasado sobre la lucha contra el calentamiento global

Autor: Juan Ruiz

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

“Lo que estamos haciendo ahora al mundo…. con la adición de gases de efecto invernadero al aire a un ritmo sin precedentes… es nuevo en la vida de la Tierra. Es la humanidad y sus actividades las que están cambiando el medio ambiente de nuestro planeta de manera dañina y peligrosa.” “Todos sabemos que las actividades humanas están cambiando la atmósfera de manera inesperada y sin precedentes.” Ninguna de las citas pertenece al discurso de Greta Thunberg en la ONU. La primera data de 1989 y también fue pronunciada en un discurso en la Asamblea de Naciones Unidas, pero por Margaret Thatcher. La segunda es de Bush padre en 1990. Ambos líderes de la contrarrevolución conservadora fueron abiertamente conscientes de que el cambio climático podría llegar a ser uno de los grandes retos del planeta, y con ambas citas comienza el libro de Jeffrey Bennett A Global Warming Primer, donde explica de forma cercana cuestiones que hasta ahora han estado lejos de los programas académicos universitarios de las disciplinas enmarcadas en las Ciencias Sociales.

Podemos aceptar que las cuantificaciones que ofrecen los estudios sobre el cambio climático son imperfectas, pero no podemos ignorarlas. Más cuando todas apuntan en la misma dirección. Existe el consenso de que una economía compatible con un escenario de menos de 2°C necesita una reorientación rápida y masiva de las inversiones y que lo que hagamos en las dos próximas décadas determinará el grado de deterioro del planeta que heredarán las generaciones futuras. También existe consenso de que los desastres naturales afectarán a los que están en una situación geográfica más vulnerable y a quienes tienen menos recursos. En el caso de la Unión Europea la asimetría geográfica de los impactos hace que los Estados del sur sean los que se encuentren en una mayor situación de riesgo y por tanto quienes deberán experimentar un proceso más profundo de adaptación, pero el hecho de que los países más pobres sean los que están a mayor temperatura, más expuestos, menos preparados y con menos recursos hace que la situación sea todavía peor fuera de nuestras fronteras.

Según el Grupo Intergubernamental de expertos en cambio climático, habría que duplicar las inversiones anuales en energía renovable, multiplicar por cinco las inversiones en eficiencia energética y desinvertir anualmente unos 500.000 millones de dólares en fuentes de energía fósil durante próximos 20 años. Pero no se trata sólo de hacer inversiones. Antes hay que aceptar que el modo de vida occidental hace tiempo que no es compatible con un desarrollo sano del planeta. La estimación de los costes asociados al emprendimiento de acciones de adaptación es inferior a las pérdidas económicas esperadas por la reparación de los daños causados por el calentamiento global. La UE se arriesga a perder a final de siglo el equivalente al 1,9% de su Producto Interior Bruto. La zona  sur sufriría el mayor impacto, con pérdidas anuales de alrededor del 4% del PIB, si se llega al escenario de tres grados. Recientemente Alemania ha lanzado un programa de inversiones poco ambicioso y que dista de ser suficiente para resolver el problema de fondo. Mientras que los países periféricos, los más vulnerables dentro de la Unión, estaríamos condenados por la ortodoxia económica, que asume que no existe margen fiscal ni en un contexto de tipos de interés negativos.

El World Energy Outlook (WEO) de 2018 estima que es posible lograr un nivel similar de PIB en 2040 bajo 3 tipos escenarios distintos de crecimiento. En el gráfico se representan los 3 escenarios donde cada burbuja representa la cantidad de PIB con 3 niveles distintos de emisiones que son consecuencia de cambios en la demanda energética, resultado de un sistema más eficiente.

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¿Vamos a proponer algo ante una nueva recesión? (Cuaderno de augurios: 2)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

Los indicadores que apuntan a una recesión siguen en aumento, y los comentarios de instituciones que alegan que es sólo una desaceleración alarman más que tranquilizan. El Brexit unilateral es una de las posibilidades de que las cosas vayan mal (lo de Thomas Cook puede haber sido un pequeño aperitivo), o puede que un Trump cercado por el impeachment trate de desviar la atención con una nueva medida que añada más incertidumbres. La economía capitalista mundial se mantiene en equilibrio sobre unos cimientos tan frágiles e inestables que cualquier movimiento inesperado puede provocar un desastre. Había un tiempo en que los expertos calmaban a la gente afirmando que “los fundamentos son sólidos”, pero tras la crisis de 2008 casi nadie es capaz de explicar cuáles son esos datos fundamentales que dan confianza.

Situémonos en el peor escenario, que la recesión estalla con fuerza, que se aceleran la destrucción de empleo, las quiebras empresariales y la sensación de caos. La pregunta para mí crucial es qué propuestas se van a plantear desde los espacios alternativos, qué batallas habrá que tratar de ganar.

Una respuesta clásica es acusar al capitalismo de provocar la crisis y exigir que la pague él. Es obvio que el capitalismo en general, y el capitalismo especulativo actual en particular, son los principales responsables del problema, pero señalar al culpable no significa buscar soluciones. Pensar que la denuncia llevará fácilmente a una revolución social está fuera de lugar. Las sociedades capitalistas actuales han configurado una estructura social tan compleja, un modelo civilizatorio tan consolidado, que a corto plazo la idea de un cambio radical sólo la mantienen algunas minorías. Y, por otra parte, tras los sucesivos fracasos de las experiencias anticapitalistas anteriores es dudoso que mucha gente se lance de inmediato a una transformación que le suscita miedos e incertidumbres enormes. Si queremos cambios profundos estamos obligados a plantearnos dos cosas: qué movimientos vamos a construir de inmediato y cómo pensamos que tendría que ser la sociedad futura (lo que supone aprender de los fracasos del pasado y analizar el potencial de cambio de lo existente en la actualidad). Como el segundo objetivo es muy complejo y el tiempo apremia, me limito a efectuar algunos comentarios sobre las respuestas a corto plazo.

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Consecuencias económicas de la repetición electoral que no verás en los relatos

Autor: Segundo Gonzalez y Alberto Montero Soler

eldiario.es

Era febrero de 2019, aunque parezca que hace casi un siglo, y el Congreso se disponía a tramitar los presupuestos más sociales de las últimas décadas. Unos presupuestos que tras una relativamente larga negociación entre PSOE y Unidos Podemos pretendían dejar atrás la política económica de Montoro y sus años de austeridad.

Aquellas cuentas incluían medidas sociales como el incremento en un 60% de la financiación de atención a la dependencia o la prestación para desempleados para mayores de 52 años; medidas destinadas a luchar contra la burbuja del alquiler, como el impulso de la vivienda pública en alquiler social; medidas feministas que impulsaban la igualdad real entre hombres y mujeres, como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad; partidas para modernizar el modelo productivo, como el incremento de la inversión en I+D+i; o medidas de justicia fiscal como el establecimiento de tipo mínimo en el impuesto de sociedades para grandes empresas o la reducción del IVA de algunos productos de primera necesidad.

Esas medidas y otras muchas contenidas en aquellos presupuestos, aunque modestas en su alcance, iban en la senda de lo que este país necesita en materia económica: impulsar la demanda interna mediante una política fiscal -tímidamente- expansiva cuando los nubarrones de la desaceleración ya eran más que evidentes, incidiendo sobre la reducción de las desigualdades generadas por la anterior crisis y apostando por la paulatina transformación del modelo productivo. La financiación de esta expansión fiscal se producía en estos presupuestos de incrementos de ingresos aprovechando el margen fiscal que da la brecha de 8 puntos en recaudación sobre el PIB que nos separa de la media de nuestros socios europeos.

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La Teoría Monetaria Moderna no consiste en lo que los medios señalan

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

No falla: cada vez que la Teoría Monetaria Moderna (TMM) hace aparición en los medios, se inicia toda una cascada de intervenciones que tratan de caricaturizarla y ridiculizarla utilizando mensajes sacados de contexto. Es una falta de honestidad intelectual grave. Lo explico:

La TMM señala que los Estados que emiten su propia moneda no están constreñidos a la hora de financiar sus políticas económicas. Esto es absolutamente incuestionable e irrefutable. Es sólo una descripción (fijaos que no se está diciendo que sea bueno o malo que así sea).

Sin embargo, muchos deducen erróneamente de esa frase que la TMM propone que los Estados deben crear dinero sin ton ni son como si no hubiese consecuencias. Muchos lo hacen a maldad para desprestigiar la teoría; otros simplemente caen en el error por ignorancia; otros repiten.

La TMM es muy consciente de que crear dinero puede tener consecuencias. La aportación novedosa (que queda ocultada por los deshonestos ataques) es que hay margen para crear dinero sin que se generen desequilibrios económicos (como la inflación).

La enseñanza de la TMM es que un Estado debe aprovechar ese margen y crear el dinero NECESARIO para crear empleo y dinamizar la economía. El necesario; no más porque crearía inflación, y no menos porque crearía desempleo y pobreza (como ocurre en la actualidad).

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Entonces, ¿cuándo toca redistribuir?

Autor: Miren Etxezarreta

Público.es

Se está generalizando la idea de que estamos en puertas de una recesión económica. Todos los indicadores económicos y políticos globales y  los de Europa, en particular los de la UE, apuntan a una significativa desaceleración de la economía. Aunque parece que la economía española de momento, y a pesar de los avatares políticos, resiste bastante y mejor que otros países, es obvio que se va a ver afectada en su capacidad de generar riqueza.

Por lo tanto, las voces que recaban prudencia y moderación en los asuntos económicos se amplían. Especialmente respecto a las reivindicaciones de los trabajadores, muchos de los cuales todavía sufren las consecuencias de la crisis de 2008 y sus ajustes correspondientes. Al mismo tiempo  se acepta también de forma bastante mayoritaria que en la corta fase de recuperación (2015-2019), se ha restablecido la economía (es decir la capacidad de producir riqueza del país), han mejorado los beneficios empresariales, incluso  hasta la recaudación impositiva, pero la situación económica de la mayoría de los trabajadores no ha vuelto siquiera a la situación anterior a la crisis,  ni las clases medias, cuya suerte se ha deteriorado fuertemente han mejorado. La globalización, las externalizaciones, las subcontratas, la imprescindible competitividad mundial se han utilizado para explicar que no podía mejorar la situación social.  Testigo de ello es el nivel actual de los salarios, especialmente los de los nuevos empleos, la extensión y aceptación del empleo precario, y la fuerte inestabilidad de la recuperación del empleo.  Y ello sin mencionar siquiera como se ha deteriorado la situación no laboral a causa de los ajustes en el gasto público y otras políticas. Mucho menos todavía ha mejorado en proporción al aumento del  crecimiento, como debiera ser, porque ¿para qué se quiere crecer si no?

Es tan evidente esta situación que entre los estudiosos y los observadores que se ocupan de estos temas (incluso por políticos conservadores)  se observa una amplia y recurrente preocupación por el incremento de la desigualdad y la amplitud de la pobreza. No sólo en el Estado español, sino en todos los países ricos.

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¿Hacia una recesión inminente? La única certeza es nuestra gran vulnerabilidad

Autor: Bibiana Medialdea Garcia

eldiario.es

Nos ahorraríamos muchos disgustos si la disciplina económica asumiera su incapacidad para predecir el futuro. Suficientemente complicado resulta ya explicar la realidad económica según acontece, o incluso la pasada, como para determinar con precisión lo que va a suceder. Pero también sería recomendable que, especialmente los organismos oficiales, no se obstinaran en obviar lo evidente cuando no es de su gusto: son varios los indicios que delatan que la débil “recuperación” que inició la economía española en 2014 podría verse interrumpida más pronto que tarde.

Para empezar, tengamos en cuenta que el crecimiento de los últimos años, además de modesto, se debió en gran medida a la confluencia de factores que no dependen de la gestión económica interna. Bajada del precio del petróleo, tipos de interés reducidos o las condiciones que desalientan destinos turísticos que tradicionalmente compiten con España, formarían parte de esos “vientos de cola”. Pensemos ahora, por un lado, que dichos estímulos comienzan a agotarse o ven ya muy reducidas su capacidad estimulante; y por otro, que aparecen nuevos factores externos amenazantes. Las hostilidades entre Estados Unidos y China, o el Brexit, por citar los más importantes, permiten prever complicaciones futuras en el ámbito del comercio internacional. El hecho de que nuestros principales destinos de exportación (Alemania, Italia, Francia o Reino Unido) estén aproximándose al estancamiento económico o incluso a la recesión, es otro indicador en la misma preocupante dirección.

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Trabajar más por menos: nuestro capitalismo

Autor: Fernando Luengo

La Marea

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de horas extraordinarias semanales realizadas en el segundo trimestre de 2019 ascendieron a más de seis millones, de las cuales el 52% han sido pagadas y el 48% restante no han recibido ninguna retribución. Si se compara este dato con el del mismo trimestre de 2018, la cifra se ha reducido en un 12%; reducción que, sobre todo, corresponde a las pagadas, un 19%. Se llega a la misma conclusión cuando se comparan los dos trimestres de este año con los de 2018.

Una evolución sin duda positiva, posiblemente influida por la aprobación por parte del gobierno socialista de un decreto que obliga a las empresas a registrar la jornada laboral y a guardar ese registro durante cuatro años. En todo caso, con ciertas fluctuaciones, el volumen de horas extraordinarias se ha mantenido en niveles altos. Y eso que el dato real de las no pagadas es, con toda seguridad, mucho peor; ante la amenaza y la posibilidad cierta del despido, muchos trabajadores no tienen otra alternativa que someterse a este atraco.

Trabajar más horas por el mismo salario significa una reducción sustancial del mismo. En cuanto a las pagadas, habría que saber, y el INE no proporciona esa información, cuántas de esas horas se abonan al salario normal, sin el plus que corresponde a su carácter extraordinario.

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