Economía Crítica y Crítica de la Economía

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¿Cómo conseguir que las ganancias de productividad se conviertan en más empleo?

Autor: Fernando Luengo

eldiario.es

La coexistencia de aumentos en la productividad del trabajo y relativamente altos niveles de desempleo nos emplaza a un debate alrededor de la pregunta que encabeza el texto. Este debate, de alcance europeo, cobra especial relevancia y actualidad en la economía española, cuando vemos que, en los últimos años, los indicadores de productividad y empleo han evolucionado en direcciones opuestas; el sustancial aumento del primero ha ido de la mano de una masiva destrucción de puestos de trabajo.

Para el relato dominante, el de los poderosos, el nexo entre productividad y empleo está garantizado, siempre que las fuerzas del mercado actúen sin trabas ni interferencias; en esas condiciones, se da una secuencia virtuosa entre la productividad, los beneficios, la inversión y el empleo. Según esta secuencia, los aumentos de productividad tienen una incidencia positiva sobre los márgenes empresariales, que, al activar la inversión productiva, aumentan los niveles de ocupación de la economía.

Una primera e importante fisura en esta hoja de ruta es la evidente desaceleración, observada en las últimas décadas, en el ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo. Una evidencia empírica que obliga a preguntarse por los factores estructurales, más allá de la coyuntura de la crisis, que explican los magros resultados obtenidos en materia de productividad y las consecuencias que todo ello tiene en materia de crecimiento y bienestar. En las líneas que siguen, retomando la pregunta inicial, me centro en otro asunto, no menos importante: identificar algunos mecanismos que podrían establecer un nexo sólido entre productividad y empleo.

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Que España funcione

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Hay algo en España que no funciona, que debemos arreglar. Se ha roto el vínculo entre crecimiento económico y progreso social. Nuestro país crece en este momento por encima de la media europea, y sin embargo el 70% de los hogares, según el Informe FOESSA, no percibe efectos positivos de la recuperación de la actividad económica. Es más, a 13 millones de personas (el 28% de la población española) este crecimiento no les dice nada: siguen en riesgo de pobreza o exclusión social.

En esta brecha entre lo que el gobierno subraya (el PIB crece y se crea empleo) y lo que la mayoría experimenta (mi situación no mejora), hay dos cuestiones clave: la calidad del empleo y la evolución de los salarios. Ambas dimensiones se han visto profundamente erosionadas por las “políticas estructurales” aplicadas durante la crisis, con la excusa de favorecer la recuperación.

Sin embargo, la devaluación salarial (que ha aumentado la desigualdad y la pobreza) no es la causa del crecimiento actual, como sugiere el gobierno. El Informe Anual del Banco de España identifica los principales determinantes de este crecimiento: la política monetaria del BCE, los precios del petróleo, el tirón del turismo y una política fiscal tímidamente expansiva en 2015-2016 explican más de dos terceras partes. Las exportaciones también están contribuyendo al crecimiento, pero no más que en la anterior fase expansiva, ni como consecuencia de la reducción de los costes laborales (que se han trasladado de forma limitada a los precios).

La investigación académica apunta más bien en sentido contrario: los estudios que han analizado el “crecimiento impulsado por los salarios” prueban repetidamente que un aumento del peso de los salarios en el PIB no sólo no pondría en peligro el crecimiento y la creación de empleo, sino que los reforzaría. Un buen ejemplo es el trabajo de Onaran y Obst Wage-led growth in the EU15 member-states: the effects of income distribution on growth, investment, trade balance and inflation, publicado en el Cambridge Journal of Economics en 2016.

Los salarios son un coste para las empresas, pero también son el origen principal de su demanda, especialmente si las subidas salariales se concentran en los salarios bajos, con mayor propensión marginal al consumo. Los mencionados estudios evidencian que los efectos positivos de las subidas salariales superan en la mayoría de países —incluido España— a los posibles efectos negativos sobre la competitividad y las exportaciones, o sobre los beneficios empresariales y la inversión. De hecho, ésta crecería, porque una potente razón de las empresas para ampliar su capacidad productiva es una demanda estable. El problema de los salarios en España no es por tanto que su aumento ponga en peligro la creación de empleo, sino su bajo crecimiento.

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Necesitamos una revolución… fiscal

Autor: Miguel Urban

eldiario.es

Alexis Tocqueville en su famosa obra “El Antiguo Régimen y la Revolución” sostenía que realmente la revolución francesa se inició no en 1789 sino dos años antes cuando la aristocracia se negó a pagar impuestos en la llamada “revuelta de los privilegiados”. Esta situación forzó a Luis XVI a convocar los Estados Generales aliándose con el Tercer Estado para acabar con los privilegios de la aristocracia. El 19 de junio de 1790 se aprobó la supresión de los títulos de la nobleza hereditaria y que todas las exenciones fiscales pasaran a consideradas “delito nacional”.

Algo más de doscientos años después de la revolución francesa, las élites económicas mundiales se han conformado en una nueva aristocracia que se cree con el derecho de no pagar impuestos. Filtración tras filtración descubrimos nuevos nombres de multinacionales, multimillonarios, famosos o políticos que utilizan empresas offshore o pantalla para ocultar su verdadero patrimonio en paraísos o guaridas fiscales al margen de las obligaciones tributarias. La evasión y elusión fiscal de las grandes fortunas y empresas están en el corazón de las razones del vertiginoso aumento de la desigualdad, así como en el de la carestía recaudatoria de los estados. Solo para hacernos a la idea de la magnitud del problema, en la comisión de investigación de los Papeles de Panamá del Parlamento Europeo hemos calculado que la Unión Europea pierde un billón de euros anuales de recaudación tributaria producto de la evasión y la elusión, un montante económico casi equivalente al producto interior bruto de un país como España.

Estos años de aguda crisis, hemos visto como mientras desde las instituciones europeas se piden esfuerzos a los pueblos, se recortan derechos y se practica una política autoritaria para “salir” de la crisis; las grandes fortunas, gracias al entramado mundial de paraísos fiscales, han acelerado el proceso de concentración de poder y riqueza. Desde el inicio de la crisis la desigualdad no ha parado de crecer en el mundo, hasta tal punto que, como indica el informe de Oxfam Intermón, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta en la crisis social de desigualdad más aguda desde que tenemos datos estadísticos en este sentido.

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El agotamiento social de las mujeres

Autor: Lina Galvez

Blog de Alternativas Económicas en eldiario.es

La feminización de la pobreza es un hecho probado estadísticamente. Sin embargo, la brecha entre mujeres y hombres no suele ser tan abultada como podría pensarse dadas las brechas de género en empleo, renta, patrimonio, acceso al crédito o en la familia. Primero, esto tiene que ver con la forma en la que se mide la pobreza donde la familia es una unidad ausente de conflicto y discriminaciones internas. Y segundo, con la aproximación a la pobreza como una cuestión monetaria, cuando tiene un carácter multidimensional. Ambas cuestiones responden a la limitada aplicación del enfoque de género en la construcción estadística y el análisis social y económico.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que las estadísticas sobre pobreza miden los ingresos de los hogares en su conjunto y el total se divide entre unidades de consumo asumiendo que todos los miembros disfrutan de un reparto equitativo de los recursos. Sin embargo, es importante recordar que la familia es, en palabras de Amartya Sen, un lugar de conflicto cooperativo.

Si bien es cierto que miembros de una familia sin ingresos propios se benefician del acceso a los recursos familiares estableciéndose una dinámica cooperativa, no es menos cierto que tanto el acceso a esos recursos como el reparto de los trabajos y los tiempos se dan en condiciones de desigualdad, sobre todo con relación al género o la edad, generando conflicto, discriminación e incluso violencia.

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Adiós al sinsentido de la regla de gasto

Autor: Segundo Gonzalez y Ricardo Molero Simarro

Público.es

El anuncio de la injustificada intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda ha llamado la atención de mucha gente sobre el sinsentido de la denominada “regla de gasto”. Aunque parece compleja por las consecuencias absurdas que conlleva, la regla es en realidad fácil de entender: impide que los entes locales puedan incrementar su gasto por encima del crecimiento, pasado y previsto, del PIB, incluso aunque presenten superávit en sus cuentas y bajo nivel de deuda. Este es el caso de Madrid, que no sólo ha mantenido sus ingresos sistemáticamente por encima de los gastos, sino que ha reducido la deuda que le dejó el anterior consistorio del PP en hasta un 40% en apenas un par de años. La intervención dictada por Montoro es una intromisión sin fundamento económico, ni jurídico. No obstante, sí era esperable porque su único objetivo es evitar que los casos de gestión exitosa por parte de los ayuntamientos del cambio se conviertan en ejemplo de alternativa de país.

Uno de los principales objetivos de los últimos gobiernos ha sido convertir la austeridad fiscal, una política económica fallida, en una obligación legal. El primer paso dado en ese sentido fue la reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada por PSOE y PP en 2011, que dio prioridad al pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto público. En 2012, el Gobierno del PP aprovechó su mayoría absoluta para aprobar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en la que se concreta el mandato del 135. Todo ello ha dado lugar al establecimiento de un “techo de gasto” público cada vez más bajo para la Administración General del Estado; a una reducción forzada del déficit de las Comunidades Autónomas, que son las que tienen bajo su competencia los servicios públicos más importantes; y a una severa aplicación de la denominada “regla de gasto”, que impide que los ayuntamientos, cuyas competencias son también esenciales para el bienestar de la ciudadanía, puedan utilizar los superávit presupuestarios que han logrado en otra cosa que no sea la devolución de la deuda.

Esta priorización del pago de la deuda y, en general, de las políticas de austeridad se encuentra completamente injustificadas. Antes de la crisis, España era uno de los Estados de la Unión Europea (UE) que menor porcentaje de deuda pública tenía, un 35,6% sobre el PIB, muy por debajo del límite del 60%. El incremento de la misma que se produjo después fue consecuencia de la activación de los “estabilizadores automáticos”-la reducción automática de los ingresos públicos y aumento automático del gasto público debido a la caída de la actividad económica- así como de la carga del rescate bancario. Por otro lado, ni la reforma del artículo 135, ni la aprobación de la LOEPSF explican, como nos quiere hacer creer el Gobierno, el descenso de la prima de riesgo que ha tenido lugar durante los últimos años. Dicho descenso solo ha sido posible gracias al programa de compra de títulos de deuda pública implementado por el Banco Central Europeo. Al incrementar la demanda de estos títulos, ese programa ha reducido los tipos de intereses que soportan los estados europeos, incluido el nuestro.

A pesar de que la austeridad lo único que han conseguido es que nos convirtiésemos en uno de las economías que más tarde ha recuperado sus niveles de PIB, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro se ha obstinado en convertirse en el paladín de los recortes, poniendo en marcha una cruzada contra los ayuntamientos en la que ha utilizado la regla de gasto como principal arma. Para ello no ha dudado en amenazar con la aplicación de injustificables medidas  coercitivas y de control que la LOEPSF establece contra los ayuntamientos que la incumplan, con especial fijación en aquellos que no son de su color político.

Además, la regla de gasto es cuestionable debido a varias razones: Seguir leyendo…

Madrid, capital europea de la energía solar

Autor: Bruno Estrada Lopez

Radicales Libres

La ciudad de Madrid, vapuleada y esquilmada durante más de dos décadas de gobiernos del PP, ha empezado a disfrutar de una hermosa primavera desde 2015.

Para el Partido Popular las administraciones públicas, y particularmente el Ayuntamiento de Madrid, se habían convertido en un lugar de donde extraer enormes plusvalías para sus amiguetes a costa del deterioro de los servicios de los madrileños, de los derechos y salarios de los trabajadores que tenían que realizar esos servicios. Generaron un enorme endeudamiento, que lastraba la capacidad de afrontar las inversiones que realmente necesita nuestra ciudad.

El equipo de Manuela Carmena ha hecho mucho trabajo en la penumbra durante estos dos años cuyos resultados ahora estamos empezando a ver, y disfrutar, los madrileños.

Las restricciones presupuestarias que ha sufrido el Ayuntamiento de Madrid debido a las herencias de la nefasta gestión de Gallardón y Botella, y el cerco fiscal al que le ha sometido Montoro, no han permitido desarrollar más iniciativas, pero ahora es el momento de empezar a pensar qué ciudad queremos seguir construyendo a partir de 2019: Madrid, la capital europea de la energía solar.

Las ciudades son verdaderos sumideros de energía, representan el 75% de la demanda total. Sin embargo cada vez más ciudades están apostando por incentivar la producción de energía eléctrica a escala local, ya que es una estrategia que crea valor añadido local, que garantiza el suministro eléctrico e incrementa el ahorro al reducirse sustancialmente las pérdidas en la red de distribución. ¿Donde se puede producir energía en Madrid?

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4 minutos que acabarán con la regla de gasto

Autor: Alberto Garzon Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Un despiste de cuatro minutos en el Alcázar parlamentario del PP ha supuesto un logro sin precedentes del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en esta legislatura: la posibilidad de debatir y aprobar una modificación de la regla de gasto que asfixia a ayuntamientos impidiendo que utilicen su dinero en la mejora del bienestar de sus habitantes.

En el año de legislatura que llevamos, el Gobierno ha paralizado 70 iniciativas legislativas de la oposición. Para ello, ha vetado en la Cámara el debate con el argumento, no siempre cierto, de que estas medidas afectan a los Presupuestos Generales del Estado, prerrogativa ésta que la Constitución otorga en exclusiva al Gobierno. Se están obstaculizando leyes que hubieran permitido mejorar la vida de las personas y reconocer derechos sociales. Bajo esta excusa de evitar un aumento presupuestario se esconde una vara de medir tramposa que no hace otra cosa que utilizar la vieja táctica de llevarse el balón cuando van perdiendo el partido.

En efecto, no es muy democrático utilizar el veto para impedir que se debatan leyes en el Congreso de los diputados. Por eso es indispensable modificar los artículos 111 y 126 del Reglamento para establecer un protocolo claro que refleje los requisitos formales a los que debe someterse el Gobierno para justificar su disconformidad con la tramitación de una proposición de ley.  Y es que parece que cuando pierden la mayoría en las instituciones, desaparece también el interés en lo que pueda hacerse en su seno.  “Si no os gustan las leyes, cambiadlas”. Eso estamos intentando, y es entonces cuando aparece un nuevo obstáculo: el veto.  Pero esta vez el Gobierno llegó cuatro minutos tarde.

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Envejecimiento o desempleo. ¿Qué hace insostenible el sistema de pensiones?

Autor: Eladio Febrero y Jorge Uxo

La Paradoja de Kaldor

Uno de los argumentos más utilizados para sensibilizarnos sobre las necesidades de reforma de nuestro sistema de pensiones es el del envejecimiento de la población. El último informe de la OCDE sobre pensiones (resumido aquí por El País) insiste también en esto, y estima que en 2050 habrá en España 76 personas jubiladas por cada 100 personas en edad de trabajar (con edades comprendidas entre 20 y 64 años). Por si el lector se pregunta si esto es mucho o poco, en 2016 esa cifra era de 30,5. El informe de la OCDE concluye a partir de esta diferencia que “el envejecimiento presiona sobre la sostenibilidad financiera y la adecuación de los ingresos de los sistemas de pensiones”.

Ahora bien, ¿es esto suficiente para justificar los recortes de las pensiones –los que ya se han producido, y los que vendrán-?

Aunque ciertamente la cifra invita a una reflexión profunda sobre cómo asegurar el futuro del sistema público de pensiones (es decir: garantizar su financiación a la vez que se mantienen unas pensiones suficientes) también conviene ser prudente en el manejo de estos datos y no precipitarse con las conclusiones. De hecho, un simple ejercicio numérico a partir de datos del INE ayudará a ver la cuestión con otra perspectiva.

Para empezar, como señalan frecuentemente los demógrafos que trabajan estas previsiones (Fernández Cordón, aquí, es un excelente ejemplo), si lo que nos interesa es computar una tasa de dependencia económica, lo que deberíamos medir no es esta ratio entre personas mayores y personas en edad de trabajar, sino la relación entre todas las personas dependientes y aquellas personas que participan efectivamente en la producción. En el numerador, por tanto, debemos poner no sólo a los jubilados y jubiladas, sino también a menores de 16 años, y personas en edad de trabajar que permanecen inactivas o paradas, mientras que en el denominador deberíamos colocar a todas las personas con empleo.

Esto es importante por dos razones: primero, porque en las proyecciones demográficas no solo aumenta el número de personas mayores, sino que por las mismas razones disminuye el número de menores de 16 años; segundo, porque quien debe sostener a las personas dependientes es exclusivamente la población ocupada, y España tiene aquí un gran margen de mejora, puesto que su tasa de empleo puede aumentar sustancialmente. Si esto ocurre, aumenta el denominador y también se reduce el número de personas dependientes entre 16 y 64 años (aquellas que están en situación de desempleo o inactividad), y por tanto el numerador.

Veamos, en concreto, cuál fue la situación en 2016. Con los datos del INE (la EPA) en el promedio de ese año la población ocupada fue de 18.341,6 miles de personas. Para la población entre 16 y 64 años, la tasa de paro fue del 19.6%, la tasa de actividad del 75,4% y la tasa de empleo era del 59,5%. Es decir, solo 6 de cada 10 personas potencialmente activas estaba realmente ocupada. Esto contrasta con la situación de otras economías, como por ejemplo Dinamarca, en la que el 75% de la población en edad de trabajar está ocupada (la tasa de actividad es del 80% y el paro de solo el 6,3%). Otros países de la UE-15 con tasas de empleo similares son Alemania, Holanda, Austria, Gran Bretaña y Suecia.

Puesto que la población total de 2016 fue de 46.438,4 mil personas, la población dependiente sería “toda la que no está ocupada” (28.097 mil personas). Aquí incluiríamos las personas mayores de 64 años que no están ocupadas (8.542,6 mil), pero también a menores de 16 años (7.474,4 mil), población desempleada entre 16 y 64 años (4.481,2 mil) y el resto de inactivos e inactivas. Por tanto, la tasa total de dependencia económica en 2016 fue en España de 1,53 dependientes por cada persona ocupada.

¿Cuál será la situación previsible en 2050? La clave es que esto no dependerá solo de las previsiones demográficas, sino también de lo que ocurra hasta entonces con el empleo. Por ejemplo, aceptando que la población se comporta como ahora mismo prevé el INE (y esto también está sujeto a un grado elevado de incertidumbre(1)), podemos preguntarnos cuál sería esta tasa total de dependencia si España lograra tener la misma tasa de empleo que los países que hemos mencionado antes, es decir, un 75% en vez del 60% actual.

Lo llamativo de este ejercicio es que sería… ¡la misma que en 2016!

Según el INE, la población total en 2050 será en España de 44,3 millones de personas (2,7 millones menos que ahora). Si a la distribución por edades prevista le aplicamos la tasa de empleo del 75% en la franja de 16 a 64 años (y añadimos el mismo porcentaje de ocupados mayores de 64 años que en 2016), la cifra de ocupados sería de 17.529 miles (aproximadamente 800.000 personas menos que la cifra actual) y la de dependientes se situaría en 26.739,1 miles (1,4 millones menos). Esto se debe a que el aumento de dependientes mayores de 64 años se vería más que compensado por una disminución casi idéntica de los dependientes entre 16 y 64 años (habría más personas activas, y de ellas un porcentaje menor estaría desempleada) y por la disminución en 1,8 millones del número de menores de 16 años.

El siguiente gráfico ilustra la diferencia. Entre 2016 y 2050, la tasa de dependencia total no aumentaría si el aumento de la población en edad avanzada se compensase con una reducción de las personas en edad de trabajar que se mantienen inactivas o paradas. Sin embargo, si la tasa de empleo en 2050 fuese la misma que la registrada por la economía española, en media, entre 1995 y 2016 (57,4%, casi igual que la actual) la tasa de dependencia económica sí aumentaría sustancialmente, con el mismo escenario demográfico.

Sin título

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE.

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El prodigioso caso de la deuda de la Comunidad de Madrid

Autor: Eduardo Gutierrez Benito y Marisa Bordon Ojeda

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El sentido común y económico nos explica que las deudas crecen cuando se entra en recesión o crisis, esto es, cuando el nivel de gastos no se ajusta al decreciente nivel de ingresos, que siempre es más dependiente del nivel de ciclo de actividad económica. A sensu contrario, cuando la actividad económica crece a tasas positivas y altas, ese es el caso de la Comunidad de Madrid, las deudas se reducen, por un aumento de los ingresos fiscales resultado del aumento de actividad económica. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid está ocurriendo lo contrario. Con un crecimiento del PIB del por encima del 3% en los dos últimos años de gobierno del PP, los aumentos del volumen de deuda pública de la Comunidad no ha dejado de crecer, tal como muestran los datos publicados por el Banco de España.

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La democracia en el trabajo: cooperativismo y autogestión

Autor: Jose Luis Carretero Miramar y Traficantes de Sueños

Curso: “CON EL SUDOR DE TU FRENTE. La crisis del trabajo asalariado y la transición al postcapitalismo”

https://www.traficantes.net/nociones-comunes/con-el-sudor-de-tu-frente-0

SESION 3. La democracia en el trabajo: cooperativismo y autogestión

Introduce: José Luis Carretero (Instituto de Ciencias Económicas y Autogestión)

Si hay un lugar de nuestra sociedad caracterizado por la falta de democracia, la subordinación y el poder, ese es la empresa capitalista. Frente a ésta, la rica tradición cooperativista ha apostado por la organización democrática del trabajo. Por un lado, en España existen actualmente muy diversos modelos que, en conjunto, suman 43.000 cooperativas que emplean a dos millones de trabajadores, entre las que destacan proyectos como la Cooperativa Integral Catalana o la potencia (y contradicciones) del cooperativismo vasco. Por otro lado, existe una larga tradición de proyectos económicos cooperativos en un sentido más amplio: las empresas asamblearias, las fábricas recuperadas autogestionadas —como son conocidas en Argentina—, los terrenos ocupados para la producción agrícola —por ejemplo, del SAT andaluz—, las Zonas-A-Defender en Francia o las ecoaldeas como Lakabe (Navarra). Así, en esta sesión lanzamos algunas preguntas como: ¿es la cooperación democrática compatible con la actual hiperespecialización y división del trabajo? ¿Cómo puede resistir la democracia interna de las cooperativas a la constante presión de la competencia del mercado? ¿Qué experiencias significativas conocemos en las que se ha aplicado la autogestión de una manera más profunda? En definitiva, ¿qué viabilidad tienen estos proyectos como alternativa a la producción capitalista y la gestión empresarial dominante? Para todo ello, nos acompañará José Luis Carretero, del Instituto de Ciencias Económicas y Autogestión.

Para escuchar pincha aquí.

RADIOGRAFÍAS DE LA “RECUPERACIÓN” (II): Desigualdades crecientes. ¿Cómo fortalecer la cohesión social?

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

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El elevado nivel de desigualdad en la distribución de la renta que presenta nuestro país es uno de los problemas económicos más importantes de cuantos tenemos por delante.

Tras una “década perdida”, la economía española ha vuelto en 2017 a los niveles de PIB que tenía en 2007, pero con una auténtica recomposición económica que supone quebrar de hecho el “contrato social”: estamos en una economía más desigual, que no garantiza que el trabajo sea un pasaporte de ciudadanía ni de ingresos suficientes, y que deja atrás a una parte muy importante de la población. ¿Cómo podemos reducir drásticamente las desigualdades y poner en pie un nuevo contrato social?

El aumento de la desigualdad de la renta viene de lejos, pero se agrava durante la crisis

Debemos tener en cuenta que el aumento de la desigualdad no es un fenómeno que pueda circunscribirse a la crisis, ni que responda exclusivamente a lo sucedido durante esta última década. De hecho, a comienzos de la crisis, los principales organismos económicos internacionales ya alertaban de la tendencia al aumento de las desigualdades económicas y sociales (véanse los informes del FMI –World Economic Outlook, 2007–, o de la OCDE –Employment Outlook, 2007–).

Ahora bien, la crisis ha agudizado esta dinámica de “crecimiento desigual”, profundizando una distribución de la renta cada vez más inequitativa.

España es el país de la unión monetaria en donde más ha aumentado la desigualdad en la última década. Este espectacular incremento desde el inicio de la crisis se debe fundamentalmente a tres factores:

a) una fortísima destrucción de empleo durante el periodo 2008-2012, acentuada por la facilidad de despido de las personas con empleos temporales y el abuso de este tipo de contratos.

b) unos duros recortes en el gasto público, que no sólo agudizaron la crisis y la destrucción de empleo, sino que además limitaron la capacidad redistributiva de nuestro débil Estado de Bienestar.

c) la política de devaluación salarial implementada por el gobierno del Partido Popular, principalmente a través de la erosión de la negociación colectiva y el impulso de la unilateralidad de las empresas para fijar condiciones salariales y de trabajo.

La superposición de estos tres factores ha llevado a que durante esta última década se haya producido un aumento de la desigualdad de la renta en todas sus facetas: ha caído el peso de los salarios en la renta nacional, ha aumentado la diferencia entre los salarios más bajos y más altos, y ha aumentado la desigualdad en las rentas personales incluso teniendo en cuenta la actuación redistributiva del Estado mediante impuestos y transferencias.

El gráfico 1 ilustra la continuada caída que ha experimentado la participación de los salarios en la renta nacional (ajustada para incluir tanto el trabajo asalariado como el autónomo, siguiendo la metodología de AMECO). Desde 1995 estas rentas han reducido un 6% su peso en el Producto Interior Bruto. El elevado desempleo, la generalización del empleo precario y las políticas económicas impuestas por el gobierno del PP –particularmente la reforma laboral de 2012– han seguido profundizando esta tendencia en el marco de la crisis. Desde el comienzo de la crisis, la pérdida experimentada por las rentas del trabajo equivale a 2 puntos porcentuales del PIB. Si esto no hubiera ocurrido, el conjunto de trabajadores y trabajadoras habrían ingresado en 2017 unos 20.000 millones de euros más, lo que supone entre 800 y 1000 euros más por persona al año.

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Madrid, qué bien resistes

Autor: Bruno Estrada Lopez

El Siglo de Europa

“No te olvides que nosotros ganamos la guerra”, dijo Cristóbal Montoro a su interlocutor en una charla informal hace varios años, a la vez que se llevaba la mano a la chaqueta, a la altura de la cartera.

Al hilo de los recientes acontecimientos estas crueles palabras cobran hoy una nueva magnitud. Pareciera como si la derecha más carpetovetónica hubiera salido otra vez de las profundas cavernas a las que lo había llevado el devenir de la Historia y quisiera librar una nueva batalla de Madrid. Afortunadamente es sólo una batalla política, no es una cruenta batalla militar como la que hace ochenta años asedió y masacró nuestra ciudad.

Hoy la aviación y artillería alemana han sido sustituidas, afortunadamente, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ha permitido una intervención discrecional del Ministerio de Hacienda en nuestro ayuntamiento (discrecional porque el Ayuntamiento de Jaén, gobernado por el PP, está en una situación similar sin que haya sido intervenido). Montoro ha ignorado que Manuela Carmena ha reducido la deuda en más de 2.000 millones de euros, un 40% del total del endeudamiento al que había conducido la ruinosa gestión de los anteriores alcaldes del PP, y que se ha alcanzado un superávit presupuestario de más de 1.000 millones de euros.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria, hay que recordarlo, es el desarrollo legislativo de la reforma constitucional pactada en agosto de 2011 para modificar con nocturnidad y alevosía el artículo 135 de la Constitución (la ley fue finalmente aprobada en 2012 con los votos a favor del PP, CiU, UPyD y UPN). Esta ley elevó a rango normativo una parte importante de los componentes de la ideología neoliberal, el “déficit cero” de las administraciones públicas, cuyo principal objetivo es socavar el Estado del Bienestar. Keynes, arrojado al rincón de la Historia.

El concepto neoliberal del “déficit cero” niega al sector público lo que es un comportamiento habitual de las empresas privadas: la capacidad de financiar la compra de bienes de equipo, o gastos de I+D+i, (infraestructuras y equipamientos sociales en el caso del sector público) que requieren inversiones plurianuales y, por tanto, endeudamiento. El recurso al crédito es el pan de cada día en el mundo empresarial.

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La montaña de deudas privadas de las grandes empresas estará en el corazón de la próxima crisis financiera

Autor: Eric Toussaint

Público.es

Menos de diez años después de la quiebra de Lehman Brothers, ocurrida en septiembre de 2008, ya están reunidos los ingredientes de una nueva gran crisis.

Sin embargo, los gobiernos de las principales economías del planeta habían prometido restablecer una disciplina financiera que respetara el interés general y evitara nuevas crisis de efectos dolorosos para la población. A fin de defender este sistema capitalista que asqueaba a una mayoría de la opinión pública, multiplicaron la palabrería sobre medidas fuertes destinadas a reformar el sistema para darle un “rostro humano”, pero por supuesto sin que esto cambiara nada en absoluto en la práctica. En realidad, la política que los gobiernos y los dirigentes de los bancos centrales han llevado a cabo ha cuidado y favorecido a los intereses del gran capital, en particular los de las grandes sociedades financieras. Ninguna medida estricta ha obligado seriamente a los capitalistas a poner freno a la toma de riesgos, a reducir la especulación, a invertir en la producción.

Las crisis forman parte del metabolismo del sistema capitalista pero todas no son iguales. En el presente artículo, no se trata de recordar las causas generales de las crisis capitalistas. Se trata aquí de diagnosticar factores que conducen ciertamente a una nueva crisis de gran amplitud.

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El espejismo del aumento de la productividad en la economía española

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

La productividad laboral es un indicador que relaciona el Producto Interior Bruto (PIB) con el número de trabajadores (L). Pues bien, en lo que concierne a su crecimiento en los últimos años, la economía española se encuentra en la parte alta del ranking comunitario. Entre 2010 y 2016, ha aumentado un 6,9%, registro muy superior al obtenido en nuestro entorno comunitario, donde progresó un 4,7%%; en Alemania, por ejemplo, el crecimiento fue de tan sólo un 3,8%.

Antes de sacar pecho, como hace el gobierno del Partido Popular, es necesario preguntarse sobre los factores que explican tan “brillante” resultado. Al respecto, hay que tener en cuenta la trayectoria seguida por las dos variables utilizadas para medir la productividad (PIB y L) y por el número de horas trabajadas.

Llama la atención, en primer lugar, que, considerando el conjunto del periodo analizado (2010-2016), en nuestra economía el crecimiento acumulado del PIB (el numerador de la ecuación PIB/L) apenas supera el 2%, mientras que el de la UE y Alemania ha sido, respectivamente, del 7,4% y 10,2% ¿Cómo es posible que, con un registro tan decepcionante, nuestra productividad haya conocido tan sustancial mejoría?

La respuesta es muy sencilla. La economía española ha experimentado una masiva destrucción de puestos de trabajo (el denominador de la ecuación de productividad); también se ha reducido el número de horas trabajadas, como consecuencia simultánea de la caída en el empleo y de la generalización de la contratación a tiempo parcial.

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Pateras, migraciones, pobreza energética y viceversa

Autor: Ignacio Martil

Blog de Econonuestra en Público.es

Cada año, con la llegada del buen tiempo, las noticias de barcos hundidos en el Mediterráneo atestados de inmigrantes se suceden en una atroz escalada. Las razones que mueven a esas personas a arriesgar sus vidas son bien conocidas: pobreza extrema, hambrunas, guerras, etc. Poco se puede añadir a lo ya escrito en un sinfín de lugares, pero es posible enfocar el problema de manera complementaria. Es lo que me propongo hacer en este artículo, en el que analizo las migraciones desde los países pobres a los ricos bajo otro punto de vista: el relacionado con la escasez del consumo energético.

Puesto que en este artículo voy a hablar de energía, resulta imprescindible definir las unidades que voy a utilizar para contabilizarla. Aquí usaré únicamente dos, las que expresan la energía que contienen los alimentos (kcal) y las de las diversas fuentes de energía primaria no alimenticia, para las que emplearé el kilovatio por hora (kWh); ambas se relacionan mediante la equivalencia 1 kWh = 860 kcal.

El ser humano es un consumidor de energía de primer orden, esencialmente porque depende de ella para subsistir. Los alimentos contienen, en proporciones diversas, tres combustibles: hidratos de carbono, proteínas y grasas que al ingerirlos se oxidan en el organismo, liberando la energía necesaria para el mantenimiento de los procesos vitales. Una dieta normal requiere un aporte diario de estos nutrientes, además de vitaminas, minerales y agua, que estrictamente hablando no son combustibles. El consumo energético que una persona debe realizar cada día para sobrevivir consta de dos partes: el de subsistencia o basal (alrededor de una kcal por cada hora y kg. de peso) y el debido al esfuerzo físico y/o mental, más difícil de cuantificar, pero que puede cifrarse en 150 kcal/hora para una actividad mental y 600 kcal/hora para una actividad física intensa (un deportista, un minero,…)

Dependiendo del tipo e intensidad de la actividad realizada, las necesidades energéticas de los seres humanos oscilan por término medio entre las 2.000 y las 3.000 kcal/día. Expresadas esas cantidades de energía en unidades de kWh mediante la equivalencia indicada anteriormente, una persona debe consumir a diario entre 2.000/860 = 2,3 kWh y 3.000/860 = 3,5 kWh. Debe entenderse que esta equivalencia es meramente comparativa. Evidentemente nadie “come” kWh, pero es muy recomendable destacar esa equivalencia para la discusión que sigue en los próximos párrafos.

En la gráfica siguiente se muestran, en el eje vertical, el consumo diario de energía primaria no alimenticia per cápita para los 90 países más poblados de la tierra, lo que representa aproximadamente la mitad de los estados existentes y el 90% de la población total. Los datos se expresan en kWh. En el eje horizontal se muestra el PIB per cápita de los mismos países, expresado en dólares. Ambos conjuntos de datos son valores “promedio” y hay que tener mucho cuidado con los “promedios” pues mediante ellos se uniformizan casuísticas muy diversas. No obstante, no disponemos de otra herramienta mejor para analizar datos de la magnitud de los expuestos en la figura:

Consumo vs PIB 300

Fuentes: International Energy Statistics para el consumo energético (2011) y Fondo Monetario Internacional para el PIB (2013). Las escalas de ambos ejes son logarítmicas. La línea roja indica un consumo energético de 3.5 kWh al día.

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¿Puede el fondo de reserva pagar las pensiones futuras?

Autor: Eladio Febrero

La Paradoja de Kaldor

Cuando se aproxima el fin de año, aumenta el número de noticias que animan a los ciudadanos a realizar aportes a fondos de pensiones. Las estrategias para lograr tal fin son una especie de mezcla de palo y zanahoria.

Entre las primeras, que son las dominantes, está el miedo a no cobrar una pensión suficientemente digna cuando llegue el momento de la jubilación. Concretamente, las noticias relacionadas con el agotamiento del fondo de reserva son una muestra de ello. Un ejemplo: hemos leído en la prensa recientemente (aquí) que el fondo de reserva español se agota, y que si bien los ingresos actuales y esperados en el corto plazo son suficientes para pagar las pensiones corrientes, no lo son para pagar las pagas extraordinarias.

En este artículo, me propongo una reflexión sobre el funcionamiento del sistema de reserva y, concretamente, sobre si este mecanismo puede garantizar el pago de pensiones futuras. Y la respuesta me temo que es negativa.

Comencemos desechando dos ideas. Primero: como no estamos en una economía eminentemente agrícola, nuestro consumo futuro no se satisfará con bienes presentes, sino con bienes producidos en el futuro. Segundo, relacionado con lo anterior, aunque ahorremos en forma de dinero hoy, la producción futura se financiará con recursos creados para tal fin en el momento en que dicha producción tenga lugar.

Dicho esto, el fondo de reserva normalmente se genera como consecuencia de que el presupuesto de la seguridad social presenta superávit. Así, cuando las cotizaciones a la seguridad social sobrepasan los pagos en pensiones, ese excedente suele utilizarse para comprar deuda pública -normalmente nacional, pero a veces también de otros países-. Cuando, en un momento futuro, los ingresos de la seguridad social no son suficientes para cubrir los pagos de pensiones, el fondo vende sus activos acumulados para obtener liquidez con la que cubrir la diferencia entre ingresos y gastos. En esencia, el fondo de reserva se presenta como un ente autónomo -del resto de la administración pública- y similar a como funciona una economía doméstica: se ahorra hoy para poder consumir mañana. ¿Es esto correcto? NO. Vamos a explicar por qué.

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Repartir las horas de trabajo es la mejor forma de crear empleo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 54 de La Marea

A pesar de que existen muchos tópicos sobre lo vagas que son las personas que viven en el sur de Europa en comparación con las del norte, lo cierto es que cuando uno observa los datos comprueba cómo son los trabajadores de los países del sur los que más horas echan en el trabajo. Por ejemplo, en Grecia el número de horas que trabaja cada empleado de media fue en 2016 de 2.045 horas, mientras que en países como Alemania fue de 1.363. Así las cosas, podríamos decir que un trabajador alemán trabaja de media un 33% menos que uno griego, lo que vendría a traducirse en unas dos horas al día menos. No está nada mal.

España no se queda atrás: el número medio de horas trabajadas por trabajador fue en 2016 de 1.695 horas, situándose en un punto intermedio entre Grecia y Alemania, pero claramente por debajo de la mayor parte de los países del norte de Europa. Un simple ejercicio nos podría ofrecer interesantes reflexiones: si tomásemos todas las horas trabajadas –remuneradas- por los empleados de España y las repartiésemos entre todos ellos incluyendo a los parados de forma que cada uno de ellos trabajase de media lo mismo que un trabajador francés, entonces la tasa de paro española caería automáticamente al 4,7%. Sin incrementar en nada el número de horas, simplemente repartiendo solidariamente todas las que ya se realizan. Interesante, ¿verdad? Pero si hiciésemos lo mismo de manera que trabajásemos de media lo mismo que un trabajador alemán, ¡entonces no tendríamos suficientes parados para repartir las horas! Necesitaríamos traer parados de otros países para poder repartir todas las horas de trabajo remuneradas que se realizan en el país.

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En víspera de una crisis financiera, todo parece ir bien

Autor: Eric Toussaint

Público.es

A menudo, en víspera de una crisis financiera, todo parece ir bien. Algunas señales son por ejemplo completamente engañosas. El crecimiento económico parece alentador cuando en realidad está fundado en gran medida en una fiebre especulativa en ciertos sectores. Las quiebras son limitadas, los balances de las empresas parecen sólidos. Recordemos las notas triple A concedidas por las agencias de notación a la firma norteamericana Enron en 2000 antes de que la empresa quebrara, dando la señal de partida para la crisis de las punto-com de 2001-2002. Recordemos las notas triple A atribuidas a los productos estructurados ligados al mercado de las subprimes en 2006-2007. Recordemos las declaraciones tranquilizadoras de Alan Greenspan, director de la Reserva Federal de los Estados Unidos entre 1987 y 2006, en vísperas de la crisis de las subprimes. Afirmaba que los riesgos estaban tan bien diseminados en el sistema y tan bien cubiertos por los CDS (Credit Default Swap, especie de seguros contra los riesgos de impagos) que ninguna crisis estaba a la vista. El FMI, en su informe anual de 2007, pretendía que todo estaba tranquilo y que el crecimiento económico era sólido.

La situación en 2017 hace pensar en situaciones de precrisis en las que todo parece estar bajo control y durante las que los dirigentes políticos hacen declaraciones tranquilizadoras. La situación actual se parece de una cierta forma a lo que ocurrió en 1987. Se había conocido un alza fuerte de los mercados bursátiles y una subida importante de las obligaciones de empresas privadas (las obligaciones de empresas, corporate bonds en inglés, son títulos financieros emitidos por las empresas privadas para financiarse, son promesas futuras de reembolsos a cambio de fondos).

Hay sin duda una diferencia importante entre la situación actual y la de hace 30 años: algunos bancos centrales (el Banco de Japón, el BCE, el Banco de Inglaterra…) poseen una parte de las corporate bonds y es un elemento de estabilidad pues no corren el riesgo de vender catastróficamente en caso de comienzo de pánico en el mercado privado de obligaciones. La FED, por el contrario, no las ha comprado aún. El año pasado, viendo que el mercado de las corporate bonds corría el riesgo de implosionar en el futuro, su directora general anunció que la FED podría eventualmente ponerse a comprar pero no se ha tomado ninguna decisión hasta hoy. Ahora bien, es el mercado americano el más desarrollado y el que corre más riesgos.

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Los fondos buitre, contra el derecho a la vivienda

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

El Salto

El fondo norteamericano Blackstone compra 4.500 pisos en alquiler del Banco Sabadell. Valorados en 450 millones de euros, se trata de la mayor adquisición en bloque de viviendas de la banca realizada en los últimos años, nos explicaba el periódico económico Expansión en enero de 2016.

El fondo de inversión holandés DIF ha comprado el Hospital Puerta de Hierro y el británico Aberdeen el de Arganda y, parcialmente, los de Parla y el Henares (Coslada). Todos ellos son hospitales público-privados del modelo PFI. Ambos fondos quieren repetir el pelotazo del fondo de inversión CVC, que vendió el Grupo Quirón a la multinacional Fresenius por casi 6.000 millones de euros –este grupo tiene 4 hospitales privatizados de Madrid, el Infanta Elena-Valdemoro, Fundación Jiménez Díaz, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el de Villalba–. Así nos los cuenta la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid en uno de sus últimos comunicados.

La creciente penetración de los fondos de inversión internacionales en la economía española ha venido, en los últimos años, de la mano de la enorme crisis sufrida por España, que ha abaratado enormemente los activos. Y, por otro lado, del proceso de privatización y mercantilización de los bienes y servicios públicos, que ha sacado al mercado auténticas ‘gangas’. El emergente poder de los fondos en el accionariado de las empresas del Ibex 35 queda de manifiesto si nos centramos en las cifras de uno de los más poderosos: Black Rock.

Black Rock es la mayor gestora de fondos del mundo, con 5,1 billones de dólares en activos bajo gestión (4,7 billones de euros). Tiene presencia en todas las empresas del Ibex 35 donde controla un 3,7%, una participación que, a precios de mercado, supera los 18.000 millones de euros. El sector financiero es uno de los favoritos de BlackRock. La firma es propietaria de acciones de Popular, Sabadell, Bankia, Bankinter, CaixaBank y Santander. Pero por encima de todas ellas destaca BBVA.

La penetración de los fondos en nuestra economía no se acaba en el Ibex 35: gran parte de las ventas de vivienda y suelo de la Sareb se han realizado a fondos internacionales como Blackstone o Lone Star, que también se han hecho con grandes promociones inmobiliarias de la banca privada, así como con hospitales, empresas de renovables y emprendimientos en muchos otros sectores.

Destaca, por sus directos efectos sobre la ciudadanía afectada, la intervención de los llamados “fondos buitres”, dedicados a adquirir vivienda pública, deuda de las administraciones públicas o activos con problemas. Posteriormente los rentabiliza por la vía de su mercantilización extrema, expulsando a los habitantes originales de las viviendas o evitando entrar en las reestructuraciones de la deuda pública, para demandar posteriormente a los Estados en crisis.

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El problema es el capitalismo

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Las personas en edad de trabajar y que ofrecen su capacidad de trabajo en el mercado tienen derecho a un empleo. Creo que con esta afirmación, formulada en términos tan genéricos (deliberadamente imprecisos), están de acuerdo tanto economistas como no economistas. De hecho, todos los partidos y los gobiernos, con independencia de su alineamiento ideológico, proclaman la creación de puestos de trabajo ¡y hasta el pleno empleo! como uno de los objetivos medulares de sus programas.

Disponer de un empleo decente (afortunado término al que apela en sus trabajos la Organización Internacional del Trabajo) constituye la piedra de toque de las políticas gubernamentales y también el test desde el que evaluar el funcionamiento de las economías. Unas y otras se legitiman si contribuyen a mejorar el bienestar de los trabajadores. Quedan, por el contrario, deslegitimadas, si el empleo ofrecido es insuficiente para absorber la oferta de fuerza de trabajo, de modo que el desempleo se mantiene en cotas elevadas, y si no incorpora unos estándares de calidad socialmente aceptables y aceptados; en este caso, habrán fracasado las políticas y los partidos y gobiernos que las llevan a cabo, las teorías que las inspiran y, por supuesto, las economías donde se materializan. Sin paliativos ni subterfugios. Por mucho que el Producto Interior Bruto aumente, el déficit público se modere, o mejoren las posiciones competitivas en el mercado internacional. Porque no hay que confundir ni identificar medios y fines, y porque finalmente lo que cuenta, por encima de cualquier otra consideración, son las personas, en especial aquellos grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad.

Y esto es, justamente, lo que ha sucedido, antes y durante la crisis. Un capitalismo, un “proyecto europeo” y unas políticas que, a pesar del crecimiento económico, pronunciado en algunos años, han convivido con tasas de desempleo elevadas. ¿Esto quiere decir que el crecimiento económico no tiene un impacto positivo sobre el empleo? En absoluto. De hecho, hay una abundante evidencia empírica que apunta a la existencia de un nexo positivo entre ambas variables; más discutible es, sin embargo, la intensidad de esa relación, variable, dependiendo del grupo de países analizados, del periodo considerado y de las estrategias de crecimiento seguidas. En cualquier caso, resulta igualmente evidente la incapacidad de los mercados para equilibrar oferta y demanda de empleo, lo que ha supuesto que, incluso en contextos de expansión económica, las tasas de desempleo se han mantenido relativamente elevadas. El pleno empleo es una ensoñación y el desempleo un rasgo estructural del capitalismo.

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Los ricos, cada vez más ricos

Autor: Miguel Urban y Fernando Luengo

ctxt.es

A pesar de las continuas proclamas en defensa de la patria con las que se llenan la boca nuestros gobernantes y colonizan los medios de comunicación, las reiteradas filtraciones como los papeles de Panamá o los recientes papeles del Paraíso confirman lo que ya sabíamos: las élites sólo declaran a la hacienda pública una parte de sus ingresos y su riqueza. A través de los paraísos/guaridas fiscales, la ingeniería contable, los recovecos legales, los precios de transferencia sistemáticamente aplicados por las empresas transnacionales…han encontrado numerosas fisuras (grietas, más bien) para ocultar o disimular una proporción sustancial de sus fortunas. Un dato puede servir para conocer la dimensión de esta lacra: la comisión de investigación del Parlamento europeo sobre los papeles de Panamá, ha calculado que la UE pierde anualmente un billón de euros de recaudación tributaria por culpa de la evasión y elusión fiscal.

Por esa razón, son muy bienvenidos los trabajos centrados en ofrecer información sobre la privilegiada posición económica de las élites. Mucho se ha escrito y se ha hablado en estos años sobre la desigualdad, la pobreza, la precariedad y la exclusión social –ante la sangrante evidencia, imposible de ocultar, de su aumento–, pero poco sobre la acumulación de renta y riqueza por parte de una minoría de la población. No tanto por el evidente déficit de información al respecto –espacios opacos, donde se mueven cantidades ingentes de dinero y activos financieros–, como por el escaso interés, asimismo evidente, de quienes podrían disponer de esa información para poner negro sobre blanco los enormes e injustificados privilegios que los poderosos han disfrutado y han visto crecer durante la crisis. En unos años en los que buena parte de la ciudadanía tiene que hacer enormes esfuerzos para llegar a fin de mes, o simplemente no llega, cuando los salarios de muchos trabajadores han experimentado un desplome histórico y cuando el derecho (los derechos humanos, recogidos en las cartas constitucionales) a la vivienda, a un empleo decente o a la salud están siendo continuamente vulnerados.

Por esa razón, hay que felicitarse de que haya visto la luz un nuevo informe publicado por el Credit Suisse Research Institute, el Global Wealth Report, que lleva por título Where are we ten years after the crisis? (¿Dónde estamos diez años después de la crisis?. como siempre, el estudio se acompaña de una base de datos, Global Wealth Databook, referida a la desigualdad en la distribución de la riqueza.

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¿Por qué la creación de empleo no está reduciendo la desigualdad?

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Ricardo Molero Simarro

eldiario.es

Para defender su gestión, la ministra Báñez y los ministros Montoro y De Guindos recurren habitualmente al mantra de que “la mejor medida para reducir la desigualdad es la creación de empleo”. Afirman que la mayor parte del incremento de la desigualdad que se ha producido durante los últimos años se explica fundamentalmente por la destrucción de puestos de trabajo. Y en buena medida tienen razón: cabe esperar que en una economía en la que la tasa de paro ha llegado al 26%, gran parte de la desigualdad responda a la falta de empleo de millones de familias. Sin embargo, lo contrario ha dejado de ser cierto: a pesar de las declaraciones del Gobierno, la reciente creación de empleo no está permitiendo reducir la desigualdad.

La distribución de la renta presenta dos dimensiones: la distribución primaria o de mercado (también llamada pre-distribución), es decir, aquella que se da en el ámbito productivo como resultado del reparto del ingreso nacional entre rentas del trabajo, rentas del capital y ganancias del patrimonio; y la distribución secundaria, o de la renta disponible, que es la que persiste después de que el sector público lleve a cabo su labor redistributiva, utilizando para ello los impuestos y las transferencias sociales.

Las políticas de austeridad fiscal aplicadas (erróneamente) como respuesta a la crisis han reducido esta capacidad redistributiva del Estado, contribuyendo poderosamente al empeoramiento de la distribución de la renta, así como a la expansión de la pobreza y la exclusión social en nuestro país.

No obstante, el mayor incremento de la desigualdad se ha producido en el ámbito de la distribución primaria, en el mercado de trabajo. Desde el inicio de la crisis el índice de Gini medido antes de impuestos y transferencias ha aumentado más de siete puntos, por encima de los casi tres puntos que lo ha hecho el índice de Gini final. Cierto es que buena parte de este incremento de la desigualdad primaria se explica por la dramática destrucción de empleo provocada por la crisis y las políticas de austeridad. Sin embargo, la evolución reciente de la desigualdad apunta a algo más.

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¿Qué le sucede a la tasa de actividad en España?

Autor: Daniel Albarracin

Otra Mirada Social y Económica Es Posible

La tasa de actividad no es más que un indicador estadístico que nos pone en relación la parte de la población que está empleada o busca empleo activamente en relación a la población en edad laboral. La evolución de este indicador ha estado sujeta no sólo a vaivenes propios de las relaciones laborales o la demografía, sino también a su sistema de cálculo.

Anteriormente el denominador se calculaba como la población de entre 16 y 65 años, pero esto se amplió a toda la población mayor de 16 años, pues no hay restricciones legales a que un anciano trabaje. También el criterio de contabilidad de las personas activas se ha modificado, en tanto que la actividad está sujeta a criterios de búsqueda de empleo que sean reconocibles y registrables, y que se han movido en el tiempo (presencia en los servicios públicos de empleo, presentación formal de ofertas de trabajo, etcétera).

Un fenómeno habitual de periodos de alto paro ha sido el conocido como “desánimo”. Esto es, personas que dejaban de realizar una búsqueda por los cauces reconocibles o que sencillamente abandonaban temporalmente su búsqueda. Las razones pueden ser múltiples. Desde el acenso de las vías informales de empleo, la ausencia de prácticas de registro de la búsqueda de empleo, hasta el propio cálculo de la persona que opta por realizar otras tareas, como puede ser la formación o el cuidado de otras personas, en tanto que la oferta de empleo no brinda las condiciones suficientes que compensen. A este respecto, cabría añadir nuevos fenómenos, como podría ser la extensión de un tipo de empleo mal pagado, inestable o a tiempo parcial, que haga que una parte de la población valore más su actividad en tareas reproductivas sin remunerar que proseguir su trabajo en el ámbito del empleo remunerado.

En lo que sigue nos vamos a limitar al examen de las estadísticas que ofrece el INE en la Encuesta de Población Activa, para sacar conclusiones. Nos limitaremos al periodo 2007-2017, tomando datos del II Trimestre. En balance la población con más de 16 años creció en dicho periodo, aunque tuvo un pico en 2015 y luego el indicador empezó a descender. La evolución de este indicador puede estar sujeto a un doble fenómeno. Primero el aumento de la población con más de 16 años, que seguramente va engrosando la población más anciana, dada la tendencia al envejecimiento en este periodo y que proseguirá hasta que la generación nacida en los años 70, el baby-boom, desaparezcamos. Segundo, la contratendencia del fenómeno migratorio, en base al cual parte de la población joven, pero también inmigrantes, ha decidido buscar empleo en otro país, o ha retornado a su tierra de origen.

El fenómeno del desánimo, en una sociedad patriarcal, suele repercutir más en las mujeres. Pero debemos pararnos un poco para ver su alcance. En el caso de las mujeres, la tendencia en la población de mayor de 16 años no se ha interrumpido, como en el conjunto, sin embargo la población femenina activa ha seguido la tendencia general de retirarse, ligeramente, desde 2012, de la búsqueda activa de empleo. Esto creo que puede ser explicado mayormente por el efecto envejecimiento. El fenómeno migrante parece que les ha afectado menos a las mujeres, en general, con mayor arraigo en sus comunidades. El efecto desánimo podría explicar muy ligeramente este efecto, pero puede haber influido, sobre todo desde las reformas laborales, con una posible incidencia desde la aplicada en 2012 por el PP.

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Unos nuevos comunales para el campo

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

El Salto

Pese a los impactantes episodios represivos de estas últimas semanas no está mal dedicarle algún tiempo a la ensayística de fondo, la que te hace crecer intelectualmente, la que te genera preguntas y te obliga a investigaciones propias. En mis manos ha caído un libro de ese tipo. Corto, vibrante, pero con mucha miga. Se trata de La defensa de los comunales de César Roa Llamazares, publicado por Catarata.

El libro es un texto serio, riguroso, breve y directo. Combina la erudición y la bonhomía que acompañan a César allí donde va. Y, sobre todo, nos obliga a plantearnos elementos centrales de nuestra comprensión clásica del mundo rural desde una perspectiva fundamentada y no acríticamente idealizadora.

El hilo conductor del libro son las resistencias opuestas en el siglo XIX a la destrucción de los regímenes de propiedad rural comunal en todo el mundo. La emergencia de determinadas líneas políticas y sociales vinculadas con el llamado “populismo agrario”, representado por figuras como Henry George, Herzen o Joaquín Costa que enfrentaron, de manera dispersa pero decidida, el proceso de expolio de los comunales, una forma de gestión colectiva de determinados recursos rurales que se habían convertido, en el previo escenario del Antiguo Régimen, en elementos estratégicos para la supervivencia de las comunidades campesinas.

El proceso de los enclosures (el cercamiento de las tierras en manos de la producción familiar de subsistencia junto al expolio acelerado de los comunales) dio lugar al éxodo rural en dirección a las ciudades que garantizó en estas la mano de obra jurídicamente libre y hambrienta que permitió, junto al creciente excedente agrícola y comercial dispuesto a ser invertido, el nacimiento del modo de producción capitalista. Este proceso vino acompañado, en el Estado Español, de las llamadas desamortizaciones, que pusieron masivamente la tierra y los recursos de las comunidades aldeanas en manos de algunos elementos de la naciente clase burguesa, así como de las familias aristocráticas.

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Saquemos lecciones de los Papeles del Paraíso

Autor: Miguel Urban

eldiario.es

La pasada semana volvía a saltar a la luz una nueva filtración masiva de documentos relacionados con la evasión y la elusión fiscal a través de empresas offshore en paraísos o guaridas fiscales. Esta vez con el nombre de Paradise Papers o Papeles del Paraíso, que incluye 13,4 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios “offshore”: Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. Del primero provienen siete millones de documentos; del segundo, cerca de medio millón. Así como los registros mercantiles de diecinueve jurisdicciones opacas o guaridas fiscales, doce de ellas no reconocidas como paraísos fiscales por el gobierno español como ya paso con Panamá: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu (Oceanía); Malta (Europa), Líbano (Oriente Próximo) y Labuán, territorio federal de Malasia (Asia)

Mientras la filtración de los llamados como papeles de Panamá permitieron conocer en detalle el funcionamiento básico del mundo “offshore” de la mano del Bufete de abogados Mossack Fonseca. Los  Paradise Papers nos revelan una filtración equivalente a los Papeles de Panamá, esta vez en un espacio offshore ligado a la zona de influencia británica y en el que están comprometidas en un nivel superior a la anterior revelación grandes multinacionales, o fortunas tan poderosas como la de la Corona Británica, mostrándonos en este terreno la trama de lo que significa la evasión fiscal: El entramado de la planificación fiscal y el papel de los bufetes de abogados como facilitadores necesarios de la evasión; El complejo sistema de las guaridas o paraísos fiscales, jurisdicciones opacas imprescindibles para la evasión fiscal; y por último, no sólo destacados nombres de monarquías, millonarios, políticos, famosos o artistas como ya se reveló con los Papeles de Panamá sino también el de las multinacionales que utilizan a los bufetes y las guaridas fiscales para maximizar sus beneficios eludiendo sus obligaciones fiscales.

Appleby nos adentra en el complejo mundo de la planificación fiscal con el fin de reducir o eludir las obligaciones fiscales, especialmente por parte de las grandes fortunas y multinacionales. Dejando patente el papel de los despachos de abogados como facilitadores necesarios en la evasión fiscal. Demostrando la incapacidad de los mecanismos autorreguladores, siendo necesaria una fiscalización pública e independiente de los mismos, tal y como hemos insistido en el parlamento europeo ante la negativa de populares. La propia Appleby es un prestigioso bufete de abogados que presta servicios a clientes con fortunas a partir de los 30 millones de dólares y que aseguran cumplir con los mayores estándares de control ante casos delictivos. Por ello es fundamental una regulación de los promotores y facilitadores de productos fiscales y gestores de patrimonio, con mecanismos de transparencia, registro y sanciones disuasorias para que se abstengan de desarrollar programas de planificación fiscal agresiva, obligándoles a actuar en interés público sin ampararse en el secreto profesional.

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