Economía Crítica y Crítica de la Economía

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EKO TV: Euro

Autor: EKO TV y Ivan H. Ayala

Os dejamos el enlace del último programa ‘La reforma de la Unión Monetaria Europea’ con Antonia Calvo, Miguel Otero y Miguel Carrión. Presentado por Iván H. Ayala:

http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/674408/la-reforma-de-la-union-monetaria-europea

Unos nuevos comunales para el campo

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

El Salto

Pese a los impactantes episodios represivos de estas últimas semanas no está mal dedicarle algún tiempo a la ensayística de fondo, la que te hace crecer intelectualmente, la que te genera preguntas y te obliga a investigaciones propias. En mis manos ha caído un libro de ese tipo. Corto, vibrante, pero con mucha miga. Se trata de La defensa de los comunales de César Roa Llamazares, publicado por Catarata.

El libro es un texto serio, riguroso, breve y directo. Combina la erudición y la bonhomía que acompañan a César allí donde va. Y, sobre todo, nos obliga a plantearnos elementos centrales de nuestra comprensión clásica del mundo rural desde una perspectiva fundamentada y no acríticamente idealizadora.

El hilo conductor del libro son las resistencias opuestas en el siglo XIX a la destrucción de los regímenes de propiedad rural comunal en todo el mundo. La emergencia de determinadas líneas políticas y sociales vinculadas con el llamado “populismo agrario”, representado por figuras como Henry George, Herzen o Joaquín Costa que enfrentaron, de manera dispersa pero decidida, el proceso de expolio de los comunales, una forma de gestión colectiva de determinados recursos rurales que se habían convertido, en el previo escenario del Antiguo Régimen, en elementos estratégicos para la supervivencia de las comunidades campesinas.

El proceso de los enclosures (el cercamiento de las tierras en manos de la producción familiar de subsistencia junto al expolio acelerado de los comunales) dio lugar al éxodo rural en dirección a las ciudades que garantizó en estas la mano de obra jurídicamente libre y hambrienta que permitió, junto al creciente excedente agrícola y comercial dispuesto a ser invertido, el nacimiento del modo de producción capitalista. Este proceso vino acompañado, en el Estado Español, de las llamadas desamortizaciones, que pusieron masivamente la tierra y los recursos de las comunidades aldeanas en manos de algunos elementos de la naciente clase burguesa, así como de las familias aristocráticas.

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En busca del arca perdida: la productividad en la era digital

Autor: Luis Cardenas

ctxt.es

En la actualidad existe un gran debate sobre los efectos del proceso de digitalización de la economía, el cual consiste en fomentar la “interconectividad” de las actividades de producción y distribución como resultado del abaratamiento de las tecnologías que obtienen y procesan información. Esto permite tanto automatizar en mayor medida la producción de bienes físicos como poder procesar grandes volúmenes de datos. La principal novedad consiste en la extensión de estas tecnologías a sectores que tradicionalmente habían sido intensivos en mano de obra.

Esta nueva oleada tecnológica promete incrementar la productividad en su sector de origen (la producción de Tecnologías de la Información y la Comunicación o TICs), pero, al generalizarse, puede mejorar también la productividad del resto de sectores (mediante efectos escala, aglomeración, desbordamiento, aparición de nuevos productos y mercados, etc.).

A pesar de estos posibles efectos, no deja de ser llamativo que una parte de la literatura económica actual se muestre preocupada por el “estancamiento secular”, y las moderadas tasas de crecimiento observadas en la productividad del trabajo en la mayoría de economías occidentales durante los últimos 30 años. Mientras que, a la vez, otra rama sostiene que el proceso de cambio tecnológico va a provocar mejoras muy sustanciales de la productividad, hasta el punto de reducir sensiblemente la necesidad de trabajo en las economías avanzadas.

Es cierto que la evidencia disponible es aún escasa, pero atendiendo a la adaptación de las técnicas productivas en el pasado podemos afirmar que el cambio tecnológico incluye tanto factores que acelerarán la productividad como otros que la frenarán. Centrándonos en estos últimos, podemos distinguir los siguientes:

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Biosindicalismo alimentario

Autor: Angel Calle Collado

Blog Última Llamada en eldiario.es

¿Cómo tendríamos que organizarnos para alimentarnos de otra forma? El reciente Congreso Internacional de Agroecología celebrado en Córdoba, en el que se encontraron cerca de 500 personas de 12 países distintos, nos propuso (re)politizar nuestros sistemas agroalimentarios. Asumir la alimentación como un hecho social del que depende la reproducción de nuestras vidas, nuestra cultura, nuestros territorios. No es, por tanto, reducible a un nuevo nicho de consumo, a una producción crecientemente industrializada o a una búsqueda reducida a facilitar (cada vez para menos gente y en condiciones menos saludables) una ingestión diaria de dos mil y pico calorías.

La falta de (re)politización alimentaria impone varios cercamientos a los habitantes del Sur global y crea una situación de crisis al conjunto de la humanidad. Son cercamientos físicos los monopolios de campos para alimentar la dieta hipercárnica de una minoría. Son cercamientos políticos la intensificación productiva con apoyos públicos; o la “ayuda” alimentaria que propicia un control social de quienes son situados más abajo en nuestras sociedades duales. También sabemos de cercamientos económicos: tendrás que beber de paquetes tecnológicos cada vez más costosos, ajenos e “inteligentes” y venderás a la gran distribución como única salida. No faltan los cercamientos transversales: fundamentalmente mujeres y mayoritariamente las campesinas y campesinos lejanos a las grandes urbes habrán de sostener las cadenas que van de la siembra a la mesa para que los cuerpos y sus lazos sigan sosteniéndose. Y quienes habitamos algún Norte, algún espacio social con ciertas condiciones para la elección y el acceso regular a comida, también recibiremos nuestra parte de la plaga: nutrición no adecuada, participación en un consumo que no para de retroalimentar el cambio climático; desinformación mediática y publicitaria que nos impide destejer el negocio de la comida, alejándonos del derecho a una alimentación saludable, a un medio rural que nos sostenga, y a tecnologías no basadas en los intereses exclusivos de élites y pseudociencia.

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Políticas que valen para un roto y un descosido

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Las políticas de rigor presupuestario tienen un largo recorrido en Europa y en el conjunto del mundo capitalista.

Desde que el neoliberalismo, en la década de los ochenta, tomó carta de naturaleza y se convirtió en el nudo gordiano del pensamiento económico dominante, la lógica de la estabilidad presupuestaria –reducir los umbrales de déficit y deuda públicos- han impregnado las políticas llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y las impulsadas por los partidos socialistas cuando llegaban al poder; con escasas diferencias unas y otras, a pesar de situarse en coordinadas ideológicas contrapuestas.

También ahora, cuando las economías europeas y muy especialmente las periféricas se han visto atrapadas en una crisis económica de proporciones históricas, se apela al ajuste de las cuentas públicas para superarla. Como si ese diseño de política económica tuviera validez universal, cualquiera que sea la coyuntura o la dimensión de los problemas estructurales que las economías deben enfrentar. No es el caso, sin embargo.

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(Zgz) NNCC “Relaxing cup”: Abajo el trabajo. Reflexiones sobre el futuro del trabajo y el salario

Autor: Nacho Cazcarro

Nociones Comunes (NNCC) nos invita a reflexionar sobre el mundo del empleo para imaginar el postcapitalismo, en su espacio Relaxing Cup el viernes 15 de junio a las 19h en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel de Zaragoza.

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Alternativas para un sindicalismo de combate

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

La situación social en el Estado Español está lejos de haber mejorado para las clases populares, después de la brutal andanada contra la clase trabajadora que ha representado la crisis iniciada en el año 2007. Los salarios por hora en España se redujeron un 7,6% entre los años 2008 y 2015 (último dato disponible). Teniendo en cuenta la evolución de la jornada de trabajo, factor clave en la precarización de la condición obrera, la caída de los salarios por trabajador alcanza el 12% en ese período. Si, además, atendemos al tipo de contrato, la devaluación salarial ha sido mucho más marcada para los trabajadores temporales que sufrieron un recorte del 13,5% a lo largo de estos siete años.

Así, mientras los precios han subido un 13,7 %, no ha dejado de aumentar la parte de la renta nacional en poder de los capitalistas: uno de cada dos euros se va a remunerar al capital. Se han perdido 30.000 millones en salarios y los beneficios han aumentado en 14.000 millones durante la crisis.

En cuanto al salario indirecto, en la forma de prestaciones sociales públicas, la situación es cada vez más insostenible: cierre de grupos y aumento de ratios de alumnos por aula en los centros escolares, hacinamiento combinado con infrautilización de los hospitales y centros de salud, un desmedido aumento de las listas de espera quirúrgica, diagnóstica y de consultas (concretamente la lista de espera quirúrgica se ha disparado, pasando de 362.762 personas en 2006 a 614.101 -un 69,28% más- en 2016), lo que ha llevado a muchas personas a contratar pólizas de seguros privados.

Además, en este momento hay ya 14 millones de trabajadores pobres (que, pese a tener un empleo, no consiguen salir de la miseria, los llamados working poors). Desde 2011 se mantienen más de 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en el paro, una tasa de cobertura de la prestación de desempleo que no llega al 56 % y una tasa de pobreza de más del 22 % de la población. Y, por supuesto, todo ello ha venido acompañado de ataques decididos contra el derecho de huelga y de una represión acrecentada en la esfera pública, en la calle y en los puestos de trabajo, que está normalizando las condenas penales por hacer uso de la libertad de expresión y está construyendo un discurso autoritario de negación de los derechos más elementales (como el de asociación o el de reunión) para las organizaciones de las clases populares.

Es la hora, pues, de que la clase trabajadora tome cartas en el asunto, se auto-organice, se movilice y de la vuelta a la situación mediante la lucha y la presión social. Es la hora de un sindicalismo de combate, asentado en la participación protagónica de la clase y en la acción sin intermediarios.

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Publicado el II Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía

Autor: Observatorio de la Desigualdad de Andalucia

Observatorio de Desigualdad de Andalucía

Ya está disponible en nuestra web el II Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía.

Lo podéis descargar aquí.

Ocho razones para cuestionar la centralidad de la competitividad en la política económica

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Primera

Colocar la competitividad en el epicentro de la política económica supone, por un lado, subordinar a la misma los otros planos de la economía. Imponer que las políticas públicas –por ejemplo, las relaciones laborales, las normas medioambientales, las estructuras tributarias o las regulaciones en materia de salud- se adapten a las exigencias competitivas. Por otro lado, se parte del supuesto –marcadamente ideológico y sin respaldo empírico- de que las ganancias superan a los costes, de que las economías rezagadas serán las mayores beneficiarias del proceso internacionalizador, de que los beneficios obtenidos irradiarán al conjunto de la economía y de que los perdedores encontrarán nuevas y mejores oportunidades con la intensificación de la competitividad.

Segunda

La lógica de la competitividad es la de “todos contra todos”, confiando de que de esa realidad surge un beneficio global. Se omite en este razonamiento que, precisamente, la competencia global, en un contexto de mercados crecientemente desregulados, está en el origen de la crisis. Y lo más importante, se ignora que la superación de la misma, la construcción de Otra Europa y, posiblemente, la propia supervivencia del capitalismo precisan la implementación de políticas cooperativas.

Tercera

El argumento de la competitividad apela, sin reservas, al crecimiento como motor de la actividad económica, crecer en el mercado interno y crecer asimismo en el mercado internacional. Dado que a esta receta se le supone validez universal, es, por lo tanto, aplicable a todas las economías. Se supone así –de manera explícita o no- que el planeta está en condiciones de soportar este modelo y que los problemas de sostenibilidad que provoca tienen solución con la aplicación de nuevas tecnologías. No se tiene en cuenta, por lo demás, que la naturaleza depredadora del actual sistema económico –tanto la manera de producir como la de consumir- nos ha situado desde hace tiempo en una encrucijada donde la lógica de las cantidades debe ser radicalmente cuestionada.

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Los Presupuestos de 2018 vuelven a congelar las ayudas, subvenciones y subsidios del IPREM

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 60 de La Marea

Hasta el año 2004 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era un indicador que no sólo servía para establecer cuál debía ser la cantidad mínima que tendría que cobrar una persona asalariada, sino que también servía para fijar la cuantía de subvenciones, subsidios de desempleo y otras ayudas públicas. Ese año, el recién llegado gobierno del PSOE decidió reformular el indicador, desvinculándolo completamente de las ayudas mencionadas. De esta forma, cualquier incremento en el SMI dejaría de conllevar un aumento en subsidios, subvenciones y ayudas, que pasarían a estar vinculadas a un nuevo indicador denominado Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Se trató de un hábil movimiento del gobierno del PSOE, porque le permitió incrementar el SMI a un ritmo superior al que había venido registrando hasta entonces sin que le costara apenas ni un euro hacerlo, puesto que ya no tenía que incrementar las ayudas públicas (y el coste del incremento en el salario mínimo recae fundamentalmente sobre los empleadores del sector privado, no sobre el público). Una medida sin coste económico, pero con alto rédito político y electoral, ya que el incremento del salario mínimo era una importante reivindicación de los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, además de una necesidad social.

El SMI había ido creciendo levemente desde los años 90, pero a una media del 2% y por lo tanto casi siempre a un ritmo inferior al crecimiento de la economía, de los precios y del nivel de vida, lo que conllevó un empobrecimiento relativo de un 7% de los trabajadores del segmento inferior del mercado de trabajo y de los beneficiarios de las ayudas públicas vinculadas al indicador. La reformulación que se llevó a cabo en el año 2004 supuso una bifurcación en los caminos de los dos tipos de colectivos, porque el SMI intensificó su crecimiento (especialmente desde ese año hasta el año 2010 al registrar un aumento medio del 6,2%) dejando al IPREM con el suave incremento tradicional del 2%, (sólo muy ligeramente aumentado hasta el 3,5% entre 2006 y 2010), como se puede intuir en el gráfico. Esto supuso, atendiendo a la evolución de los precios, que entre el año 2004 y 2010 las personas que cobraban un salario mínimo incrementaran su capacidad económica relativa en un 20,6%, mientras que las que recibían ayudas vinculadas al IPREM se empobrecieron un 1,3%.

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Por qué la propuesta sobre los bancos del referéndum suizo es una pésima idea

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Este 10 de junio los suizos están convocados a un referéndum en el que deben posicionarse sobre una propuesta relacionada con la actividad bancaria. Concretamente, se somete a votación arrebatar a los bancos comerciales la posibilidad de ofrecer créditos sin tener un respaldo absoluto en dinero oficial (que es el que crea el banco central), obligándolos por lo tanto a ser simples intermediarios (trasladando el dinero del ahorrador a la persona o empresa que quiere endeudarse). En román paladino: esta propuesta impediría que los bancos creasen dinero, dejando como único creador del dinero al banco central.

Para evaluar adecuadamente esta propuesta es importante entender cómo funciona la actual operativa de los bancos cuando dan préstamos. Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, los bancos no son simples intermediarios del dinero, sino que también son creadores del mismo. Muchos creen erróneamente que cuando reciben un préstamo del banco ese dinero proviene de una persona o empresa. Pero no es así.

Cuando un banco concede un crédito a alguien lo único que hace es incrementar el saldo de su cuenta bancaria en la cantidad correspondiente. No saca el dinero de ningún sitio, sino que teclea las cifras que sean y punto (lo explica perfectamente el banco central del Reino Unido). Crea “dinero bancario”, que no es otra cosa que una promesa de pagar “dinero oficial” (el dinero que crea el banco central). De esta forma, cuando la persona que ha recibido el crédito quiera pagar algo o quiera sacar una parte en monedas y billetes, el banco tendrá que convertir ese dinero bancario en dinero oficial.

Pero la clave es que la cantidad de transacciones bancarias son tan numerosas que, normalmente, los bancos necesitan muy poco dinero oficial para respaldar todo el dinero bancario que crean. De hecho, en la Eurozona la legislación permite que los bancos puedan crear 99 euros de dinero bancario por cada euro de dinero oficial que tengan. Para un desarrollo de todo esto sugiero leer aquíaquí.

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Presentación II Informe Desigualdad Andalucía (MAÑANA a las 10:30h en el C.C. LAS SIRENAS de Sevilla)

Autor: Observatorio de la Desigualdad de Andalucia

Un gobierno europeísta, ¿y qué más?

Autor: Fernando Luengo

Blog de Econonuestra en Público.es

El nuevo gobierno socialista y sus ministrxs más destacados se han apresurado en proclamar su “europeismo”. Ante tanto torbellino que circula por Europa, teniendo muy presente el ascenso de la extrema derecha y los populismos, han considerado necesario proceder cuanto antes a despejar dudas y presentar sus credenciales ante la opinión pública y, sobre todo, ante el establishment.

Pero ¿qué significa, en estos momentos, ese término? Para no perdernos en la melodía de unas palabras que pueden indicar una cosa y la contraria, lo primero que hay que exigir a este gobierno (y a cualquier otro), para que sepamos cuáles son sus intenciones, es concreción. A continuación, habrá que pedirle coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No es poca cosa, estamos acostumbrados a declaraciones vacías y a incumplimientos reiterados.

Sin duda, se apela al europeísmo como sinónimo de progreso, apertura, democracia, solidaridad, salida de la crisis. Pero lo cierto es que en nombre del europeismo se han justificado y se justifican políticas -en las que han tenido arte y parte buena parte de los partidos socialistas europeos; pensemos, por ejemplo, en la indecente y reaccionaria posición de la socialdemocracia alemana ante el gobierno de Syriza; por cierto, no recuerdo que nuestro PSOE la haya criticado- que han empobrecido a las periferias y a los trabajadores, enriqueciendo a las elites y a las oligarquías.

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“Cristóbal Montoro ha sido el ministro más nocivo que ha tenido este país” (Entrevista a Carlos Sánchez Mato)

Autor: Carlos Sanchez Mato

eldiario.es (Fátima Caballero)

Carlos Sánchez Mato (Madrid, 1970) nos recibe en su despacho, ahora en la Junta municipal de Latina. Sumó la presidencia del distrito a la de Vicálvaro después de su cese al frente del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena le destituyó por su negativa a apoyar en el Pleno el plan económico pactado con el ministro Cristóbal Montoro, que incluía recortes a cambio de levantar la intervención de las cuentas municipales. A esta gestión suma su cargo como responsable económico de Izquierda Unida.

Como responsable de economía, el concejal ha sumado a la cuenta de resultados del Consistorio 1.000 millones de euros de superávit anuales y ha reducido la abultada deuda más de 2.500 millones. Los últimos datos económicos que le avalan tiene que ver con la empresa Funeraria de Madrid, que el edil remunicipalizó y que como se ha conocido este jueves ha pasado de pérdidas de 233.000 euros el último año de gestión privada, a 4,1 millones de beneficio desde que la gestión es pública bajo su supervisión como vicepresidente del consejo administrativo de la sociedad municipal.

Detrás de su escritorio hay tres clavos que antes sujetaban el retrato del Rey Felipe VI. Ahora Sánchez Mato lo tiene al lado de un mueble contra la pared. El concejal sonríe cuando se le pregunta por la caída del Gobierno de Mariano Rajoy y la de Montoro, su principal adversario como delegado de Economía y Hacienda: “Se abre una nueva etapa”, dice. También se muestra escéptico con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, los nuevos ministros no tienen el perfil más deseable para la formación a la que representa. Lo que tiene claro Sánchez Mato es qué medidas le gustaría que tomara el líder socialista para que esa desconfianza desaparezca.

¿Cómo se encuentra después de seis meses fuera del área de Economía y Hacienda y de la Junta de Gobierno?

Evidentemente fue una situación traumática, más que en lo personal por lo que políticamente supuso. Pero esa situación traumática no hunde a una persona que ya tiene unos años de experiencia política, aunque no sea en cargos institucionales. Lo que he hecho es dedicarme a las actuales tareas con el mismo empeño, con las mismas ganas y con la misma fuerza con las que he desempeñado las anteriores.

En una semana ha cambiado radicalmente el panorama político del país después de que la moción de censura de Pedro Sánchez prosperase. ¿Cómo valora la caída del Gobierno de Mariano Rajoy?

Tenemos una enorme satisfacción. Pero como dice mi coordinador federal [Alberto Garzón] también un optimismo moderado. Hemos trabajado en años anteriores con el Partido Socialista y evidentemente tenemos un elevado grado de escepticismo acerca de sus posibilidades de enfrentarse a lo que son los elementos más importantes y negativos del régimen del 78. Pero eso no quita que hay una enorme alegría. Personalmente estoy muy contento de que Rajoy y todo su equipo de Gobierno estén apartados del centro de la vida política. Era un tema de salud pública.

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Innovación e I+D en Madrid: El PP ‘a por uvas’ en la Especialización Inteligente (RIS3)

Autor: Eduardo Gutierrez Benito, Abelardo Jurado y Marisa Bordon Ojeda

Público.es

El pasado 23 de mayo de 2018 el diputado de la Asamblea de Madrid y cofirmante de este artículo Eduardo Gutierrez preguntó al Gobierno Regional sobre el grado de cumplimiento del Plan de Acción en la RIS3 (Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente) de la Comunidad de Madrid.

La contestación por parte del Gobierno la realizó el Director General de Investigación e Innovación Comunidad de Madrid, que justificó el gran retraso en la RIS3 de Madrid por “la dificultad de asimilar conceptos teóricos muy académicos que nadie los íbamos a entender”. En otras palabras: “es que esto de la RIS3 es muy complejo”

Sin embargo, si repasamos la historia de la RIS3 en la región, vemos que su retraso no se explica por su complejidad académica, sino por la indolencia de los sucesivos gobiernos del PP.

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Devaluación salarial (Cuaderno postcrisis: 8)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

El ajuste salarial es una de las recetas estrella de las políticas neoliberales anti-crisis. Las “reforman laborales” forman parte de los paquetes de “reformas estructurales” que se imponen a los países con problemas. Y uno de los efectos de estas reformas, aunque no el único, es el de provocar la reducción salarial (aunque sus objetivos son más ambiciosos, pues incluyen medidas para incrementar el sometimiento social de la clase obrera y cercenar la lucha sindical). Este fue claramente el objetivo de las reformas laborales de 2010 y 2012 en nuestro país.

El argumento intelectual que se utiliza para justificar la necesidad del ajuste salarial es el de la competitividad. Se supone que las economías que tienen problemas es porque su producción se debe a que sus costes les hacen perder capacidad de competir en el mercado mundial. El ajuste salarial, al reducir costes, permite rebajar el precio de los productos y mejorar la balanza comercial. El argumento es sencillo pero falaz por diversas razones. En primer lugar, no está claro que la competencia entre empresas y países sea esencialmente en términos de precios. Una buena parte de los intercambios internacionales se realizan entre productos de una elevada especialización. Y, en algunos casos, los precios no son tan importantes como otras cuestiones. Esto es lo que explica el éxito exportador alemán, no que sus productos sean más baratos sino que en bastantes casos no tienen competidores eficientes. En segundo lugar, no es evidente que una mera reducción de costes laborales vaya a tener un efecto importante sobre los precios finales de los bienes. En los productos industriales el peso de los costes salariales no suele superar el 30% del coste total. En este caso, una reducción sustancial del 10% de los salarios, de trasladarse a los precios representaría una reducción del precio de venta del 3%. Para tener efectos contundentes, la reducción de salarios debería ser de enormes proporciones (lo que puede tener efectos colaterales contraproducentes en aspectos como la productividad y la demanda interna). En tercer lugar, y este es un elemento crucial, no es evidente que las reducciones salariales se trasladen automáticamente a los precios (de la misma forma que no suele ocurrir que las reducciones del coste de materias primas como el petróleo se trasladen automáticamente al precio de los carburantes, o que la reducción del interés que pagan los bancos se traslade a los intereses que cobran por los créditos.). Cuando no hay traslado, la caída de costes salariales lo que hace es engordar los beneficios empresariales sin que necesariamente aumente su competitividad en términos de precios. Por ejemplo, no existe evidencia de que la caída sustancial de los salarios en la hostelería se haya traducido en un abaratamiento sustancial de hoteles y restaurantes. Y, en cuarto lugar, si los problemas son de precios el factor más importante no son los costes salariales, sino el tipo de cambio que se establece entre la moneda local y las demás. Si, por ejemplo, el Euro se revaloriza un 10% respecto al dólar, ello quiere decir que todos los productos del área euro se encarecen un 10% para los clientes externos y, al mismo tiempo, los productos provenientes del exterior de la zona euro se abaratan en la misma proporción. Es evidente que el tipo de cambio no influye en el comercio exterior con los países de la zona euro, pero sí con el resto. Y dentro de la zona euro, gran parte de los intercambios obedecen al tipo de especialización productiva de cada área y a las políticas de localización de las multinacionales. Si los salarios fueran tan decisivos, países como Grecia, Rumania o Bulgaria deberían estar atrayendo inversiones industriales masivas y ganando cuota de mercado.

El argumento de la competitividad es por tanto dudoso. Lo que es indudable es que el ajuste salarial lo que provoca es un aumento de los beneficios, un cambio en la distribución de la renta a favor del capital. Y, como han mostrado numerosos economistas críticos, empezando por Marx, este cambio en la distribución de la renta forma parte de la lógica de la acumulación de capital. Algo muy distinto al interés colectivo con el que el discurso económico dominante nos trata de confundir.

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Presentación II Informe Desigualdad Andalucía (12 de junio, 10:30h; C.C. LAS SIRENAS, Sevilla)

Autor: Observatorio de la Desigualdad de Andalucia

España: la moción de censura que tumbó a Rajoy

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Revista Crisis

La última semana ha representado un auténtico torbellino en la vida parlamentaria española. A escasos 8 días de que el gobierno conservador del Partido Popular, dirigido por Mariano Rajoy, consiguiera aprobar unos presupuestos neoliberales adaptados a la política de austeridad y recortes impuesta por la Unión Europea con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), este mismo gobierno ha sido depuesto y enviado de cabeza al basurero de la historia por una moción de censura del principal partido de la oposición (el Partido Socialista Obrero Español, PSOE) votada por una contradictoria amalgama de fuerzas políticas que incluía, como elemento  decisivo, al mismo PNV.

El disparador de este sorprendente cambio de escenario, que ha llevado a la presidencia a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha sido la sentencia judicial relativa al llamado “caso Gürtel”, una red de corrupción política ubicua, nacida al calor de la gigantesca burbuja inmobiliaria de las últimas décadas, e íntimamente ligada con el Partido Popular (PP).

La sentencia de Gürtel ha significado la condena penal de una gran cantidad de  antiguos altos cargos del PP, además de la declaración judicial de que este partido se habría beneficiado directamente de la trama delictiva organizada por su tesorero (Luis Bárcenas) y otros lúgubres personajes. Esta declaración es importante, ya que en los tiempos en que se produjeron los hechos juzgados, el Código Penal español aún no admitía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que nos indica que, para evitar una aplicación retroactiva de la ley penal, el tribunal ha condenado al PP de la única manera que se podía en ese momento (como “partícipe a título lucrativo”), pero su participación fue realmente mucho mayor. Además, en el cuerpo de la sentencia se calificaba expresamente de inverosímil  la declaración realizada ante el tribunal, en calidad de testigo, del ya expresidente Mariano Rajoy.

La sentencia representaba la confirmación judicial de algo ya sabido: los gobiernos  del PP, al hilo del desarrollo de la gran burbuja inmobiliaria que estalló en el año 2007, han ido acompañados del despliegue de enormes tramas de corrupción política, mediante las que los cargos públicos se enriquecían personalmente y financiaban a su partido, en una vorágine de relaciones delictivas con empresarios, “conseguidores ” y toda suerte de personajes turbios.

La sentencia, además, llegaba en un momento de crisis de legitimidad del conjunto del llamado Régimen del 78, en el que se sucedían los escándalos políticos, las condenas y detenciones contra el uso de la libertad de expresión y las tensiones derivadas del conflicto abierto con Cataluña, que llevaba aparejada una fuerte contestación a la monarquía, la existencia de presos políticos y exiliados y un reciente desfile de varapalos jurídicos en Europa a la hora de pedir la extradición de los políticos catalanes huidos.

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Italia, Europa, las elites y las izquierdas

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Quienes muestran su preocupación por la deriva antieuropeista del nuevo gobierno italiano, al que acaba de dar luz verde el presidente de Italia, Sergio Mattarella, lo hacen en nombre de Europa, de un “proyecto europeo” que, pese a las dificultades e incertidumbres que atraviesa, es un valor a defender; frente a los que, desde los populismos de izquierda y de derecha y desde los nacionalismos autoritarios y excluyentes, quieren dinamitarlo. La línea está trazada, y no es una novedad; el establishment la desempolva cuando siente amenazados sus privilegios. Entre Europa o el caos; civilización o barbarie. Más Europa, ese el camino donde, según este discurso, todos nos podemos encontrar, donde todos finalmente ganamos.

Pero ¿qué realidad se oculta detrás de tanta retórica vacía, de tanto europeísmo de salón? Más Europa significa un punto y seguido en la implementación de políticas destinadas a: favorecer la posición dominante de los oligopolios productivos y financieros y de los grandes bancos; reformar los mercados de trabajo con el objetivo de debilitar la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales, presionar sobre los salarios y facilitar el despido de los trabajadores; meter las tijeras sobre el gasto público social y productivo y aumentar la presión fiscal sobre las clases medias y bajas; privatizar y mercantilizar los espacios y derechos que garantizan los estados de bienestar; dar el visto bueno a tratados internacionales de comercio y de inversión que suponen una inaceptable cesión de soberanía de los poderes públicos en beneficio de las corporaciones transnacionales; fortalecer los esquemas patriarcales de división social del trabajo, devolviendo a las mujeres a su condición de cuidadoras, supliendo las carencias de las políticas públicas; vulnerar los derechos humanos y los normas internacionales que los recogen en materia de asilo, refugio y libre movimiento de personas; estimular, con el pretexto del terrorismo y la inseguridad, la industria militar; mantener las políticas de despilfarro y destrucción de la naturaleza, que anuncian un cambio climático de consecuencias devastadoras.

Una Europa que, por lo demás, se encuentra en un acelerado proceso de desintegración económica y política. Mientras que Alemania se ha financiado en estos años de crisis a un coste muy reducido o incluso nulo, los países de la periferia han tenido que pagar un plus en tipos de interés para obtener recursos en los mercados. También son muy diferentes las condiciones en las que acceden a la financiación las empresas, dependiendo del país en que se ubican y de su capacidad para operar como grupo de presión ante los poderes públicos; un ejemplo, entre otros muchos que podrían ponerse, es el privilegiado acceso de algunas grandes corporaciones a la financiación en condiciones muy favorables procedente del Banco Central Europeo. Ese proceso desintegrador se observa asimismo en el aumento de la brecha entre las capacidades productivas y comerciales de las economías meridionales del sur de Europa y las del norte; en las diferentes estructuras tributarias existentes dentro del territorio europeo, en la competencia fiscal a la que se han entregado algunos de los socios comunitarios para atraer inversiones extranjeras y en la tibieza con que los responsables comunitarios han tratado los paraísos fiscales; en la creciente brecha social entre las elites y la mayoría de la población y en la pérdida de peso de los salarios en la renta nacional; y en la desigual respuesta de los gobiernos al drama de las personas refugiadas y a la inmigración.

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Coyuntura y estructura. Rodeos en torno a la moción de censura

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

Vivimos en tiempos tan convulsos que, cada pocos meses, surge una situación que hace pensar en la posibilidad de un cambio trascendental. De un cambio que pusiera fin, o al menos provocara un giro sustancial, a una realidad dominada por una economía corrupta, una precariedad social rampante, desigualdades insoportables y una imparable crisis ecológica. Las elecciones municipales del 2015, el ascenso electoral de Podemos (y la pérdida de la mayoría absoluta del PP) o el “referéndum” catalán de 2017 fueron vistos en su momento como situaciones en las que nuestra triste historia reciente podía cambiar. Una percepción especialmente extendida entre sectores de la izquierda alternativa en la que persiste una idea difusa de que algún tipo de “revolución” es posible. (Este es a mi entender el factor principal que explica el atractivo que para una parte de la izquierda tuvo, y aún tiene, el independentismo catalán, la creencia que una ruptura del Estado abriría insospechadas posibilidades de cambio). Pero el pasado reciente ha desmentido buena parte de estas esperanzas. La apuesta de Podemos por forzar un Gobierno de izquierdas acabó en una nueva victoria electoral del PP en junio de 2016. La “movida catalana” ha resultado catastrófica, mostrando por una parte la inanidad real del independentismo (para entenderlo son imprescindibles las crónicas del periodista Guillem Martínez en la revista digital Ctxt) y generando un proceso reactivo que, lejos de abrir puertas de oportunidad al cambio, está permitiendo un reforzamiento de la derecha española.

Pero a veces la realidad da nuevas oportunidades. Y la sentencia de la Gürtel ha propiciado una nueva coyuntura favorable al cambio. Un cambio modesto, improbable (cuando escribo estas líneas los pronósticos siguen siendo favorables a que el PP salvará los muebles en la moción de censura), insuficiente. Pero una situación que tiene al menos unas virtudes potenciales. Sin duda, el mayor beneficiario de la situación puede ser el PSOE. Un partido casi desahuciado por méritos propios y que ahora se ha encontrado con una situación que le permite retomar una iniciativa necesaria. Una coyuntura que además obligará a nacionalistas vascos y catalanes a “mojarse”, y que genera bastante incomodidad a Ciudadanos. En la premura de la situación actual la única opción sensata para una fuerza de cambio es votar sin más la moción de Pedro Sánchez y esperar acontecimientos.

Si la opción ganara, aunque ello significara que el PSOE volvería a hacerse con el Gobierno, se abrirían, al menos, varias posibilidades interesantes. La primera y más obvia, la expulsión de un Gobierno corrupto y la posibilidad de que el PP entrara en un proceso de descomposición. En segundo lugar, Ciudadanos quedaría algo descolocado y, aunque previsiblemente va ser el espacio de recomposición de la derecha, habría perdido la oportunidad de hacer creíble su cara regeneracionista. En tercer lugar, el PSOE quedaría más libre para adoptar una postura más flexible en los temas de nacionalidad (aunque es una cuestión complicada, pues estaría emparedado entre la tenaza del bloque Ciudadanos-PP, su propia ala españolista y las presiones del independentismo catalán). Y, en cuarto lugar, una actitud responsable de Unidos Podemos, en una coyuntura específica, puede resultar beneficiosa para recuperar parte de la credibilidad perdida. La derrota de la moción de censura, la opción que tiene mayor probabilidad, también puede abrir perspectivas interesantes. Sobre todo de clarificar más fácilmente el papel de Ciudadanos por un lado y del nacionalismo periférico por otro. Aunque es evidente que Ciudadanos es ya el nuevo proyecto de la derecha, al haber ampliado su espacio bajo una sola cuestión ha podido atraer a una parte del electorado de clase obrera (especialmente en Catalunya) aterrorizado ante una perspectiva de ruptura territorial. Por ello, cuanto más se posicione Ciudadanos a la derecha es más posible que se desvanezca una parte de su atractivo.

Unidos Podemos y las confluencias no tienen en esta coyuntura otra opción que apoyar la moción, aunque aprovechen para marcar perfil propio en cuestiones sociales, para así ganar credibilidad y porque la moción sitúa un escenario más abierto que el que hemos tenido en los últimos meses. Y también por una cuestión estratégica. Nos guste o no, la única posibilidad de cambios progresistas exige sumar fuerzas entre las izquierdas y los nacionalismos periféricos. Es una constante de la historia (al menos desde tiempos de la Segunda República) que puede no ser gustar, pero que parece inapelable. Y, por tanto, hay que explorar las situaciones en las que hay alguna posibilidad de generar procesos. Y esta es una coyuntura donde esto es posible. No es una ventana de oportunidad para un cambio profundo, es un simple resquicio para tratar de enderezar una dinámica que conduce al desastre.

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¿Qué economía política aplicar en caso de que un gobierno popular alcance el poder?

Autor: Daniel Albarracin

Viento Sur

Antes de sugerir una serie de medidas, es preciso abordar una tarea preliminar que consista en esbozar una hoja de ruta estratégica, de cara a darles un sentido político emancipatorio. Esta contribución está redactada desde el ángulo de una crítica de la economía política, abordada para un marco internacional. Definir lo que se necesita hacer a nivel nacional y a nivel supranacional, y cómo lograr estos dos niveles de acción política es crucial para ese propósito emancipador.

1. La economía política de la Europa del capital

Nuestro enfoque parte del supuesto de que la UE es una institución intergubernamental bastante particular. La UE es una alianza jerárquica de Estados Nación que ha creado el marco institucional de un mercado único que promueve implacablemente el neoliberalismo. Las instituciones de la UE organizan los puntos clave de la agenda política de sus Estados miembros, aunque las principales competencias son gestionadas por aquellos. El marco de la UE se basa en el blindaje de los Tratados de la UE, cuya legislación central resulta imposible de cambiar en la práctica (unanimidad o normas de mayorías calificadas). Los Tratados de la UE establecen una arquitectura económica determinada, y un conjunto de acuerdos y pactos políticos que definen los límites de la economía política de los gobiernos, en lo que denomina como gobernanza económica. En suma, este marco de la UE se lleva a cabo en el contexto de un neoliberalismo predominante, aplicado de manera asimétrica por un club de Estados, muy comprometido con la construcción de un mercado único europeo o, en otras palabras, una Europa del capital.

En cuanto a la arquitectura económica de la Eurozona, esta funciona con la moneda única, el Euro, respaldada y orientada por el Banco Central Europeo. Este banco central es bastante especial y, con certeza, ni neutral ni realmente independiente de los intereses del capital transnacional europeo. El BCE establece una política monetaria expansiva singular diseñada para proporcionar un conjunto de ventajas a las grandes empresas privadas, más particularmente, al sistema bancario privado y las corporaciones transnacionales. Esto se hace a través de su política monetaria, de hecho, aplicando tasas reales negativas, mediante la exclusividad del suministro de crédito para el sector bancario privado y las compras de activos privados que tienen lugar con la política de Flexibilización Cuantitativa. Un área económica así, sin mecanismos de compensación, desencadena una divergencia sistemática entre los países con superávit externo y aquellos con economías deficitarias, debido a una división internacional jerárquica de la producción y niveles de productividad diferentes, fruto precisamente de esa división. Una economía de mercado capitalistas sin unión fiscal progresiva, sin ni siquiera regímenes tributarios cooperativos, ni armonización fiscal que incluya tasas mínimas efectivas en impuestos sobre el capital en toda el área, se vuelve incapaz de corregir esta tendencia. En ausencia de políticas industriales con el fin de establecer un área económica complementaria y cooperativa, una arquitectura económica así acentúa la desigualdad entre centros y periferias. Esta arquitectura económica lastra las perspectivas de los países y regiones periféricas y fundamenta las ventajas para el capital en exigir crecientes esfuerzos a la fuerza de trabajo, así como el deterioro de los derechos sociales y los servicios públicos. Como está prohibido el control del movimiento de capitales, y la modificación del tipo de cambio de las monedas no es posible, la presión competitiva del mercado allana el camino a una devaluación fiscal y salarial constante. Si todas estas políticas no son suficientes, el Tratado de Maastricht, el Pacto de Crecimiento y Estabilidad y los acuerdos heredados a partir de aquel, o las reformas económicas previstas en el Informe de los Cinco Presidentes, se encargan de impedir cualquier tipo de reforma fiscal progresiva y expansiva, cualquier política salarial a favor del trabajo y, en consecuencia, conduce a limitar el gasto público y la inversión, como fórmula de contención del déficit público.

Esta arquitectura establece una camisa de fuerza que impide cualquier cambio progresivo que pueda poner en peligro los principales pilares económicos de la Unión Europea: el libre movimiento del capital y de mercancías en un mercado único. Los Tratados de la UE, por naturaleza, solo permiten cambios significativos en los capítulos económicos centrales si existe unanimidad política entre todos los Estados miembros. En la práctica, las grandes líneas de la gobernanza económica se pergeña en el Eurogrupo, bajo la dirección de los países centrales -principalmente los gobiernos de Alemania y Francia, y una coalición de países satélites variable a su alrededor-, concertada en el Consejo Europeo, definida y ejecutada por la Comisión Europea y avalada por el Parlamento Europeo con escasa oposición, si bien útil para dar a su proceso de toma de decisiones una aparente legitimidad. Vale decir, un marco ideal de democracia liberal para las élites.

La Unión Europea, para garantizar su gobernanza y las reformas estructurales derivadas, así como los principios de consolidación fiscal y estabilidad financiera, aplica mecanismos que supervisan la política fiscal, la evolución salarial y el nivel de déficit público. Un propósito de esto es que se aseguren las condiciones de pago de la deuda pública a los acreedores. Otros objetivos y políticas procuran proporcionar ventajas competitivas a las grandes corporaciones, con el fin de recuperar su tasa de beneficio, en contra de las condiciones laborales, los servicios públicos y los derechos sociales. El aumento de los problemas de insolvencia del sector financiero privado durante la última recesión, y la inminente que está por venir, ha sido respondida con el establecimiento de potentes instrumentos financieros, como lo es, por ejemplo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Este gran instrumento financiero, entre otros existentes, proporciona líneas de crédito a los sectores públicos nacionales para rescatar el balance de los bancos privados en riesgo. El sector público y los contribuyentes son responsables de pagar en última instancia. Lo que significa que la política económica de los Estados miembros con riesgo financiero y desequilibrios de balanza de pagos deben adaptarse a este objetivo. El Fondo Monetario Europeo podría convertirse en un mecanismo de gobernanza económica para conseguirlo, dentro de los Tratados de la Unión Europea, bajo el control directo del Presidente del Eurogrupo. El Mecanismo Único de Supervisión (MUS) prevé que los bancos en crisis apliquen un ajuste interno antes de ser rescatados, lo que afectará primero al sistema bancario periférico. Pero también este fondo habrá de cubrir a los bancos demasiado grandes para caer, con lo que en última instancia el dinero público se pondrá en juego.

Las experiencias griegas y chipriotas comportan los casos más extremos de intervención realizada por las instituciones económicas y monetarias de la UE, y que consistió en ajustar los desequilibrios macroeconómicos y la economía política de dichos países a este marco macroeconómico neoliberal. Realizaron una intervención financiera en la práctica equivalente a un golpe de Estado, para restringir la soberanía de su política económica. De todos modos, el conjunto de Estados Miembros perjudicados seriamente por esta arquitectura económica, tanto en la periferia sur como en la oriental, es bastante amplio. La intervención también se realizó en Irlanda, España y Portugal en el período de recesión, causando un gran impacto en la regulación laboral y el régimen fiscal, implementando un fuerte conjunto de medidas directas o indirectas de privatización, o recortes severos en los servicios públicos y los derechos sociales. Mientras tanto, los nuevos países del Este que acceden a la UE o están dispuestos a hacerlo en la Eurozona están sujetos a un conjunto de reformas políticas de austeridad más estrictas que las concebidas en el Tratado de Maastricht.

Esto no implica que los Estados miembros no hayan tenido margen de maniobra. Los países centrales, como ha sucedido muchas veces con Alemania o Francia, a menudo no cumplen los principios que deberían obligarlos en relación al nivel de deuda pública de déficit público admitidos, por ejemplo. Estas infracciones no impiden que ejerzan presión sobre aquellos Estados miembros económicamente menos fuertes o más dependientes, garantizando que se tomen medidas de austeridad en la periferia del mercado único. Algunos países son capaces de desobedecer principios relevantes de la Unión Europea, como sucede con Hungría o Polonia, por ejemplo, en el campo de las políticas de refugiados o de derechos humanos. Algún otro país, como sucedió recientemente con Portugal, ha llevado a cabo un tipo de economía política que no profundiza la política de austeridad, y ha sido tolerada por la Comisión Europea debido a la inestabilidad política, también favorecida por un ciclo económico estable y la presión de la izquierda portuguesa. Desde este punto de vista, otro caso extremo sería el Reino Unido, que decidió salir de la UE, aunque es preciso mencionar que no se le puede considerar como un país periférico en modo alguno.

Sin embargo, los problemas estructurales del Sistema del Euro, como ha sido definido por Michel Husson (moneda única, política del BCE y pactos de austeridad), simplemente continúan, o se han incrementado. Estos problemas se acentúan, y desencadenarán nuevos desafíos en caso de una nueva recesión, que podría presentarse más pronto que tarde. El nivel de la deuda privada, con excepción de algunos países, se ha elevado, a pesar de la firme política de convertir la deuda privada en deuda pública a través de políticas fiscales y de gasto, mediante medidas de rescate o ayudas financieras y subvenciones al sector privado, o incluso con un política monetaria expansiva a favor de los bancos privados. Un marco de bajas tasas de beneficio en el contexto de una nueva recesión combinada con una tendencia de mayor tasa de interés, una crisis financiera y una crisis energética desencadenarían nuevos conflictos sociales y políticos. La arquitectura política de la UE jugará un papel clave a favor de las élites y en contra del trabajo de todos los países europeos

Las perspectivas para los países periféricos, donde el conflicto político y económico se mostrará primero y que posiblemente se dará nuevamente bajo la forma de una UE que perseguirá disciplinar ante cualquier cambio de orientación, como ya se ha producido anteriormente, son dos:

a) Atenerse a esta hoja de ruta macroeconómica austeritaria y verse obligada por intervenciones externas financieras y económicas, como ocurrió en Grecia y Chipre. El BCE ha desempeñado esta función hasta el momento, el Fondo Monetario Europeo podría hacerlo en el futuro.

b) Desobedecer los Tratados de la UE y poner en marcha otra economía política a nivel nacional. Estas políticas económicas no deberían formar parte de una política de refugio nacional, sino que deberían proteger un paquete de medidas alternativo con la vocación de ser concertadas, ampliadas y compartidas a través de otras regiones y países de manera cooperativa y democrática. Implica abrirse a alianzas solidarias y cooperativas para avanzar hacia una construcción paciente de una nueva área socioeconómica y política internacionalista, involucrada con la democracia, la solidaridad y la soberanía popular. Primero, a través de acuerdos financieros, comerciales y de inversión común justos. Más tarde, estableciendo un cauce para que las fuerzas económicas se muevan hacia objetivos comunes, lograr una política de convergencia real y una economía cooperativa y complementaria para sus miembros y abierta a quien desee sumarse colaborando. Para extender esta nueva perspectiva, parece imprescindible trabajar políticamente junto con las clases populares y trabajadoras de todos los países, antes, durante y después de que el conflicto llegue.

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Moción de censura: pasar página, también en lo económico

Autor: Nacho Álvarez Peralta, Jorge Uxo y Alberto Montero Soler

El Confidencial

En estos momentos previos a la moción de censura, el Gobierno se esfuerza en trasladar un mensaje a la ciudadanía y al resto de fuerzas políticas: deben ustedes elegir entre nosotros, o la inestabilidad económica y el fin de la recuperación.

Esta supuesta elección es falsa. El ejecutivo de Rajoy no sólo es un gobierno enfangado en un lodazal de corrupción, que amenaza con erosionar profundamente nuestra democracia. Es, además, un gobierno que deja tras de sí una legislatura estéril en materia económica, cuando no contraproducente.

Las principales medidas de este gobierno en materia económica tuvieron lugar en la legislatura anterior. Después de 2015 el Gobierno apenas ha legislado en este campo.

Así, Rajoy sigue vendiendo como su principal triunfo económico una reforma laboral, la de 2012, que habría supuestamente permitido impulsar la recuperación, crear empleo y dinamizar el sector exportador. Ya sabemos que el empleo que se está creando –como consecuencia precisamente de la reforma laboral– es un empleo muy precario e inestable. Pero además, dicha reforma no ha alterado la relación existente entre el ritmo de creación de empleo y el crecimiento económico: es similar al existente en las décadas previas a la crisis. Es decir, que en periodos de crecimiento económico nuestra economía seguirá creando rápidamente empleo –de mala calidad– para pasar a destruirlo rápidamente, como ha sucedido hasta la fecha, en momentos de crisis.

Además, la tasa de crecimiento de las exportaciones durante el periodo 2010-2017 es muy similar a la que tuvimos en 2000-2007: la idea de que la devaluación salarial ha generado ganancias de competitividad y un boom exportador no se puede sostener. De no ser por la evolución de los precios del petróleo, hoy volveríamos a tener los tradicionales desajustes externos de nuestra economía.

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¿Menos salarios equivalen a mayor competitividad-precio?

Autor: Paloma Villanueva

La Paradoja de Kaldor

Si el Gobierno respondiese a día de hoy a la pregunta que da título a este artículo lo tendría claro:

“Una adecuada coordinación de las reformas estructurales, que reduzca las divergencias de competitividad, ayudará a corregir los desequilibrios en la UEM y a absorber mejor las perturbaciones mediante una rápida reasignación de los factores productivos.”

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2018), Posición española sobre el fortalecimiento de la UEM, abril 2018, p. 6

Y así se ha entendido en el resto de la Unión Monetaria.

Cuando se estudian en economía los desequilibrios que han llevado a la crisis global y financiera que comenzó en 2008, una de las causas que se detecta es la acumulación de elevados déficits y superávits de las balanzas por cuenta corriente de los Estados Miembro, provocada por las divergencias en la evolución de sus costes laborales unitarios. Siguiendo este razonamiento, los países de la periferia europea, entre ellos España, han adoptado políticas de devaluación interna (bajadas salariales) con el fin de recuperar esa competitividad-precio que perdieron tras la introducción del euro.

Habiendo la economía española registrado 4 años de crecimiento positivo con un superávit por cuenta corriente, cabría preguntarse si esta política económica ha sido la responsable de la corrección de dicho desequilibrio.

Mecanismos de la devaluación interna sobre el sector exterior

El mecanismo de corrección de dicha medida que se considera habitualmente en la literatura económica (el de la competitividad-precio de las exportaciones) es el siguiente. En tanto que costes para las empresas, una caída de los costes laborales unitarios (CLUs) habría supuesto una caída de los precios de exportación. Al tornarse nuestras exportaciones más baratas frente a nuestros competidores comerciales, las exportaciones habrían crecido por encima de las importaciones, reduciendo progresivamente el saldo negativo de nuestras exportaciones neta.

Sin embargo, para que el mecanismo arriba descrito tenga efecto es necesario el cumplimiento de una condición económica y, por otro lado, existen dos efectos más que se derivan de la caída de los salarios.

La condición a la que nos referimos es la condición Marshall-Lerner y establece que para que una devaluación externa (bajada del tipo de cambio) o bien una devaluación interna (bajada de los precios nacionales) sea efectiva la suma del valor absoluto de las elasticidades-precio de las exportaciones y las importaciones sea superior a la unidad. Así, si la condición se cumple el saldo exterior negativo de una economía se reducirá hasta tornarse en positivo.

Por otra parte, existen dos mecanismos más por los que una devaluación interna puede tener influencia en el reajuste del sector exterior.

  • El primero de ellos es el efecto de sustitución de importaciones; de tal forma que una caída de los CLUs además de trasladarse a los precios de las exportaciones, se trasladaría a los precios domésticos. Frente a este abaratamiento de los bienes y servicios nacionales en relación a los importados, los agentes económicos optarían por consumir más producción nacional, lo cual reduciría las importaciones.
  • El segundo de ellos se deriva del modelo Bhaduri-Marglin, que contempla el carácter dual de los salarios (efecto demanda). Éstos no sólo suponen un coste para las empresas, sino que también son la principal fuente de ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, cambios en los CLUs, y en la cuota del trabajo, podrán aumentar o no las importaciones en función del régimen de demanda de la economía en cuestión. Si el régimen de demanda es wage-led; lo que quiere decir que el crecimiento de la economía está liderado por los salarios; una caída de la cuota salarial, deprimirá los componentes de la demanda agregada y afectará negativamente a las importaciones. Si, en cambio, el régimen de demanda es profit-led o dirigido por los beneficios, el efecto sería el contrario.

Evidencia empírica

En la siguiente figura (1), se observa cómo tanto CLUs, exportaciones y precio de la exportación han seguido tendencias totalmente dispares desde la introducción de la moneda común.

El período que abarca desde 4tr1999 hasta el estallido de la crisis; el que recoge la acumulación de la pérdida de competitividad-precio; se caracteriza por un crecimiento sostenido de las exportaciones reales, a pesar de que tanto precios de la exportación como CLUs relativos creciesen paralelamente. Una vez estalla la crisis, vemos cómo esas relaciones cambian, siguiendo cada variable una trayectoria distinta: mientras que los CLUs relativos caen, los precios relativos de las exportaciones se mantienen y las exportaciones reales recuperan su ritmo de crecimiento anterior, a excepción del 3tr2009 en que colapsó el comercio internacional.

1

En base a esta figura, resultaría difícil de sostener que las ganancias competitividad-precio derivadas de la caída de los CLUs, en tanto que no se transmiten a menores precios, hayan tenido un efecto sobre las exportaciones reales.

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Curso “Economía para no economistas”, sesiones 5 y 6

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Las sesiones 5 y 6 del curso “Economía para no economistas”, dedicadas a la globalización y Europa (pdf)

5. Globalización y economía 6. Europa

El gran agujero del Impuesto de Sociedades: cómo timar a la mayoría social

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes: en una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos.

Los gobiernos de PSOEPP han optado por timar a la mayoría social, justo lo contrario que hizo Prometeo. Lo que han hecho con el Impuesto sobre Sociedades es un ejemplo claro de quién ha ganado y quién ha perdido en la gestión de esta crisis del capitalismo. La recaudación de este impuesto –el impuesto que pagan las empresas por los beneficios que obtienen– es muy inferior en la actualidad que en la época pre-crisis, tanto en términos absolutos como relativos. D

esde 1995 la recaudación se incrementó hasta registrar en 2007 su pico más alto con casi 45.000 millones de euros, para inmediatamente pasar a desplomarse hasta situarse por debajo de los 20.000 millones en 2010. Desde entonces la recaudación ha aumentado, pero tímidamente y sin mostrar una tendencia ascendente decidida, manteniéndose por debajo de la mitad registrada en 2007 y equiparable a la de 2002 (hace ya 16 años). En términos relativos la evolución ha sido incluso más desastrosa: el peso del impuesto sobre el total recaudado pasó desde un 22% en 2007 a un 10% en 2010, nivel del que apenas ha subido desde entonces (11,5% en 2017). En la actualidad el peso del impuesto es similar al que tenía hace nada más y nada menos que 20 años.

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