Economía Crítica y Crítica de la Economía

El Salto

Hablamos de deudocracia cuando pagar deudas es más prioritario que cubrir las necesidades básicas de la población, cuando cumplir con los requisitos y las expectativas de los mercados es más importante que cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. Esa deudocracia se ha convertido en una clara herramienta de despojo de la soberanía política, económica, social, territorial y reproductiva de los pueblos. Una desposesión que resulta que no es neutra desde el punto de vista de género.

Sin ir más lejos, la aplicación de medidas de austeridad impuestas a través de esta deudocracia no sólo significa una pérdida de derechos sociales, un aumento de la precariedad laboral y del empobrecimiento, con mayor intensidad entre las mujeres, y una intensificación de las desigualdades (también las de género), sino también una intensificación de la carga del trabajo de cuidados y reproducción que asumen, fundamentalmente, las mujeres.

Ante recortes y privatizaciones, son las cuidadoras las que asumen aquellas responsabilidades que antes asumía el Estado. Mientras en el inicio de la crisis se dió una destrucción de puestos de trabajo en sectores masculinizados como el de la construcción, la austeridad ha llevado a un mayor impacto en sectores feminizados como el de servicios básicos (salud, educación, servicios sociales, servicios de cuidados, …). El incumplimiento de la Ley de Dependencia, la congelación del salario mínimo, la reforma del IRPF y el aumento del IVA, el aplazamiento de las mejoras de pensiones de viudedad o la congelación de pensiones no contributivas, dejan también a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que se ve de forma clara en el caso de las pensiones contributivas. En promedio, las pensiones contributivas que reciben las mujeres son un 40% inferiores a las de los hombres.

Pero la crisis de la deuda no tiene sólo una dimensión de género en cuanto a sus impactos, sino también en relación a las posibles “salidas” de la misma. Si la “salida” que construimos va encaminada a reforzar un sistema económico basado en la rentabilidad, la productividad, la competitividad y el crecimiento económico, y no en la centralidad de la sostenibilidad de la vida, ésta supondrá una profundización del sistema patriarcal. Si la “salida” de la crisis es “ciega” a las desigualdades de género, en realidad estará profundizando estas desigualdades y perpetuando el patriarcado.

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El ciclo se repite. Alguna agencia de Naciones Unidas o una organización no gubernamental da la señal de alerta. Una nueva hambruna. Muertes masivas en algún lugar del mundo a causa del hambre.

Si hay suerte la noticia alcanza algún medio de comunicación, incluso alguna portada si la alerta va acompañada de dramáticas imágenes. La máquina de la emergencia pisa el acelerador. Alguna agencia de desarrollo, nacional o multilateral, puede que anuncie nuevos fondos. Las ONG redoblan sus estrategias de captación de fondos. Enviarán alimentos, médicos, logistas … si hay suerte hasta agrónomos o semillas. Si no la hay, se limitarán a enviar excedentes de comida de allí donde sobra.

Hace poco más de una semana ACNUR lanzó una de esas alarmas. 20 millones de personas bajo la amenaza del hambre en el cuerno de África. 20.000.000 de personas como tú y como yo, sólo que en Etiopía, Somalia, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. Desde Naciones Unidas y ONG ya avisan de que faltan fondos y que los llamamientos en este tipo de emergencias se quedan normalmente “entre un 3 y un 20% de lo que se necesita”. Si la ayuda no llega, las muertes serán inevitables. Y las previsiones son peores que en la crisis de 2011, en la que murieron más de un cuarto de millón de personas en esta misma región africana.

Ese ciclo recurrente de estallidos de hambruna y ayuda de emergencia, que casi siempre es totalmente insuficiente, poco puede hacer sin embargo para resolver realmente el problema. El Hambre. Un tema complejo, incluso de cuantificar. 25.000 personas mueren cada día de hambre según las estimaciones más optimistas. Las menos optimistas llegan hasta las 100.000 personas … al día. Cada día.

En nuestro imaginario sus causas aparecen recurrentes: la sequía, la guerra, o incluso la pobreza (como si se tratase de un fenómeno natural). El paisaje es africano, rural, seco, sin recursos, sin capacidades. Las protagonistas mujeres y sus niños, gente mayor, abuelas y sus nietos. Un imaginario, el del hambre, que nos dice mucho de lo que pensamos de las causas del problema.

La realidad es, sin embargo, mucho más compleja. Las causas del hambre hay que buscarlas en las causas de la sequía, las causas de la guerra, las causas de la pobreza.

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Hace unos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó del aumento de la deuda global en los últimos años. 152 billones de dólares. El 225% del PIB mundial. Una enorme bomba de relojería que afecta no sólo países de la periferia europea o emergentes, sino también a buena parte de los países más empobrecidos del planeta.

Desde la crisis de 2008, una parte de los capitales que huyeron de Europa buscaron rentabilidad en los países emergentes, pero también en los estados con rentas más bajas que estaban creciendo a buen ritmo. Mozambique, Etiopia, Ghana o Senegal, entre otros, atrajeron al crédito internacional, público y privado.

La ayuda ofrecida en forma de crédito, la emergencia de nuevos acreedores como China o créditos de la banca internacional huyendo de los bajos intereses en Europa, encontraron clientes en África, América Latina y Asia. El nivel de crédito a los países del sur se ha multiplicado desde 2008. Algunos de estos países, que habían recibido cancelaciones de deuda, ahora vuelven al punto de partida: están en situación de sobreendeudamiento. Pareciera que nadie ha aprendido la lección.

Las crisis de la deuda, los ajustes y el hambre

En los años 80 estalló una crisis de la deuda que dejó empobrecimiento y desigualdades en América Latina, África y Asia. Entonces la situación se afrontó desde los organismos internacionales de la misma forma que han afrontado la actual crisis en la periferia europea: con austeridad y más deuda. El resultado fue la llamada “década perdida”, años de ajustes que hicieron retroceder buena parte de los indicadores en el ámbito social en los países del Sur.

La década de los 90 supuso seguir con las políticas neoliberales que habían constituido la receta contra la crisis de la deuda. El Consenso de Washington se generalizó y el neoliberalismo se convirtió en dogma. Cada nuevo crédito del FMI, cada proyecto del Banco Mundial, incluso las reestructuraciones y cancelaciones de deuda que han recibido algunos de los países más empobrecidos, han estado condicionados, hasta hoy, a la aplicación de más ajustes, de más privatizaciones, eliminación de subsidios, desregulación de mercados laborales, liberalización de mercados financieros, reducción de aranceles, eliminación de barreras al libre comercio…En definitiva, políticas que tras décadas de aplicación y han ido dejando a los países indefensos ante uno de los mayores problemas que pueden afrontar: el hambre.

En Zambia, en 1991, los créditos del FMI para refinanciar la deuda llegaron condicionados a la eliminación de los subsidios sobre los alimentos y fertilizantes, o los créditos públicos agrícolas. Años más tarde una evaluación del propio Banco Mundial reconoció que retirar los subsidios a los fertilizantes llevó a un estancamiento económico del sector agrícola, con lo que ello supone de impacto a la seguridad alimentaria de las familias campesinas.

Un caso paradigmático es el de Haití. En los años 70, el país más empobrecido del hemisferio occidental tenía un 98% de autosuficiencia de cereales. En 2009 importaba el 82% de los cereales que consumía. En 1995 el FMI forzó al retornado presidente Aristide a reducir los aranceles sobre el comercio del arroz de un 35% a un 3%. Entonces el crédito del FMI fue una condición que el gobierno de Estados Unidos impuso a Aristide para poder volver al país después del golpe de Estado de 1991.

La medida supuso un incremento de un 150% de la importación de arroz entre 1994 y 2003. La mayor parte de ese arroz proveniente de Estados Unidos, subvencionado por su gobierno y vendido en Haití a precio inferior del precio de producción del arroz haitiano. Aún hoy es más fácil y más barato comprar arroz estadounidense en los mercados haitianos que el producido en el país.En las zonas de producción de arroz en Haití se concentran los mayores porcentajes de malnutrición del país.

La medida supuso el empobrecimiento de miles de familias campesinas, que abandonaron el campo para vivir en los arrabales de las ciudades. Los mismos arrabales que en 2010 fueron derrumbados por el terremoto y hace unos días arrasados por el huracán Matthew.

Captura de pantalla de la web www.jubileedebt.org.uk en la que se muestra la deuda mundial por países

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Una deuda de 70.000 millones de euros no es poca cosa para la Generalitat de Catalunya. En 2015 uno de cada cuatro euros y medio del presupuesto se destinó a pagar la deuda y sus intereses. Desde 2007 la deuda pública catalana se ha multiplicado por 4,5, en un proceso en espiral en el que cada año la Generalitat se endeuda aún más para poder hacer frente a la deuda acumulada. Endeudarse para pagar deuda.

Si al pago de la deuda sumamos otros compromisos ineludibles como el pago de peajes en la sombra y otras financiaciones estructuradas para la construcción de infraestructuras, en el presupuesto queda muy poco margen para la realización de un plan de choque que afronte con garantías la situación de emergencia social que vive gran parte de la población catalana.

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El Salmón Contracorriente

El Salmón Contracorriente

El último informe del Banco de España revela que la deuda soberana en nuestro país se eleva ya al 99,3% del PIB. ¿Qué se esconde tras ese billón de euros de deuda? ¿Cual será su efecto en los presupuestos de 2016?

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Las deudas siempre se pagan, pacta sunt servanda, los contratos están para ser cumplidos. El simple planteamiento de romper con los contratos que nos atan a bancos, inversores y mercados financieros, a través de la deuda, pública o privada, es inconcebible para muchos. Los que niegan la posibilidad de un impago, total o parcial, lo hacen argumentando que, por encima de todo, debe prevalecer la seguridad jurídica. La sacrosanta seguridad jurídica. Una prevalencia de lo firmado que no defienden con el mismo entusiasmo cuando se trata de respetar los derechos humanos o los derechos económicos, sociales y culturales.

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Los paralelismos entre lo que hoy sucede en Nepal y lo que aconteció hace cinco años en Haití, con un terremoto devastador, son inevitables. Por ello es bueno echar la vista atrás y preguntarnos si no hay algo que podamos aprender de lo que pasó en Haití para aplicar esos aprendizajes al seísmo que ha sacudido ahora el país asiático.

Una de los principales consecuencias que dejó Haití es tener claro que el proceso de reconstrucción en Nepal será largo, y las prisas, uno de los principales enemigos para actuar bien. A pesar de que en estos momentos la rapidez sea de vital importancia, también lo es la planificación con vistas al futuro.

“ El paso de la emergencia a la reconstrucción no es automático, se debe planificar. En Haití no lo hicimos y lo estamos pagando”, afirma Vincent Maurepàs, exrepresentante de Oxfam Intermón en Haití. En Haití se dilapidaron más de 500 millones de dólares en viviendas transitorias, de baja calidad y sin servicios básicos, sin planificar cómo se pasaría de esas viviendas temporales a otras permanentes. Hoy esas viviendas se han convertido en definitivas para más de 120.000 familias, para quienes el derecho a la vivienda es una quimera.

Las prisas en desembolsar los recursos se oponen a las necesidades de un proceso de reconstrucción que necesariamente va a durar al menos una década. Francesc Mateu, director de Oxfam Intermon en Cataluña destaca precisamente que “hay que tener en cuenta que los procesos de reconstrucción requieren tiempo, y que les dejemos hacer”. Contar con la población local es en este sentido vital para que el proceso de reconstrucción sea sostenible y beneficie a la mayoría. Quizás es más lento, pero mucho más eficiente.

Excluir a las autoridades locales

En Haití, la población y la Administración fueron flagrantemente ignorados por la comunidad internacional. “En Haití la mayoría prometió la participación de la comunidad, pero fracasaron en incluir realmente a la gente en los procesos”, afirma Nixon Boumba, consultor haitiano para la ONG estadounidense AWJS.

Dicha participación puede empezar con las tareas de emergencia. A Haití “muchas ONG enviaron voluntarios con buena voluntad pero que no conocían el país ni estaban suficientemente capacitados para tareas de emergencia, para las que había profesionales haitianos preparados y disponibles. Si los fondos se hubiesen destinado a apoyar a la gente y organizaciones locales, estos recursos hubiesen ido mucho más allá”, sugiere Boumba.

Uno de los problemas más recurrentes en un proceso de emergencia es la complejidad de coordinar la multiplicidad de actores que intervienen. La coordinación es sin embargo fundamental, y debe contar con la batuta de autoridades y población local. No se pueden repetir dinámicas como las que se dieron en Haití, de reuniones de coordinación en inglés, que excluyeron de facto tanto a funcionarios como a la población local.

En Nepal, como pasó en Haití, muchos critican al Estado por falta de rapidez y eficiencia en la reacción. Será más fácil puentear a las autoridades locales, pero es imprescindible contar con ellas a pesar de las dificultades porque, de lo contrario, se alimenta un círculo vicioso en el que se debilita una administración de por sí débil al no contar con ella. Desde la ONG Farmamundi, con experiencia tanto en Haití como en Nepal, insisten en estas dos cuestiones: “Tras más de 20 años de experiencia en la asistencia sanitaria en emergencias seguimos defendiendo que la ayuda sea coordinada entre las diferentes instituciones y siguiendo las pautas que marquen las autoridades locales”.

Para ello es básico haber trabajado previamente en el país y la zona de intervención. En Haití después del terremoto hubo una autentica invasión de ONG, que llegaron a ser cerca de 10.000, según Bill Clinton, copresidente de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití. Blanca Carazo, responsable de Cooperación y emergencias de Unicef en España, destaca la importancia de conocer las zonas afectadas: “Unicef está en los países, en este caso en Nepal, antes, durante y después de la catástrofe, lo que permite conocer el contexto y poder establecer rápidamente redes de coordinación con el Gobierno local, la población civil y el resto de organizaciones humanitarias”.

‘El capitalismo del desastre’

En Haití, menos del 1% de la ayuda de emergencia se canalizó a través de la administración u organizaciones haitianas. El 99% lo gestionaron empresas contratistas extranjeras y ONG internacionales. El 84% de los fondos de reconstrucción fueron gestionados fuera de la administración pública y las ONG haitianas. Debemos asegurarnos de que el ninguneo de las autoridades y organizaciones locales no se repite en Nepal.

Para Caranzo, las estrategias de Preparación Ante Desastres son también básicas para poder reaccionar rápidamente a la emergencia. “Unicef forma previamente a niños y familias en comportamientos adecuados ante una catástrofe ”, añade.

La reconstrucción también ha estado manchada por los intereses económicos. “¡La carrera por el oro ha empezado!”, afirmó el embajador de Estados Unidos en Haití en un cable de febrero de 2010 revelado por Wikileaks, un año después. Hablaba de los negocios que podían surgir de la reconstrucción en Haití.

La atracción de la inversión extranjera fue una prioridad para la estrategia de los Clinton “ Haiti: Open for business”, dotada de una serie de apoyos institucionales, de los que destaca el Consejo Presidencial Asesor sobre Crecimiento Económico e Inversión en Haití (PACEGI), del que forma parte el ex presidente español, José María Aznar. Su objetivo es “transformar Haití de un lugar para ‘hacer caridad’ a uno para ‘hacer negocios’”.

El olvido de los más vulnerables

Desde Farmamundi enfatizan también la necesidad de priorizar siempre a los colectivos más vulnerables en la emergencia. Nixon Boumba, desde Haití, recalca también esta cuestión: “Cuando el desastre llega, las personas que ya se encuentran empobrecidas u oprimidas sufren de forma desproporcionada. En Haití, muchos pueblos de la periferia de Port-au-Prince no recibieron comida o agua hasta semanas después del terremoto”.

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“¿Te gusta Haití?”, preguntan a menudo los haitianos. “Es un país muy bello”. La respuesta les sorprende, acostumbrados a la imagen negativa que el mundo tiene de su país. Pero más allá de los tópicos sobre miseria, desastres naturales y conflictos que azotan Haití desde hace siglos, es un país que desborda belleza natural, convirtiéndolo en un activo para uno de los sectores económicos más dinámicos a nivel global pero con un doble filo: el turismo. Derribos, desplazamientos forzosos, o planes de macrocomplejos sin previo aviso son algunas de las denuncias que enturbian esta actividad.

El Gobierno haitiano se ha propuesto aprovechar el potencial turístico del país. En el marco de la estrategia “ Haití, abierto a los negocios“, el gobierno haitiano ha fijado la vista en el turismo como una de las estrategias principales para “ estimular el crecimiento de la economía nacional“, centrando los esfuerzos en la atracción de inversiones extranjeras y en transformar la imagen de Haití de un lugar al que ayudar, a un lugar al que viajar y con el que hacer negocios. Para el Ministerio de Turismo los retos son de imagen: “La mala percepción de la que es víctima el país a nivel internacional y la inconsciencia de la población haitiana de las riquezas turísticas y de la importancia del sector para la economía nacional”.

Pero la percepción de una parte del pueblo haitiano es bien diferente: el sector crítico define el plan como una estrategia desarrollada en beneficio de una élite que no revertirá en las comunidades. Sus sospechas ponen el foco en hechos concretos, como que el gobierno garantice a las empresas extranjeras “ vacaciones fiscales” si invierten en turismo o 15 años sin pagar impuestos ni costes aduaneros.

El Ministerio de Turismo argumenta que además del empleo y la formación profesional que acompañan los proyectos turísticos, se negocia con los inversores para que estos inviertan “entre un 8 y un 10% de sus beneficios en proyectos vitales para la población”. Pero dichas inversiones y las promesas de trabajo digno raramente acaban cumpliéndose en Haití.

Con el fin de que así sea, algunas comunidades afectadas por los planes del gobierno están empezando a organizarse y movilizarse, bajo la premisa que, si es sin el pueblo, el crecimiento y el desarrollo no es para el pueblo. El principal ejemplo de esta tensión entre la estrategia del gobierno y las necesidades de la población local es el proyecto que se está llevando casi toda la atención de medios e inversores: Île-a-vache.

Cómo convertir el paraíso en negocio

Île-à-vache es lo que en el imaginario occidental definiríamos como un paraíso y, en palabras del Ministerio de Turismo, un verdadero tesoro: “Île-à-vache representa una de las últimas auténticas islas del tesoro de todo el Caribe. Natural, no explorada, no explotada y del todo única; se trata de un verdadero paraíso en estado puro, una rareza en el mundo de hoy”.

El plan para Île-a-vache incluye la construcción de 1.200 plazas turísticas, una carretera, un aeropuerto, un campo de golf, un puerto, electrificación, pozos de agua y diversas infraestructuras sociales. Parte de las infraestructuras van a ser pagadas con fondos venezolanos de PetroCaribe. El proyecto se presenta bajo etiquetas como: turismo sostenible de baja intensidad, respeto a la integridad cultural y ambiental de la zona, espíritu comunitario o reparto equitativo de los beneficios. Pero la población de Île-à-Vache tiene razones para desconfiar de esas etiquetas.

Disculpen, aquí vive gente

“No nos oponemos al turismo, sabemos que con el turismo llegaran hospitales y escuelas, pero este proyecto es demasiado grande para la isla”, se lamenta Antoine Pierre, un joven que participa en una de las actividades informativas que ha preparado KOPI, el colectivo campesino de Île-a-vache. La población se siente abrumada y ninguneada.

“En mayo de 2013 el gobierno declara la Isla ‘zona reservada para el desarrollo turístico’. Nos enteramos porque vinieron en agosto a poner la primera piedra del aeropuerto. Sin el aval de la población de la isla. Este proyecto no es para nosotros”. El joven Laini Marcdonald, uno de los líderes de KOPI, se reunió junto con otros líderes comunitarios con la ministra de turismo. “En diez minutos liquidó el problema, sin explicaciones, sin aclarar la viabilidad social del proyecto”. Pocos días antes habían visto como, sin previo aviso, las excavadoras empezaban la construcción de la carretera, arrasando cultivos a su paso.

El propio plan del Gobierno para Île-à-vache establece que “nos aseguramos siempre de consultar a los vecinos inmediatos e iniciar un diálogo constructivo”. Desde el Ministerio afirman que “el proyecto ha sido diseñado para los residentes de la comunidad y será ejecutado con su participación”. Sin embargo, la falta de vías de participación e información en las primeras etapas del proceso ha llevado a las especulaciones y al rechazo.

En diciembre de 2013 empezaron las movilizaciones en la isla contra los planes del gobierno. De 10 policías se pasó a medio centenar de fuerzas especiales para reprimir las primeras manifestaciones, que se han quedado en la isla. La población habla de militarización y hay diversas denuncias de lesiones contra la policía.

Uno de los momentos más tensos ocurrió en febrero de 2014, cuando fue detenido Jean Matulnès Lamy, líder de la comunidad y muy activo en la radio comunitaria local, así como en las movilizaciones contra el proyecto. No hay cargos contra él y meses después sigue en la cárcel. Su padre, a quien todos llaman “Papa Maltunès” pide justicia: “si es culpable que sea juzgado como tal, pero ahora lo tienen retenido sólo por su oposición al proyecto”.

“Si nos quitan la agricultura ¿cómo viviremos?”

Uno de los temas más espinosos es el de las expropiaciones y el desplazamiento de la población. En las reuniones organizadas por KOPI y a las que asisten centenares de ciudadanas, corre como la pólvora el rumor de que “sólo 5 familias de agricultores y 5 familias de pescadores de cada localidad serán seleccionadas para poder trabajar por los hoteles, el resto tendrán que marcharse”.

El Ministerio es tajante en esta cuestión: “No existen ningún plan de relocalización de los habitantes fuera de Île-à-Vache. Vamos a reubicar a aquellas familias cuyas viviendas se verán afectadas por la construcción de zonas hoteleras (estamos hablando de un centenar de casas) a zonas en Ile-a-Vache que el Gobierno les brinde con servicios básicos”. El problema es que nadie sabe qué familias ni cómo ni cuando. En Madame Bernard, la principal localidad de la isla, se han empezado a marcar algunas casas para su derribo, pero las familias que las habitan no han sido informadas aún.

Casas marcadas para ser derrumbadas en Madame Bernard, Île-à-vache/ Iolanda Fresnillo

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Diagonal Periódico

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Hace cuatro años la tierra tembló durante 35 segundos en Haití. Con el epicentro situado a 25 km de Puerto Príncipe, el seísmo de 7,3 grados en la escala de Richter se llevó más de 220.000 vidas por delante. El mundo se conmocionó. Pasado el tiempo, mientras más del 80% de la población sigue viviendo bajo el umbral de la pobreza y  más de 170.000 personas continúan durmiendo bajo las carpas, los ejes de la reconstrucción se han centrado en el turismo de lujo, la minería y la creación de zonas industriales.

En Haití 100.000 casas fueron totalmente destruidas y algo más de 200.000 gravemente dañadas, lo que dejó a más de un millón y medio de personas sin hogar. La reconstrucción de viviendas parecía entonces una prioridad urgente. Y a pesar de la existencia de avances,  no se ha completado con éxito .

Las  infraestructuras públicas fueron también gravemente dañadas. A la imagen del palacio presidencial en ruinas, hay que sumar la destrucción del 60% de la infraestructura gubernamental. El 25% de los funcionarios en Puerto Príncipe fallecieron en el terremoto. El Estado haitiano, fuertemente debilitado tras años de injerencias internacionales, quedaba reducido de golpe a su mínima expresión. En la Conferencia de donantes de Nueva York, tres meses después del terremoto, se acordó reforzar el liderazgo del gobierno haitiano. Sin embargo, tan sólo el  1% de la ayuda de emergencia y el 16% de la ayuda a la reconstrucción se ha canalizado a través de administraciones haitianas.

“Han impuesto totalmente su propia agenda”, comenta Rolphe Papillon, periodista y ex alcalde de la pequeña localidad costera de Corail, mientras muestra una estructura que debía albergar un mercado, sin acabar, en el que la Unión Europea ha dilapidado dos millones de euros según los lugareños. “¿A quién preguntaron para construir este edificio? A la gente del pueblo desde luego que no”. La crítica generalizada al ninguneo de las prioridades del gobierno y la sociedad civil haitiana planea cuando se pregunta en Haití sobre la cooperación internacional.

Estructura para un mercado financiado por la UE inacabada y, según Rolphe Papillon, innecesaria.

El propio análisis del gobierno haitiano sobre la  eficacia de la ayuda mostraba en marzo de 2013 que “los porcentajes de distribución de los fondos por sectores varia entre -100% (protección social) y +450% (transporte) respecto a las necesidades fijadas [por el gobierno]”.

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Actividad de sensibilización realizada por FRAKKA en el Campo de desplazados de Canapé Vert, en Puerto Príncipe.

El pasado 7 de diciembre un grupo de policías municipales y hombres armados con machetes y palos se presentaron en el campo de Mozayik, en Canaan, en las afueras de Puerto Príncipe. En la operación, unas 60 familias fueron desahuciadas a la fuerza de las tiendas y débiles estructuras en las que vivían desde hace cerca de 4 años, en el último de los numerosos casos de expulsiones forzadas de los campos de desplazados que se suceden en Haití desde poco después del terremoto de 2010. Son familias que ya habían sido desahuciadas de un campo, también llamado Mozayik, en Puerto Príncipe. Se trasladaron a Canaan en busca de la tierra prometida, y de nuevo se encuentran con la negación de su derecho a la vivienda.

El 12 de enero de 2010 un terremoto dejó a más de un millón y medio de personas sin hogar en Haití. El país se enfrentaba a uno de los mayores retos de su historia, la reconstrucción de un país que, ya antes del seísmo, estaba en ruinas.

Se estima que antes del seísmo el déficit de viviendas en Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, era de unas 700.000 unidades. Otros cálculos apuntan que faltaban unas 300.000 viviendas en Puerto Príncipe. El 86% de los habitantes de la capital vivían, ya antes “de la catástrofe”, en bidonvilles, las más de 200 favelas haitianas, en los suburbios de la ciudad, sin acceso a los servicios más básicos. La mitad de la población de Puerto Príncipe no tenía acceso a letrinas y sólo un tercio tenía acceso a agua corriente.

Puerto príncipe rodeado de Bidonvilles, barrios de “favelas” que carecen de servicios básicos, en los que el derecho a la vivienda digna tampoco está garantizado./ I. F.

El 12 de enero de 2010, en unos pocos segundos, las ruinas se multiplicaron, junto con el drama humano de perder más de 300.000 vidas. El seísmo destruyó completamente alrededor de 100.000 hogares y algo más de 200.000 quedaron fuertemente dañados.

Tras el terremoto, y ante las numerosas réplicas que se dieron en los días posteriores, la población se negó a volver a sus dañadas casas. Muchos se instalaron en las calles, sobre terrenos vacíos y en plazas públicas. Tiendas de campaña, lonas y otras precarias estructuras acogían a los que se habían quedado sin casa o tenían miedo de que las dañadas estructuras de su hogar cediesen.

Otros, hasta 600.000 personas, dejaron las ciudades más afectadas para trasladarse a las zonas rurales, sus lugares de origen. Pero la ayuda post-terremoto se concentró de forma casi exclusiva en la capital, de forma que muchas de las que emigraron al campo en los días posteriores al desastre, volvieron en búsqueda de la ayuda durante los meses siguientes.

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Colectivo Novecento

Acaba de salir publicado ¿Qué Hacemos con la Deuda?, un nuevo libro de la Colección Qué Hacemos (Akal). El trabajo, con una vocación predominantemente divulgativa y propositiva, ha sido realizado por Bibiana Medialdea (Coord.), Nacho Álvarez, Iolanda Fresnillo, Juan Laborda y Óscar Ugarteche.

El próximo sábado 21 de septiembre a las 12:30 lo presentaremos, junto con otros nuevos títulos de la colección, en la Fiesta del PCE, y el jueves 26 de septiembre a las 19:00 lo volveremos a presentar en la libreria La Marabunta.

Para abrir el debate, os dejamos con el primer capítulo:

I. La Crisis de Deuda como Síntoma

Los problemas económicos de nuestra sociedad no empiezan con la actual crisis de deuda, ni terminarán por sí solos en el caso de que esta se resuelva. Más bien, la situación de sobreendeudamiento y polarización social a la que han llegado economías como la española resulta sintomática de la profundidad de los problemas económicos a los que nos enfrentamos. Seguir leyendo…

Extracto del artículo publicado en el número 42 de la Revista Ecología Política de diciembre de 2011 el cual podéis descargar directamente desde aquí

La industrialización y el desarrollo del modelo capitalista han avanzando en el mundo en base a procesos de endeudamiento. El crédito y, por tanto, la deuda son elementos consustanciales al proceso de crecimiento económico. “La pasión que predomina entre los individuos de una economía moderna es convertir la riqueza en deuda, que en el futuro genere un ingreso permanente; convertir la riqueza que es perecedera en deuda, que es perdurable. Una deuda que no se pudre, no tiene gastos de mantenimiento y produce intereses permanentemente” (Daly, 1999: 38).

Desde la perspectiva de los deudores, el objetivo de este endeudamiento es en principio invertir en procesos productivos para generar rendimientos suficientes para, una vez satisfechos los pagos de la deuda, obtener beneficios. Dichos procesos productivos no suelen tener en cuenta su vínculo con el mundo físico. La metáfora de la producción capitalista (Naredo, 2003) oculta un proceso de apropiación de la riqueza, y ha generado un patrón de crecimiento en términos monetarios que obvia los procesos de destrucción de la naturaleza y degradación de las condiciones de vida de las personas. La creación de valor añadido en los procesos de producción no contabiliza los costes reales de dicho proceso, subestima los costes generados durante los procesos de extracción de los recursos así como los costes laborales, y hace invisible los espacios de desarrollo humano. La economía de mercado desplaza sus costes hacia la naturaleza y las clases trabajadoras.

Las deudas, en las que se incurre para fomentar estos procesos de producción, son expresadas en unidades monetarias, que no tienen límites físicos, pues se espera que crezcan de forma exponencial e ilimitada por la acumulación de intereses sobre el capital a retornar. Para hacer frente a su pago, los deudores (sean actores públicos o privados) tendrían que aumentar el rendimiento de los recursos que han tomado prestados de forma exponencial. Estos rendimientos suelen obtenerse mediante procesos de adquisición y extracción de recursos, por lo tanto sí están sujetos a límites físicos y dependen del ritmo de crecimiento de la naturaleza (Daly, 1999). En términos generales, para conseguir los recursos suficientes como para hacer frente a los pagos de las deudas y la acumulación de intereses, los deudores suelen apostar por una o varias de estas cuatro opciones: embarcarse en inversiones especulativas (burbuja inmobiliaria y financiera, que no pueden durar indefinidamente); aumentar la presión sobre los salarios de los trabajadores; incrementar los ritmos de producción y consumo de bienes y servicios; e intensificar los procesos de extracción de los recursos naturales.

Diagonal Periódico

Diagonal Periódico

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a pesar de la decreciente atención que reciben en nuestro país (lamentablemente tanto de los medios como de ONG y movimientos sociales) siguen siendo dos de las instituciones más poderosas del planeta. Dos temas han destacado entre los acuerdos de las reuniones: la nueva estrategia del Banco Mundial sobre gobernanza y anti corrupción, y la pseudo-reformaen el reparto de votos del FMI. En ambos temas, la hipocresía ha sido la protagonista.

Desde que hace año y medio Paul Wolfovitz asumiera la presidencia del BM, la lucha contra la corrupción se ha convertido en su obsesión. En el último año el BM ha suspendido más de mil millones de dólares en varios proyectos en África y Asia por denuncias de corrupción. Sin embargo, el BM parece responsabilizar tan sólo a los gobiernos del Sur, exculpando totalmente a las empresas transnacionales del fomento de la corrupción. Hace tan sólo unas semanas se supo que el BM había ofrecido amnistía y confidencialidad a todas aquellas empresas que admitiesen haber estado implicadas en casos de corrupción (el BM no puede contratar a aquellas empresas que sean halladas culpables de corrupción), ¿quizá las intenten salvar de la lista negra? Por otro lado, el BM y el FMI no han tenido problemas en financiar regímenes corruptos como el de Mobutu en Zaire, Pinochet en Chile, Suharto en Indonesia o Marcos en Filipinas… ¿qué hay de asumir los propios errores? En cuanto a la reforma de votos del FMI, Rodrigo Rato, director gerente del Fondo, la ha vendido como un gran paso hacia una mayor democratización de la institución.

Nada más lejos de la realidad. La reforma adoptada simplemente da más poder a cuatro países (China, México, Turquía y Corea del Sur) y prevé que antes de fin de 2008 se doblen los votos básicos de todos los países y se busque una nueva fórmula para calcular el reparto de poder en el FMI. El resultado es que, en caso de que se lleguen a implementar las tres medidas, los países ricos verán reducido su poder, pasando del 60% al 59% de los votos, mientras que todos los países africanos juntos pueden llegar a pasar del ínfimo 0,5% de votos actuales a un 6,5% en un futuro. Es evidente que la reforma no supone cambio alguno en la enorme desigualdad de reparto de poder del FMI.