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Hablar de Carlos Marx y del trabajo doscientos años después de su nacimiento no puede hacerse desde una reflexión acrítica, como si no hubieran pasado dos largos siglos preñados de cambios. En estos doscientos años se han producido profundas transformaciones en las formas de generar valor por parte de las empresas capitalistas y, como consecuencia de ello, ha cambiado profundamente la realidad del trabajo y del conflicto social, lo que requiere de nuevas estrategias por parte de los sindicatos.

La deliciosa película El joven Marx nos muestra cómo el joven filósofo, poco a poco, fue dejando de interesarse por los vacuos debates intelectuales con Proudhon sobre la interpretación de una realidad que estaba mutando. Proudhon representaba un concepto de socialismo vinculado a una forma de producción basada en el trabajo de los artesanos, que estaba en declive. En el capitalismo emergente la explotación de los trabajadores por parte de los propietarios de los medios de producción era mucho mayor que en la producción artesanal y también las plusvalías generadas. La película refleja cómo el joven Karl fue progresivamente implicándose en la lucha política y social que batallaba contra esa lacerante explotación de las trabajadoras y trabajadores industriales, la nueva clase social emergente.

Esta inmersión en la lucha política de los trabajadores no hubiera sido posible sin su estrecha colaboración con Engels, y sin la determinante influencia de la compañera de este, Mary Burns, una joven trabajadora que, como hilandera de las faraónicas factorías textiles de Manchester, había sufrido en su propia carne la dura realidad de la clase obrera inglesa. Podría decirse que Marx comprendió lo que realmente significaba el capitalismo gracias a Engels, y a Burns.

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El bitcoin la criptomoneda más famosa y más utilizada en el mundo fue creada hace solo ocho años, en 2009. Una criptomoneda es un medio digital de intercambio que no está respaldado por ningún activo, su valor intrínseco es cero, se basa en la confianza que millones de personas dan a un sistema descentralizado de creación de dinero.

No hay ningún Banco Central de un gran país detrás de su creación, ni ninguna entidad financiera global, ni ninguna gran empresa. Son miles de “mineros” los que están continuamente creando esta moneda en base a unos códigos que aseguran las transacciones.

Su creación se hace de forma conjunta por un sistema competitivo descentralizado de estos “mineros” digitales. Para que estos nuevos bitcoins, estas nuevas transacciones, sean confirmados es necesario que se incluyan en un bloque con una prueba de trabajo matemático. Dichas pruebas son muy difíciles de calcular ya que la única manera de pasarlas es intentando hacer miles de millones de cálculos por segundo.

Cuando los bloques son validados por el universo de “mineros” entonces el “minero” creador recibe una propina en bitcoins, propina que se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Los “apolojetas” del bitcoin dicen que esto es democratizar la creación de dinero.

Inicialmente, en la “época romántica” del bitcoin, los mineros eran personas individuales que, armados con un cierto conocimiento de electrónica e informática y un potente ordenador generaban esos bloques. Ante el aumento de valor de esta criptomoneda su producción se ha ido industrializando. Actualmente hay “granjas de servidores” trabajando permanentemente para calcular el valor de un nuevo bloque.

Su creciente éxito como instrumento de intercambio plantea dos graves problemas: su insostenibilidad financiera y medioambiental.

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Radicales Libres

La ciudad de Madrid, vapuleada y esquilmada durante más de dos décadas de gobiernos del PP, ha empezado a disfrutar de una hermosa primavera desde 2015.

Para el Partido Popular las administraciones públicas, y particularmente el Ayuntamiento de Madrid, se habían convertido en un lugar de donde extraer enormes plusvalías para sus amiguetes a costa del deterioro de los servicios de los madrileños, de los derechos y salarios de los trabajadores que tenían que realizar esos servicios. Generaron un enorme endeudamiento, que lastraba la capacidad de afrontar las inversiones que realmente necesita nuestra ciudad.

El equipo de Manuela Carmena ha hecho mucho trabajo en la penumbra durante estos dos años cuyos resultados ahora estamos empezando a ver, y disfrutar, los madrileños.

Las restricciones presupuestarias que ha sufrido el Ayuntamiento de Madrid debido a las herencias de la nefasta gestión de Gallardón y Botella, y el cerco fiscal al que le ha sometido Montoro, no han permitido desarrollar más iniciativas, pero ahora es el momento de empezar a pensar qué ciudad queremos seguir construyendo a partir de 2019: Madrid, la capital europea de la energía solar.

Las ciudades son verdaderos sumideros de energía, representan el 75% de la demanda total. Sin embargo cada vez más ciudades están apostando por incentivar la producción de energía eléctrica a escala local, ya que es una estrategia que crea valor añadido local, que garantiza el suministro eléctrico e incrementa el ahorro al reducirse sustancialmente las pérdidas en la red de distribución. ¿Donde se puede producir energía en Madrid?

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El Siglo de Europa

“No te olvides que nosotros ganamos la guerra”, dijo Cristóbal Montoro a su interlocutor en una charla informal hace varios años, a la vez que se llevaba la mano a la chaqueta, a la altura de la cartera.

Al hilo de los recientes acontecimientos estas crueles palabras cobran hoy una nueva magnitud. Pareciera como si la derecha más carpetovetónica hubiera salido otra vez de las profundas cavernas a las que lo había llevado el devenir de la Historia y quisiera librar una nueva batalla de Madrid. Afortunadamente es sólo una batalla política, no es una cruenta batalla militar como la que hace ochenta años asedió y masacró nuestra ciudad.

Hoy la aviación y artillería alemana han sido sustituidas, afortunadamente, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ha permitido una intervención discrecional del Ministerio de Hacienda en nuestro ayuntamiento (discrecional porque el Ayuntamiento de Jaén, gobernado por el PP, está en una situación similar sin que haya sido intervenido). Montoro ha ignorado que Manuela Carmena ha reducido la deuda en más de 2.000 millones de euros, un 40% del total del endeudamiento al que había conducido la ruinosa gestión de los anteriores alcaldes del PP, y que se ha alcanzado un superávit presupuestario de más de 1.000 millones de euros.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria, hay que recordarlo, es el desarrollo legislativo de la reforma constitucional pactada en agosto de 2011 para modificar con nocturnidad y alevosía el artículo 135 de la Constitución (la ley fue finalmente aprobada en 2012 con los votos a favor del PP, CiU, UPyD y UPN). Esta ley elevó a rango normativo una parte importante de los componentes de la ideología neoliberal, el “déficit cero” de las administraciones públicas, cuyo principal objetivo es socavar el Estado del Bienestar. Keynes, arrojado al rincón de la Historia.

El concepto neoliberal del “déficit cero” niega al sector público lo que es un comportamiento habitual de las empresas privadas: la capacidad de financiar la compra de bienes de equipo, o gastos de I+D+i, (infraestructuras y equipamientos sociales en el caso del sector público) que requieren inversiones plurianuales y, por tanto, endeudamiento. El recurso al crédito es el pan de cada día en el mundo empresarial.

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El 1 de octubre ha ofrecido una clara conclusión: el PP podría ser capaz de imponer las reglas de juego de la política española durante los próximos años si los demás actores políticos no actúan de forma inteligente.

La victoria de Pedro Sánchez en las segundas primarias del PSOE, las de junio de este año, abrió interesantes perspectivas, ya que parecía que venía acompañada de importantes cambios sobre la idea del Estado que hasta entonces había predominado en la mayor parte sus dirigentes, tanto desde el punto de vista de la relación del Estado con la actividad económica como en la cuestión territorial.

La modificación del artículo 135 de la Constitución española en septiembre de 2011 por parte del PSOE y del PP fue muy grave porque significó la conformidad de los socialistas con la jibarización del Estado del bienestar, la aceptación de un Estado neoliberal definido por las políticas de austeridad fiscal emanadas de la Comisión Europea. En la crisis, cuando venían mal dadas, el Estado en vez de proteger a sus ciudadanos se inhibió en favor del mercado: que sobrevivan los más fuertes. El surgimiento de Podemos estuvo relacionado con esa incapacidad del PSOE para articular una política económica progresista de salida a la crisis, tal como mostró la fuerte contestación social que se produjo alrededor del 15-M.

La victoria de Pedro Sánchez en las segundas primarias significó una clara apuesta de los socialistas en la defensa del Estado del bienestar como una de sus señas de identidad. En ese cambio de actitud del PSOE jugaron un papel muy importante los sindicatos, y también las razonables y mesuradas propuestas económicas realizadas por Podemos, ya que obligaron a los socialista a volver a su ADN socialdemócrata, a riesgo de perder un creciente volumen de su ya mermado electorado. En este caso Podemos ganó claramente la hegemonía de las ideas, aunque no se le haya reconocido.

Resulta evidente que sin la irrupción de Podemos, y su inteligente apuesta económica por una suerte de socialdemocracia transformadora (como la que se desarrolló a partir de los años treinta en Suecia), no se habría producido esa vuelta del PSOE a sus raíces socialdemócratas. Una vuelta a los orígenes que no fue fácil, como mostró el traumático proceso de las primarias socialistas y como resaltan muchos militantes socialistas cuando dicen que existe un riesgo cierto de que el PSOE vuelva a los planteamientos neoliberales que definieron su política económica desde mayo de 2010 hasta la derrota electoral de 2011. En las elecciones generales de 2011 el PSOE, él solito, perdió cuatro millones de votos y la posición de hegemonía que había detentado sobre la izquierda española durante más tres décadas.

Consolidar nuestro débil Estado de bienestar e impulsar un Estado plurinacional deberían ser los ejes de la segunda modernización que demanda la sociedad española a comienzos del siglo XXI.

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El Siglo de Europa

Disculpen ustedes que no dedique este artículo al problema de la relaciones entre Cataluña y España. Ocurren otras cosas en nuestro país. El pasado 28 de septiembre se firmó el convenio colectivo más importante de las Illes Balears que va a afectar a 137.000 trabajadoras y trabajadores, a más de diez mil empresas: el convenio de hostelería.

Lo primero que hay que resaltar es que este convenio colectivo, firmado por CC OO, UGT y la Federación Hostelera de Mallorca (FEHM), se enmarca en un acuerdo más amplio, el “Acuerdo por el empleo de calidad en la Hostelería de las Islas Baleares 2018-2021” en el que también participa la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria del Govern Balear. Este aspecto resulta muy relevante porque significa una importante implicación de la Administración Pública en la mejora de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo de miles de trabajadoras y trabajadores. Este convenio mejorará los salarios y condiciones de trabajo a una de cada cuatro trabajadoras de Les Illes. Primera conclusión, las Administraciones Públicas pueden, y deben, jugar un papel activo y positivo en las relaciones laborales, algo inédito en nuestro país en los últimos años. Gracias, consejero de Treball de Les Illes.

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El Siglo de Europa

Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos y son un medio para distribuir mejor la riqueza de la sociedad. Con esta afirmación estamos de acuerdo un 66,8% de los españoles, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Únicamente uno de cada tres españoles, un 29,4%, considera que los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué.

Es más, un 78,3% de los españoles consideramos que quienes tienen más riqueza deberían tener un mayor compromiso fiscal con la sociedad porque creemos que actualmente los ricos pagan pocos impuestos en nuestro país.

Sin embargo, hay 13.498 personas empadronadas en la Comunidad de Madrid que tienen un patrimonio superior al millón y medio de euros y que cada año se ahorran 658 millones de euros en impuestos gracias a la política fiscal de la señora Cifuentes, a la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio.

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Radicales Libres

Sindicatos más fuertes y modernos.

En los países más desarrollados los incrementos de productividad experimentados en los últimos años cada vez en menor medida han tenido como origen la automatización de las cadenas de producción industrial, debido a que la mayor parte de estos procesos industriales ya fueron mecanizados con anterioridad, o deslocalizados a países emergentes con salarios más bajos.

Es cierto que en los países desarrollados se está produciendo una notable mejora de la productividad de los servicios, debido en gran medida a la digitalización e informatización de muchos procesos productivos repetitivos, que hasta hace poco se consideraban propios y exclusivos del conocimiento racional de los seres humanos. Sin embargo, por ahora, los incrementos de la productividad de los servicios están siendo muy inferiores a los obtenidos hace unas décadas en la industria. Hay que tener en consideración que la mayor parte de las actividades de servicios suponen una actividad económica que requiere una profunda interacción humana (entre vendedor y comprador, entre alumno y profesor, entre enfermo y personal sanitario) por lo que los bruscos incrementos de la productividad en muchos casos pueden suponer un deterioro de la calidad del servicio ofrecido.

Lo más relevante en la actualidad en estos países es el nuevo tipo de “productividad emocional” generada en los mercados de bienes superiores, en la que más importante que fabricar barato es vender caro. Esta nueva “productividad emocional” depende de dos factores: 1) de la capacidad de las empresas para crear valores intangibles-emocionales en sus bienes y servicios; 2) del poder de mercado de esas mismas empresas en las cadenas globales de producción, para imponer precios baratos en el suministro de piezas y componentes estandarizados.

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Radicales Libres [1]

La importancia creciente de la “economía emocional”.

La ley de la oferta y la demanda ha muerto. Bueno, no en todos los mercados de bienes y servicios, pero sí en un número creciente de ellos. En todos los mercados en los cuales una ciega confianza de los consumidores sobre la supuesta calidad de los productos es lo que determina el precio que estamos dispuestos a pagar por ellos. En estos mercados los consumidores confían en que el precio es la señal más potente sobre la calidad de los bienes: “si es tan caro es que será bueno”.

Esto no es algo nuevo, numerosos economistas han resaltado desde hace bastantes años que en algunos mercados, en los cuales hay información asimétrica entre consumidores y vendedores (los vendedores saben lo que están vendiendo de verdad mientras que los consumidores no sabemos realmente lo que estamos comprando), los precios son fundamentales para que el consumidor se oriente sobre la calidad del bien.

Eso no quiere decir que la calidad de esos productos siempre esté en relación con su precio, ya que en la mayor parte de los casos los consumidores no estamos en disposición de acceder a esa información, o nos es muy costoso adquirirla. Cuando estamos dispuestos a pagar un precio elevado por la supuesta mayor calidad de un producto sin que tengamos una idea fehaciente de sus verdaderas características, en esos casos estamos hablando de los bienes superiores. La demanda de bienes superiores crece a pesar de que sus precios se incrementen, lo que pone en cuestión la ley de oferta y de demanda.

El ejemplo más utilizado es el del mercado de los coches de segunda mano. Si un vendedor de vehículos usados baja los precios de sus coches lo más probable es que venda menos, ya que la mayor parte de los posibles compradores pensará que la reducción de precios tiene que ver con una peor calidad de los coches ofertados.

Tal como indicó Joseph Stiglitz en su artículo “The causes and consequences of de dependence of quality on price”, publicado hace ya treinta años, en los mercados de bienes superiores la tradicional competitividad vía reducción de precios, y costes de producción, no es una garantía de que las empresas eliminen a los competidores con mayores precios y salarios y, por tanto, aumenten su cuota de mercado.

Para crear mercados de bienes superiores las empresas desarrollan innovadoras “tecnologías de comercialización” cuyo principal objetivo es crear valor emocional para sus productos, mediante la valorización de la marca, la creación de intangibles o la diferenciación del producto. Cuando un producto consigue “algo de valor de obra de arte” ello significa que los consumidores dejamos de tener criterios objetivos-racionales sobre la relación precio-calidad de dichos productos. Cuando el principal criterio para comprar un bien es subjetivo-emocional -“lo compro porque me gusta”-, los precios de venta, como en las obras de arte, se desconectan de los costes de producción.

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eldiario.es

Recientemente el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, el presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, e incluso el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri se han mostrado contrarios a la creación de una banca pública en España. “La experiencia es mala. Puede existir alguno que funcione bien, pero no es probable”, afirmó Linde. “No conozco ningún banco público que sea sostenible en el tiempo”, dijo el ejecutivo vizcaíno.

Causa estupor que algunas de las personas que en nuestro país más deberían saber sobre el sistema bancario sean unos absolutos legos en lo que sucede en otros países europeos. ¿O tal vez sea que las orejeras ideológicas no les permiten percibir toda la realidad?

El propio Banco Mundial reconoce en su informe Repensando el papel del Estado en las finanzas: “El positivo papel que han jugado los bancos públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito (…) compensando parcialmente la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados”, así como: “La evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis”.

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Radicales Libres

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Un primer error cuando se analiza la evolución del trabajo en el mundo son las equivocadas perspectivas que, con mucha habitualidad, eligen los analistas. A menudo se hacen consideraciones globales en base a lo que ven en su entorno inmediato, como mucho a lo que ocurre en su país.

Desde la crisis de 2008 hasta 2014 se han creado doscientos doce millones de puestos de trabajo netos en el mundo, según datos de la OIT, pero en el conjunto de los países desarrollados tan solo cien mil, y en la Europa de los 28 se han perdido tres millones setecientos mil.

Resulta evidente que si cada año se crean cerca de cuarenta millones de empleos en el conjunto del planeta, si hay ochocientos veintitrés millones de trabajadores más que hace veinte años, si hoy hay un total de 3.190 millones de trabajadores en el mundo no estamos en un proceso irreversible de fin del trabajo.

Comenta J. Livingston que “los economistas de Oxford que estudian las tendencias laborales nos dicen que casi la mitad de los trabajos existentes (…) están en peligro de muerte como consecuencia de la informatización”. Livingston, supongo, se refiere al trabajo de Frey y Osborne El futuro del empleo, un trabajo que ha sido tan cuestionado por los especialistas del ramo como difundido por los medios de comunicación generalistas.

Un reciente estudio de la OCDE de tres economistas alemanes (Arntz, Gregory y Zierahn), El riesgo de la automatización del trabajo en los países de la OCDE, un análisis comparativo, que no ha tenido el mismo eco mediático que el estudio británico, cuestiona la metodología de los británicos. Tan solo estudiaron con detalle el riesgo de automatización de setenta ocupaciones, y luego de forma mimética imputaron los ratios obtenidos a otras seiscientas treinta ocupaciones, sin analizarlas en profundidad.

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Fundación 1º de Mayo

En está cuarta, y última entrega, de la entrevista realizada a Manuel de la Rocha (PSOE), Alberto Garzón (IU) e Ignacio Álvarez (Podemos), estos responden a las preguntas relativas al papel que debería jugar una banca pública en España y sobre la necesidad del desarrollo de una política industrial que tenga como objetivo incrementar el papel de esta en el PIB. VER PRIMER BLOQUE DE PREGUNTAS VER SEGUNDO BLOQUE DE PREGUNTAS VER TERCER BLOQUE DE PREGUNTAS

Los tres, aunque con importantes diferencias en cuanto al peso en la actividad económica, apuestan por una banca pública. Así, Manuel de la Rocha plantea: “Desde el PSOE defendemos la creación de un banco público de inversión (…) Nuestro modelo es el KFW alemán, por ejemplo, que en 2013 representaba cerca del 12,7% del crédito bancario en Alemania”.  Alberto Garzón considera que: “En Izquierda Unida llevamos muchos años exigiendo una banca pública potente y de calidad (…) Sin necesidad de nacionalizar toda la banca”. E Ignacio Álvarez (Podemos) cree que: “Los bancos actualmente controlados por el Estado –y muy particularmente un banco de primer orden como es Bankia– bien podrían cumplir esa función (de banca pública) en el futuro”. Seguir leyendo…

Fundación 1º de Mayo

En este tercer bloque de preguntas realizadas por la Fundación 1º de mayo se analiza la relación entre las limitaciones a la actuación pública del estado incluidas en el reformado artículo 135 de la Constitución y las políticas de creación de empleo y sostenimiento del Estado del bienestar. VER PRIMER BLOQUE DE PREGUNTAS VER SEGUNDO BLOQUE DE PREGUNTAS

Si bien los tres economistas tienen un alto grado de coincidencia en el peso que debería tener el Estado en la economía española, en términos de PIB, y de las causas de las elevadas tasas de desempleo de la economía española, surgen notables discrepancias en relación a la controvertida reforma del citado artículo. Manuel de la Rocha (PSOE) manifiesta: “De cara al futuro el Partido Socialista está elaborando una propuesta de reforma de algunos aspectos del artículo 135 de la Constitución Española (…) para equilibrar la actual redacción, sesgada hacia el pago de la deuda, con la garantía de pago de nuestros derechos sociales fundamentales. Mientras que Alberto Garzón (IU) propone: “el artículo debería redactarse al revés, dejando claro que no se pagará ni un euro a un acreedor financiero hasta que no se satisfagan todas las necesidades básicas de la ciudadanía”. Ignacio Álvarez (Podemos) considera que: “Este tipo de “reglas de oro” (…), constituyen tutelas sobre la soberanía económica de una nación que difícilmente casan con la democracia”. Seguir leyendo…

Fundación 1º de Mayo

En este segundo bloque de preguntas realizadas por la Fundación 1º de mayo se analizan la relación entre las políticas destinadas a la lucha contra la desigualdad social y la negociación colectiva. VER PRIMER BLOQUE DE PREGUNTAS

Aunque los tres economistas entrevistados coinciden en la necesidad de fortalecer el poder de negociación de los trabajadores, en las respuestas surgen diferentes matices, así Manuel de la Rocha (PSOE) manifiesta: “Proponemos un nuevo Estatuto que responda a las necesidades de trabajadores y empresas del siglo XXI, (…) al tiempo de trabajo, condicionada por la necesidad de conciliar la vida personal y laboral, a la participación y corresponsabilidad de los trabajadores en las decisiones empresariales”. Y Alberto Garzón (IU) expresa que: “La mejor forma de distribuir (no redistribuir) equitativamente la renta es la de reducir el poder del gran capital. Aumentar el poder de negociación de los trabajadores es importante, pero si atacamos el problema de raíz nos ahorraremos muchos problemas y dificultades (…) Socializando estas empresas estratégicas se logra acabar con el poder del capital en estos ámbitos y aumentar instantáneamente el poder de los trabajadores”. Ignacio Álvarez (Podemos), por su parte, considera que: “Si verdaderamente se quiere invertir el patrón regresivo que la distribución primaria de la renta experimenta desde hace años, se deben reequilibrar las posiciones de trabajadores y empresarios en el marco de la negociación colectiva, fortaleciendo para ello la representación de los asalariados”. Seguir leyendo…

Fundación 1º de Mayo

Tres economistas de reconocido prestigio en la izquierda, Manuel de la Rocha secretario de Economía de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Alberto Garzón, diputado en el Congreso por Izquierda Unida, e Ignacio Álvarez, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos contestan a las preguntas de Bruno Estrada, director de Estudios de Fundación 1º de Mayo en relación con las causas de la crisis financiera y con las erróneas políticas que se han aplicado en la UE y España para afrontarla.

Dado lo extenso de las entrevistas se han separado las respuestas en cuatro bloques: el primero sobre financiarización de la economía y reestructuración de la deuda pública; un segundo bloque sobre estabilidad presupuestaria, reforma fiscal y la defensa del estado del bienestar, incluida la reforma del art. 135 de la Constitución Española; en el tercer bloque se han planteado temas relacionados con las últimas reformas laborales, así como propuestas que permitan empoderar a los trabajadores; y en el último, cuestiones relativas a la banca pública y la necesidad de una política industrial activa. En este primer bloque se analizan las causas de la crisis financiera y las medidas que debiera tomar un próximo gobierno progresista en relación con la regulación de los flujos de capitales cortoplacistas, tal como recomienda en la actualidad el propio Fondo Monetario Internacional. Así como la necesidad de afrontar una reestructuración del endeudamiento público para poder desarrollar políticas económicas eficaces que tengan como objetivo la creación de empleo y la consolidación del Estado del bienestar. Seguir leyendo…

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En 1972 el Club de Roma, poco antes de la crisis del petróleo de 1973, publicó el informe Los límites del crecimiento, que fue trascendental para incorporar la sostenibilidad medioambiental al análisis del crecimiento económico. Con posterioridad periódicamente viene surgiendo el debate sobre los límites físicos al crecimiento económico, en lo que se conoce como teorías del decrecimiento, crecimiento cero o estado estacionario. Dichas teorías se basan en la hipótesis de que los límites físicos del planeta suponen un cuestionamiento del incremento continuo de la actividad económica, y del hecho de que alcanzar los límites físicos del planeta, que ellos encuentran cercano, nos llevará a un hundimiento social.

Intuitivamente parece una hipótesis aceptable. ¿Como vamos a poder seguir creciendo indefinidamente si no podemos salirnos de la tierra (por lo menos en los próximos cientos de años en un número apreciable)?

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Hemos empezado 2014 con una mejora de las expectativas económicas de España, en paralelo a una relajación de las tensiones en los mercados financieros, que el Gobierno se ha encargado de magnificar de forma propagandística. Es cierto que los datos del INE para el tercer y cuarto trimestre de 2013, un incremento del PIB del 0,1% y del 0,3% respectivamente sobre el trimestre precedente, parecen confirmar el inicio de una débil recuperación de la economía española, y una mejora de la evolución de sus principales macromagnitudes, excepto el empleo y, curiosamente, el sector exterior.

Las previsiones de los analistas han mejorado en unas décimas la previsión de crecimiento del PIB para el año 2014, que en todo caso es muy difícil que supere el 1%. Pero lo curioso de esta incipiente recuperación, que en todo caso en el futuro inmediato será débil y frágil, es que el Gobierno calla las causas, que son contrarias a la política económica basada en la austeridad que ha regido nuestro país desde hace casi cuatro años.

Durante el tercer trimestre de 2013 (todavía no hay datos desagregados del cuarto trimestre) se han producido cambios sustanciales en la tendencia del consumo privado (la tasa intertrimestral del consumo de los hogares subió el 0,4%), del consumo público (se ha incrementado en tasas interanuales, más relevantes que las variaciones entre trimestres, en un 0,3%), y de la inversión empresarial (que con un crecimiento del 0,2% continua la evolución positiva iniciada en el segundo trimestre, de un 1%).

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Colección Qué hacemos

Qué hacemos con la competitividad

QUÉ HACEMOS con la falacia que vincula la salida de la crisis CON bajadas salariales que en realidad no mejoran LA COMPETITIVIDAD. El discurso oficial europeo ya lo conocemos: los países del sur (España entre ellos) tienen un problema de competitividad, y la vía de mejora pasa por políticas de austeridad y contracción salarial. En cuanto al gobierno español, busca una “devaluación interna”: abaratar los costes laborales, bajando salarios, para competir en el mercado global. Pero ambos enfoques son erróneos, parten de un análisis equivocado, y sus consecuencias están a la vista: recesión, agravamiento de la crisis y aumento de la desigualdad. Este libro desmonta las falacias de ese discurso de la competitividad, demuestra que el foco no hay que ponerlo en los salarios sino en el uso que se da a los beneficios empresariales, y apuesta por el concepto de Competitividad Estructural, actuando sobre cuestiones como financiación, reinversión de beneficios, y una mejor política industrial y energética.

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La crisis ha acelerado en España la emergencia de un nuevo grupo social, haciéndolo mucho más visible en términos mediáticos, sociales y políticos, que me atrevo a denominar como “precariado ilustrado”, situándolo en un lugar central de los cambios sociales que estamos viviendo y, por tanto, su análisis resulta clave para entenderlos. En primer lugar hay que plantearse: ¿Qué define a este nuevo grupo social?, esto es, ¿cuáles son sus características diferenciales sobre otros grupos sociales ya existentes?

Una relación inestable y discontinua con sus empleadores es algo común a todo el “precariado” (un concepto que empezó a utilizar la sociología francesa a partir de los ochenta), por eso, yo creo que al “precariado ilustrado” le define, añadido a lo anterior, lo que Guy Standing (‘El precariado, una nueva clase social’; 2013) llama la “discordancia de estatus”. Eso es, personas que tienen un nivel de educación formal relativamente alto pero que se ven obligadas a aceptar empleos con un estatus o ingresos muy inferiores a los que considerarían acorde con su cualificación. Un ejemplo paradigmático, casi esperpéntico, de esa “discordancia de estatus” son los requerimientos de titulación que recientemente ha hecho una empresa para un puesto de trabajo que consiste en repartir bollos en Murcia a partir de las cuatro de la madrugada: “titulados en administración y dirección de empresas”.

Las consecuencias de esta “discordancia de estatus” son una notable frustración, e incluso resentimiento social, en muchas de estas personas. Tener esto en cuenta es muy importante para analizar los posibles comportamientos sociales y políticos del “precariado ilustrado”. A su juicio, ellos han cumplido con la sociedad, haciendo un notable esfuerzo en formarse y cualificarse y luego la sociedad les ha fallado (desde mi punto de vista este es un factor clave para comprender el seguimiento masivo que tuvieron las iniciales movilizaciones vinculadas al 15-M). Se podría resumir, más coloquialmente, con la frase con la que muchos hijos, licenciados y en paro o con contratos precarios, recriminan a sus progenitores: “Me has mentido. He estudiado, he hecho todo lo que me has dicho y no ha servido de nada”.

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Econonuestra

Para encontrar una solución acertada a un problema es imprescindible que el enfoque con el que se aborda sea el correcto. Si no se actúa así lo más probable es que las supuestas soluciones pasen a formar parte del problema que se quiere resolver. Esto es lo que ha sucedido con el “Informe de la Comisión de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones” (a partir de ahora el Informe). Pues lo que hace el Informe es enfocar el problema como si fuera una cuestión contable en un universo actuarial cerrado en el que los gastos dependen del volumen de cotizantes y de los salarios de los que han cotizado y los ingresos dependen tan solo de las cotizaciones sociales, sin considerar las interrelaciones bidireccionales entre la evolución de los ingresos y gastos de la Seguridad Social y el resto de la actividad económica y el nivel de bienestar de la sociedad española, esto es, dejando completamente de lado las cuestiones redistributivas que están el corazón de los sistemas públicos de seguridad social.

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