jun 19, 2020 0
Artículo publicado en El Huffington Post, el 16 de junio de 2020
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La importancia política y social que tiene para España la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es indiscutible, y seguramente se irá apreciando en toda su dimensión conforme pase el tiempo y tengamos la perspectiva necesaria. Más allá del análisis de sus detalles, hay al menos tres cuestiones cruciales que ya podemos destacar. Seguir leyendo…
oct 13, 2019 0
En las próximas elecciones se dilucida una cuestión fundamental: ¿el nuevo Gobierno que elijamos va a gestionar la desaceleración económica —que ya está aquí— de la misma manera que la última crisis, o esta vez haremos las cosas de otra forma, pensando en la mayoría social?
Los signos de enfriamiento de la economía son evidentes, y preocupantes: en 2018 crecimos al 2,4%, y Funcas prevé que lo hagamos al 1,9% en 2019 y al 1,5% en 2021. Esto va a significar menor creación de empleo, cuando la tasa de paro todavía sigue duplicando la media europea. Y además esta desaceleración llega cuando aún hay millones de españoles que no se han recuperado del vendaval de la última crisis, y que sufren graves problemas de inestabilidad laboral amplificados por la reforma del mercado de trabajo.
Que las causas de la desaceleración sean principalmente externas no significa que no debamos reaccionar cuanto antes para contrarrestar sus efectos. Pedro Sánchez resta importancia a la situación y Casado la exagera para alarmar. Ni una cosa ni la otra: lo que debemos hacer es aprender de la última crisis y gestionar esta de forma distinta a como lo hicieron el PSOE y el PP. Esto supone impulsar una estrategia que priorice tres objetivos: actuar con rapidez para amortiguar la ralentización, con planes de inversión pública; construir un escudo social para los más vulnerables, y utilizar esta oportunidad para abordar retos estructurales que siguen pendientes o que nos acechan (cambio climático, digitalización, necesidad de elevar la productividad, igualdad de género, desequilibrios interterritoriales…).
jul 1, 2019 0
ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)
Digámoslo claro desde un primer momento: la construcción de las reglas fiscales europeas, las fuertes limitaciones al uso de las políticas presupuestarias y el intervencionismo extremo de Bruselas en las decisiones fiscales de los gobiernos y parlamentos nacionales no se derivan de una teoría económica sólida e incontrovertida. La seguridad con que se exige el cumplimiento de toda la maraña de requisitos que limitan lo que los gobiernos pueden o no hacer, so pena de someter supuestamente a las economías europeas a graves catástrofes, reflejan en buena medida posiciones políticas con un fuerte contenido ideológico, y prejuicios en contra de la intervención pública. Los límites impuestos a la deuda y al déficit (60% y 3% del PIB) son completamente arbitrarios, como lo es la exigencia a todos los países de ritmos preestablecidos de reducción del déficit estructural, que ni siquiera puede medirse sin grandes dosis de incertidumbre.
La experiencia de estos años nos enseña que mantenerse dentro de este marco no asegura que los resultados económicos mejoren (al contrario, las políticas de austeridad aplicadas en mitad de la recesión sobre la base de estas ideas no hicieron más que empeorar la situación, como el propio Draghi acaba de reconocer). Y tampoco es cierto que salirse de él sea equivalente a poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Muchos economistas heterodoxos llevamos tiempo afirmando esto –con un “éxito relativo” para lograr cambios reales, seamos sinceros– aunque recientemente hay cada vez más economistas mainstreams que empiezan a reclamar también un papel más activo de la política presupuestaria, incluso desbordando el actual marco fiscal. Como seguramente acabarán resultando más convincentes –son “personas serias”– conviene estar atentos a lo que dicen y, si es posible, aprovecharlo para lograr un mayor consenso político en torno a este objetivo de “resucitar” la política fiscal.
jun 25, 2019 0
Ha llegado el momento de pasar de la efervescencia electoral al debate de fondo. ¿Qué grandes transformaciones económicas debemos impulsar en esta nueva legislatura?
Tano Santos y Jesús Fernández-Villaverde empujaban recientemente este debate. Algunos diagnósticos son compartidos: el nulo crecimiento de la productividad dificulta la convergencia con nuestros socios europeos, la complejidad tecnológica de nuestras exportaciones es limitada y nuestro sistema financiero está preocupantemente concentrado y poco capitalizado. Sin embargo, entre los desafíos que señalan nuestros colegas hay omisiones relevantes y debates pendientes.
En primer lugar, los economistas no podemos seguir olvidando por más tiempo la actual emergencia climática. Debemos situar en el centro de la agenda la descarbonización de nuestra economía, impulsando un programa de inversiones en energías renovables, rehabilitación inmobiliaria y movilidad eléctrica. Estas inversiones ayudarían además a sortear la desaceleración internacional, apuntalando la creación de buenos empleos.
En segundo lugar, este plan de inversiones verdes debe tener también un componente morado, que impulse infraestructuras sociales de las que carecemos y que son esenciales para avanzar en la igualdad de género. Universalizar la educación de cero a tres años, y desarrollar un verdadero sistema de dependencia, permitiría elevar la tasa de empleo de la economía y reducir la brecha salarial que sufren las mujeres.
Sorprende, en tercer lugar, que Santos y Fernández-Villaverde no hagan referencia en su artículo a la necesidad de reducir la desigualdad: ninguna transformación económica será social y políticamente sostenible si no camina de la mano de una mayor equidad. Los costes de vivir en sociedades tan desiguales están muy documentados: la desigualdad conlleva una insuficiencia estructural de demanda —con pérdidas de crecimiento potencial—, polarización política y desafección social. Contamos con instrumentos diversos, pero la profundidad del problema exige un planteamiento integral: por un lado, necesitamos cambios en las políticas de redistribución —con la articulación de un auténtico sistema de ingresos mínimos y una mayor progresividad fiscal. Pero, además, debemos transformar nuestro modelo de predistribución —con un reequilibrio de la negociación colectiva en el mercado laboral.
Esto nos lleva a un cuarto reto, que nuestros colegas tampoco mencionan: urge terminar con la precariedad, que dificulta los proyectos vitales de muchas personas y daña la productividad de nuestras empresas. La reforma laboral no ha corregido la altísima temporalidad que arrastramos desde antes de la crisis. De hecho, hoy la situación es aún peor: los contratos temporales duran 30 días menos que en 2008 y los indefinidos se han precarizado (el 40% no alcanza el año de duración).
mar 20, 2019 0
ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)
Del total de personas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social en febrero de 2019 (14,9 millones), solo la mitad tenía un contrato indefinido ordinario a tiempo completo, o lo que la OIT define como un contrato estándar. En el caso de jóvenes menores de 30 años, solo una de cada cuatro personas afiliadas tenía este tipo de contrato. El resto tenía un contrato “atípico” (temporal o a tiempo parcial, o ambas situaciones simultáneamente). En ese mismo mes, de hecho, solo un 21% de las nuevas afiliaciones –de todas las edades– se hicieron con contratos indefinidos a tiempo completo.
Este dato confirma de nuevo una de las características estructurales más sobresalientes de nuestro sistema productivo: la cronificación de la precariedad laboral. Más aún, si antes de la crisis España ya destacaba por la elevada tasa de temporalidad, muy por encima de la media europea, el periodo de recuperación del crecimiento económico que se inicia en 2014 viene acompañado por otros dos factores que agravan la situación: el fuerte aumento de la rotación y la menor duración de los contratos indefinidos.
En un reciente artículo, Luis Cárdenas analizaba la evolución de la contratación estándar y atípica desde el inicio de la recuperación y mostraba no solo el aumento del peso del empleo atípico, situándose incluso por encima de las cifras anteriores a la crisis, sino también la alarmante reducción de la duración media de los contratos.
En 2018, se firmaron 22,3 millones de contratos de trabajo, de los cuales 20 millones son contratos temporales (9 de cada 10), aunque el incremento neto del empleo fue de 503.000 personas ocupadas (media anual, datos EPA). Para hacernos una idea mejor de lo que esto significa, en el año 2007 el empleo aumentó bastante más (641.000 personas) pero se firmaron muchos menos contratos (17,8 millones). La causa principal de este aumento del número de contratos que hay que firmar por cada nuevo empleo neto creado se explica, claramente, porque la duración de estos contratos es cada vez menor.
nov 21, 2018 0
El análisis macroeconómico nos enseña que los comportamientos que parecen razonables cuando se analizan a nivel individual pueden dar lugar a resultados distintos a los esperados cuando se generalizan en el conjunto de la economía, o cuando quien los adopta es un agente con tanta capacidad para influir en la situación global de la economía como el sector público. Normalmente, nos referimos a estas situaciones como paradojas, y el economista canadiense M. Lavoie señala siete bien conocidas (aquí). Una de ellas es la paradoja de la deuda, que aplicada al caso de la política económica nos diría que los intentos de reducir la ratio deuda/PIB congelando o reduciendo el gasto público pueden acabar, de hecho, elevándola.
Esto es mucho más que una curiosidad teórica: ha ocurrido recientemente, y puede volver a pasar en España si seguimos las recomendaciones que están haciendo instituciones como la Comisión Europea (aquí), el Fondo Monetario Internacional (aquí) o el Banco de España (aquí). Veamos por qué.
Los cambios en el cociente de la deuda pública sobre el PIB se pueden descomponer en dos efectos. El primero está vinculado al déficit o superávit primario del Estado; es decir, a la diferencia entre el gasto público (excluido el pago por intereses de la deuda) y los ingresos públicos. Si hay déficit, el cociente deuda/PIB tiende a aumentar, porque el Gobierno tiene que emitir nuevos títulos en el mercado primario (dado que, actualmente, el banco central tiene prohibido prestar directamente al Estado). Si lo que se registra es un superávit primario, ocurre lo contrario: la ratio deuda/PIB tiende a reducirse.
Pero también hay un segundo efecto, que suele denominarse bola de nieve, y que puede ser positivo o negativo. Por un lado, el Gobierno tiene que pagar los intereses de la deuda actual, y esto eleva el gasto y la necesidad de emitir nueva deuda. En sentido contrario, si el PIB está creciendo, estos pagos supondrán un porcentaje cada vez menor de la renta. Por tanto, el efecto bola de nieve tiende a reducir el peso de la deuda pública en el PIB cuando la tasa de crecimiento de la economía es mayor que el tipo de interés, y viceversa.
Planteado de esta forma, si lo que se quiere conseguir es una reducción de la ratio deuda/PIB, la recomendación de limitar el gasto público para tener superávits primarios parece una recomendación razonable. Sin embargo, esto sólo es cierto si lo que el Gobierno decide con su política fiscal no tiene efectos en la tasa de crecimiento de la economía, o si este efecto (lo que llamamos el multiplicador del gasto público sobre el PIB) es pequeño. En caso contrario, puede ocurrir que lo que gana el Gobierno con el superávit primario (emitir menos deuda en términos nominales) lo pierda provocando un parón de la actividad económica (se reduce el denominador del cociente y hace que el efecto bola de nieve sea negativo).
jul 24, 2018 0
In the international media we read repeatedly of the supposed “Spanish miracle”. The Spanish economy has been growing again for several years now, and it is growing significantly faster than other euro-zone economies.
International financial institutions and the European Commission are trying to disseminate the message that fiscal austerity and labour market flexibility have proved successful in Spain. But that message is untrue, and it ignores some of the following fundamentals.
Firstly, the fiscal and wage cuts imposed by Brussels prolonged the economic crisis needlessly by reinforcing its depressive effect. It was precisely these cuts – as of 2010 – that determined the second phase of the crisis. The insistence, by the government of prime minister Mariano Rajoy, on policies between 2012 and 2014 that reduced the level of domestic demand, meant that Spain lost a decade of growth: it has taken ten years for the country to reach the level of GDP per capita it had before the crisis, and it has only recovered half of the jobs that were destroyed during that period.
Moreover, wage cuts and fiscal austerity have not only failed to drive the recovery, they have also deepened other problems. They have increased social inequality, eroded key public services and delayed public investment, including in research and development.
Secondly, the factors that explain the economic growth of recent years should be analysed carefully. Indeed, the Spanish economy is growing at 3% in annual terms, approximately one point above the euro-zone average. But, that is not the result of either wage cuts or fiscal austerity.
The deregulation of the labour market has supposedly boosted recovery in two ways. . According to the analyses of the European Commission and mainstream economists, lowering the cost of severance pay and cutting wages should have translated into greater job creation, boosting private consumption. Furthermore, labour reforms implemented in previous years should have increased Spain´s price-competitiveness and led to a recovery driven by the export sector.
But the reality of the Spanish economy does not confirm either of these two policies. To begin with, labour reforms have not displaced the Okun curve: the relationship between the rate of job creation and economic growth has not changed, so that in periods of economic growth our economy continues to create jobs rapidly – of poor quality – only to destroy them just as rapidly in times of crisis. That is, there is no trade-off between employment and wages.. What has happened in recent years, however, and this is probably the main effect of the labour reform, is that collective bargaining has become rebalanced in favour of companies, and the new jobs created set wages even lower. The duration of contracts has also been greatly reduced and the quality of jobs has deteriorated.
Moreover, the idea that wage devaluation has generated competitiveness gains and an export boom cannot be substantiated. The rate of growth of exports during the period 2010-2017, although significant, is very similar to the one we had in 2000-2007, despite the fact that relative labour costs were increasing at the time. The main reason for this is that the development of exports basically depends on external demand. Wage reductions have hardly translated into a reduction in relative export prices. This reduction in wages has been squandered and simply gone to increasing the profits of exporting companies.
Other factors explain the recent rapid growth of the Spanish economy. In its Annual Report for 2017, the Bank of Spain attributes much of the faster growth in 2015-16 to the European Central Bank’s (ECB’s) monetary policy and the sharp fall in oil prices. Both factors are beyond the reach of government policy. According to the Bank of Spain these factors explain about half of the additional growth experienced by the Spanish economy during the actual recovery (Figure 1).
Figure 1: GDP in Spain and in the Euro area (Annual rates of change)
Source: Bank of Spain, Annual Report 2016, pp: 48.
jun 29, 2018 0
ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)
Al acabar este año se habrán cumplido dos décadas desde que la unión monetaria dio sus primeros pasos, cuando el BCE asumió la política monetaria única y se fijaron “irrevocablemente” los tipos de cambio de las monedas nacionales de sus primeros miembros. Y no podemos decir que esta efeméride se vaya a celebrar en un clima de euforia por su funcionamiento y por los logros obtenidos. Más bien al contrario, y ello por tres razones principales.
En primer lugar, porque los resultados económicos han sido muy insatisfactorios para la mayoría de los ciudadanos en aquellos aspectos que más influyen en su bienestar (el crecimiento de sus ingresos, la tasa de paro y la calidad del empleo, o los servicios públicos a los que tienen acceso y las políticas sociales que deberían protegerlos en caso de necesidad).
En segundo lugar, porque estos malos resultados son la consecuencia de la aplicación de unas políticas económicas equivocadas y contraproducentes –la austeridad fiscal y la devaluación salarial como respuesta a la crisis económica– que además están profundamente enraizadas en el propio diseño fundacional de la unión monetaria, como veremos enseguida.
Y, en tercer lugar, porque las principales decisiones sobre estas políticas económicas se han adoptado –e impuesto– sin que haya tenido lugar un debate genuinamente democrático sobre las opciones disponibles, y frecuentemente al margen o en contra de los propios parlamentos nacionales, representantes de la soberanía popular. Para los ciudadanos de la zona euro, recuperar la capacidad de influencia en las decisiones que afectan a su bienestar se ha convertido en un objetivo prioritario.
jun 29, 2018 0
Desde hace tiempo vienen sucediéndose distintas propuestas para reformar la gobernanza del euro, como las que ha formulado la Comisión Europea o a la que lanzó E. Macron en 2017, aunque su alcance se ha limitado muy sustancialmente tras el acuerdo con A. Merkel. Reconózcase abiertamente o no, lo que esto pone de manifiesto es una profunda insatisfacción por los resultados cosechados desde la creación de la unión monetaria, particularmente después de la crisis y de las políticas aplicadas durante esta “década perdida”.
España ha tardado diez años en recuperar el PIB que tenía en 2007, la economía griega se ha reducido un 25% e Italia presenta hoy un PIB per cápita inferior al que tenía antes de entrar en el euro. Las tasas de desempleo han alcanzado niveles estratosféricos, la calidad del nuevo empleo creado es muy deficiente -fruto de las reformas laborales impuestas- y los servicios públicos fundamentales se han erosionado.
Millones de ciudadanos europeos -particularmente en los países periféricos, pero no sólo- han constatado que la austeridad fiscal y la contención salarial son políticas económicas profundamente enraizadas en la propia unión monetaria. Más aún, como ilustra el último libro de Yanis Varoufakis, las principales decisiones se han adoptado -e impuesto- sin un debate genuinamente democrático sobre las opciones disponibles, y frecuentemente al margen o en contra de los propios parlamentos nacionales, representantes de la soberanía popular.
may 31, 2018 0
En estos momentos previos a la moción de censura, el Gobierno se esfuerza en trasladar un mensaje a la ciudadanía y al resto de fuerzas políticas: deben ustedes elegir entre nosotros, o la inestabilidad económica y el fin de la recuperación.
Esta supuesta elección es falsa. El ejecutivo de Rajoy no sólo es un gobierno enfangado en un lodazal de corrupción, que amenaza con erosionar profundamente nuestra democracia. Es, además, un gobierno que deja tras de sí una legislatura estéril en materia económica, cuando no contraproducente.
Las principales medidas de este gobierno en materia económica tuvieron lugar en la legislatura anterior. Después de 2015 el Gobierno apenas ha legislado en este campo.
Así, Rajoy sigue vendiendo como su principal triunfo económico una reforma laboral, la de 2012, que habría supuestamente permitido impulsar la recuperación, crear empleo y dinamizar el sector exportador. Ya sabemos que el empleo que se está creando –como consecuencia precisamente de la reforma laboral– es un empleo muy precario e inestable. Pero además, dicha reforma no ha alterado la relación existente entre el ritmo de creación de empleo y el crecimiento económico: es similar al existente en las décadas previas a la crisis. Es decir, que en periodos de crecimiento económico nuestra economía seguirá creando rápidamente empleo –de mala calidad– para pasar a destruirlo rápidamente, como ha sucedido hasta la fecha, en momentos de crisis.
Además, la tasa de crecimiento de las exportaciones durante el periodo 2010-2017 es muy similar a la que tuvimos en 2000-2007: la idea de que la devaluación salarial ha generado ganancias de competitividad y un boom exportador no se puede sostener. De no ser por la evolución de los precios del petróleo, hoy volveríamos a tener los tradicionales desajustes externos de nuestra economía.
may 16, 2018 0
Como señalaba Dani Rodrick, el debate sobre las consecuencias sociales y económicas del proceso de “digitalización” está muy polarizado: los “tecno-optimistas” piensan que estamos en la antesala de grandes crecimientos de la productividad que permitirán un aumento de los niveles de vida sin precedentes; los “tecno-pesimistas” afirman que es difícil que la digitalización acabe produciendo los aumentos de productividad que se le atribuyen; por último, los “tecno-preocupados” coinciden en que el efecto de las nuevas tecnologías sobre la productividad será de gran escala, pero piensan que, precisamente por eso y por sus características, acabarán provocando grandes pérdidas de empleo y de bienestar para una parte importante de la población.
Nuestro enfoque no se reconoce en ninguna de estas tres posiciones.
En primer lugar, aunque aún está por ver su dimensión exacta, sí creemos que este tipo de innovaciones acabarán cambiando el modo de producir en muchos sectores, y acelerarán la productividad en los próximos años (al menos en dichos sectores). Esto debemos verlo como una oportunidad: será posible aumentar la renta per cápita con las mismas horas de trabajo, o garantizar niveles similares de renta per cápita con jornadas laborales más cortas. Pero también es un desafío que España debe atender con las políticas industriales adecuadas para no quedar relegada.
A su vez, este proceso puede plantear algunas amenazas, lo que requiere que se gobierneadecuadamente para asegurar no sólo que la productividad crece, sino que este aumento se reparte equitativamente y se traduce en cambios favorables para la mayoría.
La amenaza que se analiza con más frecuencia es la de la posible aparición de un elevado “desempleo tecnológico” como consecuencia de que los robots sustituyan al trabajo humano en muchas ocupaciones. Sin embargo, como ya se ha explicado también en otros números previos de La Circular, la robotización no tiene por qué producir una destrucción masiva de empleo.
Sin ir más lejos, entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los años 70, los países desarrollados vivieron años de crecimiento elevado de la productividad –asociada a la fuerte mecanización del proceso productivo–, pleno empleo y aumentos de los salarios reales, como vemos en la siguiente figura. Esta “compatibilidad” entre desarrollo de la productividad y crecimiento del empleo se explica, primero, porque a la vez que crece la productividad puede reducirse la duración de la jornada laboral media. Además, la posibilidad de obtener la misma producción con menos horas de trabajo no tiene por qué suponer que el número total de horas de trabajo se reduzca, siempre y cuando se produzca, de forma simultáneamente, un aumento de la demanda, la expansión de nuevos sectores y, por tanto, de la actividad económica.
Productividad y empleo (1950 = 100) y tasa de paro en Estados Unidos
Fuente: Federal Reserve Economic Data.
may 11, 2018 0
Cómo organizamos y cómo distribuimos el tiempo tiene una influencia decisiva en nuestras vidas. Las decisiones que podamos adoptar colectivamente sobre estas cuestiones están cargadas de una potencia transformadora muy importante. Por ello, queremos impulsar este debate y conceder a la distribución entre el “tiempo de trabajo” y el “tiempo personal”, un protagonismo mucho mayor del que actualmente recibe en las discusiones de política económica. Hay buenas razones para ello.
En primer lugar, la jornada laboral –medida por el número de horas de trabajo anuales por persona ocupada– ha seguido históricamente una tendencia a la baja, conforme se iban produciendo mejoras en la productividad. Por ejemplo, en España la jornada laboral suponía unas 2.800 horas de trabajo al año a principios del siglo XX, y actualmente está ligeramente por debajo de las 1.700 horas. Pero en el gráfico también podemos ver que si bien entre 1970 y 1990 hubo un intenso proceso de reducción del número de horas anuales de trabajo (casi un 13%), esta tendencia se detuvo entonces, y hoy la jornada anual es sólo un 3% más baja que hace 30 años. De hecho, en España se trabaja de media 118 horas más al año que en el conjunto de la UE-15.
Pero, en segundo lugar, el hecho de que -por término medio- dediquemos más tiempo en España al trabajo productivo que en otros países europeos es compatible con una importante discriminación por género también en la duración de las jornadas. Por un lado, un 28,5% de los hombres declara tener una jornada en su puesto de trabajo habitual superior a las 40 horas semanales, frente a un 15,5% de las mujeres. Por otro lado, el fuerte crecimiento en el trabajo a tiempo parcial que se ha producido en los últimos años se ha concentrado en las mujeres. Un 70% de las contrataciones a tiempo parcial son de mujeres, de las cuales más de la mitad son involuntarias. Además, en el 20% de los casos el empleo a tiempo parcial de las mujeres está asociado al desigual reparto de los cuidados (en los hombres no llega al 5%).
mar 16, 2018 0
¿Por qué se adoptaron las reformas laborales de 2010 y 2012 en España?
Oficialmente, estas reformas son parte de la respuesta a la crisis que ha afectado a la economía española desde finales de 2008 hasta 2013, y su implementación debe considerarse en el marco de la pertenencia a la Unión Europea y al euro. La lógica que se les presupone es, al menos, doble. Una es de carácter muy general (neoclásica): al liberalizar el mercado de trabajo los costes de contratar este factor se reducen, lo que resulta en un aumento del empleo (por un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda de trabajo). La otra es recuperar la competitividad perdida a lo largo de la década de prosperidad entre 1997 y 2007.
En este artículo nos centramos en esta segunda justificación.
La necesidad de recuperar competitividad se enmarca en el análisis ortodoxo de que la crisis en España tiene su origen en un elevado volumen de deuda externa, provocada por la acumulación de unos elevados déficit por cuenta corriente que, a su vez, están causados por unos costes laborales unitarios excesivos. Esta es la versión oficial.
En estas líneas queremos reflexionar sobre este relato oficial, abordando las siguientes cuestiones:
Avanzamos que la respuesta a ambas preguntas es negativa. Nos centramos en la economía española, en el período 2002-2017.
Respecto a la primera cuestión, nos parece conveniente señalar que, a la hora de considerar la deuda externa en un contexto de crisis, es más relevante el concepto de deuda bruta -aproximadamente el 167% del PIB- que el de deuda neta -en torno al 85%-. Entre otras cosas, porque, parafraseando a Obstfeld (2012) es posible que en caso de un sudden stop, con la consiguiente paralización en la entrada de capitales en el país, “… los activos de mi vecino no estén disponibles para pagar mi deuda”.
Si la deuda bruta es el concepto relevante, entonces deberíamos prestar más atención a los flujos brutos de capitales que a los netos. Sugerimos dos motivos. Por un lado, tenemos una fuerte evidencia empírica que apunta a que los flujos brutos de entrada y salida de capitales están positivamente correlacionados entre sí, y negativamente con el VIX -una medida de la incertidumbre-. Es decir, los flujos brutos de deuda son procíclicos, mayores y más volátiles que los flujos netos (Broner et al., 2013, Rey, 2013). Una consecuencia de esto es que es posible que crezca la vulnerabilidad externa al tiempo que la balanza por cuenta corriente se mantiene equilibrada, o incluso con superávit.
Por otro lado, los flujos netos no nos informan de las pautas y canales de financiación a nivel internacional. Como han señalado Borio y Disyatat (2011, 2015) lo que se financia es la deuda, no los déficit comerciales. En este sentido, se detecta con carácter general una alta correlación entre el crédito bancario, el precio de los activos -financieros e inmobiliarios- y el flujo de entradas brutas de capitales (Adjiev et al. 2012, Rey, 2013). Y aunque es frecuente observar situaciones en las que el crédito crece al tiempo que se incrementa el déficit por cuenta corriente, no es difícil encontrar lo opuesto (Hume y Sentance, 2009).
En definitiva, y sobre la base de lo anterior, frente al argumento de que la deuda externa se explica por los déficit por cuenta corriente y por la pérdida de competitividad, aquí proponemos otra interpretación de lo sucedido en la economía española:
La siguiente gráfica, tomada de Febrero et al. 2017, p. 10, ilustra esta cuestión. El crédito bancario a hogares y sociedades no-financieras acumulado entre 2002 y 2008 asciende al 108% del PIB; la deuda externa agregada acumulada en esos 6 años es el 92%, siendo la deuda externa de los bancos el 82%, y el déficit por cuenta corriente acumulado el 38%. Es decir, los bancos refinancian el 76% del crédito concedido a agentes privados residentes en mercados internacionales (82/108), lo que supone el 89% de la deuda externa acumulada (82/92), mientras que el déficit por cuenta corriente acumulado explica sólo el 41% de la deuda externa (38/92).
El origen de los flujos brutos de capitales hacia la economía española procede principalmente de bancos en la Eurozona, y concretamente de los ubicados en Alemania y Francia, y a cierta distancia, Holanda (Shin, 2012, p. 41, figura 27). A su vez, estos bancos no movilizaban ahorros de residentes sino que financiaban los flujos al exterior con deuda en otros mercados exteriores (O’Connell, 2015, p. 178 y ss. y la literatura allí citada).
Un análisis basado en flujos brutos deja bastante claro que la responsabilidad de los bancos en la acumulación de deuda externa –concediendo demasiados créditos al fijar unos requisitos muy poco exigentes a los prestatarios– es enorme y, en todo caso, mucho mayor que la de los desequilibrios por cuenta corriente.
Figure 1: Gross inflows. Spain. 2002-2017. % GDP.
mar 15, 2018 0
La movilización feminista de la semana pasada y las manifestaciones en defensa de unas pensiones públicas dignas tienen mucho en común. Para empezar, ambas reflejan los límites de un modelo de desarrollo que, incluso cuando presenta tasas de crecimiento elevadas, no atiende a las necesidades de la mayoría: ¿para qué sirve crecer al 3% si no se traduce en mejoras de las condiciones de vida de sectores importantes de la población, que incluso ven cómo se deteriora su capacidad adquisitiva?
Pero hay otra conexión muy relevante sobre la que queremos llamar la atención: garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres también significa garantizar las pensiones futuras. Más aún, cerrar la brecha de género es imprescindiblepara lograr el crecimiento en el empleo y los salarios que asegura la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Los partidarios de recortar las pensiones lo argumentan por el envejecimiento de la población española, que hará que en las próximas décadas aumente el número de mayores de 65 años en relación con las personas en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). Según Eurostat, este cociente pasará del 30% actual al 60% en 2050, y los partidarios de los recortes concluyen de esta cifra que “no se podrán pagar las pensiones si no se recortan”.
Sin embargo, lo que debemos medir no es esta ratio entre personas mayores y personas en edad de trabajar, sino la relación entre todas las personas dependientes y aquellas personas que participan efectivamente en la producción. En el numerador, por tanto, debemos poner no sólo a los jubilados y jubiladas, sino también a las personas en edad de trabajar que permanecen inactivas o paradas, mientras que en el denominador deberíamos contar solo a las personas con empleo.
Esto es muy importante, porque pone el foco en la evolución del empleo (y los salarios) para garantizar las pensiones.Quienes, con la renta que generan, deben sostener económicamente no solo las pensiones, sino a todas las personas que no están ocupadas en un momento determinado, son exclusivamente las personas que tienen un empleo. Y España tiene aquí un gran margen de mejora, puesto que su tasa de empleo puede aumentar sustancialmente.
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mar 14, 2018 0
Si hay un punto en el que existe unanimidad entre todos los que analizan la situación de la Seguridad Social en España es que la aplicación del “índice de revalorización” impuesto por el Partido Popular en 2013 supondrá una importante erosión de la pensión que cobrarán las y los pensionistas. Así lo han dicho instituciones oficiales como el Banco de España o la AIReF, fundaciones privadas como FEDEA, numerosos trabajos académicos y, hace solo una semana, la Comisión Europea en su informe sobre España (página 26).
Sobre esto no hay debate porque, digámoslo claro, es lo que persigue en realidad la aplicación de este índice: su objetivo es reducir el déficit de la Seguridad Social por la vía rápida de recortar el gasto en pensiones. Para lograrlo, la aplicación de este índice supondrá la casi congelación de las pensiones (el famoso 0,25%) durante años, por lo que con una tasa de inflación que se acerque al 2% (el objetivo de inflación del BCE) cada uno de estos años la pensión perderá un 1,75% de capacidad adquisitiva. Una persona que se haya jubilado en 2017 y viva 20 años acabará (mal)viviendo con una pensión que valdrá casi un 30% menos.
Pero no hay ninguna razón para someter a las personas mayores a este empobrecimiento progresivo, si se adoptan las medidas adecuadas. Por ejemplo, actualizar las pensiones este año costaría 2.300 millones de euros, un 0,2% del PIB. Una cifra similar a las bonificaciones y reducciones que el gobierno ha venido aplicando a las cotizaciones sociales, supuestamente para incentivar la contratación, pero con nula eficacia; o similar también al coste del rescate de las autopistas, según el último plan presupuestario enviado a Bruselas.
mar 13, 2018 0
El actual periodo de crecimiento no está generando empleo de calidad, sino lo contrario. Se está ‘cronificando’ la precariedad, y en eso han tenido mucho que ver, sin duda, las últimas reformas laborales.
Aunque la precariedad laboral tiene muchas caras, muchos laboralistas llevan años denunciando —y nosotros también desde Podemos— una de las más evidentes: la temporalidad se utiliza en España de forma abusiva y en fraude de ley. Acabar con la precariedad pasa necesariamente por eliminar ese injustificado abuso de los contratos temporales, que no responden casi nunca a la causa jurídica requerida.
Aparentemente, Ciudadanos ha presentado una proposición de ley con ese objetivo: eliminar este tipo de contratos, reconociendo la dificultad para garantizar la causalidad y evitar el fraude. Con ello, todos los contratos pasarían a tener una indemnización por despido “objetivo”(es decir, justificado por una serie de causas predefinidas) de 20 días por año contratado.
Esta igualación al alza de la indemnización asociada a los contratos temporales e indefinidos es una propuesta que también ha formulado Podemos. Sin embargo, la proposición de Ley de Ciudadanos viene acompañada de una redefinición de las causas para el despido objetivo que desvirtúa por completo el sentido de la propuesta, y acaba “contaminando” de precariedad a todos los contratos, también los indefinidos.
Ciudadanos elimina el contrato temporal por obra y servicio pero, simultáneamente, incorpora una causa de despido específica por finalización de obras o servicios con autonomía y sustantividad propia. Cambia la forma, pero el fondo permanece. Se añade además a la propuesta una nueva causa objetiva de despido —”la amortización del puesto de trabajo individualizado”—, con una redacción tan laxa que a ella podría acogerse casi cualquier empresa para justificar cualquier despido.
Proponer esto, como hace Ciudadanos, supone facilitar el despido libre (sin causa) y abaratar nuevamente sus costes. Con su propuesta prácticamente desaparecerían los despidos improcedentes (con 33 días de indemnización por año trabajado) y casi todos pasarían a ser procedentes (con 20 días de indemnización). Pero la experiencia de estos últimos —especialmente tras la reforma laboral de 2012— nos ha enseñado que reducir los costes de despido y los salarios no ayuda a crear más empleo: solo sirve para que el empleo que se crea sea de peor calidad.
feb 27, 2018 0
Más allá del debate –relevante– de cuál es el origen de la recuperación del crecimiento económico que está registrando España desde 2014, en esta serie de artículos nos ha preocupado sobre todo el tipo de crecimiento que se está desarrollando. Y hemos llegado a dos conclusiones: el crecimiento actual no está resolviendo los problemas sociales y económicos que la crisis nos dejó –cronificándose una fuerte precariedad y desigualdad–, al tiempo que la retórica de las “reformas estructurales” orientadas al mercado no se ha traducido en un cambio productivo real.
Es necesario por ello un cambio de estrategia. Junto a medidas específicas dirigidas a corregir la precariedad laboral y la inequidad en el reparto de la renta y la riqueza, nuestra economía necesita una nueva política industrial más audaz, focalizada y proactiva. Esta nueva estrategia industrial debe ser capaz, involucrando al sector público junto al sector privado, de impulsar un crecimiento sostenible en términos medioambientales (verde), que asegure la igualdad de género (morado), y que mejore la productividad, entre otras vías a través del desarrollo del proceso de digitalización1.
El debate sobre los efectos de la digitalización está muy polarizado. Siguiendo a Dani Rodrick podríamos distinguir, por un lado, a los “tecno-optimistas”, que piensan que estamos en la antesala de una época en la que será posible observar grandes crecimientos de la productividad que permitirán un aumento de los niveles de vida sin precedentes. Normalmente, también piensan que los incentivos para que esta ola de progreso se produzca vendrán del funcionamiento de mercados desregulados y de la competencia, que son a la vez garantía de que la mejora del bienestar acabe beneficiando a la mayoría. En otro extremo, los “tecno-pesimistas” afirman que la digitalización no está produciendo los aumentos de productividad que se le atribuyen, y que es difícil que acabe ocurriendo, salvo en sectores muy específicos. Por último, los “tecno-preocupados” coinciden en que el efecto de las nuevas tecnologías sobre la productividad será de gran escala, pero piensan que, precisamente por eso y por sus características, acabarán provocando grandes pérdidas de empleo y de bienestar para una parte importante de la población.
Nuestro enfoque no se reconoce en ninguna de estas tres posiciones. Aunque aún está por ver su dimensión exacta, es previsible que este tipo de innovación acelere la productividad en los próximos años, y esta es una razón por la que España no puede quedarse atrás. Por otro lado, pensamos que no es inevitable la aparición de un desempleo tecnológico generalizado, aunque es imprescindible adoptar medidas para prevenir tal posibilidad. Finalmente, sí creemos que existe un alto riesgo de que el proceso afecte de manera desigual a los distintos grupos sociales, evidenciando la responsabilidad colectiva (y no estrictamente individual) de intervenir desde la esfera de lo público para que no aumente la polarización y las desigualdades.
En definitiva, pretendemos abordar la digitalización desde la perspectiva de la economía política, discutiendo cómo “gobernar el proceso” para asegurar no sólo que la productividad crece, sino que este aumento se reparte equitativamente a favor de la mayoría.
¿Qué efectos tendrá la digitalización sobre la productividad?
La digitalización es el resultado del abaratamiento y mejora en las tecnologías que obtienen y procesan información, y da lugar a dos grandes efectos complementarios. Por un lado, la automatización de la producción permite generar sistemas capaces de trabajar de forma autónoma y organizarse a sí mismos, reduciendo errores, actuando con más rapidez y recortando costes operativos. Esto se logra combinando tecnologías ya existentes (como los robots industriales) con la inteligencia artificial, que aporta la capacidad de interactuar en entornos cambiantes. Por otro lado, la computerización permite gestionar grandes volúmenes de datos, gracias a la mejora en la captura, tratamiento y análisis de la información digital a través de herramientas como la nube y el “Big Data”.
Aunque inicialmente parece que este tipo de procesos serían relevantes sobre todo para las manufacturas, su importancia radica precisamente en que pueden tener implicaciones en muchos sectores productivos. Por eso, se plantea en ocasiones que, como antes lo fueron la máquina de vapor y la electricidad, se trata de una nueva “tecnología de uso generalizado” (General Purpose Technology)2.
Consecuentemente, el efecto esperado es que, conforme se vaya generalizando este uso transversal y se exploten todas sus posibilidades “combinatorias”, la digitalización acabe dando lugar a una aceleración de la productividad media agregada.
La Figura 1 recoge el crecimiento de la productividad en Estados Unidos desde los años 50 (para cada año representamos la media de los últimos 10). Las líneas horizontales son las medias en los periodos 1950-1975 (2,6%), 1976-1995 (1,5%) y 1996-2008 (2,5%), y vemos que el crecimiento de la productividad se recuperó en los 15 años anteriores a la Gran Recesión, volviendo a registrar crecimientos anuales medios similares a los registrados en la “edad de oro” de las postguerra, pero sin llegar a superarlos (al menos por ahora). Después de la crisis, el crecimiento anual medio de la productividad ha vuelto a reducirse (desde 2011 no ha superado el 1%) aunque es pronto para saber si es algo más que el efecto de la propia desaceleración económica.
Los datos desagregados ofrecidos por la OCDE muestran que el crecimiento de la productividad después de la crisis no se ha ralentizado para las empresas que se encuentran en la frontera tecnológica, pero sí que lo ha hecho en aquellas que están menos avanzadas tecnológicamente (generalmente más pequeñas) y en el sector servicios. Esto apunta más bien a una menor difusión, y a la falta de demanda agregada, y no a un estancamiento de los efectos de la tecnología sobre la productividad.
Figura 1: Crecimiento de la productividad en Estados Unidos (media últimos 10 años)
Fuente: Federal Reserve Economic Data.
ene 22, 2018 0
Una idea esencial de los artículos anteriores de esta serie es que España crece, sí, pero sin resolver los problemas sociales y económicos que condicionan el futuro de la mayoría. Buena parte del nuevo empleo es muy precario, temporal y con bajos salarios. El resultado de esto, y de que no se hayan revertido los recortes al Estado de Bienestar, es que se ha cronificado un insoportable nivel de desigualdad. Así, crecimiento económico y progreso social son fenómenos que en este momento parecen conjugarse en tiempos distintos: la “recuperación” tiene un carácter ciertamente regresivo y ya no garantiza la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social del país.
Es necesario, por tanto, no sólo asegurar que el crecimiento se mantiene, sino también transformarlo. Sabemos además que las “reformas estructurales orientadas al mercado” no han propiciado un cambio productivo: siguen predominando los sectores de contenido tecnológico medio, e incluso medio-bajo; la actividad está creciendo sobre todo en sectores tradicionales como la hostelería, el turismo, el comercio minorista y la actividad inmobiliaria; y la mejora de la balanza externa no responde tanto a un avance en la capacidad de penetración de las exportaciones españolas como al abaratamiento de la factura energética importada.
Apuntalar y, simultáneamente, transformar el crecimiento de nuestra economía exige una estrategia industrial más audaz y proactiva que, involucrando al sector público junto al sector privado, sea capaz de fijar prioridades sobre qué sectores pueden servir de palanca para esa transformación, y poner en marcha medidas para impulsar su desarrollo. En concreto, nos parece que España requiere una estrategia que impulse un crecimiento sostenible en términos medioambientales (verde), que asegure la igualdad de género (morado), y que mejore la productividad a través del desarrollo del proceso de digitalización. Consagramos el resto del artículo a perfilar los dos primeros vectores, y dejamos el tercero para el siguiente artículo.
dic 22, 2017 0
Nuestros dos artículos anteriores en esta serie de “radiografías de la recuperación” (aquí y aquí) han dejado un mensaje claro: el crecimiento económico que España está registrando desde 2014 no está generando “progreso social”. No consigue mejorar de una forma sustancial la situación de la mayoría, y la elevada desigualdad se ha instalado como una “característica estructural” de nuestra sociedad. La precariedad del empleo que se está creando, la devaluación salarial y la disminución de la capacidad distributiva de las políticas públicas –por los recortes llevados a cabo en los años anteriores– explican en buena medida estos resultados. Por ello, proponíamos en dichos artículos algunas medidas orientadas a mejorar la calidad del empleo, promover el crecimiento de los salarios y disminuir la desigualdad.
En este artículo queremos ampliar nuestra radiografía de la situación económica actual con tres nuevas ideas. En primer lugar, España crece, pero no por el “éxito” de las políticas de austeridad. En segundo lugar, estas políticas no han alumbrado un “nuevo modelo” de crecimiento. En tercer lugar, España requiere transformar la forma que tiene de crecer, y esto sólo puede lograrse con una política industrial que potencie activamente algunos sectores estratégicos.
El crecimiento no se deriva de las políticas de austeridad y devaluación salarial
Es de sobra conocido y generalmente aceptado que los recortes fiscales y salariales prolongaron innecesariamente la crisis, al reforzar sus efectos depresivos. Fue precisamente su implementación lo que provocó la segunda recesión (2011-2013) por la reducción de la demanda interna. Se ha comprobado que la hipótesis de la “austeridad expansiva” era falsa.
A pesar de esto, sus partidarios siguen presentando el crecimiento actual como la prueba del “éxito” de este modelo de política económica, argumentando que los recortes fiscales y las “reformas estructurales” han mejorado nuestra competitividad, y que esto ha dado lugar a un modelo de crecimiento más robusto y basado en la fortaleza de las exportaciones.
Sin embargo, esta interpretación no se corresponde con la realidad. La austeridad fiscal no fue lo que consiguió frenar la subida de la prima de riesgo española, que se elevó en 400 puntos básicos entre mediados de 2010 y mediados de 2012, a pesar de los intensos recortes del periodo. No fue hasta el verano de 2012, cuando se produjo la intervención del Banco Central Europeo (BCE) anunciando su programa de compra de bonos, cuando la prima de riesgo efectivamente comenzó a reducirse y se restableció la financiación.
Por otro lado, la devaluación salarial y la reducción de los costes laborales unitarios sólo se han trasladado de forma muy parcial a los precios de las exportaciones. Entre 2009 y 2016, el tipo de cambio efectivo real de la economía española se depreció un 15%, pero si lo medimos utilizando los precios finales de las exportaciones –de los que de verdad depende la competitividad precio– esta mejora fue sólo del 4%.
De hecho, el principal motor del crecimiento del PIB desde 2014 ha sido la demanda interna, no la demanda externa (gráfico 1). La demanda externa tiene un comportamiento muy anticíclico en España, por la elevada elasticidad renta de sus importaciones (especialmente, bienes de capital y energía). Por ello, la contribución de las exportaciones netas al crecimiento fue particularmente positiva durante los años de la recesión, pero esto se debió al hundimiento de las importaciones, y no a un cambio de tendencia de las exportaciones derivado de aumentos de la competitividad (gráfico 2). En este mismo gráfico vemos que, si bien la recuperación de las exportaciones es una noticia muy positiva, su tasa de crecimiento en los últimos años es prácticamente igual a la registrada en el anterior periodo de expansión. Por eso mismo, el aumento de su peso en el PIB se explica principalmente por el desplome de la demanda interna, que de hecho sigue siendo inferior a 2007.
Gráfico 1. Contribuciones al Crecimiento del PIB real. Fuente: Ameco.
Gráfico 2. Exportaciones e importaciones . (1999q4=100) precios corrientes. Fuente: Eurostat.
dic 12, 2017 0
Uno de los argumentos más utilizados para sensibilizarnos sobre las necesidades de reforma de nuestro sistema de pensiones es el del envejecimiento de la población. El último informe de la OCDE sobre pensiones (resumido aquí por El País) insiste también en esto, y estima que en 2050 habrá en España 76 personas jubiladas por cada 100 personas en edad de trabajar (con edades comprendidas entre 20 y 64 años). Por si el lector se pregunta si esto es mucho o poco, en 2016 esa cifra era de 30,5. El informe de la OCDE concluye a partir de esta diferencia que “el envejecimiento presiona sobre la sostenibilidad financiera y la adecuación de los ingresos de los sistemas de pensiones”.
Ahora bien, ¿es esto suficiente para justificar los recortes de las pensiones –los que ya se han producido, y los que vendrán-?
Aunque ciertamente la cifra invita a una reflexión profunda sobre cómo asegurar el futuro del sistema público de pensiones (es decir: garantizar su financiación a la vez que se mantienen unas pensiones suficientes) también conviene ser prudente en el manejo de estos datos y no precipitarse con las conclusiones. De hecho, un simple ejercicio numérico a partir de datos del INE ayudará a ver la cuestión con otra perspectiva.
Para empezar, como señalan frecuentemente los demógrafos que trabajan estas previsiones (Fernández Cordón, aquí, es un excelente ejemplo), si lo que nos interesa es computar una tasa de dependencia económica, lo que deberíamos medir no es esta ratio entre personas mayores y personas en edad de trabajar, sino la relación entre todas las personas dependientes y aquellas personas que participan efectivamente en la producción. En el numerador, por tanto, debemos poner no sólo a los jubilados y jubiladas, sino también a menores de 16 años, y personas en edad de trabajar que permanecen inactivas o paradas, mientras que en el denominador deberíamos colocar a todas las personas con empleo.
Esto es importante por dos razones: primero, porque en las proyecciones demográficas no solo aumenta el número de personas mayores, sino que por las mismas razones disminuye el número de menores de 16 años; segundo, porque quien debe sostener a las personas dependientes es exclusivamente la población ocupada, y España tiene aquí un gran margen de mejora, puesto que su tasa de empleo puede aumentar sustancialmente. Si esto ocurre, aumenta el denominador y también se reduce el número de personas dependientes entre 16 y 64 años (aquellas que están en situación de desempleo o inactividad), y por tanto el numerador.
Veamos, en concreto, cuál fue la situación en 2016. Con los datos del INE (la EPA) en el promedio de ese año la población ocupada fue de 18.341,6 miles de personas. Para la población entre 16 y 64 años, la tasa de paro fue del 19.6%, la tasa de actividad del 75,4% y la tasa de empleo era del 59,5%. Es decir, solo 6 de cada 10 personas potencialmente activas estaba realmente ocupada. Esto contrasta con la situación de otras economías, como por ejemplo Dinamarca, en la que el 75% de la población en edad de trabajar está ocupada (la tasa de actividad es del 80% y el paro de solo el 6,3%). Otros países de la UE-15 con tasas de empleo similares son Alemania, Holanda, Austria, Gran Bretaña y Suecia.
Puesto que la población total de 2016 fue de 46.438,4 mil personas, la población dependiente sería “toda la que no está ocupada” (28.097 mil personas). Aquí incluiríamos las personas mayores de 64 años que no están ocupadas (8.542,6 mil), pero también a menores de 16 años (7.474,4 mil), población desempleada entre 16 y 64 años (4.481,2 mil) y el resto de inactivos e inactivas. Por tanto, la tasa total de dependencia económica en 2016 fue en España de 1,53 dependientes por cada persona ocupada.
¿Cuál será la situación previsible en 2050? La clave es que esto no dependerá solo de las previsiones demográficas, sino también de lo que ocurra hasta entonces con el empleo. Por ejemplo, aceptando que la población se comporta como ahora mismo prevé el INE (y esto también está sujeto a un grado elevado de incertidumbre(1)), podemos preguntarnos cuál sería esta tasa total de dependencia si España lograra tener la misma tasa de empleo que los países que hemos mencionado antes, es decir, un 75% en vez del 60% actual.
Lo llamativo de este ejercicio es que sería… ¡la misma que en 2016!
Según el INE, la población total en 2050 será en España de 44,3 millones de personas (2,7 millones menos que ahora). Si a la distribución por edades prevista le aplicamos la tasa de empleo del 75% en la franja de 16 a 64 años (y añadimos el mismo porcentaje de ocupados mayores de 64 años que en 2016), la cifra de ocupados sería de 17.529 miles (aproximadamente 800.000 personas menos que la cifra actual) y la de dependientes se situaría en 26.739,1 miles (1,4 millones menos). Esto se debe a que el aumento de dependientes mayores de 64 años se vería más que compensado por una disminución casi idéntica de los dependientes entre 16 y 64 años (habría más personas activas, y de ellas un porcentaje menor estaría desempleada) y por la disminución en 1,8 millones del número de menores de 16 años.
El siguiente gráfico ilustra la diferencia. Entre 2016 y 2050, la tasa de dependencia total no aumentaría si el aumento de la población en edad avanzada se compensase con una reducción de las personas en edad de trabajar que se mantienen inactivas o paradas. Sin embargo, si la tasa de empleo en 2050 fuese la misma que la registrada por la economía española, en media, entre 1995 y 2016 (57,4%, casi igual que la actual) la tasa de dependencia económica sí aumentaría sustancialmente, con el mismo escenario demográfico.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE.
dic 11, 2017 0
El elevado nivel de desigualdad en la distribución de la renta que presenta nuestro país es uno de los problemas económicos más importantes de cuantos tenemos por delante.
Tras una “década perdida”, la economía española ha vuelto en 2017 a los niveles de PIB que tenía en 2007, pero con una auténtica recomposición económica que supone quebrar de hecho el “contrato social”: estamos en una economía más desigual, que no garantiza que el trabajo sea un pasaporte de ciudadanía ni de ingresos suficientes, y que deja atrás a una parte muy importante de la población. ¿Cómo podemos reducir drásticamente las desigualdades y poner en pie un nuevo contrato social?
El aumento de la desigualdad de la renta viene de lejos, pero se agrava durante la crisis
Debemos tener en cuenta que el aumento de la desigualdad no es un fenómeno que pueda circunscribirse a la crisis, ni que responda exclusivamente a lo sucedido durante esta última década. De hecho, a comienzos de la crisis, los principales organismos económicos internacionales ya alertaban de la tendencia al aumento de las desigualdades económicas y sociales (véanse los informes del FMI –World Economic Outlook, 2007–, o de la OCDE –Employment Outlook, 2007–).
Ahora bien, la crisis ha agudizado esta dinámica de “crecimiento desigual”, profundizando una distribución de la renta cada vez más inequitativa.
España es el país de la unión monetaria en donde más ha aumentado la desigualdad en la última década. Este espectacular incremento desde el inicio de la crisis se debe fundamentalmente a tres factores:
a) una fortísima destrucción de empleo durante el periodo 2008-2012, acentuada por la facilidad de despido de las personas con empleos temporales y el abuso de este tipo de contratos.
b) unos duros recortes en el gasto público, que no sólo agudizaron la crisis y la destrucción de empleo, sino que además limitaron la capacidad redistributiva de nuestro débil Estado de Bienestar.
c) la política de devaluación salarial implementada por el gobierno del Partido Popular, principalmente a través de la erosión de la negociación colectiva y el impulso de la unilateralidad de las empresas para fijar condiciones salariales y de trabajo.
La superposición de estos tres factores ha llevado a que durante esta última década se haya producido un aumento de la desigualdad de la renta en todas sus facetas: ha caído el peso de los salarios en la renta nacional, ha aumentado la diferencia entre los salarios más bajos y más altos, y ha aumentado la desigualdad en las rentas personales incluso teniendo en cuenta la actuación redistributiva del Estado mediante impuestos y transferencias.
El gráfico 1 ilustra la continuada caída que ha experimentado la participación de los salarios en la renta nacional (ajustada para incluir tanto el trabajo asalariado como el autónomo, siguiendo la metodología de AMECO). Desde 1995 estas rentas han reducido un 6% su peso en el Producto Interior Bruto. El elevado desempleo, la generalización del empleo precario y las políticas económicas impuestas por el gobierno del PP –particularmente la reforma laboral de 2012– han seguido profundizando esta tendencia en el marco de la crisis. Desde el comienzo de la crisis, la pérdida experimentada por las rentas del trabajo equivale a 2 puntos porcentuales del PIB. Si esto no hubiera ocurrido, el conjunto de trabajadores y trabajadoras habrían ingresado en 2017 unos 20.000 millones de euros más, lo que supone entre 800 y 1000 euros más por persona al año.
nov 29, 2017 0
España ha necesitado diez años para recuperar el PIB real que tuvo en 2007: ha sufrido una auténtica “década perdida” con elevados costes en términos de renta, empleo, desigualdad y pérdida de bienestar. En esta década nuestro país ha experimentado dos recesiones, la segunda de ellas (2011-2013) atribuible a las propias políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial. Desde 2014, no obstante, España ha recuperado una senda positiva de crecimiento. Dedicaremos una serie de artículos a analizar los perfiles que caracterizan este cambio de ciclo, así como los retos de política económica actuales. Damos comienzo a la serie con un primer artículo centrado en el empleo.
Transformar el crecimiento, una necesidad
El discurso del Gobierno plantea que la recuperación económica en curso es una demostración del “éxito” de la políticas de austeridad fiscal y de la devaluación salarial que impulsó la reforma laboral de 2012, una especie de recompensa en diferido de los sacrificios que supusieron estas “inevitables” medidas de ajuste. Sin embargo, la evidencia no confirma en absoluto esta interpretación. No puede entenderse el crecimiento actual sin la influencia de factores completamente ajenos a estas políticas, como la actuación –tardía– del BCE, la reducción de los precios del petróleo, la relajación de las políticas de recortes del gasto público o el impacto del turismo. Tanto el FMI como el Banco de España han confirmado que al menos 2/3 del mayor crecimiento del PIB se explican por estos “vientos de cola” (lo que determina la propia fragilidad del crecimiento actual, y su dependencia de factores externos).
El crecimiento económico no sólo no se está produciendo por los motivos que señala el discurso oficial –el éxito de los ajustes y las “reformas estructurales”–, sino que además presenta perfiles preocupantes. El empleo que se crea es precario y de bajos salarios, las desigualdades se mantienen en niveles muy elevados y los sectores tractores del crecimiento vuelven a ser sectores de limitada productividad. Todo parece indicar que se está reproduciendo el viejo patrón de crecimiento, con similares problemas estructurales que ya vivimos en el pasado.
Debemos, por el contrario, ser capaces de “transformar el crecimiento” para responder a los enormes retos que tenemos por delante. Destacan particularmente tres desafíos: el primero es restañar los profundos costes sociales que se han provocado en la última década; el segundo pasa por resolver los desequilibrios estructurales de nuestro patrón de crecimiento tradicional; finalmente, y en tercer lugar, nos enfrentamos a nuevos retos, como la digitalización y el cambio climático, que exigen pensar la política económica desde nuevas coordenadas.
nov 24, 2017 0
La excesiva temporalidad existente en el mercado de trabajo español es, junto con la parcialidad, la principal causa de la precariedad laboral, y explica en buena medida los salarios de miseria que hoy reciben millones de asalariados. Recordemos que tener un contrato temporal no significa sólo mayor inestabilidad. Significa ganar, en término medio, 8.000 euros menos al año que una persona con empleo indefinido.
El informe de otoño sobre la economía española recientemente publicado por el FMI constata el fracaso de las dos últimas reformas laborales a la hora de solucionar este problema. Entre el primer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2017 se han creado unos dos millones de puestos de trabajo, pero de ellos casi el 60% son de carácter temporal. Facilitar y abaratar el despido de los trabajadores indefinidos, aunque en su momento se dijo que ayudaría a disminuir la excesiva temporalidad de nuestra economía, sólo ha servido para erosionar la protección de los asalariados, sin que haya reducido la denominada “dualidad”.
Ante la constatación de semejante fracaso, el Gobierno y Ciudadanos planean una nueva reforma laboral que avance hacia la implantación del llamado “contrato único”. Bajo la denominación de contrato de “protección creciente”, la nueva figura contractual establecería una indemnización por despido equivalente a 12 días de salario para el primer año trabajado, 16 días para el segundo año y 20 días el tercer año.
Sin embargo, este contrato de “protección creciente” será ‘de facto’ incapaz de solucionar el grave problema de precariedad que tenemos, que está muy ligado a la ausencia de causalidad de los contratos temporales y que se concreta en una rotación laboral cada vez mayor. De hecho, la duración media de los contratos en nuestro mercado de trabajo se sitúa desde 2013 en los 53 días, lo que significa que a millones de trabajadores de nada les servirá una indemnización creciente (pues seguirán viéndose afectados por la indemnización de 12 días de salario al año que ahora tienen los contratos temporales).
¿Por qué, con el mismo nivel de indemnización y la misma facilidad de despido, un empresario mantendría más tiempo en el puesto de trabajo a un trabajador con el nuevo contrato de “protección creciente” que a un empleado temporal? La realidad es que el nivel de rotación y temporalidad abusiva se mantendría, aunque éste ya no afectaría formalmente a trabajadores “temporales”. Estadísticamente el fenómeno de la precariedad “se corregiría” al eliminarse la categoría, pero la realidad no cambiaría. Política laboral gatopardista.
jul 24, 2017 0
El pasado día 13, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) hacía pública su previsión de que, hasta 2022, las pensiones se van a revalorizar muy por debajo del aumento del coste de la vida: aplicando el índice aprobado por el Partido Popular, crecerán a una tasa anual de sólo el 0,25%. Como consecuencia, en estos próximos cinco años los pensionistas habrán perdido un 7% de su poder adquisitivo. Es decir, se confirma lo que ya sabíamos y lo que vienen advirtiendo los sucesivos estudios: que las llamadas “reformas de las pensiones” han sido, en realidad, recortes. Porque a la decisión de desligar del IPC la revisión de las pensiones hay que añadir el resto de aspectos de estas reformas: retraso en la edad de jubilación, cálculo más desfavorable de la pensión inicial y aplicación del llamado “factor de sostenibilidad”.
La misión que el Fondo Monetario Internacional ha enviado a España durante la pasada semana acaba de decir que estas reformas le parecen muy positivas, y nos animan a aplicarlas “en su totalidad, evitando los ajustes puntuales”. Con desparpajo, afirman incluso que estas reformas “aseguran la revalorización nominal” de todas las pensiones (señores del FMI: sabemos qué es la inflación, y sabemos restarla de los aumentos nominales: 0,25% nominal – 2% de inflación = -1,75% real). El FMI califica esta pérdida de poder adquisitivo como una “transición suave” hacia un sistema “socialmente aceptable”.
Conviene detenerse en los tres argumentos que el FMI ofrece para apoyar su recomendación de recortar las pensiones, que de forma tan entusiasta está aplicando nuestro gobierno.
(200) (175) (133) (95) (90) (87) (85) (74) (68) (53) (48) (40) (38) (36) (32) (31) (30) (29) (28) (28) (27) (27) (25) (25) (24) (22) (22) (21) (19) (18) (18) (18) (18) (18) (17) (17) (16) (16) (16) (16) (16) (15) (14) (14) (14) (14) (14) (13) (13) (12) (12) (12) (12) (10) (10) (9) (9) (9) (9) (9)
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