Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Llevamos una larga temporada escuchando hablar de “la España de los balcones”, una imagen con la que Pablo Casado, Albert Rivera y sus amigos de VOX pretenden evocar los sentimientos patrios. La utilizan de manera recurrente, como si lo más importante fuesen los colores de las banderas que cada cual decide colgar o no de sus respectivas barandillas.

Desgraciadamente se quedan en la fachada, con esos golpes de efecto tan superficiales a los que nos tienen acostumbrados. Y mientras tanto pasan muchas cosas de puertas y balcones adentro. Ocurre que hay familias que sufren los recortes en sanidad y en educación, que tienen familiares dependientes a su cargo, que temen una nueva subida de su alquiler o que encienden la calefacción con cuentagotas por la subida de la factura de la luz.

Porque los diez años de crisis, y siete de recortes y asfixia se han cebado en la gente corriente de nuestros barrios y la desigualdad, la pobreza y la precariedad han crecido. Y se podía haber evitado. Pero cuando más arreciaba la lluvia, los gobiernos de PSOE y PP quitaron el paraguas. Y si las administraciones públicas no cumplen con su obligación fundamental de protección a la gente, además de crecer la desafección, se siembra la semilla del fascismo.

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En 1954 comenzó la guerra de independencia de Argelia frente a su metrópoli francesa. Habían pasado nueve años desde el final de la II Guerra Mundial, en la que miles de argelinos habían luchado y muerto en el bando aliado (por cierto, excepcional película sobre la cuestión: Indígenesde Rachid Bouchareb), y ahora Francia tenía que hacer frente a la descomposición del resto sus colonias. El vasto imperio francés se había ido desmoronando en el transcurso de la IIGM y otras muchas colonias se perdieron inmediatamente después, por ejemplo las actuales Camboya, Laos y Vietnam. Sin embargo, la guerra de Argelia fue especialmente dura para el espíritu nacional francés, algo que describe bien el hecho de que una película como La Batalla de Argel, producida en 1966, estuviera prohibida en la Francia democrática hasta 1971.

Pero aquella guerra tuvo otros efectos menos conocidos. Aunque para los colonizados el conflicto se remontaba al siglo XIX en forma de saqueos, explotación y opresión, en Francia los movimientos conservadores exprimieron durante la guerra el orgullo herido del mítico imperio. Los partidos de derechas y católicos radicalizaron sus discursos nacionalistas, imperialistas y anticomunistas (Indochina se había perdido frente a Ho Chí Minh), volviendo a normalizar un discurso que desde el final de la II Guerra Mundial había sido políticamente incorrecto. Esa circunstancia fue aprovechada por el poujadismo, un movimiento populista de la pequeña burguesía (el partido liderado por Pierre Poujade se llamaba Unión de Defensa de los Comerciantes y Artesanos) al que Maurice Duverger definió como fascismo primitivo. De hecho, en las elecciones de 1956 el poujadismoobtuvo 56 diputados en la Asamblea Nacional, siendo uno de ellos Jean-Marie Le Pen, quien había sido uno de los centenares de miles de soldados que participaron en la guerra de Argelia. En 1972 Le Pen fundaría el Frente Nacional, un aglomerado de partidos de extrema derecha que, con un discurso ultranacionalista y xenófobo, criticaba a la derecha democristiana por blanda y centrista, y que diez años después superaría el 10% en las elecciones europeas.

Es decir, en la Francia más vacunada contra el fascismo, la que había sido liberada en 1944, apenas hicieron falta diez años para que nuevas formas de fascismo se abrieran paso a través del nacionalismo y el relato mitificado de la historia del antiguo imperio. Fue la normalización del discurso reaccionario la que permitió la consolidación y crecimiento de las nuevas formas de extrema derecha.

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Al grave problema que supone la ola reaccionaria que ha entrado en Andalucía hay que sumar la rabia que da ver que entre todos predijésemos este escenario y no hayamos sabido o podido evitarlo. Aunque, a decir verdad, la irrupción de la extrema derecha era hasta cierto punto inevitable porque como espacio político estaba incrustada en las entrañas del PP y sólo necesitaba de ciertas condiciones para emanciparse. El problema real lo tenemos en que ese hecho ha coincidido con una desmovilización muy notable de votantes de izquierdas que prefirieron la abstención a votar a nuestra candidatura o a la de otras organizaciones progresistas. Eso es enteramente culpa nuestra, y ahora nos toca acción, mucha acción, para revertir este panorama.

No obstante, reconozco que me preocupa la actitud que ha tomado una parte de la izquierda, al menos en redes sociales. La expiación de culpa es un fenómeno que no me atrae, pues me parece más útil la autocrítica y la propuesta. Lo de estos días alguien lo definió anoche como “navajeo” y no me parece una metáfora desencaminada. En vez de eso lo que necesitamos es unidad, claridad y mucha acción. Y si bien como coordinador federal de una organización comprometida con una sociedad con justicia social puedo garantizar que desde esta casa haremos todo lo posible, también tengo que pedir que nos pongamos todos a la altura. Y claro, pensando en por qué hay tanta crispación en este lado del eje, creí que una pequeña explicación sobre cuál es la propuesta de IU podría ayudar.

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Uno de los riesgos colaterales que tiene la irrupción pública de un partido de extrema derecha en nuestro país es que puede llevar a las izquierdas a enfrentamientos poco fructíferos. Presenciamos estos días un reguero de acusaciones acerca de qué corriente teórica u organización política tiene más la culpa del crecimiento de la extrema derecha, y la verdad es que creo que esto no sirve de mucho. Más conveniente sería, en todo caso, que estemos dispuestos a abandonar aquellas ideas preconcebidas que carezcan de respaldo empírico y tratar, entre todas, de articular una ofensiva que sea, al mismo tiempo, un muro de contención frente a esta noche oscura.

1. No es fascismo, o no sólo

El fascismo es un producto histórico que no se ajusta del todo bien al fenómeno actual de irrupción de la extrema derecha. Tras la derrota del eje germano-italiano en la II Guerra Mundial y la construcción de las democracias europeas a partir de un espíritu antifascista, los partidos que se declaraban herederos de los regímenes fascistas del período de entreguerras nunca tuvieron una gran presencia electoral. La excepción fue el Movimiento Social Italiano (MSI), que se declaraba neofascista y que llegó a recibir hasta tres millones de votos –un 9%- en los setenta. Pero en la década de los ochenta empezaron a surgir nuevos partidos que se cuidaron mucho de no emplear las simbologías y terminologías fascistas. Estas nuevas organizaciones asumían parte de la ideología y programa de sus competidores directos, pero con nuevas tácticas para evitar la estigmatización pública. Gracias a ello, fueron desplazándolos de la arena política. En Alemania fue sintomática la irrupción de Die Republicaner en 1983 y de Alternative für Deutschland en 2013, mientras que en Italia la fundación de la Liga Norte en 1989 terminó por hundir al MSI. También paradigmática fue la fundación en los setenta del Frente Nacional en Francia, constituida a partir de pequeñas organizaciones fascistas, y su conversión ideológica y generacional en 2011 con la llegada al liderazgo de Marine Le Pen.

Uno de los rasgos clave de esta «nueva extrema derecha», y que lo diferencia de sus antecesores, es que son capaces de llegar a una base social mucho más amplia, menos ideologizada y, en consecuencia, más «normal». Los estereotipos y caricaturas no suelen funcionar con estos productos políticos, tampoco para estigmatizarlos, debido a que su apoyo no es ya en clave nostálgico-ideológica sino por motivaciones políticas presentes. Digamos que el «tapón antisfascista» de 1945 se ha desgastado.

2. Son, sobre todo, reaccionarios

De la misma forma que puede entenderse el fascismo como una reacción a la modernidad, y en especial al desafío que ésta suponía para los valores tradicionales, la nueva extrema derecha es también una reacción a elementos de la llamada posmodernidad. En gran medida estos movimientos reaccionan frente al auge de los nuevos movimientos sociales que, surgidos a partir de los setenta y ochenta, proclaman pacifismo, libertad sexual, igualdad de género, ecologismo radical, políticas de identidad, democracia radical, multiculturalismo, integración étnica, etc. Los nuevos partidos de extrema derecha son autoritarios, nacionalistas y reaccionarios, si bien sus formas concretas dependen de sus contextos específicos (así, el Frente Nacional en Francia es un nacionalismo centralista mientras que Vlaams Belang en Bélgica es un nacionalismo independentista).

Como se puede observar en el gráfico anterior, lo que une a los partidos de extrema derecha no es su proyecto económico, en el que van desde el estatismo de Amanecer Dorado en Grecia hasta el neoliberalismo de Alternativa para Alemania. La unión, el rasgo común, es su componente de reacción cultural y política.

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El crecimiento de la extrema derecha en toda Europa y la paradójica realidad de que las clases populares y las familias trabajadoras no son el sector mayoritario entre los votantes de las organizaciones de izquierdas nos empuja a la reflexión acerca de cómo deberíamos intervenir en la arena política y social. En este artículo desarrollo un argumento que justifica la atención específica a las demandas materiales de la población golpeada por la crisis, y tras examinar cómo en las últimas décadas las izquierdas españolas han tratado esta cuestión defiendo también la importancia de ir más allá de lo discursivo.

Necesidades humanas y cambio social

En los años cuarenta del siglo XX el psicólogo estadounidense Abraham Maslow presentó una teoría que describía las necesidades humanas de forma jerárquica. Como si habláramos de una pirámide, en la que se asciende desde lo elemental hasta lo más sofisticado, las necesidades que conformarían la base serían las fisiológicas (respirar, alimentar…), a las que siguen las necesidades de seguridad (física, de empleo, de salud…), las de afiliación (amistad, afecto…), las de reconocimiento (respeto, éxito…) y finalmente las de autorrealización (creatividad, espontaneidad…).

Basándose en dicha teoría, el sociólogo Ronald Inglehart desarrolló en los setenta una tesis con la que trataba de explicar el cambio social. Según Inglehart, cualquier sociedad busca saciar sus necesidades de supervivencia antes que otro tipo de necesidades, de tal manera que en su desarrollo primero predominan los valores materiales (fundamentalmente económicos) y después los post-materiales. Usando este marco, Inglehart predijo que debido al desarrollo del Estado Social, la paz y la política keynesiana de posguerra las generaciones nacidas tras la IIGM serían post-materialistas y, como resultado del cambio generacional, las sociedades en su conjunto tenderían hacia el predominio de valores post-materiales. Además, Inglehart también predijo que todo ello cambiaría la forma de participación política, facilitaría la constitución de nuevos partidos adaptados a esos valores y alteraría el voto de clase.

En el fondo, se trata de una tesis sobre el «aburguesamiento», o así lo vio Inglehart ya en los setenta cuando analizó el mayo francés de 1968. Desde mucho antes la sociología había evidenciado que el voto tenía un alto componente de clase, y que en consecuencia era esperable que la clase obrera votara a los partidos de izquierdas. Según Inglehart, el mayo del 68 modificó estas lealtades. En las elecciones subsiguientes a la revuelta francesa la clase media se había desplazado hacia los partidos de izquierdas mientras que la clase trabajadora lo había hecho hacia la derecha que representaba de Gaulle. ¿Por qué? Varios años antes un trabajo muy famoso del sociólogo Seymour M. Lipset había puesto de relieve que la clase trabajadora tenía valores más autoritarios que la llamada clase media, así que Inglehart entendió que la clase obrera, en la disyuntiva de elegir entre jóvenes estudiantes con extrañas demandas post-materiales y la política del orden del general francés… se quedó con este último. En cambio, los jóvenes de clase media, y los jóvenes en general, defendían ahora valores postmateriales (necesidades de pertenencia, estéticas e intelectuales) y se inclinaban hacia una izquierda que entendía esas demandas como parte del cambio social. En suma, el proceso de desclasamiento estaba ya en marcha.

En uno de sus últimos trabajos Inglehart recoge un gráfico en el que se puede observar cómo los partidos políticos de las sociedades occidentales han ido modificando sus prioridades políticas, medidas a partir de sus programas electorales. Hasta la década de los setenta las mayores preocupaciones de los partidos habían sido de carácter económico, es decir, materiales. Sin embargo, desde entonces y sobre todo a partir de los ochenta los partidos han dado mayor peso a las demandas no-económicas en sus ofertas políticas. Inglehart ve aquí una ratificación de su tesis, pues reflejaría que actualmente la mayoría de los partidos dan más importancia a los conflictos culturales (en los que incluye la inmigración, el terrorismo, el matrimonio homosexual, el aborto, las identidades de género, etc.) que a los económicos.

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Pijus Economicus

La pregunta con la que titulo esta nota es polémica y, hasta cierto punto, provocadora. Durante muchos años, seguramente desde la propia publicación de las obras de Marx, se ha planteado esta duda respecto al hipotético estatus científico del trabajo de Marx y Engels. En mi opinión, para resolver este debate no valen para nada las sagradas escrituras, esto es, la lectura filológica de lo que dijo este o aquel autor, santificados ya en el altar de la ortodoxia marxiana, ya que ello nos remitiría a un estudio escolástico o religioso del asunto, y no es el objetivo. Lo que importa es ver si el instrumental marxista encaja dentro de las definiciones actuales de ciencia, cuyo criterio está ampliamente justificado. Por supuesto, con esta nota simplemente aspiro a defender que, a lo sumo, el marxismo debe verse como una tradición de investigación y no tanto como una ciencia dura que lleva asociado un método científico específico. Si alguien le interesa profundizar, los capítulos 1 y 2 del libro “Por qué soy comunista” (2017, Península) versan precisamente sobre esta reflexión.

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El Confidencial

Hace unos días, Rafa Mayoral, diputado de nuestro grupo parlamentario y miembro de la dirección de Podemos, fue recibido con aplausos en la multitudinaria asamblea que los taxistas habían convocado en Barcelona para decidir los siguientes pasos en el marco de la huelga. Una huelga que ha sido secundada ya en muchas otras ciudades de España. Mayoral, además, fue invitado a intervenir en la asamblea y sus palabras fueron suscritas íntegramente por los presentes. El diputado, de hecho, había sido vitoreado previamente en la asamblea nada más se supo que iba a acudir a la Ciudad Condal como muestra de apoyo y solidaridad. Todo ello refleja, a mi juicio, que detrás de estos fenómenos hay una experiencia compartida y un trabajo bien hecho y reconocido en defensa no solo de los taxistas, sino de los propios servicios públicos.

Para entender bien las causas inmediatas de esta disputa, debemos retrotraernos un mes, cuando el Ayuntamiento de Barcelona aprobó un reglamento, con la abstención de PP y Ciudadanos, que limitaba las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Aquel hecho ocasionó que el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) recurrieran ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el cual ha acabado dándoles la razón. En consecuencia, en estos momentos, las empresas que comercian con VTC van ganando la batalla.

Estas grandes empresas, como Cabify o Uber, se han expandido enormemente en los últimos años como consecuencia de haber sabido aprovechar las licencias VTC, que ya existían previamente, por ejemplo para el uso de limusinas, como un negocio con el que competir con el sector del taxi. Como ya se ha denunciado, en realidad este nuevo nicho mercantil no es sino un espacio especulativo muy característico del capitalismo financiarizado. En primer lugar, estas grandes empresas utilizan una cuidada arquitectura financiera, que incluye el uso de paraísos fiscales, para eludir el pago de impuestos en España. En segundo lugar, aunque se disfraza con el eufemístico nombre de ‘economía colaborativa’, el negocio consiste en crear una red de conductores que han de poner su propio coche y asumir personalmente todos los riesgos laborales, y a los que conectan con los clientes que vayan solicitándolo a través de una aplicación móvil. En tercer lugar, todo lo anterior se recubre de una estética ‘cool’ y moderna que traslada un mensaje ideológico de libertad y flexibilidad para el cliente y para el trabajador. En suma, un negocio que precariza las relaciones laborales de un sector, el del transporte público, al mismo tiempo que funciona como palanca desamortizadora del Estado social en tanto que supone una notable merma de ingresos públicos. Hace tres años, el periodista Esteban Hernández ya avisaba de las amenazas de este modelo.

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Una de las puertas que se abre tras la moción de censura que ha llevado a Rajoy de Moncloa a Santa Pola es la posibilidad real de que se produzca un vuelco en las políticas opacas, corruptas y al servicio de la oligarquía financiera que el gobierno del Partido Popular ha protagonizado en los últimos años.

Hacer negocio privado a costa de lo público ha sido una constante que es imprescindible detener de manera inmediata. Por eso, los principios e instrumentos de actuación pública en materia de urbanismo fueron siempre los grandes olvidados por la derecha en nuestro país. Y un ejemplo claro es el desarrollo de la Operación Chamartín en la ciudad de Madrid que, si bien nacieron bajo el gobierno del PSOE en 1993, su deriva -siempre buscando el beneficio de los intereses privados- ha ido incrementándose con las consecuentes renovaciones de convenios y pactos entre ADIF, DCN (formada por el BBVA y la Constructora San José) y el Ayuntamiento de Madrid.

Pero las circunstancias han cambiado y la llegada al gobierno del Partido Socialista debería suponer un giro radical en las políticas que ha implementado el Partido Popular. Nadie podría entender que siguiera primando la opacidad y el lucro de las élites en vez de las necesidades de la mayoría social.

Por eso Izquierda Unida, en el marco del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, presentó la semana pasada una Proposición No de Ley pidiendo al gobierno actual la cancelación del convenio entre ADIF y DCN y emplazando, asimismo, a formalizar un convenio entre administraciones públicas que ponga solución a las necesidades de los barrios adyacentes a la estación y garantice que el suelo público es empleado con fines puramente sociales.

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En noviembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos y una parte del mainstream estadounidense se echó las manos a la cabeza mientras se preguntaba por cómo un multimillonario machista y xenófobo había obtenido casi 63 millones de votos. En la búsqueda de respuestas cobró fama un libro escrito en 1997 por Jim Goad en el que se desarrollaba una polémica tesis que parecía, veinte años después, toda una profecía. Según El manifiesto redneck,la izquierda había sido responsable de mantener durante décadas un peligroso discurso que excluía a la clase obrera blanca, mientras al mismo tiempo abrazaba y defendía preferentemente las demandas de colectivos como las mujeres o las minorías étnicas. Esas políticas, llamadas de identidad, estarían provocando un rencor y resentimiento creciente en la clase obrera blanca que explicaría que ésta fuera el motor principal del ascenso de un personaje como Trump.

Con el ascenso de organizaciones populistas de extrema derecha en toda Europa este debate ha traspasado el ámbito estadounidense y no son pocos los que han concluido que, efectivamente, la culpa de las nuevas formas de fascismo europeo y del Brexit la tiene la clase trabajadora y las políticas de identidad de la izquierda. En este artículo trataré de defender que esta tesis no sólo es falsa sino también peligrosa.

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Una de las últimas decisiones tomadas por el Partido Popular fue actualizar el programa de Estabilidad 2018-2021 enviado a la Comisión Europea en el que definía la profundización de la senda de reducción del gasto público sobre el PIB hasta llevarlo al 38,6% en 2021, el nivel más bajo en 12 años y uno de los más bajos de toda Europa. Esta reducción es incluso superior a la que ya preveía el anterior Plan de Estabilidad, que era del 39,5% en 2020.

Sería paradójico que tras la moción de censura que ha enviado a la oposición al señor Rajoy, se mantuviera la agenda de recorte y jibarización de gasto e inversión pública comunicada a la Comisión Europea y que no tiene otra consecuencia que la reducción de las políticas públicas. Antes de que finalice el mes de julio el Consejo de Ministras deberá fijar el techo de gasto público para el ejercicio 2019. Este nivel marca el máximo que podrá gastarse el sector público español durante todo el año, de ahí su nombre de “techo”. Antes del año 2010, fue aumentando progresivamente, ya que el gobierno aplicaba políticas expansivas que revertían en más inversiones, prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, desde el citado año, y como respuesta a las presiones austeritarias de la Unión Europea, el techo de gasto fue reducido de forma drástica, lo que conllevó importantes recortes en ámbitos como la educación, la sanidad, la dependencia, I+D+i, vivienda, etc, que tan bien conocemos. A pesar de una leve subida en 2013 y 2014, el gobierno continuó recortando el techo de gasto hasta 2017, momento en el que lo volvió a incrementar, aunque de forma insignificante. De hecho, el techo de gasto de 2018 se encuentra en cotas muy similares a la de su mínimo histórico en 2012, y una tercera parte por debajo de su máximo histórico en 2010, año en el que comenzaron los recortes. Pero esto sólo en términos absolutos, porque si lo comparamos con el PIB español, entonces el techo de gasto en 2018 es el más bajo de la historia reciente. En otras palabras: en comparación con las posibilidades que tiene nuestra economía, el gasto público del Estado es, en la actualidad, el más bajo en los últimos años.

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Desconfíen cuando se intenta sumergir en planteamientos técnicos y despojar de ideología algo tan aparentemente árido como los Presupuestos Generales del Estado. Nada hay más ideológico que la plasmación en las cuentas públicas de una posición política determinada. Al fin y al cabo los presupuestos determinan qué parte de la población y con qué intensidad va a verse beneficiada por las políticas públicas, cómo se va a repartir parte de la riqueza y la renta que generamos entre todos y todas, y cómo se va a definir e influir en las características del modelo productivo, social y ecológico de nuestro país.

Si algo queda claro con el Proyecto que se somete a tramitación por parte del gobierno del Partido Popular y sus aliados de Ciudadanos es la estrategia de la derecha: quieren un país en el que la importancia del estado social continúe menguando, en el que se mantengan tasas de paro muy superiores a la de nuestros vecinos, en el que la precariedad impregne, si cabe aún más, el mercado laboral afectando especialmente a mujeres y a jóvenes, en el que el nivel de desigualdad siga siendo de los más elevados de Europa, en el que los pensionistas se empobrezcan progresivamente, en el que el modelo productivo se caracterice por un bajo valor añadido y tecnológico, en el que el modelo energético siga anclado al siglo XX, en el que la vivienda sea un lujo y no un derecho, etc. Porque los presupuestos generales no los han diseñado para combatir los enormes desafíos económicos, sociales y ecológicos a los que nos enfrentamos, sino para cumplir reglas fiscales carentes de cualquier fundamento técnico que impone la Unión Europea y que han demostrado de manera evidente su inoperatividad para alcanzar los objetivos que le importan a la inmensa mayoría de la gente. Unas reglas carentes de todo sustento científico y técnico que están siendo utilizadas como excusa para deteriorar los servicios públicos y permitir más espacio de negocio a los agentes privados. No hay otra cosa que ideología detrás del disfraz de ciencia. Lo malo es que esa ideología va contra los intereses de la mayoría social. Los retos que debería abordar un presupuesto que se nos plantea al tiempo que el gobierno presume de “haber salido de la crisis” deberían pasar por abordar la realidad de los casi 4 millones de personas desempleadas, en el millón personas que viven en hogares sin ningún tipo de ingreso, en los casi 8 millones de personas que no llegan a final de mes, en la gente que tiene contratos basura. Tendría que mostrar con claridad para qué sirve la herramienta presupuestaria para la gente que sigue siendo desahuciada de sus viviendas o para los casi 13 millones de personas que viven en riesgo de pobreza.

Pero eso no lo encontrarán en estos presupuestos. No hay medidas para crear empleo, ni para reducir la precariedad laboral, ni para reducir la pobreza o la desigualdad, ni para modernizar nuestro modelo productivo y lograr así la creación de empleos de calidad, a pesar de que son las necesidades más apremiantes e importantes que tenemos. En cambio, sí podrán ver medidas que llevan a que el tamaño del Estado social -medido en gasto público sobre el PIB- sea el más bajo de los últimos diez años. Estos presupuestos consolidan los recortes que en 2010 nos dijeron que serían pasajeros: el presupuesto para educación, cultura y deporte es un 21,6% inferior al año 2010, año en el que comenzaron los recortes; el de sanidad es un 31,2% inferior, el de fomento un 54,7%… Estos presupuestos no resuelven los principales problemas que sufre la mayoría social en nuestro país e ignoran derechos básicos recogidos en la Constitución, como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, la progresividad del sistema fiscal o directamente el artículo 128, que afirma que toda la riqueza del país tiene que estar subordinada al interés general.

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El pasado 22 de febrero los alrededores del Congreso se llenaron de manifestantes, la inmensa mayoría jubilados y jubiladas, exigiendo pensiones dignas. La convocatoria pública la había realizado la Coordinadora de Pensionistas en Defensa del Sistema Público de Pensiones, y fue todo un éxito. Es más, el resultado ha sido tan importante que pilló descolocado al propio Gobierno. Aunque seguro que no sólo al Gobierno. Obsérvese un detalle al respecto.

Normalmente el Gobierno no permite ese tipo de concentraciones, entre otras cosas por la existencia de un controvertido artículo 494 del código penal que amenaza con penas de prisión a los que se manifiesten ante las sedes del Congreso de los Diputados. Sin embargo, es habitual que se permitan pequeñas concentraciones de no más de una decena de personas en la plaza de las Cortes, justo enfrente de los «leones». De estas hay muchas cada semana. Probablemente el Gobierno esperara encontrarse con algo de este tipo, pues jamás habría permitido que miles de personas desbordaran los alrededores del Congreso evocándonos las manifestaciones de 2012. El impacto simbólico de rodear un Congreso como protesta por la política del Gobierno o de su sistema político es enorme, y un Gobierno en minoría no puede permitirse ese lujo.

De hecho, cuando bajé a la manifestación me encontré con un panorama similar al de las manifestaciones del 2012. Entre los manifestantes había de todos los perfiles políticos. Muchos votantes de IU, PCE y de Podemos, pero también del PSOE. Incluso algunos me confirmaron que eran votantes del PP, aunque probablemente no estuvieran ya muy convencidos de repetir. Había personas muy politizadas, que eran militantes de nuestra organización, pero también personas que era la primera vez que bajaban a una manifestación. Había personas con pensiones medias y altas, y también personas que disfrutaban de una pensión ridícula. Hubo un señor que se me acercó llorando y que me dijo, casi sin poder articular las frases, que lo estaba pasando muy mal y que teníamos que hacer algo. Su cara, su forma de expresarse y sus palabras eran propias de alguien que estaba al límite.

Las pensiones es uno de los derechos más importantes que tenemos conquistado en nuestro país. En realidad es parte de nuestro salario. Forman parte de lo que se llama salario social y que incluye el salario directo (nuestra nómina), el salario indirecto (los servicios públicos financiados con impuestos) y el salario diferido (las pensiones). En nuestro país el sistema es además un ejemplo de solidaridad generacional, ya que disfrutamos del llamado «sistema de reparto» que permite que las cotizaciones sociales de las personas que trabajan hoy sean las que financian las pensiones de las personas jubiladas hoy. Y mueve una gran cantidad de dinero que es también un codiciado tesoro para las entidades financieras, motivo por el cual desde hace décadas promueven la privatización parcial o total del sistema. Una privatización que conllevaría el empobrecimiento de los pensionistas más pobres pero también, muy probablemente, el del resto de los jubilados puesto que su sistema se basa en el rendimiento de inversiones que no siempre salen bien.

Sobre todo esto ya escribimos hace ya ocho años un libro de acceso gratuito titulado «¿Están en peligro las pensiones públicas?» y que tuvo un enorme éxito de difusión. Pero entonces, a partir de 2010, todos los intentos que habíamos puesto en marcha desde las organizaciones políticas de izquierdas para movilizar al conjunto de pensionistas habían sido en vano. Iniciamos varias campañas políticas que apenas se tradujeron en pequeñas concentraciones públicas y bastantes actos para hacer pedagogía. El sector de mayor edad de nuestra población se mostraba aparentemente pasivo ante los recortes que bien se venían encima o que bien directamente se produjeron con las reformas de 2011 (PSOE) y de 2013 (PP). Algunos analistas achacaban al carácter conservador de este sector poblacional la causa de este comportamiento. Aun hoy, y según el CIS, de los votantes mayores de 65 años el 28,8% vota PP, el 19% PSOE, el 10,9% a Ciudadanos y sólo un 3% vota a Podemos, IU y las confluencias. Un importante contraste con los votantes entre 18 a 24 años (6,3% PP, 11,5% PSOE, 8,4% Ciudadanos y 23% Podemos, IU y las confluencias).

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Se ha filtrado el borrador del próximo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático –IPCC, por sus siglas en inglés. Es desalentador, pero no sorprendente. Advierte de que si no somos capaces de limitar el crecimiento de la temperatura media mundial a 1,5 grados –sobre el nivel preindustrial- las consecuencias serán aún más desastrosas: un 10% más de días con temperaturas extremas, un incremento del 50% del estrés hídrico –que se da cuando se demanda más agua de la que hay disponible-, la desaparición del hielo en el ártico, la migración de 100 millones de personas y la desaparición de corales en los océanos. En suma, la actividad económica del ser humano está destruyendo los ecosistemas. ¿La solución propuesta? Un cambio profundo en el modelo de producción y consumo de energía, con el horizonte de un 100% de energías renovables para 2060. El borrador del IPCC puede cambiar, pero va en la línea de lo esperado. O somos capaces de reaccionar, yendo a la raíz de los problemas, o el planeta dejará de existir tal y como lo conocemos.

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El BBVA ha anunciado que en los próximos días contratará como consejero a Jaime Caruana. Se trata de otra puerta giratoria. Caruana fue gobernador del Banco de España entre 2000 y 2006 y, aunque cobraba casi 200.000 euros al año por hacer su trabajo, fue incapaz de ver venir la crisis en nuestro país. Lo que sí ha visto muy bien es cómo cobrar ahora de una entidad a la que él tenía que vigilar. No es ni de lejos el único caso. La Asociación Española de Banca, el gran lobby bancario, tiene actualmente como presidente a José María Roldán, quien fue director general de regulación del Banco de España entre 2000 y 2013. Años que también cubren la crisis. Cuando se lo eché en cara recientemente en el Congreso, ni le importó. Para ellos no es un problema, pero para nosotros sí. Como dice Eduardo Garzón, ¿no es sospechoso que un árbitro que ha pitado todos los partidos a un equipo de fútbol, y quién sabe con qué favoritismo, pase a ser el entrenador millonario de dicho equipo?

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Ayer en Salvados el periodista José María García reconocía que Villar Mir compraba políticos para que sus empresas tuvieran obras públicas. Villar Mir fue un alto cargo del franquismo, luego ministro en la transición y desde entonces es jefazo de una de las grandes empresas constructoras. Como tantos oligarcas, también es marqués. Y está investigado por numerosos casos de corrupción. Apareció en los papeles de Bárcenas como donante de 100.000€ en octubre de 2004 y de 180.000€ en octubre de 2006. Casualmente, en noviembre de 2004 y en julio de 2006 se le adjudicó a empresas del grupo Villar Mir la construcción del Metro Ligero por parte de la Comunidad de Madrid. La policía le investiga junto a Javier López Madrid, su yerno y presidente del grupo Villar Mir. A éste se le conoce como Compiyogui, desde que se filtró que la reina Leticia le mandó mensajes de ánimo por el caso de las tarjetas black –tenía una-. Compiyogui está investigado por el caso Lezo, Gürtel y muchos más, y hace unas semanas representó a España en Davos, el foro mundial de los ricos, junto con su colega Felipe VI. Si este país no necesita una revolución para limpiarlo de parásitos, que baje Dios y lo vea.

Pijus Economicus

Desde hace unos años es bastante común que muchos debates sobre la desigualdad económica a nivel mundial comiencen con alguna referencia al trabajo de Branko Milanovic (1953) y, en concreto, a un gráfico con forma de S invertida que se ha popularizado como “el gráfico del elefante”. Yo mismo he usado sus investigaciones en varios artículos y debates públicos sobre la globalización («La extrema derecha es hija de la globalización» de diciembre de 2016 y «Por qué las clases populares no votan a la izquierda y qué hacer para evitarlo» de enero de 2018). Su último libro, Global Inequality, se ha convertido muy rápidamente en una obra clásica sobre la desigualdad, y ha tenido la virtud de haber conseguido que el debate pasara del ámbito académico al político.

La tesis fundamental del libro es que la globalización ha generado ganadores y perdedores a nivel mundial, lo que significa que no es un proceso políticamente neutro, y que mientras la desigualdad a nivel mundial entre países se ha reducido también es cierto que la desigualdad dentro de cada país se ha incrementado. Tomando como período de referencia los años que van desde 1988 hasta 2008, que reflejarían los años más intensos de globalización, Milanovic se pregunta qué individuos se han beneficiado más del crecimiento de los ingresos a nivel mundial. La conclusión es este gráfico:

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Pijus Economicus

En 2018 veremos cómo se lleva a cabo otra estafa legal: el rescate de las autopistas. Hace años el Gobierno encargó su construcción a constructoras que inflaron los costes hasta un 30%. Como casi nadie pasaba por allí, las constructoras quebraron. Pero no perdieron, pues el negocio era redondo: los beneficios estaban garantizados. El Gobierno había puesto al Estado, a todos nosotros, de avalista. En caso de pérdida, pagamos nosotros. El rescate puede costar hasta 4.500 millones de euros. Pero no será el último rescate. El Gobierno ha anunciado que tras sanearlas las volverá a privatizar para que las gestionen las mismas empresas que las quebraron. Y el Estado volverá a ser el avalista. Se rescató, se rescata y se rescatará a los de siempre mientras las pensiones, la sanidad, la educación, la cultura y nuestro futuro son recortados. Que te rescaten depende de la clase social a la que pertenezcas. ¿Tendrá algo que ver que algunas de esas empresas aparezcan en los papeles de Bárcenas como donantes del PP? ¿Será por eso que no apoyan nuestra idea de investigar con una auditoría?

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Un despiste de cuatro minutos en el Alcázar parlamentario del PP ha supuesto un logro sin precedentes del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en esta legislatura: la posibilidad de debatir y aprobar una modificación de la regla de gasto que asfixia a ayuntamientos impidiendo que utilicen su dinero en la mejora del bienestar de sus habitantes.

En el año de legislatura que llevamos, el Gobierno ha paralizado 70 iniciativas legislativas de la oposición. Para ello, ha vetado en la Cámara el debate con el argumento, no siempre cierto, de que estas medidas afectan a los Presupuestos Generales del Estado, prerrogativa ésta que la Constitución otorga en exclusiva al Gobierno. Se están obstaculizando leyes que hubieran permitido mejorar la vida de las personas y reconocer derechos sociales. Bajo esta excusa de evitar un aumento presupuestario se esconde una vara de medir tramposa que no hace otra cosa que utilizar la vieja táctica de llevarse el balón cuando van perdiendo el partido.

En efecto, no es muy democrático utilizar el veto para impedir que se debatan leyes en el Congreso de los diputados. Por eso es indispensable modificar los artículos 111 y 126 del Reglamento para establecer un protocolo claro que refleje los requisitos formales a los que debe someterse el Gobierno para justificar su disconformidad con la tramitación de una proposición de ley.  Y es que parece que cuando pierden la mayoría en las instituciones, desaparece también el interés en lo que pueda hacerse en su seno.  “Si no os gustan las leyes, cambiadlas”. Eso estamos intentando, y es entonces cuando aparece un nuevo obstáculo: el veto.  Pero esta vez el Gobierno llegó cuatro minutos tarde.

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En los primeros días de septiembre de 1867, hace ahora 150 años, se publicó el primer volumen de El Capital, la que es para muchos la obra cumbre de Karl Marx (1818-1883). Fue en una modesta tirada de mil ejemplares, pero a pesar de ello contribuyó decisivamente a transformar la forma en la que personas de todo el mundo veían nuestras sociedades.

La idea original de Marx consistía en escribir un conjunto de seis libros, dedicados cada uno de ellos a los siguientes temas: el capital, la propiedad de la tierra, el trabajo asalariado, el Estado, el comercio exterior y el mercado mundial. Sin embargo, la pobreza y las enfermedades (su vida estuvo marcada por los exilios políticos y las carencias materiales y de salud) le retrasaron de tal modo que acabó optando por un proyecto editorial de tres volúmenes. Aun así, sólo publicó en vida el primero. Los volúmenes segundo y tercero, ambos inacabados, fueron editados y publicados por su amigo y camarada Friedrich Engels (1820-1895) a partir de los manuscritos que Marx había estado escribiendo durante los años previos a su muerte.

El Capital es una obra densa y difícil. Leerla y entenderla requiere la dedicación de una ingente cantidad de horas de estudio. Y aunque corre el rumor de que todo comunista dice haberla leído y entendido, es improbable que sea cierto. A su naturaleza de material incompleto hemos de añadir el estilo del autor, que en algunos pasajes es ciertamente oscuro. De hecho, es habitual que los lectores inadvertidos se encuentren decepcionados tras consultar las primeras páginas. En ellas encontramos un alto nivel de abstracción teórica que dificulta mucho la lectura. Por decirlo de una forma breve, El Capital no es el típico libro que se puede leer mientras se va en el autobús. No es el Manifiesto Comunista. En efecto, el Manifiesto, escrito con Engels en 1848, había sido un material propagandístico elaborado para animar a los trabajadores en el contexto de las revoluciones europeas que estaban teniendo lugar entonces. Por el contrario, El Capital obedece a objetivos mucho más complejos y ambiciosos. Se aspira, nada más y nada menos, que a la comprensión exacta del funcionamiento del sistema económico capitalista. Y ello, a juicio de Marx, requería una exposición mucho más justificada y rigurosa. Una exposición que se parecía mucho más a los trabajos de los primeros economistas clásicos, como Adam Smith y David Ricardo, que a los textos publicados hasta entonces por los representantes del socialismo utópico, como Robert Owen o Saint-Simon. Para Marx, El Capital era un misil contra la burguesía precisamente por su capacidad para desvelar y desnudar las formas por las que una parte de la población explotaba a la otra parte.

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La expresión los árboles no dejan ver el bosque nos ayuda a entender qué le está pasando a la izquierda en España. Concentrados en el día a día de las noticias mediáticas, en las valoraciones trimestrales de los datos del paro o en las innumerables novedades que afloran sobre la corrupción política, apenas tenemos tiempo para pensar en el tablero de juego sobre el que hacemos política. Y lo cierto es que, desde la perspectiva española, es un panorama preocupante.

En los últimos años hemos asistido a la quiebra del bipartidismo, a una crisis institucional sin precedentes que ha incluido a la Casa Real y, en parte como consecuencia de ello, a una sucesión atípica de convocatorias electorales. Pero apenas hemos debatido sobre las causas de estos fenómenos, es decir, sobre la descomposición social que se está produciendo en nuestro país como consecuencia de la globalización económica.

A menudo las organizaciones políticas hacemos política como si nada hubiera cambiado desde 1978, año en el que se aprobó la Constitución. Y no me refiero a las formas políticas o a sus protagonistas, que evidentemente han mutado en estos cuarenta años. Me refiero a ese tablero de juego en el que se inserta España y que es el sistema-mundo económico. En 1978 España se incorporó, con todas sus insuficiencias, al mundo desarrollado de la democracia, el Estado Social y las modernas políticas públicas de redistribución de la renta. Pero lo hizo precisamente en un contexto internacional en el que ese mundo desarrollado ya iba en dirección contraria, con las políticas neoliberales tomando el control y con la globalización económica desplegando todas sus características.

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América Latina ha vivido importantes revoluciones sociales y políticas en las últimas décadas, y entre ellas se ha encontrado la más sonada: la de Venezuela. Aunque los procesos en Ecuador y Bolivia han sido interesantes, a mi juicio el proceso venezolano ha tenido mucha más importancia cuantitativa y cualitativa. En pocos años, el Gobierno de Chávez consiguió aprovechar la crisis política que atravesaba el país para darle la vuelta a la grave situación de desigualdad y pobreza que asolaba a la mayor parte de la población. La Revolución Bolivariana consiguió sacar de la pobreza a millones de personas que, por primera vez en la historia, podían alimentarse tres veces al día precisamente en un país donde el 1% más rico había dispuesto hasta entonces de la mayor parte de la riqueza y de la tierra así como de la totalidad del poder político, económico y social. El proceso venezolano, con Chávez a la cabeza, fue siempre muy singular tanto en sus aspectos culturales como en las innovaciones acometidas, y por ello resultó siempre extraño de entender para la izquierda occidental; víctima, claro está, del eurocentrismo y sus patrones culturales.

Sin embargo, la realidad es que Chávez logró convertirse en una referencia para millones de pobres que empezaban a vivir de nuevo gracias a la revolución bolivariana. Todo esto fue facilitado por la ayuda cubana en forma de misiones, por la construcción de tejido social autoorganizado en los barrios más populares y, claro está, por la propiedad pública del sector petrolero que proporcionaba los ingresos necesarios para acometer las reformas sociales.

Naturalmente tocar la propiedad privada de los grandes medios de producción, hasta entonces en escasas manos y con altos niveles de corrupción, supuso la inmediata reacción de la derecha oligárquica. Una derecha que no opera tampoco al estilo democrático-europeo sino que está acostumbrada a dominar militarmente. Una derecha educada, por decirlo así, al calor de los innumerables golpes de Estado que durante décadas frenaron o neutralizaron las revoluciones sociales en América Latina. Golpes siempre auspiciados o financiados por los servicios de inteligencia estadounidenses, como es el caso paradigmático de Chile en 1973. Una derecha, en suma, que no iba a dejar que le arrebataran el poder y los privilegios fácilmente.

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El pasado 11 de enero, el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea y el Grupo Mixto presentó en el Registro del Congreso la solicitud de una Comisión de Investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades bancarias durante la crisis financiera.

A nadie se le escapa que han pasado cosas muy graves desde el año 2007 y que en la pasada legislatura, a pesar de múltiples intentos realizados por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, el Partido Popular bloqueó la celebración de Comisiones de Investigación. De hecho, el Gobierno de Rajoy ostenta el dudoso honor de no haber tenido ninguna en un escenario político plagado de escándalos de corrupción que han indignado a la mayoría social de este país.

Y sin duda el rescate bancario sigue mereciendo una profunda investigación parlamentaria porque el Tribunal de Cuentas ha publicado en su informe de fiscalización que se han utilizado 122.122 millones de euros en recursos públicos para salvar a las entidades bancarias. De ese descomunal importe, el coste del rescate bancario para el erario público ha ascendido ya a 60.718 millones de euros, lo que supone más de 1.305 euros por habitante. Y esta cifra no se puede considerar definitiva ya que el propio Tribunal de Cuentas considera que no se puede dar por cerrado el quebranto hasta que no finalice el proceso.

El rescate que no iba a costar ni un euro a los españoles, Rajoy dixit, sigue acumulándose en nuestras espaldas. Aunque es cierto que la carga no se distribuye de manera igualitaria entre toda la gente, pues los que causaron, organizaron y gestionaron el aquelarre se han ido hasta el momento de rositas.

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La pasada semana estallaba en los medios de comunicación el escándalo por el cambio sin conocimiento ni consentimiento en el tipo de contrato de un número indeterminado de doctorandos/as con graves repercusiones y merma de sus derechos laborales.  La Profesora de Investigación del CSIC, Alicia Durán, respaldaba de forma cruda y rigurosa la denuncia de la comunidad investigadora a consecuencia de este hecho.

En el fondo de este despropósito existen, además de víctimas concretas, también culpables,  todavía por concretar, pero sobre todo un profundo desprecio y cortoplacismo de determinadas políticas, como la científica, desde el inicio de la crisis. Y es que la precariedad y los recortes se sufren dentro, pero se construyen y reproducen fuera de los laboratorios.

Una ciencia que trabaje para tener una sociedad más justa no puede estar soportada sólo en élites pensantes, sino en equipos completos y complementarios, recursos suficientes y objetivos debatidos y consensuados. Y sin duda, el trabajo de la ciencia parte del esfuerzo y desempeño de sus trabajadores y trabajadoras (sólo el 24,9% de las profesoras de investigación del CSIC son mujeres), y sus condiciones de trabajo. Hay que señalar que el papel de los sindicatos y la negociación colectiva en la articulación de las relaciones laborales es el eje fundamental de la protección e impulso de tan necesarios equipos de trabajo.

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