Economía Crítica y Crítica de la Economía

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La “primavera” del empleo

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

El pasado lunes 4 de septiembre conocimos los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a agosto y descubrimos que se había producido la mayor destrucción de empleo en dicho mes desde 2008. De hecho, el día 31 de agosto se volatilizaron 266.362 contratos. Nunca antes se había destruido tanto empleo en un solo día. Ni siquiera el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, pudo ocultar su preocupación reconociendo que estos datos “representan un problema, no sólo en términos estadísticos sino para los derechos de los trabajadores”.

En efecto, lo que estos datos están desvelando es un mercado laboral caracterizado por una intensa contratación temporal que aumenta fuertemente en épocas estivales pero que desaparece automáticamente con su fin. Según la patronal de empresas de trabajo temporal Asempleo, una cuarta parte de los contratos que se firman en España dura menos de siete días. La duración media de un contrato en julio de 2007 era de 73 días, en julio de 2017 ha sido de 49 días. Y el acceso a empleos eventuales no es un capricho de los trabajadores: según datos del INE, el 91,4% de ellos prefiere uno de duración indefinida pero no lo encuentra.

No se podía esperar otra cosa de un mercado laboral regulado conscientemente por el PSOE y el PP mediante una legislación profundamente laxa con las obligaciones de los empresarios e intensamente restrictiva con los derechos de los trabajadores. Esta regulación laboral ha sido la guinda del pastel que conformaba el modelo productivo concentrado en el turismo de bajo valor añadido y en la construcción que fue y sigue siendo fomentado por los sucesivos gobiernos estatales, junto con la elevada tasa de paro. La combinación de esos tres factores ha derivado en una bomba explosiva que ha situado a la economía española en el segundo puesto de toda la Unión Europea de los 28 en el ranking de tasa de temporalidad que agudiza aún más si cabe la brecha de género ya que los contratos indefinidos firmados por mujeres representan únicamente el 3,4% de todos los formalizados. Hasta la propia Comisión Europea deja claro en su Informe anual sobre desequilibrios macroeconómicos lo nocivo que es el uso generalizado de contratos temporales en España para la productividad y lo asociado que va este modelo a la exclusión y la pobreza.

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Madrid y sus gentes lo primero

Autor: Carlos Sanchez Mato

El País

Madrid está demostrando que es posible llevar a cabo las imprescindibles políticas públicas que hemos aprobado en nuestro Plan de Gobierno para mejorar la ciudad y, al mismo tiempo, generar elevados superávit y reducir deuda para finalizar la legislatura en 2.729 millones de euros (un 52% menos que la que nos encontramos). Pero no era de esperar que el Ministerio de Hacienda, que no es capaz de cumplir la estabilidad presupuestaria a nivel estatal, premiara la buena gestión y exigió al Ayuntamiento de Madrid que realizáramos acuerdos de no disponibilidad por importe de 238 millones de euros (es decir, inmovilizar del presupuesto esa cantidad para no ser utilizada). Es la primera vez que el gobierno estatal ha recurrido a una medida de tal envergadura frente a una corporación local, lo que contrasta con que el Ayuntamiento de Madrid sea precisamente una administración perfectamente saneada que presenta holgados superávits y que reduce deuda, mientras que la administración central o la propia Comunidad de Madrid tienen un elevado déficit público y una deuda pública creciente. Es el mundo al revés: la administración incumplidora sanciona a la administración que gestiona con eficacia.

Emprendimos una estrategia que pasaba por cumplir las indicaciones del Ministerio pero sin poner en riesgo ni una sola de las políticas públicas previstas. El Ministerio de Hacienda exigía inmovilizar del presupuesto 238 millones de euros y lo hicimos. Adoptamos los correspondientes acuerdos plenarios y retuvimos esa enorme cantidad de dinero. El siguiente paso fue poner en marcha mecanismos legales para incrementar el presupuesto en 303 millones a través de suplementos de crédito. Utilizamos el mecanismo legal existente que permite incorporar el superávit presupuestario del ejercicio anterior a la financiación de inversiones financieramente sostenibles de acuerdo con los requisitos legales establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Nos pedían que recortáramos 238 millones de euros y demostramos que, respetando el marco legal injusto, los recuperábamos con creces, tal y como se aprobó en los Plenos de junio y julio. De todo ello informamos puntualmente.

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Y al final no recortamos

Autor: Carlos Sanchez Mato

ctxt.es

El año pasado fue el primer ejercicio en el que Madrid contó con un presupuesto elaborado por Ahora Madrid. Supuso un drástico giro en la forma de utilizar el dinero público en comparación con los años de gobierno del Partido Popular. Durante todo el año se hizo un gran esfuerzo en inversión social y en inversión en infraestructuras, incrementando la primera un 31% y la segunda más de un 150% con respecto al año anterior, y todo ello al mismo tiempo que fue generando suficientes ahorros como para ir reduciendo a un ritmo razonable la enorme y pesada deuda heredada.

Pero a pesar de haber conseguido darle la vuelta a unas cuentas del Ayuntamiento de Madrid que recibimos con un enorme lastre, al Ministerio de Hacienda y al señor Montoro no les parece suficiente. Es más, consideran que los esfuerzos en inversión del consistorio han ido demasiado lejos. Según su interpretación de la legislación, el Ayuntamiento de Madrid no debería haber utilizado tanto dinero en mejorar la ciudad y cubrir necesidades sociales, sino que debería haber utilizado todo el dinero que logró ahorrar para pagar a la banca ¡aunque no tocara hacerlo! Un aberrante sinsentido –fruto del artículo 135 de la Constitución Española– que el gobierno local no está dispuesto a aceptar.

En vano fueron las reuniones que celebramos con Montoro y otros responsables del Ministerio de Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo conjunto que no pusiera en riesgo las políticas públicas del Ayuntamiento: desgraciadamente el ministerio terminó por exigir al Ayuntamiento de Madrid un recorte de 238 millones de euros como castigo. Es la primera vez que el Gobierno estatal ha recurrido a una medida coercitiva de tal envergadura frente a una corporación local, lo que contrasta fuertemente con que el Ayuntamiento de Madrid sea precisamente una administración perfectamente saneada que tiene un superávit de más de 1.000 millones de euros y que reduce deuda, mientras que la administración central tiene un elevado déficit público y una deuda pública creciente. Es el mundo al revés: la administración incumplidora sanciona a la administración que gestiona con eficacia.

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¿Quién teme a las cláusulas sociales en la contratación?

Autor: Carlos Sanchez Mato y Esther Lopez Barcelo

eldiario.es

Cuando llegamos al área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y nos sentamos a diseñar las políticas estratégicas que pretendíamos implantar, detectamos dos graves problemas en la contratación pública madrileña: el de la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras de servicios públicos prestados a través de grandes contratas; y el de la sombra de la corrupción acechando tras cada nuevo escándalo de nombre alemán o cartaginés (véase, Gürtel o Púnica). Para hacer frente a la fiscalización de la acción de gobierno anterior y evitar con normas y nuevas formas de gobierno que se pudieran volver a producir esas deplorables prácticas, pusimos en marcha una subdirección de Auditoría de la Deuda y las Políticas Públicas y una Comisión de Investigación. Sin embargo, en el ámbito de la acción positiva de transformación, uno de los retos más importantes es el de afrontar el futuro con audacia y responsabilidad, por lo que elaboramos una Estrategia de Contratación Responsable.

No se trata, ni mucho menos, de un tema baladí ya que las Administraciones Públicas adquieren bienes y servicios en cantidades muy significativas. Más del 18% del Producto Interior Bruto en el caso español, por lo que es evidente la enorme influencia positiva que puede suponer en la sociedad en su conjunto, la contratación pública responsable. Mejorar los criterios de baremación a través de los cuales se eligen a las empresas para que presten servicios a la ciudadanía, está comenzando a ser un objetivo prioritario para muchos ayuntamientos: Zaragoza, Barcelona, Avilés, Valencia… son ejemplos claros de que algo está cambiando en la forma de gestionar lo que es de todas y todos.

Nuestra hoja de ruta prevé de forma gradual la introducción de cláusulas sociales, medioambientales y éticas en los pliegos de contratación pública. Es decir, pondremos en valor estipulaciones añadidas a las del objeto del contrato que contribuyan a generar una mayor calidad de los servicios prestados: véase, “medidas específicas de igualdad de género en relación con el personal”, “presentación de un Plan de igualdad específico”, “medidas concretas de conciliación de la vida laboral y familiar”, “incorporación de un 5% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo”, “realización de sesiones formativas en materia de seguridad y salud laboral”, “condición especial de ejecución de mantener la plantilla de trabajadores y trabajadoras mínima”, “en la documentación y publicidad que aporte el licitador evitará imagen discriminatoria de mujeres o estereotipos sexistas”, etc. El objetivo de estas medidas es premiar a las empresas que contribuyen a hacer de la contratación pública, un espacio de respeto de derechos fundamentales.

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Presupuestos de 2017: Oportunidad perdida

Autor: Alberto Garzon Espinosa y Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

Mentiríamos si dijéramos que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Consejo de Ministros nos ha decepcionado. Lo sorprendente hubiera sido que las cuentas públicas presentadas respondieran a las necesidades de la mayoría social. Porque esa es la mayor crítica que le podemos hacer al Partido Popular y a sus aliados: que han vuelto a realizar un ejercicio de trilerismo político y presupuestario para que todo siga igual.

La liquidación de 2016 ha permitido al Gobierno sacar pecho de cerrar con un déficit del 4,33% del Producto Interior Bruto, holgadamente por debajo del 4,6% fijado por la UE como tope máximo. Poco debería presumir ya que este cumplimiento se debe más a que Bruselas ha reducido el límite (originalmente estaba en un 2,8%) que a la reducción misma del déficit, que ha sido muy moderada. De hecho, sin la contribución de las corporaciones locales que han registrado el superávit más alto de la historia (0,64% del PIB), el fracaso en su única meta hubiera sido total. Para completar el análisis, hay que resaltar que no se incluye en el cálculo las ayudas al sector financiero.

Persiguiendo este objetivo de una manera cuasi enfermiza, se han extremado los recortes en 2016 a través de acuerdos de no disponibilidad de crédito que han alcanzado los 10.400 millones de euros y que han afectado a partidas tan importantes como protección social, investigación y desarrollo e inversiones. Y lo que ha hecho el Gobierno ha sido anunciar, con todo tipo de trompetería mediática, que consolida esos recortes realizados en 2016, ya que el Ministerio de Hacienda ha partido del límite de gasto ejecutado en el pasado año después del tijeretazo. Y esa obsesión con el cumplimiento del objetivo de déficit público arrasa con la inversión social y compromete la ansiada recuperación económica, sumiendo en la desesperación a una sociedad con inaceptables tasas de desempleo, desigualdad y exclusión social.

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El rescate que no iba a costar ni un euro

Autor: Alberto Garzon Espinosa y Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

El pasado 11 de enero, el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea y el Grupo Mixto presentó en el Registro del Congreso la solicitud de una Comisión de Investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades bancarias durante la crisis financiera.

A nadie se le escapa que han pasado cosas muy graves desde el año 2007 y que en la pasada legislatura, a pesar de múltiples intentos realizados por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, el Partido Popular bloqueó la celebración de Comisiones de Investigación. De hecho, el Gobierno de Rajoy ostenta el dudoso honor de no haber tenido ninguna en un escenario político plagado de escándalos de corrupción que han indignado a la mayoría social de este país.

Y sin duda el rescate bancario sigue mereciendo una profunda investigación parlamentaria porque el Tribunal de Cuentas ha publicado en su informe de fiscalización que se han utilizado 122.122 millones de euros en recursos públicos para salvar a las entidades bancarias. De ese descomunal importe, el coste del rescate bancario para el erario público ha ascendido ya a 60.718 millones de euros, lo que supone más de 1.305 euros por habitante. Y esta cifra no se puede considerar definitiva ya que el propio Tribunal de Cuentas considera que no se puede dar por cerrado el quebranto hasta que no finalice el proceso.

El rescate que no iba a costar ni un euro a los españoles, Rajoy dixit, sigue acumulándose en nuestras espaldas. Aunque es cierto que la carga no se distribuye de manera igualitaria entre toda la gente, pues los que causaron, organizaron y gestionaron el aquelarre se han ido hasta el momento de rositas.

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Compromiso con Madrid, compromiso con la gente

Autor: Carlos Sanchez Mato

El País

El año 2016 fue el primero en el que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido unos presupuestos elaborados y ejecutados por el gobierno de Ahora Madrid. Ha sido un año en el que se ha prestado una atención sin precedentes a los datos parciales de ejecución, mientras recordábamos que era necesario esperar al final para tener una imagen real de la gestión de gasto e inversiones. Un año de grandes esfuerzos por parte de todos los equipos de áreas de gobierno y juntas de distrito para poder cumplir con lo que prometimos a las vecinas y vecinos.

Ha llegado el momento del balance. Ayer se aprobó la liquidación del presupuesto en una Junta de Gobierno extraordinaria y el balance es contundente: superávit fiscal y reducción de deuda al mismo tiempo que se logra una ejecución global del 92,9%.

El presupuesto de 2016 fue aprobado inicialmente con un incremento muy notable en comparación con el de 2015: el gasto presupuestario total aumentó un 9,5% sin contar el pago de la deuda, el gasto social un 25,8%, las inversiones un 97,4%. Era, por tanto, un presupuesto muchísimo más ambicioso que pretendía mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los madrileños y madrileñas.

Por eso estamos satisfechos con el trabajo realizado, porque, a pesar de las dificultades que las leyes estatales ponen a la contratación de nuevo personal y aun cuando la infraestructura del Consistorio no está preparada para un esfuerzo inversor tan importante, hemos sido capaces de ejecutar prácticamente el 93% de todo el presupuesto.Se ha conseguido mientras se reducía la deuda en más de 922 millones de euros (19%) y mientras se obtenía un superávit de 1.022 millones. La inversión por habitante ha sido superior a 180 euros.

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Parar al PP, también en la contratación pública

Autor: Gerardo Pisarello y Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

Cuando las administraciones públicas compran bienes y servicios inciden de manera decisiva en la orientación de la economía. El contrato municipal de la luz en Barcelona, que se está resolviendo estos días, es un buen ejemplo de ello. No es lo mismo incluir cláusulas que obliguen a las empresas adjudicatarias a evitar cortes de suministros que no hacerlo. No es lo mismo dividir los contratos en lotes para abrir espacio a las pequeñas y medianas empresas o a las cooperativas, que favorecer a los oligopolios energéticos de siempre.

En diciembre del año pasado, representantes municipales y organizaciones sociales y ecologistas suscribimos la llamada Declaración de Málaga. En ella sosteníamos que la contratación pública debía ser un instrumento de transformación socioeconómica. Y que para eso era necesario superar algunas prácticas dominantes en los últimos años.

Bajo la hegemonía de los discursos neoliberales, en efecto, las administraciones han tendido a otorgar a la oferta económica más baja un papel predominante a la hora de adjudicar contratos. Con ello, el poder público ha contribuido a menudo a reforzar los peores aspectos del actual modelo económico: precarización laboral, crecimiento de la brecha salarial entre hombres y mujeres o disminución de los estándares ambientales. Y no solo eso. Con frecuencia, la opacidad que ha rodeado las prácticas de contratación ha sido caldo de cultivo para la corrupción, el trato de favor de las empresas del IBEX e incluso la financiación ilegal de los partidos tradicionales.

Conscientes de ello, ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona o Zaragoza, hemos venido impulsando nuevas guías de contratación pública para dar un giro a esta tendencia. Por ejemplo, incluyendo requisitos exigentes en materia social, laboral, ambiental o de igualdad de género. O impulsando una mayor concurrencia para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas. O prohibiendo que empresas con actividades ilícitas en paraísos fiscales contraten con la administración.

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Unámonos contra la Ley Montoro

Autor: Alberto Garzon Espinosa, Eduardo Garzón Espinosa, Esther Lopez Barcelo y Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

La “reforma express” del artículo 135 de la Constitución Española abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo, las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. A través de este acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limitaba el déficit público y priorizaba el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en “sagradas” son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Este último, es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones, sino que ha de utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, aunque el ayuntamiento esté cumpliendo puntualmente los plazos de amortización de deuda, deberá seguir adelantando el pago con el superávit generado. En la Ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrante alguna de las tres normas la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no pretende ser otra cosa que comprometerse a volver al redil de cumplimiento de los preceptos fiscales convencionales.

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Una gigantesca ayuda pública a las grandes corporaciones europeas

Autor: Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

Desde el estallido de la actual crisis sistémica, los principales bancos centrales occidentales vienen implementando una batería de políticas monetarias, convencionales y no convencionales, para hacer frente a los retos y graves desequilibrios de sus economías. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE), además de rebajar los tipos de interés oficiales hasta llegar al 0%, ha otorgado todo tipo de facilidades a las entidades bancarias a la hora de obtener financiación, logrando eliminar así el riesgo de liquidez de los bancos y el riesgo de refinanciación de las deudas del sistema bancario de la Eurozona hasta el año 2001.

Con esta batería de actuaciones el BCE ha salvado al sistema financiero, aspecto éste que, aunque no está entre sus mandatos, pone de manifiesto su verdadero papel al servicio de la banca privada, alejado de la verdadera soberanía en la que tendrían que estar asentadas las instituciones económicas europeas. Actuando de esta forma ha comprometido de manera irreversible las finanzas públicas a las que ha lastrado hasta llevarlas a una situación insostenible. Mientras las entidades bancarias son rescatadas con dinero público, a los Gobiernos les está prohibido recurrir al banco central, con lo que los grandes beneficiados son las entidades financieras privadas que reciben dinero a bajísimo interés y luego se lo prestan a los gobiernos, haciendo negocio por el camino con las respectivas deudas públicas.

Pero esta cascada de medidas no era suficiente. Y el Banco Central Europeo se puso a comprar deuda pública (por supuesto, en manos de las entidades financieras). Desde el 9 de marzo de 2015 lo ha hecho a razón de 60.000 millones de euros mensuales y en abril de 2016 se amplió a 80.000 millones. Eso supone que destinará por esta vía hasta 1,74 billones de euros hasta marzo de 2017. La última vuelta de tuerca de esta acción comenzó el pasado 8 de junio, cuando el organismo comenzó a adquirir bonos de empresas privadas mediante el programa CSPP (por sus siglas en inglés). Pero no de cualquier empresa: las candidatas a beneficiarse del programa tienen que haber emitido o emitir bonos con un rating superior al bono basura respaldado por una agencia de calificación y cuyo vencimiento oscile entre los 6 meses y los 31 años. Con estos requisitos es claro que son las grandes empresas las principales beneficiarias de este programa que supone una gigantesca ayuda a este tipo de compañías. Las pequeñas y medianas empresas (especialmente las españolas) no suelen financiarse a través de bonos sino a través de créditos y porque, de hacerlo, no suelen tener un rating respaldado por una agencia de calificación.

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Ciudadanos y la falta de rigor @edugaresp

Autor: Eduardo Garzón Espinosa, Esther Lopez Barcelo y Carlos Sanchez Mato

Público

Parece evidente que la polarización de la precampaña electoral ha dejado fuera de juego a Ciudadanos. Los que pretendían presentar su opción como una alternativa capaz de superar al Partido Popular y PSOE, se conforman ahora con ser el elemento dúctil y maleable capaz de pactar a un lado y otro del turnismo tradicional a cambio de “un programa de reformas que frene al populismo de la formación de izquierdas: Unidos Podemos”. Sin embargo, su estrategia para frenar ese supuesto populismo es una disparatada carrera de despropósitos con el único objetivo de lograr notoriedad a cualquier precio, incluso a costa de su credibilidad.

Para muestra, un botón: en el pasado pleno del Ayuntamiento de Madrid, celebrado el 25 de mayo de 2016, el grupo municipal Ciudadanos presentó una proposición sobre Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ya saben ustedes que es un impuesto local que grava el valor de la titularidad sobre bienes inmuebles localizados en el municipio que es quien recauda el tributo. Seguir leyendo…

¿Insostenibilidad? La de Montoro

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

El pasado 31 de marzo el gobierno en funciones reconoció que en el año 2015 el conjunto de las administraciones públicas había vuelto a quebrantar –por enésima vez– el objetivo de déficit público impuesto por Bruselas, y en esta ocasión por una cuantía bastante superior a lo previsto. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, culpó a las comunidades autónomas de ser las administraciones que más han incumplido los objetivos de déficit público. Sin embargo, esta declaración integra un argumento enormemente tramposo, ya que fue precisamente el gobierno estatal quien le puso muy difícil a las comunidades respetar el tope de déficit. Es la historia de un fracaso político.

Bruselas impone cada año un objetivo de déficit al conjunto del sector público español, pero luego es el gobierno estatal el que decide cómo se va a distribuir por administraciones públicas (Administración central, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Entidades Locales). Pues bien, el recorte impuesto por Bruselas fue de 1,6% sobre el PIB en 2015 (desde el 5,8% registrado en 2014 a un objetivo de 4,2%). El gobierno distribuyó este objetivo de recorte de la siguiente forma: la Administración Central debía recortar sólo 0,04%; las Comunidades 0,94%, y el resto (0,62%) debía conformarlo el superávit de las Corporaciones Locales y la reducción de déficit de la Seguridad Social.

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Si sale cara, ganas tú. Si sale cruz pierdo yo

Autor: Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

Prueben a lanzar una moneda al aire con la regla que apunto en el título de este artículo. Resultará más fácil entender cómo nos la han jugado los que, desde la ortodoxia económica liberal, han defendido la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid. Las operaciones de cobertura de riesgo de tipo de interés han sido un enorme desastre económico para las arcas municipales. Un swap de tipos de interés (IRS) o swap de intereses es un contrato en el que dos partes acuerdan, durante un periodo de tiempo establecido, un intercambio mutuo de pagos periódicos de intereses denominados en la misma moneda y calculados sobre un mismo principal, pero con tipos de referencia distintos. Detrás de estos términos aparentemente complejos, se esconde una explicación muy sencilla: Madrid se ha comprometido a pagar un tipo de interés fijo por un porcentaje muy elevado de su deuda bancaria contraída a tipos de interés variable pero la apuesta ha salido mal y nos toca pagarla a los ciudadanos y ciudadanas madrileños.

A 31 de diciembre de 2014 las operaciones a tipo variable que tenía el Ayuntamiento de Madrid ascendían a 2.501 millones de euros. En definitiva, hay swaps por casi 3 de cada 4 euros de deuda contraída de este modo. Hasta 31 de agosto de 2015, el coste de todas estas operaciones ha supuesto 247.605.736 euros al Ayuntamiento de Madrid.

Gráfico

Fuente: Área de Economía y Hacienda Ayuntamiento de Madrid

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Grecia en la encrucijada: Debate en EKO: Lunes 26 a las 20,30h

Autor: Fernando Luengo, Carlos Sanchez Mato y Bibiana Medialdea Garcia

Publico.es

Un nuevo programa de EKO: “Grecia en la encrucijada”. Contará con la participación de Bibiana Medialdea, Alejandro Inurrieta y Carlos Sánchez Mato. Reflexionaremos sobre las consecuencias de las elecciones que se celebrarán mañana sobre la economía y la ciudadanía griegas, castigadas estos últimos años por los gobiernos que se han sucedido y por la troika comunitaria.

El programa se emitirá este próximo lunes, día 26, a las 20,30 horas, desde el set televisivo de Público y lo podréis seguir en directo por streaming.

¿Qué pasaría si no pagásemos la deuda?

Autor: Carlos Sanchez Mato y Gemma Tarafa

Viviendo en deudocracia

La deuda española sigue estando en situación crítica. La mejora de los tipos de interés a los que se financia el Estado español ha sido considerable en el último año. Sin embargo, esa mejora de los costes de financiación de las nuevas emisiones de deuda pública y la reducción de la prima de riesgo no revelan una mejora de la solvencia de las administraciones públicas. Solamente el rescate por la puerta de atrás [1],  del que se han beneficiado las economías de la periferia europea, explica que podamos seguir refinanciando nuestra enorme deuda.

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