Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Techo de gasto: la hora de la verdad

Autor: Alberto Garzon Espinosa, Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Una de las últimas decisiones tomadas por el Partido Popular fue actualizar el programa de Estabilidad 2018-2021 enviado a la Comisión Europea en el que definía la profundización de la senda de reducción del gasto público sobre el PIB hasta llevarlo al 38,6% en 2021, el nivel más bajo en 12 años y uno de los más bajos de toda Europa. Esta reducción es incluso superior a la que ya preveía el anterior Plan de Estabilidad, que era del 39,5% en 2020.

Sería paradójico que tras la moción de censura que ha enviado a la oposición al señor Rajoy, se mantuviera la agenda de recorte y jibarización de gasto e inversión pública comunicada a la Comisión Europea y que no tiene otra consecuencia que la reducción de las políticas públicas. Antes de que finalice el mes de julio el Consejo de Ministras deberá fijar el techo de gasto público para el ejercicio 2019. Este nivel marca el máximo que podrá gastarse el sector público español durante todo el año, de ahí su nombre de “techo”. Antes del año 2010, fue aumentando progresivamente, ya que el gobierno aplicaba políticas expansivas que revertían en más inversiones, prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, desde el citado año, y como respuesta a las presiones austeritarias de la Unión Europea, el techo de gasto fue reducido de forma drástica, lo que conllevó importantes recortes en ámbitos como la educación, la sanidad, la dependencia, I+D+i, vivienda, etc, que tan bien conocemos. A pesar de una leve subida en 2013 y 2014, el gobierno continuó recortando el techo de gasto hasta 2017, momento en el que lo volvió a incrementar, aunque de forma insignificante. De hecho, el techo de gasto de 2018 se encuentra en cotas muy similares a la de su mínimo histórico en 2012, y una tercera parte por debajo de su máximo histórico en 2010, año en el que comenzaron los recortes. Pero esto sólo en términos absolutos, porque si lo comparamos con el PIB español, entonces el techo de gasto en 2018 es el más bajo de la historia reciente. En otras palabras: en comparación con las posibilidades que tiene nuestra economía, el gasto público del Estado es, en la actualidad, el más bajo en los últimos años.

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El contrato único de Ciudadanos: arma de precariedad masiva

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de lucha contra la precariedad laboral. Detrás de esta iniciativa legislativa no hay otra cosa que una nueva artimaña de esta formación política para blanquear su propuesta de contrato único.

Como ya es conocido, ya presentaron hace más de dos años una de sus  medidas estrella: el contrato único. Esta medida fue duramente criticada por el resto de grupos políticos y sindicales ya que, a pesar de las buenas palabras con las que venía maquillada, suponía claramente un empeoramiento de las condiciones laborales de la mayoría de las personas trabajadoras al reducir de forma generalizada las indemnizaciones por despido. Según las propias palabras del presidente de la formación, Albert Rivera, todos los contratos existentes -incluyendo los indefinidos- pasarían a tener una indemnización inicial equivalente a la de los contratos temporales actuales -12 días por año trabajado- para ir a lo largo del tiempo aumentando esa indemnización hasta equipararse a la indemnización de los contratos indefinidos actuales -20 días por año trabajado excepto en caso de improcedencia del despido-. Es decir, que en la práctica las condiciones de todos los contratos se degradarían hasta el nivel de los contratos temporales actuales, una precarización generalizada que no se podía aceptar de ninguna manera.

Una vez asumida la derrota derivada del rechazo generalizado de  esa propuesta en la que habían confiado buena parte de su alternativa económica, Ciudadanos ha vuelto a la carga de nuevo. A finales de febrero registró en el Congreso de los Diputados una ley para el mercado laboral que se ha debatido el 19 de junio en la que se incluye de nuevo el contrato único, pero esta vez con características diferentes. Puesto que el truco de precarizar todos los contratos a través de la reducción generalizada de las indemnizaciones por despido no coló, ahora intentan precarizar todos los contratos a través de otra vía: la relajación de las causas de despido. Una estratagema tan perversa como astuta ya que, al no reducir la indemnización por despido, se blindan frente a críticas del pasado y evitan hablar así de la novedad que han incorporado: una mayor facilidad para despedir a trabajadoras y trabajadores.

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“Cristóbal Montoro ha sido el ministro más nocivo que ha tenido este país” (Entrevista a Carlos Sánchez Mato)

Autor: Carlos Sanchez Mato

eldiario.es (Fátima Caballero)

Carlos Sánchez Mato (Madrid, 1970) nos recibe en su despacho, ahora en la Junta municipal de Latina. Sumó la presidencia del distrito a la de Vicálvaro después de su cese al frente del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena le destituyó por su negativa a apoyar en el Pleno el plan económico pactado con el ministro Cristóbal Montoro, que incluía recortes a cambio de levantar la intervención de las cuentas municipales. A esta gestión suma su cargo como responsable económico de Izquierda Unida.

Como responsable de economía, el concejal ha sumado a la cuenta de resultados del Consistorio 1.000 millones de euros de superávit anuales y ha reducido la abultada deuda más de 2.500 millones. Los últimos datos económicos que le avalan tiene que ver con la empresa Funeraria de Madrid, que el edil remunicipalizó y que como se ha conocido este jueves ha pasado de pérdidas de 233.000 euros el último año de gestión privada, a 4,1 millones de beneficio desde que la gestión es pública bajo su supervisión como vicepresidente del consejo administrativo de la sociedad municipal.

Detrás de su escritorio hay tres clavos que antes sujetaban el retrato del Rey Felipe VI. Ahora Sánchez Mato lo tiene al lado de un mueble contra la pared. El concejal sonríe cuando se le pregunta por la caída del Gobierno de Mariano Rajoy y la de Montoro, su principal adversario como delegado de Economía y Hacienda: “Se abre una nueva etapa”, dice. También se muestra escéptico con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, los nuevos ministros no tienen el perfil más deseable para la formación a la que representa. Lo que tiene claro Sánchez Mato es qué medidas le gustaría que tomara el líder socialista para que esa desconfianza desaparezca.

¿Cómo se encuentra después de seis meses fuera del área de Economía y Hacienda y de la Junta de Gobierno?

Evidentemente fue una situación traumática, más que en lo personal por lo que políticamente supuso. Pero esa situación traumática no hunde a una persona que ya tiene unos años de experiencia política, aunque no sea en cargos institucionales. Lo que he hecho es dedicarme a las actuales tareas con el mismo empeño, con las mismas ganas y con la misma fuerza con las que he desempeñado las anteriores.

En una semana ha cambiado radicalmente el panorama político del país después de que la moción de censura de Pedro Sánchez prosperase. ¿Cómo valora la caída del Gobierno de Mariano Rajoy?

Tenemos una enorme satisfacción. Pero como dice mi coordinador federal [Alberto Garzón] también un optimismo moderado. Hemos trabajado en años anteriores con el Partido Socialista y evidentemente tenemos un elevado grado de escepticismo acerca de sus posibilidades de enfrentarse a lo que son los elementos más importantes y negativos del régimen del 78. Pero eso no quita que hay una enorme alegría. Personalmente estoy muy contento de que Rajoy y todo su equipo de Gobierno estén apartados del centro de la vida política. Era un tema de salud pública.

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El gran agujero del Impuesto de Sociedades: cómo timar a la mayoría social

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes: en una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos.

Los gobiernos de PSOEPP han optado por timar a la mayoría social, justo lo contrario que hizo Prometeo. Lo que han hecho con el Impuesto sobre Sociedades es un ejemplo claro de quién ha ganado y quién ha perdido en la gestión de esta crisis del capitalismo. La recaudación de este impuesto –el impuesto que pagan las empresas por los beneficios que obtienen– es muy inferior en la actualidad que en la época pre-crisis, tanto en términos absolutos como relativos. D

esde 1995 la recaudación se incrementó hasta registrar en 2007 su pico más alto con casi 45.000 millones de euros, para inmediatamente pasar a desplomarse hasta situarse por debajo de los 20.000 millones en 2010. Desde entonces la recaudación ha aumentado, pero tímidamente y sin mostrar una tendencia ascendente decidida, manteniéndose por debajo de la mitad registrada en 2007 y equiparable a la de 2002 (hace ya 16 años). En términos relativos la evolución ha sido incluso más desastrosa: el peso del impuesto sobre el total recaudado pasó desde un 22% en 2007 a un 10% en 2010, nivel del que apenas ha subido desde entonces (11,5% en 2017). En la actualidad el peso del impuesto es similar al que tenía hace nada más y nada menos que 20 años.

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La riqueza del país y la burbuja del alquiler

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

Cuarto Poder

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” Puede parecer extemporáneo citar el artículo 128 de la Constitución Española pero no vemos forma mejor de proponer un marco que habría evitado el grave problema del alquiler.

En los últimos años los precios del alquiler están incrementándose en buena parte de las localidades españolas a un ritmo frenético, causando un enorme perjuicio social a su paso que adopta el rostro de numerosos y crecientes desahucios (ya son 6 de cada 10 desahucios los provocados por impagos de alquileres según los datos del Consejo General del Poder Judicial) e intensos procesos de gentrificación. Además, esta tendencia no hace sino coger más y más fuerza (sólo en los últimos doce meses el precio medio del alquiler se ha disparado casi un 20% en ciudades como Barcelona, Madrid, Palma o Málaga, según datos de portales inmobiliarios) y no hay visos de que esta tendencia vaya a cambiar si no se adoptan medidas pertinentes por parte de las administraciones públicas. Y para saber qué actuaciones serían las más eficaces para combatir esta enorme burbuja del alquiler es imprescindible conocer bien las causas que la han originado.

La aparición de la burbuja se explica por una combinación de dos fenómenos: un incremento de demanda de alquiler de viviendas y, sobre todo, una disminución de la oferta en este sector. A su vez, cada uno de los dos fenómenos viene explicado por varios factores.

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Presupuestos de 2018: la herramienta de las élites para imponer su ideología

Autor: Alberto Garzon Espinosa y Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

Desconfíen cuando se intenta sumergir en planteamientos técnicos y despojar de ideología algo tan aparentemente árido como los Presupuestos Generales del Estado. Nada hay más ideológico que la plasmación en las cuentas públicas de una posición política determinada. Al fin y al cabo los presupuestos determinan qué parte de la población y con qué intensidad va a verse beneficiada por las políticas públicas, cómo se va a repartir parte de la riqueza y la renta que generamos entre todos y todas, y cómo se va a definir e influir en las características del modelo productivo, social y ecológico de nuestro país.

Si algo queda claro con el Proyecto que se somete a tramitación por parte del gobierno del Partido Popular y sus aliados de Ciudadanos es la estrategia de la derecha: quieren un país en el que la importancia del estado social continúe menguando, en el que se mantengan tasas de paro muy superiores a la de nuestros vecinos, en el que la precariedad impregne, si cabe aún más, el mercado laboral afectando especialmente a mujeres y a jóvenes, en el que el nivel de desigualdad siga siendo de los más elevados de Europa, en el que los pensionistas se empobrezcan progresivamente, en el que el modelo productivo se caracterice por un bajo valor añadido y tecnológico, en el que el modelo energético siga anclado al siglo XX, en el que la vivienda sea un lujo y no un derecho, etc. Porque los presupuestos generales no los han diseñado para combatir los enormes desafíos económicos, sociales y ecológicos a los que nos enfrentamos, sino para cumplir reglas fiscales carentes de cualquier fundamento técnico que impone la Unión Europea y que han demostrado de manera evidente su inoperatividad para alcanzar los objetivos que le importan a la inmensa mayoría de la gente. Unas reglas carentes de todo sustento científico y técnico que están siendo utilizadas como excusa para deteriorar los servicios públicos y permitir más espacio de negocio a los agentes privados. No hay otra cosa que ideología detrás del disfraz de ciencia. Lo malo es que esa ideología va contra los intereses de la mayoría social. Los retos que debería abordar un presupuesto que se nos plantea al tiempo que el gobierno presume de “haber salido de la crisis” deberían pasar por abordar la realidad de los casi 4 millones de personas desempleadas, en el millón personas que viven en hogares sin ningún tipo de ingreso, en los casi 8 millones de personas que no llegan a final de mes, en la gente que tiene contratos basura. Tendría que mostrar con claridad para qué sirve la herramienta presupuestaria para la gente que sigue siendo desahuciada de sus viviendas o para los casi 13 millones de personas que viven en riesgo de pobreza.

Pero eso no lo encontrarán en estos presupuestos. No hay medidas para crear empleo, ni para reducir la precariedad laboral, ni para reducir la pobreza o la desigualdad, ni para modernizar nuestro modelo productivo y lograr así la creación de empleos de calidad, a pesar de que son las necesidades más apremiantes e importantes que tenemos. En cambio, sí podrán ver medidas que llevan a que el tamaño del Estado social -medido en gasto público sobre el PIB- sea el más bajo de los últimos diez años. Estos presupuestos consolidan los recortes que en 2010 nos dijeron que serían pasajeros: el presupuesto para educación, cultura y deporte es un 21,6% inferior al año 2010, año en el que comenzaron los recortes; el de sanidad es un 31,2% inferior, el de fomento un 54,7%… Estos presupuestos no resuelven los principales problemas que sufre la mayoría social en nuestro país e ignoran derechos básicos recogidos en la Constitución, como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, la progresividad del sistema fiscal o directamente el artículo 128, que afirma que toda la riqueza del país tiene que estar subordinada al interés general.

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Que no nos den gato por liebre

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

Este 12 de abril en el Congreso de los Diputados se debatirá y someterá a votación un Real Decreto propuesto por el gobierno de Rajoy que amplía el margen de maniobra que tienen las corporaciones locales a la hora de utilizar su superávit. El ejecutivo quiere presentar este Real Decreto como una actuación de generosidad con respecto a los ayuntamientos pero la realidad es que no es otra cosa que la consecuencia de su derrota política: la enorme presión ejercida por los ayuntamientos -entre los que destaca el de Madrid- y también por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos- En Comú-En Marea, ha obligado al gobierno a dar un pequeño paso atrás en su perversa estrategia austericida consistente en asfixiar a las administraciones públicas todo lo posible. Ahora intentan disfrazar de generosidad lo que es en toda regla un revés político. Prueba de ello es que esta medida llega tarde y mal.

Llega tarde porque estamos ya a mitad de abril y las corporaciones locales han perdido más de tres preciados meses para poder iniciar los trámites necesarios para la aprobación de inversiones financieramente sostenibles. Es importante entender que esta figura económica requiere de unos procedimientos administrativos mucho más lentos y pesados que cualquier otro tipo de gasto o inversión pública, puesto que la administración pública que quiere hacer uso de ella debe primero estudiar la viabilidad económica de las inversiones desde unos criterios especiales y también debe lograr su aprobación en pleno. Unos trámites que no han podido llevarse a cabo durante todo este tiempo perdido y que comenzarán una vez se ha consumido casi la tercera parte del año. Demasiado tarde para lograr un uso óptimo de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Y la responsabilidad de provocar esta situación recae única y exclusivamente en el gobierno, pues no había ninguna necesidad de esperar tanto para habilitar el destino del superávit a través de las inversiones financieramente sostenibles. Podría haberlo hecho muchísimo antes, a través de cualquier decreto como va a ocurrir ahora, y concretamente desde el día en que sabía que los presupuestos se iban a prorrogar por la incapacidad política de este ejecutivo de lograr apoyos para aprobar unos nuevos. Pero decidió esperar, impidiendo así que los ayuntamientos tuvieran algo más de aire y de libertad para utilizar sus propios recursos. Esa estrategia política solo ha causado perjuicios a la ciudadanía. Ahora que la presión aumenta, han tenido que recular, pero se ha perdido un tiempo precioso en la implementación de políticas públicas.

Y llega mal porque es claramente insuficiente. El gobierno intenta vender que con esta medida se solucionan los problemas de las corporaciones locales. ¡Ni mucho menos! Con este Real Decreto lo único que se conseguirá es que las administraciones puedan realizar inversiones financieramente sostenibles, que es algo que han podido hacer todos los años desde 2014 a partir del mes de enero (con la excepción del año pasado, en el que también hubo retraso en la aprobación de presupuestos). Es decir, que volvemos simplemente a la situación que teníamos en años anteriores, que ya eran desastrosas para la autonomía de las corporaciones locales y para el bienestar de la gente. Es cierto que en este decreto el universo de inversiones se amplía, lo cual es una buena noticia, pero es que el verdadero problema es otro: es el de la Regla de Gasto, que a pesar de que es lo que impide que los ayuntamientos puedan utilizar sus recursos en beneficio de la ciudadanía, no se toca absolutamente en nada en este decreto.

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El recorte silencioso de las pensiones: Rajoy no ha entendido nada

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Con un discurso incomprensible para la mayoría de la gente, el presidente del Gobierno ha intentado capear el temporal generado por sus políticas en materia de pensiones. Y lo ha hecho con anuncios de limitadas y ridículas ayudas fiscales a quienes cobran pensiones más elevadas e inconcretas mejoras para las mínimas y de viudedad.

Es una nueva tomadura de pelo a quienes se han movilizado por el claro incumplimiento constitucional que está perpetrando el Partido Popular: al mismo tiempo que está pidiendo confianza y tranquilidad a las víctimas de sus reformas, sigue profundizando en las mismas con dos elementos profundamente lesivos para el sistema de pensiones.

Rajoy sigue defendiendo la aplicación del factor de sostenibilidad, que se activará en 2019, y que recortará las nuevas pensiones, al menos un 0,5% justificándolo en el incremento de la esperanza de vida.  Cuantos más años prevea el PP que vaya a vivir una persona, menor será su pensión para limitar el incremento del gasto. Y luego nos anuncia que dará una “limosna” fiscal a partir de los 80 años…

Pero además, hay que llamar la atención sobre la congelación de la base máxima de cotización a la Seguridad Social en 2018. Este movimiento ha pasado muy desapercibido pero tiene una trascendencia importante: repercute negativamente sobre los ingresos de la Seguridad Social al mismo tiempo que sienta las bases para que las pensiones del futuro no crezcan. Este doble combo del gobierno del Partido Popular se suma a todas las maniobras que está llevando a cabo para dinamitar y sembrar dudas sobre el sistema público de pensiones, entre las que destaca vaciar el Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones), aprobar bonificaciones a las cotizaciones de los empresarios y a quienes contraten planes privados de pensiones, y realizar declaraciones vertiendo dudas sobre la sostenibilidad del sistema público y animando a buscar alternativas de ahorro privado.

Para entender en qué consiste este nuevo movimiento es necesario comprender cómo funciona el mecanismo de cotizaciones sociales. La mayoría de las personas trabajadoras están obligadas a cotizar a la Seguridad Social, y lo hacen en función del salario que reciben: a mayor salario, mayor cotización. La cantidad cotizada se tiene en cuenta para calcular las prestaciones futuras que recibirá esa persona cuando deje de trabajar (en caso de desempleo, de incapacidad laboral, de jubilación, etc), de forma que cuanto más se cotice, más elevada será esa prestación futura. No obstante, hay límites a las cantidades que se pueden aportar como cotizaciones, tanto por arriba como por abajo. El límite por abajo lo determina la base mínima de cotización, que es la referencia para calcular la cantidad mínima que hay que aportar a la Seguridad Social; el límite por arriba lo determina la base máxima de cotización, que es la referencia para calcular la cantidad máxima que se puede aportar a la Seguridad Social.

La base mínima de cotización es coincidente con el salario mínimo, porque se supone que nadie puede cobrar menos (aunque ocurre, en parte porque hay muchos trabajos a tiempo parcial cuyo salario mensual es inferior al mínimo legal). Su evolución ha sido idéntica al del salario mínimo: prácticamente congelado desde 2011 hasta 2016, y elevado en 2017 y 2018 un 8% y un 4%, respectivamente. La base máxima de cotización es de 3.751,20 euros. Esto quiere decir que aunque haya una persona que cobre 5.000 euros por su trabajo, solo cotizará a la Seguridad Social por los 3.751,20 euros, quedando el resto exento de cotizaciones (en muchos países esta limitación no existe). Su evolución ha sido diferente: ha tenido una tendencia creciente –más acentuada en 2013 y 2014– salvo en 2018 que se ha detenido.

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En la punta de los dedos

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Esta semana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió a desbloquear el superávit de los ayuntamientos de todo el Estado para que estos puedan reinvertirlos en las llamadas inversiones financieramente sostenibles. Atiende así a una petición urgente de la Federación Española de Municipios y Provincias y también a la presión ejercida por Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados por medio de una proposición de ley admitida a trámite en contra de la voluntad de PP y Ciudadanos.

Es una buena noticia, que da aire a muchos municipios, y es la señal de que hay que redoblar la atención y también la presión. Debemos estar vigilantes porque el desbloqueo anunciado por Montoro aún no se ha hecho realidad. Debemos presionar para ir más allá, a lo esencial, que no es otra cosa que la imprescindible reforma de la regla de gasto. Eso es lo que verdaderamente permitirá hacer unos presupuestos municipales acordes a la realidad de ingresos y necesidades de las ciudades, lo que dará libertad de planificar todas las inversiones precisas y no solo unas concretas.

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Conferencia de Carlos Sánchez Mato en el acto inaugural del Diploma “Análisis critico del capitalismo” (MAÑANA a las 18h, Salón de Grados, Facultad CC.Económicas, UCM)

Autor: Xabier Arrizabalo Montoro y Carlos Sanchez Mato

Tenemos el agrado de invitaros al acto inaugural de la octava edición del Diploma de Formación Continua de la UCM“Análisis crítico del capitalismo (El método marxista y su aplicación al estudio de la economía mundial actual)”.

Consistirá en una conferencia de Carlos Sánchez Mato, economista y concejal del Ayuntamiento de Madrid: “Limitaciones a la gestión económica municipal por las políticas de ajuste de la UE”

​Contaremos también con la participación de Fernando Álvarez Rodríguez, economista e interventor de la administración local.


Será el próximo miércoles, día 7 a las 18h, en el Salón de Grados de la Facultad.

La asistencia es libre, ​seréis muy bienvenidos y bienvenidas. Os agradecemos la ​re​difusión de ​est​a convocatoria​.

Arbitrariedad versus Estado de derecho

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Madrid “no es la ciudad más incumplidora de las reglas fiscales. No es un ayuntamiento en mala situación y su evolución está siendo la correcta, no vemos por qué se tomó esa decisión del seguimiento semanal de sus cuentas”. Porque “Madrid ha elevado su contribución al superávit acumulado de las entidades locales, mientras otras la han reducido y además ha reducido su deuda en los últimos años”.

Los entrecomillados no son míos, sino de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF), que no puede considerarse precisamente una instancia de parte. Se trata de un organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno español, a iniciativa de la Unión Europea y como consecuencia del ‘Memorándum de entendimiento’ que el rescate bancario nos obligó a suscribir.

Durante la reciente presentación de su informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de 2018 de las entidades locales, los representantes de este organismo independiente apuntaron que la decisiones del Ministerio de Hacienda respecto a Madrid son inexplicables.

De hecho, en Madrid ocurre exactamente lo contrario que en los nueve ayuntamientos de todo el Estado que están en situación crítica. Acumulan deuda que llega a alcanzar el 500% con respecto a los ingresos y pagan a los proveedores a más de 600 días, frente a los siete días en los que paga Madrid. El caso más sintomático es el del Ayuntamiento de Jaén, en que fue alcalde el actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, y que bajo su mandato deterioró sensiblemente sus cuentas. Este año se prevé que su deuda superará los 462 millones de euros, más del 400% de los ingresos. Madrid estará por debajo del 60% en 2018 y cuando accedimos al gobierno el ratio era del 141%. Jaén no ha sido intervenido, Madrid sí.

Creo que estoy en condición de explicarle a la AIReF las razones de la actuación del Ministerio de Hacienda. No son otras que la arbitrariedad y la utilización del Gobierno central como ariete político contra una Administración que tiene un signo político diferente.

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Entrevista a Carlos Sánchez Mato: “Tenemos que evitar que el mejor producto del PP sean Ahora Madrid y Manuela Carmena”

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Salto (YAGO ÁLVAREZ @ECONOCABREADO)

El ahora “solo” concejal del distrito de Vicálvaro recibe a El Salto en el hall del Ayuntamiento de Madrid. Sale un momento del pleno municipal para atendernos: “Normalmente hago yo el 25% o 30% de la intervenciones del pleno. Hoy no me toca nada”, explica con cara de resignación. No lleva uno de esos trajes con los que normalmente asistía al edificio de Alcalá 45 y que hicieron que Esperanza Aguirre le llamara “el díscolo de Ahora Madrid por ser el único que se pone corbata”. Hoy, parece que Aguirre acertaba, pero no por los trajes.

Carlos Sánchez Mato ha librado, desde que entró en la concejalía, una batalla política con el Ministerio de Hacienda por la interpretación de la Regla de Gasto. Tras darle la vuelta a las cifras económicas de la ciudad reduciendo su enorme deuda, al mismo tiempo que incrementaba la inversión y el gasto social, el ministro Montoro ha forzado al Ayuntamiento a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que Sánchez Mato se ha negado a apoyar, lo que le ha costado su puesto. El lunes 18 de diciembre fue destituido como delegado de Economía y Hacienda por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

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4 minutos que acabarán con la regla de gasto

Autor: Alberto Garzon Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Un despiste de cuatro minutos en el Alcázar parlamentario del PP ha supuesto un logro sin precedentes del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en esta legislatura: la posibilidad de debatir y aprobar una modificación de la regla de gasto que asfixia a ayuntamientos impidiendo que utilicen su dinero en la mejora del bienestar de sus habitantes.

En el año de legislatura que llevamos, el Gobierno ha paralizado 70 iniciativas legislativas de la oposición. Para ello, ha vetado en la Cámara el debate con el argumento, no siempre cierto, de que estas medidas afectan a los Presupuestos Generales del Estado, prerrogativa ésta que la Constitución otorga en exclusiva al Gobierno. Se están obstaculizando leyes que hubieran permitido mejorar la vida de las personas y reconocer derechos sociales. Bajo esta excusa de evitar un aumento presupuestario se esconde una vara de medir tramposa que no hace otra cosa que utilizar la vieja táctica de llevarse el balón cuando van perdiendo el partido.

En efecto, no es muy democrático utilizar el veto para impedir que se debatan leyes en el Congreso de los diputados. Por eso es indispensable modificar los artículos 111 y 126 del Reglamento para establecer un protocolo claro que refleje los requisitos formales a los que debe someterse el Gobierno para justificar su disconformidad con la tramitación de una proposición de ley.  Y es que parece que cuando pierden la mayoría en las instituciones, desaparece también el interés en lo que pueda hacerse en su seno.  “Si no os gustan las leyes, cambiadlas”. Eso estamos intentando, y es entonces cuando aparece un nuevo obstáculo: el veto.  Pero esta vez el Gobierno llegó cuatro minutos tarde.

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Aún con palos en las ruedas, Madrid se mueve

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

El pasado viernes 17 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aceptó imponer medidas cautelares a solicitud de Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y ordenó paralizar inversiones del Ayuntamiento de Madrid por valor de 275 millones de euros. Contra esta medida el gobierno municipal va a presentar un recurso de reposición y medidas alternativas para no tener que detener ninguna de las inversiones previstas. Es una muy mala noticia que el TSJM haya aceptado la solicitud de la Delegación del Gobierno. Porque nadie, ni en Madrid ni en el Estado español puede salir ganando con la paralización de obras de mejora en la vía pública, de reformas en cementerios, de compras de nuevos autobuses, de reparaciones en mobiliario urbano, de ampliaciones en polideportivos, de plantación de árboles, de reformas en mercados municipales, de instalación de calefacción para colegios públicos, de rehabilitación de patrimonio verde, de desarrollo de servicios para centros de mayores, de habilitación de nuevas áreas infantiles y de nuevos carriles-bici y bicicletas, etc, especialmente teniendo en cuenta que el Ayuntamiento que las realiza tiene dinero de sobra para ello. Sencillamente, nadie puede entenderlo. La actuación de Delegación de Gobierno, dirigida por Concepción Dancausa parece anteponer la disputa política a los intereses de la ciudadanía madrileña.

Y es que la argumentación que ha utilizado Delegación de Gobierno para pedir estas paralizaciones tiene una base jurídica poco firme ya que se basa en repetir que las inversiones que intenta paralizar ponen el riesgo el cumplimiento de la Regla de Gasto en 2017 por parte del Ayuntamiento de Madrid. Pero eso no responde a la realidad: esas inversiones fueron aprobadas mediante una fórmula administrativa denominada “inversiones financieramente sostenibles” que viene recogida en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el apartado cuarto de la citada ley se deja bien claro que dichas inversiones no computan para la Regla de Gasto al estar financiadas con superávit del ejercicio anterior. “El importe del gasto realizado (…) no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto”, puede leerse bien claro. Por lo tanto, ni un solo euro de esos 275 millones de euros para inversiones pone en riesgo el cumplimiento de la Regla de Gasto. La argumentación se aleja de la realidad y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no ha entrado a valorar el fondo del asunto objeto de controversia, requiere medidas cautelares. Esto obliga al Ayuntamiento a adoptar medidas alternativas que permitirán el cumplimiento del auto sin que ello suponga otra cosa que dificultar el avance de dichas inversiones.

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Bankia, pública

Autor: Carlos Sanchez Mato

Público.es

“Continuaremos la privatización de Bankia cuanto antes”, ha manifestado el Ministro de Economía Luis de Guindos en referencia a la reanudación de la desinversión de la entidad por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), entidad propietaria del 67,2% del capital. El Gobierno se sube encantado a la línea marcada por el Fondo Monetario Internacional que muestra especial interés por acelerar la salida del sector público de Bankia.

Parece necesario recordar que fue el Gobierno presidido por el señor Rajoy el que nacionalizó BFA-Bankia en mayo de 2012 para evitar que quebrara y, tras salvarla con una enorme cantidad de dinero público, comenzó a privatizarla. De hecho, el Fondo de Reestructuración Bancaria ya enajenó el 7,5% de Bankia entre inversores institucionales por un importe de 1.300 millones de euros en febrero de 2014. Su intención es seguir desprendiéndose del resto de las acciones  con la excusa de recuperar el dinero público empleado en evitar la desaparición de la entidad pero es imprescindible mirar detrás del velo para descubrir quién gana y quién pierde con la privatización de Bankia. Porque nacionalizarla ha costado 22.424 millones de euros pero las ayudas públicas que Bankia ha recibido y recibe son muy superiores. Además de ese capital inyectado en la entidad, no se pueden olvidar que hay otros instrumentos como avales, adquisición de activos por parte del Sareb (el “banco malo”), compra de títulos, créditos fiscales y préstamos del Banco Central Europeo (BCE).

Por eso no podemos permitir más trampas. La privatización no garantizará que el Estado recupere el dinero empleado en sanearla ni tampoco que se acaben las ayudas públicas, sino que éstas seguirán siendo imprescindibles para que la entidad sea rentable para sus accionistas. Tampoco se evitarán nuevos riesgos poniéndola en manos privadas, más bien todo lo contrario. ¿Y qué volverá a ocurrir si existe quebranto? Pues ya lo sabemos todos y todas. Que este recaerá sobre las espaldas del pueblo en forma de rescate de esos que “no costarán ni un euro” y que terminarán siendo abonados por la gente a través del presupuesto a costa de recortes en servicios públicos.

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Ni nos domaron, ni nos doblaron ni nos van a domesticar

Autor: Carlos Sanchez Mato

El País

Sometemos a aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Madrid un nuevo Plan Económico Financiero, uno más, por exigencia del Ministerio de Hacienda. A ojos de cualquier observador imparcial, puede parecer paradójico que una corporación local como Madrid —que ha saneado sus cuentas y ha puesto en marcha un ambicioso plan de mejora de la ciudad— sea perseguida con saña por el gobierno del Partido Popular.

Los que tienen que pedir árnica, precisamente esta semana a Bruselas, por ser incapaces de alcanzar el objetivo de déficit pactado con la Comisión Europea, se muestran inflexibles ante un Ayuntamiento que cerró 2016 con un superávit de 1.022 millones de euros. Sin embargo, tiene toda la lógica del mundo porque Madrid está demostrando, y lo va a seguir haciendo, que es compatible potenciar las políticas públicas, tener superávit y reducir deuda. Son hechos claros los que dejan en evidencia a la derecha política y económica.

En 2014 el esfuerzo inversor del Ayuntamiento de Madrid era de 287 millones de euros mientras que en 2017 alcanzará los 581 millones de euros; solamente un aumento del 102%. La inversión en gasto social se ha multiplicado pasando de los 471 millones de euros en 2014 a los 821 millones en 2017. Es decir, se ha incrementado un 74%. Y además lo estamos haciendo mientras en ese periodo de tiempo reducimos un 40% la pesada losa de la deuda que nos dejaron quienes ahora se erigen en paladines de la estabilidad presupuestaria y que no son otra cosa que campeones de los recortes.

Por eso, tenemos que decir alto y claro que este gobierno municipal seguirá manteniendo como objetivo el fortalecimiento de las políticas y servicios públicos y que lo hará en el marco del cumplimiento de una injusta legalidad que exigimos sea modificada, pero que no frenará los compromisos que hemos asumido con el pueblo de Madrid.

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Y el mundo no se hundió

Autor: Carlos Sanchez Mato

ctxt.es

Hace exactamente dos años saltó una noticia que corrió como la pólvora por radios, televisiones, periódicos y redes sociales. El Ayuntamiento de Madrid iba a suspender los contratos que tenía suscritos con las agencias de calificación de deuda, anunciaron los medios, llevándose las manos a la cabeza. Se trataba de “un error innecesario” como titulaba su editorial un periódico de gran tirada.

La decisión fue tomada en el Área de Economía y Hacienda, de la que me encargo desde que Manuela Carmena fue nombrada alcaldesa. Y debo reconocer que nos sorprendió el enorme impacto que tuvo a nivel estatal. Simplemente habíamos decidido no renovar dos contratos con unas empresas privadas cuyos servicios eran prescindibles. Poco más de 100.000 euros al año para un ayuntamiento con un presupuesto de más de 5.000 millones.

Las agencias de calificación conforman un sector oligopolístico, se reparten el pastel entre muy pocas. Se dedican a publicar calificaciones en las que valoran el riesgo de impago y la solvencia de los potenciales emisores de deuda. Es decir, que cuando un gobierno u otra entidad quieren emitir deuda o solicitar financiación, encarga a una de esas pocas agencias que le evalúe.

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¿Manuela o Cristina?

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

El Ayuntamiento de la capital, con la alcaldesa Manuela Carmena al frente, ha reducido su deuda en 2.070 millones de euros desde 2015, lo que supone una disminución del 37%. En el mismo periodo la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes la ha incrementado en 5.461 millones de euros, es decir, un 20% más que en junio de 2015. En definitiva, la Comunidad de Madrid en estos dos años acumula casi el 16% del incremento de endeudamiento del conjunto de comunidades autónomas mientras el Ayuntamiento era responsable del 96% de la reducción de deuda de las corporaciones locales con más de 300.000 habitantes.

Son datos del Banco de España, que acaba de publicar los datos de endeudamiento de las Administraciones Públicas correspondientes al segundo trimestre de 2017. Queda claramente de manifiesto la divergencia entre corporaciones locales y el resto de subsectores, porque, mientras que estas disminuyeron sus pasivos en 5.311 millones de euros –el 14%–, la administración central y comunidades autónomas siguieron incrementándola en 84.863 millones de euros, lo que supone más de un 8% de crecimiento.

Las Corporaciones Locales, que durante los años previos al estallido de la crisis tenían un exiguo déficit fiscal medio (-0,05% del PIB) entre 1999 y 2007, empeoraron durante la misma hasta el 0,8% del PIB en su momento más negativo, el año 2011. Sin embargo, la responsabilidad de las corporaciones locales en el sobreendeudamiento no es la que la gente suele comúnmente atribuir, dado que, en ese momento, el déficit del conjunto de las administraciones públicas alcanzó el 9,6% del PIB.

Al mismo tiempo que el Ayuntamiento reducía deuda, ha incrementado la inversión en la ciudad un 150% y el mal llamado gasto social en un 53%

Sin embargo, la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2012 puso en el punto de mira a los ayuntamientos como si estos fueran los responsables de la situación y estableció limitaciones absolutamente excesivas que vulneran la autonomía de las corporaciones locales consagrada en el artículo 140 de la Constitución. En concreto, el artículo 12 de la citada Ley que enuncia la conocida “regla de gasto” restringe brutalmente las políticas de las corporaciones locales. De hecho, en una situación de clara agudización de las tasas de exclusión social, que medidas según el AROPE de la última Encuesta de Condiciones de Vida alcanzan al 27,9% de la población, las administraciones públicas más cercanas a la gente reducen deuda sin poder abordar en toda su profundidad estas realidades.

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La “primavera” del empleo

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

El pasado lunes 4 de septiembre conocimos los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a agosto y descubrimos que se había producido la mayor destrucción de empleo en dicho mes desde 2008. De hecho, el día 31 de agosto se volatilizaron 266.362 contratos. Nunca antes se había destruido tanto empleo en un solo día. Ni siquiera el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, pudo ocultar su preocupación reconociendo que estos datos “representan un problema, no sólo en términos estadísticos sino para los derechos de los trabajadores”.

En efecto, lo que estos datos están desvelando es un mercado laboral caracterizado por una intensa contratación temporal que aumenta fuertemente en épocas estivales pero que desaparece automáticamente con su fin. Según la patronal de empresas de trabajo temporal Asempleo, una cuarta parte de los contratos que se firman en España dura menos de siete días. La duración media de un contrato en julio de 2007 era de 73 días, en julio de 2017 ha sido de 49 días. Y el acceso a empleos eventuales no es un capricho de los trabajadores: según datos del INE, el 91,4% de ellos prefiere uno de duración indefinida pero no lo encuentra.

No se podía esperar otra cosa de un mercado laboral regulado conscientemente por el PSOE y el PP mediante una legislación profundamente laxa con las obligaciones de los empresarios e intensamente restrictiva con los derechos de los trabajadores. Esta regulación laboral ha sido la guinda del pastel que conformaba el modelo productivo concentrado en el turismo de bajo valor añadido y en la construcción que fue y sigue siendo fomentado por los sucesivos gobiernos estatales, junto con la elevada tasa de paro. La combinación de esos tres factores ha derivado en una bomba explosiva que ha situado a la economía española en el segundo puesto de toda la Unión Europea de los 28 en el ranking de tasa de temporalidad que agudiza aún más si cabe la brecha de género ya que los contratos indefinidos firmados por mujeres representan únicamente el 3,4% de todos los formalizados. Hasta la propia Comisión Europea deja claro en su Informe anual sobre desequilibrios macroeconómicos lo nocivo que es el uso generalizado de contratos temporales en España para la productividad y lo asociado que va este modelo a la exclusión y la pobreza.

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Madrid y sus gentes lo primero

Autor: Carlos Sanchez Mato

El País

Madrid está demostrando que es posible llevar a cabo las imprescindibles políticas públicas que hemos aprobado en nuestro Plan de Gobierno para mejorar la ciudad y, al mismo tiempo, generar elevados superávit y reducir deuda para finalizar la legislatura en 2.729 millones de euros (un 52% menos que la que nos encontramos). Pero no era de esperar que el Ministerio de Hacienda, que no es capaz de cumplir la estabilidad presupuestaria a nivel estatal, premiara la buena gestión y exigió al Ayuntamiento de Madrid que realizáramos acuerdos de no disponibilidad por importe de 238 millones de euros (es decir, inmovilizar del presupuesto esa cantidad para no ser utilizada). Es la primera vez que el gobierno estatal ha recurrido a una medida de tal envergadura frente a una corporación local, lo que contrasta con que el Ayuntamiento de Madrid sea precisamente una administración perfectamente saneada que presenta holgados superávits y que reduce deuda, mientras que la administración central o la propia Comunidad de Madrid tienen un elevado déficit público y una deuda pública creciente. Es el mundo al revés: la administración incumplidora sanciona a la administración que gestiona con eficacia.

Emprendimos una estrategia que pasaba por cumplir las indicaciones del Ministerio pero sin poner en riesgo ni una sola de las políticas públicas previstas. El Ministerio de Hacienda exigía inmovilizar del presupuesto 238 millones de euros y lo hicimos. Adoptamos los correspondientes acuerdos plenarios y retuvimos esa enorme cantidad de dinero. El siguiente paso fue poner en marcha mecanismos legales para incrementar el presupuesto en 303 millones a través de suplementos de crédito. Utilizamos el mecanismo legal existente que permite incorporar el superávit presupuestario del ejercicio anterior a la financiación de inversiones financieramente sostenibles de acuerdo con los requisitos legales establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Nos pedían que recortáramos 238 millones de euros y demostramos que, respetando el marco legal injusto, los recuperábamos con creces, tal y como se aprobó en los Plenos de junio y julio. De todo ello informamos puntualmente.

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Y al final no recortamos

Autor: Carlos Sanchez Mato

ctxt.es

El año pasado fue el primer ejercicio en el que Madrid contó con un presupuesto elaborado por Ahora Madrid. Supuso un drástico giro en la forma de utilizar el dinero público en comparación con los años de gobierno del Partido Popular. Durante todo el año se hizo un gran esfuerzo en inversión social y en inversión en infraestructuras, incrementando la primera un 31% y la segunda más de un 150% con respecto al año anterior, y todo ello al mismo tiempo que fue generando suficientes ahorros como para ir reduciendo a un ritmo razonable la enorme y pesada deuda heredada.

Pero a pesar de haber conseguido darle la vuelta a unas cuentas del Ayuntamiento de Madrid que recibimos con un enorme lastre, al Ministerio de Hacienda y al señor Montoro no les parece suficiente. Es más, consideran que los esfuerzos en inversión del consistorio han ido demasiado lejos. Según su interpretación de la legislación, el Ayuntamiento de Madrid no debería haber utilizado tanto dinero en mejorar la ciudad y cubrir necesidades sociales, sino que debería haber utilizado todo el dinero que logró ahorrar para pagar a la banca ¡aunque no tocara hacerlo! Un aberrante sinsentido –fruto del artículo 135 de la Constitución Española– que el gobierno local no está dispuesto a aceptar.

En vano fueron las reuniones que celebramos con Montoro y otros responsables del Ministerio de Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo conjunto que no pusiera en riesgo las políticas públicas del Ayuntamiento: desgraciadamente el ministerio terminó por exigir al Ayuntamiento de Madrid un recorte de 238 millones de euros como castigo. Es la primera vez que el Gobierno estatal ha recurrido a una medida coercitiva de tal envergadura frente a una corporación local, lo que contrasta fuertemente con que el Ayuntamiento de Madrid sea precisamente una administración perfectamente saneada que tiene un superávit de más de 1.000 millones de euros y que reduce deuda, mientras que la administración central tiene un elevado déficit público y una deuda pública creciente. Es el mundo al revés: la administración incumplidora sanciona a la administración que gestiona con eficacia.

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¿Quién teme a las cláusulas sociales en la contratación?

Autor: Carlos Sanchez Mato y Esther Lopez Barcelo

eldiario.es

Cuando llegamos al área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y nos sentamos a diseñar las políticas estratégicas que pretendíamos implantar, detectamos dos graves problemas en la contratación pública madrileña: el de la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras de servicios públicos prestados a través de grandes contratas; y el de la sombra de la corrupción acechando tras cada nuevo escándalo de nombre alemán o cartaginés (véase, Gürtel o Púnica). Para hacer frente a la fiscalización de la acción de gobierno anterior y evitar con normas y nuevas formas de gobierno que se pudieran volver a producir esas deplorables prácticas, pusimos en marcha una subdirección de Auditoría de la Deuda y las Políticas Públicas y una Comisión de Investigación. Sin embargo, en el ámbito de la acción positiva de transformación, uno de los retos más importantes es el de afrontar el futuro con audacia y responsabilidad, por lo que elaboramos una Estrategia de Contratación Responsable.

No se trata, ni mucho menos, de un tema baladí ya que las Administraciones Públicas adquieren bienes y servicios en cantidades muy significativas. Más del 18% del Producto Interior Bruto en el caso español, por lo que es evidente la enorme influencia positiva que puede suponer en la sociedad en su conjunto, la contratación pública responsable. Mejorar los criterios de baremación a través de los cuales se eligen a las empresas para que presten servicios a la ciudadanía, está comenzando a ser un objetivo prioritario para muchos ayuntamientos: Zaragoza, Barcelona, Avilés, Valencia… son ejemplos claros de que algo está cambiando en la forma de gestionar lo que es de todas y todos.

Nuestra hoja de ruta prevé de forma gradual la introducción de cláusulas sociales, medioambientales y éticas en los pliegos de contratación pública. Es decir, pondremos en valor estipulaciones añadidas a las del objeto del contrato que contribuyan a generar una mayor calidad de los servicios prestados: véase, “medidas específicas de igualdad de género en relación con el personal”, “presentación de un Plan de igualdad específico”, “medidas concretas de conciliación de la vida laboral y familiar”, “incorporación de un 5% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo”, “realización de sesiones formativas en materia de seguridad y salud laboral”, “condición especial de ejecución de mantener la plantilla de trabajadores y trabajadoras mínima”, “en la documentación y publicidad que aporte el licitador evitará imagen discriminatoria de mujeres o estereotipos sexistas”, etc. El objetivo de estas medidas es premiar a las empresas que contribuyen a hacer de la contratación pública, un espacio de respeto de derechos fundamentales.

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Presupuestos de 2017: Oportunidad perdida

Autor: Alberto Garzon Espinosa y Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

Mentiríamos si dijéramos que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Consejo de Ministros nos ha decepcionado. Lo sorprendente hubiera sido que las cuentas públicas presentadas respondieran a las necesidades de la mayoría social. Porque esa es la mayor crítica que le podemos hacer al Partido Popular y a sus aliados: que han vuelto a realizar un ejercicio de trilerismo político y presupuestario para que todo siga igual.

La liquidación de 2016 ha permitido al Gobierno sacar pecho de cerrar con un déficit del 4,33% del Producto Interior Bruto, holgadamente por debajo del 4,6% fijado por la UE como tope máximo. Poco debería presumir ya que este cumplimiento se debe más a que Bruselas ha reducido el límite (originalmente estaba en un 2,8%) que a la reducción misma del déficit, que ha sido muy moderada. De hecho, sin la contribución de las corporaciones locales que han registrado el superávit más alto de la historia (0,64% del PIB), el fracaso en su única meta hubiera sido total. Para completar el análisis, hay que resaltar que no se incluye en el cálculo las ayudas al sector financiero.

Persiguiendo este objetivo de una manera cuasi enfermiza, se han extremado los recortes en 2016 a través de acuerdos de no disponibilidad de crédito que han alcanzado los 10.400 millones de euros y que han afectado a partidas tan importantes como protección social, investigación y desarrollo e inversiones. Y lo que ha hecho el Gobierno ha sido anunciar, con todo tipo de trompetería mediática, que consolida esos recortes realizados en 2016, ya que el Ministerio de Hacienda ha partido del límite de gasto ejecutado en el pasado año después del tijeretazo. Y esa obsesión con el cumplimiento del objetivo de déficit público arrasa con la inversión social y compromete la ansiada recuperación económica, sumiendo en la desesperación a una sociedad con inaceptables tasas de desempleo, desigualdad y exclusión social.

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El rescate que no iba a costar ni un euro

Autor: Alberto Garzon Espinosa y Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

El pasado 11 de enero, el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea y el Grupo Mixto presentó en el Registro del Congreso la solicitud de una Comisión de Investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades bancarias durante la crisis financiera.

A nadie se le escapa que han pasado cosas muy graves desde el año 2007 y que en la pasada legislatura, a pesar de múltiples intentos realizados por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, el Partido Popular bloqueó la celebración de Comisiones de Investigación. De hecho, el Gobierno de Rajoy ostenta el dudoso honor de no haber tenido ninguna en un escenario político plagado de escándalos de corrupción que han indignado a la mayoría social de este país.

Y sin duda el rescate bancario sigue mereciendo una profunda investigación parlamentaria porque el Tribunal de Cuentas ha publicado en su informe de fiscalización que se han utilizado 122.122 millones de euros en recursos públicos para salvar a las entidades bancarias. De ese descomunal importe, el coste del rescate bancario para el erario público ha ascendido ya a 60.718 millones de euros, lo que supone más de 1.305 euros por habitante. Y esta cifra no se puede considerar definitiva ya que el propio Tribunal de Cuentas considera que no se puede dar por cerrado el quebranto hasta que no finalice el proceso.

El rescate que no iba a costar ni un euro a los españoles, Rajoy dixit, sigue acumulándose en nuestras espaldas. Aunque es cierto que la carga no se distribuye de manera igualitaria entre toda la gente, pues los que causaron, organizaron y gestionaron el aquelarre se han ido hasta el momento de rositas.

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Compromiso con Madrid, compromiso con la gente

Autor: Carlos Sanchez Mato

El País

El año 2016 fue el primero en el que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido unos presupuestos elaborados y ejecutados por el gobierno de Ahora Madrid. Ha sido un año en el que se ha prestado una atención sin precedentes a los datos parciales de ejecución, mientras recordábamos que era necesario esperar al final para tener una imagen real de la gestión de gasto e inversiones. Un año de grandes esfuerzos por parte de todos los equipos de áreas de gobierno y juntas de distrito para poder cumplir con lo que prometimos a las vecinas y vecinos.

Ha llegado el momento del balance. Ayer se aprobó la liquidación del presupuesto en una Junta de Gobierno extraordinaria y el balance es contundente: superávit fiscal y reducción de deuda al mismo tiempo que se logra una ejecución global del 92,9%.

El presupuesto de 2016 fue aprobado inicialmente con un incremento muy notable en comparación con el de 2015: el gasto presupuestario total aumentó un 9,5% sin contar el pago de la deuda, el gasto social un 25,8%, las inversiones un 97,4%. Era, por tanto, un presupuesto muchísimo más ambicioso que pretendía mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los madrileños y madrileñas.

Por eso estamos satisfechos con el trabajo realizado, porque, a pesar de las dificultades que las leyes estatales ponen a la contratación de nuevo personal y aun cuando la infraestructura del Consistorio no está preparada para un esfuerzo inversor tan importante, hemos sido capaces de ejecutar prácticamente el 93% de todo el presupuesto.Se ha conseguido mientras se reducía la deuda en más de 922 millones de euros (19%) y mientras se obtenía un superávit de 1.022 millones. La inversión por habitante ha sido superior a 180 euros.

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