Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Los planes privados de pensiones no son seguros, ni rentables, ni accesibles a todo el mundo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

El lobby de la banca, utilizando todos los medios que tiene a su alcance (económicos, comunicativos, políticos, publicitarios, etc), lleva décadas tratando de sembrar dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Inicialmente su estrategia sólo tuvo un relativo impacto en la sociedad española porque las cifras eran tercas y mostraban año tras año un superávit en la Seguridad Social que ahuyentaba cualquier duda sobre su fortaleza. Sin embargo, la crisis económica iniciada en el año 2008 fue la excusa perfecta en la que se apoyó el lobby de la banca para extender por fin la idea de que algo había que hacer si se querían asegurar las pensiones en el futuro. Los gobiernos del PSOE y del PP interiorizaron la falsa preocupación y se pusieron manos a la obra: el primero diseñó en 2011 una reforma que incluía un retraso en la edad de jubilación y un recorte en la pensión media que alcanza el 20%, mientras que el segundo ideó una reforma que programa un recorte de la pensión media que podría llegar a ser del 15%, todo según estimaciones de Funcas. Si a eso le sumamos las bonificaciones a los planes privados de pensiones que ya se aprobaron antes de la crisis (y que, por cierto, provocan una pérdida de recaudación pública de aproximadamente 2.000 millones de euros cada año), tenemos el caldo de cultivo perfecto para que la gente corra con pavor a contratar planes de pensiones para evitar tener una pensión ridícula en el futuro. Objetivo de la banca cumplido.

Los anuncios sobre planes de pensiones privados están por todos los lados. Siempre muestran una supuesta fórmula de inversión segura, rentable y al alcance de todo el mundo. Pero lo cierto es que no cumple ninguna de esas tres características, ni de lejos. No podemos olvidar en qué consiste básicamente la contratación de un plan de pensiones privado: se trata de depositar dinero en un banco, para que éste trate de rentabilizarlo en los mercados financieros, de forma que si logra su objetivo se quedará con buena parte de la ganancia y trasladará una pequeña parte al ahorrador, mientras que si no logra su objetivo el ahorrador perderá parte del dinero.

No es una inversión segura porque ya ha habido casos en los que personas que habían depositado su dinero con toda la ilusión, descubrieron que habían perdido parte del mismo cuando fueron a retirarlo. No es una inversión rentable porque la mayoría de los fondos ofrecen una rentabilidad inferior a la de la bolsa o incluso a la de los bonos públicos (según el estudio titulado “Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 2002-2017”, de entre los 356 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo 4 superaron la rentabilidad del IBEX 35 y 47 la de los bonos del Estado a 15 años). Y no es una inversión al alcance de todos porque para poder contratar un plan es necesario tener capacidad de ahorro, algo de lo que carece una buena parte de la población española.

No hay datos exactos sobre la capacidad de ahorro de las familias pero sí hay estimaciones. La más optimista es la de Fintonic, que pone de manifiesto que sólo 4 de cada 10 personas pueden ahorrar en nuestro país. La más pesimista es la de los técnicos del Ministerio de Hacienda, que señala que el 86,6% de la ciudadanía española no tiene capacidad de ahorro.

Pero lo más importante, ¿quiénes tienen capacidad de ahorro? Cabría suponer que sobre todo las personas con más renta. Y así es. Lo podemos corroborar observando quiénes son los que contratan planes privados de pensiones. Según datos del Banco de España, en el año 2014 (últimos datos disponibles) sólo el 26,1% de la ciudadanía había acudido a una de estas fórmulas de ahorro, siendo mayoritaria la que tiene un elevado nivel adquisitivo. Por ejemplo, si nos centramos en el 20% más pobre de la población, sólo el 5% había inyectado dinero en algún plan privado de pensiones. En cambio, si nos centramos en el 10% más rico, lo había hecho el 60,5%. Y esta relación se mantiene a lo largo de todos los estratos: cuanta más renta, más se utilizan los planes privados de pensiones.

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Hagamos más justo el pago de cotizaciones sociales de los autónomos

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

En las últimas semanas se ha abierto un debate entre el gobierno del PSOE y Unidos Podemos en torno a la modificación de las cotizaciones que pagan los autónomos a la Seguridad Social. Resulta que en el acuerdo presupuestario firmado entre ambas partes se incluyó la siguiente medida: “Reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja”. Se trata de una redacción imprecisa que da pie a varias interpretaciones, porque, aunque queda claro que se pretende bajar el pago a los autónomos de menores ingresos, no queda especificado qué ocurre con los que tienen más ingresos, ya que de la literalidad de la redacción cabría suponer que ellos sí tendrían que pagar más, puesto que ingresan realmente más.

Pero en las últimas semanas Unidos Podemos ha aclarado su posición: quieren reducir las cotizaciones a los autónomos de menos ingresos pero no aumentárselas al resto. Así lo ha expresado varias veces el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, al insistir en que acorde al pacto firmado “no se le podía subir ni un euro a la cuota de los autónomos”. El pasado martes 30 de octubre el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro fue incluso más específico al expresar que “los autónomos de más ingresos no se verán perjudicados”.

En cambio, el gobierno de Pedro Sánchez adopta otra postura: no sólo es que plantea subir las cotizaciones a aquellos autónomos que más ingresan, sino que además está barajando tres escenarios de subidas de cotizaciones a los autónomos de menos ingresos. Esto es en parte consecuencia del acordado incremento del salario mínimo interprofesional, que eleva por defecto la base de cotización mínima provocando en principio que los autónomos de menos ingresos tengan que pagar más. Resalto por defecto y en principio porque el gobierno tiene muchas opciones para evitar que esto ocurra. Bastaría, por ejemplo, con incluir en el BOE que este incremento del salario mínimo no provocaría un aumento en la base mínima de cotización, ya que es perfectamente legal hacerlo. Pero parece que el gobierno está optando por la vía de respetar las características de nuestro sistema de cotizaciones, y lo máximo a lo que está dispuesto es a suavizar el incremento en el pago, pero no a evitarlo.

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El salario mínimo no tiene relación con la tasa de paro

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

La teoría económica más conocida e importante –conocida como síntesis neoclásica y que desagraciadamente se sigue enseñando en las facultades– considera que los niveles salariales tienen impacto en la tasa de paro de la economía en cuestión. Estos planteamientos señalan que a medida que los salarios se elevan, la tasa de paro aumenta, y viceversa. El razonamiento de fondo –que es más ideológico que científico– es el siguiente: los salarios suponen un coste importante para los empleadores, de forma que si aquellos aumentan, estos se verían en complicaciones para seguir con su negocio; y la única forma que tendrían de no echar el cierre sería despidiendo a uno o más trabajadores. El despido reduciría los costes salariales y, de esta forma, el negocio podría continuar, aunque la parte negativa sería que la tasa de paro aumentaría. Este razonamiento se utiliza también en sentido inverso: si los salarios disminuyen los empleadores tendrán menos coste y por lo tanto más margen económico para contratar a nuevos trabajadores, de forma que la tasa de paro se reduciría.

Una recomendación política que se deriva de este razonamiento es la eliminación o reducción de los salarios mínimos que se fijan por ley: si fuese más elevado se destruiría empleo, por lo que la forma más fácil de evitar esos problemas pasaría por reducir o eliminar completamente el salario mínimo legal. De esta forma, los empleadores ajustarían los salarios a sus necesidades económicas, el negocio prosperaría sin problemas y supuestamente habría creación de empleo.

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Elevar el IRPF: más justicia fiscal y mayor reparto del trabajo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Una de las medidas que está negociando actualmente el Gobierno con el grupo confederal de Unidos Podemos para incorporar en los presupuestos generales del Estado de 2019 consiste en incrementar el IRPF a los contribuyentes más acaudalados. Por un lado, se está estudiando incrementar el tipo impositivo del tramo estatal (probablemente desde el 22,5% hasta el 26,5%, lo que implicaría volver a lo que teníamos en el año 2012) a aquellos contribuyentes que ganen por rentas del trabajo más de 150.000 euros anuales (120.000 en su versión más ambiciosa). Por otro lado, encima de la mesa se encuentra la posibilidad de incrementar el tipo impositivo de las rentas del ahorro para avanzar en la equiparación con los tipos de las rentas del trabajo.

En realidad no es necesario recurrir a medidas fiscales para atender desde el Estado más necesidades económicas y sociales, ya que bastaría con permitir un alza del déficit público, pero estas negociaciones se enmarcan en un contexto en el que el Gobierno ya ha pactado con la Comisión Europea los objetivos de déficit público a cumplir en los próximos años, de forma que la única vía para aumentar el gasto y la inversión pública para mejorar el bienestar de la mayoría social al mismo tiempo que se aceptan esos compromisos con Bruselas pasa necesariamente por un incremento de impuestos. Y desde un punto de vista de izquierdas y de justicia económica, ese incremento ha de recaer sobre las personas más acaudaladas, de ahí que –entre otras medidas fiscales- se estén proponiendo tales reformas en el IRPF.

Ni la cantidad de personas que se verían afectadas es importante ni los tipos máximos en el IRPF que se están barajando son descabellados. Solamente el 0,46%, 90.788 personas, de todos los declarantes verían aumentar su factura en un promedio de 4.400 euros al año. Es decir, que los más acaudalados en la lista del IRPF tendrían que aportar un 3% más de las abultadas cantidades que ganan al año. No parece que a nadie se le vayan a caer los anillos. El tipo máximo se situaría, de media, en el 50,5%, y solamente en aquellas pocas comunidades autónomas que decidieran elevarlo todo lo posible, en el 52%, muy lejos de las cotas que tuvimos en nuestro país durante años anteriores (llegamos a tener uno del 65%) y también por debajo de los niveles que hoy día se aplican en países tan avanzados e igualitarios como Suecia (57,1%), Dinamarca (55,8%), Japón (55,5%), Bélgica (53,7%), Canadá (53,5%) o Finlandia (52,6%). Y es que en la actualidad nuestro país tiene, tras la última reforma impositiva aplicada por el PP y apoyada por Ciudadanos, un tipo máximo en el IRPF (45%) que se sitúa en la parte baja del ranking por países tanto de la OCDE como de la Unión Europea, a pesar de situarse en la parte alta en términos de renta. Elevar el tipo máximo del IRPF es un imperativo para lograr mayor justicia fiscal.

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Cinco mentiras en torno a la aprobación del techo de gasto propuesto por el PSOE

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Últimamente estoy leyendo a algunas personas –muchas de las cuales no son precisamente de derechas- asegurar que el Gobierno de Sánchez no tuvo más remedio que proponer un techo de gasto irrisorio y que la oposición -especialmente Unidos Podemos- se equivocó al no votar a favor de su aprobación. Opiniones legítimas, sin duda alguna, pero que suelen acompañarse de argumentos ridículos o, cuanto menos, fácilmente refutables. El hecho de que a veces esos alegatos vergonzantes sean arrojados por personalidades provenientes del mundo académico no hace sino confirmar las sospechas que se originan con una primera lectura superficial: parecen más una defensa a ultranza de la postura del Gobierno en base a intereses o preferencias políticas que una defensa en base a principios o cuestiones ideológicas. Como si hubiese que apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez solamente por no ser del Partido Popular y no por la utilidad de las políticas que esté aplicando. A continuación enumero y rebato los argumentos que más he visto por ahí y que más sonrojo me han provocado.

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El gran agujero del Impuesto de Sociedades: cómo timar a la mayoría social

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes: en una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos.

Los gobiernos de PSOEPP han optado por timar a la mayoría social, justo lo contrario que hizo Prometeo. Lo que han hecho con el Impuesto sobre Sociedades es un ejemplo claro de quién ha ganado y quién ha perdido en la gestión de esta crisis del capitalismo. La recaudación de este impuesto –el impuesto que pagan las empresas por los beneficios que obtienen– es muy inferior en la actualidad que en la época pre-crisis, tanto en términos absolutos como relativos. D

esde 1995 la recaudación se incrementó hasta registrar en 2007 su pico más alto con casi 45.000 millones de euros, para inmediatamente pasar a desplomarse hasta situarse por debajo de los 20.000 millones en 2010. Desde entonces la recaudación ha aumentado, pero tímidamente y sin mostrar una tendencia ascendente decidida, manteniéndose por debajo de la mitad registrada en 2007 y equiparable a la de 2002 (hace ya 16 años). En términos relativos la evolución ha sido incluso más desastrosa: el peso del impuesto sobre el total recaudado pasó desde un 22% en 2007 a un 10% en 2010, nivel del que apenas ha subido desde entonces (11,5% en 2017). En la actualidad el peso del impuesto es similar al que tenía hace nada más y nada menos que 20 años.

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Techo de gasto: la hora de la verdad

Autor: Alberto Garzon Espinosa, Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Una de las últimas decisiones tomadas por el Partido Popular fue actualizar el programa de Estabilidad 2018-2021 enviado a la Comisión Europea en el que definía la profundización de la senda de reducción del gasto público sobre el PIB hasta llevarlo al 38,6% en 2021, el nivel más bajo en 12 años y uno de los más bajos de toda Europa. Esta reducción es incluso superior a la que ya preveía el anterior Plan de Estabilidad, que era del 39,5% en 2020.

Sería paradójico que tras la moción de censura que ha enviado a la oposición al señor Rajoy, se mantuviera la agenda de recorte y jibarización de gasto e inversión pública comunicada a la Comisión Europea y que no tiene otra consecuencia que la reducción de las políticas públicas. Antes de que finalice el mes de julio el Consejo de Ministras deberá fijar el techo de gasto público para el ejercicio 2019. Este nivel marca el máximo que podrá gastarse el sector público español durante todo el año, de ahí su nombre de “techo”. Antes del año 2010, fue aumentando progresivamente, ya que el gobierno aplicaba políticas expansivas que revertían en más inversiones, prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, desde el citado año, y como respuesta a las presiones austeritarias de la Unión Europea, el techo de gasto fue reducido de forma drástica, lo que conllevó importantes recortes en ámbitos como la educación, la sanidad, la dependencia, I+D+i, vivienda, etc, que tan bien conocemos. A pesar de una leve subida en 2013 y 2014, el gobierno continuó recortando el techo de gasto hasta 2017, momento en el que lo volvió a incrementar, aunque de forma insignificante. De hecho, el techo de gasto de 2018 se encuentra en cotas muy similares a la de su mínimo histórico en 2012, y una tercera parte por debajo de su máximo histórico en 2010, año en el que comenzaron los recortes. Pero esto sólo en términos absolutos, porque si lo comparamos con el PIB español, entonces el techo de gasto en 2018 es el más bajo de la historia reciente. En otras palabras: en comparación con las posibilidades que tiene nuestra economía, el gasto público del Estado es, en la actualidad, el más bajo en los últimos años.

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El saqueo de Grecia, lejos de haber acabado, se va a intensificar

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

El pasado 21 de junio el Eurogrupo decidió dar luz verde al tercer –y supuestamente último– “rescate” de Grecia, poniendo así fin a ocho años de inyecciones de dinero condicionadas a acometer recortes y reformas de todo tipo. En esta ocasión, el Estado griego recibirá 15.000 millones de euros que totalizarán la suma de 288.700 millones percibidos desde 2010. Esta noticia se ha querido vender como el fin de la intervención que ha sufrido el país heleno y, por lo tanto, como el inicio de una nueva etapa en la que el pueblo griego podrá volver a prosperar.

Pero ese mensaje no puede estar más despegado de la realidad. Quien se lo crea es porque no ha leído o entendido la letra pequeña de último rescate: Grecia queda obligada a registrar un superávit fiscal primario (sin contar los intereses de deuda) del 3,5% del PIB de forma continuada hasta 2022 y del 2,2% hasta 2060. ¿Y qué significa esto? Pues que el Estado deberá detraer muchos más recursos de las familias y empresas griegas a través de la tributación de los que les entregará luego en forma de servicios y prestaciones públicas, ¡y además debe hacerlo de forma ininterrumpida durante 41 años! Esa cantidad recaudada de más se utilizará para pagar deuda y, por lo tanto, acabará en manos de los acreedores financieros, que en su mayoría son Estados y organismos europeos. Esto solo tiene un nombre: latrocinio. La Unión Europea exprimirá a la ciudadanía griega durante 41 años. ¡Y tienen la poca vergüenza de venderlo como el inicio de una etapa esperanzadora! Cinismo en cotas legendarias.

¿Cuántos países del mundo y a lo largo de toda la historia han logrado tener superávits continuados durante 41 años? Muy fácil: ¡ninguno! Eso es absolutamente imposible, y los dirigentes europeos que han fijado las condiciones lo saben. Ninguna economía del planeta puede estar entregando a otros países un 2,2% de su PIB, ni siquiera la más rica del mundo. Cualquier Estado que pretenda lograr esa quimera destruirá tanto su economía –que inevitablemente terminará tarde o temprano revirtiendo los superávits hasta convertirlos en déficits–, amén de los brutales destrozos en términos de empleo y bienestar. Antes de cumplir el objetivo llegará un momento en el que no haya más recursos que expoliar. Esta medida no tiene ningún tipo de sentido, es la sentencia de muerte de la economía griega. No hay ningún motivo para la esperanza: si el Estado griego se empeña en intentar cumplirlo (y subrayo intentar porque jamás lo logrará), entonces el saqueo no solo continuará sino que se intensificará, y el pueblo griego seguirá condenado al desastre económico y social.

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Con la deuda pública podemos ganar todos y todas

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

Hace unos días el economista liberal Juan Ramón Rallo y yo estuvimos discutiendo en el marco de una tertulia de radio sobre las consecuencias de comprar deuda pública, concretamente sobre el impacto que podía tener en el circuito monetario y en los balances de los agentes privados. El debate fue bastante interesante y sacó a relucir dos formas de entender el asunto absolutamente distintas. A pesar de que la discrepancia e incluso la oposición frontal de los planteamientos económicos es algo frecuente en los debates en los que participamos los dos, lo cierto es que me parece importante detenerme en este tema: resulta que la visión de mi interlocutor -claramente equivocada como trataré de demostrar- es tan intuitiva que a menudo es compartida por economistas ubicados en la izquierda del espectro ideológico. Se trata de un error bastante extendido que provoca una incorrecta comprensión del circuito monetario y que impide concebir determinadas políticas económicas que podrían redundar en beneficio de la mayoría social. Trataré de explicarme lo mejor posible.

El origen de la discusión tuvo lugar a raíz de mis propuestas para abordar el supuesto problema de déficit de la Seguridad Social. Insistí -tal y como hago siempre- en que no hay ningún problema si el saldo de la Seguridad Social es negativo por recibir insuficientes ingresos por cotizaciones sociales, ya que basta con cubrir esa diferencia mediante una transferencia desde los presupuestos generales del Estado, que se nutren a través del resto de ingresos públicos. Ojo, no un préstamo que endeude a la Seguridad Social (como ha hecho el gobierno del Partido Popular en 2017 y 2018), sino una simple transferencia a fondo perdido. De esta forma el déficit de ese subsector desaparecía por completo. Si ése es el problema que detecta el stablishment, pues entonces no hay problema. Una simple transferencia aliviaría sus quebraderos de cabeza. ¿Qué ese movimiento trasladaría el déficit de la Seguridad Social al de la Administración Central y que por lo tanto el déficit público del conjunto de las administraciones públicas no se inmutaría? Nos ha fastidiado, ¡pues claro! Pero si la obsesión machacona que leemos y oímos casi todos los días es acabar con el déficit de la Seguridad Social, entonces no pueden quejarse de mi propuesta. Y nada de alegar que el déficit público total es preocupante porque está en su nivel más bajo de los últimos diez años: 3% sobre el PIB, que ha sido el tradicional objetivo a cumplir de la Unión Europea. ¿O es que ahora me van a decir que es más preocupante tener un déficit en la Seguridad Social acompañado de un déficit total del 3% como tenemos hoy día que tener superávit en la Seguridad Social acompañado de un déficit total del 11% como ocurrió en 2009? Ni siquiera con su propia desconcertante visión miope hay por dónde coger esto.

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El contrato único de Ciudadanos: arma de precariedad masiva

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de lucha contra la precariedad laboral. Detrás de esta iniciativa legislativa no hay otra cosa que una nueva artimaña de esta formación política para blanquear su propuesta de contrato único.

Como ya es conocido, ya presentaron hace más de dos años una de sus  medidas estrella: el contrato único. Esta medida fue duramente criticada por el resto de grupos políticos y sindicales ya que, a pesar de las buenas palabras con las que venía maquillada, suponía claramente un empeoramiento de las condiciones laborales de la mayoría de las personas trabajadoras al reducir de forma generalizada las indemnizaciones por despido. Según las propias palabras del presidente de la formación, Albert Rivera, todos los contratos existentes -incluyendo los indefinidos- pasarían a tener una indemnización inicial equivalente a la de los contratos temporales actuales -12 días por año trabajado- para ir a lo largo del tiempo aumentando esa indemnización hasta equipararse a la indemnización de los contratos indefinidos actuales -20 días por año trabajado excepto en caso de improcedencia del despido-. Es decir, que en la práctica las condiciones de todos los contratos se degradarían hasta el nivel de los contratos temporales actuales, una precarización generalizada que no se podía aceptar de ninguna manera.

Una vez asumida la derrota derivada del rechazo generalizado de  esa propuesta en la que habían confiado buena parte de su alternativa económica, Ciudadanos ha vuelto a la carga de nuevo. A finales de febrero registró en el Congreso de los Diputados una ley para el mercado laboral que se ha debatido el 19 de junio en la que se incluye de nuevo el contrato único, pero esta vez con características diferentes. Puesto que el truco de precarizar todos los contratos a través de la reducción generalizada de las indemnizaciones por despido no coló, ahora intentan precarizar todos los contratos a través de otra vía: la relajación de las causas de despido. Una estratagema tan perversa como astuta ya que, al no reducir la indemnización por despido, se blindan frente a críticas del pasado y evitan hablar así de la novedad que han incorporado: una mayor facilidad para despedir a trabajadoras y trabajadores.

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Los Presupuestos de 2018 vuelven a congelar las ayudas, subvenciones y subsidios del IPREM

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 60 de La Marea

Hasta el año 2004 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era un indicador que no sólo servía para establecer cuál debía ser la cantidad mínima que tendría que cobrar una persona asalariada, sino que también servía para fijar la cuantía de subvenciones, subsidios de desempleo y otras ayudas públicas. Ese año, el recién llegado gobierno del PSOE decidió reformular el indicador, desvinculándolo completamente de las ayudas mencionadas. De esta forma, cualquier incremento en el SMI dejaría de conllevar un aumento en subsidios, subvenciones y ayudas, que pasarían a estar vinculadas a un nuevo indicador denominado Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Se trató de un hábil movimiento del gobierno del PSOE, porque le permitió incrementar el SMI a un ritmo superior al que había venido registrando hasta entonces sin que le costara apenas ni un euro hacerlo, puesto que ya no tenía que incrementar las ayudas públicas (y el coste del incremento en el salario mínimo recae fundamentalmente sobre los empleadores del sector privado, no sobre el público). Una medida sin coste económico, pero con alto rédito político y electoral, ya que el incremento del salario mínimo era una importante reivindicación de los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, además de una necesidad social.

El SMI había ido creciendo levemente desde los años 90, pero a una media del 2% y por lo tanto casi siempre a un ritmo inferior al crecimiento de la economía, de los precios y del nivel de vida, lo que conllevó un empobrecimiento relativo de un 7% de los trabajadores del segmento inferior del mercado de trabajo y de los beneficiarios de las ayudas públicas vinculadas al indicador. La reformulación que se llevó a cabo en el año 2004 supuso una bifurcación en los caminos de los dos tipos de colectivos, porque el SMI intensificó su crecimiento (especialmente desde ese año hasta el año 2010 al registrar un aumento medio del 6,2%) dejando al IPREM con el suave incremento tradicional del 2%, (sólo muy ligeramente aumentado hasta el 3,5% entre 2006 y 2010), como se puede intuir en el gráfico. Esto supuso, atendiendo a la evolución de los precios, que entre el año 2004 y 2010 las personas que cobraban un salario mínimo incrementaran su capacidad económica relativa en un 20,6%, mientras que las que recibían ayudas vinculadas al IPREM se empobrecieron un 1,3%.

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Por qué la propuesta sobre los bancos del referéndum suizo es una pésima idea

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Este 10 de junio los suizos están convocados a un referéndum en el que deben posicionarse sobre una propuesta relacionada con la actividad bancaria. Concretamente, se somete a votación arrebatar a los bancos comerciales la posibilidad de ofrecer créditos sin tener un respaldo absoluto en dinero oficial (que es el que crea el banco central), obligándolos por lo tanto a ser simples intermediarios (trasladando el dinero del ahorrador a la persona o empresa que quiere endeudarse). En román paladino: esta propuesta impediría que los bancos creasen dinero, dejando como único creador del dinero al banco central.

Para evaluar adecuadamente esta propuesta es importante entender cómo funciona la actual operativa de los bancos cuando dan préstamos. Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, los bancos no son simples intermediarios del dinero, sino que también son creadores del mismo. Muchos creen erróneamente que cuando reciben un préstamo del banco ese dinero proviene de una persona o empresa. Pero no es así.

Cuando un banco concede un crédito a alguien lo único que hace es incrementar el saldo de su cuenta bancaria en la cantidad correspondiente. No saca el dinero de ningún sitio, sino que teclea las cifras que sean y punto (lo explica perfectamente el banco central del Reino Unido). Crea “dinero bancario”, que no es otra cosa que una promesa de pagar “dinero oficial” (el dinero que crea el banco central). De esta forma, cuando la persona que ha recibido el crédito quiera pagar algo o quiera sacar una parte en monedas y billetes, el banco tendrá que convertir ese dinero bancario en dinero oficial.

Pero la clave es que la cantidad de transacciones bancarias son tan numerosas que, normalmente, los bancos necesitan muy poco dinero oficial para respaldar todo el dinero bancario que crean. De hecho, en la Eurozona la legislación permite que los bancos puedan crear 99 euros de dinero bancario por cada euro de dinero oficial que tengan. Para un desarrollo de todo esto sugiero leer aquíaquí.

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El gran agujero del Impuesto de Sociedades: cómo timar a la mayoría social

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes: en una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos.

Los gobiernos de PSOEPP han optado por timar a la mayoría social, justo lo contrario que hizo Prometeo. Lo que han hecho con el Impuesto sobre Sociedades es un ejemplo claro de quién ha ganado y quién ha perdido en la gestión de esta crisis del capitalismo. La recaudación de este impuesto –el impuesto que pagan las empresas por los beneficios que obtienen– es muy inferior en la actualidad que en la época pre-crisis, tanto en términos absolutos como relativos. D

esde 1995 la recaudación se incrementó hasta registrar en 2007 su pico más alto con casi 45.000 millones de euros, para inmediatamente pasar a desplomarse hasta situarse por debajo de los 20.000 millones en 2010. Desde entonces la recaudación ha aumentado, pero tímidamente y sin mostrar una tendencia ascendente decidida, manteniéndose por debajo de la mitad registrada en 2007 y equiparable a la de 2002 (hace ya 16 años). En términos relativos la evolución ha sido incluso más desastrosa: el peso del impuesto sobre el total recaudado pasó desde un 22% en 2007 a un 10% en 2010, nivel del que apenas ha subido desde entonces (11,5% en 2017). En la actualidad el peso del impuesto es similar al que tenía hace nada más y nada menos que 20 años.

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La brecha de género muestra todo su esplendor en las pensiones

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 59 de La Marea

El pasado 8 de marzo vivimos una histórica jornada de reivindicación feminista. Ese día muchos fueron conscientes por primera vez de que en nuestras sociedades la mujer se encuentra en una situación de subordinación e inferioridad con respecto al hombre, mientras que quienes eran ya conscientes de ello reforzaron sus convicciones y se empoderaron aún más. Esta situación de desigualdad tiene sus raíces en una división sexual del trabajo, que empuja al colectivo femenino a ocuparse del trabajo reproductivo y de cuidados mientras que el colectivo masculino tiende a acaparar los trabajos productivos.

Este reparto del trabajo tiene una repercusión clara y notable en términos económicos, sociales y culturales. Las actividades que se suelen encomendar a las mujeres no están reconocidas siquiera como “trabajo” o “empleo” sino que se consideran “tareas” o “labores”, no están remuneradas o lo están de manera insuficiente, y no gozan de prestigio social (está mejor visto trabajar para una empresa –se dedique a lo que se dedique– que cuidar a un anciano dependiente en casa). Todo esto explica que las mujeres cobren de media un 23% que los hombres y que estén relegadas socialmente a un segundo plano.

Pero a pesar de que la raíz de la injusticia se encuentra en el reparto del trabajo, la brecha de género no desaparece cuando finaliza la época laboral, sino que ocurre todo lo contrario: ¡se agudiza! Esto es así porque nuestro modelo económico vincula las pensiones a la remuneración obtenida en un puesto de trabajo. Puesto que el trabajo asociado históricamente a las mujeres está mal remunerado o no lo está, ellas reciben menos pensiones que ellos y además de cuantía inferior.

A pesar de ser muchas más que los hombres, sólo el 37% de las pensiones de jubilación son para mujeres. Además, ellas cobran un 36% menos que ellos: la pensión media de las mujeres es de 797,5 euros mensuales frente a los 1.247,46 euros que reciben de media los hombres. Lo mismo ocurre con las pensiones por incapacidad permanente: ellas reciben menos número de prestaciones que ellos (339.125 frente a 609.250) y además de menor cuantía (835,16 euros mensuales frente a 998,40 euros).

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La riqueza del país y la burbuja del alquiler

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

Cuarto Poder

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” Puede parecer extemporáneo citar el artículo 128 de la Constitución Española pero no vemos forma mejor de proponer un marco que habría evitado el grave problema del alquiler.

En los últimos años los precios del alquiler están incrementándose en buena parte de las localidades españolas a un ritmo frenético, causando un enorme perjuicio social a su paso que adopta el rostro de numerosos y crecientes desahucios (ya son 6 de cada 10 desahucios los provocados por impagos de alquileres según los datos del Consejo General del Poder Judicial) e intensos procesos de gentrificación. Además, esta tendencia no hace sino coger más y más fuerza (sólo en los últimos doce meses el precio medio del alquiler se ha disparado casi un 20% en ciudades como Barcelona, Madrid, Palma o Málaga, según datos de portales inmobiliarios) y no hay visos de que esta tendencia vaya a cambiar si no se adoptan medidas pertinentes por parte de las administraciones públicas. Y para saber qué actuaciones serían las más eficaces para combatir esta enorme burbuja del alquiler es imprescindible conocer bien las causas que la han originado.

La aparición de la burbuja se explica por una combinación de dos fenómenos: un incremento de demanda de alquiler de viviendas y, sobre todo, una disminución de la oferta en este sector. A su vez, cada uno de los dos fenómenos viene explicado por varios factores.

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Presupuestos 2018: que los pocos árboles sanos no impidan ver el bosque quemado

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

El Gobierno ha presentado su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y lo ha hecho anunciando todo tipo de medidas y enseñando todo tipo de datos. Entre tanta información y tantas cifras mareantes es muy fácil despistarse y perder de vista la panorámica general. A eso juega claramente el Gobierno, que astutamente ha colado algunas medidas positivas de notable visibilidad para que se centre en ellas la atención y no se hable de lo negativo que es el documento en su conjunto. Esas medidas son los pocos árboles sanos que podemos encontrar en unos presupuestos que mantienen intacto el bosque que incendiaron con el fuego de la austeridad hace ya ocho años.

El dato clave es el gasto público total en comparación con la riqueza del país. No el incremento del gasto en euros con respecto al año anterior, ni el peso del gasto social, ni otras milongas que están utilizando el gobierno y sus voceros; lo importante es mirar qué parte de la tarta española se destinaría al gasto público. Porque de nada nos sirve que aumente algo el gasto público si la economía está creciendo más, porque eso significaría que nos están dando un pedazo de la tarta cada vez más pequeño. Y esto es precisamente lo que quieren que ocurra: se estima que la economía (la tarta) crezca al 2,7%, mientras que el gasto público (el pedazo de la tarta) sólo aumentaría un 1,2%. El resultado: menos recursos para el estado social en comparación con la riqueza del país. De cumplirse estos presupuestos, el gasto público se situaría en el 40,5% del PIB, un nivel no sólo más bajo que el año anterior, ¡sino el más bajo de los últimos diez años anteriores! España siempre ha gastado unos 5 puntos porcentuales del PIB menos que la media europea y unos 10 puntos menos que otros países vecinos, y en vez de mejorar ese ratio lo que propone el gobierno del Partido Popular –y lo que aprueba Ciudadanos– es reducirlo aún más.

Basta mirar las partidas presupuestarias más importantes y comparar su cuantía con las de años anteriores para constatar que estos presupuestos consolidan los recortes iniciados en 2010: si se aprueba la propuesta del gobierno este año 2018 tendríamos un 13% menos para políticas de educación que hace 8 años, un 8% menos para sanidad, un 27% menos para investigación, desarrollo e innovación, un 70% menos para políticas de acceso a la vivienda, un 35% menos para cultura, un 58% menos para inversiones en infraestructuras, etc. Y todo esto mientras en la economía española se mueve bastante más dinero que en el año 2010 ya que el PIB es superior al nivel de entonces. En aquella época nos dijeron que los recortes eran sacrificios temporales que había que hacer para salir de la crisis. Ahora nos dicen que hemos salido de la crisis pero los sacrificios siguen ahí.

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Que no nos den gato por liebre

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

Este 12 de abril en el Congreso de los Diputados se debatirá y someterá a votación un Real Decreto propuesto por el gobierno de Rajoy que amplía el margen de maniobra que tienen las corporaciones locales a la hora de utilizar su superávit. El ejecutivo quiere presentar este Real Decreto como una actuación de generosidad con respecto a los ayuntamientos pero la realidad es que no es otra cosa que la consecuencia de su derrota política: la enorme presión ejercida por los ayuntamientos -entre los que destaca el de Madrid- y también por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos- En Comú-En Marea, ha obligado al gobierno a dar un pequeño paso atrás en su perversa estrategia austericida consistente en asfixiar a las administraciones públicas todo lo posible. Ahora intentan disfrazar de generosidad lo que es en toda regla un revés político. Prueba de ello es que esta medida llega tarde y mal.

Llega tarde porque estamos ya a mitad de abril y las corporaciones locales han perdido más de tres preciados meses para poder iniciar los trámites necesarios para la aprobación de inversiones financieramente sostenibles. Es importante entender que esta figura económica requiere de unos procedimientos administrativos mucho más lentos y pesados que cualquier otro tipo de gasto o inversión pública, puesto que la administración pública que quiere hacer uso de ella debe primero estudiar la viabilidad económica de las inversiones desde unos criterios especiales y también debe lograr su aprobación en pleno. Unos trámites que no han podido llevarse a cabo durante todo este tiempo perdido y que comenzarán una vez se ha consumido casi la tercera parte del año. Demasiado tarde para lograr un uso óptimo de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Y la responsabilidad de provocar esta situación recae única y exclusivamente en el gobierno, pues no había ninguna necesidad de esperar tanto para habilitar el destino del superávit a través de las inversiones financieramente sostenibles. Podría haberlo hecho muchísimo antes, a través de cualquier decreto como va a ocurrir ahora, y concretamente desde el día en que sabía que los presupuestos se iban a prorrogar por la incapacidad política de este ejecutivo de lograr apoyos para aprobar unos nuevos. Pero decidió esperar, impidiendo así que los ayuntamientos tuvieran algo más de aire y de libertad para utilizar sus propios recursos. Esa estrategia política solo ha causado perjuicios a la ciudadanía. Ahora que la presión aumenta, han tenido que recular, pero se ha perdido un tiempo precioso en la implementación de políticas públicas.

Y llega mal porque es claramente insuficiente. El gobierno intenta vender que con esta medida se solucionan los problemas de las corporaciones locales. ¡Ni mucho menos! Con este Real Decreto lo único que se conseguirá es que las administraciones puedan realizar inversiones financieramente sostenibles, que es algo que han podido hacer todos los años desde 2014 a partir del mes de enero (con la excepción del año pasado, en el que también hubo retraso en la aprobación de presupuestos). Es decir, que volvemos simplemente a la situación que teníamos en años anteriores, que ya eran desastrosas para la autonomía de las corporaciones locales y para el bienestar de la gente. Es cierto que en este decreto el universo de inversiones se amplía, lo cual es una buena noticia, pero es que el verdadero problema es otro: es el de la Regla de Gasto, que a pesar de que es lo que impide que los ayuntamientos puedan utilizar sus recursos en beneficio de la ciudadanía, no se toca absolutamente en nada en este decreto.

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El truco contable de Rajoy para no incrementar las pensiones al ritmo del IPC

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

La Seguridad Social lleva desde 2012 en claro déficit, es decir, ingresando bastante menos de lo que gasta. Desde entonces el gobierno ha ido rellenando ese vacío con los fondos de la hucha de las pensiones.

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Pero en 2017 el gobierno ya había utilizado el 90% de la hucha, y como no quería vaciarla por completo (por el coste político que implicaría) recurrió a compensar el déficit de otra forma: prestándole dinero. En 2017 el Estado prestó 10.193 millones de euros a la Seguridad Social. En 2018 ocurrirá lo mismo: este lunes el gobierno anunció que este año el préstamo será de unos 15.000 millones.

Pero, ¿por qué el Estado presta dinero a la Seguridad Social en vez de transferírselo directamente? Al fin y al cabo las dos son cuentas del conjunto de las administraciones públicas, por lo que sería como pasarse el dinero de un monedero a otro. Ninguna persona se presta dinero a sí misma, ¿por qué el sector público sí lo está haciendo?

Pues porque si en vez de un préstamo hiciera una transferencia, el déficit de la Seguridad Social desaparecería. Acorde a las normas contables, el dinero transferido computa como ingreso no financiero mientras que el dinero recibido a través de un préstamo no. La modificación del artículo 48 de la Ley de Seguridad Social llevada a cabo por el gobierno de Rajoy en 2013, en su apartado 3 establece que “Para el cálculo (…) se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 en gastos y 1 a 7 en ingresos del Presupuesto de la Seguridad Social)”. Y una transferencia es capítulo 4, por lo que se incluiría como ingreso y reduciría el déficit, mientras que un préstamo es capítulo 8 y quedaría al margen, manteniendo el déficit intacto.

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El recorte silencioso de las pensiones: Rajoy no ha entendido nada

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Con un discurso incomprensible para la mayoría de la gente, el presidente del Gobierno ha intentado capear el temporal generado por sus políticas en materia de pensiones. Y lo ha hecho con anuncios de limitadas y ridículas ayudas fiscales a quienes cobran pensiones más elevadas e inconcretas mejoras para las mínimas y de viudedad.

Es una nueva tomadura de pelo a quienes se han movilizado por el claro incumplimiento constitucional que está perpetrando el Partido Popular: al mismo tiempo que está pidiendo confianza y tranquilidad a las víctimas de sus reformas, sigue profundizando en las mismas con dos elementos profundamente lesivos para el sistema de pensiones.

Rajoy sigue defendiendo la aplicación del factor de sostenibilidad, que se activará en 2019, y que recortará las nuevas pensiones, al menos un 0,5% justificándolo en el incremento de la esperanza de vida.  Cuantos más años prevea el PP que vaya a vivir una persona, menor será su pensión para limitar el incremento del gasto. Y luego nos anuncia que dará una “limosna” fiscal a partir de los 80 años…

Pero además, hay que llamar la atención sobre la congelación de la base máxima de cotización a la Seguridad Social en 2018. Este movimiento ha pasado muy desapercibido pero tiene una trascendencia importante: repercute negativamente sobre los ingresos de la Seguridad Social al mismo tiempo que sienta las bases para que las pensiones del futuro no crezcan. Este doble combo del gobierno del Partido Popular se suma a todas las maniobras que está llevando a cabo para dinamitar y sembrar dudas sobre el sistema público de pensiones, entre las que destaca vaciar el Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones), aprobar bonificaciones a las cotizaciones de los empresarios y a quienes contraten planes privados de pensiones, y realizar declaraciones vertiendo dudas sobre la sostenibilidad del sistema público y animando a buscar alternativas de ahorro privado.

Para entender en qué consiste este nuevo movimiento es necesario comprender cómo funciona el mecanismo de cotizaciones sociales. La mayoría de las personas trabajadoras están obligadas a cotizar a la Seguridad Social, y lo hacen en función del salario que reciben: a mayor salario, mayor cotización. La cantidad cotizada se tiene en cuenta para calcular las prestaciones futuras que recibirá esa persona cuando deje de trabajar (en caso de desempleo, de incapacidad laboral, de jubilación, etc), de forma que cuanto más se cotice, más elevada será esa prestación futura. No obstante, hay límites a las cantidades que se pueden aportar como cotizaciones, tanto por arriba como por abajo. El límite por abajo lo determina la base mínima de cotización, que es la referencia para calcular la cantidad mínima que hay que aportar a la Seguridad Social; el límite por arriba lo determina la base máxima de cotización, que es la referencia para calcular la cantidad máxima que se puede aportar a la Seguridad Social.

La base mínima de cotización es coincidente con el salario mínimo, porque se supone que nadie puede cobrar menos (aunque ocurre, en parte porque hay muchos trabajos a tiempo parcial cuyo salario mensual es inferior al mínimo legal). Su evolución ha sido idéntica al del salario mínimo: prácticamente congelado desde 2011 hasta 2016, y elevado en 2017 y 2018 un 8% y un 4%, respectivamente. La base máxima de cotización es de 3.751,20 euros. Esto quiere decir que aunque haya una persona que cobre 5.000 euros por su trabajo, solo cotizará a la Seguridad Social por los 3.751,20 euros, quedando el resto exento de cotizaciones (en muchos países esta limitación no existe). Su evolución ha sido diferente: ha tenido una tendencia creciente –más acentuada en 2013 y 2014– salvo en 2018 que se ha detenido.

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¿Cómo que no hay dinero, Rajoy? Basta de mentiras

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

La semana pasada el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que no hay dinero para subir las pensiones. Aludir a una falta de dinero es el típico mantra que utiliza la derecha para calmar toda aspiración de lograr mayor justicia social. Es la forma más efectiva de evadir el debate: si no hay dinero para cambiar las cosas entonces no es necesario aportar argumentos para convencer al interlocutor de que no hay que cambiar las cosas. La insuficiencia del dinero zanja cualquier debate, y ¡qué casualidad! Siempre lo hace a favor del statu quo y de los poderosos.

Mienten. Consciente o inconscientemente mienten. Este manido mensaje de la falta de dinero es absolutamente falso desde la primera hasta la última letra. El dinero se inventó para facilitar las relaciones económicas, pero al contrario de lo que la gente suele creer erróneamente, el dinero no es algo físico; es una ficción del ser humano, al igual que lo son los números o los kilogramos, y por lo tanto no tiene sentido hablar de su escasez o de su abundancia. ¿Alguien se imagina a un profesor de matemáticas diciendo que no puede dar clase porque no tiene suficientes números? ¿O a un frutero diciendo que no puede pesar la fruta porque no tiene suficientes kilogramos? No tiene sentido, ¿verdad? Pues tampoco lo tiene que un presidente del gobierno diga no tener suficiente dinero para aumentar las pensiones (o para cualquier otra cosa).

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THE POLITICAL ECONOMY OF CONTEMPORARY SPAIN. FROM MIRACLE TO MIRAGE (Routledge, 2018)

Autor: Luis Buendía, Ricardo Molero Simarro, Antonio Sanabria Martin, Bibiana Medialdea Garcia, Eduardo Garzón Espinosa, Javier Murillo, Juan Pablo Mateo Tomé, Lucia Vicent Valverde, Miguel Montanya Revuelto, Mariu Ruiz-Galvez Juzgado, Maria Jose Paz y Manuel Gracia Santos

We are very glad to announce the release of the collective book The Political Economy of Contemporary Spain. From Miracle to Mirage, written by a group of up to 12 Spanish economists and just published by Routledge in its “Frontiers of Political Economy” series.

It is available in both hardback and ebook:

https://www.routledge.com/The-Political-Economy-of-Contemporary-Spain-From-Miracle-to-Mirage/Buendia-Molero-Simarro/p/book/9781138305717

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El timo de la bolita para privatizar las pensiones

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo escrito originalmente en el número 55 de La Marea

“¡Peligro! ¡La Seguridad Social está en déficit! Así que no se pueden mantener las pensiones; hay que reformar el sistema y la mejor forma de hacerlo es privatizando parcialmente el sistema público de pensiones”. Esta es la cantinela de siempre, una mentira mastodóntica que incluso mucha gente con sensibilidad de izquierdas se come con patatas. Pero hagamos un ejercicio comparativo para evidenciar lo absurdo de ese razonamiento: “¡Peligro! ¡La administración estatal está en déficit! Así que no se puede mantener la Corona; hay que reformar el sistema y la mejor forma de hacerlo es acabar directamente con ella”. Es exactamente el mismo razonamiento. Cámbiese Corona por Defensa, Justicia, lucha contra el terrorismo, ayudas a la banca, etc. y nos daremos cuenta de lo falso y sesgado que es el razonamiento.

No me cansaré de decirlo: la situación habitual –¡incluso deseable por regla general!- de las economías es estar en déficit público, y eso jamás debe ser óbice para recortar o privatizar algún elemento del sector público. España ha tenido déficit público casi toda su historia democrática (excepto tres años) y sólo han empezado a recortar con fuerza en los últimos 7 años (y por una cuestión política, no técnica). Japón lleva con déficit público más de 30 años y con la mayor deuda pública del planeta y no por eso tiene que recortar nada.

Pero se utiliza constantemente la falacia de la falsa analogía entre un hogar o una empresa y el Estado para hacer creer a la gente que los Estados no pueden estar permanentemente en números rojos (ya que las familias y las empresas no pueden estarlo). Pero en realidad sí pueden, y de hecho es conveniente que lo hagan a menudo. Este engaño masivo se ha aprovechado, entre otras cosas, para atacar con fuerza al sistema público de pensiones. El truco es muy sencillo: como la Seguridad Social (SS) siempre ha tenido superávit y no parece creíble que haya que recortar pensiones públicas, lo que se hace es provocarle un déficit público.

La mejor forma de hacerlo es hundiendo los recursos de la SS y trasladando parte del superávit al resto de las administraciones públicas. De esta forma la Seguridad Social entrará en números rojos, y de camino el déficit público del resto de administraciones mejorará. En realidad es exactamente lo mismo que vaciar un monedero, con ese dinero llenar un poco una cartera, y alegar luego que el monedero está en pésima situación. La cartera estará mejor pero eso no importa porque lo que se busca es señalar lo mal que está el monedero. Y es una cuestión política, porque ni hay necesidad de vaciar el monedero, ni nadie te impide que lo rellenes con dinero proveniente de otra parte. Es el timo de la bolita: hacer pensar que el déficit está en un sitio donde realmente no tiene por qué estarlo.

El gráfico evidencia este timo. La SS se mantuvo en superávit o ligeramente en déficit hasta 2011, a pesar de que el paro ya se había disparado y superaba los 5 millones. Fue solamente a partir de 2012, con la llegada del PP al poder, cuando de golpe la SS superó el punto porcentual del PIB en déficit. ¿Cómo es posible que el saldo se deteriorase tanto de la noche a la mañana? Fácil: porque Rajoy redujo las cotizaciones sociales a algunos empresarios en un intento –absolutamente fallido- por reactivar el empleo, porque se eliminaron las cotizaciones a una parte de los parados, porque se aprobó una reforma laboral que abarató el despido y que redujo los salarios (y por lo tanto también las cotizaciones sociales), y porque se vació la hucha de las pensiones reduciendo con ello los ingresos a la SS. Fueron decisiones políticas, no inevitabilidades técnicas.

APUNTES-1

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Un posible plan de apoyo municipal al pequeño comercio de Madrid

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Uno de los objetivos que nos marcamos en el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid fue impulsar la actividad económica de los pequeños comercios madrileños. Debido a ello, decidimos estudiar medidas que cumplieran ese objetivo. Tras muchas reuniones con asociaciones de comerciantes y de economía social y solidaria, esbozamos un plan de apoyo al pequeño comercio local madrileño que permitiese al mismo tiempo dotar de mayor margen fiscal a un ayuntamiento que ya estaba siendo claramente atacado por el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro. Desgraciadamente no nos dio tiempo a terminarlo ni a poder iniciar su puesta en marcha a través de un proyecto piloto. No obstante, recojo aquí sus planteamientos básicos con la intención de que no caiga en el olvido por si en algún momento se barajara la posibilidad de recuperarlo, de mejorarlo o de imitarlo en el Ayuntamiento de Madrid o en cualquier otro ayuntamiento.

¿POR QUÉ ES NECESARIO?

En los últimos años el pequeño comercio madrileño se ha visto enormemente afectado por el efecto combinado de la crisis económica, de las políticas de austeridad y del auge de los grandes establecimientos comerciales, que han arrebatado importantes cuotas de mercado a los pequeños comercios hasta incluso llegar a provocarles el cierre a muchos de ellos. Hay estudios que señalan que por cada empleo que se origina en un gran almacén se destruyen entre 1,4 y 5 empleos en el pequeño comercio. Debido a la importancia de este tejido productivo, tan cercano al consumidor y tan rico en creación de empleo, resulta imperioso que las instituciones públicas tomen partido y apoyen su actividad.

Además, dependiendo del mayor o menor éxito del plan, el Ayuntamiento podría conseguir aumentar ligeramente su capacidad fiscal, permitiendo así incrementar moderadamente el gasto e inversión pública sin necesidad de incrementar impuestos y sin afectar a normas presupuestarias como la Regla de Gasto.

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Vivimos más pero con peor salud: retrasar la edad de jubilación es una gran crueldad

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

En el año 2011 el gobierno del PSOE decretó el retraso progresivo de la edad de jubilación desde los 65 años hasta los 67. En 2018 la edad de jubilación ya va por los 65 años y medio, a no ser que se hayan cotizado más de 36 años y medio. El argumento central que se utilizó para defender esta medida se basaba en que los seres humanos cada vez vivimos más tiempo y por lo tanto es razonable que nos jubilemos más tarde.

Este argumento tiene dos vertientes: una de carácter económico y otra de carácter moral. Atendiendo a la primera se sostiene que para poder pagarle la pensión a una persona que cada vez vive más tiempo es necesario disponer de más recursos, por lo que una forma de resolver el problema es reducir el tiempo que hay que estar pagando la pensión (al mismo tiempo que incrementas los recursos porque esa persona tendrá una vida laboral más larga). En cambio, el argumento de carácter moral es bien diferente: puesto que la persona en cuestión va a vivir más tiempo es de justicia que se mantenga la proporción de tiempo de trabajo y de tiempo de jubilación, de forma que se acabe disfrutando aproximadamente el mismo tiempo de descanso que antes.

Hay innumerables formas de refutar el argumento citado en cualquiera de sus dos vertientes. En esta ocasión no me voy a detener en criticar la primera faceta del argumento, la económica. Baste señalar al respecto que en nuestras sociedades cada vez más tecnológicas y avanzadas tenemos cada vez más posibilidades de producir lo mismo con menos tiempo de trabajo, de forma que podemos permitirnos disfrutar de una época de jubilación más prolongada manteniendo el mismo nivel de vida. Ahora me interesa más desmontar la otra cara del argumento, la de tipo moral o ético.

Es cierto que los seres humanos vivimos, de media, cada vez más. Así lo atestigua el indicador de Esperanza de Vida (EV), que en España ha aumentando 10 años en las últimas cuatro décadas, pasando desde los 73 años a los 83 años desde 1975 hasta 2015. Sin embargo, este indicador nos dice cuánto vivimos (siempre en promedio), pero no cómo vivimos. No es lo mismo vivir 83 años con una salud excelente durante casi toda la vida que hacerlo con graves enfermedades buena parte de la misma. Para eso se creó el indicador Años de Vida Saludable (AVS), que nos viene a mostrar cuántos años vivimos sin sufrir una discapacidad importante.

Pues bien, si miramos ambos indicadores para el caso de España, observamos lo siguiente. Desde 2004 la EV a partir de los 65 años era de 17,2 años en el caso de los hombres y de 21,4 en el caso de las mujeres. Once años más tarde, en 2015, el indicador ha aumentado hasta los 19 años y 23, respectivamente. No obstante, la evolución de los AVS no ha sido similar ni mucho menos. En el año 2004 se esperaba que un hombre de 65 años viviese 9,8 años más sin sufrir limitaciones de salud importantes, y 9,6 años en el caso de una mujer de la misma edad. Once años más tarde, se espera que ambos vivan menos tiempo sin sufrir incapacidades importantes: 9,5 años en el caso de los hombres y 8,9 en el caso de las mujeres.

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La letra pequeña de los datos de empleo del cuatro trimestre de 2017

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

1) Desde que el PP llegó al gobierno el número de personas paradas ha caído en 1.520.600 pero de todas ellas sólo 845.400 han pasado a trabajar. El resto (675.300) emigraron, se jubilaron o dejaron de buscar empleo.

2) Hay 1,7 millones de personas ocupadas menos que antes de la crisis y todavía hay 3,8 millones de personas en paro. La tasa de paro se sitúa en el 16,55%, un nivel propio de Estados fallidos o de países recién salidos de una guerra civil. Si en el cálculo de la tasa de paro tuviésemos en cuenta a las personas que quieren trabajar pero que no buscan empleo y a las que trabajan a tiempo parcial pero que siguen buscando empleo a tiempo completo, la tasa sería del 25,1% y no del 16,5%.

3) En la actualidad se realizan prácticamente las mismas horas de trabajo a la semana que cuando llegó el PP al gobierno; sólo han aumentado un 1,7%. Ahora se realizan 75 millones de horas de trabajo a la semana menos que antes de la crisis, un 11,7% menos.

4) Hoy hay 495.300 personas asalariadas temporales más que cuando el PP llegó al gobierno, y sólo hay 276.800 indefinidas más. El peso de los contratos temporales sobre el total ha aumentado durante este periodo desde el 24,8% al 26,7%. España registra actualmente la tasa de temporalidad más elevada de los 28 países de la Unión Europea (exceptuando a Polonia), casi duplicando la media.

5) Los contratos temporales de reducida duración han aumentado durante los años de gobierno del PP: en 2017 se han firmado 31.400 contratos de un día de duración más que cuando el PP llegó al gobierno.

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