Economía Crítica y Crítica de la Economía

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En qué consiste el plan aprobado por el Parlamento Europeo para favorecer a la banca y los planes privados de pensiones

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

Este jueves 4 de abril se aprobó en el Parlamento Europeo el denominado “Producto paneuropeo de pensiones individuales” (PEPP) gracias a los votos a favor de los liberales y los populares (PP, Ciudadanos, PNV, UPyD, PdCaT…) y con la abstención de los socialistas (el motivo aludido es que “no era un verdadero enfoque paneuropeo”). El bloque de la izquierda unitaria y los verdes (Podemos, Izquierda Unida, Equo, ERC…) votaron en contra y además presentaron una enmienda para retirar esta medida, pero no prosperó (en parte debido al voto en contra de los eurodiputados socialistas, que en esta ocasión curiosamente no se abstuvieron). ¿A qué se debe esta diversidad en los votos? ¿En qué consiste el PEPP?

En realidad esta medida llevaba tiempo perfilándose en las instituciones europeas: la Comisión Europea ya le dio el visto bueno hace casi dos años. Su objetivo siempre ha sido explícito: “los productos paneuropeos de pensiones individuales servirán para fomentar la competencia entre los proveedores de pensiones, otorgando a los consumidores más posibilidades de elección a la hora de colocar sus ahorros”. Se busca la “uniformidad de las normas a nivel nacional y de la UE”, para lograr “el desarrollo de un mercado de pensiones a escala de la UE competitivo y de gran dimensión”. Estos planes de pensiones “podrán ser ofertados por una amplia gama de proveedores, tales como compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión y gestores de activos”. Por último, “se anima a los Estados miembros a conceder a los PEPP el mismo trato fiscal que actualmente se dispensa a los productos nacionales análogos que ya existen”.

En román paladín, por si a alguien se le escapa lo que subyace en todo esto: este plan paneuropeo marca el inicio de una serie de reformas legislativas en los parlamentos nacionales que favorecerán y ampliarán el negocio de las entidades financieras que hacen negocio con los fondos privados de pensiones. Nada nuevo bajo el sol, porque nuestros Estados ya dan facilidades y bonificaciones fiscales a estos productos, pero lo llamativo de este asunto es que ahora el trato privilegiado a este segmento del sector privado se articulará y coordinará desde a nivel europeo, lo que no hará sino intensificar las ventajas que tienen las entidades financieras a la hora de lucrarse con los ahorros de la gente. El texto aprobado lo deja claro: “los proveedores podrán desarrollar PEPP en varios Estados miembros, agrupar activos más eficazmente y lograr economías de escala”.

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Diagnóstico del empleo en España y cómo mejorarlo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

En la actualidad, el empleo está creciendo y el paro disminuyendo en términos generales. Esto en absoluto se debe a las políticas de austeridad o de devaluación salarial aplicadas, sino al comportamiento cíclico de las economías capitalistas (a una recesión le sigue siempre un periodo de crecimiento). La recuperación de la economía española y de su mercado laboral se explican fundamentalmente por factores externos (reconocido por el propio Banco de España): política monetaria ultraexpansiva del Banco Central Europeo, reducción de precio del petróleo, euro débil, llegada masiva de turistas, y crecimiento económico internacional. De hecho, estos factores externos habrían permitido que la economía española comenzase a crecer mucho antes si no llega a ser por la aplicación de las políticas de austeridad y devaluación salarial, que actuaron como freno a esa recuperación. España ha tardado más años en comenzar a recuperarse que la mayoría de países por culpa de las políticas que receta la Unión Europea y que fueron aplicadas por los gobiernos del PSOE y del PP. La economía española se recupera e incrementa el empleo a pesar de las políticas de austeridad, no gracias a ellas.

Que la situación laboral esté mejorando no quiere decir que sea idílica ni mucho menos. Todavía mantenemos una tasa de paro cercana al 15%, el segundo nivel más alto de toda la Unión Europea y muy por encima de muchos países más pobres que el nuestro. Además, si a la hora de calcular la tasa de paro contabilizásemos (como hace la oficina de estadísticas de Estados Unidos) como parados a: 1) todas las personas que, aunque quieren encontrar un empleo, no lo están buscando porque no confían en encontrarlo, o no lo están buscando aún por otros motivos; y 2) a las personas que están trabajando a tiempo parcial pero que siguen buscando empleo a jornada completa, obtendríamos una tasa de paro cercana al 22%.

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Nuevos decretos sobre alquiler y permisos de paternidad

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

En un movimiento claramente electoralista, el gobierno va a aprobar dos reales decretos con medidas que ya había pactado con Unidos Podemos. Se trata de una especie de “corta y pega” de aquellos acuerdos, aunque desgraciadamente no en un 100%, ya que se han quedado a medio camino (al fin y al cabo, sigue siendo el PSOE).

Por ejemplo, aunque sobre el alquiler hay una mejora sustancial con respecto a la terrible reforma que hizo el PP (se incrementa el período mínimo del alquiler de 3 a 5 meses -7 si es empresa jurídica; se limita -dentro de un mismo contrato- el aumento del precio del alquiler al aumento del IPC; se creará un índice de precios del alquiler…) queda fuera lo más importante: limitar la subida de los precios de todos los contratos (los vigentes y los nuevos). Ésta es la única forma de frenar la escalada de precios que tantas personas estamos sufriendo. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberían poder establecer límites máximos a esos precios en los barrios más afectados, pero este decreto no lo contempla. Una mala noticia, porque al gobierno no le costaba nada añadirlo (sólo le hubiera costado a los grandes especuladores). ¿Por qué no se han atrevido?

Unidos Podemos no ha bloqueado, ni dinamitado -ni otras perlas que se dicen por ahí- el Pacto de Toledo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

Unidos Podemos no ha bloqueado, ni dinamitado -ni otras perlas que se dicen por ahí- el Pacto de Toledo. No te dejes confundir.

El cierre del Pacto de Toledo se debe a la convocatoria de elecciones y, por lo tanto, a que no daba tiempo a seguir debatiendo durante esta legislatura. Los principales partidos políticos que negociaban el Pacto de Toledo han querido dar carpetazo al asunto a pesar de que todavía no se había alcanzado ningún consenso. No ha sido Unidos Podemos quien lo ha cerrado (de hecho, pide que continúe la negociación).

Desde el primer minuto Unidos Podemos dejó claro que, si no había consenso, iba a señalar los elementos con los que no estaba de acuerdo. Y eso es simplemente lo que se hizo ayer, tras el cierre apresurado del Pacto de Toledo. Los puntos recogido en el Pacto a los que se opone Unidos Podemos son los siguientes:

1) Ampliar el cálculo de la pensión de jubilación a toda la vida laboral, lo que por regla general supone una disminución de la cuantía a recibir (porque los salarios del comienzo de nuestra vida laboral suelen ser menores que los de la fase final).
2) Aumentar la edad efectiva de jubilación y establecer como exigencia cotizar 37 años para cobrar la pensión completa.
3) Fomentar los planes privados de pensiones, que ya nos cuestan a los contribuyentes unos 2.000 millones de euros al año (dinero público que sólo beneficia a unos pocos -sobre todo a los más adinerados- y a la banca).
4) Separar la fuente de financiación de las pensiones del resto de ingresos del Estado, lo que limita la capacidad para financiar las pensiones.
6) Destinar el 7% del gasto anual en pensiones contributivas a nutrir un activo financiero (Fondo de Reserva) en vez de utilizarse para mejorar la cuantía de las pensiones.

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Los peligros que conllevan las reformas del Sistema de Seguridad Social

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La U

El principal objetivo de los sistemas modernos de Seguridad Social es ofrecer protección económica a todas aquellas personas que, debido a diferentes contratiempos (quedar desempleadas, viudas o enfermas, tener una edad avanzada, tener una edad insuficiente y no tener recursos, etc.) no están en condiciones de trabajar y recibir un ingreso por ello. De forma complementaria a este objetivo, los sistemas de Seguridad Social también se encargan de ofrecer asistencia médica a la población. Esos sistemas conforman redes de protección diseñadas y articuladas por el sector público con las cuales se pretende que ninguna persona vulnerable caiga en la más absoluta pobreza o se quede sin atención sanitaria. Antes de la aparición y desarrollo de estos modelos la gente se las tenía que ingeniar para poder salir adelante en caso de que quedaran incapacitados para trabajar y no tuvieran ningún tipo de ingresos. Podemos imaginar el estrés y agobio que sufrían todas aquellas personas que perdían a los familiares que llevaban el sustento a casa, las que tenían un accidente que las incapacitaba para trabajar, las que contraían alguna grave enfermedad que las postraba en la cama, o las que ya estaban muy mayores para poder realizar largas jornadas de trabajo. Puesto que el Estado no les ofrecía ninguna red de seguridad, no les quedaba más remedio que seguir hacia delante recurriendo a ahorros o ayudas de amigos y familiares.

Hoy día estos sistemas de Seguridad Social están muy afianzados en los países occidentales desarrollados[1] y ya prácticamente nadie cuestiona la necesidad de su existencia. La justificación no es sólo de carácter social –ayudar a los desamparados– sino también de carácter económico: esos ingresos que se les transfiere a los beneficiarios de la Seguridad Social contribuyen a estimular la actividad económica, pues es dinero que se utiliza para comprar bienes y servicios y por lo tanto para incrementar ventas y beneficios empresariales. Sin embargo, en lo que sí existe un importante y encarnizado debate es sobre el alcance y profundidad que debe tener esa red de protección social: en un extremo se situarían aquellos que piensan que el Estado sólo debe garantizar un mínimo de subsistencia a las personas que no estén capacitadas para trabajar, mientras que desde el otro extremo se aboga por la necesidad de que el Estado se encargue de regular y gestionar dichas prestaciones para que puedan ser incluso generosas y no meramente de subsistencia.

Este debate trasladado a las prestaciones por desempleo (aquellas que se reciben cuando uno abandona un puesto de trabajo) se traduciría de la siguiente forma: los del primer extremo defenderían que esos recién parados recibieran sólo un mínimo ingreso (y durante muy poco tiempo) para que tuvieran incentivos para encontrar un nuevo empleo (además de para que el Estado no tuviera un coste elevado), mientras que los del segundo extremo abogarían por unas prestaciones tan elevadas y duraderas como lo fuera su contribución social mientras trabajaban. La diferencia entre uno y otro caso es el grado de intervención del Estado en la regulación de la prestación por desempleo.

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Pacto de PP y Vox: beneficios para los más ricos y menos dinero para los servicios públicos

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

El pasado 9 de enero PP y Vox firmaron un acuerdo para formar gobierno en Andalucía. Nada más hacerse público el documento completo y los puntos programáticos que deberían vertebrar la legislatura, todos los observadores se pusieron a comprobar si las medidas más excéntricas de Vox se habían incluido. El resultado tranquilizó a algunos pero no a todos: aunque algunas propuestas habían desaparecido o habían sido suavizadas, lo cierto es que muchas otras seguían intactas. Entre ellas destacan la creación de una Consejería de la Familia, la prevención del fundamentalismo islámico, la promoción de la escuela católica concertada, el rechazo de la memoria histórica o la exaltación de la caza y la tauromaquia. Medidas muy alejadas, sin duda, de lo que había imperado durante décadas en la comunidad autónoma de Andalucía.

Sin embargo, muy poca atención se le ha dado a las medidas de naturaleza económica que  aparecen en el acuerdo. Esto se debe sin duda a lo áridas y difícilmente comprensibles que suelen ser este tipo de propuestas pero también al interés que existe en que pasen desapercibidas ya que, de conocerse, podrían enervar todavía más a buena parte de la ciudadanía debido a lo injustas que resultan. Al fin y al cabo, todas las principales medidas económicas del acuerdo beneficiarían fundamentalmente a las capas más acaudaladas de la población andaluza y ejercerían mucha (más) presión sobre los servicios públicos de los que fundamentalmente se benefician quienes menos recursos tienen. Con el objetivo de desarrollar esta idea, a continuación enumero y explico dichas medidas. Seguir leyendo…

Renta Básica Universal: mejor en especie que en metálico

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en Alternativas Económicas en abril de 2017

La propuesta de Renta Básica Universal (RBU) más conocida –una renta de aproximadamente 650 euros a todo individuo independientemente de su condición–presenta una característica que merma su elevado potencial y que la aleja en cierto sentido del objetivo que pretende alcanzar: es monetaria. Al entregarse la RBU en dinero se originan una serie de situaciones que debilitan la medida.

En primer lugar, la RBU monetaria no distingue el nivel de vida que existe en cada región en la que vive su beneficiario. Evidentemente no es lo mismo disponer de 650 euros en pleno centro de la capital del país que hacerlo en un pequeño pueblo rural de Almería: en el primer caso la RBU permite comprar menos bienes y servicios que en el segundo caso. Esto puede conducir a que una RBU de 650 euros quizás permitiría satisfacer las necesidades más básicas (que es el objetivo principal de la medida) en un caso, pero podría no lograrlo en otro, o incluso resultar relativamente generosa en un tercer caso (por ejemplo, imaginando en el citado pueblo rural a varios individuos compartiendo alquiler y otros gastos fijos; como frecuentemente se encarga de recordar la derecha cuando critica la RBU). Es cierto que este defecto de la medida podría considerarse menor, especialmente comparado con las ventajas que podría deparar, pero en cualquier caso también es cierto que puede corregirse. ¿Cómo? Entregando la RBU en especie, ya fuese de forma total o parcial.

Una renta en especie es una retribución en bienes y servicios y no en dinero. En vez de percibir cada individuo 650 euros para comprar productos en el mercado, el Estado podría garantizar a cada persona determinados bienes y servicios considerados esenciales. Esto es precisamente lo que ocurre con la educación y sanidad públicas: el Estado no nos entrega dinero para pagar los servicios de educación y sanidad en el mercado, sino que nos ofrece la posibilidad de recibir esos servicios en un colegio o en un hospital sin necesidad de que haya pago de por medio. Ni el profesor ni el médico nos piden dinero por educarnos o atendernos. Lo mismo podría ocurrir con una RBU que garantizase al receptor una vivienda, un consumo básico de energía, de transporte, de cuidados, de alimentación, de vestimenta, etc. No habría necesidad de utilizar esos 650 euros para alquilar una vivienda, comprar alimentos, comprar ropa, desplazarse, adquirir servicios de cuidados, etc, sino que simplemente por el hecho de nacer tendríamos garantizadas esas necesidades básicas. No todo el pago de la RBU tendría por qué ser en especie, se podría, por ejemplo, garantizar alojamiento, energía, cuidados y desplazamiento, y también ofrecer 200 euros para comprar alimentos y vestimenta. Las combinaciones son infinitas, pero en cualquier caso lo importante es entender que de esta forma se resuelve el problema que habíamos detectado: ya no se produciría discriminación entre un residente del centro de Madrid y uno de un pueblo rural de Almería, porque ambas personas podrían cubrir las mismas necesidades independientemente del nivel de precios de cada región.

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Los planes privados de pensiones no son seguros, ni rentables, ni accesibles a todo el mundo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

El lobby de la banca, utilizando todos los medios que tiene a su alcance (económicos, comunicativos, políticos, publicitarios, etc), lleva décadas tratando de sembrar dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Inicialmente su estrategia sólo tuvo un relativo impacto en la sociedad española porque las cifras eran tercas y mostraban año tras año un superávit en la Seguridad Social que ahuyentaba cualquier duda sobre su fortaleza. Sin embargo, la crisis económica iniciada en el año 2008 fue la excusa perfecta en la que se apoyó el lobby de la banca para extender por fin la idea de que algo había que hacer si se querían asegurar las pensiones en el futuro. Los gobiernos del PSOE y del PP interiorizaron la falsa preocupación y se pusieron manos a la obra: el primero diseñó en 2011 una reforma que incluía un retraso en la edad de jubilación y un recorte en la pensión media que alcanza el 20%, mientras que el segundo ideó una reforma que programa un recorte de la pensión media que podría llegar a ser del 15%, todo según estimaciones de Funcas. Si a eso le sumamos las bonificaciones a los planes privados de pensiones que ya se aprobaron antes de la crisis (y que, por cierto, provocan una pérdida de recaudación pública de aproximadamente 2.000 millones de euros cada año), tenemos el caldo de cultivo perfecto para que la gente corra con pavor a contratar planes de pensiones para evitar tener una pensión ridícula en el futuro. Objetivo de la banca cumplido.

Los anuncios sobre planes de pensiones privados están por todos los lados. Siempre muestran una supuesta fórmula de inversión segura, rentable y al alcance de todo el mundo. Pero lo cierto es que no cumple ninguna de esas tres características, ni de lejos. No podemos olvidar en qué consiste básicamente la contratación de un plan de pensiones privado: se trata de depositar dinero en un banco, para que éste trate de rentabilizarlo en los mercados financieros, de forma que si logra su objetivo se quedará con buena parte de la ganancia y trasladará una pequeña parte al ahorrador, mientras que si no logra su objetivo el ahorrador perderá parte del dinero.

No es una inversión segura porque ya ha habido casos en los que personas que habían depositado su dinero con toda la ilusión, descubrieron que habían perdido parte del mismo cuando fueron a retirarlo. No es una inversión rentable porque la mayoría de los fondos ofrecen una rentabilidad inferior a la de la bolsa o incluso a la de los bonos públicos (según el estudio titulado “Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 2002-2017”, de entre los 356 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo 4 superaron la rentabilidad del IBEX 35 y 47 la de los bonos del Estado a 15 años). Y no es una inversión al alcance de todos porque para poder contratar un plan es necesario tener capacidad de ahorro, algo de lo que carece una buena parte de la población española.

No hay datos exactos sobre la capacidad de ahorro de las familias pero sí hay estimaciones. La más optimista es la de Fintonic, que pone de manifiesto que sólo 4 de cada 10 personas pueden ahorrar en nuestro país. La más pesimista es la de los técnicos del Ministerio de Hacienda, que señala que el 86,6% de la ciudadanía española no tiene capacidad de ahorro.

Pero lo más importante, ¿quiénes tienen capacidad de ahorro? Cabría suponer que sobre todo las personas con más renta. Y así es. Lo podemos corroborar observando quiénes son los que contratan planes privados de pensiones. Según datos del Banco de España, en el año 2014 (últimos datos disponibles) sólo el 26,1% de la ciudadanía había acudido a una de estas fórmulas de ahorro, siendo mayoritaria la que tiene un elevado nivel adquisitivo. Por ejemplo, si nos centramos en el 20% más pobre de la población, sólo el 5% había inyectado dinero en algún plan privado de pensiones. En cambio, si nos centramos en el 10% más rico, lo había hecho el 60,5%. Y esta relación se mantiene a lo largo de todos los estratos: cuanta más renta, más se utilizan los planes privados de pensiones.

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Hagamos más justo el pago de cotizaciones sociales de los autónomos

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

En las últimas semanas se ha abierto un debate entre el gobierno del PSOE y Unidos Podemos en torno a la modificación de las cotizaciones que pagan los autónomos a la Seguridad Social. Resulta que en el acuerdo presupuestario firmado entre ambas partes se incluyó la siguiente medida: “Reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja”. Se trata de una redacción imprecisa que da pie a varias interpretaciones, porque, aunque queda claro que se pretende bajar el pago a los autónomos de menores ingresos, no queda especificado qué ocurre con los que tienen más ingresos, ya que de la literalidad de la redacción cabría suponer que ellos sí tendrían que pagar más, puesto que ingresan realmente más.

Pero en las últimas semanas Unidos Podemos ha aclarado su posición: quieren reducir las cotizaciones a los autónomos de menos ingresos pero no aumentárselas al resto. Así lo ha expresado varias veces el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, al insistir en que acorde al pacto firmado “no se le podía subir ni un euro a la cuota de los autónomos”. El pasado martes 30 de octubre el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro fue incluso más específico al expresar que “los autónomos de más ingresos no se verán perjudicados”.

En cambio, el gobierno de Pedro Sánchez adopta otra postura: no sólo es que plantea subir las cotizaciones a aquellos autónomos que más ingresan, sino que además está barajando tres escenarios de subidas de cotizaciones a los autónomos de menos ingresos. Esto es en parte consecuencia del acordado incremento del salario mínimo interprofesional, que eleva por defecto la base de cotización mínima provocando en principio que los autónomos de menos ingresos tengan que pagar más. Resalto por defecto y en principio porque el gobierno tiene muchas opciones para evitar que esto ocurra. Bastaría, por ejemplo, con incluir en el BOE que este incremento del salario mínimo no provocaría un aumento en la base mínima de cotización, ya que es perfectamente legal hacerlo. Pero parece que el gobierno está optando por la vía de respetar las características de nuestro sistema de cotizaciones, y lo máximo a lo que está dispuesto es a suavizar el incremento en el pago, pero no a evitarlo.

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El salario mínimo no tiene relación con la tasa de paro

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

La teoría económica más conocida e importante –conocida como síntesis neoclásica y que desagraciadamente se sigue enseñando en las facultades– considera que los niveles salariales tienen impacto en la tasa de paro de la economía en cuestión. Estos planteamientos señalan que a medida que los salarios se elevan, la tasa de paro aumenta, y viceversa. El razonamiento de fondo –que es más ideológico que científico– es el siguiente: los salarios suponen un coste importante para los empleadores, de forma que si aquellos aumentan, estos se verían en complicaciones para seguir con su negocio; y la única forma que tendrían de no echar el cierre sería despidiendo a uno o más trabajadores. El despido reduciría los costes salariales y, de esta forma, el negocio podría continuar, aunque la parte negativa sería que la tasa de paro aumentaría. Este razonamiento se utiliza también en sentido inverso: si los salarios disminuyen los empleadores tendrán menos coste y por lo tanto más margen económico para contratar a nuevos trabajadores, de forma que la tasa de paro se reduciría.

Una recomendación política que se deriva de este razonamiento es la eliminación o reducción de los salarios mínimos que se fijan por ley: si fuese más elevado se destruiría empleo, por lo que la forma más fácil de evitar esos problemas pasaría por reducir o eliminar completamente el salario mínimo legal. De esta forma, los empleadores ajustarían los salarios a sus necesidades económicas, el negocio prosperaría sin problemas y supuestamente habría creación de empleo.

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Elevar el IRPF: más justicia fiscal y mayor reparto del trabajo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Una de las medidas que está negociando actualmente el Gobierno con el grupo confederal de Unidos Podemos para incorporar en los presupuestos generales del Estado de 2019 consiste en incrementar el IRPF a los contribuyentes más acaudalados. Por un lado, se está estudiando incrementar el tipo impositivo del tramo estatal (probablemente desde el 22,5% hasta el 26,5%, lo que implicaría volver a lo que teníamos en el año 2012) a aquellos contribuyentes que ganen por rentas del trabajo más de 150.000 euros anuales (120.000 en su versión más ambiciosa). Por otro lado, encima de la mesa se encuentra la posibilidad de incrementar el tipo impositivo de las rentas del ahorro para avanzar en la equiparación con los tipos de las rentas del trabajo.

En realidad no es necesario recurrir a medidas fiscales para atender desde el Estado más necesidades económicas y sociales, ya que bastaría con permitir un alza del déficit público, pero estas negociaciones se enmarcan en un contexto en el que el Gobierno ya ha pactado con la Comisión Europea los objetivos de déficit público a cumplir en los próximos años, de forma que la única vía para aumentar el gasto y la inversión pública para mejorar el bienestar de la mayoría social al mismo tiempo que se aceptan esos compromisos con Bruselas pasa necesariamente por un incremento de impuestos. Y desde un punto de vista de izquierdas y de justicia económica, ese incremento ha de recaer sobre las personas más acaudaladas, de ahí que –entre otras medidas fiscales- se estén proponiendo tales reformas en el IRPF.

Ni la cantidad de personas que se verían afectadas es importante ni los tipos máximos en el IRPF que se están barajando son descabellados. Solamente el 0,46%, 90.788 personas, de todos los declarantes verían aumentar su factura en un promedio de 4.400 euros al año. Es decir, que los más acaudalados en la lista del IRPF tendrían que aportar un 3% más de las abultadas cantidades que ganan al año. No parece que a nadie se le vayan a caer los anillos. El tipo máximo se situaría, de media, en el 50,5%, y solamente en aquellas pocas comunidades autónomas que decidieran elevarlo todo lo posible, en el 52%, muy lejos de las cotas que tuvimos en nuestro país durante años anteriores (llegamos a tener uno del 65%) y también por debajo de los niveles que hoy día se aplican en países tan avanzados e igualitarios como Suecia (57,1%), Dinamarca (55,8%), Japón (55,5%), Bélgica (53,7%), Canadá (53,5%) o Finlandia (52,6%). Y es que en la actualidad nuestro país tiene, tras la última reforma impositiva aplicada por el PP y apoyada por Ciudadanos, un tipo máximo en el IRPF (45%) que se sitúa en la parte baja del ranking por países tanto de la OCDE como de la Unión Europea, a pesar de situarse en la parte alta en términos de renta. Elevar el tipo máximo del IRPF es un imperativo para lograr mayor justicia fiscal.

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Cinco mentiras en torno a la aprobación del techo de gasto propuesto por el PSOE

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Últimamente estoy leyendo a algunas personas –muchas de las cuales no son precisamente de derechas- asegurar que el Gobierno de Sánchez no tuvo más remedio que proponer un techo de gasto irrisorio y que la oposición -especialmente Unidos Podemos- se equivocó al no votar a favor de su aprobación. Opiniones legítimas, sin duda alguna, pero que suelen acompañarse de argumentos ridículos o, cuanto menos, fácilmente refutables. El hecho de que a veces esos alegatos vergonzantes sean arrojados por personalidades provenientes del mundo académico no hace sino confirmar las sospechas que se originan con una primera lectura superficial: parecen más una defensa a ultranza de la postura del Gobierno en base a intereses o preferencias políticas que una defensa en base a principios o cuestiones ideológicas. Como si hubiese que apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez solamente por no ser del Partido Popular y no por la utilidad de las políticas que esté aplicando. A continuación enumero y rebato los argumentos que más he visto por ahí y que más sonrojo me han provocado.

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El gran agujero del Impuesto de Sociedades: cómo timar a la mayoría social

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes: en una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos.

Los gobiernos de PSOEPP han optado por timar a la mayoría social, justo lo contrario que hizo Prometeo. Lo que han hecho con el Impuesto sobre Sociedades es un ejemplo claro de quién ha ganado y quién ha perdido en la gestión de esta crisis del capitalismo. La recaudación de este impuesto –el impuesto que pagan las empresas por los beneficios que obtienen– es muy inferior en la actualidad que en la época pre-crisis, tanto en términos absolutos como relativos. D

esde 1995 la recaudación se incrementó hasta registrar en 2007 su pico más alto con casi 45.000 millones de euros, para inmediatamente pasar a desplomarse hasta situarse por debajo de los 20.000 millones en 2010. Desde entonces la recaudación ha aumentado, pero tímidamente y sin mostrar una tendencia ascendente decidida, manteniéndose por debajo de la mitad registrada en 2007 y equiparable a la de 2002 (hace ya 16 años). En términos relativos la evolución ha sido incluso más desastrosa: el peso del impuesto sobre el total recaudado pasó desde un 22% en 2007 a un 10% en 2010, nivel del que apenas ha subido desde entonces (11,5% en 2017). En la actualidad el peso del impuesto es similar al que tenía hace nada más y nada menos que 20 años.

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Techo de gasto: la hora de la verdad

Autor: Alberto Garzon Espinosa, Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Una de las últimas decisiones tomadas por el Partido Popular fue actualizar el programa de Estabilidad 2018-2021 enviado a la Comisión Europea en el que definía la profundización de la senda de reducción del gasto público sobre el PIB hasta llevarlo al 38,6% en 2021, el nivel más bajo en 12 años y uno de los más bajos de toda Europa. Esta reducción es incluso superior a la que ya preveía el anterior Plan de Estabilidad, que era del 39,5% en 2020.

Sería paradójico que tras la moción de censura que ha enviado a la oposición al señor Rajoy, se mantuviera la agenda de recorte y jibarización de gasto e inversión pública comunicada a la Comisión Europea y que no tiene otra consecuencia que la reducción de las políticas públicas. Antes de que finalice el mes de julio el Consejo de Ministras deberá fijar el techo de gasto público para el ejercicio 2019. Este nivel marca el máximo que podrá gastarse el sector público español durante todo el año, de ahí su nombre de “techo”. Antes del año 2010, fue aumentando progresivamente, ya que el gobierno aplicaba políticas expansivas que revertían en más inversiones, prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, desde el citado año, y como respuesta a las presiones austeritarias de la Unión Europea, el techo de gasto fue reducido de forma drástica, lo que conllevó importantes recortes en ámbitos como la educación, la sanidad, la dependencia, I+D+i, vivienda, etc, que tan bien conocemos. A pesar de una leve subida en 2013 y 2014, el gobierno continuó recortando el techo de gasto hasta 2017, momento en el que lo volvió a incrementar, aunque de forma insignificante. De hecho, el techo de gasto de 2018 se encuentra en cotas muy similares a la de su mínimo histórico en 2012, y una tercera parte por debajo de su máximo histórico en 2010, año en el que comenzaron los recortes. Pero esto sólo en términos absolutos, porque si lo comparamos con el PIB español, entonces el techo de gasto en 2018 es el más bajo de la historia reciente. En otras palabras: en comparación con las posibilidades que tiene nuestra economía, el gasto público del Estado es, en la actualidad, el más bajo en los últimos años.

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El saqueo de Grecia, lejos de haber acabado, se va a intensificar

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

El pasado 21 de junio el Eurogrupo decidió dar luz verde al tercer –y supuestamente último– “rescate” de Grecia, poniendo así fin a ocho años de inyecciones de dinero condicionadas a acometer recortes y reformas de todo tipo. En esta ocasión, el Estado griego recibirá 15.000 millones de euros que totalizarán la suma de 288.700 millones percibidos desde 2010. Esta noticia se ha querido vender como el fin de la intervención que ha sufrido el país heleno y, por lo tanto, como el inicio de una nueva etapa en la que el pueblo griego podrá volver a prosperar.

Pero ese mensaje no puede estar más despegado de la realidad. Quien se lo crea es porque no ha leído o entendido la letra pequeña de último rescate: Grecia queda obligada a registrar un superávit fiscal primario (sin contar los intereses de deuda) del 3,5% del PIB de forma continuada hasta 2022 y del 2,2% hasta 2060. ¿Y qué significa esto? Pues que el Estado deberá detraer muchos más recursos de las familias y empresas griegas a través de la tributación de los que les entregará luego en forma de servicios y prestaciones públicas, ¡y además debe hacerlo de forma ininterrumpida durante 41 años! Esa cantidad recaudada de más se utilizará para pagar deuda y, por lo tanto, acabará en manos de los acreedores financieros, que en su mayoría son Estados y organismos europeos. Esto solo tiene un nombre: latrocinio. La Unión Europea exprimirá a la ciudadanía griega durante 41 años. ¡Y tienen la poca vergüenza de venderlo como el inicio de una etapa esperanzadora! Cinismo en cotas legendarias.

¿Cuántos países del mundo y a lo largo de toda la historia han logrado tener superávits continuados durante 41 años? Muy fácil: ¡ninguno! Eso es absolutamente imposible, y los dirigentes europeos que han fijado las condiciones lo saben. Ninguna economía del planeta puede estar entregando a otros países un 2,2% de su PIB, ni siquiera la más rica del mundo. Cualquier Estado que pretenda lograr esa quimera destruirá tanto su economía –que inevitablemente terminará tarde o temprano revirtiendo los superávits hasta convertirlos en déficits–, amén de los brutales destrozos en términos de empleo y bienestar. Antes de cumplir el objetivo llegará un momento en el que no haya más recursos que expoliar. Esta medida no tiene ningún tipo de sentido, es la sentencia de muerte de la economía griega. No hay ningún motivo para la esperanza: si el Estado griego se empeña en intentar cumplirlo (y subrayo intentar porque jamás lo logrará), entonces el saqueo no solo continuará sino que se intensificará, y el pueblo griego seguirá condenado al desastre económico y social.

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Con la deuda pública podemos ganar todos y todas

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

Hace unos días el economista liberal Juan Ramón Rallo y yo estuvimos discutiendo en el marco de una tertulia de radio sobre las consecuencias de comprar deuda pública, concretamente sobre el impacto que podía tener en el circuito monetario y en los balances de los agentes privados. El debate fue bastante interesante y sacó a relucir dos formas de entender el asunto absolutamente distintas. A pesar de que la discrepancia e incluso la oposición frontal de los planteamientos económicos es algo frecuente en los debates en los que participamos los dos, lo cierto es que me parece importante detenerme en este tema: resulta que la visión de mi interlocutor -claramente equivocada como trataré de demostrar- es tan intuitiva que a menudo es compartida por economistas ubicados en la izquierda del espectro ideológico. Se trata de un error bastante extendido que provoca una incorrecta comprensión del circuito monetario y que impide concebir determinadas políticas económicas que podrían redundar en beneficio de la mayoría social. Trataré de explicarme lo mejor posible.

El origen de la discusión tuvo lugar a raíz de mis propuestas para abordar el supuesto problema de déficit de la Seguridad Social. Insistí -tal y como hago siempre- en que no hay ningún problema si el saldo de la Seguridad Social es negativo por recibir insuficientes ingresos por cotizaciones sociales, ya que basta con cubrir esa diferencia mediante una transferencia desde los presupuestos generales del Estado, que se nutren a través del resto de ingresos públicos. Ojo, no un préstamo que endeude a la Seguridad Social (como ha hecho el gobierno del Partido Popular en 2017 y 2018), sino una simple transferencia a fondo perdido. De esta forma el déficit de ese subsector desaparecía por completo. Si ése es el problema que detecta el stablishment, pues entonces no hay problema. Una simple transferencia aliviaría sus quebraderos de cabeza. ¿Qué ese movimiento trasladaría el déficit de la Seguridad Social al de la Administración Central y que por lo tanto el déficit público del conjunto de las administraciones públicas no se inmutaría? Nos ha fastidiado, ¡pues claro! Pero si la obsesión machacona que leemos y oímos casi todos los días es acabar con el déficit de la Seguridad Social, entonces no pueden quejarse de mi propuesta. Y nada de alegar que el déficit público total es preocupante porque está en su nivel más bajo de los últimos diez años: 3% sobre el PIB, que ha sido el tradicional objetivo a cumplir de la Unión Europea. ¿O es que ahora me van a decir que es más preocupante tener un déficit en la Seguridad Social acompañado de un déficit total del 3% como tenemos hoy día que tener superávit en la Seguridad Social acompañado de un déficit total del 11% como ocurrió en 2009? Ni siquiera con su propia desconcertante visión miope hay por dónde coger esto.

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El contrato único de Ciudadanos: arma de precariedad masiva

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de lucha contra la precariedad laboral. Detrás de esta iniciativa legislativa no hay otra cosa que una nueva artimaña de esta formación política para blanquear su propuesta de contrato único.

Como ya es conocido, ya presentaron hace más de dos años una de sus  medidas estrella: el contrato único. Esta medida fue duramente criticada por el resto de grupos políticos y sindicales ya que, a pesar de las buenas palabras con las que venía maquillada, suponía claramente un empeoramiento de las condiciones laborales de la mayoría de las personas trabajadoras al reducir de forma generalizada las indemnizaciones por despido. Según las propias palabras del presidente de la formación, Albert Rivera, todos los contratos existentes -incluyendo los indefinidos- pasarían a tener una indemnización inicial equivalente a la de los contratos temporales actuales -12 días por año trabajado- para ir a lo largo del tiempo aumentando esa indemnización hasta equipararse a la indemnización de los contratos indefinidos actuales -20 días por año trabajado excepto en caso de improcedencia del despido-. Es decir, que en la práctica las condiciones de todos los contratos se degradarían hasta el nivel de los contratos temporales actuales, una precarización generalizada que no se podía aceptar de ninguna manera.

Una vez asumida la derrota derivada del rechazo generalizado de  esa propuesta en la que habían confiado buena parte de su alternativa económica, Ciudadanos ha vuelto a la carga de nuevo. A finales de febrero registró en el Congreso de los Diputados una ley para el mercado laboral que se ha debatido el 19 de junio en la que se incluye de nuevo el contrato único, pero esta vez con características diferentes. Puesto que el truco de precarizar todos los contratos a través de la reducción generalizada de las indemnizaciones por despido no coló, ahora intentan precarizar todos los contratos a través de otra vía: la relajación de las causas de despido. Una estratagema tan perversa como astuta ya que, al no reducir la indemnización por despido, se blindan frente a críticas del pasado y evitan hablar así de la novedad que han incorporado: una mayor facilidad para despedir a trabajadoras y trabajadores.

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Los Presupuestos de 2018 vuelven a congelar las ayudas, subvenciones y subsidios del IPREM

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 60 de La Marea

Hasta el año 2004 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era un indicador que no sólo servía para establecer cuál debía ser la cantidad mínima que tendría que cobrar una persona asalariada, sino que también servía para fijar la cuantía de subvenciones, subsidios de desempleo y otras ayudas públicas. Ese año, el recién llegado gobierno del PSOE decidió reformular el indicador, desvinculándolo completamente de las ayudas mencionadas. De esta forma, cualquier incremento en el SMI dejaría de conllevar un aumento en subsidios, subvenciones y ayudas, que pasarían a estar vinculadas a un nuevo indicador denominado Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Se trató de un hábil movimiento del gobierno del PSOE, porque le permitió incrementar el SMI a un ritmo superior al que había venido registrando hasta entonces sin que le costara apenas ni un euro hacerlo, puesto que ya no tenía que incrementar las ayudas públicas (y el coste del incremento en el salario mínimo recae fundamentalmente sobre los empleadores del sector privado, no sobre el público). Una medida sin coste económico, pero con alto rédito político y electoral, ya que el incremento del salario mínimo era una importante reivindicación de los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, además de una necesidad social.

El SMI había ido creciendo levemente desde los años 90, pero a una media del 2% y por lo tanto casi siempre a un ritmo inferior al crecimiento de la economía, de los precios y del nivel de vida, lo que conllevó un empobrecimiento relativo de un 7% de los trabajadores del segmento inferior del mercado de trabajo y de los beneficiarios de las ayudas públicas vinculadas al indicador. La reformulación que se llevó a cabo en el año 2004 supuso una bifurcación en los caminos de los dos tipos de colectivos, porque el SMI intensificó su crecimiento (especialmente desde ese año hasta el año 2010 al registrar un aumento medio del 6,2%) dejando al IPREM con el suave incremento tradicional del 2%, (sólo muy ligeramente aumentado hasta el 3,5% entre 2006 y 2010), como se puede intuir en el gráfico. Esto supuso, atendiendo a la evolución de los precios, que entre el año 2004 y 2010 las personas que cobraban un salario mínimo incrementaran su capacidad económica relativa en un 20,6%, mientras que las que recibían ayudas vinculadas al IPREM se empobrecieron un 1,3%.

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Por qué la propuesta sobre los bancos del referéndum suizo es una pésima idea

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Este 10 de junio los suizos están convocados a un referéndum en el que deben posicionarse sobre una propuesta relacionada con la actividad bancaria. Concretamente, se somete a votación arrebatar a los bancos comerciales la posibilidad de ofrecer créditos sin tener un respaldo absoluto en dinero oficial (que es el que crea el banco central), obligándolos por lo tanto a ser simples intermediarios (trasladando el dinero del ahorrador a la persona o empresa que quiere endeudarse). En román paladino: esta propuesta impediría que los bancos creasen dinero, dejando como único creador del dinero al banco central.

Para evaluar adecuadamente esta propuesta es importante entender cómo funciona la actual operativa de los bancos cuando dan préstamos. Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, los bancos no son simples intermediarios del dinero, sino que también son creadores del mismo. Muchos creen erróneamente que cuando reciben un préstamo del banco ese dinero proviene de una persona o empresa. Pero no es así.

Cuando un banco concede un crédito a alguien lo único que hace es incrementar el saldo de su cuenta bancaria en la cantidad correspondiente. No saca el dinero de ningún sitio, sino que teclea las cifras que sean y punto (lo explica perfectamente el banco central del Reino Unido). Crea “dinero bancario”, que no es otra cosa que una promesa de pagar “dinero oficial” (el dinero que crea el banco central). De esta forma, cuando la persona que ha recibido el crédito quiera pagar algo o quiera sacar una parte en monedas y billetes, el banco tendrá que convertir ese dinero bancario en dinero oficial.

Pero la clave es que la cantidad de transacciones bancarias son tan numerosas que, normalmente, los bancos necesitan muy poco dinero oficial para respaldar todo el dinero bancario que crean. De hecho, en la Eurozona la legislación permite que los bancos puedan crear 99 euros de dinero bancario por cada euro de dinero oficial que tengan. Para un desarrollo de todo esto sugiero leer aquíaquí.

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El gran agujero del Impuesto de Sociedades: cómo timar a la mayoría social

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes: en una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos.

Los gobiernos de PSOEPP han optado por timar a la mayoría social, justo lo contrario que hizo Prometeo. Lo que han hecho con el Impuesto sobre Sociedades es un ejemplo claro de quién ha ganado y quién ha perdido en la gestión de esta crisis del capitalismo. La recaudación de este impuesto –el impuesto que pagan las empresas por los beneficios que obtienen– es muy inferior en la actualidad que en la época pre-crisis, tanto en términos absolutos como relativos. D

esde 1995 la recaudación se incrementó hasta registrar en 2007 su pico más alto con casi 45.000 millones de euros, para inmediatamente pasar a desplomarse hasta situarse por debajo de los 20.000 millones en 2010. Desde entonces la recaudación ha aumentado, pero tímidamente y sin mostrar una tendencia ascendente decidida, manteniéndose por debajo de la mitad registrada en 2007 y equiparable a la de 2002 (hace ya 16 años). En términos relativos la evolución ha sido incluso más desastrosa: el peso del impuesto sobre el total recaudado pasó desde un 22% en 2007 a un 10% en 2010, nivel del que apenas ha subido desde entonces (11,5% en 2017). En la actualidad el peso del impuesto es similar al que tenía hace nada más y nada menos que 20 años.

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La brecha de género muestra todo su esplendor en las pensiones

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 59 de La Marea

El pasado 8 de marzo vivimos una histórica jornada de reivindicación feminista. Ese día muchos fueron conscientes por primera vez de que en nuestras sociedades la mujer se encuentra en una situación de subordinación e inferioridad con respecto al hombre, mientras que quienes eran ya conscientes de ello reforzaron sus convicciones y se empoderaron aún más. Esta situación de desigualdad tiene sus raíces en una división sexual del trabajo, que empuja al colectivo femenino a ocuparse del trabajo reproductivo y de cuidados mientras que el colectivo masculino tiende a acaparar los trabajos productivos.

Este reparto del trabajo tiene una repercusión clara y notable en términos económicos, sociales y culturales. Las actividades que se suelen encomendar a las mujeres no están reconocidas siquiera como “trabajo” o “empleo” sino que se consideran “tareas” o “labores”, no están remuneradas o lo están de manera insuficiente, y no gozan de prestigio social (está mejor visto trabajar para una empresa –se dedique a lo que se dedique– que cuidar a un anciano dependiente en casa). Todo esto explica que las mujeres cobren de media un 23% que los hombres y que estén relegadas socialmente a un segundo plano.

Pero a pesar de que la raíz de la injusticia se encuentra en el reparto del trabajo, la brecha de género no desaparece cuando finaliza la época laboral, sino que ocurre todo lo contrario: ¡se agudiza! Esto es así porque nuestro modelo económico vincula las pensiones a la remuneración obtenida en un puesto de trabajo. Puesto que el trabajo asociado históricamente a las mujeres está mal remunerado o no lo está, ellas reciben menos pensiones que ellos y además de cuantía inferior.

A pesar de ser muchas más que los hombres, sólo el 37% de las pensiones de jubilación son para mujeres. Además, ellas cobran un 36% menos que ellos: la pensión media de las mujeres es de 797,5 euros mensuales frente a los 1.247,46 euros que reciben de media los hombres. Lo mismo ocurre con las pensiones por incapacidad permanente: ellas reciben menos número de prestaciones que ellos (339.125 frente a 609.250) y además de menor cuantía (835,16 euros mensuales frente a 998,40 euros).

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La riqueza del país y la burbuja del alquiler

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

Cuarto Poder

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” Puede parecer extemporáneo citar el artículo 128 de la Constitución Española pero no vemos forma mejor de proponer un marco que habría evitado el grave problema del alquiler.

En los últimos años los precios del alquiler están incrementándose en buena parte de las localidades españolas a un ritmo frenético, causando un enorme perjuicio social a su paso que adopta el rostro de numerosos y crecientes desahucios (ya son 6 de cada 10 desahucios los provocados por impagos de alquileres según los datos del Consejo General del Poder Judicial) e intensos procesos de gentrificación. Además, esta tendencia no hace sino coger más y más fuerza (sólo en los últimos doce meses el precio medio del alquiler se ha disparado casi un 20% en ciudades como Barcelona, Madrid, Palma o Málaga, según datos de portales inmobiliarios) y no hay visos de que esta tendencia vaya a cambiar si no se adoptan medidas pertinentes por parte de las administraciones públicas. Y para saber qué actuaciones serían las más eficaces para combatir esta enorme burbuja del alquiler es imprescindible conocer bien las causas que la han originado.

La aparición de la burbuja se explica por una combinación de dos fenómenos: un incremento de demanda de alquiler de viviendas y, sobre todo, una disminución de la oferta en este sector. A su vez, cada uno de los dos fenómenos viene explicado por varios factores.

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Presupuestos 2018: que los pocos árboles sanos no impidan ver el bosque quemado

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

El Gobierno ha presentado su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y lo ha hecho anunciando todo tipo de medidas y enseñando todo tipo de datos. Entre tanta información y tantas cifras mareantes es muy fácil despistarse y perder de vista la panorámica general. A eso juega claramente el Gobierno, que astutamente ha colado algunas medidas positivas de notable visibilidad para que se centre en ellas la atención y no se hable de lo negativo que es el documento en su conjunto. Esas medidas son los pocos árboles sanos que podemos encontrar en unos presupuestos que mantienen intacto el bosque que incendiaron con el fuego de la austeridad hace ya ocho años.

El dato clave es el gasto público total en comparación con la riqueza del país. No el incremento del gasto en euros con respecto al año anterior, ni el peso del gasto social, ni otras milongas que están utilizando el gobierno y sus voceros; lo importante es mirar qué parte de la tarta española se destinaría al gasto público. Porque de nada nos sirve que aumente algo el gasto público si la economía está creciendo más, porque eso significaría que nos están dando un pedazo de la tarta cada vez más pequeño. Y esto es precisamente lo que quieren que ocurra: se estima que la economía (la tarta) crezca al 2,7%, mientras que el gasto público (el pedazo de la tarta) sólo aumentaría un 1,2%. El resultado: menos recursos para el estado social en comparación con la riqueza del país. De cumplirse estos presupuestos, el gasto público se situaría en el 40,5% del PIB, un nivel no sólo más bajo que el año anterior, ¡sino el más bajo de los últimos diez años anteriores! España siempre ha gastado unos 5 puntos porcentuales del PIB menos que la media europea y unos 10 puntos menos que otros países vecinos, y en vez de mejorar ese ratio lo que propone el gobierno del Partido Popular –y lo que aprueba Ciudadanos– es reducirlo aún más.

Basta mirar las partidas presupuestarias más importantes y comparar su cuantía con las de años anteriores para constatar que estos presupuestos consolidan los recortes iniciados en 2010: si se aprueba la propuesta del gobierno este año 2018 tendríamos un 13% menos para políticas de educación que hace 8 años, un 8% menos para sanidad, un 27% menos para investigación, desarrollo e innovación, un 70% menos para políticas de acceso a la vivienda, un 35% menos para cultura, un 58% menos para inversiones en infraestructuras, etc. Y todo esto mientras en la economía española se mueve bastante más dinero que en el año 2010 ya que el PIB es superior al nivel de entonces. En aquella época nos dijeron que los recortes eran sacrificios temporales que había que hacer para salir de la crisis. Ahora nos dicen que hemos salido de la crisis pero los sacrificios siguen ahí.

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Que no nos den gato por liebre

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

Este 12 de abril en el Congreso de los Diputados se debatirá y someterá a votación un Real Decreto propuesto por el gobierno de Rajoy que amplía el margen de maniobra que tienen las corporaciones locales a la hora de utilizar su superávit. El ejecutivo quiere presentar este Real Decreto como una actuación de generosidad con respecto a los ayuntamientos pero la realidad es que no es otra cosa que la consecuencia de su derrota política: la enorme presión ejercida por los ayuntamientos -entre los que destaca el de Madrid- y también por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos- En Comú-En Marea, ha obligado al gobierno a dar un pequeño paso atrás en su perversa estrategia austericida consistente en asfixiar a las administraciones públicas todo lo posible. Ahora intentan disfrazar de generosidad lo que es en toda regla un revés político. Prueba de ello es que esta medida llega tarde y mal.

Llega tarde porque estamos ya a mitad de abril y las corporaciones locales han perdido más de tres preciados meses para poder iniciar los trámites necesarios para la aprobación de inversiones financieramente sostenibles. Es importante entender que esta figura económica requiere de unos procedimientos administrativos mucho más lentos y pesados que cualquier otro tipo de gasto o inversión pública, puesto que la administración pública que quiere hacer uso de ella debe primero estudiar la viabilidad económica de las inversiones desde unos criterios especiales y también debe lograr su aprobación en pleno. Unos trámites que no han podido llevarse a cabo durante todo este tiempo perdido y que comenzarán una vez se ha consumido casi la tercera parte del año. Demasiado tarde para lograr un uso óptimo de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Y la responsabilidad de provocar esta situación recae única y exclusivamente en el gobierno, pues no había ninguna necesidad de esperar tanto para habilitar el destino del superávit a través de las inversiones financieramente sostenibles. Podría haberlo hecho muchísimo antes, a través de cualquier decreto como va a ocurrir ahora, y concretamente desde el día en que sabía que los presupuestos se iban a prorrogar por la incapacidad política de este ejecutivo de lograr apoyos para aprobar unos nuevos. Pero decidió esperar, impidiendo así que los ayuntamientos tuvieran algo más de aire y de libertad para utilizar sus propios recursos. Esa estrategia política solo ha causado perjuicios a la ciudadanía. Ahora que la presión aumenta, han tenido que recular, pero se ha perdido un tiempo precioso en la implementación de políticas públicas.

Y llega mal porque es claramente insuficiente. El gobierno intenta vender que con esta medida se solucionan los problemas de las corporaciones locales. ¡Ni mucho menos! Con este Real Decreto lo único que se conseguirá es que las administraciones puedan realizar inversiones financieramente sostenibles, que es algo que han podido hacer todos los años desde 2014 a partir del mes de enero (con la excepción del año pasado, en el que también hubo retraso en la aprobación de presupuestos). Es decir, que volvemos simplemente a la situación que teníamos en años anteriores, que ya eran desastrosas para la autonomía de las corporaciones locales y para el bienestar de la gente. Es cierto que en este decreto el universo de inversiones se amplía, lo cual es una buena noticia, pero es que el verdadero problema es otro: es el de la Regla de Gasto, que a pesar de que es lo que impide que los ayuntamientos puedan utilizar sus recursos en beneficio de la ciudadanía, no se toca absolutamente en nada en este decreto.

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El truco contable de Rajoy para no incrementar las pensiones al ritmo del IPC

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

La Seguridad Social lleva desde 2012 en claro déficit, es decir, ingresando bastante menos de lo que gasta. Desde entonces el gobierno ha ido rellenando ese vacío con los fondos de la hucha de las pensiones.

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Pero en 2017 el gobierno ya había utilizado el 90% de la hucha, y como no quería vaciarla por completo (por el coste político que implicaría) recurrió a compensar el déficit de otra forma: prestándole dinero. En 2017 el Estado prestó 10.193 millones de euros a la Seguridad Social. En 2018 ocurrirá lo mismo: este lunes el gobierno anunció que este año el préstamo será de unos 15.000 millones.

Pero, ¿por qué el Estado presta dinero a la Seguridad Social en vez de transferírselo directamente? Al fin y al cabo las dos son cuentas del conjunto de las administraciones públicas, por lo que sería como pasarse el dinero de un monedero a otro. Ninguna persona se presta dinero a sí misma, ¿por qué el sector público sí lo está haciendo?

Pues porque si en vez de un préstamo hiciera una transferencia, el déficit de la Seguridad Social desaparecería. Acorde a las normas contables, el dinero transferido computa como ingreso no financiero mientras que el dinero recibido a través de un préstamo no. La modificación del artículo 48 de la Ley de Seguridad Social llevada a cabo por el gobierno de Rajoy en 2013, en su apartado 3 establece que “Para el cálculo (…) se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 en gastos y 1 a 7 en ingresos del Presupuesto de la Seguridad Social)”. Y una transferencia es capítulo 4, por lo que se incluiría como ingreso y reduciría el déficit, mientras que un préstamo es capítulo 8 y quedaría al margen, manteniendo el déficit intacto.

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