Economía Crítica y Crítica de la Economía

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La brecha de género muestra todo su esplendor en las pensiones

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 59 de La Marea

El pasado 8 de marzo vivimos una histórica jornada de reivindicación feminista. Ese día muchos fueron conscientes por primera vez de que en nuestras sociedades la mujer se encuentra en una situación de subordinación e inferioridad con respecto al hombre, mientras que quienes eran ya conscientes de ello reforzaron sus convicciones y se empoderaron aún más. Esta situación de desigualdad tiene sus raíces en una división sexual del trabajo, que empuja al colectivo femenino a ocuparse del trabajo reproductivo y de cuidados mientras que el colectivo masculino tiende a acaparar los trabajos productivos.

Este reparto del trabajo tiene una repercusión clara y notable en términos económicos, sociales y culturales. Las actividades que se suelen encomendar a las mujeres no están reconocidas siquiera como “trabajo” o “empleo” sino que se consideran “tareas” o “labores”, no están remuneradas o lo están de manera insuficiente, y no gozan de prestigio social (está mejor visto trabajar para una empresa –se dedique a lo que se dedique– que cuidar a un anciano dependiente en casa). Todo esto explica que las mujeres cobren de media un 23% que los hombres y que estén relegadas socialmente a un segundo plano.

Pero a pesar de que la raíz de la injusticia se encuentra en el reparto del trabajo, la brecha de género no desaparece cuando finaliza la época laboral, sino que ocurre todo lo contrario: ¡se agudiza! Esto es así porque nuestro modelo económico vincula las pensiones a la remuneración obtenida en un puesto de trabajo. Puesto que el trabajo asociado históricamente a las mujeres está mal remunerado o no lo está, ellas reciben menos pensiones que ellos y además de cuantía inferior.

A pesar de ser muchas más que los hombres, sólo el 37% de las pensiones de jubilación son para mujeres. Además, ellas cobran un 36% menos que ellos: la pensión media de las mujeres es de 797,5 euros mensuales frente a los 1.247,46 euros que reciben de media los hombres. Lo mismo ocurre con las pensiones por incapacidad permanente: ellas reciben menos número de prestaciones que ellos (339.125 frente a 609.250) y además de menor cuantía (835,16 euros mensuales frente a 998,40 euros).

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La riqueza del país y la burbuja del alquiler

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

Cuarto Poder

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” Puede parecer extemporáneo citar el artículo 128 de la Constitución Española pero no vemos forma mejor de proponer un marco que habría evitado el grave problema del alquiler.

En los últimos años los precios del alquiler están incrementándose en buena parte de las localidades españolas a un ritmo frenético, causando un enorme perjuicio social a su paso que adopta el rostro de numerosos y crecientes desahucios (ya son 6 de cada 10 desahucios los provocados por impagos de alquileres según los datos del Consejo General del Poder Judicial) e intensos procesos de gentrificación. Además, esta tendencia no hace sino coger más y más fuerza (sólo en los últimos doce meses el precio medio del alquiler se ha disparado casi un 20% en ciudades como Barcelona, Madrid, Palma o Málaga, según datos de portales inmobiliarios) y no hay visos de que esta tendencia vaya a cambiar si no se adoptan medidas pertinentes por parte de las administraciones públicas. Y para saber qué actuaciones serían las más eficaces para combatir esta enorme burbuja del alquiler es imprescindible conocer bien las causas que la han originado.

La aparición de la burbuja se explica por una combinación de dos fenómenos: un incremento de demanda de alquiler de viviendas y, sobre todo, una disminución de la oferta en este sector. A su vez, cada uno de los dos fenómenos viene explicado por varios factores.

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Presupuestos 2018: que los pocos árboles sanos no impidan ver el bosque quemado

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

El Gobierno ha presentado su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y lo ha hecho anunciando todo tipo de medidas y enseñando todo tipo de datos. Entre tanta información y tantas cifras mareantes es muy fácil despistarse y perder de vista la panorámica general. A eso juega claramente el Gobierno, que astutamente ha colado algunas medidas positivas de notable visibilidad para que se centre en ellas la atención y no se hable de lo negativo que es el documento en su conjunto. Esas medidas son los pocos árboles sanos que podemos encontrar en unos presupuestos que mantienen intacto el bosque que incendiaron con el fuego de la austeridad hace ya ocho años.

El dato clave es el gasto público total en comparación con la riqueza del país. No el incremento del gasto en euros con respecto al año anterior, ni el peso del gasto social, ni otras milongas que están utilizando el gobierno y sus voceros; lo importante es mirar qué parte de la tarta española se destinaría al gasto público. Porque de nada nos sirve que aumente algo el gasto público si la economía está creciendo más, porque eso significaría que nos están dando un pedazo de la tarta cada vez más pequeño. Y esto es precisamente lo que quieren que ocurra: se estima que la economía (la tarta) crezca al 2,7%, mientras que el gasto público (el pedazo de la tarta) sólo aumentaría un 1,2%. El resultado: menos recursos para el estado social en comparación con la riqueza del país. De cumplirse estos presupuestos, el gasto público se situaría en el 40,5% del PIB, un nivel no sólo más bajo que el año anterior, ¡sino el más bajo de los últimos diez años anteriores! España siempre ha gastado unos 5 puntos porcentuales del PIB menos que la media europea y unos 10 puntos menos que otros países vecinos, y en vez de mejorar ese ratio lo que propone el gobierno del Partido Popular –y lo que aprueba Ciudadanos– es reducirlo aún más.

Basta mirar las partidas presupuestarias más importantes y comparar su cuantía con las de años anteriores para constatar que estos presupuestos consolidan los recortes iniciados en 2010: si se aprueba la propuesta del gobierno este año 2018 tendríamos un 13% menos para políticas de educación que hace 8 años, un 8% menos para sanidad, un 27% menos para investigación, desarrollo e innovación, un 70% menos para políticas de acceso a la vivienda, un 35% menos para cultura, un 58% menos para inversiones en infraestructuras, etc. Y todo esto mientras en la economía española se mueve bastante más dinero que en el año 2010 ya que el PIB es superior al nivel de entonces. En aquella época nos dijeron que los recortes eran sacrificios temporales que había que hacer para salir de la crisis. Ahora nos dicen que hemos salido de la crisis pero los sacrificios siguen ahí.

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Que no nos den gato por liebre

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

Este 12 de abril en el Congreso de los Diputados se debatirá y someterá a votación un Real Decreto propuesto por el gobierno de Rajoy que amplía el margen de maniobra que tienen las corporaciones locales a la hora de utilizar su superávit. El ejecutivo quiere presentar este Real Decreto como una actuación de generosidad con respecto a los ayuntamientos pero la realidad es que no es otra cosa que la consecuencia de su derrota política: la enorme presión ejercida por los ayuntamientos -entre los que destaca el de Madrid- y también por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos- En Comú-En Marea, ha obligado al gobierno a dar un pequeño paso atrás en su perversa estrategia austericida consistente en asfixiar a las administraciones públicas todo lo posible. Ahora intentan disfrazar de generosidad lo que es en toda regla un revés político. Prueba de ello es que esta medida llega tarde y mal.

Llega tarde porque estamos ya a mitad de abril y las corporaciones locales han perdido más de tres preciados meses para poder iniciar los trámites necesarios para la aprobación de inversiones financieramente sostenibles. Es importante entender que esta figura económica requiere de unos procedimientos administrativos mucho más lentos y pesados que cualquier otro tipo de gasto o inversión pública, puesto que la administración pública que quiere hacer uso de ella debe primero estudiar la viabilidad económica de las inversiones desde unos criterios especiales y también debe lograr su aprobación en pleno. Unos trámites que no han podido llevarse a cabo durante todo este tiempo perdido y que comenzarán una vez se ha consumido casi la tercera parte del año. Demasiado tarde para lograr un uso óptimo de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Y la responsabilidad de provocar esta situación recae única y exclusivamente en el gobierno, pues no había ninguna necesidad de esperar tanto para habilitar el destino del superávit a través de las inversiones financieramente sostenibles. Podría haberlo hecho muchísimo antes, a través de cualquier decreto como va a ocurrir ahora, y concretamente desde el día en que sabía que los presupuestos se iban a prorrogar por la incapacidad política de este ejecutivo de lograr apoyos para aprobar unos nuevos. Pero decidió esperar, impidiendo así que los ayuntamientos tuvieran algo más de aire y de libertad para utilizar sus propios recursos. Esa estrategia política solo ha causado perjuicios a la ciudadanía. Ahora que la presión aumenta, han tenido que recular, pero se ha perdido un tiempo precioso en la implementación de políticas públicas.

Y llega mal porque es claramente insuficiente. El gobierno intenta vender que con esta medida se solucionan los problemas de las corporaciones locales. ¡Ni mucho menos! Con este Real Decreto lo único que se conseguirá es que las administraciones puedan realizar inversiones financieramente sostenibles, que es algo que han podido hacer todos los años desde 2014 a partir del mes de enero (con la excepción del año pasado, en el que también hubo retraso en la aprobación de presupuestos). Es decir, que volvemos simplemente a la situación que teníamos en años anteriores, que ya eran desastrosas para la autonomía de las corporaciones locales y para el bienestar de la gente. Es cierto que en este decreto el universo de inversiones se amplía, lo cual es una buena noticia, pero es que el verdadero problema es otro: es el de la Regla de Gasto, que a pesar de que es lo que impide que los ayuntamientos puedan utilizar sus recursos en beneficio de la ciudadanía, no se toca absolutamente en nada en este decreto.

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El truco contable de Rajoy para no incrementar las pensiones al ritmo del IPC

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

La Seguridad Social lleva desde 2012 en claro déficit, es decir, ingresando bastante menos de lo que gasta. Desde entonces el gobierno ha ido rellenando ese vacío con los fondos de la hucha de las pensiones.

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Pero en 2017 el gobierno ya había utilizado el 90% de la hucha, y como no quería vaciarla por completo (por el coste político que implicaría) recurrió a compensar el déficit de otra forma: prestándole dinero. En 2017 el Estado prestó 10.193 millones de euros a la Seguridad Social. En 2018 ocurrirá lo mismo: este lunes el gobierno anunció que este año el préstamo será de unos 15.000 millones.

Pero, ¿por qué el Estado presta dinero a la Seguridad Social en vez de transferírselo directamente? Al fin y al cabo las dos son cuentas del conjunto de las administraciones públicas, por lo que sería como pasarse el dinero de un monedero a otro. Ninguna persona se presta dinero a sí misma, ¿por qué el sector público sí lo está haciendo?

Pues porque si en vez de un préstamo hiciera una transferencia, el déficit de la Seguridad Social desaparecería. Acorde a las normas contables, el dinero transferido computa como ingreso no financiero mientras que el dinero recibido a través de un préstamo no. La modificación del artículo 48 de la Ley de Seguridad Social llevada a cabo por el gobierno de Rajoy en 2013, en su apartado 3 establece que “Para el cálculo (…) se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 en gastos y 1 a 7 en ingresos del Presupuesto de la Seguridad Social)”. Y una transferencia es capítulo 4, por lo que se incluiría como ingreso y reduciría el déficit, mientras que un préstamo es capítulo 8 y quedaría al margen, manteniendo el déficit intacto.

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El recorte silencioso de las pensiones: Rajoy no ha entendido nada

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Con un discurso incomprensible para la mayoría de la gente, el presidente del Gobierno ha intentado capear el temporal generado por sus políticas en materia de pensiones. Y lo ha hecho con anuncios de limitadas y ridículas ayudas fiscales a quienes cobran pensiones más elevadas e inconcretas mejoras para las mínimas y de viudedad.

Es una nueva tomadura de pelo a quienes se han movilizado por el claro incumplimiento constitucional que está perpetrando el Partido Popular: al mismo tiempo que está pidiendo confianza y tranquilidad a las víctimas de sus reformas, sigue profundizando en las mismas con dos elementos profundamente lesivos para el sistema de pensiones.

Rajoy sigue defendiendo la aplicación del factor de sostenibilidad, que se activará en 2019, y que recortará las nuevas pensiones, al menos un 0,5% justificándolo en el incremento de la esperanza de vida.  Cuantos más años prevea el PP que vaya a vivir una persona, menor será su pensión para limitar el incremento del gasto. Y luego nos anuncia que dará una “limosna” fiscal a partir de los 80 años…

Pero además, hay que llamar la atención sobre la congelación de la base máxima de cotización a la Seguridad Social en 2018. Este movimiento ha pasado muy desapercibido pero tiene una trascendencia importante: repercute negativamente sobre los ingresos de la Seguridad Social al mismo tiempo que sienta las bases para que las pensiones del futuro no crezcan. Este doble combo del gobierno del Partido Popular se suma a todas las maniobras que está llevando a cabo para dinamitar y sembrar dudas sobre el sistema público de pensiones, entre las que destaca vaciar el Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones), aprobar bonificaciones a las cotizaciones de los empresarios y a quienes contraten planes privados de pensiones, y realizar declaraciones vertiendo dudas sobre la sostenibilidad del sistema público y animando a buscar alternativas de ahorro privado.

Para entender en qué consiste este nuevo movimiento es necesario comprender cómo funciona el mecanismo de cotizaciones sociales. La mayoría de las personas trabajadoras están obligadas a cotizar a la Seguridad Social, y lo hacen en función del salario que reciben: a mayor salario, mayor cotización. La cantidad cotizada se tiene en cuenta para calcular las prestaciones futuras que recibirá esa persona cuando deje de trabajar (en caso de desempleo, de incapacidad laboral, de jubilación, etc), de forma que cuanto más se cotice, más elevada será esa prestación futura. No obstante, hay límites a las cantidades que se pueden aportar como cotizaciones, tanto por arriba como por abajo. El límite por abajo lo determina la base mínima de cotización, que es la referencia para calcular la cantidad mínima que hay que aportar a la Seguridad Social; el límite por arriba lo determina la base máxima de cotización, que es la referencia para calcular la cantidad máxima que se puede aportar a la Seguridad Social.

La base mínima de cotización es coincidente con el salario mínimo, porque se supone que nadie puede cobrar menos (aunque ocurre, en parte porque hay muchos trabajos a tiempo parcial cuyo salario mensual es inferior al mínimo legal). Su evolución ha sido idéntica al del salario mínimo: prácticamente congelado desde 2011 hasta 2016, y elevado en 2017 y 2018 un 8% y un 4%, respectivamente. La base máxima de cotización es de 3.751,20 euros. Esto quiere decir que aunque haya una persona que cobre 5.000 euros por su trabajo, solo cotizará a la Seguridad Social por los 3.751,20 euros, quedando el resto exento de cotizaciones (en muchos países esta limitación no existe). Su evolución ha sido diferente: ha tenido una tendencia creciente –más acentuada en 2013 y 2014– salvo en 2018 que se ha detenido.

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¿Cómo que no hay dinero, Rajoy? Basta de mentiras

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

La semana pasada el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que no hay dinero para subir las pensiones. Aludir a una falta de dinero es el típico mantra que utiliza la derecha para calmar toda aspiración de lograr mayor justicia social. Es la forma más efectiva de evadir el debate: si no hay dinero para cambiar las cosas entonces no es necesario aportar argumentos para convencer al interlocutor de que no hay que cambiar las cosas. La insuficiencia del dinero zanja cualquier debate, y ¡qué casualidad! Siempre lo hace a favor del statu quo y de los poderosos.

Mienten. Consciente o inconscientemente mienten. Este manido mensaje de la falta de dinero es absolutamente falso desde la primera hasta la última letra. El dinero se inventó para facilitar las relaciones económicas, pero al contrario de lo que la gente suele creer erróneamente, el dinero no es algo físico; es una ficción del ser humano, al igual que lo son los números o los kilogramos, y por lo tanto no tiene sentido hablar de su escasez o de su abundancia. ¿Alguien se imagina a un profesor de matemáticas diciendo que no puede dar clase porque no tiene suficientes números? ¿O a un frutero diciendo que no puede pesar la fruta porque no tiene suficientes kilogramos? No tiene sentido, ¿verdad? Pues tampoco lo tiene que un presidente del gobierno diga no tener suficiente dinero para aumentar las pensiones (o para cualquier otra cosa).

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THE POLITICAL ECONOMY OF CONTEMPORARY SPAIN. FROM MIRACLE TO MIRAGE (Routledge, 2018)

Autor: Luis Buendía, Ricardo Molero Simarro, Antonio Sanabria Martin, Bibiana Medialdea Garcia, Eduardo Garzón Espinosa, Javier Murillo, Juan Pablo Mateo Tomé, Lucia Vicent Valverde, Miguel Montanya Revuelto, Mariu Ruiz-Galvez Juzgado, Maria Jose Paz y Manuel Gracia Santos

We are very glad to announce the release of the collective book The Political Economy of Contemporary Spain. From Miracle to Mirage, written by a group of up to 12 Spanish economists and just published by Routledge in its “Frontiers of Political Economy” series.

It is available in both hardback and ebook:

https://www.routledge.com/The-Political-Economy-of-Contemporary-Spain-From-Miracle-to-Mirage/Buendia-Molero-Simarro/p/book/9781138305717

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El timo de la bolita para privatizar las pensiones

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo escrito originalmente en el número 55 de La Marea

“¡Peligro! ¡La Seguridad Social está en déficit! Así que no se pueden mantener las pensiones; hay que reformar el sistema y la mejor forma de hacerlo es privatizando parcialmente el sistema público de pensiones”. Esta es la cantinela de siempre, una mentira mastodóntica que incluso mucha gente con sensibilidad de izquierdas se come con patatas. Pero hagamos un ejercicio comparativo para evidenciar lo absurdo de ese razonamiento: “¡Peligro! ¡La administración estatal está en déficit! Así que no se puede mantener la Corona; hay que reformar el sistema y la mejor forma de hacerlo es acabar directamente con ella”. Es exactamente el mismo razonamiento. Cámbiese Corona por Defensa, Justicia, lucha contra el terrorismo, ayudas a la banca, etc. y nos daremos cuenta de lo falso y sesgado que es el razonamiento.

No me cansaré de decirlo: la situación habitual –¡incluso deseable por regla general!- de las economías es estar en déficit público, y eso jamás debe ser óbice para recortar o privatizar algún elemento del sector público. España ha tenido déficit público casi toda su historia democrática (excepto tres años) y sólo han empezado a recortar con fuerza en los últimos 7 años (y por una cuestión política, no técnica). Japón lleva con déficit público más de 30 años y con la mayor deuda pública del planeta y no por eso tiene que recortar nada.

Pero se utiliza constantemente la falacia de la falsa analogía entre un hogar o una empresa y el Estado para hacer creer a la gente que los Estados no pueden estar permanentemente en números rojos (ya que las familias y las empresas no pueden estarlo). Pero en realidad sí pueden, y de hecho es conveniente que lo hagan a menudo. Este engaño masivo se ha aprovechado, entre otras cosas, para atacar con fuerza al sistema público de pensiones. El truco es muy sencillo: como la Seguridad Social (SS) siempre ha tenido superávit y no parece creíble que haya que recortar pensiones públicas, lo que se hace es provocarle un déficit público.

La mejor forma de hacerlo es hundiendo los recursos de la SS y trasladando parte del superávit al resto de las administraciones públicas. De esta forma la Seguridad Social entrará en números rojos, y de camino el déficit público del resto de administraciones mejorará. En realidad es exactamente lo mismo que vaciar un monedero, con ese dinero llenar un poco una cartera, y alegar luego que el monedero está en pésima situación. La cartera estará mejor pero eso no importa porque lo que se busca es señalar lo mal que está el monedero. Y es una cuestión política, porque ni hay necesidad de vaciar el monedero, ni nadie te impide que lo rellenes con dinero proveniente de otra parte. Es el timo de la bolita: hacer pensar que el déficit está en un sitio donde realmente no tiene por qué estarlo.

El gráfico evidencia este timo. La SS se mantuvo en superávit o ligeramente en déficit hasta 2011, a pesar de que el paro ya se había disparado y superaba los 5 millones. Fue solamente a partir de 2012, con la llegada del PP al poder, cuando de golpe la SS superó el punto porcentual del PIB en déficit. ¿Cómo es posible que el saldo se deteriorase tanto de la noche a la mañana? Fácil: porque Rajoy redujo las cotizaciones sociales a algunos empresarios en un intento –absolutamente fallido- por reactivar el empleo, porque se eliminaron las cotizaciones a una parte de los parados, porque se aprobó una reforma laboral que abarató el despido y que redujo los salarios (y por lo tanto también las cotizaciones sociales), y porque se vació la hucha de las pensiones reduciendo con ello los ingresos a la SS. Fueron decisiones políticas, no inevitabilidades técnicas.

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Un posible plan de apoyo municipal al pequeño comercio de Madrid

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Uno de los objetivos que nos marcamos en el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid fue impulsar la actividad económica de los pequeños comercios madrileños. Debido a ello, decidimos estudiar medidas que cumplieran ese objetivo. Tras muchas reuniones con asociaciones de comerciantes y de economía social y solidaria, esbozamos un plan de apoyo al pequeño comercio local madrileño que permitiese al mismo tiempo dotar de mayor margen fiscal a un ayuntamiento que ya estaba siendo claramente atacado por el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro. Desgraciadamente no nos dio tiempo a terminarlo ni a poder iniciar su puesta en marcha a través de un proyecto piloto. No obstante, recojo aquí sus planteamientos básicos con la intención de que no caiga en el olvido por si en algún momento se barajara la posibilidad de recuperarlo, de mejorarlo o de imitarlo en el Ayuntamiento de Madrid o en cualquier otro ayuntamiento.

¿POR QUÉ ES NECESARIO?

En los últimos años el pequeño comercio madrileño se ha visto enormemente afectado por el efecto combinado de la crisis económica, de las políticas de austeridad y del auge de los grandes establecimientos comerciales, que han arrebatado importantes cuotas de mercado a los pequeños comercios hasta incluso llegar a provocarles el cierre a muchos de ellos. Hay estudios que señalan que por cada empleo que se origina en un gran almacén se destruyen entre 1,4 y 5 empleos en el pequeño comercio. Debido a la importancia de este tejido productivo, tan cercano al consumidor y tan rico en creación de empleo, resulta imperioso que las instituciones públicas tomen partido y apoyen su actividad.

Además, dependiendo del mayor o menor éxito del plan, el Ayuntamiento podría conseguir aumentar ligeramente su capacidad fiscal, permitiendo así incrementar moderadamente el gasto e inversión pública sin necesidad de incrementar impuestos y sin afectar a normas presupuestarias como la Regla de Gasto.

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Vivimos más pero con peor salud: retrasar la edad de jubilación es una gran crueldad

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

En el año 2011 el gobierno del PSOE decretó el retraso progresivo de la edad de jubilación desde los 65 años hasta los 67. En 2018 la edad de jubilación ya va por los 65 años y medio, a no ser que se hayan cotizado más de 36 años y medio. El argumento central que se utilizó para defender esta medida se basaba en que los seres humanos cada vez vivimos más tiempo y por lo tanto es razonable que nos jubilemos más tarde.

Este argumento tiene dos vertientes: una de carácter económico y otra de carácter moral. Atendiendo a la primera se sostiene que para poder pagarle la pensión a una persona que cada vez vive más tiempo es necesario disponer de más recursos, por lo que una forma de resolver el problema es reducir el tiempo que hay que estar pagando la pensión (al mismo tiempo que incrementas los recursos porque esa persona tendrá una vida laboral más larga). En cambio, el argumento de carácter moral es bien diferente: puesto que la persona en cuestión va a vivir más tiempo es de justicia que se mantenga la proporción de tiempo de trabajo y de tiempo de jubilación, de forma que se acabe disfrutando aproximadamente el mismo tiempo de descanso que antes.

Hay innumerables formas de refutar el argumento citado en cualquiera de sus dos vertientes. En esta ocasión no me voy a detener en criticar la primera faceta del argumento, la económica. Baste señalar al respecto que en nuestras sociedades cada vez más tecnológicas y avanzadas tenemos cada vez más posibilidades de producir lo mismo con menos tiempo de trabajo, de forma que podemos permitirnos disfrutar de una época de jubilación más prolongada manteniendo el mismo nivel de vida. Ahora me interesa más desmontar la otra cara del argumento, la de tipo moral o ético.

Es cierto que los seres humanos vivimos, de media, cada vez más. Así lo atestigua el indicador de Esperanza de Vida (EV), que en España ha aumentando 10 años en las últimas cuatro décadas, pasando desde los 73 años a los 83 años desde 1975 hasta 2015. Sin embargo, este indicador nos dice cuánto vivimos (siempre en promedio), pero no cómo vivimos. No es lo mismo vivir 83 años con una salud excelente durante casi toda la vida que hacerlo con graves enfermedades buena parte de la misma. Para eso se creó el indicador Años de Vida Saludable (AVS), que nos viene a mostrar cuántos años vivimos sin sufrir una discapacidad importante.

Pues bien, si miramos ambos indicadores para el caso de España, observamos lo siguiente. Desde 2004 la EV a partir de los 65 años era de 17,2 años en el caso de los hombres y de 21,4 en el caso de las mujeres. Once años más tarde, en 2015, el indicador ha aumentado hasta los 19 años y 23, respectivamente. No obstante, la evolución de los AVS no ha sido similar ni mucho menos. En el año 2004 se esperaba que un hombre de 65 años viviese 9,8 años más sin sufrir limitaciones de salud importantes, y 9,6 años en el caso de una mujer de la misma edad. Once años más tarde, se espera que ambos vivan menos tiempo sin sufrir incapacidades importantes: 9,5 años en el caso de los hombres y 8,9 en el caso de las mujeres.

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La letra pequeña de los datos de empleo del cuatro trimestre de 2017

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

1) Desde que el PP llegó al gobierno el número de personas paradas ha caído en 1.520.600 pero de todas ellas sólo 845.400 han pasado a trabajar. El resto (675.300) emigraron, se jubilaron o dejaron de buscar empleo.

2) Hay 1,7 millones de personas ocupadas menos que antes de la crisis y todavía hay 3,8 millones de personas en paro. La tasa de paro se sitúa en el 16,55%, un nivel propio de Estados fallidos o de países recién salidos de una guerra civil. Si en el cálculo de la tasa de paro tuviésemos en cuenta a las personas que quieren trabajar pero que no buscan empleo y a las que trabajan a tiempo parcial pero que siguen buscando empleo a tiempo completo, la tasa sería del 25,1% y no del 16,5%.

3) En la actualidad se realizan prácticamente las mismas horas de trabajo a la semana que cuando llegó el PP al gobierno; sólo han aumentado un 1,7%. Ahora se realizan 75 millones de horas de trabajo a la semana menos que antes de la crisis, un 11,7% menos.

4) Hoy hay 495.300 personas asalariadas temporales más que cuando el PP llegó al gobierno, y sólo hay 276.800 indefinidas más. El peso de los contratos temporales sobre el total ha aumentado durante este periodo desde el 24,8% al 26,7%. España registra actualmente la tasa de temporalidad más elevada de los 28 países de la Unión Europea (exceptuando a Polonia), casi duplicando la media.

5) Los contratos temporales de reducida duración han aumentado durante los años de gobierno del PP: en 2017 se han firmado 31.400 contratos de un día de duración más que cuando el PP llegó al gobierno.

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España a la cabeza de los países con más becarios y peor tratados

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado en el número 54 de La Marea

Una beca es por definición una subvención para realizar estudios o investigaciones. No obstante, este término ha llegado a ser empleado para referirse a figuras económicas y laborales notablemente diferentes.

Actualmente podríamos distinguir varios tipos de becas. En primer lugar tenemos las ayudas directas para los estudios, normalmente dirigidas a estudiantes de cualquier nivel de enseñanza con pocos recursos. En segundo lugar tenemos las becas de colaboración, dirigidas a universitarios para que realicen tareas en algún departamento de su universidad a cambio de una contraprestación económica. En tercer lugar, las becas de formación de personal investigador, que tienen lugar en centros de investigación (normalmente en universidades) y a la que acceden sobre todo estudiantes que se quieren doctorar. En cuarto y último lugar, están las becas realizadas en una empresa o en una administración pública, que pueden ser curriculares (formar parte de la etapa de estudios) o no (dirigida a personas que han terminado la universidad), y que pueden estar reguladas mediante un convenio entre la empresa o la administración y el centro de estudio o no estarlo (de forma que son diseñadas unilateralmente por las empresas). Al margen de estas becas existen los contratos en prácticas, muy parecidas a las últimas becas señaladas pero que suponen una relación contractual –las becas nunca lo hacen-, de ahí que los beneficiarios suelan ser llamados coloquialmente becarios), y los contratos de formación, dirigidos a personas sin cualificación reconocida por el sistema educativo.

Pues bien, de todos estas becas las más abundantes e importantes son las del cuarto tipo, y concretamente aquellas que son diseñadas unilateralmente por las empresas y dirigidas a personas que acaban de terminar sus estudios. Hace unos veinte años esta fórmula apenas existía y, sin embargo, en la actualidad está cogiendo una importancia tremenda porque las empresas la están utilizando para hacerse con mano de obra muy cualificada a un precio muy reducido. Es imposible conocer cuántas becas de este tipo existen porque sólo se registran aquellas que cotizan a la Seguridad Social (que legalmente deberían ser las que reciben alguna remuneración), pero al menos éstas nos ofrecen una buena panorámica del asunto. Como se puede ver en el gráfico, desde diciembre de 2013 hasta agosto de 2017 el número de becas que cotizan aumentó en un 53,2%, un ritmo muy superior al que ha crecido cualquier otro tipo de contrato laboral, y que se ha mostrado independiente al ciclo económico.

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No hay ninguna necesidad de crear un impuesto para asegurar las pensiones

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

El pasado lunes 8 de enero el PSOE volvió a la carga con su ya conocida propuesta de creación de un impuesto para poder financiar las pensiones como respuesta al déficit que tiene la Seguridad Social y alegando que países como Francia aplican medidas similares. Muchos han caracterizado esta propuesta de izquierdas, ya que pone el acento en el aumento de ingresos en vez de hacerlo en la disminución de los gastos como marca la receta de la derecha (por cierto, aplicada también en las pensiones por el PSOE durante el gobierno de Zapatero). Sin embargo, esta interpretación es presa precisamente de los postulados económicos que utiliza la derecha, ya que comparte con ella la obsesión de acabarcon el déficit público –en este caso de la Seguridad Social–, como si fuese una enfermedad que hay que extirpar lo antes posible. En realidad, una interpretación verdaderamente de izquierdas debe basarse en una rigurosa y adecuada comprensión de la naturaleza y funcionamiento de los saldos fiscales, dejando de lado los mitos económicos de la derecha que demonizan el déficit público y entendiendo que éste no es más que una herramienta económica que se debe utilizar en beneficio de la mayoría social.

El sistema público de la Seguridad Social ingresa actualmente menos de lo que gasta. Bien, ¿y qué? Si aislásemos los ingresos y gastos de la sanidad pública –al igual que hacemos hoy arbitrariamente con las pensiones públicas-, a ésta le ocurriría exactamente lo mismo: estaría en déficit (los pacientes no pagan directamente todo el coste del servicio), y no veo a nadie por ahí diciendo que hay que crear un impuesto finalista para financiar la sanidad. Pasa igual con la educación pública y con otros servicios públicos: aisladamente del resto de las finanzas públicas se encontrarían en déficit, lo que ocurre es que logramos la financiación a través de vías que no tienen nada que ver con su respectivo ámbito, de forma que financiamos servicios públicos como la sanidad con el dinero que, por ejemplo, paga alguien por IVA cuando compra un coche de lujo. Ponemos toda la riqueza y renta de nuestra economía al servicio de la financiación de todo lo público.

¿De todo? No. De las pensiones no. Así se decidió en 1996 con el Pacto de Toledo, alegando que separar la financiación de las pensiones del resto de la finanzas públicas impediría a los gobernantes de turno recortarlas a través de los presupuestos generales del Estado. Pero esto hoy solo se puede ver como una broma de mal gusto, ya que tanto el gobierno de Zapatero como el de Rajoy han recortado sustancialmente las pensiones públicas con las reformas de los últimos años (aumentando la edad de jubilación, congelando su revalorización o desvinculándola del crecimiento de los precios, ajustándola a la esperanza de vida, etc). Si el aislamiento de la financiación de las pensiones no ha impedido que los gobiernos les peguen un tijeretazo, ¿para qué sirve entonces?

Ya lo digo yo: para nada que no sea reforzar una falsa imagen de insostenibilidad. Una vez las pensiones están aisladas, es fácil señalarlas si tienen déficit y gritar a los cuatro vientos que hay un problema que solucionar (momento hábilmente aprovechado por la banca para proponer planes privados de pensiones). Vuelvo a lo de antes ¿qué pasaría si aislásemos la sanidad pública del resto de finanzas públicas? Veríamos un déficit enorme y la élite de turno saldría en banda a clamar su privatización. Pero no lo hace de forma tan agresiva porque el déficit de la sanidad pública se diluye en el conjunto de las finanzas públicas y el hipotéticoproblema no se explicita tan claramente.

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Las personas pensionistas han perdido en 2017 mucha más capacidad adquisitiva de la que nos dicen

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

El relato oficial es que los precios han aumentado un 1,2% desde diciembre de 2016 a diciembre de 2017 y las pensiones solamente lo han hecho un 0,25% durante ese periodo. Esto supondría una pérdida de capacidad adquisitiva del 0,95% (1,2% menos 0,25% = 0,95%).

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¡Pero ojo! Los precios cambian de nivel cada mes, mientras que las pensiones son fijas durante todo el año y sólo cambian de importe al comenzar uno nuevo. La comparación entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 no es rigurosa.

¿Por qué? Pues porque la pensión en diciembre de 2016 era la misma que en enero de 2016. ¡Y durante todo ese tiempo los precios también aumentaron, por lo que también se perdió capacidad adquisitiva!

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La subida del salario mínimo anunciada por Rajoy tiene trampa

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

El pasado martes 26 de diciembre se anunció el pacto entre Gobierno, sindicatos y patronal para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 4% en 2018, un 5% en 2019 y un 10% en 2020. Sin embargo, tal y como explicó el presidente del Gobierno, esa ruta de crecimiento solo se aplicará si se cumplen dos requisitos: 1) que el PIB de la economía crezca más de un 2,5% cada año, y 2) que el aumento de afiliación a la Seguridad Social sea superior a los 450.000 afiliados cada año.

Mariano Rajoy ha insistido en que son requisitos prudentes porque últimamente dichos niveles se están superando. Pero el hecho de que desde el año 2015 se haya crecido y creado empleo por encima de esos parámetros no quiere decir que en los tres años siguientes vaya a ocurrir lo mismo.

De hecho, todo el mundo sabe que la economía es cíclica y que a años de crecimiento económico siempre le siguen años de desaceleración e incluso recesión. Y las previsiones que se realizan para los años siguiente no son muy halagüeñas. Para 2018 tanto el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea estiman que el crecimiento del PIB español será en 2018 del 2,5%, mientras que el Banco de España cree que será del 2,4% y el propio Gobierno (alegando inestabilidad política en Cataluña) del 2,3%. Es decir, por debajo o muy ajustado al límite marcado como requisito para que aumente el salario mínimo. Pero es que las previsiones para 2019 y 2020 son todavía peores: la Comisión Europea cree que el PIB español crecerá un 2,3% y el Gobierno un 2,1%. De cumplirse estos pronósticos, el acuerdo para el crecimiento del salario mínimo quedaría en papel mojado, especialmente en lo que respecta al año 2020, que es precisamente el año en el que mayor subida se ha programado (menuda casualidad, ¿no?).

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En Madrid existían alternativas a la aprobación del Plan Económico de Montoro

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

El pasado 18 de diciembre seis concejales de Ahora Madrid decidieron no votar el Plan Económico Financiero que se presentó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, motivo por el cual la alcaldesa Manuela Carmena cesó al delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, por ser uno de ellos y mostrarse en contra del citado documento. Algunas voces han señalado que aquí se dibujaban únicamente dos opciones: o aprobar un plan económico dictado por Montoro que incluye importantes recortes presupuestarios, o sucumbir a la dolorosa intervención del Ministerio de Hacienda. Pero esto no es en absoluto cierto por varios motivos que se expondrán a continuación.

Es importante recordar que el ataque realizado por Montoro sobre el Ayuntamiento de Madrid es de carácter 100% político, aunque se disfrace con tecnicismos como “Regla de Gasto” o “Plan Económico Financiero”. El gobierno de Ahora Madrid ha demostrado con creces que otra política económica es posible, puesto que en apenas dos años y medio ha incrementado la inversión social en un 74% y las inversiones en infraestructuras en un 102%, al mismo tiempo que ha reducido la deuda en más de un 40% y registrado superávit por más de 1.000 millones de euros. Toda una proeza que atenta contra el discurso manido de los fanáticos de la austeridad con el que se alega que los recortes en el gasto público son necesarios para cuadrar las cuentas. Y para que este exitoso caso de anti-austeridad no se convirtiera en ejemplo a imitar en otras zonas del país, el gobierno del PP con Montoro a la cabeza puso todo su empeño en dinamitarlo.

Para ello recurrió a la Regla de Gasto, un criterio que limita el gasto público independientemente de la cantidad de ingresos que haya. Pero lo hizo retorciendo la interpretación de esta regla hasta llevarla a un punto no recogido en la legislación, al mismo tiempo que denunció en los tribunales determinadas inversiones del consistorio. Se trató de un evidente maltrato discriminatorio, ya que a ningún otro ayuntamiento del país se le han exigido jamás tantísimos recortes ni se le ha intentado parar las inversiones. Prueba de que Montoro exigía recortes exagerados utilizando una interpretación ilegal de la Regla de Gasto es que los técnicos funcionarios del Ayuntamiento no sabían a qué normativa o instrucción atenerse para elaborar el Plan Económico exigido por el Ministerio, o que la propia plataforma informática del Ministerio rechazara la introducción de los datos del Plan, o que el propio órgano fiscalizador del sector público (AIREF) haya reconocido que Madrid tiene las cuentas saneadas y que no entiende la insistente tutela del Ministerio. Montoro quería dar un castigo ejemplar al gobierno de Ahora Madrid, y no le importaba si se saltaba sus propias leyes y normas. Por eso desde el Ayuntamiento de Madrid denunciamos en los tribunales este atropello ilegal.

La última resolución enviada en noviembre por el Ministerio instaba a realizar un plan económico que recogiera recortes de más de 552 millones de euros, pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo. Sin embargo, por alguna razón, desde el Ayuntamiento se quiso aprobar este documento inmediatamente. Así, se ordenó al área de Economía del Ayuntamiento hacer ese plan económico. El plan lo elaboraron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo. Carlos Sánchez Mato ha cumplido, con lealtad, con sus obligaciones procedimentales hasta el último día. Otra cosa son sus posicionamientos políticos, donde no se le puede obligar a apoyar algo que no comparte, que no ha elaborado y que considera un grave error político y económico, especialmente cuando ello no se ha debatido en ningún espacio de Ahora Madrid. Por eso, dada la importancia de la votación, desde Izquierda Unida solicitamos que se consultara a las bases de Ahora Madrid su opinión al respecto, pero fuimos ignorados.

Desde el equipo de Carlos Sánchez Mato proponíamos una alternativa diferente: no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la Regla de Gasto y nos librásemos así de la tutela del Ministerio. Ganar tiempo era la mejor estrategia, porque se podían ganar los recursos en los tribunales (insisto en la atrocidad en términos jurídicos cometida por el Ministerio) o se podía cambiar la Regla de Gasto en el Congreso de los Diputados gracias a una proposición de Unidos Podemos en cuyo diseño participamos.

En cualquier caso, y poniéndonos en la peor de las situaciones, acorde al segundo punto del artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la hipotética intervención de Montoro supondría el envío de funcionarios del Ministerio que aplicarían exactamente los mismos recortes que va a aplicar ahora el gobierno de Ahora Madrid. Es decir, en el peor de los casos el coste económico sería el mismo y el coste político lo sufriría únicamente el gobierno de Rajoy y no el gobierno de Ahora Madrid.

Por eso es falsa la disyuntiva presentada al comienzo de este artículo. Había opciones diferentes a la de aprobar los recortes de Montoro, todas menos dolorosas para el proyecto político de Ahora Madrid y para el bienestar de la ciudadanía madrileña.

El Plan aprobado recoge un recorte de más de 552 millones de euros, un 13% del presupuesto. Concretamente recoge un recorte bestial del 55% en inversiones. Estos datos pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento.

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Sobre la destitución de Carlos Sánchez Mato como concejal de economía del Ayuntamiento de Madrid

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

Desgraciadamente se están lanzando varios mensajes inexactos (o directamente falsos) sobre la destitución de Carlos Sánchez Mato. Como una de las personas que han vivido de ceca este episodio, me veo obligado a aclarar estas confusiones.

1) El Ayuntamiento de Madrid estaba demostrando que otra política económica es posible (incremento inversor y cuentas saneadas) y eso no podía ser permitido por el mayor fanático de la austeridad: el PP con Montoro a la cabeza.

2) En su intento por hacer fracasar el proyecto de Ahora Madrid, Montoro realizó una interpretación ILEGAL de la Regla de Gasto, y exigió recortes mucho más exagerados que los que ha pedido a otros ayuntamientos incumplidores de tal regla. Quería un castigo ejemplar.

3) Montoro cambió las reglas a mitad del partido únicamente para maltratar al gobierno de Ahora Madrid. Los técnicos del ayuntamiento (que no son de izquierdas) alucinaron con este evidente maltrato. Por eso denunciamos en los tribunales este atropello ilegal.

4) Montoro exigió la realización de un plan económico que recogiera recortes de más de 533 millones €. Una salvajada que, insisto, no se atiene a la legislación. Pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo.

5) Sin embargo, inexplicablemente a la alcaldesa le entraron prisas y ordenó al área de economía hacer ese plan económico. El plan lo hicieron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo.

6) La alternativa que proponía Carlos Sánchez Mato era no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la Regla de Gasto y nos librásemos así de la tutela del Ministerio.

7) Ganar tiempo era la mejor estrategia, porque se podían ganar los recursos en los tribunales o se podía cambiar la Regla de Gasto en el Congreso de los Diputados gracias a una proposición de Unidos Podemos en cuyo diseño participó el propio Carlos.

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El bitcoin está destinado al fracaso

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

Cada vez se habla más de las criptomonedas, y especialmente de la más famosa y utilizada de todas: el bitcoin. Este tipo de monedas, creadas desde el sector privado, se caracterizan esencialmente por ser digitales y por regirse a través de un software informático complejo que conecta a todos sus usuarios de forma que se origina para cada transacción un modelo de contabilidad distribuida. La forma de emitir nueva moneda se lleva a cabo a través de la resolución de un algoritmo informático que cada vez se va complejizando más y en el que puede participar cualquier usuario. En el caso del bitcoin, la emisión de la moneda está limitada a un máximo de 21 millones de unidades.

El bitcoin se creó en el año 2009, en plena crisis económica mundial, y desde entonces su utilización ha ido en aumento. Empleada en un primer momento en muy pocas regiones y sólo en determinados sectores económicos, se ha ido extendiendo cada vez más hasta llegar a nuevos países y a nuevas ramas económicas. Y, aunque hoy día sigue siendo una moneda con una utilización marginal a nivel mundial, llama muchísimo la atención la importancia que ha alcanzado una moneda creada por el sector privado, ya que ha registrado un éxito que no tiene parangón alguno en la historia.

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Repartir las horas de trabajo es la mejor forma de crear empleo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 54 de La Marea

A pesar de que existen muchos tópicos sobre lo vagas que son las personas que viven en el sur de Europa en comparación con las del norte, lo cierto es que cuando uno observa los datos comprueba cómo son los trabajadores de los países del sur los que más horas echan en el trabajo. Por ejemplo, en Grecia el número de horas que trabaja cada empleado de media fue en 2016 de 2.045 horas, mientras que en países como Alemania fue de 1.363. Así las cosas, podríamos decir que un trabajador alemán trabaja de media un 33% menos que uno griego, lo que vendría a traducirse en unas dos horas al día menos. No está nada mal.

España no se queda atrás: el número medio de horas trabajadas por trabajador fue en 2016 de 1.695 horas, situándose en un punto intermedio entre Grecia y Alemania, pero claramente por debajo de la mayor parte de los países del norte de Europa. Un simple ejercicio nos podría ofrecer interesantes reflexiones: si tomásemos todas las horas trabajadas –remuneradas- por los empleados de España y las repartiésemos entre todos ellos incluyendo a los parados de forma que cada uno de ellos trabajase de media lo mismo que un trabajador francés, entonces la tasa de paro española caería automáticamente al 4,7%. Sin incrementar en nada el número de horas, simplemente repartiendo solidariamente todas las que ya se realizan. Interesante, ¿verdad? Pero si hiciésemos lo mismo de manera que trabajásemos de media lo mismo que un trabajador alemán, ¡entonces no tendríamos suficientes parados para repartir las horas! Necesitaríamos traer parados de otros países para poder repartir todas las horas de trabajo remuneradas que se realizan en el país.

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El escándalo de Madrid Calle 30 que empobreció a ciudadanos y enriqueció a constructoras

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

Cuando el Ministerio de Fomento cedió la circunvalación M-30 al Ayuntamiento de Madrid en 2004, el gobierno de Gallardón decidió iniciar su reforma y presentarla como logro central de su mandato municipal. Pero la reforma de una infraestructura de esas características requería, en condiciones normales, un plazo de tiempo muy superior a los cuatro años, por lo que la única forma de terminar las obras a tiempo para sacar pecho de cara a las elecciones municipales era llevar a cabo prácticas excepcionales que lograran acelerar sobremanera el proceso. Estas prácticas van desde lavulneración de la legislación de protección medioambiental y de la salud (constatada por tribunales y que convierte a las obras en ilegales) hasta el incremento desorbitado de horas laborales extraordinarias que sufrieron los trabajadores (seis de ellos murieron durante el transcurso de las obras), pasando por la violación sistemática de los trámites administrativos. Todo con tal de acabar las obras a tiempo, independientemente del daño económico, social y medioambiental que pudiera generar. Una actuación abominable que no puede quedar impune.

Ni que decir tiene que este acelerón encareció extraordinariamente el proceso. Las obras de reforma se presupuestaron por 2.458 millones de euros, pero finalmente supusieron un coste de 3.508 millones de euros, un 42% más. Estamos hablando de mucho más de la mitad del presupuesto anual del ayuntamiento, lo que incrementaba la deuda hasta un nivel que no estaba permitido por las autoridades europeas. Para disimular el estropicio, Gallardón privatizó parcialmente la empresa pública encargada de reformar la M-30 y escondió ahí la deuda para que no pudiese ser achacada al ayuntamiento. Pero se pilla antes a un mentiroso que a un cojo y en 2011, tras una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, el gobierno del PP tuvo que dar marcha atrás y trasladar toda la deuda de la empresa mixta al ayuntamiento, lo que hizo que la deuda municipal se disparara hasta situar a la capital del país en la ciudad más endeudada de todas y con mucha diferencia.

Lo peor de todo es que en este mezquino intento de ocultar el cadáver bajo la alfombra, el gobierno de Gallardón volvió a vulnerar todo tipo de preceptivos legales. La normativa no contempla en ningún sitio que se pueda privatizar (ni siquiera parcialmente) la gestión de una calle pública. Esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo porque la gestión de una calle no es susceptible de ser llevada a cabo por empresarios particulares ya que no se cobra a los usuarios de la carretera y los únicos ingresos de la empresa provienen del ayuntamiento. Este extrañísimo modelo de gestión encareció la factura del Ayuntamiento, que pasó a pagar por conceptos por los que antes –cuando la empresa era 100% pública– no pagaba, como dividendos, impuestos de sociedades, IVA e intereses por el préstamo del socio privado. De hecho, desde 2005 hasta 2017 el Ayuntamiento ha pagado 597 millones de euros por estos conceptos, una cantidad que se hubiese ahorrado si la empresa hubiese sido 100% pública. Para que nos hagamos una idea de las prioridades del gobierno del PP, ese volumen es superior a lo que el equipo de gobierno del Partido Popular presupuestó para gasto social en 2015. Además, puesto que la privatización está blindada por contrato, si no cambian las cosas el Ayuntamiento tendrá que pagar hasta 2040 unos 1.250 millones de euros más por estos motivos. Un agujero en toda regla para las arcas municipales.

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Aún con palos en las ruedas, Madrid se mueve

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

El pasado viernes 17 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aceptó imponer medidas cautelares a solicitud de Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y ordenó paralizar inversiones del Ayuntamiento de Madrid por valor de 275 millones de euros. Contra esta medida el gobierno municipal va a presentar un recurso de reposición y medidas alternativas para no tener que detener ninguna de las inversiones previstas. Es una muy mala noticia que el TSJM haya aceptado la solicitud de la Delegación del Gobierno. Porque nadie, ni en Madrid ni en el Estado español puede salir ganando con la paralización de obras de mejora en la vía pública, de reformas en cementerios, de compras de nuevos autobuses, de reparaciones en mobiliario urbano, de ampliaciones en polideportivos, de plantación de árboles, de reformas en mercados municipales, de instalación de calefacción para colegios públicos, de rehabilitación de patrimonio verde, de desarrollo de servicios para centros de mayores, de habilitación de nuevas áreas infantiles y de nuevos carriles-bici y bicicletas, etc, especialmente teniendo en cuenta que el Ayuntamiento que las realiza tiene dinero de sobra para ello. Sencillamente, nadie puede entenderlo. La actuación de Delegación de Gobierno, dirigida por Concepción Dancausa parece anteponer la disputa política a los intereses de la ciudadanía madrileña.

Y es que la argumentación que ha utilizado Delegación de Gobierno para pedir estas paralizaciones tiene una base jurídica poco firme ya que se basa en repetir que las inversiones que intenta paralizar ponen el riesgo el cumplimiento de la Regla de Gasto en 2017 por parte del Ayuntamiento de Madrid. Pero eso no responde a la realidad: esas inversiones fueron aprobadas mediante una fórmula administrativa denominada “inversiones financieramente sostenibles” que viene recogida en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el apartado cuarto de la citada ley se deja bien claro que dichas inversiones no computan para la Regla de Gasto al estar financiadas con superávit del ejercicio anterior. “El importe del gasto realizado (…) no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto”, puede leerse bien claro. Por lo tanto, ni un solo euro de esos 275 millones de euros para inversiones pone en riesgo el cumplimiento de la Regla de Gasto. La argumentación se aleja de la realidad y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no ha entrado a valorar el fondo del asunto objeto de controversia, requiere medidas cautelares. Esto obliga al Ayuntamiento a adoptar medidas alternativas que permitirán el cumplimiento del auto sin que ello suponga otra cosa que dificultar el avance de dichas inversiones.

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Curso en Leioa (22-nov – 10-ene, 12:00) : La crisis del trabajo asalariado y la transición al postcapitalismo

Autor: Jon Bernat Zubiri Rey, Eduardo Garzón Espinosa, Jose Luis Carretero Miramar, Alvaro Briales Canseco, Observatorio Metropolitano y Yayo Herrero

Curso que realizaremos en las siguientes semanas en Leioa, en la Facultad de Ciencias sociales de la Euskal Herriko Unibertsitatea (seminario D). La idea es seguir el curso on line “La crisis del trabajo asalariado y la transición al postcapitalismo” que realiza la Fundación de los Comunes

http://aula.fundaciondeloscomunes.net/curso/con-el-sudor-de-tu-frente

Haremos sesiones presenciales en Leioa (Campus de Bizkaia) los siguientes miércoles (salvo el martes 5 de diciembre).

En cada sesión veremos los videos de las charlas que se van colgando semanalmente y discutiremos las lecturas propuestas, con la ayuda de una persona que, en cada una de ellas, animará la discusión presencial

1. saioa (Az-22): Postcapitalismo: mapeando las propuestas de transición (BIDEOA : Nociones Comunes ; EZtaBAIda : Andrea Bartolo)

2. saioa (Az-29): La crítica ecofeminista del «capitalismo verde» (BIDEOA : Yayo Herrero ; EZtaBAIda : Ignacio Cazcarro)

3. saioa (Ab-05): La democracia en el trabajo: cooperativismo/autogestión (BIDEOA : Jose Luis Carretero ; EZtaBAIda : Irati Mogollón)

4. saioa (Ab-13): La reducción de la jornada laboral frente a la división capitalista y patriarcal del tiempo (HITZALDIA eta EZtaBAIda : Jon Bernat Zubiri)

5. saioa (Ab-20): ¿Qué sindicalismo para el siglo XXI? La lucha obrera en la encrucijada (BIDEOA : Tomás Rodríguez, CGT Telemarketing ; EZtaBAIda : Eneko Ander Romero)

6. saioa (Ur-10): ¿Trabajo garantizado o Renta Básica? Medidas reformistas para una revolución (BIDEOA : Eduardo Garzón; EZtaBAIda : Eki Etxebarria)

SESIONES PRESENCIALES :

EGUAZTENETAN, 12:00 n

En el Seminario E Mintegian

APUNTATZEKO : jonbernatARROBAsindominio.net

(zehaztu 20-70-120 €-ko matrikula nahi duzun)

SAIOETAN PARTEARTZEA LIBRE DA

LA PARTICIPACIÓN EN LA SESIONES ES LIBRE, ABIERTA Y GRATUITA

¿Cuál es el verdadero motivo que lleva a Montoro a intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid?

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

¿Cómo es posible que Montoro haya decidido intervenir las cuentas de un ayuntamiento que tiene más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido la deuda un 40% en apenas dos años? Lo lógico en principio es pensar que una intervención de las cuentas tiene sentido cuando su administración responsable tiene problemas económicos, pero no es el caso del Ayuntamiento de Madrid. ¿Entonces?

La explicación oficial del Ministerio radica en que el Ayuntamiento de Madrid, aunque tenga superávit y reduzca deuda, incumple la Regla de Gasto. Esta Regla nació en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) -que es el desarrollo del reformado artículo 135 de la Constitución Española- y su razón de ser es limitar la cantidad de gasto que puede registrar una administración pública. Ese límite no tiene nada que ver con los ingresos (como podría parecer lógico, para no gastar más de lo que se ingresa), sino que queda fijado en función del crecimiento estimado de la economía española (la estimación la realiza el Ministerio y, por cierto, raramente acierta con ella). Por lo tanto, esta Regla suele provocar que el gasto de las administraciones sea menor que los ingresos, para que así quede suficiente dinero sin gastar, engrose el superávit y pueda ser utilizado para pagar deuda a los bancos. Ése es el objetivo de la Regla de Gasto (recordemos, hija del artículo 135 de la Constitución): priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público.

Por lo tanto, lo que el Ministerio está criticando del Ayuntamiento de Madrid no es que tenga las cuentas saneadas (que a todas luces las tiene), sino que haya incrementando tanto la inversión y el gasto social y provocado por lo tanto una notable reducción del superávit y del dinero que se paga a la banca. Pero es que en esto consistía el proyecto económico que Ahora Madrid recogía en su programa electoral y que está aplicando exitosamente: priorizar -a diferencia de lo que ocurría con gobiernos del PP- la gestión honesta y eficaz de los recursos públicos con el objetivo de maximizar el bienestar de la ciudadanía madrileña. Poner la economía al servicio de la gente y no de los bancos. Para ello es preciso utilizar el dinero del Ayuntamiento en aras de incrementar las inversiones y el gasto social, que en sólo dos años han crecido un 102% y un 74%, respectivamente. Evidentemente, todo ese dinero que se utiliza en mejorar la ciudad es dinero que dejas de tener en la cuenta bancaria, que dejas de utilizar para engrosar el superávit y que dejas de utilizar para pagar deuda a los bancos.

Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid no es la única administración que incumple esta particular regla. De hecho, la administración de cuyas cuentas es responsable el ministro Montoro, la administración central, ha incumplido sistemáticamente esta regla (con la excepción de 2016, y debido a un cambio de metodología). Lo mismo ocurre con muchas comunidades autónomas y otros muchos ayuntamientos. Entonces, ¿por qué esa evidente obsesión del Ministerio con Madrid, que le ha llevado por primera vez en la historia a intervenir las cuentas de un ayuntamiento por este motivo?

Muy fácil: porque el superávit del Ayuntamiento de Madrid es el más voluminoso de todos y es el que más necesita Montoro para presentar unas cuentas bonitas en Bruselas.

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Curso “Con el sudor de tu frente: La crisis del trabajo asalariado y la transición al postcapitalismo”

Autor: Consejo de Redacción, Eduardo Garzón Espinosa, Jon Bernat Zubiri Rey, Jose Luis Carretero Miramar y Yayo Herrero

Aula Virtual Fundación de los Comunes

«Ganarás el pan con el sudor de tu frente»: maldición bíblica, justo castigo divino que pesa sobre nuestras vidas porque «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades». Trabajar, trabajar y trabajar, emprender, buscar trabajo, tomarse el fracaso como «oportunidad». Tiempos de austeridad, de «hacer los deberes», «apretarse el cinturón», «menos politiqueo y más trabajar». El reto del Gobierno: «20 millones de personas trabajando en 2020». La panacea que todo lo justifica: «no hay mejor política social que crear empleo».

Vivir para trabajar parece ser la única solución imaginable en los discursos dominantes. Paradójica solución mientras millones de personas no pueden acceder a ningún empleo y mientras cada vez hay más pobres que de hecho tienen empleo(s). Se profundiza la desconexión entre empleo y acceso a derechos básicos: los trabajos de mierda se expanden por todas partes, se intensifica la precarización y se complejizan las estrategias vitales que ya no pasan por el mercado laboral. Somos pobres de tiempo, de trabajos con sentido y los salarios no alcanzan, pero la ética del trabajo se eleva como dogma de fe.  Globalmente, la salida de «más neoliberalismo» a la que se nos ha arrojado tras la crisis de 2008 nos sitúa en un mundo de dueños —como dice Rita Segato— en el que, según Oxfam, «ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial»: el término «desigualdad» se queda muy corto. Pero además, si por un lado hemos de reivindicar una radical redistribución de la riqueza, por otro lado la destrucción medioambiental y la crisis energética nos recuerdan cada día que urge avanzar en otros modelos de producción, intercambio y consumo realmente viables, democráticos y sostenibles —especialmente en el Norte Global—. En este panorama, quedan pocas dudas que la auténtica utopía es creer que el capitalismo va a poder sostenerse mucho más sin arrasar todo a su paso: más realista, y esperanzador, resulta imaginar todo lo que podríamos hacer, y de hecho ya estamos haciendo.

Frente a la barbarie capitalista, han emergido con fuerza múltiples alternativas al trabajo asalariado como centro de la sociedad, a la productividad como único valor y a la competencia como relación básica con el mundo. Desde Nociones Comunes, os proponemos un recorrido sintético por algunas de las principales alternativas que los movimientos sociales tienen sobre la mesa. Huyendo de los debates dicotómicos y simplificadores, os proponemos un sucinto recorrido para poner a discutir las propuestas radicales —de raíz— que apuntan hacia el horizonte de una buena vida. ¿Cuáles son las premisas fundamentales de estas alternativas? ¿Qué condiciones exigiría su puesta en marcha y viabilidad? ¿En qué se complementan o se contradicen? ¿Cómo estamos siendo, y seremos, capaces de llevarlas a cabo? Estas y otras preguntas obligadas para hacernos cargo colectivamente de lo que se nos viene, para imaginar y abrir los caminos hacia una transición más allá del capital.

De Martes, 21 Noviembre, 2017 hasta Jueves, 18 Enero, 2018

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