Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Reorientar la brújula

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

El País

Ha llegado el momento de pasar de la efervescencia electoral al debate de fondo. ¿Qué grandes transformaciones económicas debemos impulsar en esta nueva legislatura?

Tano Santos y Jesús Fernández-Villaverde empujaban recientemente este debate. Algunos diagnósticos son compartidos: el nulo crecimiento de la productividad dificulta la convergencia con nuestros socios europeos, la complejidad tecnológica de nuestras exportaciones es limitada y nuestro sistema financiero está preocupantemente concentrado y poco capitalizado. Sin embargo, entre los desafíos que señalan nuestros colegas hay omisiones relevantes y debates pendientes.

En primer lugar, los economistas no podemos seguir olvidando por más tiempo la actual emergencia climática. Debemos situar en el centro de la agenda la descarbonización de nuestra economía, impulsando un programa de inversiones en energías renovables, rehabilitación inmobiliaria y movilidad eléctrica. Estas inversiones ayudarían además a sortear la desaceleración internacional, apuntalando la creación de buenos empleos.

En segundo lugar, este plan de inversiones verdes debe tener también un componente morado, que impulse infraestructuras sociales de las que carecemos y que son esenciales para avanzar en la igualdad de género. Universalizar la educación de cero a tres años, y desarrollar un verdadero sistema de dependencia, permitiría elevar la tasa de empleo de la economía y reducir la brecha salarial que sufren las mujeres.

Sorprende, en tercer lugar, que Santos y Fernández-Villaverde no hagan referencia en su artículo a la necesidad de reducir la desigualdad: ninguna transformación económica será social y políticamente sostenible si no camina de la mano de una mayor equidad. Los costes de vivir en sociedades tan desiguales están muy documentados: la desigualdad conlleva una insuficiencia estructural de demanda —con pérdidas de crecimiento potencial—, polarización política y desafección social. Contamos con instrumentos diversos, pero la profundidad del problema exige un planteamiento integral: por un lado, necesitamos cambios en las políticas de redistribución —con la articulación de un auténtico sistema de ingresos mínimos y una mayor progresividad fiscal. Pero, además, debemos transformar nuestro modelo de predistribución —con un reequilibrio de la negociación colectiva en el mercado laboral.

Esto nos lleva a un cuarto reto, que nuestros colegas tampoco mencionan: urge terminar con la precariedad, que dificulta los proyectos vitales de muchas personas y daña la productividad de nuestras empresas. La reforma laboral no ha corregido la altísima temporalidad que arrastramos desde antes de la crisis. De hecho, hoy la situación es aún peor: los contratos temporales duran 30 días menos que en 2008 y los indefinidos se han precarizado (el 40% no alcanza el año de duración).

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El trabajo, ese gran problema

Autor: Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Con frecuencia se ha utilizado la expresión “década perdida” para referirse a esta última, puesto que el PIB per cápita se mantiene actualmente en valores muy similares a los de hace diez años, antes de que se iniciase la Gran Recesión.

Sin embargo, la crisis y el proceso de crecimiento económico al que asistimos durante estos últimos años no ha afectado a todo el mundo de la misma forma. Son muchas las personas que han visto cómo sus ingresos se estancaban, pero también son muchas las que hoy viven peor que antes: siguen en una situación de desempleo estructural, o bien sus salarios han retrocedido, están afectadas por elevados niveles de precariedad y carecen de expectativas de mejora.

Para la mayoría de la gente, el trabajo sigue siendo un enorme foco de preocupación e inseguridad. O bien porque carece de trabajo –y por tanto de ingresos–, o bien porque el trabajo que tiene es enormemente precario e inestable, o bien porque –para buena parte de la población empleada– trabajar es sinónimo de largas jornadas laborales difícilmente compatibles con la vida familiar y personal. Por acción o por omisión, por activa o por pasiva, el trabajo sigue siendo “un gran problema” para millones de personas en nuestro país.

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New Deal verde, y morado

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El Confidencial

Salimos de la crisis con una nueva sociedad en la que millones de personas han visto no solo cómo se erosionaban sus condiciones económicas y laborales, sino también cómo se quebraban su seguridad y sus expectativas vitales. Las políticas adoptadas durante la última década han llevado a que el crecimiento económico se desconecte del bienestar social, de forma que la mera creación de empleo ya no basta para proporcionar certezas y facilitar un proyecto de vida.

El contrato social está roto en nuestro país desde que las “reformas estructurales” de la Troika se lo llevaron por delante. Y construir uno nuevo, adaptado a las necesidades del siglo XXI, que recomponga nuestra sociedad y revitalice la condición de ciudadanía exigirá determinación para encarar las grandes transformaciones que necesitamos. Porque, como bien señala Antón Costas, los periodos no convencionales requieren de políticas no convencionales para restablecer la convivencia.

El nuevo contrato social que hay que poner en pie debe poner la vida en el centro de la política económica: crear empleo de calidad, garantizar la sostenibilidad ecológica, asegurar las expectativas de futuro y avanzar hacia un reparto igualitario del trabajo. Estos tienen que ser sus objetivos prioritarios.

Son muchas las voces –desde Thomas Piketty hasta la congresista demócrata Ocasio-Cortez– que hoy plantean la necesidad de un New Deal verde, y con razón. Luchar contra el cambio climático y evitar el calentamiento global es un desafío urgente e ineludible, si queremos preservar la vida en el planeta tal y como la conocemos.

Pero el New Deal que necesitamos para reconstruir el contrato social no solo es verde. También debe ser morado, porque solo escuchando el mensaje que el feminismo está poniendo sobre la mesa podremos avanzar en transformaciones que verdaderamente modernicen nuestra sociedad en beneficio de la mayoría social, garantizando horizontes de estabilidad y bienestar para quienes hoy viven con proyectos vitales cercenados.

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Avanzar o retroceder

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Suele decirse que las democracias liberales se han construido sobre tres pilares: sistemas parlamentarios que articulan el pluralismo político gracias al sufragio universal, reconocimiento de derechos civiles fundamentales y separación de los poderes del Estado. No obstante, se olvida a menudo un cuarto pilar sin el cual no hubiese sido posible la consolidación ni la legitimación de nuestras democracias: los derechos sociales y laborales.

En España el nacimiento y consolidación de la democracia le debe tanto o más al movimiento obrero organizado que a los liberales de las Cortes de Cádiz. Entre unos y otros levantaron esos cuatro pilares. Pero estos avances nunca son definitivos, siempre están sometidos a la correlación de las fuerzas sociales y económicas, existiendo riesgos de involución parcial. De hecho, hoy vemos cómo esos riesgos reaparecen en nuestro país y nos colocan ante una encrucijada.

Las duras medidas de ajuste impuestas a la mayoría social para gestionar la crisis han tenido como consecuencia la liquidación del contrato social constitucional, erosionándose el cuarto pilar de nuestra democracia. La generalización de la precariedad, el miedo y la desafección han sido el resultado de dicha deflagración.

En este contexto han emergido dos respuestas, de signo muy distinto, que compiten hoy por gestionar el campo político y reconstruir nuestra sociedad en una u otra dirección.

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Tiempo de descuento

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

La aprobación este jueves del objetivo de estabilidad presupuestaria da el definitivo pistoletazo de salida al trámite para la discusión de los Presupuestos Generales del Estado.

Como es sabido, estos presupuestos llegan al Congreso respaldados por un acuerdo previo entre Unidos Podemos y el Gobierno con el que se empieza a dejar atrás la austeridad. Los principales pilares de ese acuerdo son ya públicos: el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, una reducción de las tasas universitarias a los niveles previos a la crisis, la eliminación de los copagos y un aumento importante del presupuesto en dependencia.

Asimismo, se incrementa la prestación por hijo a cargo, progresa la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, y se impulsa la educación entre los 0-3 años, tan necesaria para la igualdad de género. Estos avances serán financiados con una fiscalidad más justa —se eliminan algunos privilegios que favorecen a las rentas más altas—, y vienen además rubricados por una subida del SMI a 900 euros mensuales.

Pasar la página de una austeridad que ha dañado la cohesión social y el crecimiento potencial de la economía —dejando profundas cicatrices— es sin duda necesario. Pero la importancia de los Presupuestos que se van a discutir a partir de enero va mucho más allá.

Estamos en el tiempo de descuento de la legislatura actual. En el caso de que estos Presupuestos no se aprueben, las reformas anteriores no echarán a andar. Y estaremos además abocados a un adelanto electoral que bien podría ofrecer un resultado similar al que ha tenido lugar en Andalucía.

El problema de que un resultado análogo se produzca en el conjunto del país no es “que ganen las derechas”, algo evidentemente democrático y legítimo. El problema es que ganarían unas derechas hoy por hoy secuestradas por la extrema derecha, lo que conllevaría riesgos evidentes de involución democrática en nuestro país.

Precisamente por ello, quienes defendemos la idea de que el ciclo político que se abrió con el 15-M debe terminar alumbrando un proceso de profundización democrática —basado en el fortalecimiento de los derechos sociales y en la convivencia plurinacional— tenemos un reto enorme. O se consolida la mayoría política y social que se articuló en torno a la moción de censura, o se aborta el proceso de cambio.

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La paradoja de la deuda (o cómo evitar caer de nuevo en el error de la austeridad)

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

Agenda Pública

El análisis macroeconómico nos enseña que los comportamientos que parecen razonables cuando se analizan a nivel individual pueden dar lugar a resultados distintos a los esperados cuando se generalizan en el conjunto de la economía, o cuando quien los adopta es un agente con tanta capacidad para influir en la situación global de la economía como el sector público. Normalmente, nos referimos a estas situaciones como paradojas, y el economista canadiense M. Lavoie señala siete bien conocidas (aquí). Una de ellas es la paradoja de la deuda, que aplicada al caso de la política económica nos diría que los intentos de reducir la ratio deuda/PIB congelando o reduciendo el gasto público pueden acabar, de hecho, elevándola.

Esto es mucho más que una curiosidad teórica: ha ocurrido recientemente, y puede volver a pasar en España si seguimos las recomendaciones que están haciendo instituciones como la Comisión Europea (aquí), el Fondo Monetario Internacional (aquí) o el Banco de España (aquí).  Veamos por qué.

Los cambios en el cociente de la deuda pública sobre el PIB se pueden descomponer en dos efectos. El primero está vinculado al déficit o superávit primario del Estado; es decir, a la diferencia entre el gasto público (excluido el pago por intereses de la deuda) y los ingresos públicos. Si hay déficit, el cociente deuda/PIB tiende a aumentar, porque el Gobierno tiene que emitir nuevos títulos en el mercado primario (dado que, actualmente, el banco central tiene prohibido prestar directamente al Estado). Si lo que se registra es un superávit primario, ocurre lo contrario: la ratio deuda/PIB tiende a reducirse.

Pero también hay un segundo efecto, que suele denominarse bola de nieve, y que puede ser positivo o negativo. Por un lado, el Gobierno tiene que pagar los intereses de la deuda actual, y esto eleva el gasto y la necesidad de emitir nueva deuda. En sentido contrario, si el PIB está creciendo, estos pagos supondrán un porcentaje cada vez menor de la renta. Por tanto, el efecto bola de nieve tiende a reducir el peso de la deuda pública en el PIB cuando la tasa de crecimiento de la economía es mayor que el tipo de interés, y viceversa.

Planteado de esta forma, si lo que se quiere conseguir es una reducción de la ratio deuda/PIB, la recomendación de limitar el gasto público para tener superávits primarios parece una recomendación razonable. Sin embargo, esto sólo es cierto si lo que el Gobierno decide con su política fiscal no tiene efectos en la tasa de crecimiento de la economía, o si este efecto (lo que llamamos el multiplicador del gasto público sobre el PIB) es pequeño. En caso contrario, puede ocurrir que lo que gana el Gobierno con el superávit primario (emitir menos deuda en términos nominales) lo pierda provocando un parón de la actividad económica (se reduce el denominador del cociente y hace que el efecto bola de nieve sea negativo).

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Construir un colchón fiscal

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España insisten últimamente en la necesidad de volver a ajustar el gasto público, ahora para disponer de un “colchón fiscal” para cuando llegue la próxima crisis. Sin embargo, construir este margen fiscal siguiendo el camino que marcan estas instituciones impedirá afrontar dos retos económicos ineludibles. El primero tiene que ver con la necesidad de modificar el patrón de salida de la crisis que estamos experimentando: el crecimiento económico no termina de llegar a millones de hogares —a pesar de la creación de empleo—, las desigualdades se mantienen en niveles elevados y se refuerza nuestra especialización en sectores poco productivos. El segundo reto viene dado por la paulatina desaceleración internacional que se espera para los próximos trimestres, y que podría complicar la situación económica. Volver a ajustar a la baja el gasto público no hará sino agravar ambos problemas.

Hay no obstante otra vía alternativa para construir el colchón fiscal que la economía necesita: iniciar las primeras fases de una reforma tributaria que sirva para aumentar los ingresos del sector público. Esta segunda vía, al no cargar los ajustes sobre el gasto, permitirá enfrentar con más garantías los dos retos mencionados. Por un lado, facilitará recursos para poner la política fiscal al servicio de la lucha contra la desigualdad —reforzando el Estado del bienestar—. Además, los nuevos ingresos ayudarán a financiar políticas de inversión que permitan sostener la actividad económica y modernizar el tejido productivo.

El reciente acuerdo alcanzado entre Unidos Podemos y el Gobierno pretende abrir esta segunda vía, realizando un esfuerzo para aproximar nuestra recaudación tributaria a la de los países de la eurozona. En España, los ingresos del sector público suponen el 38% de nuestro PIB, mientras que dicha ratio se eleva hasta el 46% para la media de la eurozona. No obstante, el problema de nuestro sistema fiscal no radica en que tengamos tipos nominales muy inferiores a los que existen en los países de nuestro entorno. Son fundamentalmente el fraude, la elusión y toda una panoplia de deducciones y exenciones las causas que en buena medida explican la menor recaudación, y que llevan a una desfiscalización de las rentas más elevadas.

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El FMI pide continuidad, pero España necesita cambio

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Hay dos motivos para estar preocupados por el momento actual de la economía española, y que nos invitan a compartir algunas reflexiones sobre la necesidad de un cambio de rumbo de las políticas económicas.

En primer lugar, todos los indicadores, y las previsiones de los organismos oficiales o los institutos privados, coinciden en señalar que las tasas de crecimiento próximas al 3% registradas por la economía española desde 2015 tocan a su fin, y que es probable que estemos entrando en un periodo de “desaceleración”. Esto es preocupante, porque aún tenemos tasas de paro próximas al 16% (media anual) y muchas personas todavía no han recuperado los niveles de renta anteriores a la crisis. Si España reduce significativamente su crecimiento, estas dos situaciones se mantendrán en los próximos años. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook, octubre 2018) prevé que la tasa de paro española se estabilice en el 14% entre 2020 y 2023, una situación que no podemos asumir.

Pero más allá del cambio de ciclo que se aproxima, hay un segundo motivo para la preocupación, aún más importante. Contrariamente a lo que se dice, la recuperación del crecimiento a partir de 2014 reproduce muchas de las debilidades tradicionales de nuestra economía y viene acompañada de algunos rasgos ciertamente negativos para la mayoría: está basado en la cronificación de la precariedad laboral y el estancamiento salarial; precisamente por ello, y por el desmantelamiento del Estado de Bienestar ocurrido durante los peores años de la austeridad, la desigualdad se ha agrandado primero y estancado después, rompiéndose el vínculo entre crecimiento y progreso social; se está reproduciendo la especialización en sectores que lastran el crecimiento de la productividad; y no se están abordando con suficiente decisión dos retos tan importantes como la brecha de género, en todas sus manifestaciones, y la lucha contra el cambio climático.

Constatar estas dos preocupaciones nos lleva a plantear dos retos inmediatos para la política económica. En primer lugar, es necesario “sostener el crecimiento” –con medidas que contrarresten la desaceleración y permitan reducir rápidamente el desempleo–. Pero además, es imprescindible tomar medidas para empezar a “transformar el crecimiento” y lograr que nuestra economía cambie su modelo de desarrollo. El reciente acuerdo firmado entre Unidos Podemos y el Gobierno es precisamente un primer paso en esta dirección.

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Nueva agenda económica

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

La reciente visita del FMI a nuestro país ha servido para que sus funcionarios vuelvan a insistir, una vez más, en su particular “narrativa de la recuperación” española: según ellos, esta es el fruto de exitosas reformas estructurales que no solo hay que preservar, sino también ampliar.

Sin embargo, cuando el FMI dice que “la mayor flexibilidad laboral, fruto de la reforma del mercado de trabajo, ha sustentado la recuperación”, lo hace sin suficiente soporte empírico. Se trata de una mera afirmación ideológica.

Porque la realidad es que la reforma laboral de 2012 no ha modificado la relación entre empleo y PIB: la evolución del empleo desde 2014 ha respondido al crecimiento del PIB en la misma proporción que en otros periodos expansivos de la economía española. Eso sí, gracias a esa reforma el empleo que ahora se crea es precario y mal pagado.

El mayor crecimiento del empleo en España no lo explican las reformas laborales ni la devaluación salarial, sino nuestra mayor sensibilidad al ciclo. Todas las recuperaciones de las últimas décadas se han producido con un ritmo de crecimiento económico y de creación de empleo superior al de los países de nuestro entorno. De hecho, este es un rasgo preocupante de nuestra estructura: crecemos más en las expansiones y destruimos más en las recesiones.

Pero además de sus viejas “ideas zombie” –esas que, según Krugman, uno mata muchas veces porque son nocivas, pero siguen reapareciendo para hacer daño–, el FMI nos dejó un nuevo recado. Dado el elevado nivel de endeudamiento público de España, y la inminente desaceleración internacional, nuestro país debe intensificar el ajuste presupuestario mediante medidas de mayor contención del gasto público. El Partido Popular y Ciudadanos se apuntan también a esta nueva exigencia de austeridad.

Bien al contrario, lo que necesita la economía española no es persistir en el error de las recetas que durante esta década perdida han profundizado la recesión y han retrasado la recuperación. Nuestro país precisa una nueva agenda de política económica, que marque un punto de inflexión con el pasado y abra un nuevo camino, como el que hemos iniciado con el reciente acuerdo entre Unidos Podemos y el Gobierno.

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Beneficios que nos dejan a oscuras

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El Confidencial

Pagar la factura de la luz se ha convertido en algo muy complicado para millones de familias: entre 2006 y 2016, la factura del consumidor medio ha subido un 70% en nuestro país. Y en los últimos meses, el ritmo de esta subida se ha acelerado tanto —un 11%, entre agosto de 2017 y agosto de 2018— que la situación se ha hecho ya insostenible.

Con el invierno aproximándose, el nuevo Gobierno adoptó el pasado 5 de octubre medidas urgentes en un real decreto ley. Algunas de ellas —por ejemplo, la eliminación del ‘impuesto al sol’— eran muy necesarias desde hace tiempo. Sin embargo, el Gobierno dejó pasar una buena oportunidad para proteger a los consumidores. Por un lado, las modificaciones en el bono social eléctrico y las medidas aprobadas para luchar contra la pobreza energética fueron muy limitadas. Por otro, la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica no solo tendrá un impacto pequeño en la factura de la luz, sino que además ignora las raíces del problema.

Hace falta tomar medidas inmediatas, en eso no se equivoca el Gobierno. Pero estas deben ser eficaces y, al mismo tiempo, deben abordar el problema de fondo, que no es otro que la disfuncionalidad del mercado eléctrico y la actuación en régimen de oligopolio de las grandes empresas del sector.

El reciente acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos incluye una medida que cumple estos requisitos —ser eficaz para atajar hoy mismo la subida de la luz y útil para frenar las prácticas oligopólicas—. Se trata de la fijación de un límite máximo al precio al que las centrales hidroeléctricas y nucleares pueden cobrar la electricidad en el mercado. La diferencia entre el precio de mercado y ese límite se consideraría un ingreso del sistema eléctrico y sería destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores. Seguir leyendo…

Avanzar con decisión

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Las políticas de austeridad fiscal del Partido Popular nos han dejado un maltrecho Estado de bienestar. Sin embargo, la moción de censura ha creado una oportunidad para recuperar el terreno perdido, y el acuerdo alcanzado entre Sánchez e Iglesias empieza a materializar dicha posibilidad.

Todo proceso de reconstrucción lleva su tiempo, por eso, el camino debe iniciarse con decisión. La restauración de los servicios públicos, la restitución de los derechos perdidos —y también su extensión— deben ser auténticas, no pueden quedarse en meros giros discursivos. Por eso, Podemos exigió en julio una verdadera negociación sobre las políticas económicas y presupuestarias, antes de discutir y aprobar el techo de gasto.

Ahora esa negociación empieza a dar sus frutos. Hemos acordado ya una hoja de ruta para derogar los reales decretos con los que Rajoy asestó en 2012 duros recortes a la sanidad, la educación o la dependencia. Igualmente, nuestra agenda común contempla volver a indexar el crecimiento de las pensiones con la inflación y eliminar el copago farmacéutico. También avanzar en derechos de nueva creación, como la educación de cero a tres años, o la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.

Pero para que esto se haga efectivo España debe dejar de ser “el país del 38%”. Dicha cifra representa nuestra ratio de ingresos públicos respecto al PIB: ocho puntos por debajo de la eurozona. Si España recaudase con la eficiencia media con la que recaudan los países de nuestro entorno, las arcas públicas dispondrían anualmente de 80.000 millones de euros adicionales. Recaudar, sin embargo, como recaudan los países bálticos o los balcánicos conlleva que la reducción del déficit público se fíe sistemáticamente a la contención de un gasto que ya se sitúa seis puntos del PIB por debajo de la media de la eurozona.

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Pedro Sánchez y el trilema de la voluntad política

Autor: Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es

En la década de 1960, los economistas Robert Mundell y Marcus Fleming desarrollaron una hipótesis que rápidamente se convertiría en piedra angular de la macroeconomía abierta: una economía no puede mantener simultáneamente tipos de cambio fijos, libre movilidad de capitales y una política monetaria autónoma. Esta “trinidad imposible” señalaba que era inviable alcanzar al mismo tiempo los tres objetivos, y uno debía descartarse.

Años después, Dani Rodrik, el conocido economista de Harvard, volvía a utilizar esta metáfora para referirse al “trilema de la globalización”. No se puede optar al mismo tiempo por la globalización económica, la soberanía nacional y la democracia política, de forma que la búsqueda simultánea de las tres alternativas conlleva necesariamente el debilitamiento de alguna de ellas.

Según Rodrik, conservar niveles elevados de soberanía nacional y democracia interna exige una integración selectiva y parcial en la globalización. A la inversa, un país plenamente integrado en la globalización económica tendrá que sacrificar elementos cruciales de su soberanía o, peor aún, de su democracia.

Algunos autores han querido entender a partir de este trilema la crisis que atraviesa la socialdemocracia desde hace varias décadas. Parte de razón no les falta: las fuerzas desatadas por la mundialización del capital y la libre movilidad financiera han dificultado el avance, e incluso la continuidad, de políticas de corte socialdemócrata.

Sin embargo, comprender la crisis que atraviesa hoy la socialdemocracia exige pensar, al menos, en otro trilema adicional: el trilema de la voluntad política. Este trilema quizá podría formularse –en términos de Economía Política Internacional– del siguiente modo: en los países periféricos de la zona euro no parece viable satisfacer al mismo tiempo las exigencias de la ciudadanía, las exigencias de las élites nacionales y las exigencias financieras internacionales (cristalizadas en las normas de Bruselas). Hay que elegir y descartar, al menos, uno de estos tres vértices (o, en este trilema, incluso dos).

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Segunda oportunidad

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

En política, como en la vida, rara vez tenemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. En algunas ocasiones, sin embargo, las circunstancias nos ponen nuevamente ante la misma tesitura.

Este es precisamente el caso del techo de gasto elaborado por el Gobierno. El Congreso lo rechazó a finales de julio, con la abstención de todo el bloque que apoyó la moción de censura, salvo el PNV. Sin embargo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe remitir a las Cortes una nueva propuesta en el plazo de un mes. Debemos aprovechar esta segunda oportunidad y hacer un esfuerzo para llevar el barco a buen puerto. Pero clarifiquemos antes la situación.

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The myth of Spanish economic recovery

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

Brave New Europe

In the international media we read repeatedly of the supposed “Spanish miracle”. The Spanish economy has been growing again for several years now, and it is growing significantly faster than other euro-zone economies.

International financial institutions and the European Commission are trying to disseminate the message that fiscal austerity and labour market flexibility have proved successful in Spain.  But that message is untrue, and it ignores some of the following fundamentals.

Firstly, the fiscal and wage cuts imposed by Brussels prolonged the economic crisis needlessly by reinforcing its depressive effect. It was precisely these cuts – as of 2010 – that determined the second phase of the crisis. The insistence, by the government of prime minister Mariano Rajoy, on policies between 2012 and 2014 that reduced the level of domestic demand, meant that Spain lost a decade of growth: it has taken ten years for the country to reach the level of GDP per capita it had before the crisis, and it has only recovered half of the jobs that were destroyed during that period.

Moreover, wage cuts and fiscal austerity have not only failed to drive the recovery, they have also deepened other problems. They have increased social inequality, eroded key public services and delayed public investment, including in research and development.

Secondly, the factors that explain the economic growth of recent years should be analysed carefully. Indeed, the Spanish economy is growing at 3% in annual terms, approximately one point above the euro-zone average. But, that is not the result of either wage cuts or fiscal austerity.

The deregulation of the labour market has supposedly boosted recovery in two ways. . According to the analyses of the European Commission and mainstream economists, lowering the cost of severance pay and cutting wages should have translated into greater job creation, boosting private consumption. Furthermore, labour reforms implemented in previous years should have increased Spain´s price-competitiveness and led to a recovery driven by the export sector.

But the reality of the Spanish economy does not confirm either of these two policies. To begin with, labour reforms have not displaced the Okun curve: the relationship between the rate of job creation and economic growth has not changed, so that in periods of economic growth our economy continues to  create jobs rapidly – of poor quality – only to destroy them just as rapidly in times of crisis. That is, there is no trade-off between employment and wages.. What has happened in recent years, however, and this is probably the main effect of the labour reform, is that collective bargaining has become rebalanced in favour of companies, and the new jobs created set wages even lower. The duration of contracts has also been greatly reduced and the quality of jobs has deteriorated.

Moreover, the idea that wage devaluation has generated competitiveness gains and an export boom cannot be substantiated. The rate of growth of exports during the period 2010-2017, although significant, is very similar to the one we had in 2000-2007, despite the fact that relative labour costs were increasing at the time. The main reason for this is that the development of exports basically depends on external demand. Wage reductions have hardly translated into a reduction in relative export prices. This reduction in wages has been squandered and simply gone to increasing the profits of exporting companies.

Other factors explain the recent rapid growth of the Spanish economy. In its Annual Report for 2017, the Bank of Spain attributes much of the faster growth in 2015-16 to the European Central Bank’s (ECB’s) monetary policy and the sharp fall in oil prices. Both factors are beyond the reach of government policy. According to the Bank of Spain these factors explain about half of the additional growth experienced by the Spanish economy during the actual recovery (Figure 1).

Figure 1: GDP in Spain and in the Euro area (Annual rates of change)

Source: Bank of Spain, Annual Report 2016, pp: 48.

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Ampliemos el espacio de lo posible

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Pronto se iniciará la discusión de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Primero, con el debate sobre el techo de gasto que el Gobierno debe llevar a las Cortes. Y, en otoño, con la discusión parlamentaria de los propios Presupuestos.

El Gobierno, y las fuerzas políticas que hemos impulsado la moción de censura, tenemos el reto de aprobar unos Presupuestos que abran una nueva etapa, con una estrategia completamente diferente de la del Partido Popular.

Entre 2012 y 2014, el PP aplicó durísimos recortes del gasto y la inversión. Durante el periodo de 2015 a 2017, los recortes se frenaron, pero no se revirtieron. En esa línea, la estrategia del último Programa de Estabilidad remitido por Rajoy a Bruselas contemplaba disminuir el déficit mediante una reducción del peso del gasto público en la economía, alejándonos aún más de la media europea.

Sería un dramático error que el Gobierno de Pedro Sánchez haga suyo este planteamiento, dado que nuestra economía necesita una estrategia fiscal que vaya en la dirección opuesta. Además, Sánchez demostraría no haber entendido el enorme impacto político que la austeridad fiscal ha tenido en Europa, y en la propia crisis de la socialdemocracia.

Nuestro país bajó un escalón como consecuencia de las políticas de austeridad, y necesitamos volver a subirlo. Ahora bien, el cambio de política económica que planteamos no pasa simplemente por “gastar más”, sino por atender a las necesidades reales de nuestra economía.

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La reforma de la Eurozona: más allá de la cosmética

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

El Mundo

Desde hace tiempo vienen sucediéndose distintas propuestas para reformar la gobernanza del euro, como las que ha formulado la Comisión Europea o a la que lanzó E. Macron en 2017, aunque su alcance se ha limitado muy sustancialmente tras el acuerdo con A. Merkel. Reconózcase abiertamente o no, lo que esto pone de manifiesto es una profunda insatisfacción por los resultados cosechados desde la creación de la unión monetaria, particularmente después de la crisis y de las políticas aplicadas durante esta “década perdida”.

España ha tardado diez años en recuperar el PIB que tenía en 2007, la economía griega se ha reducido un 25% e Italia presenta hoy un PIB per cápita inferior al que tenía antes de entrar en el euro. Las tasas de desempleo han alcanzado niveles estratosféricos, la calidad del nuevo empleo creado es muy deficiente -fruto de las reformas laborales impuestas- y los servicios públicos fundamentales se han erosionado.

Millones de ciudadanos europeos -particularmente en los países periféricos, pero no sólo- han constatado que la austeridad fiscal y la contención salarial son políticas económicas profundamente enraizadas en la propia unión monetaria. Más aún, como ilustra el último libro de Yanis Varoufakis, las principales decisiones se han adoptado -e impuesto- sin un debate genuinamente democrático sobre las opciones disponibles, y frecuentemente al margen o en contra de los propios parlamentos nacionales, representantes de la soberanía popular.

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Moción de censura: pasar página, también en lo económico

Autor: Nacho Álvarez Peralta, Jorge Uxo y Alberto Montero Soler

El Confidencial

En estos momentos previos a la moción de censura, el Gobierno se esfuerza en trasladar un mensaje a la ciudadanía y al resto de fuerzas políticas: deben ustedes elegir entre nosotros, o la inestabilidad económica y el fin de la recuperación.

Esta supuesta elección es falsa. El ejecutivo de Rajoy no sólo es un gobierno enfangado en un lodazal de corrupción, que amenaza con erosionar profundamente nuestra democracia. Es, además, un gobierno que deja tras de sí una legislatura estéril en materia económica, cuando no contraproducente.

Las principales medidas de este gobierno en materia económica tuvieron lugar en la legislatura anterior. Después de 2015 el Gobierno apenas ha legislado en este campo.

Así, Rajoy sigue vendiendo como su principal triunfo económico una reforma laboral, la de 2012, que habría supuestamente permitido impulsar la recuperación, crear empleo y dinamizar el sector exportador. Ya sabemos que el empleo que se está creando –como consecuencia precisamente de la reforma laboral– es un empleo muy precario e inestable. Pero además, dicha reforma no ha alterado la relación existente entre el ritmo de creación de empleo y el crecimiento económico: es similar al existente en las décadas previas a la crisis. Es decir, que en periodos de crecimiento económico nuestra economía seguirá creando rápidamente empleo –de mala calidad– para pasar a destruirlo rápidamente, como ha sucedido hasta la fecha, en momentos de crisis.

Además, la tasa de crecimiento de las exportaciones durante el periodo 2010-2017 es muy similar a la que tuvimos en 2000-2007: la idea de que la devaluación salarial ha generado ganancias de competitividad y un boom exportador no se puede sostener. De no ser por la evolución de los precios del petróleo, hoy volveríamos a tener los tradicionales desajustes externos de nuestra economía.

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Gobernar la digitalización en favor de la mayoría

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

#lacircular

Como señalaba Dani Rodrick, el debate sobre las consecuencias sociales y económicas del proceso de “digitalización” está muy polarizado: los “tecno-optimistas” piensan que estamos en la antesala de grandes crecimientos de la productividad que permitirán un aumento de los niveles de vida sin precedentes; los “tecno-pesimistas” afirman que es difícil que la digitalización acabe produciendo los aumentos de productividad que se le atribuyen; por último, los “tecno-preocupados” coinciden en que el efecto de las nuevas tecnologías sobre la productividad será de gran escala, pero piensan que, precisamente por eso y por sus características, acabarán provocando grandes pérdidas de empleo y de bienestar para una parte importante de la población.

Nuestro enfoque no se reconoce en ninguna de estas tres posiciones.

En primer lugar, aunque aún está por ver su dimensión exacta, sí creemos que este tipo de innovaciones acabarán cambiando el modo de producir en muchos sectores, y acelerarán la productividad en los próximos años (al menos en dichos sectores). Esto debemos verlo como una oportunidad: será posible aumentar la renta per cápita con las mismas horas de trabajo, o garantizar niveles similares de renta per cápita con jornadas laborales más cortas. Pero también es un desafío que España debe atender con las políticas industriales adecuadas para no quedar relegada.

A su vez, este proceso puede plantear algunas amenazas, lo que requiere que se gobierneadecuadamente para asegurar no sólo que la productividad crece, sino que este aumento se reparte equitativamente y se traduce en cambios favorables para la mayoría.

La amenaza que se analiza con más frecuencia es la de la posible aparición de un elevado “desempleo tecnológico” como consecuencia de que los robots sustituyan al trabajo humano en muchas ocupaciones. Sin embargo, como ya se ha explicado también en otros números previos de La Circular, la robotización no tiene por qué producir una destrucción masiva de empleo.

Sin ir más lejos, entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los años 70, los países desarrollados vivieron años de crecimiento elevado de la productividad –asociada a la fuerte mecanización del proceso productivo–, pleno empleo y aumentos de los salarios reales, como vemos en la siguiente figura. Esta “compatibilidad” entre desarrollo de la productividad y crecimiento del empleo se explica, primero, porque a la vez que crece la productividad puede reducirse la duración de la jornada laboral media. Además, la posibilidad de obtener la misma producción con menos horas de trabajo no tiene por qué suponer que el número total de horas de trabajo se reduzca, siempre y cuando se produzca, de forma simultáneamente, un aumento de la demanda, la expansión de nuevos sectores y, por tanto, de la actividad económica.

Productividad y empleo (1950 = 100) y tasa de paro en Estados Unidos

Fuente: Federal Reserve Economic Data.

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34 horas: vivir, conciliar, trabajar

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

#lacircular

Cómo organizamos y cómo distribuimos el tiempo tiene una influencia decisiva en nuestras vidas. Las decisiones que podamos adoptar colectivamente sobre estas cuestiones están cargadas de una potencia transformadora muy importante. Por ello, queremos impulsar este debate y conceder a la distribución entre el “tiempo de trabajo” y el “tiempo personal”, un protagonismo mucho mayor del que actualmente recibe en las discusiones de política económica. Hay buenas razones para ello.

En primer lugar, la jornada laboral –medida por el número de horas de trabajo anuales por persona ocupada– ha seguido históricamente una tendencia a la baja, conforme se iban produciendo mejoras en la productividad. Por ejemplo, en España la jornada laboral suponía unas 2.800 horas de trabajo al año a principios del siglo XX, y actualmente está ligeramente por debajo de las 1.700 horas. Pero en el gráfico también podemos ver que si bien entre 1970 y 1990 hubo un intenso proceso de reducción del número de horas anuales de trabajo (casi un 13%), esta tendencia se detuvo entonces, y hoy la jornada anual es sólo un 3% más baja que hace 30 años. De hecho, en España se trabaja de media 118 horas más al año que en el conjunto de la UE-15.

Pero, en segundo lugar, el hecho de que -por término medio- dediquemos más tiempo en España al trabajo productivo que en otros países europeos es compatible con una importante discriminación por género también en la duración de las jornadas. Por un lado, un 28,5% de los hombres declara tener una jornada en su puesto de trabajo habitual superior a las 40 horas semanales, frente a un 15,5% de las mujeres. Por otro lado, el fuerte crecimiento en el trabajo a tiempo parcial que se ha producido en los últimos años se ha concentrado en las mujeres. Un 70% de las contrataciones a tiempo parcial son de mujeres, de las cuales más de la mitad son involuntarias. Además, en el 20% de los casos el empleo a tiempo parcial de las mujeres está asociado al desigual reparto de los cuidados (en los hombres no llega al 5%).

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Por una nueva política fiscal

Autor: Nacho Álvarez Peralta

Contexto Económico (Agenda Pública)

La política fiscal constituye el tuétano de la política económica. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sintetizan, mejor que ninguna otra herramienta, las prioridades políticas de un Gobierno.

Estos Presupuestos, presentados con medio año de retraso y todavía sin los apoyos suficientes para su aprobación, evidencian la debilidad del Ejecutivo de Rajoy. Pero lo que es aún más preocupante, desvelan la ausencia de proyecto que certifica una legislatura perdida en esta materia, incapaz de aprovechar el crecimiento a favor de los cambios que nuestra economía necesita. Esto es así por dos motivos.

En primer lugar, estos Presupuestos siguen sin revertir los recortes en los servicios públicos y la inversión que el Gobierno aplicó en los años de plomo de la austeridad, con costes económicos y sociales muy elevados.

El techo de gasto no financiero contemplado en la propuesta del PP y Ciudadanos para 2018 está 60.000 millones de euros por debajo del que nuestra economía tenía en 2010. Y la inversión pública se encuentra ya en su nivel más bajo desde hace 50 años en proporción al PIB (1,9%), 30.000 millones de euros inferior al que tenía cuando empezó la crisis. Recuperar esta inversión pública y dirigirla a promover un nuevo tipo de crecimiento debiera concretarse en un plan a corto y medio plazo del que no hay señal alguna.

Así, mientras el Producto Interior Bruto se incrementa en este momento en unos 48.000 millones de euros al año, el Gobierno mantiene prácticamente congelado el techo de gasto del Estado, alejándonos de Europa. En la eurozona, la ratio gasto público/PIB se sitúa en el 47%, y en España la política fiscal gubernamental la ha reducido hasta alcanzar, con este proyecto presupuestario, el 40%. En definitiva, la propuesta que PP y Ciudadanos trasladan a la ciudadanía es la de tener un Estado de Bienestar ‘asistencialista’, una Administración incapaz de promover eficazmente la innovación y una inversión pública muy insuficiente para acometer los desafíos que tenemos.

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Devaluación salarial. ¿Respuesta a los desequilibrios por cuenta corriente o a la crisis bancaria?

Autor: Eladio Febrero, Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

La Paradoja de Kaldor

¿Por qué se adoptaron las reformas laborales de 2010 y 2012 en España?

Oficialmente, estas reformas son parte de la respuesta a la crisis que ha afectado a la economía española desde finales de 2008 hasta 2013, y su implementación debe considerarse en el marco de la pertenencia a la Unión Europea y al euro. La lógica que se les presupone es, al menos, doble. Una es de carácter muy general (neoclásica): al liberalizar el mercado de trabajo los costes de contratar este factor se reducen, lo que resulta en un aumento del empleo (por un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda de trabajo). La otra es recuperar la competitividad perdida a lo largo de la década de prosperidad entre 1997 y 2007.

En este artículo nos centramos en esta segunda justificación.

La necesidad de recuperar competitividad se enmarca en el análisis ortodoxo de que la crisis en España tiene su origen en un elevado volumen de deuda externa, provocada por la acumulación de unos elevados déficit por cuenta corriente que, a su vez, están causados por unos costes laborales unitarios excesivos. Esta es la versión oficial.

En estas líneas queremos reflexionar sobre este relato oficial, abordando las siguientes cuestiones:

  • ¿Son realmente los déficit por cuenta corriente los principales causantes de la abultada deuda externa española?
  • ¿Es la reducción de los salarios, unida a la consolidación fiscal, una medida acertada para salir de la crisis y evitar que el mismo problema vuelva a repetirse?

Avanzamos que la respuesta a ambas preguntas es negativa. Nos centramos en la economía española, en el período 2002-2017.

Respecto a la primera cuestión, nos parece conveniente señalar que, a la hora de considerar la deuda externa en un contexto de crisis, es más relevante el concepto de deuda bruta -aproximadamente el 167% del PIB- que el de deuda neta -en torno al 85%-. Entre otras cosas, porque, parafraseando a Obstfeld (2012) es posible que en caso de un sudden stop, con la consiguiente paralización en la entrada de capitales en el país, “… los activos de mi vecino no estén disponibles para pagar mi deuda”.

Si la deuda bruta es el concepto relevante, entonces deberíamos prestar más atención a los flujos brutos de capitales que a los netos. Sugerimos dos motivos. Por un lado, tenemos una fuerte evidencia empírica que apunta a que los flujos brutos de entrada y salida de capitales están positivamente correlacionados entre sí, y negativamente con el VIX -una medida de la incertidumbre-. Es decir, los flujos brutos de deuda son procíclicos, mayores y más volátiles que los flujos netos (Broner et al., 2013, Rey, 2013). Una consecuencia de esto es que es posible que crezca la vulnerabilidad externa al tiempo que la balanza por cuenta corriente se mantiene equilibrada, o incluso con superávit.

Por otro lado, los flujos netos no nos informan de las pautas y canales de financiación a nivel internacional. Como han señalado Borio y Disyatat (2011, 2015) lo que se financia es la deuda, no los déficit comerciales. En este sentido, se detecta con carácter general una alta correlación entre el crédito bancario, el precio de los activos -financieros e inmobiliarios- y el flujo de entradas brutas de capitales (Adjiev et al. 2012, Rey, 2013). Y aunque es frecuente observar situaciones en las que el crédito crece al tiempo que se incrementa el déficit por cuenta corriente, no es difícil encontrar lo opuesto (Hume y Sentance, 2009).

En definitiva, y sobre la base de lo anterior, frente al argumento de que la deuda externa se explica por los déficit por cuenta corriente y por la pérdida de competitividad, aquí proponemos otra interpretación de lo sucedido en la economía española:

  • Los bancos españoles han sido los principales responsables del endeudamiento externo bruto del país, entre 2002 y 2008, por un importe equivalente al 90% del PIB de 2008, al refinanciar en mercados internacionales un elevado porcentaje del crédito concedido a familias y empresas (el 75%). Este crédito estaba como es sabido muy relacionado con operaciones de naturaleza inmobiliaria. Parte de esta deuda se ha gestionado en el mercado interbancario, y parte por medio de titulización.
  • Aproximadamente el 40% de las entradas de capitales en este período se reciclaron hacia el exterior en forma de déficit por cuenta corriente. El resto son flujos brutos de salida de capitales, que monetizan inversión española en el exterior e inversión de cartera (recuérdese que hemos apuntado que los flujos de entrada y salida están correlacionados). Por esto, sostenemos que el déficit por cuenta corriente está causado por el boom del crédito bancario, y no a la inversa como sostiene el relato ortodoxo. El boom del crédito bancario asociado a la fuerte entrada de capitales es el verdadero origen de la crisis en España. Y léase con atención: no sostenemos que el déficit por cuenta corriente no sea problemático, que lo es, sino que dicho déficit no es la primera causa de la deuda externa ni la principal.
  • Cuando en 2011-12 ocurre un sudden stop (Merler y Pisani-Ferry, 2012), la deuda externa de los bancos es remplazada por deuda del Banco de España (a través del sistema TARGET2, en combinación con operaciones de refinanciación, MRO y LTRO por sus siglas en inglés). Si la presión económica y política sobre la economía española y su gobierno eran muy fuertes ya desde mayo de 2010, ahora se elevan sustancialmente.
  • Con el anuncio de las Outright Monetary Transactions por Draghi en mitad de 2012, y el rescate financiero a la banca, las tensiones en los mercados de capitales se relajan. En consecuencia, cae la deuda externa del Banco de España, aumentando la deuda externa del sector público. Y con la introducción del programa de compra de activos del sector público, en 2015, vuelve a aumentar la deuda del sistema TARGET2, cayendo la deuda externa de los bancos privados.
  • El crecimiento de la deuda externa bruta entre 2002 y 2008 -que alcanza el 150% del PIB en el tercer trimestre de 2008- se explica esencialmente por el endeudamiento externo de los bancos. Tras un período de estabilización, entre 2009 y mediados de 2011, la deuda externa de los bancos se reduce pero la deuda externa bruta se mantiene, e incluso se eleva levemente. De hecho, la suma de la deuda externa de los bancos privados más la del Banco de España se mantiene estable desde 2014.

La siguiente gráfica, tomada de Febrero et al. 2017, p. 10, ilustra esta cuestión. El crédito bancario a hogares y sociedades no-financieras acumulado entre 2002 y 2008 asciende al 108% del PIB; la deuda externa agregada acumulada en esos 6 años es el 92%, siendo la deuda externa de los bancos el 82%, y el déficit por cuenta corriente acumulado el 38%. Es decir, los bancos refinancian el 76% del crédito concedido a agentes privados residentes en mercados internacionales (82/108), lo que supone el 89% de la deuda externa acumulada (82/92), mientras que el déficit por cuenta corriente acumulado explica sólo el 41% de la deuda externa (38/92).

El origen de los flujos brutos de capitales hacia la economía española procede principalmente de bancos en la Eurozona, y concretamente de los ubicados en Alemania y Francia, y a cierta distancia, Holanda (Shin, 2012, p. 41, figura 27). A su vez, estos bancos no movilizaban ahorros de residentes sino que financiaban los flujos al exterior con deuda en otros mercados exteriores (O’Connell, 2015, p. 178 y ss. y la literatura allí citada).

Un análisis basado en flujos brutos deja bastante claro que la responsabilidad de los bancos en la acumulación de deuda externa –concediendo demasiados créditos al fijar unos requisitos muy poco exigentes a los prestatarios– es enorme y, en todo caso, mucho mayor que la de los desequilibrios por cuenta corriente.

Figure 1: Gross inflows. Spain. 2002-2017. % GDP.

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Eliminar la brecha de género para garantizar las pensiones

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

infolibre.es

La movilización feminista de la semana pasada y las manifestaciones en defensa de unas pensiones públicas dignas tienen mucho en común. Para empezar, ambas reflejan los límites de un modelo de desarrollo que, incluso cuando presenta tasas de crecimiento elevadas, no atiende a las necesidades de la mayoría: ¿para qué sirve crecer al 3% si no se traduce en mejoras de las condiciones de vida de sectores importantes de la población, que incluso ven cómo se deteriora su capacidad adquisitiva?

Pero hay otra conexión muy relevante sobre la que queremos llamar la atención: garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres también significa garantizar las pensiones futuras. Más aún, cerrar la brecha de género es imprescindiblepara lograr el crecimiento en el empleo y los salarios que asegura la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Los partidarios de recortar las pensiones lo argumentan por el envejecimiento de la población española, que hará que en las próximas décadas aumente el número de mayores de 65 años en relación con las personas en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). Según Eurostat, este cociente pasará del 30% actual al 60% en 2050, y los partidarios de los recortes concluyen de esta cifra que “no se podrán pagar las pensiones si no se recortan”.

Sin embargo, lo que debemos medir no es esta ratio entre personas mayores y personas en edad de trabajar, sino la relación entre todas las personas dependientes y aquellas personas que participan efectivamente en la producción. En el numerador, por tanto, debemos poner no sólo a los jubilados y jubiladas, sino también a las personas en edad de trabajar que permanecen inactivas o paradas, mientras que en el denominador deberíamos contar solo a las personas con empleo.

Esto es muy importante, porque pone el foco en la evolución del empleo (y los salarios) para garantizar las pensiones.Quienes, con la renta que generan, deben sostener económicamente no solo las pensiones, sino a todas las personas que no están ocupadas en un momento determinado, son exclusivamente las personas que tienen un empleo. Y España tiene aquí un gran margen de mejora, puesto que su tasa de empleo puede aumentar sustancialmente.
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Actualizar las pensiones es posible (y no hacerlo es insostenible)

Autor: Nacho Álvarez Peralta, Jorge Uxo y Alberto Montero Soler

El Mundo

Si hay un punto en el que existe unanimidad entre todos los que analizan la situación de la Seguridad Social en España es que la aplicación del “índice de revalorización” impuesto por el Partido Popular en 2013 supondrá una importante erosión de la pensión que cobrarán las y los pensionistas. Así lo han dicho instituciones oficiales como el Banco de España o la AIReF, fundaciones privadas como FEDEA, numerosos trabajos académicos y, hace solo una semana, la Comisión Europea en su informe sobre España (página 26).

Sobre esto no hay debate porque, digámoslo claro, es lo que persigue en realidad la aplicación de este índice: su objetivo es reducir el déficit de la Seguridad Social por la vía rápida de recortar el gasto en pensiones. Para lograrlo, la aplicación de este índice supondrá la casi congelación de las pensiones (el famoso 0,25%) durante años, por lo que con una tasa de inflación que se acerque al 2% (el objetivo de inflación del BCE) cada uno de estos años la pensión perderá un 1,75% de capacidad adquisitiva. Una persona que se haya jubilado en 2017 y viva 20 años acabará (mal)viviendo con una pensión que valdrá casi un 30% menos.

Pero no hay ninguna razón para someter a las personas mayores a este empobrecimiento progresivo, si se adoptan las medidas adecuadas. Por ejemplo, actualizar las pensiones este año costaría 2.300 millones de euros, un 0,2% del PIB. Una cifra similar a las bonificaciones y reducciones que el gobierno ha venido aplicando a las cotizaciones sociales, supuestamente para incentivar la contratación, pero con nula eficacia; o similar también al coste del rescate de las autopistas, según el último plan presupuestario enviado a Bruselas.

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Acabar con la precariedad: la falsa respuesta de Ciudadanos

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

El Confidencial

El actual periodo de crecimiento no está generando empleo de calidad, sino lo contrario. Se está ‘cronificando’ la precariedad, y en eso han tenido mucho que ver, sin duda, las últimas reformas laborales.

Aunque la precariedad laboral tiene muchas caras, muchos laboralistas llevan años denunciando —y nosotros también desde Podemos— una de las más evidentes: la temporalidad se utiliza en España de forma abusiva y en fraude de ley. Acabar con la precariedad pasa necesariamente por eliminar ese injustificado abuso de los contratos temporales, que no responden casi nunca a la causa jurídica requerida.

Aparentemente, Ciudadanos ha presentado una proposición de ley con ese objetivo: eliminar este tipo de contratos, reconociendo la dificultad para garantizar la causalidad y evitar el fraude. Con ello, todos los contratos pasarían a tener una indemnización por despido “objetivo”(es decir, justificado por una serie de causas predefinidas) de 20 días por año contratado.

Esta igualación al alza de la indemnización asociada a los contratos temporales e indefinidos es una propuesta que también ha formulado Podemos. Sin embargo, la proposición de Ley de Ciudadanos viene acompañada de una redefinición de las causas para el despido objetivo que desvirtúa por completo el sentido de la propuesta, y acaba “contaminando” de precariedad a todos los contratos, también los indefinidos.

Ciudadanos elimina el contrato temporal por obra y servicio pero, simultáneamente, incorpora una causa de despido específica por finalización de obras o servicios con autonomía y sustantividad propia. Cambia la forma, pero el fondo permanece. Se añade además a la propuesta una nueva causa objetiva de despido —”la amortización del puesto de trabajo individualizado”—, con una redacción tan laxa que a ella podría acogerse casi cualquier empresa para justificar cualquier despido.

Proponer esto, como hace Ciudadanos, supone facilitar el despido libre (sin causa) y abaratar nuevamente sus costes. Con su propuesta prácticamente desaparecerían los despidos improcedentes (con 33 días de indemnización por año trabajado) y casi todos pasarían a ser procedentes (con 20 días de indemnización). Pero la experiencia de estos últimos —especialmente tras la reforma laboral de 2012— nos ha enseñado que reducir los costes de despido y los salarios no ayuda a crear más empleo: solo sirve para que el empleo que se crea sea de peor calidad.

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El eterno retorno de la fragilidad financiera

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Los propósitos enunciados por Sarkozy para “refundar” el capitalismo se quedaron en humo. Al contrario, la política económica se ha afanado en apuntalar los pilares del neoliberalismo: la libre movilidad de capitales continúa siendo el sancta sanctorum, la liquidez de los mercados financieros sigue resultando excesiva y permanece la opacidad de los títulos derivados. Tampoco se ha desarrollado una regulación efectiva para embridar la expansión del crédito.

Cierto es que la política de expansión cuantitativa de los bancos centrales frenó un desplome financiero aún mayor, pero a costa de una fuerte expansión de la liquidez y de la sobrevaloración de activos de renta fija y variable. El potencial desestabilizador que se ha acumulado es notable.

La situación hoy sería muy distinta si, aprovechando el margen que daba esta política monetaria, se hubiesen aplicado medidas en la dirección señalada por Reinhart y Rogoff, profesores de Harvard. Se trataba de controlar los ciclos crediticios y de propiciar un intenso desendeudamiento global a través de reestructuraciones de deuda, inflación moderada y “represión financiera”.

Sin embargo, la crisis de 2007 no produjo los cambios que sobrevinieron a la crisis de 1929. No hubo cambio de paradigma intelectual, y la orientación liberal de la política económica ha seguido imponiéndose. Como consecuencia, hemos dejado que sea el propio mercado quien haga la digestión de las pesadas deudas contraídas, cargando todo el ajuste sobre los deudores. Cuando el Estado ha intervenido ha sido para socializar las pérdidas de las entidades financieras y quedarse con los activos tóxicos que el mercado no quería, salvando a los acreedores de sus operaciones fallidas.

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