Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Gobernar la digitalización en favor de la mayoría

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

#lacircular

Como señalaba Dani Rodrick, el debate sobre las consecuencias sociales y económicas del proceso de “digitalización” está muy polarizado: los “tecno-optimistas” piensan que estamos en la antesala de grandes crecimientos de la productividad que permitirán un aumento de los niveles de vida sin precedentes; los “tecno-pesimistas” afirman que es difícil que la digitalización acabe produciendo los aumentos de productividad que se le atribuyen; por último, los “tecno-preocupados” coinciden en que el efecto de las nuevas tecnologías sobre la productividad será de gran escala, pero piensan que, precisamente por eso y por sus características, acabarán provocando grandes pérdidas de empleo y de bienestar para una parte importante de la población.

Nuestro enfoque no se reconoce en ninguna de estas tres posiciones.

En primer lugar, aunque aún está por ver su dimensión exacta, sí creemos que este tipo de innovaciones acabarán cambiando el modo de producir en muchos sectores, y acelerarán la productividad en los próximos años (al menos en dichos sectores). Esto debemos verlo como una oportunidad: será posible aumentar la renta per cápita con las mismas horas de trabajo, o garantizar niveles similares de renta per cápita con jornadas laborales más cortas. Pero también es un desafío que España debe atender con las políticas industriales adecuadas para no quedar relegada.

A su vez, este proceso puede plantear algunas amenazas, lo que requiere que se gobierneadecuadamente para asegurar no sólo que la productividad crece, sino que este aumento se reparte equitativamente y se traduce en cambios favorables para la mayoría.

La amenaza que se analiza con más frecuencia es la de la posible aparición de un elevado “desempleo tecnológico” como consecuencia de que los robots sustituyan al trabajo humano en muchas ocupaciones. Sin embargo, como ya se ha explicado también en otros números previos de La Circular, la robotización no tiene por qué producir una destrucción masiva de empleo.

Sin ir más lejos, entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los años 70, los países desarrollados vivieron años de crecimiento elevado de la productividad –asociada a la fuerte mecanización del proceso productivo–, pleno empleo y aumentos de los salarios reales, como vemos en la siguiente figura. Esta “compatibilidad” entre desarrollo de la productividad y crecimiento del empleo se explica, primero, porque a la vez que crece la productividad puede reducirse la duración de la jornada laboral media. Además, la posibilidad de obtener la misma producción con menos horas de trabajo no tiene por qué suponer que el número total de horas de trabajo se reduzca, siempre y cuando se produzca, de forma simultáneamente, un aumento de la demanda, la expansión de nuevos sectores y, por tanto, de la actividad económica.

Productividad y empleo (1950 = 100) y tasa de paro en Estados Unidos

Fuente: Federal Reserve Economic Data.

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34 horas: vivir, conciliar, trabajar

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

#lacircular

Cómo organizamos y cómo distribuimos el tiempo tiene una influencia decisiva en nuestras vidas. Las decisiones que podamos adoptar colectivamente sobre estas cuestiones están cargadas de una potencia transformadora muy importante. Por ello, queremos impulsar este debate y conceder a la distribución entre el “tiempo de trabajo” y el “tiempo personal”, un protagonismo mucho mayor del que actualmente recibe en las discusiones de política económica. Hay buenas razones para ello.

En primer lugar, la jornada laboral –medida por el número de horas de trabajo anuales por persona ocupada– ha seguido históricamente una tendencia a la baja, conforme se iban produciendo mejoras en la productividad. Por ejemplo, en España la jornada laboral suponía unas 2.800 horas de trabajo al año a principios del siglo XX, y actualmente está ligeramente por debajo de las 1.700 horas. Pero en el gráfico también podemos ver que si bien entre 1970 y 1990 hubo un intenso proceso de reducción del número de horas anuales de trabajo (casi un 13%), esta tendencia se detuvo entonces, y hoy la jornada anual es sólo un 3% más baja que hace 30 años. De hecho, en España se trabaja de media 118 horas más al año que en el conjunto de la UE-15.

Pero, en segundo lugar, el hecho de que -por término medio- dediquemos más tiempo en España al trabajo productivo que en otros países europeos es compatible con una importante discriminación por género también en la duración de las jornadas. Por un lado, un 28,5% de los hombres declara tener una jornada en su puesto de trabajo habitual superior a las 40 horas semanales, frente a un 15,5% de las mujeres. Por otro lado, el fuerte crecimiento en el trabajo a tiempo parcial que se ha producido en los últimos años se ha concentrado en las mujeres. Un 70% de las contrataciones a tiempo parcial son de mujeres, de las cuales más de la mitad son involuntarias. Además, en el 20% de los casos el empleo a tiempo parcial de las mujeres está asociado al desigual reparto de los cuidados (en los hombres no llega al 5%).

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Por una nueva política fiscal

Autor: Nacho Álvarez Peralta

Contexto Económico (Agenda Pública)

La política fiscal constituye el tuétano de la política económica. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sintetizan, mejor que ninguna otra herramienta, las prioridades políticas de un Gobierno.

Estos Presupuestos, presentados con medio año de retraso y todavía sin los apoyos suficientes para su aprobación, evidencian la debilidad del Ejecutivo de Rajoy. Pero lo que es aún más preocupante, desvelan la ausencia de proyecto que certifica una legislatura perdida en esta materia, incapaz de aprovechar el crecimiento a favor de los cambios que nuestra economía necesita. Esto es así por dos motivos.

En primer lugar, estos Presupuestos siguen sin revertir los recortes en los servicios públicos y la inversión que el Gobierno aplicó en los años de plomo de la austeridad, con costes económicos y sociales muy elevados.

El techo de gasto no financiero contemplado en la propuesta del PP y Ciudadanos para 2018 está 60.000 millones de euros por debajo del que nuestra economía tenía en 2010. Y la inversión pública se encuentra ya en su nivel más bajo desde hace 50 años en proporción al PIB (1,9%), 30.000 millones de euros inferior al que tenía cuando empezó la crisis. Recuperar esta inversión pública y dirigirla a promover un nuevo tipo de crecimiento debiera concretarse en un plan a corto y medio plazo del que no hay señal alguna.

Así, mientras el Producto Interior Bruto se incrementa en este momento en unos 48.000 millones de euros al año, el Gobierno mantiene prácticamente congelado el techo de gasto del Estado, alejándonos de Europa. En la eurozona, la ratio gasto público/PIB se sitúa en el 47%, y en España la política fiscal gubernamental la ha reducido hasta alcanzar, con este proyecto presupuestario, el 40%. En definitiva, la propuesta que PP y Ciudadanos trasladan a la ciudadanía es la de tener un Estado de Bienestar ‘asistencialista’, una Administración incapaz de promover eficazmente la innovación y una inversión pública muy insuficiente para acometer los desafíos que tenemos.

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Devaluación salarial. ¿Respuesta a los desequilibrios por cuenta corriente o a la crisis bancaria?

Autor: Eladio Febrero, Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

La Paradoja de Kaldor

¿Por qué se adoptaron las reformas laborales de 2010 y 2012 en España?

Oficialmente, estas reformas son parte de la respuesta a la crisis que ha afectado a la economía española desde finales de 2008 hasta 2013, y su implementación debe considerarse en el marco de la pertenencia a la Unión Europea y al euro. La lógica que se les presupone es, al menos, doble. Una es de carácter muy general (neoclásica): al liberalizar el mercado de trabajo los costes de contratar este factor se reducen, lo que resulta en un aumento del empleo (por un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda de trabajo). La otra es recuperar la competitividad perdida a lo largo de la década de prosperidad entre 1997 y 2007.

En este artículo nos centramos en esta segunda justificación.

La necesidad de recuperar competitividad se enmarca en el análisis ortodoxo de que la crisis en España tiene su origen en un elevado volumen de deuda externa, provocada por la acumulación de unos elevados déficit por cuenta corriente que, a su vez, están causados por unos costes laborales unitarios excesivos. Esta es la versión oficial.

En estas líneas queremos reflexionar sobre este relato oficial, abordando las siguientes cuestiones:

  • ¿Son realmente los déficit por cuenta corriente los principales causantes de la abultada deuda externa española?
  • ¿Es la reducción de los salarios, unida a la consolidación fiscal, una medida acertada para salir de la crisis y evitar que el mismo problema vuelva a repetirse?

Avanzamos que la respuesta a ambas preguntas es negativa. Nos centramos en la economía española, en el período 2002-2017.

Respecto a la primera cuestión, nos parece conveniente señalar que, a la hora de considerar la deuda externa en un contexto de crisis, es más relevante el concepto de deuda bruta -aproximadamente el 167% del PIB- que el de deuda neta -en torno al 85%-. Entre otras cosas, porque, parafraseando a Obstfeld (2012) es posible que en caso de un sudden stop, con la consiguiente paralización en la entrada de capitales en el país, “… los activos de mi vecino no estén disponibles para pagar mi deuda”.

Si la deuda bruta es el concepto relevante, entonces deberíamos prestar más atención a los flujos brutos de capitales que a los netos. Sugerimos dos motivos. Por un lado, tenemos una fuerte evidencia empírica que apunta a que los flujos brutos de entrada y salida de capitales están positivamente correlacionados entre sí, y negativamente con el VIX -una medida de la incertidumbre-. Es decir, los flujos brutos de deuda son procíclicos, mayores y más volátiles que los flujos netos (Broner et al., 2013, Rey, 2013). Una consecuencia de esto es que es posible que crezca la vulnerabilidad externa al tiempo que la balanza por cuenta corriente se mantiene equilibrada, o incluso con superávit.

Por otro lado, los flujos netos no nos informan de las pautas y canales de financiación a nivel internacional. Como han señalado Borio y Disyatat (2011, 2015) lo que se financia es la deuda, no los déficit comerciales. En este sentido, se detecta con carácter general una alta correlación entre el crédito bancario, el precio de los activos -financieros e inmobiliarios- y el flujo de entradas brutas de capitales (Adjiev et al. 2012, Rey, 2013). Y aunque es frecuente observar situaciones en las que el crédito crece al tiempo que se incrementa el déficit por cuenta corriente, no es difícil encontrar lo opuesto (Hume y Sentance, 2009).

En definitiva, y sobre la base de lo anterior, frente al argumento de que la deuda externa se explica por los déficit por cuenta corriente y por la pérdida de competitividad, aquí proponemos otra interpretación de lo sucedido en la economía española:

  • Los bancos españoles han sido los principales responsables del endeudamiento externo bruto del país, entre 2002 y 2008, por un importe equivalente al 90% del PIB de 2008, al refinanciar en mercados internacionales un elevado porcentaje del crédito concedido a familias y empresas (el 75%). Este crédito estaba como es sabido muy relacionado con operaciones de naturaleza inmobiliaria. Parte de esta deuda se ha gestionado en el mercado interbancario, y parte por medio de titulización.
  • Aproximadamente el 40% de las entradas de capitales en este período se reciclaron hacia el exterior en forma de déficit por cuenta corriente. El resto son flujos brutos de salida de capitales, que monetizan inversión española en el exterior e inversión de cartera (recuérdese que hemos apuntado que los flujos de entrada y salida están correlacionados). Por esto, sostenemos que el déficit por cuenta corriente está causado por el boom del crédito bancario, y no a la inversa como sostiene el relato ortodoxo. El boom del crédito bancario asociado a la fuerte entrada de capitales es el verdadero origen de la crisis en España. Y léase con atención: no sostenemos que el déficit por cuenta corriente no sea problemático, que lo es, sino que dicho déficit no es la primera causa de la deuda externa ni la principal.
  • Cuando en 2011-12 ocurre un sudden stop (Merler y Pisani-Ferry, 2012), la deuda externa de los bancos es remplazada por deuda del Banco de España (a través del sistema TARGET2, en combinación con operaciones de refinanciación, MRO y LTRO por sus siglas en inglés). Si la presión económica y política sobre la economía española y su gobierno eran muy fuertes ya desde mayo de 2010, ahora se elevan sustancialmente.
  • Con el anuncio de las Outright Monetary Transactions por Draghi en mitad de 2012, y el rescate financiero a la banca, las tensiones en los mercados de capitales se relajan. En consecuencia, cae la deuda externa del Banco de España, aumentando la deuda externa del sector público. Y con la introducción del programa de compra de activos del sector público, en 2015, vuelve a aumentar la deuda del sistema TARGET2, cayendo la deuda externa de los bancos privados.
  • El crecimiento de la deuda externa bruta entre 2002 y 2008 -que alcanza el 150% del PIB en el tercer trimestre de 2008- se explica esencialmente por el endeudamiento externo de los bancos. Tras un período de estabilización, entre 2009 y mediados de 2011, la deuda externa de los bancos se reduce pero la deuda externa bruta se mantiene, e incluso se eleva levemente. De hecho, la suma de la deuda externa de los bancos privados más la del Banco de España se mantiene estable desde 2014.

La siguiente gráfica, tomada de Febrero et al. 2017, p. 10, ilustra esta cuestión. El crédito bancario a hogares y sociedades no-financieras acumulado entre 2002 y 2008 asciende al 108% del PIB; la deuda externa agregada acumulada en esos 6 años es el 92%, siendo la deuda externa de los bancos el 82%, y el déficit por cuenta corriente acumulado el 38%. Es decir, los bancos refinancian el 76% del crédito concedido a agentes privados residentes en mercados internacionales (82/108), lo que supone el 89% de la deuda externa acumulada (82/92), mientras que el déficit por cuenta corriente acumulado explica sólo el 41% de la deuda externa (38/92).

El origen de los flujos brutos de capitales hacia la economía española procede principalmente de bancos en la Eurozona, y concretamente de los ubicados en Alemania y Francia, y a cierta distancia, Holanda (Shin, 2012, p. 41, figura 27). A su vez, estos bancos no movilizaban ahorros de residentes sino que financiaban los flujos al exterior con deuda en otros mercados exteriores (O’Connell, 2015, p. 178 y ss. y la literatura allí citada).

Un análisis basado en flujos brutos deja bastante claro que la responsabilidad de los bancos en la acumulación de deuda externa –concediendo demasiados créditos al fijar unos requisitos muy poco exigentes a los prestatarios– es enorme y, en todo caso, mucho mayor que la de los desequilibrios por cuenta corriente.

Figure 1: Gross inflows. Spain. 2002-2017. % GDP.

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Eliminar la brecha de género para garantizar las pensiones

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

infolibre.es

La movilización feminista de la semana pasada y las manifestaciones en defensa de unas pensiones públicas dignas tienen mucho en común. Para empezar, ambas reflejan los límites de un modelo de desarrollo que, incluso cuando presenta tasas de crecimiento elevadas, no atiende a las necesidades de la mayoría: ¿para qué sirve crecer al 3% si no se traduce en mejoras de las condiciones de vida de sectores importantes de la población, que incluso ven cómo se deteriora su capacidad adquisitiva?

Pero hay otra conexión muy relevante sobre la que queremos llamar la atención: garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres también significa garantizar las pensiones futuras. Más aún, cerrar la brecha de género es imprescindiblepara lograr el crecimiento en el empleo y los salarios que asegura la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Los partidarios de recortar las pensiones lo argumentan por el envejecimiento de la población española, que hará que en las próximas décadas aumente el número de mayores de 65 años en relación con las personas en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). Según Eurostat, este cociente pasará del 30% actual al 60% en 2050, y los partidarios de los recortes concluyen de esta cifra que “no se podrán pagar las pensiones si no se recortan”.

Sin embargo, lo que debemos medir no es esta ratio entre personas mayores y personas en edad de trabajar, sino la relación entre todas las personas dependientes y aquellas personas que participan efectivamente en la producción. En el numerador, por tanto, debemos poner no sólo a los jubilados y jubiladas, sino también a las personas en edad de trabajar que permanecen inactivas o paradas, mientras que en el denominador deberíamos contar solo a las personas con empleo.

Esto es muy importante, porque pone el foco en la evolución del empleo (y los salarios) para garantizar las pensiones.Quienes, con la renta que generan, deben sostener económicamente no solo las pensiones, sino a todas las personas que no están ocupadas en un momento determinado, son exclusivamente las personas que tienen un empleo. Y España tiene aquí un gran margen de mejora, puesto que su tasa de empleo puede aumentar sustancialmente.
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Actualizar las pensiones es posible (y no hacerlo es insostenible)

Autor: Nacho Álvarez Peralta, Jorge Uxo y Alberto Montero Soler

El Mundo

Si hay un punto en el que existe unanimidad entre todos los que analizan la situación de la Seguridad Social en España es que la aplicación del “índice de revalorización” impuesto por el Partido Popular en 2013 supondrá una importante erosión de la pensión que cobrarán las y los pensionistas. Así lo han dicho instituciones oficiales como el Banco de España o la AIReF, fundaciones privadas como FEDEA, numerosos trabajos académicos y, hace solo una semana, la Comisión Europea en su informe sobre España (página 26).

Sobre esto no hay debate porque, digámoslo claro, es lo que persigue en realidad la aplicación de este índice: su objetivo es reducir el déficit de la Seguridad Social por la vía rápida de recortar el gasto en pensiones. Para lograrlo, la aplicación de este índice supondrá la casi congelación de las pensiones (el famoso 0,25%) durante años, por lo que con una tasa de inflación que se acerque al 2% (el objetivo de inflación del BCE) cada uno de estos años la pensión perderá un 1,75% de capacidad adquisitiva. Una persona que se haya jubilado en 2017 y viva 20 años acabará (mal)viviendo con una pensión que valdrá casi un 30% menos.

Pero no hay ninguna razón para someter a las personas mayores a este empobrecimiento progresivo, si se adoptan las medidas adecuadas. Por ejemplo, actualizar las pensiones este año costaría 2.300 millones de euros, un 0,2% del PIB. Una cifra similar a las bonificaciones y reducciones que el gobierno ha venido aplicando a las cotizaciones sociales, supuestamente para incentivar la contratación, pero con nula eficacia; o similar también al coste del rescate de las autopistas, según el último plan presupuestario enviado a Bruselas.

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Acabar con la precariedad: la falsa respuesta de Ciudadanos

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

El Confidencial

El actual periodo de crecimiento no está generando empleo de calidad, sino lo contrario. Se está ‘cronificando’ la precariedad, y en eso han tenido mucho que ver, sin duda, las últimas reformas laborales.

Aunque la precariedad laboral tiene muchas caras, muchos laboralistas llevan años denunciando —y nosotros también desde Podemos— una de las más evidentes: la temporalidad se utiliza en España de forma abusiva y en fraude de ley. Acabar con la precariedad pasa necesariamente por eliminar ese injustificado abuso de los contratos temporales, que no responden casi nunca a la causa jurídica requerida.

Aparentemente, Ciudadanos ha presentado una proposición de ley con ese objetivo: eliminar este tipo de contratos, reconociendo la dificultad para garantizar la causalidad y evitar el fraude. Con ello, todos los contratos pasarían a tener una indemnización por despido “objetivo”(es decir, justificado por una serie de causas predefinidas) de 20 días por año contratado.

Esta igualación al alza de la indemnización asociada a los contratos temporales e indefinidos es una propuesta que también ha formulado Podemos. Sin embargo, la proposición de Ley de Ciudadanos viene acompañada de una redefinición de las causas para el despido objetivo que desvirtúa por completo el sentido de la propuesta, y acaba “contaminando” de precariedad a todos los contratos, también los indefinidos.

Ciudadanos elimina el contrato temporal por obra y servicio pero, simultáneamente, incorpora una causa de despido específica por finalización de obras o servicios con autonomía y sustantividad propia. Cambia la forma, pero el fondo permanece. Se añade además a la propuesta una nueva causa objetiva de despido —”la amortización del puesto de trabajo individualizado”—, con una redacción tan laxa que a ella podría acogerse casi cualquier empresa para justificar cualquier despido.

Proponer esto, como hace Ciudadanos, supone facilitar el despido libre (sin causa) y abaratar nuevamente sus costes. Con su propuesta prácticamente desaparecerían los despidos improcedentes (con 33 días de indemnización por año trabajado) y casi todos pasarían a ser procedentes (con 20 días de indemnización). Pero la experiencia de estos últimos —especialmente tras la reforma laboral de 2012— nos ha enseñado que reducir los costes de despido y los salarios no ayuda a crear más empleo: solo sirve para que el empleo que se crea sea de peor calidad.

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El eterno retorno de la fragilidad financiera

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Los propósitos enunciados por Sarkozy para “refundar” el capitalismo se quedaron en humo. Al contrario, la política económica se ha afanado en apuntalar los pilares del neoliberalismo: la libre movilidad de capitales continúa siendo el sancta sanctorum, la liquidez de los mercados financieros sigue resultando excesiva y permanece la opacidad de los títulos derivados. Tampoco se ha desarrollado una regulación efectiva para embridar la expansión del crédito.

Cierto es que la política de expansión cuantitativa de los bancos centrales frenó un desplome financiero aún mayor, pero a costa de una fuerte expansión de la liquidez y de la sobrevaloración de activos de renta fija y variable. El potencial desestabilizador que se ha acumulado es notable.

La situación hoy sería muy distinta si, aprovechando el margen que daba esta política monetaria, se hubiesen aplicado medidas en la dirección señalada por Reinhart y Rogoff, profesores de Harvard. Se trataba de controlar los ciclos crediticios y de propiciar un intenso desendeudamiento global a través de reestructuraciones de deuda, inflación moderada y “represión financiera”.

Sin embargo, la crisis de 2007 no produjo los cambios que sobrevinieron a la crisis de 1929. No hubo cambio de paradigma intelectual, y la orientación liberal de la política económica ha seguido imponiéndose. Como consecuencia, hemos dejado que sea el propio mercado quien haga la digestión de las pesadas deudas contraídas, cargando todo el ajuste sobre los deudores. Cuando el Estado ha intervenido ha sido para socializar las pérdidas de las entidades financieras y quedarse con los activos tóxicos que el mercado no quería, salvando a los acreedores de sus operaciones fallidas.

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RADIOGRAFÍAS DE LA ‘RECUPERACIÓN’ (V): Gobernar la digitalización en favor de la mayoría

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es

Más allá del debate –relevante– de cuál es el origen de la recuperación del crecimiento económico que está registrando España desde 2014, en esta serie de artículos nos ha preocupado sobre todo el tipo de crecimiento que se está desarrollando. Y hemos llegado a dos conclusiones: el crecimiento actual no está resolviendo los problemas sociales y económicos que la crisis nos dejó –cronificándose una fuerte precariedad y desigualdad–, al tiempo que la retórica de las “reformas estructurales” orientadas al mercado no se ha traducido en un cambio productivo real.

Es necesario por ello un cambio de estrategia. Junto a medidas específicas dirigidas a corregir la precariedad laboral y la inequidad en el reparto de la renta y la riqueza, nuestra economía necesita una nueva política industrial más audaz, focalizada y proactiva. Esta nueva estrategia industrial debe ser capaz, involucrando al sector público junto al sector privado, de impulsar un crecimiento sostenible en términos medioambientales (verde), que asegure la igualdad de género (morado), y que mejore la productividad, entre otras vías a través del desarrollo del proceso de digitalización1.

El debate sobre los efectos de la digitalización está muy polarizado. Siguiendo a Dani Rodrick podríamos distinguir, por un lado, a los “tecno-optimistas”, que piensan que estamos en la antesala de una época en la que será posible observar grandes crecimientos de la productividad que permitirán un aumento de los niveles de vida sin precedentes. Normalmente, también piensan que los incentivos para que esta ola de progreso se produzca vendrán del funcionamiento de mercados desregulados y de la competencia, que son a la vez garantía de que la mejora del bienestar acabe beneficiando a la mayoría. En otro extremo, los “tecno-pesimistas” afirman que la digitalización no está produciendo los aumentos de productividad que se le atribuyen, y que es difícil que acabe ocurriendo, salvo en sectores muy específicos. Por último, los “tecno-preocupados” coinciden en que el efecto de las nuevas tecnologías sobre la productividad será de gran escala, pero piensan que, precisamente por eso y por sus características, acabarán provocando grandes pérdidas de empleo y de bienestar para una parte importante de la población.

Nuestro enfoque no se reconoce en ninguna de estas tres posiciones. Aunque aún está por ver su dimensión exacta, es previsible que este tipo de innovación acelere la productividad en los próximos años, y esta es una razón por la que España no puede quedarse atrás. Por otro lado, pensamos que no es inevitable la aparición de un desempleo tecnológico generalizado, aunque es imprescindible adoptar medidas para prevenir tal posibilidad. Finalmente, sí creemos que existe un alto riesgo de que el proceso afecte de manera desigual a los distintos grupos sociales, evidenciando la responsabilidad colectiva (y no estrictamente individual) de intervenir desde la esfera de lo público para que no aumente la polarización y las desigualdades.

En definitiva, pretendemos abordar la digitalización desde la perspectiva de la economía política, discutiendo cómo “gobernar el proceso” para asegurar no sólo que la productividad crece, sino que este aumento se reparte equitativamente a favor de la mayoría.

¿Qué efectos tendrá la digitalización sobre la productividad?

La digitalización es el resultado del abaratamiento y mejora en las tecnologías que obtienen y procesan información, y da lugar a dos grandes efectos complementarios. Por un lado, la automatización de la producción permite generar sistemas capaces de trabajar de forma autónoma y organizarse a sí mismos, reduciendo errores, actuando con más rapidez y recortando costes operativos. Esto se logra combinando tecnologías ya existentes (como los robots industriales) con la inteligencia artificial, que aporta la capacidad de interactuar en entornos cambiantes. Por otro lado, la computerización permite gestionar grandes volúmenes de datos, gracias a la mejora en la captura, tratamiento y análisis de la información digital a través de herramientas como la nube y el “Big Data”.

Aunque inicialmente parece que este tipo de procesos serían relevantes sobre todo para las manufacturas, su importancia radica precisamente en que pueden tener implicaciones en muchos sectores productivos. Por eso, se plantea en ocasiones que, como antes lo fueron la máquina de vapor y la electricidad, se trata de una nueva “tecnología de uso generalizado” (General Purpose Technology)2.

Consecuentemente, el efecto esperado es que, conforme se vaya generalizando este uso transversal y se exploten todas sus posibilidades “combinatorias”, la digitalización acabe dando lugar a una aceleración de la productividad media agregada.

La Figura 1 recoge el crecimiento de la productividad en Estados Unidos desde los años 50 (para cada año representamos la media de los últimos 10). Las líneas horizontales son las medias en los periodos 1950-1975 (2,6%), 1976-1995 (1,5%) y 1996-2008 (2,5%), y vemos que el crecimiento de la productividad se recuperó en los 15 años anteriores a la Gran Recesión, volviendo a registrar crecimientos anuales medios similares a los registrados en la “edad de oro” de las postguerra, pero sin llegar a superarlos (al menos por ahora). Después de la crisis, el crecimiento anual medio de la productividad ha vuelto a reducirse (desde 2011 no ha superado el 1%) aunque es pronto para saber si es algo más que el efecto de la propia desaceleración económica.

Los datos desagregados ofrecidos por la OCDE muestran que el crecimiento de la productividad después de la crisis no se ha ralentizado para las empresas que se encuentran en la frontera tecnológica, pero sí que lo ha hecho en aquellas que están menos avanzadas tecnológicamente (generalmente más pequeñas) y en el sector servicios. Esto apunta más bien a una menor difusión, y a la falta de demanda agregada, y no a un estancamiento de los efectos de la tecnología sobre la productividad.

Figura 1: Crecimiento de la productividad en Estados Unidos (media últimos 10 años)

Fuente: Federal Reserve Economic Data.

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“Que Guindos vaya al BCE es una mala noticia” (Entrevista a Nacho Álvarez)

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El Siglo de Europa (Manuel Capilla)

Nacho Álvarez es el ‘cerebro’ tras los Presupuestos Generales alternativos que Podemos ha presentado en sociedad. Unas cuentas públicas que recogen una profunda reforma fiscal para aumentar el gasto en más de 24.000 millones de euros y sostener medidas como la Renta Mínima Garantizada, la gratuidad de las escuelas infantiles o la revalorización de las pensiones en línea con la inflación. Este profesor de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid, explica a El Siglo que “lo que podría ser una buena noticia, que un español ocupe la Vicepresidencia del BCE, se torna en una mala noticia porque es premiar y llevar a Europa a quien ha sido responsable de durísimos recortes en nuestro país”.


ALEX PUJOL

¿De qué se siente más satisfecho de los Presupuestos alternativos que han presentado?
Son capaces de poner en el centro los grandes problemas económico-sociales de nuestro país. En primer lugar, la igualdad entre hombres y mujeres. Son unos presupuestos que plantean educación de cero a tres años, permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles y medidas de dependencia. Estos tres elementos son un bloque muy importante para corregir la desigualdad, que sobre todo tiene un componente laboral. Garantizan carreras laborales y menos discontinuas en las mujeres y, por tanto, acercar la brecha salarial. Hay un segundo bloque, muy potente, que tiene que ver con  transformar el crecimiento económico en clave de sostenibilidad. El Plan de Transición Energética va precisamente en ese sentido, en garantizar que el crecimiento se hace compatible con una reducción significativa de las emisiones de CO2. El tercer bloque tiene que ver con atajar el fracaso que supone que la recuperación no llegue al bienestar de la mayoría social. Y, por último, el cuarto busca mejorar la productividad de nuestro tejido productivo, fijando la I+D+i como referente y haciendo de la digitalización algo posible pero sin que entrañe mayor precarización.

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RADIOGRAFÍAS DE LA RECUPERACIÓN (IV): Por qué el nuevo crecimiento tiene que ser verde y morado, y cómo conseguirlo

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

ctxt.es

Una idea esencial de los artículos anteriores de esta serie es que España crece, sí, pero sin resolver los problemas sociales y económicos que condicionan el futuro de la mayoría. Buena parte del nuevo empleo es muy precario, temporal y con bajos salarios. El resultado de esto, y de que no se hayan revertido los recortes al Estado de Bienestar, es que se ha cronificado un insoportable nivel de desigualdad. Así, crecimiento económico y progreso social son fenómenos que en este momento parecen conjugarse en tiempos distintos: la “recuperación” tiene un carácter ciertamente regresivo y ya no garantiza la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social del país.

Es necesario, por tanto, no sólo asegurar que el crecimiento se mantiene, sino también transformarlo. Sabemos además que las “reformas estructurales orientadas al mercado” no han propiciado un cambio productivo: siguen predominando los sectores de contenido tecnológico medio, e incluso medio-bajo; la actividad está creciendo sobre todo en sectores tradicionales como la hostelería, el turismo, el comercio minorista y la actividad inmobiliaria; y la mejora de la balanza externa no responde tanto a un avance en la capacidad de penetración de las exportaciones españolas como al abaratamiento de la factura energética importada.

Apuntalar y, simultáneamente, transformar el crecimiento de nuestra economía exige una estrategia industrial más audaz y proactiva que, involucrando al sector público junto al sector privado, sea capaz de fijar prioridades sobre qué sectores pueden servir de palanca para esa transformación, y poner en marcha medidas para impulsar su desarrollo. En concreto, nos parece que España requiere una estrategia que impulse un crecimiento sostenible en términos medioambientales (verde), que asegure la igualdad de género (morado), y que mejore la productividad a través del desarrollo del proceso de digitalización. Consagramos el resto del artículo a perfilar los dos primeros vectores, y dejamos el tercero para el siguiente artículo.

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Pedro Sánchez: bienvenido a la propuesta de Podemos

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

El artículo 50 de la Constitución establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

Este mandato debe ser el norte de cualquier política sobre las pensiones, y exige reconectar su crecimiento con el IPC. El Partido Popular ha convertido a España en el único país de la UE que ha desvinculado las pensiones de la evolución de los precios. También exige asegurar que durante las próximas décadas la pensión media crecerá al menos al ritmo del PIB per cápita del país.

Solo podrá atenderse esta exigencia de suficiencia económica y sostenibilidad social mejorando las fuentes de financiación del sistema de pensiones. Justo lo contrario de la idea que ha inspirado las dos últimas reformas (la del PSOE y la del PP), que recortan las prestaciones para intentar adaptarlas a unos ingresos claramente insuficientes.

Este objetivo debe lograrse además con una aproximación integral. Por ejemplo, tres medidas de implementación inmediata que contribuirían a ello son la supresión de los topes máximos de cotización para los salarios más altos; la eliminación de las bonificaciones –muy ineficientes– que el Gobierno concede a las empresas en su cuota; y el acercamiento de las bases medias de cotización del Régimen de Autónomos y del Régimen General.

Por supuesto, la subida de los salarios –y particularmente el aumento del SMI a 1000 € al mes–permitiría también un incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social. La situación actual resulta insostenible: salarios de miseria que aumentan las desigualdades y la pobreza de los trabajadores, provocan también cotizaciones insuficientes.

Pero si queremos que las pensiones garanticen adecuadamente las condiciones de vida de los mayores, es ineludible seguir ampliando su financiación por la vía impositiva, en el marco de una reforma fiscal en profundidad que nos acerque a los países de nuestro entorno (con el mismo peso de los ingresos públicos en el PIB que tiene la media de la Eurozona, recaudaríamos casi 90.000 millones de euros más al año).

En ese marco, Unidos Podemos ha propuesto ya un “impuesto de solidaridad” a la banca, análogo al que ahora se aplica en Portugal, encaminado a que las entidades financieras le devuelvan a la sociedad española los esfuerzos realizados por la ciudadanía con el rescate del sistema financiero. El PSOE parece sumarse ahora a nuestra propuesta como una de las posibles vías para asegurar las pensiones.

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RADIOGRAFÍAS DE LA RECUPERACIÓN (III): Una política industrial activa para un crecimiento diferente

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es

Nuestros dos artículos anteriores en esta serie de “radiografías de la recuperación” (aquíaquí) han dejado un mensaje claro: el crecimiento económico que España está registrando desde 2014 no está generando “progreso social”. No consigue mejorar de una forma sustancial la situación de la mayoría, y la elevada desigualdad se ha instalado como una “característica estructural” de nuestra sociedad. La precariedad del empleo que se está creando, la devaluación salarial y la disminución de la capacidad distributiva de las políticas públicas –por los recortes llevados a cabo en los años anteriores– explican en buena medida estos resultados. Por ello, proponíamos en dichos artículos algunas medidas orientadas a mejorar la calidad del empleo, promover el crecimiento de los salarios y disminuir la desigualdad.

En este artículo queremos ampliar nuestra radiografía de la situación económica actual con tres nuevas ideas. En primer lugar, España crece, pero no por el “éxito” de las políticas de austeridad. En segundo lugar, estas políticas no han alumbrado un “nuevo modelo” de crecimiento. En tercer lugar, España requiere transformar la forma que tiene de crecer, y esto sólo puede lograrse con una política industrial que potencie activamente algunos sectores estratégicos.

El crecimiento no se deriva de las políticas de austeridad y devaluación salarial

Es de sobra conocido y generalmente aceptado que los recortes fiscales y salariales prolongaron innecesariamente la crisis, al reforzar sus efectos depresivos. Fue precisamente su implementación lo que provocó la segunda recesión (2011-2013) por la reducción de la demanda interna. Se ha comprobado que la hipótesis de la “austeridad expansiva” era falsa.

A pesar de esto, sus partidarios siguen presentando el crecimiento actual como la prueba del “éxito” de este modelo de política económica, argumentando que los recortes fiscales y las “reformas estructurales” han mejorado nuestra competitividad, y que esto ha dado lugar a un modelo de crecimiento más robusto y basado en la fortaleza de las exportaciones.

Sin embargo, esta interpretación no se corresponde con la realidad. La austeridad fiscal no fue lo que consiguió frenar la subida de la prima de riesgo española, que se elevó en 400 puntos básicos entre mediados de 2010 y mediados de 2012, a pesar de los intensos recortes del periodo. No fue hasta el verano de 2012, cuando se produjo la intervención del Banco Central Europeo (BCE) anunciando su programa de compra de bonos, cuando la prima de riesgo efectivamente comenzó a reducirse y se restableció la financiación.

Por otro lado, la devaluación salarial y la reducción de los costes laborales unitarios sólo se han trasladado de forma muy parcial a los precios de las exportaciones. Entre 2009 y 2016, el tipo de cambio efectivo real de la economía española se depreció un 15%, pero si lo medimos utilizando los precios finales de las exportaciones –de los que de verdad depende la competitividad precio– esta mejora fue sólo del 4%.

De hecho, el principal motor del crecimiento del PIB desde 2014 ha sido la demanda interna, no la demanda externa (gráfico 1). La demanda externa tiene un comportamiento muy anticíclico en España, por la elevada elasticidad renta de sus importaciones (especialmente, bienes de capital y energía). Por ello, la contribución de las exportaciones netas al crecimiento fue particularmente positiva durante los años de la recesión, pero esto se debió al hundimiento de las importaciones, y no a un cambio de tendencia de las exportaciones derivado de aumentos de la competitividad (gráfico 2). En este mismo gráfico vemos que, si bien la recuperación de las exportaciones es una noticia muy positiva, su tasa de crecimiento en los últimos años es prácticamente igual a la registrada en el anterior periodo de expansión. Por eso mismo, el aumento de su peso en el PIB se explica principalmente por el desplome de la demanda interna, que de hecho sigue siendo inferior a 2007.

Gráfico 1. Contribuciones al Crecimiento del PIB real. Fuente: Ameco.

Gráfico 1. Contribuciones al Crecimiento del PIB real. Fuente: Ameco.

Gráfico 2. Exportaciones e importaciones . (1999q4=100) precios corrientes. Fuente: Eurostat.

Gráfico 2. Exportaciones e importaciones . (1999q4=100) precios corrientes. Fuente: Eurostat.

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Nueva política económica y cambio climático

Autor: Nacho Álvarez Peralta

(Artículo publicado en El Siglo de Europa)

La economía española presenta hoy enormes retos. La recuperación económica está consolidando un perfil de crecimiento muy preocupante: es cierto, la economía crece y lo hace a una tasa que duplica el crecimiento en la Eurozona, pero este crecimiento viene de la mano de una creación de empleo de muy mala calidad, que generaliza la precariedad, los contratos temporales y los bajos salarios. El 29% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, la recuperación está apuntalando nuevamente una especialización basada en sectores de baja productividad (hostelería, turismo, actividades inmobiliarias), y se mantiene nuestra tradicional dependencia de las importaciones de combustibles fósiles.

Estos son enormes desafíos para la política económica en nuestro país. Pero hay uno todavía mayor: el cambio climático. Tradicionalmente los economistas han analizado las diferentes alternativas de política económica sin hacerse cargo de las restricciones ecológicas existentes en la biosfera. Hoy ya no es posible pensar la política fiscal, distributiva o industrial sin considerar simultáneamente la urgencia global por reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. De poco servirá crear empleo de calidad, reducir las desigualdades o mejorar la especialización productiva de nuestra economía, si esto no contribuye a afrontar el mayor desafío que tenemos delante: frenar el calentamiento global para evitar la catástrofe medioambiental.

Esto no sólo obliga a pensar en las implicaciones medioambientales de las políticas económicas propuestas (para evitar tirarnos piedras en nuestro propio tejado). También exige trasversalizar el objetivo de reducción de emisiones al conjunto de políticas económicas diseñadas.

Así, por ejemplo, el fin de la austeridad fiscal debe ponerse al servicio de la transición energética y de la modernización de nuestro tejido productivo. La inversión pública –hoy 30.000 millones de euros inferior a la de 2009– debe servir para impulsar el desarrollo de las energías renovables en nuestro país, para estimular la electrificación del parque automovilístico y favorecer el transporte colectivo, y para desarrollar profundas reformas inmobiliarias que mejoren la eficiencia energética de nuestros edificios e instalaciones. De acuerdo al estudio realizado por el conocido economista Robert Pollin (Un programa equitativo de inversión en energías limpias para España), un plan de inversión de estas características equivalente al 1,5% del PIB, sostenido durante los próximos años, podría crear 400.000 empleos de calidad, reducir un 80% el consumo de combustibles fósiles y disminuir las emisiones de CO2 hasta un 75%.

Una nueva política económica debe contribuir igualmente a desplazar la especialización de nuestro tejido productivo hacia actividades menos intensivas en el consumo de energía y materiales, como son la economía de los cuidados y los servicios personales (dependencia, o atención a la infancia).

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Que España funcione

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Hay algo en España que no funciona, que debemos arreglar. Se ha roto el vínculo entre crecimiento económico y progreso social. Nuestro país crece en este momento por encima de la media europea, y sin embargo el 70% de los hogares, según el Informe FOESSA, no percibe efectos positivos de la recuperación de la actividad económica. Es más, a 13 millones de personas (el 28% de la población española) este crecimiento no les dice nada: siguen en riesgo de pobreza o exclusión social.

En esta brecha entre lo que el gobierno subraya (el PIB crece y se crea empleo) y lo que la mayoría experimenta (mi situación no mejora), hay dos cuestiones clave: la calidad del empleo y la evolución de los salarios. Ambas dimensiones se han visto profundamente erosionadas por las “políticas estructurales” aplicadas durante la crisis, con la excusa de favorecer la recuperación.

Sin embargo, la devaluación salarial (que ha aumentado la desigualdad y la pobreza) no es la causa del crecimiento actual, como sugiere el gobierno. El Informe Anual del Banco de España identifica los principales determinantes de este crecimiento: la política monetaria del BCE, los precios del petróleo, el tirón del turismo y una política fiscal tímidamente expansiva en 2015-2016 explican más de dos terceras partes. Las exportaciones también están contribuyendo al crecimiento, pero no más que en la anterior fase expansiva, ni como consecuencia de la reducción de los costes laborales (que se han trasladado de forma limitada a los precios).

La investigación académica apunta más bien en sentido contrario: los estudios que han analizado el “crecimiento impulsado por los salarios” prueban repetidamente que un aumento del peso de los salarios en el PIB no sólo no pondría en peligro el crecimiento y la creación de empleo, sino que los reforzaría. Un buen ejemplo es el trabajo de Onaran y Obst Wage-led growth in the EU15 member-states: the effects of income distribution on growth, investment, trade balance and inflation, publicado en el Cambridge Journal of Economics en 2016.

Los salarios son un coste para las empresas, pero también son el origen principal de su demanda, especialmente si las subidas salariales se concentran en los salarios bajos, con mayor propensión marginal al consumo. Los mencionados estudios evidencian que los efectos positivos de las subidas salariales superan en la mayoría de países —incluido España— a los posibles efectos negativos sobre la competitividad y las exportaciones, o sobre los beneficios empresariales y la inversión. De hecho, ésta crecería, porque una potente razón de las empresas para ampliar su capacidad productiva es una demanda estable. El problema de los salarios en España no es por tanto que su aumento ponga en peligro la creación de empleo, sino su bajo crecimiento.

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RADIOGRAFÍAS DE LA “RECUPERACIÓN” (II): Desigualdades crecientes. ¿Cómo fortalecer la cohesión social?

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es

El elevado nivel de desigualdad en la distribución de la renta que presenta nuestro país es uno de los problemas económicos más importantes de cuantos tenemos por delante.

Tras una “década perdida”, la economía española ha vuelto en 2017 a los niveles de PIB que tenía en 2007, pero con una auténtica recomposición económica que supone quebrar de hecho el “contrato social”: estamos en una economía más desigual, que no garantiza que el trabajo sea un pasaporte de ciudadanía ni de ingresos suficientes, y que deja atrás a una parte muy importante de la población. ¿Cómo podemos reducir drásticamente las desigualdades y poner en pie un nuevo contrato social?

El aumento de la desigualdad de la renta viene de lejos, pero se agrava durante la crisis

Debemos tener en cuenta que el aumento de la desigualdad no es un fenómeno que pueda circunscribirse a la crisis, ni que responda exclusivamente a lo sucedido durante esta última década. De hecho, a comienzos de la crisis, los principales organismos económicos internacionales ya alertaban de la tendencia al aumento de las desigualdades económicas y sociales (véanse los informes del FMI –World Economic Outlook, 2007–, o de la OCDE –Employment Outlook, 2007–).

Ahora bien, la crisis ha agudizado esta dinámica de “crecimiento desigual”, profundizando una distribución de la renta cada vez más inequitativa.

España es el país de la unión monetaria en donde más ha aumentado la desigualdad en la última década. Este espectacular incremento desde el inicio de la crisis se debe fundamentalmente a tres factores:

a) una fortísima destrucción de empleo durante el periodo 2008-2012, acentuada por la facilidad de despido de las personas con empleos temporales y el abuso de este tipo de contratos.

b) unos duros recortes en el gasto público, que no sólo agudizaron la crisis y la destrucción de empleo, sino que además limitaron la capacidad redistributiva de nuestro débil Estado de Bienestar.

c) la política de devaluación salarial implementada por el gobierno del Partido Popular, principalmente a través de la erosión de la negociación colectiva y el impulso de la unilateralidad de las empresas para fijar condiciones salariales y de trabajo.

La superposición de estos tres factores ha llevado a que durante esta última década se haya producido un aumento de la desigualdad de la renta en todas sus facetas: ha caído el peso de los salarios en la renta nacional, ha aumentado la diferencia entre los salarios más bajos y más altos, y ha aumentado la desigualdad en las rentas personales incluso teniendo en cuenta la actuación redistributiva del Estado mediante impuestos y transferencias.

El gráfico 1 ilustra la continuada caída que ha experimentado la participación de los salarios en la renta nacional (ajustada para incluir tanto el trabajo asalariado como el autónomo, siguiendo la metodología de AMECO). Desde 1995 estas rentas han reducido un 6% su peso en el Producto Interior Bruto. El elevado desempleo, la generalización del empleo precario y las políticas económicas impuestas por el gobierno del PP –particularmente la reforma laboral de 2012– han seguido profundizando esta tendencia en el marco de la crisis. Desde el comienzo de la crisis, la pérdida experimentada por las rentas del trabajo equivale a 2 puntos porcentuales del PIB. Si esto no hubiera ocurrido, el conjunto de trabajadores y trabajadoras habrían ingresado en 2017 unos 20.000 millones de euros más, lo que supone entre 800 y 1000 euros más por persona al año.

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¿Por qué la creación de empleo no está reduciendo la desigualdad?

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Ricardo Molero Simarro

eldiario.es

Para defender su gestión, la ministra Báñez y los ministros Montoro y De Guindos recurren habitualmente al mantra de que “la mejor medida para reducir la desigualdad es la creación de empleo”. Afirman que la mayor parte del incremento de la desigualdad que se ha producido durante los últimos años se explica fundamentalmente por la destrucción de puestos de trabajo. Y en buena medida tienen razón: cabe esperar que en una economía en la que la tasa de paro ha llegado al 26%, gran parte de la desigualdad responda a la falta de empleo de millones de familias. Sin embargo, lo contrario ha dejado de ser cierto: a pesar de las declaraciones del Gobierno, la reciente creación de empleo no está permitiendo reducir la desigualdad.

La distribución de la renta presenta dos dimensiones: la distribución primaria o de mercado (también llamada pre-distribución), es decir, aquella que se da en el ámbito productivo como resultado del reparto del ingreso nacional entre rentas del trabajo, rentas del capital y ganancias del patrimonio; y la distribución secundaria, o de la renta disponible, que es la que persiste después de que el sector público lleve a cabo su labor redistributiva, utilizando para ello los impuestos y las transferencias sociales.

Las políticas de austeridad fiscal aplicadas (erróneamente) como respuesta a la crisis han reducido esta capacidad redistributiva del Estado, contribuyendo poderosamente al empeoramiento de la distribución de la renta, así como a la expansión de la pobreza y la exclusión social en nuestro país.

No obstante, el mayor incremento de la desigualdad se ha producido en el ámbito de la distribución primaria, en el mercado de trabajo. Desde el inicio de la crisis el índice de Gini medido antes de impuestos y transferencias ha aumentado más de siete puntos, por encima de los casi tres puntos que lo ha hecho el índice de Gini final. Cierto es que buena parte de este incremento de la desigualdad primaria se explica por la dramática destrucción de empleo provocada por la crisis y las políticas de austeridad. Sin embargo, la evolución reciente de la desigualdad apunta a algo más.

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RADIOGRAFÍAS DE LA “RECUPERACIÓN”: El empleo. Ideas para acabar con la precariedad

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

ctxt.es

España ha necesitado diez años para recuperar el PIB real que tuvo en 2007: ha sufrido una auténtica “década perdida” con elevados costes en términos de renta, empleo, desigualdad y pérdida de bienestar. En esta década nuestro país ha experimentado dos recesiones, la segunda de ellas (2011-2013) atribuible a las propias políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial. Desde 2014, no obstante, España ha recuperado una senda positiva de crecimiento. Dedicaremos una serie de artículos a analizar los perfiles que caracterizan este cambio de ciclo, así como los retos de política económica actuales. Damos comienzo a la serie con un primer artículo centrado en el empleo.

Transformar el crecimiento, una necesidad

El discurso del Gobierno plantea que la recuperación económica en curso es una demostración del “éxito” de la políticas de austeridad fiscal y de la devaluación salarial que impulsó la reforma laboral de 2012, una especie de recompensa en diferido de los sacrificios que supusieron estas “inevitables” medidas de ajuste. Sin embargo, la evidencia no confirma en absoluto esta interpretación. No puede entenderse el crecimiento actual sin la influencia de factores completamente ajenos a estas políticas, como la actuación –tardía– del BCE, la reducción de los precios del petróleo, la relajación de las políticas de recortes del gasto público o el impacto del turismo. Tanto el FMI como el Banco de España han confirmado que al menos 2/3 del mayor crecimiento del PIB se explican por estos “vientos de cola” (lo que determina la propia fragilidad del crecimiento actual, y su dependencia de factores externos).

El crecimiento económico no sólo no se está produciendo por los motivos que señala el discurso oficial –el éxito de los ajustes y las “reformas estructurales”–, sino que además presenta perfiles preocupantes. El empleo que se crea es precario y de bajos salarios, las desigualdades se mantienen en niveles muy elevados y los sectores tractores del crecimiento vuelven a ser sectores de limitada productividad. Todo parece indicar que se está reproduciendo el viejo patrón de crecimiento, con similares problemas estructurales que ya vivimos en el pasado.

Debemos, por el contrario, ser capaces de “transformar el crecimiento” para responder a los enormes retos que tenemos por delante. Destacan particularmente tres desafíos: el primero es restañar los profundos costes sociales que se han provocado en la última década; el segundo pasa por resolver los desequilibrios estructurales de nuestro patrón de crecimiento tradicional; finalmente, y en tercer lugar, nos enfrentamos a nuevos retos, como la digitalización y el cambio climático, que exigen pensar la política económica desde nuevas coordenadas.

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Terminar con la precariedad

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

El Mundo

La excesiva temporalidad existente en el mercado de trabajo español es, junto con la parcialidad, la principal causa de la precariedad laboral, y explica en buena medida los salarios de miseria que hoy reciben millones de asalariados. Recordemos que tener un contrato temporal no significa sólo mayor inestabilidad. Significa ganar, en término medio, 8.000 euros menos al año que una persona con empleo indefinido.

El informe de otoño sobre la economía española recientemente publicado por el FMI constata el fracaso de las dos últimas reformas laborales a la hora de solucionar este problema. Entre el primer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2017 se han creado unos dos millones de puestos de trabajo, pero de ellos casi el 60% son de carácter temporal. Facilitar y abaratar el despido de los trabajadores indefinidos, aunque en su momento se dijo que ayudaría a disminuir la excesiva temporalidad de nuestra economía, sólo ha servido para erosionar la protección de los asalariados, sin que haya reducido la denominada “dualidad”.

Ante la constatación de semejante fracaso, el Gobierno y Ciudadanos planean una nueva reforma laboral que avance hacia la implantación del llamado “contrato único”. Bajo la denominación de contrato de “protección creciente”, la nueva figura contractual establecería una indemnización por despido equivalente a 12 días de salario para el primer año trabajado, 16 días para el segundo año y 20 días el tercer año.

Sin embargo, este contrato de “protección creciente” será ‘de facto’ incapaz de solucionar el grave problema de precariedad que tenemos, que está muy ligado a la ausencia de causalidad de los contratos temporales y que se concreta en una rotación laboral cada vez mayor. De hecho, la duración media de los contratos en nuestro mercado de trabajo se sitúa desde 2013 en los 53 días, lo que significa que a millones de trabajadores de nada les servirá una indemnización creciente (pues seguirán viéndose afectados por la indemnización de 12 días de salario al año que ahora tienen los contratos temporales).

¿Por qué, con el mismo nivel de indemnización y la misma facilidad de despido, un empresario mantendría más tiempo en el puesto de trabajo a un trabajador con el nuevo contrato de “protección creciente” que a un empleado temporal? La realidad es que el nivel de rotación y temporalidad abusiva se mantendría, aunque éste ya no afectaría formalmente a trabajadores “temporales”. Estadísticamente el fenómeno de la precariedad “se corregiría” al eliminarse la categoría, pero la realidad no cambiaría. Política laboral gatopardista.

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El FMI y los recortes de nuestro sistema de pensiones

Autor: Jorge Uxo, Nacho Álvarez Peralta y Carlos Ochando

El Confidencial

El pasado día 13, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) hacía pública su previsión de que, hasta 2022, las pensiones se van a revalorizar muy por debajo del aumento del coste de la vida: aplicando el índice aprobado por el Partido Popular, crecerán a una tasa anual de sólo el 0,25%. Como consecuencia, en estos próximos cinco años los pensionistas habrán perdido un 7% de su poder adquisitivo. Es decir, se confirma lo que ya sabíamos y lo que vienen advirtiendo los sucesivos estudios: que las llamadas “reformas de las pensiones” han sido, en realidad, recortes. Porque a la decisión de desligar del IPC la revisión de las pensiones hay que añadir el resto de aspectos de estas reformas: retraso en la edad de jubilación, cálculo más desfavorable de la pensión inicial y aplicación del llamado “factor de sostenibilidad”.

La misión que el Fondo Monetario Internacional ha enviado a España durante la pasada semana acaba de decir que estas reformas le parecen muy positivas, y nos animan a aplicarlas “en su totalidad, evitando los ajustes puntuales”. Con desparpajo, afirman incluso que estas reformas “aseguran la revalorización nominal” de todas las pensiones (señores del FMI: sabemos qué es la inflación, y sabemos restarla de los aumentos nominales: 0,25% nominal – 2% de inflación =    -1,75% real). El FMI califica esta pérdida de poder adquisitivo como una “transición suave” hacia un sistema “socialmente aceptable”.

Conviene detenerse en los tres argumentos que el FMI ofrece para apoyar su recomendación de recortar las pensiones, que de forma tan entusiasta está aplicando nuestro gobierno.

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Algunas lecciones de la crisis financiera

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El Confidencial

Recientemente el Banco de España ha presentado su ‘Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España’, haciendo balance del impacto de la crisis en nuestro sistema financiero. El informe condensa algunas enseñanzas significativas, pero también olvida otras muy relevantes. Entre las lecciones que olvida el regulador, y que convendría tener presentes para el futuro y para las decisiones de política económica que están por tomar, conviene destacar cinco:

Primera lección: una década después de la quiebra del Northern Rock, la crisis aún no ha terminado, como demuestra el reciente colapso del Banco Popular. La estrategia de ocultar y enmascarar los activos tóxicos en los balances bancarios ha prolongado innecesariamente la crisis.

Segunda lección: en contra de lo que sostiene el interesado discurso liberal, no han sido solo las cajas de ahorros las que han sufrido la crisis. De hecho, las cajas supuestamente más ‘politizadas’ (las tres vascas, BBK, Vital Kutxa y Kutxa, o la catalana La Caixa) han sobrellevado mucho mejor que otras las tensiones de este periodo, sin requerir ayudas públicas. La razón de la crisis radicó en la sobreexposición de las entidades —tanto públicas como privadas— al crédito inmobiliario, y no en su titularidad. Recordemos que el Banco Popular, en vísperas de su quiebra, acumulaba 36.000 millones de euros en activos inmobiliarios tóxicos.

Tercera lección: los mecanismos de supervisión financiera no funcionaron antes de la crisis, y tampoco lo han hecho ‘a posteriori’. El Banco Popular superó los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria Europea en 2014, lo que evidencia que los procedimientos de evaluación de activos no han mejorado. La laxitud de la regulación, la opacidad y en muchas ocasiones el fraude continúan siendo la tónica en nuestro sistema financiero. Nadie podrá sorprenderse por tanto de los futuros episodios de inestabilidad financiera que estén por venir.

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Mitología de la recuperación

Autor: Nacho Álvarez Peralta

eldiario.es

La reciente moción de censura presentada por Unidos Podemos ha planteado una alternativa al Gobierno del Partido Popular, no sólo en materia de regeneración democrática, sino también en política económica. ¿Por qué? ¿Acaso no estamos ya, como insiste el Gobierno, en plena “recuperación”?

Determinar en qué medida está saliendo nuestra economía de la crisis, cómo y por qué, es fundamental para identificar qué política económica necesita en este momento el país. El Gobierno sin embargo, en lugar de abordar un debate serio sobre esta cuestión, se limita –como hemos comprobado estos días– a instalar mensajes tergiversados y falsos: “Los recortes y reformas de los años pasados estarían supuestamente dando sus frutos, permitiendo la actual recuperación”.

Este relato no es cierto, e ignora y oculta algunos elementos fundamentales, que abordamos a continuación.

En primer lugar, es de sobra conocido que los recortes fiscales y salariales del pasado no sólo no fueron positivos para el crecimiento económico y la creación de empleo, sino que prolongaron innecesariamente la crisis al reforzar sus efectos depresivos.

Tal y como puede verse en el gráfico 1, fue precisamente la implementación de estos recortes –a partir de 2010– lo que determinó la segunda fase de la crisis. La insistencia del Gobierno de Rajoy durante los años 2012 y 2013 en una política que reducía el nivel de demanda interna nos ha terminado llevando a una década perdida: España aún no ha alcanzado el nivel de PIB per cápita que tenía antes de la crisis, y sólo ha recuperado el 40% del empleo que se ha destruido durante los últimos diez años.

Gráfico 1: PIB real (2007=100) y ocupados totales

Gráfico 1: PIB real (2007=100) y ocupados totales. | Elaboración: Nacho Álvarez.

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Para muestra, un botón

Autor: Nacho Álvarez Peralta

eldiario.es

Jordi Sevilla hace público en su último libro ( Vetos, pinzas y errores, Ed. Deusto) un episodio que sucedió durante la conocida reunión que mantuvimos PSOE, Podemos y Ciudadanos el 7 de abril de 2016.

El pasaje en cuestión tiene trascendencia dado que, en el fondo, refleja el tipo de preocupaciones e intereses con los que las distintas fuerzas políticas abordamos aquel proceso de negociación para alumbrar un posible gobierno de cambio. Y tiene relevancia además no sólo para entender el pasado reciente, sino porque se refiere a una cuestión central del debate político actual: ¿cómo garantizamos pensiones de calidad?

La delegación de Podemos expusimos en aquella reunión algunas medidas de política económica que considerábamos fundamentales para empezar a negociar un gobierno de cambio. En materia de pensiones manifestamos nuestra oposición a la reforma de pensiones del PP (también a la del PSOE) y, en particular, planteamos la necesidad de volver a un marco de revalorización de las pensiones vinculado al IPC. Fue llegados a este punto cuando Jordi Sevilla, como él mismo cuenta en su libro, interrumpió crítico: “¿Y qué haremos los años que tengamos IPC negativos?¿Es esa vuestra fórmula de izquierdas?”.

Efectivamente, como relata el exministro, enmudecimos. No dábamos crédito. ¿Realmente la preocupación del equipo económico del PSOE era la fórmula de revalorización de las pensiones en años de deflación? ¿Acaso es un problema macroeconómico que los años con IPC negativo las pensiones se mantengan congeladas (actuando como freno frente a la temible deflación)? ¿Pretendía con ello Jordi salvaguardar la última reforma de pensiones del Partido Popular? ¿O es que estaba pensando en pedirles a los pensionistas reducciones en sus prestaciones durante los años en los que cayesen los precios?

Nos resultó desconcertante que el obstáculo para hablar de cómo “reformar las reformas” del Partido Popular fuese un fenómeno –como la deflación– prácticamente desconocido en nuestro país. Entre 1960 y 2009 España no ha conocido ningún año con inflación negativa (gráfico 1). Más de 190 trimestres seguidos con inflación interanual positiva, hasta la llegada de la crisis. De nuevo, desde el último trimestre de 2016, el crecimiento interanual de los precios vuelve a ser positivo, acelerándose hasta el actual 2,3%.

Gráfico 1. Índice de precios al consumo (%, interanual). | Fuente: Banco de España. Elaboración: Nacho Álvarez.

Fuente: Banco de España.

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El Rey y el cambio de modelo productivo. Pensar Vistalegre

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

ctxt.es

Recientemente el Rey Felipe VI inauguraba en Madrid el Spain Investors Day y en su discurso de apertura se congratulaba porque España deja atrás la crisis, y porque además lo hace gracias a que ha sabido “transformar su modelo de crecimiento”.

La primera de las cuestiones –la salida de España de la crisis– es discutible. Pero la segunda, la supuesta transformación de nuestro modelo productivo, sencillamente no ha tenido lugar, o al menos no en el sentido que parece sugerirse.

Es cierto que durante los años 2015 y 2016 España ha experimentado de nuevo crecimientos positivos del PIB, gracias en buena medida a la política monetaria del BCE, a la evolución de los precios del crudo, y –tras años de durísimos recortes del gasto público– a un tono expansivo de la política fiscal. Pero estamos lejos de poder hablar de una verdadera “salida de la crisis”.

España aún no ha recuperado los niveles de PIB per cápita existentes en 2007 y tenemos 2,5 millones de empleos menos que antes de la crisis. Una auténtica década perdida. Además, los salarios han perdido casi un 10% de su capacidad adquisitiva, el nuevo empleo que se está creando ha generalizado una terrible precariedad y el 28% de las personas viven ahora en riesgo de pobreza o exclusión social. Asimismo, las reformas aprobadas por el PSOE y el PP supondrán en los próximos años un fuerte deterioro de las pensiones. En definitiva, como consecuencia de las políticas adoptadas durante la crisis, el actual crecimiento del PIB es compatible con dejar atrás a un tercio del país.

Pero es más, lo que desde luego no se está produciendo es una transformación virtuosa de nuestro modelo de crecimiento. Volvemos a crecer, es cierto, pero sin resolver los problemas tradicionales de nuestro modelo productivo. En lo fundamental, los sectores tractores de la economía siguen sin estar situados en los tramos de mayor valor añadido, ni existe política industrial alguna que apunte a un cambio significativo. La inversión en I+D sigue muy lejos de la media europea. El grueso del empleo es de bajos salarios y se crea en pequeñas empresas, o incluso microempresas. Abunda la temporalidad injustificada y se profundiza un patrón de distribución de la renta regresivo que fragiliza la demanda y deteriora la cohesión social. A pesar de que factores como los precios del petróleo, el comportamiento del turismo o el esfuerzo durante la crisis de muchas empresas para buscar en mercados exteriores la demanda necesaria han evitado de momento la aparición de déficit exterior, se mantiene la dependencia importadora en bienes fundamentales para la continuidad del crecimiento (particularmente bienes de capital y energía). Y, desde luego, hay una ausencia total de planes para impulsar la sostenibilidad y descarbonización de nuestro tejido productivo.

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El “otro” problema de las pensiones

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Nuestro sistema de pensiones tiene dos problemas. Del primero de ellos –su sostenibilidad financiera– todo el mundo habla, y se han escrito ríos de tinta. No es para menos, pues garantizar el futuro de dicho sistema exige que la caja de la Seguridad Social no acumule, como sucede ahora, déficits crecientes. Sin embargo, hay un segundo problema que en el debate actual pasa inadvertido, y que es igual de preocupante o más: si nada cambia, las dos últimas reformas del sistema de pensiones (en 2011 con Zapatero, y 2013 con Rajoy) ocasionarán una reducción de la pensión media durante las próximas décadas que, según los expertos, podría alcanzar el 30-35% (I. Zubiri, Cómo reformar las reformas de las pensiones…y el coste de no hacerlo, Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 33, nº 2, 2015).

La fuerte destrucción de empleo –asociada a la crisis económica y a las políticas de recortes– determinó que en 2010 la Seguridad Social entrase en números rojos. La reforma laboral y la devaluación salarial han agravado el problema, dado que la creación de empleo basura conlleva cotizaciones basura. Así, este año el déficit de la Seguridad Social alcanzará los 18.000 millones de euros. Las dos reformas anteriormente mencionadas han tratado de solucionar este problema de sostenibilidad adoptando el mismo enfoque: reducir el gasto futuro en pensiones, recortando derechos y prestaciones, en lugar de intentar incrementar los ingresos del sistema. Con ello, estas reformas han generado el “otro” problema de las pensiones.

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