Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Entrevista a Nacho Álvarez: “Los presupuestos deben consagrar el acuerdo de coalición”

Autor: Nacho Álvarez Peralta

elDiario.es

Madrid, 25 jul (EFE).- El secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, asegura que los 140.000 millones de euros que recibirá España de Europa son la “autovía” para unos presupuestos que deben “consagrar” el acuerdo de Gobierno de coalición y ser “nítidamente progresistas”.

Durante una entrevista con EFE, añade que “los acuerdos están para cumplirlos” y que el del Gobierno de coalición debe tener su reflejo en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2021 al tiempo que ha puntualizado que “Ciudadanos me parece que en estas coordinadas cabe difícilmente”.

En este sentido, considera que las fuerzas políticas que deben sostener el contenido de las cuentas públicas son las que apoyaron la investidura del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya que de lo contrario no sería viable dar cumplimiento al pacto.

Álvarez apuesta por unos presupuestos “ambiciosos y expansivos”, que el Gobierno estudia financiar con una parte de los fondos de reconstrucción europeos a través de la inclusión de inversiones centradas en la transformación ecológica de la economía, la digitalización y el fortalecimiento de la sanidad y la educación.

“Si algo permite el acuerdo que se ha firmado en Europa es avanzar más rápidamente en el acuerdo de presupuestos que el Gobierno de coalición de Unidas Podemos y PSOE firmaron, y avanzar en unos Presupuestos Generales del Estado nítidamente progresistas”, recalca.

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Inversiones moradas

Autor: Nacho Álvarez Peralta

20 Minutos

Desde hace cuatro meses el Gobierno está desplegando un enorme esfuerzo para minimizar el impacto económico asociado a la pandemia. Para proteger la renta de los hogares y evitar la erosión de nuestro tejido empresarial se ha dado cobertura a más de tres millones de trabajadores a través de los ERTE, se han generado nuevos derechos sociales –como el ingreso mínimo vital– y se están inyectando 100.000 millones de euros de liquidez en las empresas.

Este plan de choque ha permitido congelar temporalmente nuestra economía y levantar un ‘escudo social’, evitando el colapso de millones de empresas y hogares. Ahora entramos no obstante en una nueva fase, en la que además de seguir apuntalando la solvencia empresarial y el empleo debemos impulsar la reconstrucción.

La ‘nueva normalidad’ va a exigir un ambicioso plan de inversiones y reformas, dado que habrá sectores económicos relevantes que no podrán funcionar a pleno rendimiento hasta que se encuentre una vacuna. Tenemos por tanto un enorme desafío, pero también una oportunidad: en este momento podemos elegir cómo reactivamos la actividad y dónde centramos nuestros esfuerzos. No se trata simplemente de regar con millones la economía, sino de invertir bien para transformar el país.

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La dimensión histórica del Ingreso Mínimo Vital

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

Artículo publicado en El Huffington Post, el 16 de junio de 2020

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La importancia política y social que tiene para España la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es indiscutible, y seguramente se irá apreciando en toda su dimensión conforme pase el tiempo y tengamos la perspectiva necesaria. Más allá del análisis de sus detalles, hay al menos tres cuestiones cruciales que ya podemos destacar. Seguir leyendo…

Entrevista a Nacho Alvarez, Secretario de Estado de Derechos Sociales: “Hay que repensar el Impuesto de Sociedades para recaudar 20.000M”

Autor: Nacho Álvarez Peralta

Entrevista realizada por Jesus Travieso y Fernando H. Valls para La Información, a raíz de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital y publicada el 8 de junio de 2020

Nacho Álvarez (Madrid, 1977) es uno de los protagonistas de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. Ha pasado mes y medio durmiendo poco y trabajando de lunes a domingo para aprobar, junto al equipo de José Luis Escrivá, una medida que considera “histórica”. Recibe a La Información en la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 para una entrevista en la que explica cómo debería ser la reforma fiscal que se avecina viene, hablar de los próximos proyectos de su departamento, de la reforma laboral, de los ERTE o de las ayudas europeas que se están cocinando entre los jefes de Estado. Acaba, además, de serArchivo:Nachoalvarezperalta.png - Wikipedia, la enciclopedia libre recuperado por Pablo Iglesias para la secretaría de Economía de Podemos, lo que le confirma como pieza clave en el futuro del partido. Seguir leyendo…

Entrevista a Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales: “La tasa COVID a las grandes fortunas ha entrado con fuerza en la agenda para reducir la desigualdad”

Autor: Nacho Álvarez Peralta

Entrevista realizada por El Diario a Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, publicada el 18 de abril de 2020

Nacho Álvarez sigue trabajando durante el estado de alarma en su despacho de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, donde es secretario de Estado con Pablo Iglesias. En los últimos días, la mayoría de los titulares que han protagonizado se han enfocado en el ingreso mínimo vital y en el pulso con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el momento de poner en marcha esta medida.

En una entrevista por videoconferencia el pasado viernes, Álvarez achaca las tensiones a la necesidad de dar respuesta inmediata a quienes se han quedado sin ingresos, conjugada con “aristas que son objetivamente complicadas” como una negociación “a fondo” con las comunidades autónomas (que ya cuentan con algunas rentas similares) que “no se puede hacer en dos días”, reconoce.

Al margen de este tema, confirma que el departamento ya trabaja en un plan para relajar el confinamiento infantil durante la pandemia. Opina que “si algo está dejando esta crisis es que volvemos a constatar la importancia de lo público” y cree que “cuando termine la crisis será la hora de revisar profundamente la elevada elusión de nuestro sistema fiscal”. Entre otras cosas, se muestra a favor de algún tipo de recargo a las grandes fortunas como el que propone la llamada “tasa COVID”. Seguir leyendo…

Invertir en futuro

Autor: Nacho Álvarez Peralta, Jorge Uxo y Alberto Montero Soler

El País

En las próximas elecciones se dilucida una cuestión fundamental: ¿el nuevo Gobierno que elijamos va a gestionar la desaceleración económica —que ya está aquí— de la misma manera que la última crisis, o esta vez haremos las cosas de otra forma, pensando en la mayoría social?

Los signos de enfriamiento de la economía son evidentes, y preocupantes: en 2018 crecimos al 2,4%, y Funcas prevé que lo hagamos al 1,9% en 2019 y al 1,5% en 2021. Esto va a significar menor creación de empleo, cuando la tasa de paro todavía sigue duplicando la media europea. Y además esta desaceleración llega cuando aún hay millones de españoles que no se han recuperado del vendaval de la última crisis, y que sufren graves problemas de inestabilidad laboral amplificados por la reforma del mercado de trabajo.

Que las causas de la desaceleración sean principalmente externas no significa que no debamos reaccionar cuanto antes para contrarrestar sus efectos. Pedro Sánchez resta importancia a la situación y Casado la exagera para alarmar. Ni una cosa ni la otra: lo que debemos hacer es aprender de la última crisis y gestionar esta de forma distinta a como lo hicieron el PSOE y el PP. Esto supone impulsar una estrategia que priorice tres objetivos: actuar con rapidez para amortiguar la ralentización, con planes de inversión pública; construir un escudo social para los más vulnerables, y utilizar esta oportunidad para abordar retos estructurales que siguen pendientes o que nos acechan (cambio climático, digitalización, necesidad de elevar la productividad, igualdad de género, desequilibrios interterritoriales…).

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Reorientar la brújula

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

El País

Ha llegado el momento de pasar de la efervescencia electoral al debate de fondo. ¿Qué grandes transformaciones económicas debemos impulsar en esta nueva legislatura?

Tano Santos y Jesús Fernández-Villaverde empujaban recientemente este debate. Algunos diagnósticos son compartidos: el nulo crecimiento de la productividad dificulta la convergencia con nuestros socios europeos, la complejidad tecnológica de nuestras exportaciones es limitada y nuestro sistema financiero está preocupantemente concentrado y poco capitalizado. Sin embargo, entre los desafíos que señalan nuestros colegas hay omisiones relevantes y debates pendientes.

En primer lugar, los economistas no podemos seguir olvidando por más tiempo la actual emergencia climática. Debemos situar en el centro de la agenda la descarbonización de nuestra economía, impulsando un programa de inversiones en energías renovables, rehabilitación inmobiliaria y movilidad eléctrica. Estas inversiones ayudarían además a sortear la desaceleración internacional, apuntalando la creación de buenos empleos.

En segundo lugar, este plan de inversiones verdes debe tener también un componente morado, que impulse infraestructuras sociales de las que carecemos y que son esenciales para avanzar en la igualdad de género. Universalizar la educación de cero a tres años, y desarrollar un verdadero sistema de dependencia, permitiría elevar la tasa de empleo de la economía y reducir la brecha salarial que sufren las mujeres.

Sorprende, en tercer lugar, que Santos y Fernández-Villaverde no hagan referencia en su artículo a la necesidad de reducir la desigualdad: ninguna transformación económica será social y políticamente sostenible si no camina de la mano de una mayor equidad. Los costes de vivir en sociedades tan desiguales están muy documentados: la desigualdad conlleva una insuficiencia estructural de demanda —con pérdidas de crecimiento potencial—, polarización política y desafección social. Contamos con instrumentos diversos, pero la profundidad del problema exige un planteamiento integral: por un lado, necesitamos cambios en las políticas de redistribución —con la articulación de un auténtico sistema de ingresos mínimos y una mayor progresividad fiscal. Pero, además, debemos transformar nuestro modelo de predistribución —con un reequilibrio de la negociación colectiva en el mercado laboral.

Esto nos lleva a un cuarto reto, que nuestros colegas tampoco mencionan: urge terminar con la precariedad, que dificulta los proyectos vitales de muchas personas y daña la productividad de nuestras empresas. La reforma laboral no ha corregido la altísima temporalidad que arrastramos desde antes de la crisis. De hecho, hoy la situación es aún peor: los contratos temporales duran 30 días menos que en 2008 y los indefinidos se han precarizado (el 40% no alcanza el año de duración).

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El trabajo, ese gran problema

Autor: Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Con frecuencia se ha utilizado la expresión “década perdida” para referirse a esta última, puesto que el PIB per cápita se mantiene actualmente en valores muy similares a los de hace diez años, antes de que se iniciase la Gran Recesión.

Sin embargo, la crisis y el proceso de crecimiento económico al que asistimos durante estos últimos años no ha afectado a todo el mundo de la misma forma. Son muchas las personas que han visto cómo sus ingresos se estancaban, pero también son muchas las que hoy viven peor que antes: siguen en una situación de desempleo estructural, o bien sus salarios han retrocedido, están afectadas por elevados niveles de precariedad y carecen de expectativas de mejora.

Para la mayoría de la gente, el trabajo sigue siendo un enorme foco de preocupación e inseguridad. O bien porque carece de trabajo –y por tanto de ingresos–, o bien porque el trabajo que tiene es enormemente precario e inestable, o bien porque –para buena parte de la población empleada– trabajar es sinónimo de largas jornadas laborales difícilmente compatibles con la vida familiar y personal. Por acción o por omisión, por activa o por pasiva, el trabajo sigue siendo “un gran problema” para millones de personas en nuestro país.

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New Deal verde, y morado

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El Confidencial

Salimos de la crisis con una nueva sociedad en la que millones de personas han visto no solo cómo se erosionaban sus condiciones económicas y laborales, sino también cómo se quebraban su seguridad y sus expectativas vitales. Las políticas adoptadas durante la última década han llevado a que el crecimiento económico se desconecte del bienestar social, de forma que la mera creación de empleo ya no basta para proporcionar certezas y facilitar un proyecto de vida.

El contrato social está roto en nuestro país desde que las “reformas estructurales” de la Troika se lo llevaron por delante. Y construir uno nuevo, adaptado a las necesidades del siglo XXI, que recomponga nuestra sociedad y revitalice la condición de ciudadanía exigirá determinación para encarar las grandes transformaciones que necesitamos. Porque, como bien señala Antón Costas, los periodos no convencionales requieren de políticas no convencionales para restablecer la convivencia.

El nuevo contrato social que hay que poner en pie debe poner la vida en el centro de la política económica: crear empleo de calidad, garantizar la sostenibilidad ecológica, asegurar las expectativas de futuro y avanzar hacia un reparto igualitario del trabajo. Estos tienen que ser sus objetivos prioritarios.

Son muchas las voces –desde Thomas Piketty hasta la congresista demócrata Ocasio-Cortez– que hoy plantean la necesidad de un New Deal verde, y con razón. Luchar contra el cambio climático y evitar el calentamiento global es un desafío urgente e ineludible, si queremos preservar la vida en el planeta tal y como la conocemos.

Pero el New Deal que necesitamos para reconstruir el contrato social no solo es verde. También debe ser morado, porque solo escuchando el mensaje que el feminismo está poniendo sobre la mesa podremos avanzar en transformaciones que verdaderamente modernicen nuestra sociedad en beneficio de la mayoría social, garantizando horizontes de estabilidad y bienestar para quienes hoy viven con proyectos vitales cercenados.

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Avanzar o retroceder

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Suele decirse que las democracias liberales se han construido sobre tres pilares: sistemas parlamentarios que articulan el pluralismo político gracias al sufragio universal, reconocimiento de derechos civiles fundamentales y separación de los poderes del Estado. No obstante, se olvida a menudo un cuarto pilar sin el cual no hubiese sido posible la consolidación ni la legitimación de nuestras democracias: los derechos sociales y laborales.

En España el nacimiento y consolidación de la democracia le debe tanto o más al movimiento obrero organizado que a los liberales de las Cortes de Cádiz. Entre unos y otros levantaron esos cuatro pilares. Pero estos avances nunca son definitivos, siempre están sometidos a la correlación de las fuerzas sociales y económicas, existiendo riesgos de involución parcial. De hecho, hoy vemos cómo esos riesgos reaparecen en nuestro país y nos colocan ante una encrucijada.

Las duras medidas de ajuste impuestas a la mayoría social para gestionar la crisis han tenido como consecuencia la liquidación del contrato social constitucional, erosionándose el cuarto pilar de nuestra democracia. La generalización de la precariedad, el miedo y la desafección han sido el resultado de dicha deflagración.

En este contexto han emergido dos respuestas, de signo muy distinto, que compiten hoy por gestionar el campo político y reconstruir nuestra sociedad en una u otra dirección.

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Tiempo de descuento

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

La aprobación este jueves del objetivo de estabilidad presupuestaria da el definitivo pistoletazo de salida al trámite para la discusión de los Presupuestos Generales del Estado.

Como es sabido, estos presupuestos llegan al Congreso respaldados por un acuerdo previo entre Unidos Podemos y el Gobierno con el que se empieza a dejar atrás la austeridad. Los principales pilares de ese acuerdo son ya públicos: el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, una reducción de las tasas universitarias a los niveles previos a la crisis, la eliminación de los copagos y un aumento importante del presupuesto en dependencia.

Asimismo, se incrementa la prestación por hijo a cargo, progresa la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, y se impulsa la educación entre los 0-3 años, tan necesaria para la igualdad de género. Estos avances serán financiados con una fiscalidad más justa —se eliminan algunos privilegios que favorecen a las rentas más altas—, y vienen además rubricados por una subida del SMI a 900 euros mensuales.

Pasar la página de una austeridad que ha dañado la cohesión social y el crecimiento potencial de la economía —dejando profundas cicatrices— es sin duda necesario. Pero la importancia de los Presupuestos que se van a discutir a partir de enero va mucho más allá.

Estamos en el tiempo de descuento de la legislatura actual. En el caso de que estos Presupuestos no se aprueben, las reformas anteriores no echarán a andar. Y estaremos además abocados a un adelanto electoral que bien podría ofrecer un resultado similar al que ha tenido lugar en Andalucía.

El problema de que un resultado análogo se produzca en el conjunto del país no es “que ganen las derechas”, algo evidentemente democrático y legítimo. El problema es que ganarían unas derechas hoy por hoy secuestradas por la extrema derecha, lo que conllevaría riesgos evidentes de involución democrática en nuestro país.

Precisamente por ello, quienes defendemos la idea de que el ciclo político que se abrió con el 15-M debe terminar alumbrando un proceso de profundización democrática —basado en el fortalecimiento de los derechos sociales y en la convivencia plurinacional— tenemos un reto enorme. O se consolida la mayoría política y social que se articuló en torno a la moción de censura, o se aborta el proceso de cambio.

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La paradoja de la deuda (o cómo evitar caer de nuevo en el error de la austeridad)

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

Agenda Pública

El análisis macroeconómico nos enseña que los comportamientos que parecen razonables cuando se analizan a nivel individual pueden dar lugar a resultados distintos a los esperados cuando se generalizan en el conjunto de la economía, o cuando quien los adopta es un agente con tanta capacidad para influir en la situación global de la economía como el sector público. Normalmente, nos referimos a estas situaciones como paradojas, y el economista canadiense M. Lavoie señala siete bien conocidas (aquí). Una de ellas es la paradoja de la deuda, que aplicada al caso de la política económica nos diría que los intentos de reducir la ratio deuda/PIB congelando o reduciendo el gasto público pueden acabar, de hecho, elevándola.

Esto es mucho más que una curiosidad teórica: ha ocurrido recientemente, y puede volver a pasar en España si seguimos las recomendaciones que están haciendo instituciones como la Comisión Europea (aquí), el Fondo Monetario Internacional (aquí) o el Banco de España (aquí).  Veamos por qué.

Los cambios en el cociente de la deuda pública sobre el PIB se pueden descomponer en dos efectos. El primero está vinculado al déficit o superávit primario del Estado; es decir, a la diferencia entre el gasto público (excluido el pago por intereses de la deuda) y los ingresos públicos. Si hay déficit, el cociente deuda/PIB tiende a aumentar, porque el Gobierno tiene que emitir nuevos títulos en el mercado primario (dado que, actualmente, el banco central tiene prohibido prestar directamente al Estado). Si lo que se registra es un superávit primario, ocurre lo contrario: la ratio deuda/PIB tiende a reducirse.

Pero también hay un segundo efecto, que suele denominarse bola de nieve, y que puede ser positivo o negativo. Por un lado, el Gobierno tiene que pagar los intereses de la deuda actual, y esto eleva el gasto y la necesidad de emitir nueva deuda. En sentido contrario, si el PIB está creciendo, estos pagos supondrán un porcentaje cada vez menor de la renta. Por tanto, el efecto bola de nieve tiende a reducir el peso de la deuda pública en el PIB cuando la tasa de crecimiento de la economía es mayor que el tipo de interés, y viceversa.

Planteado de esta forma, si lo que se quiere conseguir es una reducción de la ratio deuda/PIB, la recomendación de limitar el gasto público para tener superávits primarios parece una recomendación razonable. Sin embargo, esto sólo es cierto si lo que el Gobierno decide con su política fiscal no tiene efectos en la tasa de crecimiento de la economía, o si este efecto (lo que llamamos el multiplicador del gasto público sobre el PIB) es pequeño. En caso contrario, puede ocurrir que lo que gana el Gobierno con el superávit primario (emitir menos deuda en términos nominales) lo pierda provocando un parón de la actividad económica (se reduce el denominador del cociente y hace que el efecto bola de nieve sea negativo).

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Construir un colchón fiscal

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España insisten últimamente en la necesidad de volver a ajustar el gasto público, ahora para disponer de un “colchón fiscal” para cuando llegue la próxima crisis. Sin embargo, construir este margen fiscal siguiendo el camino que marcan estas instituciones impedirá afrontar dos retos económicos ineludibles. El primero tiene que ver con la necesidad de modificar el patrón de salida de la crisis que estamos experimentando: el crecimiento económico no termina de llegar a millones de hogares —a pesar de la creación de empleo—, las desigualdades se mantienen en niveles elevados y se refuerza nuestra especialización en sectores poco productivos. El segundo reto viene dado por la paulatina desaceleración internacional que se espera para los próximos trimestres, y que podría complicar la situación económica. Volver a ajustar a la baja el gasto público no hará sino agravar ambos problemas.

Hay no obstante otra vía alternativa para construir el colchón fiscal que la economía necesita: iniciar las primeras fases de una reforma tributaria que sirva para aumentar los ingresos del sector público. Esta segunda vía, al no cargar los ajustes sobre el gasto, permitirá enfrentar con más garantías los dos retos mencionados. Por un lado, facilitará recursos para poner la política fiscal al servicio de la lucha contra la desigualdad —reforzando el Estado del bienestar—. Además, los nuevos ingresos ayudarán a financiar políticas de inversión que permitan sostener la actividad económica y modernizar el tejido productivo.

El reciente acuerdo alcanzado entre Unidos Podemos y el Gobierno pretende abrir esta segunda vía, realizando un esfuerzo para aproximar nuestra recaudación tributaria a la de los países de la eurozona. En España, los ingresos del sector público suponen el 38% de nuestro PIB, mientras que dicha ratio se eleva hasta el 46% para la media de la eurozona. No obstante, el problema de nuestro sistema fiscal no radica en que tengamos tipos nominales muy inferiores a los que existen en los países de nuestro entorno. Son fundamentalmente el fraude, la elusión y toda una panoplia de deducciones y exenciones las causas que en buena medida explican la menor recaudación, y que llevan a una desfiscalización de las rentas más elevadas.

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El FMI pide continuidad, pero España necesita cambio

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Hay dos motivos para estar preocupados por el momento actual de la economía española, y que nos invitan a compartir algunas reflexiones sobre la necesidad de un cambio de rumbo de las políticas económicas.

En primer lugar, todos los indicadores, y las previsiones de los organismos oficiales o los institutos privados, coinciden en señalar que las tasas de crecimiento próximas al 3% registradas por la economía española desde 2015 tocan a su fin, y que es probable que estemos entrando en un periodo de “desaceleración”. Esto es preocupante, porque aún tenemos tasas de paro próximas al 16% (media anual) y muchas personas todavía no han recuperado los niveles de renta anteriores a la crisis. Si España reduce significativamente su crecimiento, estas dos situaciones se mantendrán en los próximos años. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook, octubre 2018) prevé que la tasa de paro española se estabilice en el 14% entre 2020 y 2023, una situación que no podemos asumir.

Pero más allá del cambio de ciclo que se aproxima, hay un segundo motivo para la preocupación, aún más importante. Contrariamente a lo que se dice, la recuperación del crecimiento a partir de 2014 reproduce muchas de las debilidades tradicionales de nuestra economía y viene acompañada de algunos rasgos ciertamente negativos para la mayoría: está basado en la cronificación de la precariedad laboral y el estancamiento salarial; precisamente por ello, y por el desmantelamiento del Estado de Bienestar ocurrido durante los peores años de la austeridad, la desigualdad se ha agrandado primero y estancado después, rompiéndose el vínculo entre crecimiento y progreso social; se está reproduciendo la especialización en sectores que lastran el crecimiento de la productividad; y no se están abordando con suficiente decisión dos retos tan importantes como la brecha de género, en todas sus manifestaciones, y la lucha contra el cambio climático.

Constatar estas dos preocupaciones nos lleva a plantear dos retos inmediatos para la política económica. En primer lugar, es necesario “sostener el crecimiento” –con medidas que contrarresten la desaceleración y permitan reducir rápidamente el desempleo–. Pero además, es imprescindible tomar medidas para empezar a “transformar el crecimiento” y lograr que nuestra economía cambie su modelo de desarrollo. El reciente acuerdo firmado entre Unidos Podemos y el Gobierno es precisamente un primer paso en esta dirección.

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Nueva agenda económica

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

La reciente visita del FMI a nuestro país ha servido para que sus funcionarios vuelvan a insistir, una vez más, en su particular “narrativa de la recuperación” española: según ellos, esta es el fruto de exitosas reformas estructurales que no solo hay que preservar, sino también ampliar.

Sin embargo, cuando el FMI dice que “la mayor flexibilidad laboral, fruto de la reforma del mercado de trabajo, ha sustentado la recuperación”, lo hace sin suficiente soporte empírico. Se trata de una mera afirmación ideológica.

Porque la realidad es que la reforma laboral de 2012 no ha modificado la relación entre empleo y PIB: la evolución del empleo desde 2014 ha respondido al crecimiento del PIB en la misma proporción que en otros periodos expansivos de la economía española. Eso sí, gracias a esa reforma el empleo que ahora se crea es precario y mal pagado.

El mayor crecimiento del empleo en España no lo explican las reformas laborales ni la devaluación salarial, sino nuestra mayor sensibilidad al ciclo. Todas las recuperaciones de las últimas décadas se han producido con un ritmo de crecimiento económico y de creación de empleo superior al de los países de nuestro entorno. De hecho, este es un rasgo preocupante de nuestra estructura: crecemos más en las expansiones y destruimos más en las recesiones.

Pero además de sus viejas “ideas zombie” –esas que, según Krugman, uno mata muchas veces porque son nocivas, pero siguen reapareciendo para hacer daño–, el FMI nos dejó un nuevo recado. Dado el elevado nivel de endeudamiento público de España, y la inminente desaceleración internacional, nuestro país debe intensificar el ajuste presupuestario mediante medidas de mayor contención del gasto público. El Partido Popular y Ciudadanos se apuntan también a esta nueva exigencia de austeridad.

Bien al contrario, lo que necesita la economía española no es persistir en el error de las recetas que durante esta década perdida han profundizado la recesión y han retrasado la recuperación. Nuestro país precisa una nueva agenda de política económica, que marque un punto de inflexión con el pasado y abra un nuevo camino, como el que hemos iniciado con el reciente acuerdo entre Unidos Podemos y el Gobierno.

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Beneficios que nos dejan a oscuras

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El Confidencial

Pagar la factura de la luz se ha convertido en algo muy complicado para millones de familias: entre 2006 y 2016, la factura del consumidor medio ha subido un 70% en nuestro país. Y en los últimos meses, el ritmo de esta subida se ha acelerado tanto —un 11%, entre agosto de 2017 y agosto de 2018— que la situación se ha hecho ya insostenible.

Con el invierno aproximándose, el nuevo Gobierno adoptó el pasado 5 de octubre medidas urgentes en un real decreto ley. Algunas de ellas —por ejemplo, la eliminación del ‘impuesto al sol’— eran muy necesarias desde hace tiempo. Sin embargo, el Gobierno dejó pasar una buena oportunidad para proteger a los consumidores. Por un lado, las modificaciones en el bono social eléctrico y las medidas aprobadas para luchar contra la pobreza energética fueron muy limitadas. Por otro, la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica no solo tendrá un impacto pequeño en la factura de la luz, sino que además ignora las raíces del problema.

Hace falta tomar medidas inmediatas, en eso no se equivoca el Gobierno. Pero estas deben ser eficaces y, al mismo tiempo, deben abordar el problema de fondo, que no es otro que la disfuncionalidad del mercado eléctrico y la actuación en régimen de oligopolio de las grandes empresas del sector.

El reciente acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos incluye una medida que cumple estos requisitos —ser eficaz para atajar hoy mismo la subida de la luz y útil para frenar las prácticas oligopólicas—. Se trata de la fijación de un límite máximo al precio al que las centrales hidroeléctricas y nucleares pueden cobrar la electricidad en el mercado. La diferencia entre el precio de mercado y ese límite se consideraría un ingreso del sistema eléctrico y sería destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores. Seguir leyendo…

Avanzar con decisión

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Las políticas de austeridad fiscal del Partido Popular nos han dejado un maltrecho Estado de bienestar. Sin embargo, la moción de censura ha creado una oportunidad para recuperar el terreno perdido, y el acuerdo alcanzado entre Sánchez e Iglesias empieza a materializar dicha posibilidad.

Todo proceso de reconstrucción lleva su tiempo, por eso, el camino debe iniciarse con decisión. La restauración de los servicios públicos, la restitución de los derechos perdidos —y también su extensión— deben ser auténticas, no pueden quedarse en meros giros discursivos. Por eso, Podemos exigió en julio una verdadera negociación sobre las políticas económicas y presupuestarias, antes de discutir y aprobar el techo de gasto.

Ahora esa negociación empieza a dar sus frutos. Hemos acordado ya una hoja de ruta para derogar los reales decretos con los que Rajoy asestó en 2012 duros recortes a la sanidad, la educación o la dependencia. Igualmente, nuestra agenda común contempla volver a indexar el crecimiento de las pensiones con la inflación y eliminar el copago farmacéutico. También avanzar en derechos de nueva creación, como la educación de cero a tres años, o la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.

Pero para que esto se haga efectivo España debe dejar de ser “el país del 38%”. Dicha cifra representa nuestra ratio de ingresos públicos respecto al PIB: ocho puntos por debajo de la eurozona. Si España recaudase con la eficiencia media con la que recaudan los países de nuestro entorno, las arcas públicas dispondrían anualmente de 80.000 millones de euros adicionales. Recaudar, sin embargo, como recaudan los países bálticos o los balcánicos conlleva que la reducción del déficit público se fíe sistemáticamente a la contención de un gasto que ya se sitúa seis puntos del PIB por debajo de la media de la eurozona.

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Pedro Sánchez y el trilema de la voluntad política

Autor: Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es

En la década de 1960, los economistas Robert Mundell y Marcus Fleming desarrollaron una hipótesis que rápidamente se convertiría en piedra angular de la macroeconomía abierta: una economía no puede mantener simultáneamente tipos de cambio fijos, libre movilidad de capitales y una política monetaria autónoma. Esta “trinidad imposible” señalaba que era inviable alcanzar al mismo tiempo los tres objetivos, y uno debía descartarse.

Años después, Dani Rodrik, el conocido economista de Harvard, volvía a utilizar esta metáfora para referirse al “trilema de la globalización”. No se puede optar al mismo tiempo por la globalización económica, la soberanía nacional y la democracia política, de forma que la búsqueda simultánea de las tres alternativas conlleva necesariamente el debilitamiento de alguna de ellas.

Según Rodrik, conservar niveles elevados de soberanía nacional y democracia interna exige una integración selectiva y parcial en la globalización. A la inversa, un país plenamente integrado en la globalización económica tendrá que sacrificar elementos cruciales de su soberanía o, peor aún, de su democracia.

Algunos autores han querido entender a partir de este trilema la crisis que atraviesa la socialdemocracia desde hace varias décadas. Parte de razón no les falta: las fuerzas desatadas por la mundialización del capital y la libre movilidad financiera han dificultado el avance, e incluso la continuidad, de políticas de corte socialdemócrata.

Sin embargo, comprender la crisis que atraviesa hoy la socialdemocracia exige pensar, al menos, en otro trilema adicional: el trilema de la voluntad política. Este trilema quizá podría formularse –en términos de Economía Política Internacional– del siguiente modo: en los países periféricos de la zona euro no parece viable satisfacer al mismo tiempo las exigencias de la ciudadanía, las exigencias de las élites nacionales y las exigencias financieras internacionales (cristalizadas en las normas de Bruselas). Hay que elegir y descartar, al menos, uno de estos tres vértices (o, en este trilema, incluso dos).

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Segunda oportunidad

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

En política, como en la vida, rara vez tenemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. En algunas ocasiones, sin embargo, las circunstancias nos ponen nuevamente ante la misma tesitura.

Este es precisamente el caso del techo de gasto elaborado por el Gobierno. El Congreso lo rechazó a finales de julio, con la abstención de todo el bloque que apoyó la moción de censura, salvo el PNV. Sin embargo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe remitir a las Cortes una nueva propuesta en el plazo de un mes. Debemos aprovechar esta segunda oportunidad y hacer un esfuerzo para llevar el barco a buen puerto. Pero clarifiquemos antes la situación.

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The myth of Spanish economic recovery

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

Brave New Europe

In the international media we read repeatedly of the supposed “Spanish miracle”. The Spanish economy has been growing again for several years now, and it is growing significantly faster than other euro-zone economies.

International financial institutions and the European Commission are trying to disseminate the message that fiscal austerity and labour market flexibility have proved successful in Spain.  But that message is untrue, and it ignores some of the following fundamentals.

Firstly, the fiscal and wage cuts imposed by Brussels prolonged the economic crisis needlessly by reinforcing its depressive effect. It was precisely these cuts – as of 2010 – that determined the second phase of the crisis. The insistence, by the government of prime minister Mariano Rajoy, on policies between 2012 and 2014 that reduced the level of domestic demand, meant that Spain lost a decade of growth: it has taken ten years for the country to reach the level of GDP per capita it had before the crisis, and it has only recovered half of the jobs that were destroyed during that period.

Moreover, wage cuts and fiscal austerity have not only failed to drive the recovery, they have also deepened other problems. They have increased social inequality, eroded key public services and delayed public investment, including in research and development.

Secondly, the factors that explain the economic growth of recent years should be analysed carefully. Indeed, the Spanish economy is growing at 3% in annual terms, approximately one point above the euro-zone average. But, that is not the result of either wage cuts or fiscal austerity.

The deregulation of the labour market has supposedly boosted recovery in two ways. . According to the analyses of the European Commission and mainstream economists, lowering the cost of severance pay and cutting wages should have translated into greater job creation, boosting private consumption. Furthermore, labour reforms implemented in previous years should have increased Spain´s price-competitiveness and led to a recovery driven by the export sector.

But the reality of the Spanish economy does not confirm either of these two policies. To begin with, labour reforms have not displaced the Okun curve: the relationship between the rate of job creation and economic growth has not changed, so that in periods of economic growth our economy continues to  create jobs rapidly – of poor quality – only to destroy them just as rapidly in times of crisis. That is, there is no trade-off between employment and wages.. What has happened in recent years, however, and this is probably the main effect of the labour reform, is that collective bargaining has become rebalanced in favour of companies, and the new jobs created set wages even lower. The duration of contracts has also been greatly reduced and the quality of jobs has deteriorated.

Moreover, the idea that wage devaluation has generated competitiveness gains and an export boom cannot be substantiated. The rate of growth of exports during the period 2010-2017, although significant, is very similar to the one we had in 2000-2007, despite the fact that relative labour costs were increasing at the time. The main reason for this is that the development of exports basically depends on external demand. Wage reductions have hardly translated into a reduction in relative export prices. This reduction in wages has been squandered and simply gone to increasing the profits of exporting companies.

Other factors explain the recent rapid growth of the Spanish economy. In its Annual Report for 2017, the Bank of Spain attributes much of the faster growth in 2015-16 to the European Central Bank’s (ECB’s) monetary policy and the sharp fall in oil prices. Both factors are beyond the reach of government policy. According to the Bank of Spain these factors explain about half of the additional growth experienced by the Spanish economy during the actual recovery (Figure 1).

Figure 1: GDP in Spain and in the Euro area (Annual rates of change)

Source: Bank of Spain, Annual Report 2016, pp: 48.

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Ampliemos el espacio de lo posible

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Pronto se iniciará la discusión de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Primero, con el debate sobre el techo de gasto que el Gobierno debe llevar a las Cortes. Y, en otoño, con la discusión parlamentaria de los propios Presupuestos.

El Gobierno, y las fuerzas políticas que hemos impulsado la moción de censura, tenemos el reto de aprobar unos Presupuestos que abran una nueva etapa, con una estrategia completamente diferente de la del Partido Popular.

Entre 2012 y 2014, el PP aplicó durísimos recortes del gasto y la inversión. Durante el periodo de 2015 a 2017, los recortes se frenaron, pero no se revirtieron. En esa línea, la estrategia del último Programa de Estabilidad remitido por Rajoy a Bruselas contemplaba disminuir el déficit mediante una reducción del peso del gasto público en la economía, alejándonos aún más de la media europea.

Sería un dramático error que el Gobierno de Pedro Sánchez haga suyo este planteamiento, dado que nuestra economía necesita una estrategia fiscal que vaya en la dirección opuesta. Además, Sánchez demostraría no haber entendido el enorme impacto político que la austeridad fiscal ha tenido en Europa, y en la propia crisis de la socialdemocracia.

Nuestro país bajó un escalón como consecuencia de las políticas de austeridad, y necesitamos volver a subirlo. Ahora bien, el cambio de política económica que planteamos no pasa simplemente por “gastar más”, sino por atender a las necesidades reales de nuestra economía.

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La reforma de la Eurozona: más allá de la cosmética

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

El Mundo

Desde hace tiempo vienen sucediéndose distintas propuestas para reformar la gobernanza del euro, como las que ha formulado la Comisión Europea o a la que lanzó E. Macron en 2017, aunque su alcance se ha limitado muy sustancialmente tras el acuerdo con A. Merkel. Reconózcase abiertamente o no, lo que esto pone de manifiesto es una profunda insatisfacción por los resultados cosechados desde la creación de la unión monetaria, particularmente después de la crisis y de las políticas aplicadas durante esta “década perdida”.

España ha tardado diez años en recuperar el PIB que tenía en 2007, la economía griega se ha reducido un 25% e Italia presenta hoy un PIB per cápita inferior al que tenía antes de entrar en el euro. Las tasas de desempleo han alcanzado niveles estratosféricos, la calidad del nuevo empleo creado es muy deficiente -fruto de las reformas laborales impuestas- y los servicios públicos fundamentales se han erosionado.

Millones de ciudadanos europeos -particularmente en los países periféricos, pero no sólo- han constatado que la austeridad fiscal y la contención salarial son políticas económicas profundamente enraizadas en la propia unión monetaria. Más aún, como ilustra el último libro de Yanis Varoufakis, las principales decisiones se han adoptado -e impuesto- sin un debate genuinamente democrático sobre las opciones disponibles, y frecuentemente al margen o en contra de los propios parlamentos nacionales, representantes de la soberanía popular.

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Moción de censura: pasar página, también en lo económico

Autor: Nacho Álvarez Peralta, Jorge Uxo y Alberto Montero Soler

El Confidencial

En estos momentos previos a la moción de censura, el Gobierno se esfuerza en trasladar un mensaje a la ciudadanía y al resto de fuerzas políticas: deben ustedes elegir entre nosotros, o la inestabilidad económica y el fin de la recuperación.

Esta supuesta elección es falsa. El ejecutivo de Rajoy no sólo es un gobierno enfangado en un lodazal de corrupción, que amenaza con erosionar profundamente nuestra democracia. Es, además, un gobierno que deja tras de sí una legislatura estéril en materia económica, cuando no contraproducente.

Las principales medidas de este gobierno en materia económica tuvieron lugar en la legislatura anterior. Después de 2015 el Gobierno apenas ha legislado en este campo.

Así, Rajoy sigue vendiendo como su principal triunfo económico una reforma laboral, la de 2012, que habría supuestamente permitido impulsar la recuperación, crear empleo y dinamizar el sector exportador. Ya sabemos que el empleo que se está creando –como consecuencia precisamente de la reforma laboral– es un empleo muy precario e inestable. Pero además, dicha reforma no ha alterado la relación existente entre el ritmo de creación de empleo y el crecimiento económico: es similar al existente en las décadas previas a la crisis. Es decir, que en periodos de crecimiento económico nuestra economía seguirá creando rápidamente empleo –de mala calidad– para pasar a destruirlo rápidamente, como ha sucedido hasta la fecha, en momentos de crisis.

Además, la tasa de crecimiento de las exportaciones durante el periodo 2010-2017 es muy similar a la que tuvimos en 2000-2007: la idea de que la devaluación salarial ha generado ganancias de competitividad y un boom exportador no se puede sostener. De no ser por la evolución de los precios del petróleo, hoy volveríamos a tener los tradicionales desajustes externos de nuestra economía.

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Gobernar la digitalización en favor de la mayoría

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

#lacircular

Como señalaba Dani Rodrick, el debate sobre las consecuencias sociales y económicas del proceso de “digitalización” está muy polarizado: los “tecno-optimistas” piensan que estamos en la antesala de grandes crecimientos de la productividad que permitirán un aumento de los niveles de vida sin precedentes; los “tecno-pesimistas” afirman que es difícil que la digitalización acabe produciendo los aumentos de productividad que se le atribuyen; por último, los “tecno-preocupados” coinciden en que el efecto de las nuevas tecnologías sobre la productividad será de gran escala, pero piensan que, precisamente por eso y por sus características, acabarán provocando grandes pérdidas de empleo y de bienestar para una parte importante de la población.

Nuestro enfoque no se reconoce en ninguna de estas tres posiciones.

En primer lugar, aunque aún está por ver su dimensión exacta, sí creemos que este tipo de innovaciones acabarán cambiando el modo de producir en muchos sectores, y acelerarán la productividad en los próximos años (al menos en dichos sectores). Esto debemos verlo como una oportunidad: será posible aumentar la renta per cápita con las mismas horas de trabajo, o garantizar niveles similares de renta per cápita con jornadas laborales más cortas. Pero también es un desafío que España debe atender con las políticas industriales adecuadas para no quedar relegada.

A su vez, este proceso puede plantear algunas amenazas, lo que requiere que se gobierneadecuadamente para asegurar no sólo que la productividad crece, sino que este aumento se reparte equitativamente y se traduce en cambios favorables para la mayoría.

La amenaza que se analiza con más frecuencia es la de la posible aparición de un elevado “desempleo tecnológico” como consecuencia de que los robots sustituyan al trabajo humano en muchas ocupaciones. Sin embargo, como ya se ha explicado también en otros números previos de La Circular, la robotización no tiene por qué producir una destrucción masiva de empleo.

Sin ir más lejos, entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los años 70, los países desarrollados vivieron años de crecimiento elevado de la productividad –asociada a la fuerte mecanización del proceso productivo–, pleno empleo y aumentos de los salarios reales, como vemos en la siguiente figura. Esta “compatibilidad” entre desarrollo de la productividad y crecimiento del empleo se explica, primero, porque a la vez que crece la productividad puede reducirse la duración de la jornada laboral media. Además, la posibilidad de obtener la misma producción con menos horas de trabajo no tiene por qué suponer que el número total de horas de trabajo se reduzca, siempre y cuando se produzca, de forma simultáneamente, un aumento de la demanda, la expansión de nuevos sectores y, por tanto, de la actividad económica.

Productividad y empleo (1950 = 100) y tasa de paro en Estados Unidos

Fuente: Federal Reserve Economic Data.

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34 horas: vivir, conciliar, trabajar

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

#lacircular

Cómo organizamos y cómo distribuimos el tiempo tiene una influencia decisiva en nuestras vidas. Las decisiones que podamos adoptar colectivamente sobre estas cuestiones están cargadas de una potencia transformadora muy importante. Por ello, queremos impulsar este debate y conceder a la distribución entre el “tiempo de trabajo” y el “tiempo personal”, un protagonismo mucho mayor del que actualmente recibe en las discusiones de política económica. Hay buenas razones para ello.

En primer lugar, la jornada laboral –medida por el número de horas de trabajo anuales por persona ocupada– ha seguido históricamente una tendencia a la baja, conforme se iban produciendo mejoras en la productividad. Por ejemplo, en España la jornada laboral suponía unas 2.800 horas de trabajo al año a principios del siglo XX, y actualmente está ligeramente por debajo de las 1.700 horas. Pero en el gráfico también podemos ver que si bien entre 1970 y 1990 hubo un intenso proceso de reducción del número de horas anuales de trabajo (casi un 13%), esta tendencia se detuvo entonces, y hoy la jornada anual es sólo un 3% más baja que hace 30 años. De hecho, en España se trabaja de media 118 horas más al año que en el conjunto de la UE-15.

Pero, en segundo lugar, el hecho de que -por término medio- dediquemos más tiempo en España al trabajo productivo que en otros países europeos es compatible con una importante discriminación por género también en la duración de las jornadas. Por un lado, un 28,5% de los hombres declara tener una jornada en su puesto de trabajo habitual superior a las 40 horas semanales, frente a un 15,5% de las mujeres. Por otro lado, el fuerte crecimiento en el trabajo a tiempo parcial que se ha producido en los últimos años se ha concentrado en las mujeres. Un 70% de las contrataciones a tiempo parcial son de mujeres, de las cuales más de la mitad son involuntarias. Además, en el 20% de los casos el empleo a tiempo parcial de las mujeres está asociado al desigual reparto de los cuidados (en los hombres no llega al 5%).

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