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La vida es una maraña de procesos en continua evolución. Así de entrelazada y cambiante es Gaia/ Gea: la Tierra que vemos y la tierra que no vemos, como nos señalaba la bióloga Lynn Margulis. La vida democrática es también (¡cómo no!) cuestión de procesos, no de órdenes prefijados, nos argumentaría el filósofo Cornelius Castoriadis. Sin embargo, nuestras vidas políticas no parecen entender hoy ni de autodeterminaciones, ni de respuestas frente al cambio climático. “Bochornoso” era el adjetivo que empleaba sintéticamente la portavoz del gobierno del Partido popular para referirse a la iniciativa soberanista que se está desarrollando en Catalunya. Podría haber empleado ese adjetivo para hablar de la creciente desertificación y de los incrementos de las altas temperaturas en este país, de las muertes no contabilizadas por estos calores o por sequías y huracanes de dimensiones nunca vistas hasta ahora. También bochornosas fueron actuaciones poco democráticas como la utilización de reformas constitucionales exprés y leyes mordaza para evitarse una salud democrática. País bochornoso, dicen, pero identificándolo siempre con todo aquello que pueda amenazar sus posiciones en el actual statu quo.
El pasado 6 de septiembre el parlamento catalán aprobaba por mayoría una ley de referéndum con los votos de Junts pel Sí y la CUP. La coalición nacionalista en el gobierno (Junts pel Sí) que aúna la tradición conservadora catalana (PdeCAT, proveniente de CiU) y una neoliberalizada socialdemocracia (ERC) ha encontrado apoyo en las CUP (cuyas mimbres están en un municipalismo anticapitalista) para andar este camino hacia la autodeterminación de Catalunya. Todo un calentamiento global del panorama político español, cuyos entramados jurídicos, mediáticos y políticos hegemónicos han publicitado que se trata de un huracán contra la democracia. Calentamiento que ha pasado por alto, sin embargo, algunas de las intenciones y de los matices que van más allá del derecho a decidir como senda institucional a partir de una idea de pueblo o comunidad. En el discurso pronunciado en la tribuna del Parlament la tarde del 5 de septiembre, Anna Gabriel Sabaté (diputada de las CUP) afirmaba que las instituciones estatales surgidas tras la muerte del dictador Franco “son un límite, son un muro, son un impedimento para plantear la recuperación de soberanías, todas: la nacional, alimentaria, la económica, cultural, residencial”. En esa misma semana, un equipo de la formación municipalista manifestaba su intención de interpelar al gobierno sobre lo que, a su juicio, debería ser una ley catalana por el decrecimiento. “El decrecimiento es una vía imprescindible para conseguir esas soberanías”, aquellas de las que hablaba la diputada Sabaté, afirmaba su compañero Sergi Saladié.
En círculos catalanes suele hablarse de dos ejes de polarización y a la vez de cohesión que se suceden en Catalunya: el nacional y el social. “La austeridad nos hará más fuertes” dijo una vez Artur Mas, antecesor del actual presidente catalán Carles Puigdemont. Y a ello se consagraron con reducciones, desde 2008 para acá, de un 17% del gasto en educación, un 14% en sanidad, aparte de privatizaciones directas o encubiertas. Ello motivó que el eje social tomara fuerza: las manifestaciones Prou Retallades! (basta de recortes), resonando junto al 15M, desde el 2011. Con el objetivo de relegitimarse, y azotada por la corrupción y los malos resultados electorales, CiU pasó a colocarse mediática e institucionalmente como la cabeza más visible del movimiento catalanista.
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