Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Los tres partidos de la derecha coinciden machaconamente en el mantra de que bajar impuestos es bueno per sé. Nos dicen que es bueno para la economía porque favorece el crecimiento y la creación de empleo, que lo es para aumentar los ingresos públicos y para que el resto de agentes económicos (personas y empresas) ganemos en libertad, pues donde mejor está el dinero es en nuestros bolsillos. Y nos dicen, finalmente, que los impuestos se utilizan sin otro propósito que engordar al Estado

La baja conciencia fiscal de los españoles contribuye a una cierta ignorancia sobre lo que realmente son los impuestos y para qué sirven. Y que la gente termine creyendo que argumentos como los que esgrimen las derechas son ciertos.

Las evidencias históricas y los estudios empíricos demuestran claramente que las dos primeras afirmaciones que hacen las derechas son falsas o que para que pudieran ser ciertas tendrían que darse una serie de circunstancias, sin las cuales es imposible conocer la responsabilidad real que una bajada de impuestos tiene en el crecimiento o la recaudación. Esto es así porque ambos dependen sobre todo de otras variables distintas que los tipos impositivos y que además varían a lo largo del tiempo. La tercera de las afirmaciones no se puede comprobar empíricamente, pero no por ello tenemos que darla por buena: una parte de la población quizás perdiera libertad al tener que renunciar a cierta proporción de sus ingresos, pero la mayor parte la ganaría al poder acceder a bienes y servicios públicos esenciales para ejercer la ciudadanía y que, sin los impuestos, nunca estarían a su alcance.

Y, por último, afirmar que los impuestos sólo sirven para engordar al Estado es también una gran simpleza. Los impuestos son los principales ingresos con los que se pueden financiar servicios públicos, que no existirían sin ellos o podrían disfrutarse sólo a precios desorbitados. Además, los impuestos generan incentivos y desincentivos de determinadas conductas (no fumar o contaminar menos, por ejemplo) que conforman una determinada forma de vivir y gestionar lo común y articulan el modelo de convivencia por el que colectivamente queremos apostar. Creo que se puede afirmar con rotundidad que sin impuestos solo los poderosos podrían definir el modo de vida colectivo de una sociedad.

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Cada día queda más claro que el Reino Unido se encuentra en una ratonera con el Brexit. Y cada vez que leo las noticias me pregunto dónde estará el hombre que convocó el referéndum buscando afianzar su poder y liderazgo dentro del seno de su partido. Obviamente, no soy la única en preguntarme dónde está David Cameron. Hace unas semanas las redes se llenaron de esa pregunta, y la respuesta que encontraron los británicos les cabreó sobremanera. Cameron, visiblemente bronceado, acababa de volver con su familia de unas vacaciones en Costa Rica, donde se alojó en un resort que cuesta 1.728 libras esterlinas la noche.

La indignación de gran parte de los británicos con sus élites políticas es más que palpable. Una de las estrategias más visibles para expresar esta indignación es la que desarrolla un grupo pro permanencia en la Unión Europea, Led By Donkeys, cuyo nombre proviene del eslogan “leones liderados por burros” que, tras la Primera Guerra Mundial, se utilizó para denunciar la irresponsabilidad de los líderes británicos al conducir durante el conflicto a cientos de miles de ciudadanos a auténticos mataderos. Este grupo está pagando anuncios en vallas publicitarias de las principales ciudades del país. En estas vallas se reproducen, a tamaño gigante, tweets publicados hace un par de años por los líderes políticos etnopopulistas que impulsaron el referéndum y defendieron el Brexit. En ellos puede leerse lo fácil que iba a ser llegar a un acuerdo comercial con la UE, o la promesa de un segundo referéndum para ratificar el acuerdo final con la UE, o cómo con el Brexit no habría ningún empeoramiento de la situación económica, sino una ostensible y clara mejoría.

Allí donde un día hay un anuncio de colonia o de lencería, al día siguiente aparecen esos tweets reproducidos para evidenciar la hipocresía y las mentiras que en su día dijeron los líderes pro Brexit y los compromisos que adquirieron con sus votantes. Nada de lo que dijeron se está cumpliendo y, en cambio, están sucediendo cosas de una gravedad que la ciudadanía británica no debería dejar pasar por alto si quiere seguir dándonos lecciones sobre la bondad de sus instituciones democráticas. Y cuando hablo de que pasan cosas, no me refiero sólo al empeoramiento de algunas cifras macroeconómicas o a la huida de bancos y empresas del país o a las alarmas de desabastecimiento de algunos productos; me refiero a auténticos atropellos de los derechos fundamentales de las personas.

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Mientras en España los dirigentes del PP disimulaban las mentiras de la presidenta de la CAM atacando a la universidad pública y cientos de miles de personas salían a la calle en defensa de una pensión digna, en el Reino Unido se estaba viviendo una huelga sin precedentes en protesta por el deterioro de la universidad pública. Una huelga provocada, precisamente, por el recorte de las pensiones del personal universitario porque se supone que el plan de pensiones de las universidades no es sostenible.

Los salarios universitarios en el Reino Unido, aunque sensiblemente mejores que los españoles, nunca han sido para tirar cohetes, sobre todo en ciudades donde el precio de la vivienda es muy elevado. Además, desde 2009, han sufrido un recorte del 16%.

Aún recuerdo cuando hace veinte años, tras defender mi tesis doctoral, obtuve una plaza en una universidad británica. Mi salario de entonces era solo algo más bajo del que tengo ahora, pero notablemente inferior al que obtenían mis compañeros de doctorado que, en su mayoría, habían optado por continuar su carrera profesional en el sector privado. Todos me consolaban diciendo que lo bueno estaba por venir porque, en realidad, lo mejor del salario de los universitarios británicos era el plan de pensiones. Y tenían razón.

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El lamentable episodio del máster de Cifuentes ha generados muchas polémicas. La más obvia y sobre la que ya escribí el pasado viernes, la vinculada con las más que posibles falsedades sobre la tutorización, actas o entrega del trabajo fin de máster, y la total inconsistencia de las explicaciones dadas por la universidad y la propia Cifuentes.

Pero lo ocurrido también ha dado pie a cuestionar la titulitis que persiguen muchos políticos y políticas para engordar su curriculum que no su formación real. Bien sea porque creen que de esa manera serán vistos como personas más idóneas por su electorado, o bien porque con una formación superior tendrán más fácil la vuelta a la vida “civil”, o justificar que las puertas giratorias responden a la meritocracia y no a su paso por la política.

Y eso me hizo pensar en que contrariamente a lo que ocurre a las y los profesionales de la política, a muchos jóvenes y muy especialmente a las jóvenes, tener un máster puede no sólo frustrarlas sino incluso penalizarlas, al hacerlas aún más sobrecualificadas de los que ya lo están con un título universitario, para un mercado de trabajo precario, saturado y poco meritocrático, y donde además están discriminadas por ser mujeres. La formación mejora las oportunidades laborales de las mujeres pero eso no las iguala a las de los varones, y en muchos casos, las sobrecualifica.

La tasa de actividad de las mujeres con titulación universitaria es más alta que las que tienen educación secundaria o primaria. Esto es así porque las mujeres con educación universitaria tienen mayores posibilidades de conseguir un empleo, y porque la educación no sólo aumenta esas oportunidades laborales sino que también cambia las preferencias y expectativas de las propias mujeres que apuestan por trayectorias vitales y profesionales más independientes de los hombres cuanto mayor es su formación. Si entre las decilas de salarios más altos nos encontramos a hombres sin formación universitaria, prácticamente no existen mujeres sin formación universitaria en los grupos de salarios más elevados. La minoría de mujeres que allí se sitúa tiene titulación universitaria.

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Estrella, nombre ficticio, no quería entregar su trabajo fin de máster (TFM) en la segunda convocatoria, la de septiembre, porque creía que no estaba perfecto. Llevaba todo el curso perfilándolo y cuatro meses concentrada de manera exclusiva en su elaboración. Lo sé porque, como tutora de su TFM, recibí muchos emails con esquemas, borradores parciales y totales, dudas o correcciones. Cuando después de varias tutorías virtuales y presenciales la convencí para que presentara el trabajo, entregó cuatro copias, una para cada uno de los tres miembros del tribunal y una cuarta para la universidad.

Pudo hacerlo porque en su expediente aparecían todos los pagos realizados y aprobadas todas las asignaturas previas del máster con las actas académicas debidamente firmadas y cerradas. Sin ello es administrativamente imposible formar un tribunal. Tribunal que, por supuesto, hubo que convocar de manera oficial. Del mismo modo que, una vez celebrado, hubo que levantar acta y entregarla en los servicios administrativos de postgrado de la universidad.

Estrella obtuvo un nueve. Su trabajo era bueno, pero le había dedicado un esfuerzo tan grande en los meses previos que,en el proceso, fue perdiendo la confianza en sí misma. Es lo que tiene entregarse en cuerpo y alma a algo cuyo resultado es incierto.

Han pasado más de tres años desde que Estrella defendiera su trabajo fin de máster, pero en la universidad conservamos copia de su trabajo, así como el rastro de la matriculación, el pago, el acta de defensa del trabajo y toda la documentación correspondiente. La huella administrativa no puede perderse, entre otras cosas, porque es la base para las acreditaciones oficiales de los títulos, de las que depende que éstos puedan seguir impartiéndose en los centros universitarios.

Además de las evidencias preservadas por los servicios administrativos de la universidad, cada máster oficial tiene un sistema interno de garantía de calidad y un responsable que vela por guardar todos aquellos documentos que pueden ser requeridos por las agencias nacionales o autonómicas de evaluación.

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Desde el programa Eko de Ekononuestra hemos realizado una pequña mesa debate para explicar la necesidad de revertir una situación injusta: la desigualdad de trato laboral entre mujeres y hombres. Lina Gálvez, Sandra Ezquerra y Maria Pazos hablan sobre la actual situación, sus posibles soluciones y la justificación de la lucha por la igualdad. Os dejamos en su estupenda compañía.

Para ver el vídeo pincha aquí.

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En mi artículo de hace dos semanas sobre la importancia de la brecha salarial, decía que las medidas para combatirla las desgranaría en mi próxima contribución para este periódico. Pero el 8 de marzo salió publicado aquí  el manifiesto de Economistas Frente a la Crisis en cuya elaboración participé y que recoge todas las medidas que modestamente creo que hay que poner en marcha de manera coherente para abordar un problema complejo como la desigualdad de género que es lo que finalmente está detrás de la brecha en ingresos entre mujeres y hombres.

Así que, para no repetirme, utilizaré este espacio para explicar que el 8 de marzo paré por todas aquellas que creemos que el feminismo es la mejor herramienta para luchar por la igualdad de género, pero también paré por todas aquellas que no pudieron, no supieron, o no quisieron parar. Sirvan algunos ejemplos, exclusivamente vinculados con el paro laboral que es el único que se podía contabilizar, para visualizar por qué muchas mujeres no pararon el 8 de marzo.

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Un año más, el pasado 22 de febrero hemos recordado el día de la desigualdad salarial, que denuncia el número de días trabajados “gratuitamente” por las mujeres en sus empleos. O dicho de otro modo, el hecho de que las mujeres necesitaríamos años de casi 14 meses para recibir el mismo salario que los varones. Y todo ello sin contar con las 2:14 minutos de trabajo no remunerado al día que hacemos más que los hombres según la última Encuesta de Empleo del Tiempo con la que contamos.

Es cierto que, de media, las mujeres pasamos 1:10 menos al día en el empleo que los hombres. Pero el resultado sigue siendo favorable a ellos, que disfrutan de 1:04 más de tiempo disponible al día y de un ingreso medio superior. Esto último es lo que conocemos como brecha salarial. La brecha oscila entre un 16%, si consideramos la diferencia en el salario por hora medio bruto, un 23%, si atendemos al salario anual, y casi un 36% si, como hace la UE, calculamos la brecha salarial total combinando la  brecha del salario por hora, con las horas trabajadas y la brecha de empleo.

Se trata por tanto, no sólo de una injusticia y un verdadero escándalo, sino de un grave problema social y económico. A pesar de ello, hay quien considera que no existe tal brecha salarial porque las desigualdades son explicables y se corresponden con diferencias en la formación, la experiencia profesional, el compromiso profesional -que alguien nos explique cómo se mide- o el sector económico que “eligen” las mujeres.

Pero curiosamente, tal y como analizaba un artículo de este diario el pasado 22 de febrero, la brecha salarial se mantiene a igual formación y en todos los sectores y profesiones,  salvo en contadas excepciones: todos los estudios académicos nos informan de que, incluso cuando se controlan todas las variables conocidas, queda siempre un residuo, una diferencia favorable a los hombres que no puede explicarse más que por el hecho de que los hombres son hombres y las mujeres mujeres. Dicho en plata, porque hay discriminación de género.

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Los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad van mucho más allá de nuestras fronteras, pero el cómo consigamos prepararnos para combatirlos y hacerles frente, dependerá también de cómo consigamos participar en cada uno de los distintos niveles que nos gobiernan, por tanto, de la calidad de nuestra democracia.

La mayor parte de los informes que tratan de señalar cuáles son los principales desafíos coinciden en que uno de los de mayor calado y trascendencia es el cambio climático y los diversos y nocivos efectos que lo acompañan. Aunque también apuntan a otros como las guerras, los desplazamientos masivos de población, la extensión de pandemias en un mundo altamente globalizado, los desequilibrios demográficos, los inciertos efectos del cambio tecnológico, especialmente el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), o el incremento de las desigualdades en el mundo y los problemas de orden económico, social y político que le vienen asociados.

Algunos de esos riesgos globales llaman a nuestras puertas, y otros, ya han comenzado a colarse en nuestras casas. Personas especializadas en el seguimiento de las nuevas tecnologías nos informan de que la ciencia está en condiciones de dar respuesta a muchos de esos desafíos, o al menos, de comenzar a corregir algunos desequilibrios. Pero el desarrollo científico necesita de una apuesta política decidida y cualquier tecnología no es ni buena ni mala, sino que tendrá efectos virtuosos o destructivos según el uso que le demos. En cualquier caso, la variable política es clave.

De hecho, el reto real está en cómo vamos a gestionar esos riesgos a nivel global pero también en cada espacio político. Por ejemplo, ¿cómo gestionaremos los masivos movimientos de población derivados del cambio climático con territorios costeros muy poblados que quedarán bajo el agua, sin capacidad de ser sustento de vida o sin agua potable? ¿Lo haremos cerrando fronteras y construyendo muros? ¿Invirtiendo en nueva tecnología que contribuya a frenar o limitar los efectos devastadores de ese cambio climático? ¿Una tecnología que los frene para la mayoría, o como hemos visto en algunas películas de ciencia ficción, solamente para unos pocos? ¿Cómo gestionaremos ese miedo: con más democracia o con el desarrollo de regímenes autoritarios que nos vendan la salvación de nuestra comunidad a cambio de nuestra libertad?

En este sentido, cabe preguntarse qué está ocurriendo en España.

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En las últimas semanas se han dado dos casos en Andalucía de personas fallecidas en los servicios de urgencia de sendos hospitales sin que el personal médico interviniese, o lo hiciera demasiado tarde, para salvarles la vida. Ambas personas estaban solas en urgencias. Cuando las llamaron para ser atendidas, no acudieron porque se encontraban en un estado que no les permitía bien ser conscientes del aviso, bien responder a él. Los responsables de urgencias dieron por hecho que estas personas se habían marchado y se desentendieron.

Los medios han relacionado estos episodios con los recortes en sanidad realizados durante la crisis y de los que nuestros sistemas de salud aún no se han recuperado, en parte porque la salida de la crisis se ha llevado a cabo aplicando medidas de austeridad y una lógica privatizadora que merma enormemente los recursos necesarios para mantener los servicios públicos esenciales.

Siendo esto cierto, creo que es preciso hacer una reflexión más amplia acerca de cómo se articula nuestra sociedad y cómo se elaboran los protocolos, en este caso hospitalarios, que la rigen, así como sobre las profundas transformaciones que están teniendo lugar en la actualidad sin que se desarrollen políticas adecuadas para prevenir situaciones como las arriba mencionadas o similares.

El funcionamiento de nuestros hospitales asume que las y los enfermos siempre estarán acompañados por una persona, normalmente un familiar, más exactamente una mujer. El mandato social del cuidado hace a las mujeres responsables de las tareas relativas a éste que afectan a los miembros de su familia. Esta situación no se ha visto realmente alterada por la masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, ya que, por ejemplo en el caso español, las mujeres seguimos empleando más de dos horas al día que los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Pero la disponibilidad de las mujeres ya no es total y las altas tasas de divorcio, viudedad o celibato nos hablan de muchas personas que están solas, viven solas y posiblemente acudan solas a los hospitales. Por tanto, los protocolos deberían cambiar.

Sin embargo, los recortes aplicados durante la crisis han supuesto la externalización a las familias –asumiendo que todas las personas la tienen– de gran parte del cuidado que antes proveían o facilitaban los servicios públicos. Esto, además de grandes desigualdades vinculadas al género de las personas, la renta y la disponibilidad de tiempo de las familias, genera problemas para quienes viven solos, especialmente para aquéllos que no disponen de una red familiar o social que los asista o que no tienen ingresos para contratar a alguien que eventualmente los cuide.

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El pasado martes 9 de enero, Rodrigo Rato abrió el turno de comparecencias en la Comisión del congreso de los diputados encargada de investigar la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, con el fin de dilucidar las responsabilidades y el papel jugado por los gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero en la gestación,  eclosión y gestión política de la crisis económica.

El protagonismo de Rodrigo Rato en la crisis económica se divide entre su etapa de vicepresidente económico de los gobiernos de Aznar (1996 y 2004); la de director gerente del FMI, justo los años que precedieron el estallido de la crisis (2004-2007); y la de presidente de Bankia, entidad que representa como ninguna el expolio que se ha hecho de las cajas de ahorro en este país y que se convirtió en el principal exponente del rescate financiero.

Rodrigo Rato tiene procesos penales abiertos que abarcan los tres periodos. Aunque los referentes a su etapa de ministro no lo sean en relación a su gestión política, sino a un presunto blanqueo de dinero.

Sin embargo, a mí me interesa analizar esa gestión ministerial y el nefasto legado “legal” de Rato por la transcendencia que ha tenido no sólo en la virulencia de la crisis económica en España, sino en nuestro modelo económico y la legitimación social y política del mismo.

Cuando escuché la comparecencia de Rato aún tenía fresco el informe sobre la Desigualdad Global 2018 de The World Wealth and Income Database que presenta proyecciones de la evolución de la desigualdad de ingreso y riqueza hasta 2050.

En este breve informe hay gráficos sencillamente espectaculares sobre la evolución de la desigualdad económica en estas últimas décadas y las proyecciones que vaticinan por poner algún ejemplo, una creciente polarización y la posible desaparición de las clases medias. Mirando los datos sobre lo brutalmente que ha avanzado la desigualdad en EE.UU desde los años 80, se entienden muchas cosas sobre la desesperación de amplias capas de la población norteamericana y su reciente comportamiento político. Pero también podemos aprender muchas cosas sobre España.

En este informe, la evidencia estadística y los análisis que de esta se derivan, suelen tomar a Europa como unidad de análisis en los gráficos y solo a veces se individualizan algunos países europeos en función de la magnitud del fenómeno que se comenta. Pues bien, España solo se singulariza en el gráfico de una medida poco conocida: la de la evolución de la riqueza privada frente a la pública. Ese indicador es importante en tanto que por ejemplo una pérdida de riqueza pública limita la capacidad de los gobiernos para reducir la desigualdad, lo que sin duda tiene implicaciones en la desigualdad de riqueza de los individuos. No en vano, la conclusión de los más de 100 expertos y expertas en desigualdad sobre su situación y prospección hacia 2050 contenida en este informe es que solo mayores inversiones públicas en educación, salud y protección medioambiental conseguirían combatir la creciente desigualdad.

Pues bien, desde los años ochenta se observan transformaciones de gran tamaño en la propiedad de la riqueza en todos los países, salvo excepciones como Noruega. Existe un traspaso de la riqueza del dominio público al privado, hasta el punto de que la riqueza pública se ha hecho negativa o cercana a cero en los países ricos al superar las deudas a los activos. Pero aunque se trata de una tendencia global, hay algunos países que destacan especialmente como España, donde el despegue de la curva coincide bastante con la llegada del Partido Popular al poder en 1996, la entrada en el euro y el inicio de la burbuja inmobiliaria.

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Anoche, tomando cervezas en un bar, un camarero me reconoció. Había sido alumno mío hacía unos años en la licenciatura de dirección y administración de empresas. Siempre me da alegría ver a un antiguo alumno, pero reconozco que me entró una cierta angustia al ver que estaba trabajando de camarero diez años después de haberse licenciado. No es que la profesión de camarero no me parezca digna, simplemente no concuerda con su formación, ni posiblemente con las expectativas que él o sus padres tenían cuando estudiaba la carrera.

Sin embargo, cuando me puse a hablar con él me di cuenta de que al terminar la carrera había seguido los pasos de la mayoría de sus compañeros. Había entrado a trabajar en una entidad financiera, y luego en otra… y luego, no había podido más.Me contaba que los horarios, el trato y el salario eran peores que en su actual puesto de camarero.

A raíz de su confesión, un amigo contó que el otro día yendo al aeropuerto la conductora del autobús era una antigua alumna suya que contaba exactamente la misma historia. Que había entrado a trabajar en un banco, pero que no lo había aguantado y que sus condiciones de trabajo en la empresa municipal de transportes de Sevilla le parecían mucho más dignas.

Otra contó que su sobrina se había graduado en enfermería y que, tras un año de contratos por días y de tener que asumir la responsabilidad de lo que le pudiera pasar a los enfermos, decidió volver a poner albóndigas en el restaurante de Ikea porque Ikea era mejor empleador que los hospitales para los que había trabajado.

Las estadísticas nunca hilan tan fino como la vida misma, pero nos ayudan a entender el deterioro generalizado de nuestro mercado de trabajo y el porqué de las frustraciones de estos jóvenes y posiblemente de los cambios en las opciones políticas que observamos.

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La feminización de la pobreza es un hecho probado estadísticamente. Sin embargo, la brecha entre mujeres y hombres no suele ser tan abultada como podría pensarse dadas las brechas de género en empleo, renta, patrimonio, acceso al crédito o en la familia. Primero, esto tiene que ver con la forma en la que se mide la pobreza donde la familia es una unidad ausente de conflicto y discriminaciones internas. Y segundo, con la aproximación a la pobreza como una cuestión monetaria, cuando tiene un carácter multidimensional. Ambas cuestiones responden a la limitada aplicación del enfoque de género en la construcción estadística y el análisis social y económico.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que las estadísticas sobre pobreza miden los ingresos de los hogares en su conjunto y el total se divide entre unidades de consumo asumiendo que todos los miembros disfrutan de un reparto equitativo de los recursos. Sin embargo, es importante recordar que la familia es, en palabras de Amartya Sen, un lugar de conflicto cooperativo.

Si bien es cierto que miembros de una familia sin ingresos propios se benefician del acceso a los recursos familiares estableciéndose una dinámica cooperativa, no es menos cierto que tanto el acceso a esos recursos como el reparto de los trabajos y los tiempos se dan en condiciones de desigualdad, sobre todo con relación al género o la edad, generando conflicto, discriminación e incluso violencia.

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Si buscamos el significado de la palabra valor en el DRAE, la primera acepción que nos encontramos es la del “grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite”. Sin duda, disponer de tiempo para poder realizar las actividades que nos satisfagan, nos permitan acceder a los recursos que necesitamos para vivir, o realizar las actividades fisiológicas básicas que permiten nuestra existencia, tiene un valor incalculable, sobre todo para determinados grupos sociales y etapas de nuestro ciclo vital.

Pero aún así, en una sociedad de mercado y dentro del proceso de mercantilización constante de nuestras vidas, todo tiende a tener un precio. Y aunque ya popularizara Antonio Machado la frase de Francisco de Quevedo, “sólo el necio confunde valor y precio”, la segunda acepción de la palabra valor que nos encontramos en el DRAE es la de “cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente”.

Y es normal que así sea en una sociedad capitalista donde el dinero es la clave para acceder a todo tipo de recursos, incluido el dinero mismo a modo de crédito para poder emprender determinadas acciones en nuestra vida que requieren de financiación. Esto obviamente genera y retroalimenta las desigualdades. No tendría por qué ser así ya que existen alternativas, algunas de las cuales conviven en nuestra sociedad de mercado como los servicios públicos. Pero éstos también tienen un coste y están sufriendo un creciente proceso de privatización, generando por tanto mayor desigualdad y procesos de individualización del riesgo.

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Hace días que quiero hablar de los costes de la “libertad” en Catalunya. No de los vinculados con la privación de libertad que sufren algunas personas como los jordis, que sin duda ya están pagando en prisión el precio de la libertad  -también  el de saltarse la legalidad vigente. Tampoco quiero hablar de los costes económicos que ya está teniendo el Procés o de los que tendría la independencia, siquiera de los que tendrá la Catalunya intervenida. La prensa está llena de análisis pormenorizados de los puntos que se dejaría el PIB, las consecuencias de la fuga de empresas, los efectos sobre la prima de riesgo, sobre el reparto de la deuda exterior o cuáles serían los costes fiscales que para el estado español tendría una Catalunya independiente.

A mí me interesa hablar sobre lo que las élites independentistas han ocultado en público. Me interesa hablar sobre quiénes habrían pagado el precio de esa libertad. Aunque después de la temeraria propuesta que hace unas horas ha elevado el gobierno de Rajoy al senado para la aplicación del artículo 155, creo que también es necesario hablar del precio que no solo los catalanes sino también el resto de los españoles vamos a pagar por el intento del independentismo de conseguir su “libertad” sin el consenso social suficiente en Catalunya y saltándose las leyes.

En Catalunya, desde que se inició la escalada separatista en 2012, se ha hablado mucho de libertad. Ésta se ha identificado con una república catalana independiente del estado español donde todo, absolutamente todo, funcionaría mejor. Nunca hasta que las cuerdas se tensaron con el mal llamado referendum del 1 de octubre, se había hablado abiertamente del precio de esa libertad, con la excepción del empresariado catalán al que primero Artur Mas y posteriormente otros miembros del Govern, le decían en sus encuentros destinados a atraerlos para la causa soberanista: “La libertad tiene un precio, pero no tenerla también”.  Con ellos, porque son ellos en su mayoría, había que hablar de costes y beneficios. Pero incluso en ese caso, se hizo de manera simplista. De ahí que frente a la incertidumbre que supuso el 1-O o el “paro nacional” del 3-O, más de 1000 empresas hayan cambiado su sede social de Catalunya.

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La crisis institucional de Cataluña y del Estado español ha estado marcada esta semana por la huida de depósitos bancarios y de la sede social de las grandes empresas –también pequeñas y medianas- de Cataluña. Y no paro de escuchar entre quienes creían que con muestras de fraternidad y diálogo el nacionalismo catalán recularía un “qué pena que lo que haga bajar el soufflé sean los intereses económicos”.

A mí personalmente no me extraña por al menos cuatro razones:

Primero, por cómo se mueve el capital en un mundo globalizado.

Segundo, por la importancia del contexto institucional y legal para el funcionamiento de una economía de mercado.

Tercero, por el “egoísmo” histórico que siempre han demostrado tener las élites económicas.

Y cuarto, porque está claro que las élites económicas catalanas –como también le ha ocurrido al Estado central y a una parte importante de la ciudadanía-, no calcularon bien la revolución que se estaba gestando en Cataluña.

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En estos días en los que el Procés ocupa todo el espacio informativo de los medios de comunicación catalanes y españoles, leo con preocupación noticias en la prensa británica sobre el deterioro de la convivencia en el Reino Unido post-Brexit. Noticias a las que pongo rostro cuando mis amistades residentes desde hace años en Gran Bretaña me relatan la humillación a la que están siendo sometidas en el proceso de solicitud de la nacionalidad británica, la misma que ya venían sufriendo los residentes no comunitarios -a excepción de los ricos- al menos desde 2013.

Obviamente, el Brexit y el Procés no son iguales, pero comparten relatos separatistas de naturaleza semejante. Relatos de fantasías, de superioridad, o de agravios en algunos casos artificialmente construidos. Y también comparten lo poco atractivas que resultan las realidades de las que se quieren separar, la Unión Europea en el caso británico y el Reino de España, en el caso catalán. En el caso español, además, esa realidad se hace aún menos atractiva para las y los catalanes gracias a la miopía y prepotencia de un nacionalismo español, perfectamente representado por el gobierno del Partido Popular que fabrica independentistas catalanes a diario.

De hecho, cuando escucho algunos de los argumentos de los que se sirven los partidarios de la independencia de Cataluña para convencer a los catalanes no independentistas de que se unan al Procés, resuenan en mi cabeza razones muy similares expresadas en otro idioma, el inglés, y esgrimidas frente a otra institución “opresora”, la Unión Europea.

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En estos días, las supuestas bondades asociadas a la bajada de impuestos han vuelto a copar titulares de prensa debido a la rebaja de impuestos pactada entre Ciudadanos y PP. El tanto se lo ha apuntado Ciudadanos. Pero ¿a quién le ha metido el gol? A nadie, al PP, a la sociedad española en general o a amplios grupos de la misma.

Sin duda, es posible que el PP hubiera obtenido un mayor rédito electoral de haber llevado la iniciativa en la bajada de impuestos. Aunque también es cierto que al ceder ante Ciudadanos, se garantiza su continuidad en el Gobierno. Y seguir gobernando cuando no se tiene mayoría absoluta puede considerarse un triunfo en sí mismo. Así que cabe preguntarse por el efecto de esta rebaja fiscal en la sociedad española y en grupos concretos de personas. Especialmente importante me parece la apuesta política de bonificar a las familias con personas dependientes frente a fomentar el pleno desarrollo de la Ley de Dependencia.

Lo primero que habría que decir es que en España, la pedagogía fiscal brilla por su ausencia. Por el contrario, estamos bien servidos de la gran influencia que en la opinión pública tienen grupos de poder que se benefician de la sistemática bajada de impuestos, y del deterioro democrático que le ha ido parejo en estas últimas décadas. De ahí que bajar impuestos siempre se venda como algo bueno para el conjunto de la población y para el funcionamiento de la economía del país.

Las más de las veces, las decisiones sobre fiscalidad se hayan envueltas de demagogia y tecnicismos. Así, el debate siempre se simplifica en la disyuntiva entre la bondad o maldad de subir o bajar impuestos, cuando lo que hay que determinar es hasta qué punto las subidas, bajadas o modificaciones de cada impuesto en particular, incluidas las bonificaciones, afectan a la equidad de nuestro sistema económico, a la sociedad en su conjunto, y más específicamente, a grupos sociales concretos o al fomento de la igualdad.

La forma en la que se diseña cada impuesto implica una mayor o menor recaudación por un concepto determinado. Pero también lleva aparejada toda una serie de incentivos que pueden ser de distinto signo para personas que se encuentren en situaciones desiguales y que afectan a la creación de riqueza, de empleo o la decisión de participar o no en el mercado de trabajo -algo muy sensible para las mujeres y su especialización histórica en el cuidado-, y que siempre conllevan una redistribución determinada de la renta. Por tanto, tienen consecuencias en la justicia social, la igualdad y el bienestar de la ciudadanía. De ahí que cuando hablamos de impuestos estemos tratando de medidas con un amplio calado político y que en un sistema democrático deberían ser resueltas en un informado y transparente debate público, y no sólo como moneda de cambio para conseguir apoyos parlamentarios.

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El CETA es el acuerdo económico comercial global entre la Unión Europea y Canadá. Este acuerdo no pone énfasis en la bajada o anulación de aranceles sino en la apertura de nuevos mercados para las empresas globales (principalmente en el comercio de servicios y la contratación pública) y, sobre todo, en la cooperación reglamentaria y en la puesta en marcha de nuevas reglas de juego, incluyendo tribunales de arbitraje internacional para dirimir los litigios entre los inversores internacionales y los estados (ICS, Investment Court System).

Estos tribunales suponen una limitación de la soberanía nacional, y pueden intimidar o  incluso coaccionar a los estados para que no desarrollen  políticas que puedan ir en contra de los intereses de los inversores internacionales. Concretamente, el que está previsto en el CETA limita competencias y jurisdicción a los tribunales españoles y usurpa funciones judiciales estatales, a la vez que garantiza derechos a los inversores extranjeros que no están permitidos a la ciudadanía ni a los inversores nacionales en sus propios territorios. Por esa razón esta siendo criticado por diversas organizaciones de juristas, como la Asociación Europea de Magistrados. Y también debe serlo desde una perspectiva de género.

En este artículo quisiera dejar de lado otros efectos del CETA para centrarme en los que tiene sobre las mujeres y para ello creo que hay que contemplar tres cuestiones fundamentales: el por qué un tratado comercial afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres; qué sabemos del efecto de género de otros tratados comerciales; y finalmente, cómo influye en concreto lo establecido en el CETA.

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El pasado 10 de mayo la Unión Europa lanzó un documento en el que reflexionaba sobre los efectos negativos de la globalización, y que la mayor parte de la prensa ha recogido como la entonación de un mea culpa y la expresión de un propósito de cambio por parte de una Unión amenazada por el Brexit, la victoria de Trump o el creciente protagonismo en Europa de lo que llaman populismos. Yo, en cambio, dudo de que simplemente reconocer que “los miedos de la globalización son reales y bien fundados”, y que ha dejado regiones y personas perdedoras también en Europa, suponga un cambio de rumbo que siente las bases de una nueva forma de gobernanza global o europea.

Por la sencilla razón de que la propia construcción europea es una pieza esencial de ese modelo de crecimiento y gobernanza que comenzó a desarrollarse en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, de la mano de la revolución neoliberal, la globalización, la financiarización de la economía y las grandes transformaciones -también de base tecnológica- que se han dado en el sistema productivo y en el modelo de acumulación, multiplicando los factores de inestabilidad y riesgo, aumentando las desigualdades económicas, privatizando las condiciones de vida de gran parte de la población y limitando el funcionamiento de la democracia.

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Tribuna Feminista

Lina Gálvez es Catedrática de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide, donde también dirige el GEP&DO (Observatorio de Género de Economía, Políticas y Desarrollo).

Su investigación actual se centra en el análisis de los cambios que se están operando en los mercados de trabajo y el reparto de tiempos y trabajos por razones de género -incluyendo el trabajo no pagado- y en el bienestar, especialmente el de la infancia. Y, muy especialmente, en el análisis de las crisis económicas y en los efectos de género de las políticas de austeridad.

Ha recibido los premios Ramón Carande al mejor artículo de Historia Económica (1999), el Meridiana de la Junta de Andalucía (2011), y el Emilio Castelar en defensa de las libertades en su categoría de igualdad (2014).

Lina Gálvez ha participado en la mesa redonda “Maternidad y desarrollo profesional, ¿una elección?” junto a Carmen Castro, moderada por María Rosal, en las IV Jornadas Clara Campoamor “Voluntad común y Agenda Feminista”, de la Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor de Fuenlabrada

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Hace unos días,  el diario irlandés The Irish Times escribía sobre el incremento de británicos que están pidiendo el pasaporte irlandés y aseguraba que en el Gobierno británico ya se reconoce que el Brexit dañará al pueblo británico. Aseguraba que su objetivo en las negociaciones con la UE ya no es otro que limitarlo al menor posible.

Que el Brexit es un error parece que lo piensan no solo todos esos británicos con origen irlandés que quieren seguir permaneciendo en la UE, sino también los escoceses que apoyan a su Gobierno pidiendo un segundo referéndum de independencia, o los numerosos jóvenes que ven truncadas sus esperanzas de movilidad a lo largo de la UE y que posiblemente se hayan criado en una cultura más europea que la tradición cultural británica -que siempre ha visto a Europa como un vecino continental-, con la que apelaron a las emociones los partidarios del Brexit. Y también es posible que comiencen a ver que el Brexit es un error todas las personas que habían sido especialmente vapuleadas por la austeridad y que mostraron su descontento apuntando al blanco equivocado, votando por abandonar una UE que, aunque se empecina en las políticas pro-austeridad, aún conserva algo de la antigua Europa social que los recientes gobiernos británicos abandonaron.

Recorte en gasto social

Aunque ya estaba previsto por el Gobierno de David Cameron, el Gobierno de May del Brexit ha sido el que ha puesto en marcha un recorte en el gasto social que acaba de entrar en vigor a principios de abril y que se estima mandará a un cuarto de millón de niñas y niños a la pobreza. Con las nuevas normas, una familia cuyo tercer hijo haya nacido antes del 6 de abril de 2017 podría llegar a percibir del Estado, hasta que éste cumpla 18 años, unas 50.000 libras más que otra familia cuyo hijo haya nacido un día después de esta fecha. Y mientras que la viudo/a e hijos/as de una persona que muriese antes de esa fecha tendrían acceso a un ingreso social hasta que la o el menor de los hijos terminase su educación, calculado en torno a los 20 años, con los recortes de May solo lo recibirían durante 18 meses que aunque con mensualidades algo superiores, no compensan en absoluto la pérdida de ingresos de esas familias. De tal magnitud son los recortes del Gobierno pro-Brexit.

Pero eso son realidades, hechos, que ahora no importan porque hay personas y corporaciones que persiguen intereses poco democráticos que trabajan para que la verdad no cuente, como tampoco los ideales de igualdad y justicia. Personas muy poderosas que vienen apostando muy fuerte para que la realidad y su percepción fiel no entorpezca en ningún caso los intereses que quieren defender. En los últimos tiempos han invertido montañas de dinero y los grandes conocimientos sobre Inteligencia Artificial que dominan para que los resultados electorales a ambas partes del Atlántico hayan sido justamente los que mejor les convenían para montar lo que llaman “Platform Democracy”. Donde el Gobierno –léase compañía- se reserva el derecho a cambiar el acuerdo con el usuario en cualquier momento.

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