ene 19, 2021 0
Disciplinar al pobre
Hace dos días, el 15 de enero, el Gobierno de los Países Bajos dimitió en bloque a raíz de un escándalo de discriminación institucional. La dimisión es más bien simbólica, ya que el Ejecutivo se mantendrá en funciones para capitanear la transición a un nuevo Gobierno que saldrá de las elecciones de marzo. El hecho de haber dimitido ahora, a las puertas de unas elecciones y en mitad de una pandemia, puede ser fruto del cálculo electoralista. Sin embargo, e independientemente del carácter oportunista que pueda tener la decisión de Mark Rutte y su gabinete, la historia es digna de análisis y reflexión, porque los mecanismos de disciplinamiento y punición de las personas más vulnerables que necesitan ayudas públicas para sobrevivir están más extendidos de lo que podríamos pensar, y no son nuevos.
Al mismo tiempo, el uso cada vez más intensivo y extensivo de nuestros datos y la digitalización de un número cada vez mayor de procesos administrativos pueden aumentar el riesgo de control y disciplinamiento de dichos grupos de población si estos procesos no se desarrollan con suficiente transparencia y control democrático, es decir, sometidos a una regulación específica.
El origen del escándalo que ha provocado la dimisión del Gobierno es una actuación continuada de las autoridades de los Países Bajos cuyo objeto era identificar posibles fraudes en las ayudas familiares por parte de personas que necesitaban ese dinero para poder llevar a sus hijos a la guardería –un gasto que suele ascender a unos 1800 euros al mes por niño o niña– mientras ellas trabajaban para mantener a sus familias. El servicio tributario retiró la ayuda a unas 26.000 personas sin disponer de auténticas pruebas de fraude, pero tomando nota del lugar de procedencia de los supuestos estafadores. Es por este motivo que se conoce que la mayor parte de las personas que sufrieron esta agresión institucional son de origen turco o marroquí, aunque muchas de ellas poseen la doble nacionalidad.
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