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El pasado martes 9 de enero, Rodrigo Rato abrió el turno de comparecencias en la Comisión del congreso de los diputados encargada de investigar la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, con el fin de dilucidar las responsabilidades y el papel jugado por los gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero en la gestación, eclosión y gestión política de la crisis económica.
El protagonismo de Rodrigo Rato en la crisis económica se divide entre su etapa de vicepresidente económico de los gobiernos de Aznar (1996 y 2004); la de director gerente del FMI, justo los años que precedieron el estallido de la crisis (2004-2007); y la de presidente de Bankia, entidad que representa como ninguna el expolio que se ha hecho de las cajas de ahorro en este país y que se convirtió en el principal exponente del rescate financiero.
Rodrigo Rato tiene procesos penales abiertos que abarcan los tres periodos. Aunque los referentes a su etapa de ministro no lo sean en relación a su gestión política, sino a un presunto blanqueo de dinero.
Sin embargo, a mí me interesa analizar esa gestión ministerial y el nefasto legado “legal” de Rato por la transcendencia que ha tenido no sólo en la virulencia de la crisis económica en España, sino en nuestro modelo económico y la legitimación social y política del mismo.
Cuando escuché la comparecencia de Rato aún tenía fresco el informe sobre la Desigualdad Global 2018 de The World Wealth and Income Database que presenta proyecciones de la evolución de la desigualdad de ingreso y riqueza hasta 2050.
En este breve informe hay gráficos sencillamente espectaculares sobre la evolución de la desigualdad económica en estas últimas décadas y las proyecciones que vaticinan por poner algún ejemplo, una creciente polarización y la posible desaparición de las clases medias. Mirando los datos sobre lo brutalmente que ha avanzado la desigualdad en EE.UU desde los años 80, se entienden muchas cosas sobre la desesperación de amplias capas de la población norteamericana y su reciente comportamiento político. Pero también podemos aprender muchas cosas sobre España.
En este informe, la evidencia estadística y los análisis que de esta se derivan, suelen tomar a Europa como unidad de análisis en los gráficos y solo a veces se individualizan algunos países europeos en función de la magnitud del fenómeno que se comenta. Pues bien, España solo se singulariza en el gráfico de una medida poco conocida: la de la evolución de la riqueza privada frente a la pública. Ese indicador es importante en tanto que por ejemplo una pérdida de riqueza pública limita la capacidad de los gobiernos para reducir la desigualdad, lo que sin duda tiene implicaciones en la desigualdad de riqueza de los individuos. No en vano, la conclusión de los más de 100 expertos y expertas en desigualdad sobre su situación y prospección hacia 2050 contenida en este informe es que solo mayores inversiones públicas en educación, salud y protección medioambiental conseguirían combatir la creciente desigualdad.
Pues bien, desde los años ochenta se observan transformaciones de gran tamaño en la propiedad de la riqueza en todos los países, salvo excepciones como Noruega. Existe un traspaso de la riqueza del dominio público al privado, hasta el punto de que la riqueza pública se ha hecho negativa o cercana a cero en los países ricos al superar las deudas a los activos. Pero aunque se trata de una tendencia global, hay algunos países que destacan especialmente como España, donde el despegue de la curva coincide bastante con la llegada del Partido Popular al poder en 1996, la entrada en el euro y el inicio de la burbuja inmobiliaria.
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