Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Siempre resulta morboso asistir al paseo de una canciller alemana por Alsacia. Aún más cuando acaban de cumplirse 100 años del final de la Gran Guerra. Y más aún todavía si es una de sus primeras comparecencias públicas después de haber anunciado que no volverá a postularse ni a dirigir su partido ni a gobernar su país. Hoy Angela Merkel visita el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo como invitada en el debate sobre el futuro de Europa que mensualmente sirve de tribuna y photocall rotativo para dirigentes nacionales de la Unión.

Seguramente escucharemos bonitas palabras mezcladas con advertencias sobre el futuro, en un cóctel trufado de referencias al trabajo hecho y a los desafíos pendientes. Pero, como casi siempre ocurre, lo importante estará en los silencios y en las insinuaciones. Escondidas entre las líneas y los tonos escucharemos recados, si bien, como siempre también, la mayoría quedará fuera de los focos, resguardado en los despachos donde se cuece la política europea de espaldas a las mayorías. Porque por encima de la pompa oficial, Merkel deja tras de sí un legado y, tras su partida, bastantes cosas bien atadas.

Más superviviente y gestora que estadista visionaria. Más pragmática que ideóloga. Tan sobria en las ideas como en las formas. Angela Merkel ha sobrevivido 13 años al frente de la Cancillería alemana, 18 liderando la CDU y más de una década impulsando la profundización tecnocrática y ordoliberal de la UE. Las actuales cuitas internas en su partido y con sus socios bávaros de la CSU, y las caídas en las sucesivas elecciones y en los sondeos son procesos que se retroalimentan. Bien es sabido que al calor del poder las tensiones se ablandan, pero que en su escasez anunciada afloran los cuchillos. Hay que alejarse para ver la película completa más allá de los últimos fotogramas.

Porque desde hace años la UE vive el mayor conjunto de crisis múltiples desde su nacimiento. Y Merkel ha sido la dirigente nacional con mayor capacidad de decisión sobre el devenir del proyecto europeo durante los años en los que se han fraguado y agrandado todas esas grietas. Años en los que se ha dedicado a surfear la ola del tsunami de la crisis multidimensional, asegurando las posiciones de los grupos sociales a los que representan y gestionando el terremoto para que no agrietase el palacio de los de siempre.

Pero por eso mismo ha fracasado a la hora de afrontar los verdaderos desafíos de nuestra época. Esos que no requieren de tecnocracia pragmática, sino de liderazgo valiente, luces largas y perspectiva histórica. Aunque tampoco le íbamos a pedir peras al olmo. Sí cabría sin embargo haber exigido algo más que el mero papel de comparsa a sus socios de la Grosse Koalition y pieza fundamental de las contra-reformas antisociales y neoliberales que han asolado Europa durantes las últimas dos décadas: el SPD, caricatura del naufragio electoral e ideológico que viven las organizaciones aún autodenominadas socialdemócratas en el continente.

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Cuarto Poder

Hace un par de días, leíamos en este medio un artículo titulado “¿Fascismo en Italia? Decreto dignidad”. El artículo estaba firmado por tres pesos pesados de la izquierda española: Manuel Monereo, Héctor Illueca y Julio Anguita. El texto hacía una valoración positiva del “decreto dignidad” aprobado por el Gobierno italiano y lo pone como ejemplo de una posible política antineoliberal, descartando que haya fascismo en Italia justamente por la aprobación de este decreto.

Lo primero que sorprende del artículo es que se mueve en unos niveles de concreción y abstracción que no se relacionan entre sí. El texto analiza el “decreto dignidad” como una medida concreta, separada de la política general del Gobierno italiano. Es un método analítico que no compartimos: de lo que se trata es de ser capaz de armar un análisis que relacione y explique una medida concreta dentro del marco general, esto es, dentro del proyecto político y de clase del actual gobierno italiano. Leyendo el artículo es imposible saber quién gobierna en Italia y en qué dirección: da la impresión de que es posible analizar una medida concreta al margen del proyecto de conjunto de la Liga y del M5S. Y, de repente, tras ese análisis del “decreto dignidad” sin relacionarlo con el proyecto del actual Gobierno italiano, aparece de forma brusca la conclusión final: el Gobierno italiano no es un gobierno fascista.

Esa conclusión, así dicha, puede ser correcta. El Gobierno italiano no es todavía (1) un gobierno fascista. Todavía no ha prohibido y ni aniquilado las organizaciones civiles, aunque sostiene una política fuertemente anti-sindical y contra otro tipo de estructuras que mantienen espacios autónomos en la sociedad civil, como los centros sociales o las asociaciones en apoyo a las personas migrantes. Todavía no ha abolido las libertades formales ni reconstruido un nuevo tipo de Estado en el que encuadre al conjunto de la sociedad. Es, por caracterizarlo con precisión, un Gobierno populista autoritario, con una impronta fuerte de la extrema derecha, una base social compuesta en su mayoría por las clases medias depauperadas y, al contrario de lo que propone el artículo, profundamente neoliberal.

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El mensaje –monocorde, persistente– ofrecido por un buen número de economistas, políticos, periodistas y toda suerte de tertulianos es que estamos saliendo de la Gran Crisis. Un diagnóstico de trazo grueso que ignora, entre otras cosas, que desde el estallido del crack financiero la concentración del ingreso y de la riqueza ha aumentado y que la supuesta recuperación económica, reflejada en el crecimiento del Producto Interior Bruto de los últimos años, lejos de corregir, ha intensificado este proceso concentrador.

Aunque ahora se presta más atención a este fenómeno, la información estadística es a todas luces insuficiente y deficiente. Por un lado, los datos recogidos se basan en declaraciones fiscales, por lo que no se contabilizan las bolsas de fraude tributario, especialmente importantes entre las grandes empresas y fortunas; ni, por supuesto, el dinero y los patrimonios que son objeto de ingeniería contable, que se mueve en mercados opacos o en paraísos fiscales. Según cálculos del economista Gabriel Zucman, en los paraísos fiscales se esconde el 10% de la riqueza mundial y mas de la mitad del comercio mundial pasa por ellos.

Entre 2010 y 2016, el índice de Gini del ingreso –utilizado habitualmente para medir la desigualdad, pudiendo alcanzar valores comprendidos entre 0, equidad total, y 100, inequidad extrema– ha aumentado dentro de la Unión Europea (UE), tanto en el “centro” (Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Alemania, Holanda, Austria, Finlandia y Suecia) como en la “periferia” (Grecia, España, Portugal e Italia); en el primer caso, en 0,95 puntos porcentuales, arrojando un valor promedio de 27, mientras que en el segundo el avance ha sido de 1 punto, registrando una media de 33,7. Si el mismo índice se calcula para la riqueza (Credit Suisse, Global Wealth databook 2107) donde se contabilizan las propiedades y las carteras financieras, la inequidad aumenta considerablemente: el promedio de la UE en 2017 es 71,4; en Alemania, 78,9; en España, 68; en Portugal, 71,3; en Grecia, 67; y en Italia, 68,7.

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La semana pasada se cumplía el 26 aniversario de la firma del Tratado de Maastricht. Desde Bruselas, los burócratas comunitarios nos invitan a celebrarlo, con entusiasmo, como un hito decisivo de la denominada “construcción europea”. Siempre el mismo mensaje: Europa, a pesar de todas las dificultades, avanza y se consolida, un mantra especialmente repetido desde el Brexit. En nuestra modesta opinión, sin embargo, no hay nada que celebrar sino más bien mucho que lamentar, pues el Tratado de Maastricht supuso una constitucionalización de los principios neoliberales, un verdadero sabotaje del proyecto europeo.

Con el objetivo de crear una Unión Económica y Monetaria (UEM), en Maastricht se aprobaron los criterios de convergencia que debían satisfacer los países que pretendieran formar parte de la misma; también se dio luz verde a los requisitos que tendrían que cumplir los países que, finalmente, integrasen la zona euro. No es necesario entrar en los detalles –pues son bien conocidos-, pero sí procede mencionar la prioridad dispensada por los dirigentes comunitarios a aquellas variables que definen lo que se denomina “convergencia nominal”, es decir, el déficit y la deuda pública, la tasa de inflación y el tipo de interés. Se fijaron objetivos concretos y de obligado cumplimiento para los países aspirantes a integrar la UEM. Lo que supuso una verdadera camisa de fuerza neoliberal, con una letal combinación de austeridad, libre comercio, deuda predatoria y trabajo precario y mal pagado, ADN del actual capitalismo financiarizado.

No se trata sólo de la consideración, errónea, de que la convergencia alrededor de esos indicadores garantiza un adecuado funcionamiento de una unión monetaria. La cuestión tiene mucho mayor calado. Con los referidos criterios de convergencia se da una vuelta de tuerca a un planteamiento de política económica cuya piedra angular es la implementación de políticas de demanda contractivas, junto a políticas de oferta consistentes en la contención salarial y políticas estructurales encaminadas a la desregulación y la liberalización de los mercados.

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Es moneda común referirse a la crisis económica como un episodio que se está superando o que, incluso, ha pasado a la historia. Este planteamiento autocomplaciente lo encontramos en los dirigentes del Partido Popular, en la mayor parte de los gobiernos europeos y en los responsables de las instituciones comunitarias. Y, por supuesto, inunda hasta la saciedad los medios de comunicación.

Para respaldarlo, se presentan indicadores como el crecimiento del Producto Interior Bruto, la reducción del déficit público o la creación de empleo; sin el menor rubor, se ocultan o se distorsionan otros, que apuntan justamente en la dirección contraria, como el aumento de la desigualdad, la creciente precarización de las relaciones laborales, la progresión de la desigualdad, la debilidad del sector bancario o el alza de la deuda pública.

En estas líneas, siquiera de manera somera, queremos entrar en este debate, poniendo sobre la mesa un asunto que la mayor parte de los análisis omiten y que, sin embargo, es clave para entender dónde estamos y qué desafíos nos esperan: la localización espacial de la industria manufacturera.

Hay escasa información al respecto (las estadísticas son incompletas y manifiestamente insuficientes), pero la disponible nos habla de una tendencia a la concentración de la producción manufacturera en pocos países, en un contexto donde las empresas transnacionales redespliegan las cadenas globales de creación de valor; reservando para los países y regiones dominantes aquellas actividades –productivas, comerciales y financieras– de mayor contenido estratégico, mientras que las periferias reciben las de menor complejidad y contenido tecnológico. Los gráficos siguientes ilustran ese proceso concentrador (valores al alza indican un aumento del mismo), que ha estado presente desde la creación del euro y que ha seguido su curso durante los años de crisis (con la excepción del estallido del crack financiero).

(*) Valor añadido bruto a precios corrientes.

(*) Informática, electrónica y productos ópticos, equipamiento eléctrico, maquinaria y equipos

(**) Valor añadido bruto al coste de los factores

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

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Hoy 18 de diciembre es el Día Internacional de las Personas Migrantes. Y digo “es” y no “se celebra” porque, desafortunadamente, tenemos poco que celebrar en Europa. Dos años después de la mal llamada crisis de los refugiadostenemos, por solo citar algunos hitos, un acuerdo que externaliza el control de nuestras fronteras a Turquía, ya se han gastado millones de euros en Libia entrenando a milicias y paramilitares que dicen ser guardacostas que acosan a las ONGs de búsqueda y rescate del Meditérraneo, al tiempo que descubríamos que allí mismo florecían, puede que con ese mismo dinero, mercados de esclavos. ¡Oh, sorpresa! ¡En pleno siglo XXI! ¿Quién lo hubiera imaginado? Nos hemos dado golpes en el pecho. Nos hemos rasgado las vestiduras. Y se nos ha vuelto a olvidar. Dos años después de que la foto de Aylan nos removiera las conciencias y nos estremeciera en nuestras sillas, ya no renta hablar de refugio. Pero mucho menos aún de migrantes.

Este año 178.277 personas han inmigrado a Europa, de las cuales 167.724 (el 94%) lo han hecho por mar. En el mismo tiempo, 3.095 personas han desaparecido o muerto en el Mediterráneo. Se dice pronto: de media, en 2017 cada tres horas ha muerto un migrante intentando llegar a Europa. Si bien la tendencia global es que ha descendido el número de llegadas a nuestras costas, especialmente con respecto a 2015 y 2016, en el caso español se ha duplicado, pasando de 13.246 en 2016 a las 26.000 contabilizadas este año. El cierre de otras rutas migratorias reabre viejas y nuevas rutas: como las que de nuevo pasan por nuestra frontera sur o las que ya operan en el Mar Negro. Porque quienes huyen del hambre, de las bombas o del cambio climático, o quienes simplemente ejercen un derecho básico universal a la movilidad, no van a dejar de venir, sino que lo harán por rutas más largas y peligrosas, exponiéndose más a las mafias, a la trata y a la muerte.

Que hoy apenas se hable ya de personas refugiadas y mucho menos de migrantes no es casualidad: la perversa diferenciación entre ‘refugiados políticos buenos’ y ‘migrantes económicos malos’ está hoy bien consolidada. El cuestionamiento de quién tiene derecho a tener derechos es una realidad que nos sacude a diario. Pero no es un fenómeno climatológico que haya caído del cielo. Es el resultado de las políticas xenófobas aplicadas por las instituciones europeas y estatales, mezclada con la equidistancia, cuando no connivencia, con el discurso y agenda de la extrema derecha que recorre Europa cual fantasma retornado del pasado más oscuro. No en vano, este fin de semana se ha confirmado la entrada del FPO en el Gobierno austriaco, asumiendo carteras tan centrales como Interior, Defensa y Exteriores. Esta vez no veremos quejas internacionales como cuando, hace ya más de quince años, la extrema derecha de Haider entró en el gobierno de coalición. En este tiempo, el establishment eurocrático de Bruselas ha asumido muchas de las propuestas migratorias de la derecha radical.

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Alexis Tocqueville en su famosa obra “El Antiguo Régimen y la Revolución” sostenía que realmente la revolución francesa se inició no en 1789 sino dos años antes cuando la aristocracia se negó a pagar impuestos en la llamada “revuelta de los privilegiados”. Esta situación forzó a Luis XVI a convocar los Estados Generales aliándose con el Tercer Estado para acabar con los privilegios de la aristocracia. El 19 de junio de 1790 se aprobó la supresión de los títulos de la nobleza hereditaria y que todas las exenciones fiscales pasaran a consideradas “delito nacional”.

Algo más de doscientos años después de la revolución francesa, las élites económicas mundiales se han conformado en una nueva aristocracia que se cree con el derecho de no pagar impuestos. Filtración tras filtración descubrimos nuevos nombres de multinacionales, multimillonarios, famosos o políticos que utilizan empresas offshore o pantalla para ocultar su verdadero patrimonio en paraísos o guaridas fiscales al margen de las obligaciones tributarias. La evasión y elusión fiscal de las grandes fortunas y empresas están en el corazón de las razones del vertiginoso aumento de la desigualdad, así como en el de la carestía recaudatoria de los estados. Solo para hacernos a la idea de la magnitud del problema, en la comisión de investigación de los Papeles de Panamá del Parlamento Europeo hemos calculado que la Unión Europea pierde un billón de euros anuales de recaudación tributaria producto de la evasión y la elusión, un montante económico casi equivalente al producto interior bruto de un país como España.

Estos años de aguda crisis, hemos visto como mientras desde las instituciones europeas se piden esfuerzos a los pueblos, se recortan derechos y se practica una política autoritaria para “salir” de la crisis; las grandes fortunas, gracias al entramado mundial de paraísos fiscales, han acelerado el proceso de concentración de poder y riqueza. Desde el inicio de la crisis la desigualdad no ha parado de crecer en el mundo, hasta tal punto que, como indica el informe de Oxfam Intermón, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta en la crisis social de desigualdad más aguda desde que tenemos datos estadísticos en este sentido.

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A pesar de las continuas proclamas en defensa de la patria con las que se llenan la boca nuestros gobernantes y colonizan los medios de comunicación, las reiteradas filtraciones como los papeles de Panamá o los recientes papeles del Paraíso confirman lo que ya sabíamos: las élites sólo declaran a la hacienda pública una parte de sus ingresos y su riqueza. A través de los paraísos/guaridas fiscales, la ingeniería contable, los recovecos legales, los precios de transferencia sistemáticamente aplicados por las empresas transnacionales…han encontrado numerosas fisuras (grietas, más bien) para ocultar o disimular una proporción sustancial de sus fortunas. Un dato puede servir para conocer la dimensión de esta lacra: la comisión de investigación del Parlamento europeo sobre los papeles de Panamá, ha calculado que la UE pierde anualmente un billón de euros de recaudación tributaria por culpa de la evasión y elusión fiscal.

Por esa razón, son muy bienvenidos los trabajos centrados en ofrecer información sobre la privilegiada posición económica de las élites. Mucho se ha escrito y se ha hablado en estos años sobre la desigualdad, la pobreza, la precariedad y la exclusión social –ante la sangrante evidencia, imposible de ocultar, de su aumento–, pero poco sobre la acumulación de renta y riqueza por parte de una minoría de la población. No tanto por el evidente déficit de información al respecto –espacios opacos, donde se mueven cantidades ingentes de dinero y activos financieros–, como por el escaso interés, asimismo evidente, de quienes podrían disponer de esa información para poner negro sobre blanco los enormes e injustificados privilegios que los poderosos han disfrutado y han visto crecer durante la crisis. En unos años en los que buena parte de la ciudadanía tiene que hacer enormes esfuerzos para llegar a fin de mes, o simplemente no llega, cuando los salarios de muchos trabajadores han experimentado un desplome histórico y cuando el derecho (los derechos humanos, recogidos en las cartas constitucionales) a la vivienda, a un empleo decente o a la salud están siendo continuamente vulnerados.

Por esa razón, hay que felicitarse de que haya visto la luz un nuevo informe publicado por el Credit Suisse Research Institute, el Global Wealth Report, que lleva por título Where are we ten years after the crisis? (¿Dónde estamos diez años después de la crisis?. como siempre, el estudio se acompaña de una base de datos, Global Wealth Databook, referida a la desigualdad en la distribución de la riqueza.

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La pasada semana volvía a saltar a la luz una nueva filtración masiva de documentos relacionados con la evasión y la elusión fiscal a través de empresas offshore en paraísos o guaridas fiscales. Esta vez con el nombre de Paradise Papers o Papeles del Paraíso, que incluye 13,4 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios “offshore”: Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. Del primero provienen siete millones de documentos; del segundo, cerca de medio millón. Así como los registros mercantiles de diecinueve jurisdicciones opacas o guaridas fiscales, doce de ellas no reconocidas como paraísos fiscales por el gobierno español como ya paso con Panamá: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu (Oceanía); Malta (Europa), Líbano (Oriente Próximo) y Labuán, territorio federal de Malasia (Asia)

Mientras la filtración de los llamados como papeles de Panamá permitieron conocer en detalle el funcionamiento básico del mundo “offshore” de la mano del Bufete de abogados Mossack Fonseca. Los  Paradise Papers nos revelan una filtración equivalente a los Papeles de Panamá, esta vez en un espacio offshore ligado a la zona de influencia británica y en el que están comprometidas en un nivel superior a la anterior revelación grandes multinacionales, o fortunas tan poderosas como la de la Corona Británica, mostrándonos en este terreno la trama de lo que significa la evasión fiscal: El entramado de la planificación fiscal y el papel de los bufetes de abogados como facilitadores necesarios de la evasión; El complejo sistema de las guaridas o paraísos fiscales, jurisdicciones opacas imprescindibles para la evasión fiscal; y por último, no sólo destacados nombres de monarquías, millonarios, políticos, famosos o artistas como ya se reveló con los Papeles de Panamá sino también el de las multinacionales que utilizan a los bufetes y las guaridas fiscales para maximizar sus beneficios eludiendo sus obligaciones fiscales.

Appleby nos adentra en el complejo mundo de la planificación fiscal con el fin de reducir o eludir las obligaciones fiscales, especialmente por parte de las grandes fortunas y multinacionales. Dejando patente el papel de los despachos de abogados como facilitadores necesarios en la evasión fiscal. Demostrando la incapacidad de los mecanismos autorreguladores, siendo necesaria una fiscalización pública e independiente de los mismos, tal y como hemos insistido en el parlamento europeo ante la negativa de populares. La propia Appleby es un prestigioso bufete de abogados que presta servicios a clientes con fortunas a partir de los 30 millones de dólares y que aseguran cumplir con los mayores estándares de control ante casos delictivos. Por ello es fundamental una regulación de los promotores y facilitadores de productos fiscales y gestores de patrimonio, con mecanismos de transparencia, registro y sanciones disuasorias para que se abstengan de desarrollar programas de planificación fiscal agresiva, obligándoles a actuar en interés público sin ampararse en el secreto profesional.

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“La apisonadora del dinero como siempre destruyó lo que durante generaciones al pueblo conmovió Negocios y franquicias se adueñan de tu ilusión demoler viejos estadios y abrir paso a la especulación los aficionados poco valen manda la televisión paso de ser deporte a convertirse en atracción Odio eterno al fútbol moderno!” Odio eterno al futbol moderno. (La F.R.A.C)

Esta estrofa de la Federación de Raperos Atípicos de Cádiz resume muy bien la evolución del mundo del futbol desde finales del siglo XX, y más todavía aún en las casi dos décadas de nuestro siglo. El llamado deporte rey ha desplazado otros motivos de atención, hasta el punto de ser el centro de las inquietudes de cada vez más partes de la población en todo el mundo. La excitación popular en torno a él ha sido extraordinaria, multiplicándose en su día su atracción por la promoción que hacían algunos gobiernos de los éxitos futbolísticos para la exaltación patriótica y/o para la legitimación popular de uno u otro régimen político. En nuestro país es profusamente conocido la utilización de las victorias deportivas por parte del franquismo que convertían el futbol prácticamente en una razón de estado para conquistar el corazón de las clases populares. Sobre la influencia del mundo del futbol en la política es muy recomendable una lectura del libro de Simon Kuper “Futbol contra el enemigo”.

Pero en estos tiempos que corren, el futbol se ha convertido, cada vez más, en un negocio mundial en el que los estados han sido suplantados por fondos de inversión que compran clubes “galácticos“ moviendo cifras astronómicas para obtener, con la excusa de los trofeos y jugadores franquicia, un reconocimiento como marca a escala planetaria. De esta forma, los grandes clubes tratan de acaparar a los astros con todos sus recursos disponibles, quizás el ejemplo más obsceno lo ha representado este verano la política de fichajes del Paris Saint Germain. Aunque nada debería de parecer extraño en un mundo donde la ley de la oferta y la demanda parece gobernarlo todo.

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Se ha convertido en un lugar común presentar la economía alemana como un modelo a seguir y un ejemplo de buenos resultados. Los obtenidos en materia laboral y de equidad constituyen, en nuestra opinión, una de las piedras angulares de cualquier balance. El enfoque convencional (y dominante) ha convertido en un lugar común referirse a Alemania, como si las diferencias sociales no existieran o fueran irrelevantes, y como si las condiciones de vida de todos los habitantes que forman parte de ese país mejoraran en mayor o menor medida con la recuperación de la actividad económica.

Se argumenta que la creación de puestos de trabajo ha avanzado a buen ritmo. Y es verdad. El nivel de ocupación en 2016 era un 8% superior al de 2007 y la tasa de empleo, en porcentaje de la población activa, era casi 6 puntos porcentuales superior a ese nivel. Todo ello ha supuesto que la tasa de desempleo se encuentre en niveles históricamente bajos, muy inferiores a los existentes antes de que estallara la crisis: 4,4% en 2016 frente al 8,5% de 2007. Eurostat pronostica que este resultado mejorará en el bienio 2017-2018. En paralelo a la creación de empleo, los estándares salariales también han mejorado; de este modo, la compensación promedio por empleado en términos reales (utilizando el deflactor del índice de precios al consumo) ha crecido entre 2014 y 2016 a tasas próximas al 2%.

Pero vayamos más allá de los grandes datos; pongamos la lupa en el panorama laboral y social alemán.

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Pasan los meses y cada vez oímos hablar menos de la mal llamada crisis de las personas refugiadas. Hacen falta naufragios con cientos de muertos e imágenes espectaculares para que la tragedia se cuele en las noticias. La barbarie cotidiana se ha normalizado. Ya apenas repunta en sus formas más extraordinarias. Pero la realidad sigue ahí. En muchos casos más cerca de los que pensamos y solemos escuchar. Estos días, en parte gracias a las distintas acciones lanzadas por la Caravana Abriendo Fronteras, el foco se ha dirigido a nuestra frontera sur: Ceuta, Melilla, la costa sur peninsular. Lugares tan olvidados en el imaginario de la crisis migratoria europea como fundamentales para entenderla.

Es verdad, las dichosas cifras contribuyen a ese olvido mediático. En lo que llevamos de 2017 “solo” 9.000 personas extracomunitarias han entrado a territorio europeo de forma irregular a través de la frontera sur española. Una cifra muy inferior a las 100.000 que han cruzado el resto del Mediterráneo, pero que, en términos comparativos, suponen el triple de las llegadas registradas en el mismo periodo del año anterior. ¿Mera casualidad o cambio de tendencia? Alejemos un momento el foco para ver el mapa completo.

Desde hace un año la UE y sus Estados miembro se felicitan por el “éxito” del (no) acuerdo de la vergüenza con Turquía (porque, recordémoslo: la UE nunca firmó nada con Turquía, solo informó de un acuerdo bilateral entre los gobiernos griego y otomano). Pero al taponar en abril de 2016 esa vía y en ausencia de vías legales y seguras, las migraciones no desaparecieron por arte de magia. Nunca lo hacen, mucho menos cuando las motivan el hambre, las bombas o los efectos del cambio climático. Simplemente se desplazan. Las nuevas rutas actuales, más largas, más peligrosas, más mortíferas (2.300 muertes registradas en lo que llevamos de año), no tardaron en aparecer: hoy el trayecto Libia–Italia ha sustituido al trágicamente famoso de Turquía–Lesbos.

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Los llamados “Papeles de Panamá” se suman a la lista Falciani, Luxleaks o la filtración de Wikileaks. Unas revelaciones que han vuelto a escandalizar a la opinión pública al poner de manifiesto cómo las grandes fortunas, políticos y/o empresarios siguen utilizando los paraísos fiscales para evadir sus obligaciones tributarias o para blanquear dinero negro. El impacto mediático y social del escándalo de los Papeles de Panamá ha obligado a las autoridades a constituir una comisión de investigación parlamentaria para poder ofrecer información adicional y concreta, de un fenómeno que, por desgracia, convive con nosotros desde hace tiempo y que forma parte sistémica de los fundamentos del capitalismo líquido de nuestra época.

En el ecuador del mandato de esta comisión de investigación de los Papeles de Panamá, conviene señalar que muchas de estas comisiones se abren para “hacer como que se investiga”. Nosotros lo venimos denunciando a lo largo de estos meses, de los más de 11 millones de documentos filtrados, a bien pocos se nos está facilitando el acceso, dada la clasificación secretista que se les confiere a la mayoría de los papeles sensibles, y la dificultad de acceso que se brinda a diputados y a nuestros equipos de asesores. A esto se suma la falta de voluntad política de la Comisión que antepone numerosas restricciones limitando las atribuciones del parlamento. Además los periodistas que disponen de esta información podrían ser denunciados, si filtran algo que perjudique a personas o empresas específicas. Algo que se resolvería si hubiese realmente una legislación europea que permitiera la protección para los whistleblowers (denunciantes) a día de hoy inexistente. De hecho, las instituciones europeas parecen más preocupadas no por la magnitud del fraude fiscal revelado, sino más bien porque los nombres de los evasores se hagan públicos.

Conocer la realidad se hace a fuerza de comprobar sus resistencias. Esas resistencias se han presentado no sólo como distracciones burocráticas y secretistas. Sobre todo han cobrado forma de partido de ping-pong, donde unos y otros se escabullen de su responsabilidad apelando a su “incompetencia legal”, pasando la pelota de uno a otro. Muchos argumentan que la UE no tiene la regulación ni los medios apropiados, y la UE dice que cuenta con la regulación apropiada y que algunos Estados Miembros no la aplican, y los Estados Miembros involucrados señalan que ellos tan sólo juegan con la regla universalizada en el capitalismo global que hace de la competitividad fiscal una posible ventaja comparativa. Cabe decir que no es cierto que las regulaciones europeas sean las adecuadas. Aunque nos tememos que sí es cierto que muchos Estados Miembros no aplican ni siquiera los mínimos recomendados. Y aun así esto no encierra toda la verdad.

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Otra Economía

Con motivo del 60º aniversario del Tratado de Roma, la Comisión Europea presentó el pasado miércoles el Libro blanco sobre el futuro de Europa. Como refleja en el subtítulo, el documento, de treinta páginas, pretende abrir el debate sobre los diferentes escenarios que podrían materializarse en Europa en el horizonte de 2025.

Es marca de la casa. La retórica vacía y grandilocuente de los documentos y declaraciones comunitarias que a pesar de la crítica situación que vive la Unión Europea (UE) sigue estando muy presente en el Libro Blanco. Pero en este caso no se trata sólo de retórica, sino de una mezcla de ceguera y autismo. Seleccionamos tres párrafos, entre otros muchos que recorren el texto: “Es momento de reflexionar con orgullo de nuestros logros y de recordar los valores que nos unen”; “La Unión Europea ha mejorado nuestras vidas. Debemos velar porque sigan mejorando las de todos aquellos que vendrán detrás de nosotros”; “…una Unión ampliada de 500 millones de ciudadanos que viven en libertad en una de las economías más prósperas del mundo”. Nos preguntamos cómo recibirán este brindis al sol los trabajadores que, como consecuencia de las reformas laborales, impulsadas y exigidas por Bruselas, se han llevado por delante la negociación colectiva y son responsables de una histórica reducción de los salarios; la ciudadanía griega que ha sido hundida en la pobreza como consecuencia de la aplicación de los sucesivos memorándums; la quinta parte de la población alemana que está cerca o por debajo del umbral de la pobreza; la institucionalización de la “deudocracia” como un sistema de disciplinamiento de los países del sur de Europa; y los refugiados que están muriendo de frio y enfermedad en las fronteras comunitarias o se ahogan en las aguas del Mediterráneo. No es serio ni decente pasar de puntillas sobre estas y otras situaciones, que, desgraciadamente, no representan un episodio aislado del denominado “proyecto europeo”, sino que, cada vez más, forman parte de la quintaesencia del mismo.

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Otra Mirada Social y Económica Es Posible

La Unión Europea se jacta de representar uno de los espacios supranacionales con una regulación más avanzada en el marco de la evasión fiscal y del lavado de dinero. Una Unión Europea que tiene como presidente de su Comisión al mismísimo Jean Claude Juncker, que estuvo 18 años en el gobierno luxemburgués. Sin ser suficiente poner al lobo al mando del gallinero, el diseño de la Unión Europea, favorable a la competición y devaluación fiscal permanente, permisivo con la regulación fiscal laxa de numerosos países, acepta en su seno agujeros gigantescos por los que el capital y el patrimonio de grandes empresas y familias acaudaladas se mueve, generando uno de los mayores privilegios económicos que se conocen desde la exención de la que disfrutaba la nobleza en la Edad Media, y de la que ahora sólo disfrutan las oligarquías a costa de servicios públicos y el esfuerzo fiscal del contribuyente medio.

Debemos recordar que, la ingeniería tributaria o lo que viene a ser lo mismo el desplazamiento de beneficios de multinacionales a paraísos fiscales, explica dos terceras partes de la evasión fiscal internacional. El otro tercio obedece a la carrera por la competencia fiscal. Mientras tanto, los principales actores políticos miran hacia otro lado, o negando su responsabilidad, admitiendo su impotencia o incompetencia para actuar, o bien acusando a países terceros o confundiéndonos con anécdotas y malas excusas sobre lo inevitable del fenómeno…
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Otra Mirada Social y Económica Es Posible

Suiza, Guarida Fiscal preferida por grandes patrimonios y corporaciones privadas.

Puede afirmarse que Suiza es, probablemente, el mayor paraíso fiscal mundial, cuanto menos en cuanto al peso del patrimonio gestionado por sus centros offshores, sólo siguiéndolo de cerca Reino Unido, las Islas del Canal más Dublín.

Suiza dispone, en 2017, de unos 266 bancos, con dos grandes entidades: Union de Banques Suisses (UBS) y Crédit Suisse (CS). La banca suiza se concentra en los servicios de banca privada y gestión de patrimonio, apenas se dedica al negocio bancario minorista. Gestiona el 25% de la cuota mundial del negocio de la gestión de fortunas privadas, más o menos el equivalente a 6,1 billones de euros en este segmento. El 35% de los fondos mundiales privados invertidos en entidades offshore está en Suiza, unos 2,2 billones de euros.

Algunos cantones, como el Zoug, ofrecen tipos impositivos sobre los beneficios del 16%, y a los grupos que apenas cuentan con un simple buzón hasta del 9%. Otros cantones como el de Obwald y Appezell Rodes-Extérieures gravan apenas con un máximo del 13%, y otros cantones también ofrecen un generoso 15%. No es de extrañar que decenas de miles de empresas multinacionales escojan situar su base principal en Suiza.

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