mar 10, 2020 0
El Colectivo Ioé estudia la evolución reciente de la desigualdad en España, relacionándola con la posición financiera de las familias, el mercado laboral y el de la vivienda.
Artículo publicado el 5 de marzo en Barómetro Social de España
mar 29, 2019 0
La calidad de la salud en España y la eficacia del sistema sanitario se mantienen a un nivel aceptable pero se encuentran amenazadas por recortes económicos, saturación de servicios y procesos de privatización que afectan especialmente a determinados colectivos y regiones.
España destaca por ser el país europeo con mayor esperanza de vida y en el que la población presenta una de las mayores tasas de percepción positiva de la propia salud. Sin embargo, los indicadores de morbilidad han empeorado en las dos últimas décadas, especialmente para las mujeres y las clases populares. En cuanto a los recursos sanitarios, la tendencia general fue positiva hasta 2011; desde entonces presenta altibajos que se expresan en incrementos de las listas de espera, desigualdad territorial y creciente privatización, muy superior a la media europea. La joya de la corona, como muchos llaman al sistema público de salud, empieza a peligrar, dando lugar a una reactivación del sector privado (con puertas giratorias para algunos políticos) pero también a una intensa movilización en apoyo del sector público.
El Gráfico adjunto recoge la evolución en el último cuarto de siglo del índice sintético de Salud, que se elabora a partir de 31 indicadores[1] agrupados en tres dimensiones: mortalidad, morbilidad y recursos sanitarios.[2] Se puede observar que la evolución general (línea gruesa de color negro) supera el nivel medio de la escala en el año 2006, para mejorar de forma significativa hasta 2010 y empeorar lentamente a partir de esa fecha.
abr 17, 2018 0
La política mantenida en España ha estado más orientada a asegurar el negocio inmobiliario que a proteger el derecho a la vivienda, a pesar de las crecientes movilizaciones de la población afectada.
El acceso a la vivienda, en condiciones aceptables, constituye uno de los pilares básicos de la calidad de vida y de la inserción social. Así fue recogido en el plano jurídico por la Constitución de 1978 al establecer para toda la ciudadanía el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y exigir de los gobernantes una política de vivienda efectiva y que evitara la especulación: “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” (art. 47). Evidentemente, esta norma no se ha cumplido: ni los gobiernos han tomado a su cargo asegurar el disfrute efectivo de la vivienda de toda la ciudadanía ni se ha luchado contra la especulación inmobiliaria.
La política de vivienda aplicada a partir de la transición siguió anclada en el modelo franquista de apoyar la construcción de viviendas en propiedad, ya fuera en el sector mayoritario del mercado libre o mediante subvenciones para la construcción y compra de viviendas, a la vez que se dejaba en un callejón sin salida el alquiler de viviendas que era el mayoritario al acabar la guerra civil. Entre 1940 y 2018 se han sucedido 16 Planes Plurianuales de Vivienda, que tuvieron un momento de inflexión en la década de los años ochenta del siglo pasado. Hasta entonces el “problema de la vivienda” se planteaba en términos de escasez (déficit residencial que los Planes estimaban por encima del millón y medio de unidades), por lo que el Estado central financiaba tanto a los promotores privados de viviendas (“ayuda a la piedra”), como a los compradores a través de diversas fórmulas (subvenciones directas, deducción fiscal en el IRPF, etc.).
A diferencia del resto de Europa, España no apostó por la creación de parques de alquiler social para cubrir las demandas más urgentes, ni siquiera por facilitar el alquiler privado, que quedó congelado a raíz de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1946. Esta ley, con la intención demagógica de proteger a los inquilinos, estableció unas condiciones sumamente rígidas de congelación de precios y prórroga indefinida de los contratos que desincentivaron el desarrollo del mercado de alquiler, pasando éste del 51% en 1950 al 21% en 1981.
A partir de los años ochenta, el creciente superávit de viviendas en relación a los hogares colocó a España a la cabeza de la Unión Europea en este punto[1] e hizo que los planes fueran rebajando poco a poco su aportación a la construcción de nuevas Viviendas de Protección Oficial[2], orientándose más a la rehabilitación del parque existente y a pequeñas promociones de alquiler social para sectores con menos recursos, sobre todo para jóvenes[3]. Por otra parte, la llamada ley Boyer de 1985 y las posteriores modificaciones legislativas de 1994 y 2013 intentaron relanzar el mercado de alquiler al permitir fijar libremente los precios y suprimir la prórroga forzosa de los inquilinos. Sin embargo, esta nueva legislación produjo durante mucho tiempo una gran distorsión en el sector al dar lugar a unos precios inaccesibles en el caso de los nuevos alquileres, sobre todo en las grandes ciudades, junto a alquileres bajísimos de “renta antigua” anteriores a 1985.
En el nuevo estado de las autonomías la política de vivienda experimentó una notable descentralización y, aunque se han mantenido los Planes Nacionales, éstos se gestionan mediante convenios con las comunidades autónomas que a su vez delegan muchas funciones en los ayuntamientos, quienes se encargan de la aplicación de las normas y de la gestión del suelo a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana, las normas subsidiarias y la delimitación del suelo urbano. Los tributos locales asociados a la construcción y transmisión de viviendas (licencia de obras, impuesto de plusvalías) o a su mantenimiento (impuesto anual de bienes inmuebles) son una fuente importante de ingresos para los ayuntamientos que les suele predisponer a calificar el suelo como urbanizable frente a otras alternativas posibles.
Entre 2001 y 2016 el número de hogares en España ha pasado de 14,2 a 18,4 millones. Las viviendas en propiedad sin deuda pendiente han sido en todo este período la forma de tenencia más frecuente y han aumentado en algo más de medio millón (de 8,4 a 9 millones); sin embargo, su peso relativo se ha reducido 10 puntos, bajando del 59 al 49%. Han crecido tres veces más las viviendas en alquiler, que han pasado de 1,6 a 3,2 millones, y cuatro veces más las viviendas compradas con hipoteca pendiente, que han pasado de 3,2 a 5,3 millones del parque de primeras viviendas. Esta última modalidad fue la que más creció hasta la llegada de la crisis, reduciendo después su peso en beneficio del alquiler que ha doblado su número en lo que llevamos de siglo y ha pasado del 14,2 al 17,3% en los últimos cinco años (Gráfico 1).
mar 23, 2018 0
La morosidad en los pagos de hipotecas y alquileres que habitualmente está en el origen de los desahucios tiene que ver con la confluencia de dos procesos: el encarecimiento de la vivienda y la precarización del empleo, en un contexto de creciente desigualdad social y endeudamiento de los sectores empobrecidos.
Después de recoger los datos disponibles sobre la magnitud del problema de los desahucios, se apuntan ahora algunas causas de fondo. En una tercera entrega, se hará una reflexión en torno a la política de vivienda mantenida en España, más orientada a asegurar el negocio inmobiliario que a proteger el derecho a la vivienda, a pesar de las crecientes movilizaciones de la población afectada.
En la mayoría de los casos, la morosidad en los pagos se relaciona con dos procesos que atenazan a los sectores populares: el encarecimiento de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, y el empobrecimiento de una parte notable de la población a causa del paro, el trabajo precario y la ausencia o baja cuantía de las prestaciones públicas para casos de emergencia. Ambos procesos, por lo demás, están estrechamente ligados a la forma de funcionamiento de la estructura social española, con un reparto muy desigual de la riqueza y una fuerte jerarquización de las relaciones sociales, tendencias que se han visto reforzadas por el proyecto neoliberal que prevalece en los países occidentales desde hace varias décadas.
Entre 2001 y 2007 el precio de venta del m2 de vivienda libre en España creció un 76% en euros constantes, lo que supuso un enriquecimiento masivo de las empresas de la construcción –con beneficios colaterales para las instituciones financieras y los ayuntamientos- a costa de endeudar a los compradores, la mayoría familias trabajadoras cuyo salario medio creció en ese tiempo diez veces menos (7,4%). Entre 2007 y 2014, a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el precio de la vivienda bajó un 37% mientras los salarios perdieron un 10% de poder adquisitivo. Por último, la compra de vivienda se ha encarecido un 4% entre 2014 y 2016, en proporción parecida a la revalorización salarial de esos años (3%). Si comparamos la evolución en el conjunto de los 16 primeros años del siglo XXI, el precio de compra de la vivienda libre ha subido un 15% mientras el salario medio ha congelado su poder de compra (Gráfico 1).
mar 7, 2018 0
La creciente desigualdad social y el empobrecimiento de la clase trabajadora han provocado un aluvión de desahucios, lanzamientos y ocupaciones de vivienda, ante el descarado posicionamiento del gobierno a favor del sector inmobiliario-financiero.
En marzo de 2018 se han actualizado los 14 indicadores del ámbito de Vivienda del Barómetro Social, que recogen la evolución del acceso a la compra y al alquiler y de las políticas públicas mantenidas en los últimos 23 años (1994-2016). El índice sintético, que resume la situación del sector, ha experimentado una evolución claramente negativa, de 5,1 a 2,7 puntos sobre 10, con ligeros vaivenes en función del ciclo económico.
Aquí nos vamos a centrar en el análisis de los desalojos judiciales de viviendas, que han afectado a los sectores más empobrecidos de la población, sobre todo a raíz de la crisis iniciada en 2008. En esta primera entrega se recogen los datos disponibles sobre la magnitud del problema, que se agudizó en los años centrales de la crisis para las viviendas hipotecadas mientras las cifras se han mantenido siempre altas para las viviendas de alquiler. Más adelante, apuntaremos algunas causas de fondo: el encarecimiento de la vivienda y la desposesión y endeudamiento de un sector importante de la clase trabajadora, en paralelo con la voracidad del capital inmobiliario-financiero, que ha sido implacable en la defensa de sus intereses. Por último, en una tercera entrega, se hará una reflexión en torno a la política de vivienda mantenida en España, más orientada a asegurar el negocio inmobiliario que a proteger el derecho a la vivienda, a pesar de las crecientes movilizaciones de la población afectada.
Los desahucios de viviendas se inician en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción por dos vías: “ejecuciones hipotecarias” para las casas en propiedad con deuda pendiente[1] (que incluye una minoría de bienes no inmobiliarios con garantía hipotecaria pero no otros procesos judiciales por impago de viviendas sin garantía hipotecaria) y “procesos verbales arrendaticios” para las casas en alquiler. Si tomamos como punto de partida el año 2001, en que entró en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) registra el inicio de 809.000 ejecuciones hipotecarias y 938.000 procesos arrendaticios hasta 2016, es decir, un total de 1,7 millones de procesos de desahucio[2]. Entre 2001 y 2007, antes de la crisis, se iniciaron diariamente 180 procesos, tres cuartas partes de los cuales eran por impagos de alquiler. Entre 2008 y 2016, la media diaria se dobló, con 390 procesos diarios, y se hicieron más frecuentes los casos de ejecución hipotecaria que los de alquiler. Tal como se recoge en el Gráfico 1, las ejecuciones hipotecarias crecieron vertiginosamente entre 2007-2009 y a partir de 2012 se registra un descenso importante, mientras que los desahucios de alquileres superan a los que se registraban antes de la crisis (a pesar del descenso de 2013).
ene 5, 2018 0
El crecimiento económico de España se reparte cada vez con más desigualdad, lo que fractura la convivencia y aumenta la pobreza y el endeudamiento de un sector creciente de población.
El índice sintético de Renta y patrimonio es uno de los once que elabora el Barómetro Social de España. Se nutre de 27 indicadores que se agrupan en cuatro dimensiones: el crecimiento agregado de la renta y la riqueza (1ª dimensión); el reparto de los bienes económicos (2ª dimensión); el papel redistribuidor del Estado a través del sistema fiscal (3ª dimensión); y el alcance de la pobreza y la exclusión social (4ª dimensión).
En el contexto de la Unión Europea, España se caracteriza por una persistente desigualdad en el reparto de la renta y la riqueza, una fiscalidad regresiva y unas tasas crecientes de explotación laboral, privación material y endeudamiento. El presente informe recoge las principales tendencias y ofrece una breve interpretación crítica del modelo político-económico vigente, que sometemos al debate de los lectores.
El Gráfico adjunto resume las tendencias de los últimos 23 años. Se puede observar que la evolución general (línea gruesa de color negro) se sitúa siempre en posición de “suspenso” (por debajo de 5), mejorando ligeramente hasta 2003 y empeorando a partir de esa fecha. El resultado más negativo se obtiene en 2016, el último año con datos completos.
jul 21, 2017 0
La quinta edición de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España confirma un reforzamiento de la desigualdad en el reparto de la riqueza: desde 2011 sólo los más ricos han incrementado su patrimonio, siendo el tramo de hogares pobres el que más ha perdido, hasta el punto de que sus deudas superan por primera vez a sus activos.
La Encuesta Financiera de las Familias (EFF) es la fuente más consistente para conocer la distribución de la riqueza en España. En enero de 2017 se ha publicado la última edición de la Encuesta, con datos del año 2014; llama la atención el silencio mediático respecto a los efectos catastróficos, en términos de desposesión y endeudamiento, que la crisis ha tenido para los hogares más pobres. Aquí presentamos algunos de los más relevantes.
Si distribuimos el total de hogares en cuatro tramos (cuartiles, el 25% de los hogares) del mismo tamaño, de menos a más patrimonio, y comparamos su volumen medio de riqueza con la renta media obtenida por esos mismos hogares en 2014, se constata que el reparto de la riqueza (todo el patrimonio acumulado por los hogares a lo largo de su trayectoria) es mucho más asimétrico que el de la renta. Esto resulta especialmente evidente entre el cuartil más rico y el más pobre: el primero con un patrimonio medio de 728.000 euros y el segundo con uno negativo de 1.300 euros (es decir, sus deudas son mayores que sus activos y propiedades).
La renta (los ingresos obtenidos a lo largo del año) se distribuye también con desigualdad, pero en este caso las diferencias son menores. El cuartil más rico –que concentra el 74% de la riqueza- se apropia del 42% de la renta anual y el más pobre –cuyo patrimonio medio es negativo- obtiene el 16% de la renta del conjunto de los hogares. En una posición intermedia se sitúan los otros dos cuartiles, que obtienen el 18 y el 8% de la riqueza y el 23 y 19% de la renta, respectivamente (ver Gráfico 1).
Gráfico 1. Riqueza y renta de los hogares españoles en 2014 (media por hogar, de menos a más patrimonio)
jun 22, 2016 0
Más del 90% de la población española opina que el reparto de la renta es injusto y que los intereses de los mercados transnacionales de deuda se anteponen al bienestar general, pero estas cuestiones se suelen considerar intocables y quedan fuera de la agenda política.
Los bienes y rentas que se producen en España se reparten cada vez con más desigualdad y se encuentran sometidos a los mercados transnacionales de deuda que detraen una parte importante del producto nacional hacia los acreedores extranjeros, los todopoderosos “mercados”. Seguir leyendo…
dic 17, 2015 0
Los signos de recuperación empresarial en la legislatura del PP ocultan el grave deterioro de las rentas salariales y, en especial, el desplome del empleo y de los ingresos de la juventud.
La última publicación de la Estadística de salarios y prestaciones de desempleo1 confirma el deterioro de las rentas salariales en los primeros tres años de esta última legislatura (2011-2014), lo que contrasta con la revalorización de las acciones y fondos de inversión en el mismo período (Balance financiero del Banco de España). Los signos de recuperación del empleo (1,3%) y de los salarios (0,9%) en 2014 son presentados por el gobierno como el inicio de una salida del ciclo de crisis. Sin embargo, los datos muestran que durante estos años no ha cesado de crecer la apropiación de rentas por parte del capital en detrimento de las rentas del trabajo. La Estadística de salarios también evidencia que el desplome del empleo juvenil en las dos últimas legislaturas (-42,35% de los puestos de trabajo de los menores de 26 años entre 2008 y 2014) se ha visto acompañado por una reducción de su salario medio del 40,8%.
may 8, 2015 0
Las cuatro ediciones de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España cubren ya una década en la que se constata que las desigualdades en el reparto de la riqueza se han ampliado continuamente, tanto en los años de expansión económica como en los de recesión.
El Banco de España ha publicado en el mes de enero, con más de un año de retraso sobre el calendario previsto, laEncuesta Financiera de las Familias (EFF) correspondiente a 2011. Un sondeo mediante una muestra estratificada de más de 6.000 hogares,[1] que permite conocer la distribución de la riqueza en España, asunto fundamental desde el punto de vista social que no cuenta con otras fuentes de información consistentes.
dic 1, 2014 0
La Agencia Tributaria acaba de publicar los peores datos sobre monto y distribución de salarios desde 1992. Las rentas del capital cada vez se apropian de un mayor porcentaje de la renta nacional a costa de la población asalariada.
La Agencia Tributaria publicó el pasado 20 de noviembre la Estadística de salarios1 correspondiente a 2013, la última de una serie que se inició en 1992 con el fin de dar a conocer el registro de los salarios que los empleadores están obligados a declarar a la Hacienda pública (modelo 190). Por definición esta estadística no incluye el empleo sumergido pero tiene la ventaja de recoger a todas las personas con contrato formal a lo largo de cada año, sea cual sea la rama laboral o la duración de su empleo. El Barómetro Social de España utiliza esta fuente como la más completa para conocer la evolución y distribución de los salarios. Otras estadísticas de salarios, como la de Costes Laborales (encuesta trimestral a las empresas) o la de Estructura Salarial y la de Decil de salarios del empleo principal (ambas asociadas a la Estadística de Salarios de la Agencia Tributaria) presentan importantes limitaciones de cobertura del empleo eventual y de franjas laborales como la agricultura, el servicio doméstico, etc., con el resultado de que algunos de los sectores más precarios del mercado laboral quedan invisibilizados.2 Seguir leyendo…
jul 8, 2014 0
Los trabajadores y trabajadoras en riesgo de pobreza son tres veces más que los contabilizados por la última Encuesta de Estructura Salarial, cuya metodología excluye del cómputo al 71% de quienes perciben –en cómputo anual- ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
El INE publicó el pasado 25 de junio la última Encuesta de Estructura Salarial (EES)[1], correspondiente a 2012, y los medios de comunicación han subrayado algunos de sus hallazgos, entre ellos una caída del salario medio y el incremento de la desigualdad salarial, que afecta especialmente a quienes perciben salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)[2]. Este segmento representaba el 8,8% de la población asalariada en 2008 y en 2012 alcanzó el 12,2%. Por tanto, los resultados de la EES indican que durante los años de crisis el conjunto de la clase trabajadora ha disminuido sus ingresos (deterioro del salario medio) y que ha aumentado el segmento de “trabajadores pobres” (quienes no llegan al SMI a lo largo del año). Con ser preocupantes estas conclusiones no dan cuenta adecuada de la realidad; si tomamos en cuenta la Estadística de Salarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la franja de trabajadores pobres sería tres veces más grande, alcanzando al 32,9% de perceptores de rentas salariales en 2012.
feb 5, 2014 0
El análisis de 185 indicadores, expresados de forma sintética en una serie de índices estadísticos, muestra un empeoramiento generalizado de las condiciones de vida especialmente entre los años 2010 y 2012.
El Barómetro social de España analiza la evolución de once ámbitos de la realidad social en base a diversos indicadores estadísticos; para cada uno de esos ámbitos se elabora un índice sintético que resume las principales tendencias (para una explicación más detallada ver aquí). Los cambios registrados en los últimos cinco años permite esbozar un diagnóstico global del rumbo de la sociedad española.
(199) (175) (108) (86) (85) (85) (85) (73) (66) (52) (40) (39) (38) (36) (30) (30) (27) (27) (26) (26) (26) (25) (25) (24) (23) (22) (22) (19) (18) (18) (18) (18) (17) (16) (16) (16) (16) (15) (15) (15) (14) (14) (14) (14) (14) (13) (12) (12) (12) (11) (11) (10) (10) (10) (9) (9) (9) (9) (9) (9)
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