Economía Crítica y Crítica de la Economía

Cuarto Poder

La irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía, esperada pero no con tanta presencia, ha provocado una serie de sentimientos y actitudes que han ido desde la estupefacción hasta la inquietud, pasando por airadas reacciones. Las precipitadas y desafortunadas convocatorias para manifestarse contra estos resultados no solo le han hecho un flaco favor a la democracia, sino que le han proporcionado a este partido una excusa para asignarse la palma del martirio. Más protagonismo regalado a dicha fuerza política por quienes se reclaman de un frentismo antifascista.

Creemos que debemos acercarnos a este asunto con la serenidad necesaria para la reflexión, que si es imprescindible siempre, en el asunto que nos ocupa lo es más aún.

Cuarto Poder

La anécdota la ha contado Varoufakis y no tiene desperdicio. Corría el año 2015 y el Gobierno de Syriza, elegido en las elecciones del 25 de enero, se estrenaba en los foros europeos. El flamante ministro de Finanzas de Grecia acudió a la primera reunión del Eurogrupo el día 11 de febrero, con la intención de exponer ante sus colegas el programa económico de su gobierno. Allí estaban, entre otros, Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), y Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE). Varoufakis transmitió al Eurogrupo el compromiso de Grecia con la divisa europea y explicó el programa de reformas que se disponían a implementar, subrayando el mandato democrático surgido de las urnas el 25 de enero: renegociar los términos del rescate financiero acordado por el gobierno de Samarás. Cuando hubo terminado su intervención, pidió la palabra el entonces ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, que empezó su alocución con una frase lapidaria: “unas elecciones no pueden cambiar la política económica”.

Algunos años más tarde, otro gobierno europeo elegido en las urnas ha recibido la misma respuesta por parte de las instituciones comunitarias. Lo anunciaba este martes Pierre Moscovici en una atribulada rueda de prensa: la Comisión Europea ha rechazado el borrador presupuestario presentado por Italia y ha instado a las autoridades del país transalpino a modificarlo en el plazo máximo de tres semanas. Poco importa que su economía esté sumida en la recesión y el estancamiento desde hace casi diez años debido a las políticas de austeridad europeas. O que su renta per cápita sea hoy más baja que antes de la introducción del euro. O que el desempleo juvenil se haya disparado con la crisis, superando ampliamente el 40 por ciento en algunas zonas del sur del país. Nada de esto parece importarle a las instituciones europeas. La Comisión considera que el proyecto de presupuesto de Italia para 2019 supone un incumplimiento grave de los objetivos económicos fijados por la Unión Europea (UE), especialmente en materia de déficit público, y conmina a su gobierno a ajustarse a las obligaciones que establece el Pacto de Estabilidad.

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Cuarto Poder

Los Presupuestos Generales del Estado son una especie de mapa que refleja las prioridades y objetivos de los poderes públicos. Nos permiten saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Pues bien, a la vista del “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado-2019” suscrito por el Gobierno de España y Unidos Podemos (“Acuerdo”, en adelante), parece que en nuestro país se está produciendo un importante giro social con respecto a las políticas que se han venido aplicando desde que empezó la crisis económica. El Acuerdo constituye un auténtico programa de gobierno que afecta a aspectos muy sensibles para el bienestar de la ciudadanía, tales como sanidad, vivienda, dependencia, empleo y protección social… Pero, si hemos de destacar dos cuestiones a fin de calibrar su importancia, éstas son, sin duda, las medidas y compromisos adoptados en materia de pensiones y salario mínimo interprofesional (SMI). En los párrafos siguientes nos referiremos a estos aspectos, tratando de precisar su significado y alcance en el contexto político que atravesamos.

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Cuarto Poder

Desde que Bodino escribiera Los seis libros de la República en 1576, el concepto de soberanía ha recorrido un largo camino. En un principio se asociaba al Estado absolutista e implicaba la potestad de expedir y derogar leyes y obtener la obediencia de los súbditos sin necesidad de su consentimiento. Sin embargo, no será hasta bien entrado el siglo XVIII, tras un arduo conflicto social y político, que se reconozca al pueblo como verdadero titular de la soberanía y se afirme el papel de la ley como expresión de la voluntad popular. Había hecho su aparición Rousseau. Desde entonces, la idea de soberanía ha sido desarrollada y matizada por innumerables pensadores, generalmente en el sentido de establecer límites al poder del Estado e introducir garantías frente a la arbitrariedad. Pero conservando siempre aquella sustancia que había identificado Rousseau y que está en la base de la democracia: la capacidad de los pueblos de autogobernarse y decidir el modelo social, económico y político en el que desean vivir.

Pues bien, la Unión Europea es la negación de la soberanía y de la democracia. Lo hemos dicho en el pasado y no vamos a insistir mucho en ello. La Europa neoliberal ha exacerbado la competencia entre países, ha liquidado los derechos sociales y está corrompiendo los valores cívicos de las sociedades europeas. Aún más, el neoliberalismo ha dividido el continente europeo en un núcleo de países industrializados dirigido por Alemania y una periferia cada vez más dependiente desde el punto de vista económico. En el espacio europeo no hay lugar para las políticas redistributivas; aquí lo único que cabe es un neomercantilismo feroz e inmisericorde que, en el mejor de los casos, genera crecimiento empobreciendo a las mayorías sociales. Los ciudadanos europeos empiezan a entender el significado de la lex mercatoria que impera en Europa: voten lo que voten, siempre es lo mismo. Y si alguien osa desafiar la autoridad de Bruselas, los mercados le hacen entrar en razón desencadenando ataques especulativos hasta provocar un corralito bancario. Primero fue Grecia. Ahora, tal vez, Italia.

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Cuarto Poder

La aprobación del llamado “Decreto Dignidad” por parte del gobierno italiano ha provocado furibundas reacciones en diversos círculos políticos y empresariales. La multinacional alemana Foodora abandona Italia. Lejos de toda prudencia, las principales organizaciones patronales amenazan con despidos masivos. El día de su aprobación en el Senado, los representantes del Partido Demócrata exhibieron carteles en los que podía leerse #ByeBye lavoro (“Adiós trabajo”), lo que motivó que la presidenta de la cámara los llamara al orden. Periodistas a sueldo de las finanzas han emprendido una campaña sin precedentes contra el artífice de la norma, Luigi di Maio, el joven ministro de Trabajo y vicepresidente del país transalpino. Hasta los sindicatos han manifestado su oposición al Decreto, aunque en este caso por motivos muy distintos a los anteriores. Lo cierto es que el Decreto Dignidad ha abierto un intenso debate en la sociedad italiana sobre los parámetros que rigen las relaciones laborales y, más allá, sobre las políticas sociales y económicas aplicadas en Europa desde la aprobación del Tratado de Maastricht.

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Nuestro país se enfrenta a un reto que hasta ahora no ha logrado superar: adecuar su estructura institucional a la extraordinaria diversidad social, lingüística y cultural de los pueblos que lo integran, y hacerlo de modo que las distintas identidades nacionales puedan reconocerse en la expresión política resultante. En un contexto caracterizado por la coexistencia de identidades complejas y complementarias, el modelo federal es el único que puede articular una realidad inequívocamente plurinacional como elemento constitutivo del Estado. Desde una perspectiva federal, la pluralidad nacional no es algo que deba ser “tolerado” para satisfacer las demandas nacionalistas; antes bien, se trata de un valor político fundamental con un potencial enorme en sociedades como la española o la catalana, mucho más heterogéneas y estratificadas de lo que suele admitirse. El Estado autonómico está agotado y sería absurdo prolongar su agonía. Ha cumplido su misión histórica. El reto es construir un nuevo Estado plurinacional que garantice la convivencia democrática, pluralista y solidaria, en un marco institucional estable de carácter federal.

Ahora bien, un Estado plurinacional requiere la existencia de un sistema de financiación que garantice la suficiencia económica de las unidades federadas y les permita ejercer las competencias que les han sido asignadas, sin perjuicio de la solidaridad que necesariamente ha de existir entre ellas. Como podrá imaginar el lector, se trata de un asunto espinoso y delicado que suele provocar debates muy intensos entre los distintos componentes de cualquier federación. Las zonas más ricas suelen quejarse de su excesiva contribución al presupuesto común, mientras las más pobres consideran que reciben demasiado poco. En principio, es un debate saludable que permite ir ajustando el sistema de financiación hasta alcanzar una distribución de los recursos lo más equitativa posible. Lo que no parece tan normal es que los nacionalismos español y catalán utilicen demagógicamente este asunto para enfrentar a la ciudadanía y alimentar el conflicto territorial. Precisamente esto es lo que ha ocurrido estos años.

No es ningún secreto que el actual sistema de financiación autonómico perjudica a los intereses de determinados territorios, como es el caso de Cataluña, Madrid o el País Valenciano. Y que ello se traduce en una menor calidad de los servicios prestados a la población, sin que pueda aducirse ninguna justificación. En lo que respecta a nuestra tierra, suele afirmarse que es la única comunidad autónoma con una renta per cápita inferior a la media que presenta un saldo fiscal negativo, lo que sin duda constituye una anomalía. Igualmente, se critica con razón que las inversiones del Estado son especialmente escasas en la Comunidad Valenciana, como pudimos comprobar durante la tramitación de los últimos Presupuestos Generales del Estado. Todo ello es cierto, pero España se merece un debate a la altura del momento histórico. Afirmar, como algunos han venido haciendo, que la financiación autonómica supone un “expolio” que está “rompiendo España”, no sólo es exagerado, sino que oculta las verdaderas causas de la gravísima crisis social que atraviesa nuestra patria.

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El viejo contrato social, que representaba un compromiso entre generaciones, se está deshaciendo ante nuestros ojos. El Gobierno se dispone a acometer la enésima reforma de las pensiones, recortando aún más las ya exiguas prestaciones y convirtiendo a los ancianos en trabajadores pobres.

Artículo publicado en DiagonalPeriodico Seguir leyendo…

Diagonal Periódico

El neoliberalismo no es sólo una ideología, sino también, y fundamentalmente, una hegemonía capaz de articular un sólido consenso entre las clases subalternas sobre la base de intereses materiales. En este sentido, la externalización de los servicios públicos ha sido un instrumento decisivo para la extensión y consolidación del neoliberalismo, vinculando a sectores cada vez más amplios de la población trabajadora al juego de intereses generado por la dinámica privatizadora. Desde los años 90, las políticas de austeridad y la supuesta ineficacia de lo público han servido de pretexto para transferir al sector privado la gestión de importantes servicios públicos, subordinando a sus intereses la posición de los trabajadores adscritos a los mismos. Por supuesto, los ayuntamientos no fueron ajenos a este proceso y emprendieron la externalización de numerosas áreas de gestión municipal, como el abastecimiento de aguas, la limpieza viaria o la recogida de residuos urbanos, por mencionar sólo algunas.

Sin embargo, actualmente parece abrirse paso una tendencia proclive a la gestión pública, auspiciada por estudios que evidencian sus ventajas en términos de eficacia, calidad y costes de los servicios prestados. Importantes ciudades europeas como Berlín, Hamburgo, París o Londres están rescatando o, si se prefiere,remunicipalizando la gestión de servicios públicos anteriormente externalizados en ámbitos tan relevantes como la distribución energética, el transporte público o la administración del agua. En España, las elecciones municipales de 2015 abrieron la puerta a esta posibilidad en las principales capitales del país, merced al triunfo de candidaturas progresistas que la incluían en sus programas. Sin duda, existe una conciencia cada vez más clara de los beneficios asociados a la gestión directa de los servicios municipales, a lo que han contribuído algunos informes del Tribunal de Cuentas en los que se observan importantes sobrecostes y una peor calidad de los servicios privatizados.

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Cuarto Poder

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS), popularmente conocido como la “hucha de las pensiones”, se encuentra bajo presión. Según la nota de prensa publicada el pasado miércoles por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Gobierno ha detraído 1.000 millones de euros para liquidar el IRPF de los pensionistas, que se suman a los 8.700 millones retirados el 1 de julio para hacer frente a las prestaciones. En total, la quita producida durante este mes asciende a 9.700 millones de euros, una cifra que no tiene precedentes en la breve pero intensa historia del controvertido instrumento financiero. La medida, aunque esperada, ha provocado preocupación entre los beneficiarios actuales y futuros de las prestaciones por jubilación, sembrando un clima de inquietud sobre la viabilidad futura del sistema de pensiones. Ciertamente, cualquier proyección a futuro evidencia que, de persistir las tendencias actuales, los recursos del FRSS se agotarán en una fecha no muy lejana. Algunos analistas hablan del año 2020. Tal vez antes. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

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La clave siempre de un discurso político es la definición clara y precisa del enemigo. No hay política sin enemigo. Desde un punto de vista emancipatorio y de clase, el enemigo son los que explotan, las clases dominantes y aquellos que, de una u otra forma, colaboran activamente para mantener y perpetuar dicho dominio. Otra cosa bien diferente es cómo se construya discursivamente a los dominadores y cómo hacerlo llegar a las clases subalternas para que sean identificables. El enemigo es la oligarquía, es decir, el mecanismo que unifica, centraliza y organiza a los tres grandes poderes en torno al Estado: económico, político y mediático. La sociedad, las encuestas así lo dicen, es consciente de que los que mandan son los banqueros, los grandes empresarios, las transnacionales y los poderes mediáticos. Toda crisis económica capitalista implica, de una manera u otra, concentrar y centralizar el capital y esto está ocurriendo de una forma acelerada en todos los dominios de la vida social. La tendencia de fondo es hacia la oligarquización de la economía, de la sociedad y de la política.

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Cuarto Poder

La conocida como civilización occidental tiene su origen y fundamento en la confluencia de dos procesos aparecidos desde mediados del siglo XVIII: el capitalismo y la democracia representativa. Tanto el primero como la segunda fueron el punto de aparición de una nueva fuerza social y política, la burguesía. Desde entonces acá, con intermitencias derivadas de hechos de corte revolucionario o de reformismo fuerte, el capitalismo ha sabido poner a la ciencia y a la técnica al servicio de su concepción económica. Pero de lo que no cabe duda alguna es, como ya dijeran Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, que una de las características del nuevo orden protagonizado por el capitalismo industrial era su capacidad de producir mercancías, servicios y bienes de consumo. Sin embargo, aquella revolución y aquellas concepciones basadas en el crecimiento febril de la producción y el comercio han alcanzado en nuestros días cotas de paroxismo y de contradicciones profundas. Eran, y son, las cíclicas crisis de sobreproducción, destrucción de bienes de equipo, bien por innecesarios o bien por obsolescencia. Los trabajos de Schumpeter sobre las crisis del sistema debidas a “la destrucción creadora” y su muerte “por éxito” son, en estos días de crisis inacabada, una luz sobre lo que estamos viviendo.

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Lo que vivimos hoy es una incompatibilidad de fondo entre el capitalismo realmente existente y las necesidades básicas de las personas. Esta involución civilizatoria es hoy sentida de forma masiva por nuestra sociedad y desde ella y sobre ella debemos construir un discurso alternativo de sociedad, de Estado y de gobierno. La idea sobre la que hay que insistir es que los seres humanos tienen unas necesidades básicas que la sociedad, por intermedio del Estado, tiene que satisfacer. Este debería ser el centro de un proyecto económico, político y cultural que podríamos llamar un conjunto de principios ético-jurídicos que fundamentan un ideario político basado en la igualdad sustancial y en el principio de comunidad. Cuatro valores fundamentales, siempre desde el punto de vista de las necesidades básicas de las personas, que tienen que ver esencialmente con estas cuatro “D”: desglobalizar, desmercantilizar, despatriarcalizar y democratizar. Seguir leyendo…

Cuarto Poder

Fiódor Dostoievski es uno de los escritores que mejor ha retratado los aspectos más oscuros de la condición humana. En un pasaje memorable de Los hermanos Karamazov, cuenta la historia de un rico propietario que vivía retirado en su hacienda, asistido por sus criados y entregado a sus aficiones, entre las que se hallaba la caza. Un buen día, el hijo de uno de sus siervos, un niño que no tenía más de ocho años, lanzó una piedra a su perro de caza favorito, hiriéndole en una pata y provocando la ira del amo. Con el fin de castigarlo, congregó a la servidumbre en un descampado y encargó a los perreros que dispusieran la jauría para una jornada de caza. A continuación, hizo traer al niño y ordenó que lo desnudaran delante de todos. Aterrorizado por la situación, el niño echó a correr por el descampado y el viejo lanzó en su persecución a los perros, que en pocos minutos despedazaron al muchachito ante la mirada horrorizada de su madre, obligada a contemplar la escena. El castigo ha sido siempre un instrumento para disciplinar e infundir temor a los oprimidos. El desenlace de la crisis griega demuestra que continúa siéndolo.

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Público.es

El 27 de junio de 2015 pasará a la historia por los insólitos acontecimientos que se produjeron en la reunión del Eurogrupo, convocada para decidir sobre la prórroga del rescate griego, que expiraba el 30 de junio. Conocemos los detalles a través de Yanis Varoufakis, que ha filtrado a la prensa el desarrollo del cónclave. Según ha trascendido, el Ministro de Finanzas de Grecia expuso a sus colegas las fundadas razones que avalan la convocatoria de un referéndum para que los griegos se pronuncien sobre la propuesta de la troika, que supedita la continuidad de la ayuda financiera a la adopción de nuevos recortes, especialmente en materia de pensiones, y no ofrece solución al acuciante problema de la deuda. La iniciativa griega fue recibida con una mezcla de desdén e indignación, y acabó provocando la expulsión de Grecia del Eurogrupo, un hecho de una gravedad extrema. En plena discusión, alguien espetó a Varoufakis una pregunta directa: “¿Cómo puede usted esperar que la gente común entienda asuntos de tal complejidad?” Pocas veces se ha expresado tan claramente la pulsión autoritaria y demofóbica que late en el interior de la Europa neoliberal.

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Público.es

A Manuel Monereo

Todo hace pensar que el trabajo garantizado tendría una importante aceptación en países como el nuestro, azotado por una grave crisis económica que parece no tener fin. En un artículo reciente, Randall Wray llamaba la atención sobre una encuesta realizada por el Huffington Post en la que se preguntaba a los norteamericanos sobre las alternativas existentes para combatir el desempleo, inclinándose la mayoría por el trabajo garantizado. En España carecemos de datos sobre este particular, pero la preocupación manifestada por los españoles acerca del desempleo invita a pensar que la propuesta de trabajo garantizado, debidamente explicada y adaptada a nuestra realidad, podría obtener un respaldo mayoritario entre la población. En anteriores artículos hemos trazado las paredes maestras de la configuración jurídica que podría servir de cauce para laimplantación de un sistema de trabajo garantizado, reparando en el fundamento constitucional que sustenta la adopción de esta política pública. A continuación, nos referiremos al amplio reconocimiento que ha obtenido en el ámbito internacional, como correlato necesario de la vocación científica que inspira la propuesta. Vamos a ello.

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Artículo publicado en Dominio Público el 3 de junio

La Unión Europea pretende anular el resultado de las elecciones celebradas en Grecia el pasado 25 de enero. Como era previsible, el Eurogrupo intenta aprovechar las dificultades financieras que atraviesa el país heleno para liquidar definitivamente el programa de Syriza y desautorizar su mensaje. Al exigir nuevas reformas del mercado laboral y del sistema de pensiones para desbloquear el último tramo del rescate financiero, medidas absolutamente ajenas a las necesidades reales del país, la Unión Europea evidencia que su estrategia de negociación no responde a motivaciones de índole económica, sino política: se trata, ante todo, de subvertir el proceso democrático y quebrantar la soberanía de Grecia, enviando al mismo tiempo un elocuente mensaje a los países de la periferia, y muy especialmente a España, que tiene a la vista las elecciones generales más importantes de su historia reciente. En este contexto, cabe preguntarse por la auténtica naturaleza del experimento social y político al que se enfrentan los pueblos del sur de Europa. ¿Qué está pasando en el Viejo Continente? Seguir leyendo…

Público.es

El trabajo garantizado no es sólo una propuesta económica provista de una importante base científica, sino también un instrumento reconocido internacionalmente para combatir y erradicar el desempleo ocasionado por la crisis del capitalismo. Una vez analizado el marco institucional que haría posible su implantación en España, conviene abordar el fundamento constitucional que sustenta la adopción de esta política pública. Nuestra reflexión debe partir del artículo 35.1 de la Constitución Española (CE), cuyo tenor literal no deja lugar a dudas: todos los españoles tienen “derecho al trabajo”. Nótese que el legislador evita deliberadamente el recurso a fórmulas ambiguas o indeterminadas, considerando el trabajo como un derecho de los ciudadanos que puede ser invocado ante los poderes públicos, con los matices que posteriormente comentaremos. Por decirlo claramente y sin ambages: al reconocer de modo expreso el “derecho al trabajo”, nuestra Carta Magna trasciende el ámbito de lo meramente programático y define una obligación correlativa del Estado encaminada a la efectiva satisfacción del derecho, que no puede ser obviada por los poderes públicos.

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Público.es

Antes de que me llamen germanófobo, o alguna cosa peor, déjenme advertirles que guardo un gran respeto por la cultura alemana, a la que hay que atribuir proezas intelectuales tan fecundas como las de Immanuel Kant o Karl Marx. Las obras de estos autores, entre otros que no viene al caso citar, influyeron decisivamente en mi forma de ver el mundo y de ubicarme en el mismo, aunque admito que el imperativo categórico o la teoría de la plusvalía no están muy de moda en nuestra sociedad. Pero esa es otra historia. El caso es que este sentimiento de respeto no me impide valorar críticamente las complejas relaciones que siempre han existido entre Alemania y Europa, históricamente caracterizadas por las pretensiones hegemónicas del país germano. O, por expresar la idea con otras palabras, la consideración debida al pueblo alemán o el respeto hacia su cultura no deberían ocultar que Alemania siempre ha sido un problema para Europa.

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Público.es

Resulta difícil no caer en la perplejidad al releer el artículo 35.1 de la Constitución Española (CE) a la vista de la situación económica y social que está atravesando nuestro país. A pesar de los dramáticos datos que trimestre tras trimestre nos ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA), el precepto sigue proclamando con rotundidad, y acaso también con ingenuidad, que todos los españoles “tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Cualquiera que sea la interpretación que se le dé, no puede negarse que su tenor literal contrasta vivamente con la situación de paro generalizado provocada por la crisis, poniendo en entredicho la vigencia material del contrato social y político que representa la Constitución de 1978.

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Artículo publicado en Dominio Público

Erich Fromm, uno de los pensadores más lúcidos del siglo XX, percibió nítidamente el potencial destructivo de la economía de mercado cuando no está sometida a límites que amortigüen o corrijan las desigualdades sociales. Reflexionando sobre los orígenes del fascismo, el gran humanista alemán encontró en el capitalismo desregulado la semilla de las fuerzas destructivas que acabaron desencadenando la II Guerra Mundial. Su acertado razonamiento puede resumirse como sigue: despojado de cualquier protección ante el mercado, el individuo interpreta el mundo como algo profundamente hostil y ansía someterse a una persona o a un poder externo con el fin de superar su sensación de impotencia y soledad, llegando incluso a desprenderse de la libertad. Durante los años treinta, las clases medias se vieron envueltas en una espiral de proletarización y dieron rienda suelta a sus impulsos masoquistas para superar el sentimiento de inseguridad que el libre mercado infunde al ser humano. No es casual que una de las principales obras de Erich Fromm se titulara El miedo a la libertad y que viera la luz en 1941, durante la conflagración bélica. Seguir leyendo…

Público.es

La primera vez que vi Danzad, danzad, malditos (They Shoot Horses, Don’t They?, 1969) me impresionó vivamente la mirada pesimista y lúcida de Sidney Pollack. Ambientada en la Gran Depresión, la película evoca un inhumano maratón de baile en el que los concursantes tienen que seguir bailando hasta el límite de su resistencia, con la esperanza de obtener un premio de mil quinientos dólares en plata. A cambio de tres comidas diarias, durante varias semanas un ejército de perdedores sirve de entretenimiento a un público acomodado que se divierte morbosamente con la degradación física y moral de los participantes. Pollack utiliza un brillante lenguaje figurativo para interrogarse por las razones que llevan al ser humano a aceptar las leyes del mercado y a sufrir resignadamente sus consecuencias: precariedad laboral, exclusión social y desempleo generalizado. A lo largo del metraje, los protagonistas miran reiteradamente hacia la puerta, pero algún motivo oculto y poderoso los retiene en la pista de baile. Incapaz de imaginar una salida, Gloria Beatty (Jane Fonda) apela a una rebeldía individual y aislada que la conduce a la desesperación y, finalmente, al suicidio.

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Cuarto Poder

La obra de Milton Friedman constituye una referencia ineludible para comprender la auténtica naturaleza del denominado neoliberalismo. Laureado con el Premio Nobel de Economía en 1976, es sin lugar a dudas el referente más importante de la teoría política monetarista, que orienta e inspira la política económica adoptada en muchos países del mundo y muy especialmente en la Unión Europea. Sus ideas y opiniones, ancladas en la prehistoria de la ciencia económica, han adquirido una influencia cada vez mayor en nuestro continente a medida que la crisis se ha ido transformando en una recomposición capitalista en clave autoritaria y conservadora. Por decirlo claramente: la teoría elaborada por Milton Friedman y otros ideólogos conservadores como Hayek, constituye la sustancia vertebradora de la tentativa reaccionaria que se proyecta en la actualidad sobre el teatro político de Europa. Su apelación al mercado como principio rector de la organización social y económica ocupa un lugar preponderante en la praxis económica de los gobiernos europeos, tanto de las potencias centrales como de los países periféricos que comparten el espacio económico de la eurozona.

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Público.es

La Unión Europea se ha construido a golpe de falacias. Desde su creación, con la Comunidad Económica Europea en 1961, la defensa de la paz y de la libertad han aparecido como objetivos idealizados, en un espacio supranacional aparentemente basado en relaciones de igualdad y solidaridad entre los pueblos europeos. Este ideal actuó como un potente cebo para la ciudadanía del sur de Europa, muy especialmente la española, la portuguesa o la griega, que salían de sus dictaduras con el ansia de entrar en lo que parecía el club de la democracia y la prosperidad. A esta idealización contribuyó de forma notable el publicitado crecimiento económico que en el ámbito de la antigua UE-15 se produjo (en beneficio de unos más que de otros) durante casi dos décadas y que dotó de legitimidad y de un atractivo innegable al proyecto europeo.

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Público.es

La crisis económica que afecta a nuestro país y las políticas de austeridad impuestas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) están provocando una fractura social cada vez más evidente. La ciudadanía observa atónita la degradación de la vida cotidiana y la tolerancia del poder con los abusos cometidos por los más privilegiados del país. Como no podía ser de otra forma, el creciente deterioro de las condiciones materiales de una cada vez más amplia mayoría social llega acompañado de gravísimos escándalos de corrupción que salpican al conjunto de las élites políticas y económicas, alumbrando una sociedad cada vez más instalada en la injusticia y la desigualdad.

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Publico.es

El Partido Popular ha aprobado esta semana en el Congreso reforma del sistema de pensiones que está provocando una creciente inseguridad en los trabajadores de nuestro país. La reforma, escrita por el Gobierno e impulsada ahora por los 185 diputados del Partido Popular, afecta al núcleo duro del sistema de pensiones y alienta una conciencia de precariedad actual y futura respecto la protección dispensada por el poder público a través de la pensión de jubilación. Como vamos a ver enseguida, bajo las nociones aparentemente neutras de “equilibrio”, “sostenibilidad” o “adaptación”, se esconden intereses muy concretos en favor de una reforma neoconservadora que acaso constituya el mayor retroceso en la protección de los trabajadores desde el advenimiento de la democracia.

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