Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Según los datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en inglés) existen en la actualidad unos 2.363 tratados bilaterales de inversión (TBI) en vigor y 309 tratados de libre comercio que incluyen cláusulas de protección de inversiones. Del total de TBI existentes, aproximadamente unos 1.810 han sido suscrito por algún Estado miembro de la UE o por la propia Unión Europea, con un tercer Estado, incluyendo 9 con Estados Unidos. Además, los Estados miembros de la UE tienen en vigor entre sí 196 TBI (el más antiguo es el acuerdo de inversión entre Alemania/Grecia (1961) y el más reciente es el firmado entre  Lituania/Croacia (2008). Un 90% del total de estos acuerdos contiene algún tipo de mecanismo de gestión arbitral controversias entre los inversores y los Estados del tipo ISDS.

Un TBI es un acuerdo entre dos Estados cuyo objetivo es ofrecer a los inversores plenas garantías respecto a su inversión, para lo cual contienen mecanismos específicos de protección y en particular un sistema de resolución de controversias que incluye la actuación de un tribunal de arbitraje (un mecanismo conocido como ISDS por sus siglas en inglés). Una mirada a la historia de estos acuerdos nos muestra que los mecanismos de protección de la inversión y en particular los tribunales de arbitraje (ISDS) se diseñaron para permitir a los inversores extranjeros actuar contra un Estado cuando considerasen vulnerados sus intereses en un contexto en el cual los tribunales del Estado de acogida eran percibidos como no confiables. Definiéndolo de manera sintética, podemos entender que el ISDS es un sistema que permite a los inversores extranjeros demandar a un Estado ante un tribunal privado de arbitraje y eludir el sistema judicial estatal. El inversor puede hacer uso de este sistema para proteger sus derechos de propiedad o los beneficios reales o previstos de su inversión frente a una amenaza a los mismos derivada de una actuación del Estado, como puede ser, por ejemplo, la aprobación de una normativa – relativa a temas como la salud, medio ambiente o derechos laborales– o la ejecución de una política pública que pueda aminorar los beneficios de la inversión extranjera.

Siguiendo la misma base de base de datos de la UNCTAD observamos cómo la utilización de los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y estados está experimentando un crecimiento espectacular. Entre los años 1987 y 1995 se interpusieron seis demandas, entre 2014 y la actualidad se han presentado 239. El total de casos, conocidos, entre los resueltos y los pendientes ya asciende a 817. Este cambio de tendencia también afecta al ámbito geográfico de las demandas. Es cierto que, hasta hoy, la tendencia norte-sur ha sido dominante: tres cuartas partes de las demandas solventadas o en curso ante un mecanismo de solución de controversias inversor-estado se han presentado contra países en desarrollo o contra economías emergentes. En particular, Argentina, Ecuador y Venezuela destacan por ser habitualmente demandadas. No obstante, en la actualidad, 117 de los casos conocidos han sido originados por demandas contra un Estado miembro de la UE y 35 de los mismos contra la República Checa (88 de estos casos han sido demandas interpuestas por un inversor de otro Estado miembro).

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El 3 de diciembre de 1984 se produjo una fuga de 27 toneladas de gases letales en la planta de fabricación de pesticidas de la empresa Union Carbide India Limited, situada en Bhopal (India), que convirtió a la ciudad en una cámara de gas. Las cifras de muertos y heridos son escalofriantes. Según fuentes del gobierno del Estado, murieron 5.200 personas y hubo varios miles de heridos, muchos de los cuales presentan discapacidades parciales permanentes. Otras investigaciones apuntan a 8.000 víctimas mortales y al menos 150.000 heridos; la International Campaign for Justice in Bhopal sostiene que desde aquél momento han muerto por causas relacionadas con la fuga de gas más de 22.000 personas.

El 24 de abril de 2013 el desplome del Rana Plaza, de ocho plantas, en Daca (Bangladesh) se saldó con la muerte de 1.129 personas, en su mayoría obreras textiles de grandes marcas internacionales de moda. El edificio estaba construido para albergar un centro comercial y no las cinco fábricas de ropa que alojaba dentro. El uso inadecuado provocó el rápido deterioro de la infraestructura y las miles de muertes.

La lista de casos en los que ciertas empresas y dirigentes han obtenido beneficios con la reducción de medidas de seguridad en la producción o con el empeoramiento de las condiciones de trabajo — violando los derechos humanos de personas y comunidades– es interminable. En la gran mayoría de ocasiones, los culpables de estas tragedias no han sido condenados; tampoco ha existido una efectiva reparación a las víctimas y a sus familiares.

Estos casos demuestran cómo las Empresas Transnacionales (ETN) se han convertido en una suerte de entidades intocables, en organizaciones descentralizadas, deslocalizadas, ramificadas en largas cadenas de suministro en las que se diluye la responsabilidad y se multiplican y diversifican las formas de explotación, relocalización, evasión y elusión de normas laborales o fiscales. Además, a través de la llamada captura corporativa (las formas y vías por las que la élite económica controla las decisiones de los Estados en su propio beneficio) estas empresas están consiguiendo que se adopten normas que les aseguran derechos específicos (los tratados de comercio e inversión por ejemplo, y una prueba de ella es el CETA, aprobado el viernes en el Senado) y que les permiten eludir las leyes estatales y escapar de la justicia.

Como señalan numerosos expertos en la materia, y muy particularmente el profesor Juan Hernández Zubizarreta y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se ha conformado una arquitectura jurídica de la impunidad que actúa como una armadura casi inquebrantable para blindar a estas entidades. En este sentido, el caso Chevron/Texaco sigue siendo uno de los ejemplos más paradigmáticos de cómo una empresa transnacional puede destrozar una parte de la Amazonía, ser condenada en un proceso ante la jurisdicción del Estado donde se cometió el delito y escapar impune del cumplimiento de la sentencia.

¿Es posible poner fin a esta impunidad? ¿Puede perforarse la armadura jurídica de las transnacionales para obligarlas a respetar los derechos humanos y responder ante mecanismos efectivos de recurso y reparación de las víctimas? Centenares de organizaciones sociales, miles de activistas y un buen número de países, encabezados por Ecuador, afirman que sí.

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La aprobación de tratados comerciales y de inversión con terceros países, como el CETA y TTIP, sigue provocando una sucesión de enfrentamientos y alianzas entre las instituciones de la Unión Europea. Por un lado, los Estados miembros persisten en la actitud de reservar algunas materias para decidir sobre ellas mientras que la Comisión intenta que sea la UE quien decida sobre la mayor parte de ellas. Esta pugna ha estado presente en cada una de las negociaciones de los tratados recientes (el acuerdo con Singapur o el CETA), y ahora se ha traducido en una gran preocupación política de cara a la negociación del Brexit y el futuro acuerdo comercial que regulará las relaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido.

Una vez más, la polémica ha llegado al Tribunal de Justicia, que suele dar una de cal y otra de arena. El martes 16 de mayo, el máximo intérprete del Derecho de la UE emitió el esperado dictamen sobre el acuerdo UE-Singapur, en el que dirime la cuestión competencial. La decisión resulta trascendental para el futuro de algunas de las líneas maestras del proyecto europeo, incluyendo el Brexit.

Para desentrañar la compleja cuestión es necesario recordar que el problema reside, esencialmente, en saber si los numerosos ámbitos sobre los que inciden los nuevos tratados (CETA, TTIP…) pueden incluirse dentro de la política comercial, que es competencia exclusiva de la Unión, o afectan también a cuestiones que todavía son de competencia estatal. Es decir, si esos tratados se limitaran a lo puramente comercial, Bruselas podría aprobarlos sin contar con los Estados miembros. Sin embargo, como muchos colectivos de diferentes ámbitos han reivindicado y denunciado, esos tratados, llamados de “nueva generación”, desbordan lo comercial y se adentran de forma clara en espacios de decisión de los Estados y en competencias que, de acuerdo a sus sistemas constitucionales, les pertenecen. Dado que estos acuerdos incluyen materias como la regulación fitosanitaria, las relaciones laborales o la protección del medio ambiente, su aprobación debe realizarse en un doble nivel, estatal y europeo.

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Desde que hace ya más de tres años se filtró la existencia de negociaciones para alcanzar un acuerdo de comercio e inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos, las campañas ciudadanas han trabajado de manera incansable para frenar tanto este tratado, el TTIP, como el CETA, el acuerdo UE-Canadá.

Una de las primeras vías de actuación que se planteó la campaña europea contra el TTIP a nivel de la UE fue la presentación de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). Esta herramienta, regulada en el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE), permite que la ciudadanía “participe directamente en el desarrollo de las políticas de la UE, pidiendo a la Comisión Europea que presente una propuesta de legislación”. Las condiciones para ello son bastante duras: el texto que se quiera presentar debe ir avalado por al menos un millón de firmas de un mínimo de siete de los veintiocho Estados miembros de la UE.

El 15 de julio 2014 cientos de organizaciones políticas, sindicales y sociales, ligadas a las distintas campañas nacionales Stop TTIP, presentaron una propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea, titulada Stop TTIP. El texto venía respaldado por más de un millón de firmas procedentes de más de un cuarto de los Estados miembros. Es decir, cumplía con los requisitos exigidos por la normativa de la UE.

Los promotores de la iniciativa solicitaban a la Comisión que recomendase al Consejo de la UE, formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 Estados miembro, la revocación del mandato de negociación del TTIP y la no firma del CETA. Basaban su petición en las amenazas que, según ellos, estos proyectos de acuerdos para el comercio y la inversión implican para la democracia y el Estado de Derecho así como para los derechos laborales, sociales y ambientales, los servicios públicos, la protección de los consumidores, etc. El texto abogaba por el diseño de una “una política comercial y de inversiones diferente en la Unión Europea”.

El 10 de septiembre de 2014 la Comisión denegó el registro de esta iniciativa ciudadana afirmando que la petición que se le presentaba estaba fuera de sus competencias. Para ello, el órgano ejecutivo y legislativo de la UE se acogió a un criterio extremadamente formalista. En su opinión, la autorización para negociar –el llamado mandato de negociación– no es un acto jurídico en sí, sino un acto preparatorio para la decisión posterior del Consejo de autorizar la firma del acuerdo, tal y como haya sido negociado. Así, esta acción preparatoria sólo desplegaría efectos jurídicos entre las instituciones implicadas, sin modificar el Derecho de la Unión, a diferencia de lo que ocurre con la decisión de firmar y celebrar un acuerdo determinado. Según la Comisión solo aquellos actos jurídicos cuyos efectos trascienden de las relaciones entre las instituciones de la Unión pueden ser objeto de una ICE, porque la participación democrática que ésta pretende fomentar tiene como finalidad que los ciudadanos se vinculen a las decisiones sobre los asuntos que atañen, al menos potencialmente, a su propia esfera jurídica. Además, la Comisión se apoya en el supuesto carácter “destructivo” de lo que se pide en la Iniciativa, afirmando que actos como no autorizar no tienen cabida en una ICE.

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Entre las muchas coincidencias que pueden encontrarse en el discurso electoral de Trump y Le Pen se encuentra el rechazo, al menos en el plano formal, de los Tratados de Libre Comercio de nueva generación y en concreto del TTIP y del CETA. Revestidos de una retórica calificada de “proteccionismo”, primero Trump en su campaña y ahora Le Pen han hecho suyo un discurso antitratados que ni parece que vaya a materializarse ni aporta ninguna alternativa en beneficio de las mayorías sociales.

Desde luego, es innegable que la llegada de la Administración Trump ha marcado un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos. Partiendo de esta afirmación, el interés radica en elucidar si la política comercial de Estados Unidos está dando un giro real o si la tan publicitada ruptura con el modelo anterior es un elemento más del discurso electoral/populista sin que exista un cambio real de modelo. El abandono del proceso de ratificación del Tratado Transpacífico, la paralización de las negociaciones del TTIP, la voluntad de renegociar el NAFTA han sido claros golpes de efecto destinados a mostrar un cambio de ruta del que aún no sabemos cuál es su alcance ni naturaleza exacta.

Lo cierto y verdad es que la contraposición entre “proteccionismo” y “globalización”, que tanto y tan bien explota la extrema derecha a ambos lados del Atlántico, no es una traslación automática de la lucha entre soberanía o democracia frente a neoliberalismo o libre mercado sin frenos. Aunque sea ese el relato del que Trump o Le Pen intentan aprovecharse, la dicotomía en el fondo es falsa, puesto que en ella subyace una similar estrategia de acumulación por desposesión, que se da tanto en el interior de los países que gobiernan o pretenden gobernar como en sus relaciones con el resto de regiones y Estados de la periferia.

La lectura del documento sobre la estrategia comercial de Trump, que se ha filtrado el pasado mes de marzo, nos da buena cuenta de ello. En el mismo se afirma que la nueva política significa un cambio “real” respecto de la sostenida por la Administración anterior (lo que en teoría “venden”), aunque un análisis pormenorizado de las propuestas revela el sostenimiento de una línea que nunca se ha perdido: América para los americanos, sí, pero fundamentalmente para algunos y contra la mayoría.

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El Topo Tabernario

«En estos momentos es imposible hablar de las relaciones exteriores de la UE sin referirse al TTIP». Así comenzaba la conferencia de apertura de un seminario sobre la política comercial de la UE, celebrado en el Colegio de Brujas y no es una afirmación exagerada. Aunque en la realidad española el TTIP no haya alcanzado todavía el debate público de manera amplia, la firma de este tratado puede tener repercusiones sobre el conjunto del derecho de la UE y de los Estados miembros.

Tratados de Nueva Generación
Alejado de los grandes temas de la política nacional, la negociación del TTIP que avanza de manera cada vez más acelerada, comenzó oficialmente el 17 de julio de 2013. Su finalidad primordial es, al menos sobre el papel, conseguir maximizar el comercio y la inversión entre la UE y Estados Unidos. Para ello, el documento enmarca los contenidos del tratado en tres grandes pilares: el acceso al mercado, la cooperación reguladora y el establecimiento de normas comunes de obligado cumplimiento entre ambas partes, incluyendo la protección a los inversores extranjeros y un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado. Este amplio contenido ha justificado que el TTIP, al igual que el CETA (EU-Canadá Comprehensive Economic and Trade Agreement), sea bautizado como un «tratado de nueva generación» dado que estos tratados sobrepasan la finalidad típica de los acuerdos de comercio e inversión para enfocarse en un objetivo mayor, como es el control o la incidencia en los procesos de formación de las normas a ambos lados del Atlántico.

Es muy importante remarcar que el 26 de septiembre de 2014 terminaron las negociaciones del CETA y que su firma oficial está ya prevista para el mes de octubre de este año. Ambos tratados, CETA y TTIP, tienen una fisonomía similar y unos objetivos comunes, con distinto ámbito geográfico, lo que nos permite mediante la lectura del primero, conocer una buena parte del contenido del segundo, que sigue manteniéndose en condiciones de semiopacidad y que está en plena negociación. Seguir leyendo…

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Es el momento de los programas electorales. Ya en plena pre-campaña, las diferentes fuerzas políticas que se medirán de nuevo ante las urnas el 26J van publicando sus propuestas de acción a la búsqueda del voto. Pero no todos los programas de gobierno se juegan en las urnas, como bien sabemos una buena parte de las decisiones que marcaron la última etapa del gobierno Zapatero y de las reformas del gobierno de Rajoy no venían incluidas en sus programas electorales sino que fueron adoptadas en el marco de las llamadas “políticas de austeridad” aparentemente impuestas por la UE. De hecho, es cierto que las líneas maestras de la locura reformista de los últimos años han sido diseñadas por la Comisión Europea pero también lo es que las recomendaciones que han llegado desde Europa han sido aprobadas con el asentimiento de los ejecutivos estatales, muchos de los cuales (especialmente el español de Rajoy) han aplicado la mayoría de estas (auto)instrucciones con entusiasmo. Se trata sin duda de una jugada maestra, las recomendaciones de la Comisión han sido utilizadas por los Gobiernos estatales para diluir su responsabilidad en el plano supranacional y reducir el coste político de la adopción de las brutales medidas de austeridad que han empobrecido durante años a las mayorías sociales de la UE.

El pasado 28 de mayo la Comisión Europea publicó el programa de reformas que deben abordar cada uno de los Estados miembros de la UE (excepto Grecia) entre lo que queda del 2016 y 2017, las llamadas “Recomendaciones por País”. La situación de los 28 Estados no es homogénea. Croacia, Francia, Portugal, España y el Reino Unido se encuentran todavía sujetos a un mecanismo específico (procedimiento por déficit excesivo) mientras que Grecia tiene una situación particular porque está sometida a un programa de ajuste macroeconómico. En otras palabras, el conjunto de países arriba citados están sometidos a un control especial y deben abordar reformas más contundentes. En concreto, para Portugal y España, la Comisión ha recomendado la corrección del déficit mediante el uso de las reformas estructurales que sean necesarias y la aplicación de todos los recursos extraordinarios a la reducción de la deuda y del déficit. Además, en el marco del mecanismo de control del déficit excesivo, volveremos a ser examinados a principios de julio. Por su parte, Grecia sigue siendo un Estado intervenido por los acreedores. Para el estado heleno no hay “Recomendaciones por País” sino una intervención directa en el procedimiento interno de toma de decisiones que ha forzado al gobierno a presentar al Parlamento la llamada “ley escoba” que incluye más recortes de los salarios de los funcionarios, más privatizaciones y desregulaciones. Hoy sabemos también que la cosa se está agravando durante el proceso de enmiendas a la ley. Para muchos se trata de un cuarto memorándum encubierto, para otros la respuesta a un chantaje del cual se está aprovechando la oposición. Cualquiera de las dos explicaciones refleja una misma realidad: ni el gobierno ni el parlamento están actuando según el programa que presentaron para pedirle el voto al pueblo griego. Seguir leyendo…

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El 15 de Mayo de 2011 las calles de múltiples ciudades españolas comenzaron a llenarse de manifestantes congregados bajo el lema “lo llaman democracia y no lo es”, un grito que se convertiría en máxima del movimiento 15M y que cuestionaba el funcionamiento democrático de las instituciones españolas pero que no llegó a plantear, en aquel momento, una crítica directa al funcionamiento de la Unión Europea.

Conseguir elevar el reproche a este segundo nivel no era, ni es, nada fácil. En el imaginario de una buena parte de las mayorías sociales de este país, y a pesar de todo lo ocurrido en los últimos años, la Unión Europea sigue siendo un club al que se debe pertenecer. Los años de creación del mito de la Europa de la paz, del progreso, la democracia y de la modernidad han dado como fruto la construcción y calado de un relato común difícil de mover. Además, la narrativa de la UE como espacio de democracia en confrontación con la dictadura anterior ha sido alimentada por las instituciones españolas y europeas. Aun hoy, la propaganda institucional, de dudoso rigor histórico (y estético), lanzada para conmemorar los 30 años de pertenencia del Estado español a la UE, señala lo siguiente: “Detrás de la decisión de España de firmar el Tratado de Adhesión a las entonces Comunidades Europeas se adivinaban las ansias de un país por superar un pasado autoritario”. Incluso es posible encontrar entre las webs oficiales dirigidas a alentar el europeísmo entre la población española afirmaciones como esta: “Europa se reconstruye y en España la dictadura se abre a un nuevo gobierno que decide poner un pie en Europa. En 1962 Fernando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores, envía una carta al presidente del Consejo de la CEE solicitando la asociación de España”, con una curiosa interpretación de nuestra historia.

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El TTIP ha dado el salto al tablero mediático. Por fin, después de años de apagón informativo, los grandes medios de comunicación españoles se han hecho eco de sus homólogos internacionales y prestan atención a lo que sin duda es el elemento fundamental de la vida política actual en la UE.

Son varios los factores que en las últimas semanas han colocado al TTIP en el foco de interés de los medios. En primer lugar, la entrada del presidente Obama en la campaña pro-TTIP con su visita a Hannover y sus esfuerzos por impulsar el tratado, en una alianza clara con Merkel. Esta visita se ha producido tras tras la finalización de las negociaciones y la firma del TPP (el Tratado Transpacífico que se rubricó en Nueva Zelanda el 4 de febrero). Ahora Estados Unidos ya tiene las manos libres para concentrar sus esfuerzos en el acuerdo con la Unión Europea y, como han venido haciendo en tratados anteriores, los norteamericanos están llevando al límite sus exigencias en las negociaciones. Así lo confirmaba el Presidente Obama al afirmar la semana pasada que “El tiempo para completar el TTIP es ahora” y que “Estados Unidos está preparado para hacer todos los esfuerzos necesarios para alcanzar un acuerdo ambicioso y amplio este año”. A la vista de los resultados recientes de las negociaciones, los esfuerzos que señala el Presidente se orientan a la consecución de los más elevados niveles de liberalización pero también al mantenimiento de grandes dosis de proteccionismo, en beneficio estadounidense, lo cual está provocando diversas tensiones que dificultan enormemente las negociaciones.

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La integración supranacional en Europa no ha sido un camino rectilíneo. Sesenta y cinco años de historia tras la creación de la primera de las tres comunidades europeas nos muestran una evolución a golpe de crisis y saltos hacia delante. Movimientos de reacción que en lugar de solucionar los déficits democrático y social que la UE traía de partida los han ido agravando, hasta el punto que ya muchos se preguntan de manera abierta si Europa vive en permanente crisis o si es en sí misma el motivo de la crisis.

Pero lo cierto es que, a pesar de todas las tensiones, la Unión ha conseguido mantener su integridad y sus objetivos de partida, hasta el momento. Para ello ha venido recurriendo a distintas estrategias, que han pasado en ocasiones por no aceptar un “no” por respuesta y en otras por forzar un “sí” por diversas vías. Así, no podemos olvidar que el camino para solventar el “no” de Dinamarca al Tratado de Maastricht fue hacerles volver a votar. Algo parecido sucedió con los dos “no” de Irlanda a sendas reformas de los Tratados; diferente pero también cuestionable fue el conjunto de reacciones que se sucedieron tras el rotundo “no” del pueblo griego. Cuestión distinta aunque igualmente efectiva fue la gestión de lo que parecía una victoria de la ciudadanía contra un proyecto europeo que se alejaba de su control en el año 2004. Tras los dos “no” a la “Constitución Europea” de Francia y Holanda, la UE dio su gran salto adelante aprobando, sin pena ni gloria ni debate público, el Tratado de Lisboa que recogía la práctica totalidad del proyecto rechazado.

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La Unión Europea se encuentra sumida en una crisis de legitimidad que lejos de solventarse se agrava día a día. Desde el ámbito económico al de los derechos humanos, desde el plano social al político, desde Grecia al Reino Unido, las graves carencias de partida y de funcionamiento y las profundas disfuncionalidades del proceso de integración en Europa se evidencian de una manera cada vez más acusada.

Aun así, e incluso a pesar del drama diario al que las decisiones de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE condenan a los miles de personas que buscan refugio legítimo, el Eurobarómetro sigue mostrando que las y los europeos mantenemos una opinión mayoritariamente neutra al respecto de la UE. Es cierto que, tomando como muestra el conjunto de los 28 Estados miembros, vemos cómo en los últimos meses del año pasado la percepción positiva con respecto de la Unión bajó 4 puntos, hasta quedarse en un 37%, mientras que el porcentaje de ciudadanía con percepción negativa de la UE aumentó otro 4% (23%). Pero el 38% de la población sigue manteniendo una opinión neutra o una “no opinión”, reflejo del amplio desconocimiento de las acciones y políticas de la UE y de su impacto para nuestras vidas diarias.

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Los tratados de comercio e inversión de nueva generación han pasado de ser los grandes desconocidos a convertirse en el objeto de extensas campañas de rechazo que se extienden entre la ciudadanía de la Unión Europea. Gracias a estas campañas el conocimiento acerca del TTIP (Tratado Transatlántico de comercio e inversión, UE-EEUU) va aumentando y con ello la presión sobre las Instituciones europeas y los gobiernos, pero queda mucho camino para conseguir frenar la aprobación del TTIP y, desde luego, no se trata de una experiencia aislada. Al contrario, la negociación de estos tratados se ha convertido en una estrategia “normalizada” mediante la cual las empresas multinacionales y determinados Gobiernos se alían para construir un nuevo marco normativo, que desborda los límites jurídicos nacionales y supranacionales anteriores, con el objetivo de permitir derribar las “barreras” a la libertad absoluta de movimiento del capital transnacionalizado; unas “barreras” que en realidad son nuestros derechos, plasmados en normas jurídicas orientadas a preservar el bienestar de las mayorías sociales.

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Que el derecho al trabajo y los derechos a él vinculados han sufrido una degradación sustancial y acelerada en los últimos años es una realidad irrefutable. Sobre la destrucción del tipo de empleo estándar (indefinido, a tiempo completo, con plena cobertura de la seguridad social y con salarios capaces de desvincular a trabajador, masculino, de la pobreza y con él a su familia) se extiende sin frenos otro modelo basado en la precariedad e impuesto y aceptado bajo la presión insoportable del desempleo. La respuesta a esta situación de desempleo y precarización, que es reconocida y sentida por las mayorías sociales como el problema más importante de nuestra sociedad, debe ir más allá de una propuesta de parches o remiendos al modelo laboral vigente. Al contrario, ante la gravedad del momento deviene imprescindible la adopción de un prisma tan amplio como la magnitud del problema a resolver y para ello debemos repensar el modelo de trabajo con el que queremos convivir y el reconocimiento constitucional que queremos darle para asegurar una correcta promoción y protección del mismo.

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La Marea (Gorka Martija, OMAL)

Adoración Guamán es una de esas figuras que, tanto desde espacios universitarios como desde los movimientos sociales, están contribuyendo a la indispensable tarea de divulgación de las amenazas que comporta para las personas y los pueblos el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), que negocian a día de hoy la Unión Europea y los Estados Unidos. Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, es directora de la Fundación por la Europa de los Ciudadanos y ha publicado recientemente con la editorial Akal el libro TTIP: el asalto de las multinacionales a la democracia. Conversamos con ella en Bilbao, en el marco de su participación en la décima edición del curso que cada año por estas fechas organiza el OMAL en colaboración con la Universidad del País Vasco.

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Mientras Tanto

No ya nuevos fantasmas, sino verdaderas amenazas reales, recorren Europa. Una ola de rechazo se levanta cada vez con mayor intensidad desde todos los puntos del viejo continente frente a un Tratado que pretende crear el bloque comercial más grande del mundo. Y es que la base sobre la que se asienta son aquellos principios que, precisamente, subyacen a la crisis económica actual, al incremento de la desigualdad social y a la mercantilización de nuestras vidas. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés como TTIP, se lleva negociando (al menos oficialmente) desde 2013, en un clima de escandalosa desinformación y opacidad que despierta no solo los recelos, sino también las denuncias de las organizaciones y movimientos sociales que, aunados en toda Europa, intentan revertir la posible aprobación de lo que comienza a denominarse como “OTAN económica”.

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Artículo publicado en Dominio Público

Más allá de la polémica acerca de la sigilosa elaboración de los tratados de libre comercio e inversión de la Unión Europea con los Estados Unidos y con Canadá – el TTIP y el CETA respectivamente – se abre ahora el debate sobre cómo proceder a la aprobación  de estos tanto a nivel de cada Estados como a nivel europeo. Las autoras defienden, junto a otros analistas, que por su naturaleza y sus consecuencias en términos de soberanía, tales tratados sean considerados como ‘mixtos’, lo cual implicaría mayores consensos a nivel nacional abriendo la puerta, incluso, a la celebración de referendums en distintos países para su aprobación. Seguir leyendo…

Saque de Esquina

Los datos de empleo del primer trimestre de 2015 han sido malos. La lectura no puede ser otra, incluso teniendo en cuenta que los tres primeros meses del año nunca ofrecen buenos datos y olvidando que la mayor parte del nuevo empleo es de tipo precario. Basten los siguientes datos para respaldar la anterior afirmación:

1) El número de personas que han comenzado a trabajar en este trimestre ha sido bajísimo. De todos los primeros trimestres de los años de crisis sólo hay dos (2009 y 2013) en los que hayan pasado a trabajar menos personas que en este primer trimestre de 2015. Y, por supuesto, el número de nuevos ocupados es muchísimo menor del que se registraban en los años de crecimiento económico. Si los datos netos no son tan negativos es porque las personas que han dejado de trabajar en este primer trimestre tampoco han sido muchas.

2) Eliminando el factor estacional, la variación neta intertrimestral de puestos de trabajo en este trimestre es mucho más reducida que la registrada en el segundo y cuarto trimestre de 2014. Este bajo valor y esta alta volatilidad por trimestres no son características propias de periodos de crecimiento económico. Habría que remontarse hasta la crisis del año 1993 para encontrar una creación de empleo tan paupérrima como la del tercer trimestre de 2014 y la de este primer trimestre de 2015.

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