ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Resulta interesante el debate sobre el SMI que se está produciendo al hilo de los últimos acontecimientos políticos. La última de las aportaciones al debate fue la del gobernador del Banco de España apuntando un impacto negativo en el empleo en trabajadores menos cualificados y jóvenes en Sede Parlamentaria. En realidad, el gobernador estaba leyendo las conclusiones del informe anual de 2017 publicado en mayo del 2018, por lo que no parece que haya nada novedoso en el análisis. En dicho informe de hecho se dice que el incremento experimentado en 2017 por el SMI (8%) “estaría teniendo efectos agregados reducidos tanto sobre el empleo como sobre los salarios”. Los economistas repiten como un mantra “no hay evidencia empírica concluyente” aunque ese mantra es mentira: existe una evidencia abrumadora en economía que muestra que el salario mínimo (SM) no tiene un impacto sobre el empleo agregado de una economía. La explicación de dicha situación puede dar algunas claves interesantes que nos ayude a entender el problema.

Los contrarios a su subida (la escuela neoclásica) han argumentado tradicionalmente que la existencia de un salario mínimo introduce una rigidez que hace que el salario se sitúe por encima de la productividad del trabajo generando desempleo involuntario. Los partidarios de su incremento no lo hacen porque tenga un impacto positivo, sino por motivos de justicia social. La teoría económica respecto al SM solo provee soluciones para casos extremos. Por un lado en un mercado perfectamente competitivo, la introducción de un SM tendría un impacto negativo en el empleo al estar por encima del correspondiente al nivel de equilibrio. Por otro, un mercado monopsónico, donde el empleador tiene poder de mercado, y establece un SM inferior al de equilibrio, un incremento del mismo hasta dicho nivel puede generar un incremento del empleo. Fuera de esos dos casos extremos (es decir, en la realidad), la teoría no da elementos concluyentes, por lo que el debate respecto al papel de un SM -tan antiguo casi como el trabajo asalariado- se reproduce cada vez que se decide políticamente utilizar esta herramienta.

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Os dejamos el enlace con el último programa de la temporada: ‘La economía en los medios de comunicación’. Resistencia contra el pensamiento único, presentado por Mario Rísquez, con la participación de Magdalena Bandera (directora de La Marea), Iván Ayala (EKOTv) y Marta Castillo (periodista):

http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/679110/la-economia-en-los-medios-de-comunicacion?force=1

Os dejamos el enlace del último programa ‘La reforma de la Unión Monetaria Europea’ con Antonia Calvo, Miguel Otero y Miguel Carrión. Presentado por Iván H. Ayala:

http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/674408/la-reforma-de-la-union-monetaria-europea

Ya está disponible #EKOpresupuestos con @monicamelle, @carlosurriza y @carlosmarnu en la web de @publico_es Aquí tienes el enlace: http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/669023/presupuestos-y-coyuntura-economica

Ya disponible en @publico_es el último programa #EKOvivienda ¡Te dejamos el enlace por si aún no lo has podido ver!

http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/667157/mercado-inmobiliario

Ya disponible en @publico_es el último programa #EKOvivienda ¡Te dejamos el enlace por si aún no lo has podido ver!

http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/667157/mercado-inmobiliario

El pasado jueves debatimos sobre la sostenibilidad de las pensiones con:

-María Pazos (economista)
-Norberto Marchesano (economista)
-Carlos Bravo (Secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO).

¿No lo pudiste ver? No te preocupes, os dejamos el enlace:

http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/663491/pensiones

Programa presentado por Ivan H. Ayala, con la participación de Fernando Sabín (Grupo cooperativo Tangente), Ana Álvaro (experta en gestión y evaluación para el Tercer Sector), Xavier Rubio (Dirección de Servicios de Economía Cooperativa, Social y Solidaria del Ajuntament de Barcelona), y Emili Villaescusa (miembro de la Junta Directiva de CEPES).

Para ver el vídeo pincha aquí.

El programa conducido por Ivan Ayala, que tuvo el hastag #EKO8M, tuvo como invitadas a Ana Barba (coordinadora de Colectivo Burbuja), Blanca Villaescusa (comisión feminista 8M),  Marta Pascual (comisión feminista 8M), y  Sara Mateos (politóloga, experta en género y políticas públicas).

Para ver el programa pincha aquí.

Programa conducido por Ivan H. Ayala, con la participación de Juan Ignacio Crespo (analista económico y financiero), Nuria Alonso (profesora de Economía Aplicada en la URJC), Juan Carlos Barba (coordinador de la asociación Colectivo Burbuja), y Miguel Sebastián (profesor de Economía en la UCM y ex -ministro de Industria).

Para ver el programa pincha aquí.

Hoy a las 20.30 tercer programa de la temporada, ‘Bitcoins, criptomonedas y tulipanes’ en EKO – Público TV.

¿Conoces qué es el bitcoin? ¿Qué limitaciones presentan la emisión de criptomonedas? ¿Supone una revolución en los mercados financieros o funciona a modo de burbuja como la de los tulipanes en Holanda?

Para tratar estas cuestiones y muchas más tendremos el lujo de contar con lxs siguientes invitadxs:

-Nuria Alonso, profesora de Economía Aplicada en la URJC.
-Juan Ignacio Crespo, matemático y analista económico y financiero.
-Juan Carlos Barba, coordinador de la asociación Colectivo Burbuja.
-Miguel Sebastián, profesor de Economía en la UCM y ex-ministro de Industria.

Público-TV

Debate conducido por Ivan Ayala sobre la regla de gasto y la ley de Estabilidad Presupuestaria, con la participación de Eulalio Ávila (secretario e interventor-tesorero de Administración Local) y José Errejón (economista y administrador civil del Estado).

Para ver el programa pincha aquí.

Público-TV

Para ver el programa pincha aquí.

Público.es

La actual situación de impasse entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat está generando una situación de incertidumbre que se puede trasladar a las principales variables económicas. Los análisis hasta ahora se centran en los efectos de la Independencia para Cataluña pero en realidad las consecuencias económicas afectan a toda España y una Declaración Unilateral de Independencia y la aplicación del art. 155 solo podrían alimentarlas. El problema no es tanto lo que pasará una vez que la Generalitat se lance al abismo de una Independencia -no reconocida por nadie-sino cómo la falta de un horizonte de acuerdo puede afectar a la economía española y catalana.

El ministro de Guindos comentaba que la independencia de Cataluña podría suponer la caída del PIB catalán entre un 25% y un 30%. No obstante, no mostró los informes que así lo afirmaban, probablemente porque dichos informes también afirmarían, de ser serios y verdaderos, que si lo anterior sucediera, la economía española -y no solo la catalana- también se vería afectada de sobremanera. Cataluña representa en torno al 20% del PIB Español por lo que la parálisis actual supone una verdadera amenaza para el conjunto del país, en un momento donde los vientos de cola de los que ha disfrutado la economía española pueden empezar a ralentizarse. Rajoy acusa a la Generalitat de generar inestabilidad y avocarnos al apocalipsis, pero la realidad es que la imagen internacional y la percepción de los mercados dependen en exclusiva de la gestión que el gobierno de España haga de este conflicto. Los mercados buscan crecimiento (lo que les asegura una rentabilidad de las inversiones) y estabilidad (lo que les asegura poder cobrar dichas inversiones). Con el uso de la fuerza y la no negociación –especialmente después de la internacionalización del conflicto catalán gracias al terrible error político de la intervención policial del 1-O-, España está trasladando una imagen a los mercados de inestabilidad política e incertidumbre económica. Teniendo en cuenta que nuestro país es el cuarto de la eurozona en términos de PIB y población, podemos entender la apelación al diálogo por parte de la UE.

La estrategia del PP de transmitir tranquilidad a través de la fuerza y el inmovilismo constitucional choca con la debilidad que a nivel parlamentario trasmite, lo que se ha manifestado claramente al menos en dos circunstancias. La primera fue cuando C’s presentó una PNL para azuzar al gobierno en su estrategia, lo que hizo que el PSOE retirara su apoyo. La segunda, mucho más grave, es la imposibilidad del gobierno de poder aprobar unos PGE, al haber perdido el apoyo del PNV por culpa de la estrategia de choques de trenes. Parece curioso que sea precisamente la política para la que el gobierno pide a la oposición un apoyo ciego la que precisamente rompa sus acuerdos presupuestarios.

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Público.es

El artículo 134 de la Constitución establece que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.

Montoro, acostumbrado a saltarse la constitución, ha pospuesto la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de PGE y por tanto, su remisión a las Cortes. Esto implica que se retrasa el trámite parlamentario y, por tanto, es casi seguro que lleguemos a 31 de diciembre sin presupuestos aprobados. Este retraso se debe a la imposibilidad de encontrar los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar los presupuestos ante la negativa del PNV por la actitud de Gobierno ante el 1-O.

Este sería el segundo golpe en el Congreso a la estrategia del Gobierno en Catalunya. El primero fue el 19 de septiembre, cuando el PSOE se apeó de la apisonadora inmovilista ante una iniciativa de C’s para apoyar la política del gobierno en Catalunya. Lejos de haber reforzado la posición del gobierno, su actuación en Catalunya le está haciendo perder los pocos apoyos parlamentarios que tenía, lo que solo se entiende por la presión que ejerce Ciudadanos en la competición por llegar al cielo del centralismo recalcitrante.

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eldiario.es

El techo de gasto (TG) se presenta por el Gobierno como un límite de gasto natural o correspondiente con algún “equilibrio presupuestario”. Su definición no es difícil encontrarla y la Autoridad fiscal Independiente (AIReF), organismo creado a raíz de la firma del Memorandum de Entendimiento que firmó España como consecuencia del rescate financiero, lo define como “ un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula  el  gasto  presupuestario  que  permite  el  cumplimiento  del objetivo de estabilidad“.

La fórmula simplificada sería algo como: TG = (Ingresos públicos + Déficit) – (Transferencias Admones. Territoriales + Ajustes).

El cálculo anterior muestra que el TG implica dos decisiones políticas, por un lado la política fiscal del Gobierno –representada en los ingresos públicos–, y por otra, la decisión sobre el objetivo déficit al que la economía se tiene ajustar. Tomemos el ejemplo de 2017, cuyo techo de gasto respecto a 2016 se redujo en 5.000 millones. La razón que adujo el Gobierno para este recorte fue una menor ejecución presupuestaria por valor de 5.000 millones respecto a lo presupuestado, reduciendo el techo de gasto de los 123.000 en 2016  a los 118.000 millones de euros en 2017.

Sin embargo, en la fórmula anterior no existe ningún elemento que se refiera a la ejecución presupuestaria, por lo que la justificación del Gobierno no era real. Efectivamente, la bajada del techo de gasto no tiene nada que ver con la no ejecución que existió, sino con la reforma fiscal del Gobierno que determinó unos menores ingresos públicos junto al objetivo de déficit que éste impuso. Quizás entonces el nudo de la cuestión no está tanto en cómo evoluciona el gasto sino como la política de recaudación influye en la determinación de los objetivos en un determinado marco de política fiscal.

La evolución de la recaudación tributaria en la era del PP ha sido realmente preocupante para una sociedad que pretenda acercarse a los estándares europeos. La base imponible agregada (la suma de las bases imponibles de IRPF, Sociedades, IVA e impuestos especiales) en 2008 era 124.000 millones de euros superior a la del 2015 (últimos datos disponibles). Podríamos pensar que debido a la crisis económica, los ingresos tributarios se redujeron –y así fue– pero es que 2015 fue precisamente el año en el que el Gobierno decidió aplicar “la mayor reforma fiscal de la era democrática de España”, agravando el problema de ingresos y reforzando futuros recortes del gasto.

Recordemos, además, que el Gobierno ha pactado con Ciudadanos otra reforma fiscal en el IRPF por valor de 2.000 millones. No obstante, si nos vamos a la fórmula, una vez determinados el TG, la rebaja fiscal prometida por Montoro a Ciudadanos solo puede implicar recortes en los próximos presupuestos por valor de esos 2.000 millones de euros. Tal vez por eso en 2018 el TG propuesto por el Gobierno y C’s solo incrementa un 1,3%, hasta llegar a 119.834, una cifra muy inferior al crecimiento, inferior en 62.000 millones respecto a 2010 y claramente inferior a las necesidades de gasto de la economía.

El caso del impuesto de sociedades es uno de los más graves: la reforma fiscal del PP hizo que España perdiera más del 100%  de la recaudación en junio, lo que hizo que el Gobierno 6 meses después de aplicar la reforma la re-reformara para parchear el impuesto evitando la famosa multa de Bruselas. Mientras la base imponible ha recuperado los niveles precrisis en el Impuesto de Sociedades, la recaudación no lo ha hecho, y esto se produce exclusivamente por la acción tributaria del Gobierno.

Dicho de otra forma, la primera de las decisiones políticas que determina el TG, la política tributaria, al reducir los ingresos públicos, provoca recortes en el TG que solo pueden ser compensados con caídas en el gasto público.

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Economistas Sin Fronteras

Coordinación:

Astrid Agenjo, Ricardo Molero, Alba Bullejos y Coral Martínez

Índice:

Presentación, Astrid Agenjo y Ricardo Molero

Economía Ecológica, Desiderio Cansino y Marcos Castro

Economía Feminista, Amaia Pérez Orozco y Astrid Agenjo

Economía Institucional, Alba Delgado, Raquel Coello

Economía Marxista, Fahd Boundi y Marisa Bordón

Economía Post-keynesiana, Iván Ayala y Luis Cárdenas

Economía del Desarrollo, Fernando García Quero y José Miguel Ahumada

Epílogo, Laura de la Villa y Ricardo Molero

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infoLibre

Una de las razones que puso encima de la mesa el PP para justificar la segunda investidura de Mariano Rajoy fue la necesidad de abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Esta fue también, entre otras, una de las razones que empujaron a los barones socialistas (en particular los de Andalucía, Extremadura y Castilla – La mancha) a forzar la abstención a Rajoy y a asumir —al menos en parte— el peso y la responsabilidad de esta decisión. Por esta razón, el Gobierno encomendó la revisión y modificación del actual modelo de financiación a una comisión mixta (con un experto nombrado por cada Comunidad Autónoma y otros por el Gobierno central). Esta comisión de expertos debe elaborar un documento para debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, finalmente, remitirse a las Cortes para su discusión y aprobación.

Sin embargo, con la ausencia de Cataluña de la Comisión y de la negociación sobre el SFA el proceso se ha reducido básicamente a un pacto a dos, entre PP y PSOE. A esto hay que añadir la voluntad del gobierno de controlar totalmente el proceso, hasta el punto de que, en caso de no encajar con la idea que el Gobierno tiene, el documento de la comisión de expertos puede ser completamente modificado —e incluso ignorado— por parte del Consejo de Política Fiscal. Todo hace pensar que, efectivamente, este gobierno quiere bloquear cualquier modificación del actual sistema, sobre todo si dicha modificación conlleva un aumento de la autonomía y capacidad de gestión de las comunidades autónomas.

Desde que gobierna el Partido Popular las comunidades autónomas han experimentado un progresivo deterioro de sus recursos y la aplicación de una serie de normas que han puesto (y siguen poniendo) en peligro el Estado de bienestar. Un ejemplo concreto es el reparto, en estos años de absurda e intolerable política de austeridad, del objetivo de déficit entre los diferentes niveles de administración. En realidad han sido las comunidades y los ayuntamientos los que más han soportado el peso de las políticas fiscales restrictivas. No es difícil imaginar el porqué: el PP quiere mermar la capacidad de financiación de los Servicios Públicos Fundamentales  que conforman el Estado de bienestar —soportado en gran medida por las comunidades— para así poder justificar privatizaciones de estos servicios. La política de privatizaciones es un punto de referencia ideológico del PP —recordemos que fue Aznar en 1996 quién impulsó por primera vez un plan global de privatizaciones—. Pero además ha sido una fuente de corrupción y redes clientelares, como están mostrando los casos aparecidos en los últimos meses. No hay que ignorar que en muchas ocasiones las comunidades (antes del 2015 casi todas en manos del PP) han apoyado la política fiscal del gobierno, aplicando recortes, y muchas han puesto en marcha programas de privatizaciones y externalizaciones de servicios, siendo los ejemplos más llamativos la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

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Os dejamos el enlace al programa de ayer #EKOpactoInfancia. ¿En qué situación se encuentran los derechos de la infancia hoy en día?

¡Disfrutadlo!

http://www.publico.es/publico-tv/eko/620923/eko-derechos-de-la-infancia

¿Qué relación hay entre justicia medioambiental y feminismo?

Ayer estuvimos debatiendo un buen rato sobre ello en nuestro #EKOPlanetaMujer.

En el programa intervinieron como invitadas:

-Rosa Martínez, diputada en el Congreso por Unidos Podemos y coportavoz federal de EQUO.
- Mar Asunción, responsable del Programa de Cambio Climático de WWF España.
- Begoña María Gil-Tomé, responsable de Cambio Climático en ISTAS.
- Laura Ojea, responsable de Veoenergiatv.

Aquí os dejamos el enlace, ¡disfrutadlo!

http://www.publico.es/publico-tv/eko/616696/eko-mujer-y-justicia-medioambiental

¿Existen privilegios en el fútbol moderno?¿Podemos volver a un fúbol menos sujeto al negocio económico? ¿Hay alternativas a este modelo de negocio? Tendremos el lujo de analizar estas cuestiones y muchas más con los siguientes invitados:

- Maria Cappa: periodista y coautora del libro ‘También nos roban el fútbol’

- Ricardo Molero: economista y miembro del consejo de redacción de la revista electrónica ‘Economía crítica y crítica de la economía’

- David Hernandez: colaborador de Econonuestra, actualmente doctorando en relaciones internacionales por la UCM

Hoy a las 20.30, en PúblicoTv ¡No os lo perdáis!

Esta tarde, a las 20.30h en PúblicoTv, abordamos la economía social y solidaria en EKO Nuestra Economía.

Los invitdos para este programa serán:
- Marcos de Castro
- Nuria del Río
- Victoria Molinero

Moderado por Iván Ayala.

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Blog Tribuna Abierta en eldiario.es

El Consejo de Política Fiscal, el órgano que coordina la política financiera del Estado y las Comunidades Autónomas, decidió en abril de ese año los objetivos de déficit para cada territorio. Posteriormente éstos se incluyeron en el Programa de Estabilidad que presentó el Gobierno a la Comisión Europea, marcando una vía que posteriormente fue modificada con Bruselas estableciendo una nueva senda de reducción del déficit más laxa. Concretamente, pasamos de un objetivo de 3,6% para 2016 a un 4,6%, mientras que para 2017 el objetivo se relajó de un 2,9% al 3,1%. Dado que los objetivos de déficit se han modificado, ampliando el margen, este desahogo fiscal se tiene que repartir principalmente entre Estado y CCAA por lo que es necesario actualizar el reparto para que estas últimas tengan mayor capacidad fiscal. Este nuevo reparto solo se puede hacer en el órgano competente, es decir, el Consejo de Política Fiscal pero el Gobierno en funciones ha preferido hasta ahora no actuar por unas razones que tienen que ver mucho con el tacticismo post electoral y poco con las necesidades económicas del país. En caso de no convocar el Consejo y forzar a las CCAA a ceñirse a la senda anterior, más estricta, Montoro estaría obligando a aplicar la austeridad de forma pasiva. Si las CCAA se someten al objetivo de déficit del 0,1% del anterior pacto de estabilidad, éstas no tendrán el mayor margen fiscal que posibilita el nuevo acuerdo con la CE, es decir, deberán efectuar recortes adicionales en un país cuyo gasto público ya ha tocado el hueso del estado de bienestar.

Pero hay una razón más que explica esta actitud extorsionadora del Gobierno en funciones hacia las CCAA: tapar el agujero en las cuentas públicas que han provocado sus pésimas reformas fiscales y sus erróneas (o interesadas) previsiones sobre la recaudación pública. En 2015 el Ejecutivo desarrolló una reforma fiscal que ha supuesto una merma en la recaudación, concretamente en junio de este año ha sido un 2,3% inferior (3,2% menos en variación homogénea) con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es especialmente grave en un país con un déficit estructural de ingresos públicos (más de 7 puntos con la media de la eurozona). Fue de tal desmán esta reforma que el gobierno preveía un incremento del 10% en el impuesto de sociedades ¡y ya ha caído más de un 80%! Es tan flagrante el interesado -y electoralista- pronóstico que el PP se está viendo obligado a derogarse a sí mismo, prometiendo a Bruselas que revertirá la reforma del impuesto de sociedades en los presupuestos de 2017. En la práctica, el Estado central está intentando guardarse para sí todo el mayor margen de maniobra y así externalizar la culpa de la desastrosa política fiscal a las CCAA. El problema no es que no haya Gobierno, sino que el que ejerce en funciones -y también antes de entrar en funciones- está jugando electoralmente con los ingresos públicos, los de todos, como si fueran de su propiedad.

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ctxt.es

El proceso de la multa de Bruselas a España se ha iniciado como consecuencia de las reformas que se hicieron para “reforzar” las reglas fiscales en Europa. Si antes de la crisis el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento (PEC, el que rige la coordinación macroeconómica en la eurozona) era ya de por sí muy rígido, la solución para la crisis ha sido reforzar y dotar de mayor rigidez todavía al marco fiscal europeo. En 2009 se establece que España tiene que tener un déficit por debajo del 3% en 2013. En 2013 se incumple el objetivo y se establece que tiene que reducirse por debajo del 3% en 2016. En 2016 se amenaza con una multa y se establece que el déficit tiene que estar por debajo del 3% en 2018. Ahora la nueva senda es del 4,6% para 2016, 3,1% para 2017 y 2,8 para 2018. La Comisión Europea (CE) y el Gobierno quieren presentar esta decisión como  un logro para España, cuando en realidad representa un ajuste brutal que necesitará de mayores recortes –lo que por otro lado demuestra que los recortes aplicados desde 2011-2013 y la destrucción productiva y social que han producido eran completamente innecesarios–. Parece claro que no tiene ninguna lógica económica establecer unos objetivos que no pueden ser cumplidos –el límite del 3% se ha violado en más de 165 ocasiones–, y posteriormente amenazar con una multa por no cumplir esos objetivos incumplibles, y que además en todo caso haría más difícil el cumplimiento de esos objetivos.

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