Para ver y/o descargar el manual, had click aquí

Coordinación: Astrid Agenjo, Ricardo Molero, Alba Bullejos y Coral Martínez

La actual crisis de la Covid-19 evidencia aún más la necesidad de transformar profundamente un modelo económico que pone en constante peligro la vida. Como parte de esta transformación, es necesario ampliar la mirada y el campo de la disciplina económica para aprender sobre otras propuestas, más allá del enfoque neoclásico dominante, también válidas, rigurosas, fundamentadas y, además, subversivamente creativas.

Por ello, en Economistas sin Fronteras hemos lanzado la segunda edición del manual de corrientes heterodoxas que publicamos en 2017, con un prólogo a cargo de Astrid Agenjo Calderón y Ricardo Molero Simarro.

El manual pretende hacer una modesta, pero esperamos que útil contribución, dando a conocer de una manera comprensible las principales ideas y propuestas de seis corrientes económicas heterodoxas: la economía ecológica, la economía feminista, la economía institucional, la economía marxista, la economía postkeynesiana y la economía del desarrollo.

Se trata de una primera aproximación que consideramos puede resultar de utilidad tanto para el profesorado de Economía, como para quienes se acercan por primera vez a las escuelas heterodoxas, y esperamos que con ello podamos contribuir también hacia un proyecto de justicia social, calidad educativa y ensanchamiento democrático.

Puedes ver y/o descargar el manual aquí.

A continuación reproducimos el índice del manual.

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ctxt.es

Presentado ya el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 se pueden atisbar algunos cambios en las prioridades de política económica. Aquí nos centraremos en el análisis de algunas medidas tributarias que afectan al Impuesto de Sociedades (IS). Es bien conocida la situación de insuficiencia de ingresos públicos respecto al PIB de la economía española. A modo de ejemplo, si tomamos los ingresos públicos medios y el gasto público medio 2010-2020 (Gráfico 1), podremos observar que España ha tenido unos gastos por encima de sus ingresos sistemáticamente. Es cierto que la crisis financiera hizo estragos en todos los países de la UE, pero como se puede observar, el caso de España ha sido paradigmático.

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Artículo publicado en Contexto y Acción el 25 de junio de 2020

En España se establece la tributación moderna en 1978. Desde entonces, los ingresos públicos por este concepto han pasado de suponer el 20% del PIB al 38%, en 2019. Esta tendencia al alza en la recaudación se ha dado al mismo tiempo que los tipos máximos en renta han caído del 65,5% inicial al 45% actual. Lo mismo ha sucedido con sociedades y patrimonio: los tipos máximos han caído. No hay duda, pues, de que los más ricos han visto caer su contribución impositiva a medida que el tamaño del sector público ha crecido. Esta tendencia no es exclusivamente española, sino que se ha producido en toda la OCDE, aunque esto no siempre fue así. Entre 1914 y 1945 los tipos máximos sobre la renta llegaron en algunos países como EE.UU. al 90% y sobre la riqueza al 70% ¿De qué depende entonces que las sociedades graven más o menos a sus ciudadanos más ricos? Seguir leyendo…

Artículo de Iván H. Ayala para Contexto y Acción, publicado el 24 de abril de 2020.

El autor defiende la mutualización del coste de la Covid-19 por razones que  no tienen que ver con la solidaridad entre países europeos y propone un plan en dos fases para su implementación.

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La Paradoja de Kaldor

Cuando Günter Dryer entró en la tumba del rey Scorpio I, de entre 3.300 y 3.200 años de antigüedad, no se imaginaba la importancia que podía llegar a tener su descubrimiento. Encontró en unos pequeños sellos de terracota unos símbolos que formaban sílabas con jeroglíficos. Estos sellos son la forma más antigua de escritura que conocemos. Pero no sólo eso, también son la forma más antigua de impuestos que conocemos, pues representaban recibos de pagos al rey de lino y aceite, asociados a nombres de las personas e instituciones que hacían efectivo el pago. Es posible por tanto que la aparición de la escritura -uno de los mayores avances de la humanidad- estuviera ligada a la aparición de los impuestos y a la necesidad de registrar esos pagos.

No es casualidad que los impuestos -y la escritura- aparecieran en el primer gran estado centralizado de la humanidad, porque los impuestos están ligados a la civilización como así lo confirman los descubrimientos desde Mesopotamia (2500 AC) al imperio Inca (casi 4000 años después y 3000 km. alejados), China (Confucio estableció los preceptos de tributación ideal sobre el 500AC) o la Grecia Antigua (500 AC). Los pagos a una autoridad central emergen a medida que las sociedades se vuelven complejas y el poder que las estructuraba necesita generar fuentes de ingresos para financiar las instituciones que servían de ancla social. No se conoce civilización alguna que no haya tenido alguna forma impositiva y, tal y como describe Charles Adams en su famoso libro, los impuestos han sido y son la gasolina de la civilización. La piedra Rosetta de hecho, puede ser la primera amnistía fiscal registrada de la historia (concedida a los clérigos…).

El sistema fiscal es espejo del devenir de la historia y reflejo en cada época y región de la pulsión política del momento. Incluso hay casos en los que un impuesto determina la historia de un país. Así fue el caso de EEUU y la lucha entre la entonces colonia y la metrópoli a raíz de una serie de leyes impositivas sobre el té y las famosas Intolerable Acts, que desencadenaron unas revueltas que culminaron en la revolución americana –y en la aparición del Boston Tea Party. No obstante, al contrario de lo que algunos analistas apuntan, las sociedades no se rebelan contra los impuestos, pues éstos nunca han sido la fuente original de conflicto. Las revueltas, rebeliones y demás avatares de la historia que se arremolinan en torno a los impuestos no son sino el reflejo de un conflicto entre un estado y su legitimación política en la población que gobierna. El impuesto es el instrumento del orden social que se quiere cambiar. Incluso en EEUU, los colonos norteamericanos no se oponían a los impuestos, sino que reclamaban que los tributos no fueran determinados a miles de kilómetros de distancia en Westminster, sino en los parlamentos norteamericanos, de ahí que se acuñara la famosa frase “no taxation without representation”. Así reza en uno de los documentos históricos más importantes al respecto, las resoluciones aprobadas del parlamento de Virgina que fueron ampliamente difundidas y copiadas por otros parlamentos norteamericanos donde la Asamblea General de la colonia establecía que, junto con su majestad:

“(…) tiene el poder exclusive para recaudar tasas e impuestos a los habitantes de esta colonia [de forma que] cualquier intento de suplantar dicho poder (…) es ilegal”

Si hubieran estado en contra de los impuestos, el pueblo hubiera clamado simplemente “no taxation”. Pero no fue el caso. Estaría bien que repasase estas actas el actual entorno del Tea Party que están popularizando lo de “los impuestos son un robo”.

A medida que las sociedades se transforman, los sistemas tributarios también lo hacen a la par que se modifica la fuente de legitimación del sistema político que cimenta el orden social que cambia. Detrás de la historia de los impuestos -cómo se recaudan, quién los paga, los tipos marginales, los medios, el montante total recaudado o la distribución entre impuestos- se esconde la historia de la vida civilizada. Cuando en la Inglaterra de finales del XVIII la monarquía decadente achicharraba a impuestos al pueblo para financiar su parásita existencia o las guerras que diezmaban los recursos generados en buena medida por el resto de la población, los mercaderes protestaron. Así, uno de los principales propagandistas de los mercaderes, John Locke defendió el derecho a la rebelión de lo que él considera pueblo (mercaderes) contra los gobernantes (reyes) cuando éstos imponen gravámenes injustos y excesivos. No contra los impuestos, sino contra unos gravámenes que financian unos gastos que la población considera desligados de sus intereses como sociedad. El liberalismo hunde su raíz ideológica no en la lucha contra los impuestos, sino contra la legitimación de un poder absoluto parásito y sus instituciones que diezman los recursos de la nueva clase emergente que habría de tomar el relevo, los mercaderes. Aparece así la famosa dicotomía liberal con la tensión entre, por un lado, la necesidad de tener un estado que reprima los estallidos sociales que se derivaban de la desigualdad inherente a la propiedad privada y por otro, el rechazo a financiar esa estructura estatal mediante impuestos para no alimentar al Leviatán. Esa tensión se resuelve a favor de un estado mínimo, fruto de lo cual el montante total de impuestos recaudados era muy pequeño, tal y como atestigua el gráfico del libro de Piketty.

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ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Resulta interesante el debate sobre el SMI que se está produciendo al hilo de los últimos acontecimientos políticos. La última de las aportaciones al debate fue la del gobernador del Banco de España apuntando un impacto negativo en el empleo en trabajadores menos cualificados y jóvenes en Sede Parlamentaria. En realidad, el gobernador estaba leyendo las conclusiones del informe anual de 2017 publicado en mayo del 2018, por lo que no parece que haya nada novedoso en el análisis. En dicho informe de hecho se dice que el incremento experimentado en 2017 por el SMI (8%) “estaría teniendo efectos agregados reducidos tanto sobre el empleo como sobre los salarios”. Los economistas repiten como un mantra “no hay evidencia empírica concluyente” aunque ese mantra es mentira: existe una evidencia abrumadora en economía que muestra que el salario mínimo (SM) no tiene un impacto sobre el empleo agregado de una economía. La explicación de dicha situación puede dar algunas claves interesantes que nos ayude a entender el problema.

Los contrarios a su subida (la escuela neoclásica) han argumentado tradicionalmente que la existencia de un salario mínimo introduce una rigidez que hace que el salario se sitúe por encima de la productividad del trabajo generando desempleo involuntario. Los partidarios de su incremento no lo hacen porque tenga un impacto positivo, sino por motivos de justicia social. La teoría económica respecto al SM solo provee soluciones para casos extremos. Por un lado en un mercado perfectamente competitivo, la introducción de un SM tendría un impacto negativo en el empleo al estar por encima del correspondiente al nivel de equilibrio. Por otro, un mercado monopsónico, donde el empleador tiene poder de mercado, y establece un SM inferior al de equilibrio, un incremento del mismo hasta dicho nivel puede generar un incremento del empleo. Fuera de esos dos casos extremos (es decir, en la realidad), la teoría no da elementos concluyentes, por lo que el debate respecto al papel de un SM -tan antiguo casi como el trabajo asalariado- se reproduce cada vez que se decide políticamente utilizar esta herramienta.

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Os dejamos el enlace con el último programa de la temporada: ‘La economía en los medios de comunicación’. Resistencia contra el pensamiento único, presentado por Mario Rísquez, con la participación de Magdalena Bandera (directora de La Marea), Iván Ayala (EKOTv) y Marta Castillo (periodista):

http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/679110/la-economia-en-los-medios-de-comunicacion?force=1

Os dejamos el enlace del último programa ‘La reforma de la Unión Monetaria Europea’ con Antonia Calvo, Miguel Otero y Miguel Carrión. Presentado por Iván H. Ayala:

http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/674408/la-reforma-de-la-union-monetaria-europea

Ya está disponible #EKOpresupuestos con @monicamelle, @carlosurriza y @carlosmarnu en la web de @publico_es Aquí tienes el enlace: http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/669023/presupuestos-y-coyuntura-economica

Ya disponible en @publico_es el último programa #EKOvivienda ¡Te dejamos el enlace por si aún no lo has podido ver!

http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/667157/mercado-inmobiliario

Ya disponible en @publico_es el último programa #EKOvivienda ¡Te dejamos el enlace por si aún no lo has podido ver!

http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/667157/mercado-inmobiliario

El pasado jueves debatimos sobre la sostenibilidad de las pensiones con:

-María Pazos (economista)
-Norberto Marchesano (economista)
-Carlos Bravo (Secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO).

¿No lo pudiste ver? No te preocupes, os dejamos el enlace:

http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/663491/pensiones

Programa presentado por Ivan H. Ayala, con la participación de Fernando Sabín (Grupo cooperativo Tangente), Ana Álvaro (experta en gestión y evaluación para el Tercer Sector), Xavier Rubio (Dirección de Servicios de Economía Cooperativa, Social y Solidaria del Ajuntament de Barcelona), y Emili Villaescusa (miembro de la Junta Directiva de CEPES).

Para ver el vídeo pincha aquí.

El programa conducido por Ivan Ayala, que tuvo el hastag #EKO8M, tuvo como invitadas a Ana Barba (coordinadora de Colectivo Burbuja), Blanca Villaescusa (comisión feminista 8M),  Marta Pascual (comisión feminista 8M), y  Sara Mateos (politóloga, experta en género y políticas públicas).

Para ver el programa pincha aquí.

Programa conducido por Ivan H. Ayala, con la participación de Juan Ignacio Crespo (analista económico y financiero), Nuria Alonso (profesora de Economía Aplicada en la URJC), Juan Carlos Barba (coordinador de la asociación Colectivo Burbuja), y Miguel Sebastián (profesor de Economía en la UCM y ex -ministro de Industria).

Para ver el programa pincha aquí.

Hoy a las 20.30 tercer programa de la temporada, ‘Bitcoins, criptomonedas y tulipanes’ en EKO – Público TV.

¿Conoces qué es el bitcoin? ¿Qué limitaciones presentan la emisión de criptomonedas? ¿Supone una revolución en los mercados financieros o funciona a modo de burbuja como la de los tulipanes en Holanda?

Para tratar estas cuestiones y muchas más tendremos el lujo de contar con lxs siguientes invitadxs:

-Nuria Alonso, profesora de Economía Aplicada en la URJC.
-Juan Ignacio Crespo, matemático y analista económico y financiero.
-Juan Carlos Barba, coordinador de la asociación Colectivo Burbuja.
-Miguel Sebastián, profesor de Economía en la UCM y ex-ministro de Industria.

Público-TV

Debate conducido por Ivan Ayala sobre la regla de gasto y la ley de Estabilidad Presupuestaria, con la participación de Eulalio Ávila (secretario e interventor-tesorero de Administración Local) y José Errejón (economista y administrador civil del Estado).

Para ver el programa pincha aquí.

Público-TV

Para ver el programa pincha aquí.

Público.es

La actual situación de impasse entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat está generando una situación de incertidumbre que se puede trasladar a las principales variables económicas. Los análisis hasta ahora se centran en los efectos de la Independencia para Cataluña pero en realidad las consecuencias económicas afectan a toda España y una Declaración Unilateral de Independencia y la aplicación del art. 155 solo podrían alimentarlas. El problema no es tanto lo que pasará una vez que la Generalitat se lance al abismo de una Independencia -no reconocida por nadie-sino cómo la falta de un horizonte de acuerdo puede afectar a la economía española y catalana.

El ministro de Guindos comentaba que la independencia de Cataluña podría suponer la caída del PIB catalán entre un 25% y un 30%. No obstante, no mostró los informes que así lo afirmaban, probablemente porque dichos informes también afirmarían, de ser serios y verdaderos, que si lo anterior sucediera, la economía española -y no solo la catalana- también se vería afectada de sobremanera. Cataluña representa en torno al 20% del PIB Español por lo que la parálisis actual supone una verdadera amenaza para el conjunto del país, en un momento donde los vientos de cola de los que ha disfrutado la economía española pueden empezar a ralentizarse. Rajoy acusa a la Generalitat de generar inestabilidad y avocarnos al apocalipsis, pero la realidad es que la imagen internacional y la percepción de los mercados dependen en exclusiva de la gestión que el gobierno de España haga de este conflicto. Los mercados buscan crecimiento (lo que les asegura una rentabilidad de las inversiones) y estabilidad (lo que les asegura poder cobrar dichas inversiones). Con el uso de la fuerza y la no negociación –especialmente después de la internacionalización del conflicto catalán gracias al terrible error político de la intervención policial del 1-O-, España está trasladando una imagen a los mercados de inestabilidad política e incertidumbre económica. Teniendo en cuenta que nuestro país es el cuarto de la eurozona en términos de PIB y población, podemos entender la apelación al diálogo por parte de la UE.

La estrategia del PP de transmitir tranquilidad a través de la fuerza y el inmovilismo constitucional choca con la debilidad que a nivel parlamentario trasmite, lo que se ha manifestado claramente al menos en dos circunstancias. La primera fue cuando C’s presentó una PNL para azuzar al gobierno en su estrategia, lo que hizo que el PSOE retirara su apoyo. La segunda, mucho más grave, es la imposibilidad del gobierno de poder aprobar unos PGE, al haber perdido el apoyo del PNV por culpa de la estrategia de choques de trenes. Parece curioso que sea precisamente la política para la que el gobierno pide a la oposición un apoyo ciego la que precisamente rompa sus acuerdos presupuestarios.

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Público.es

El artículo 134 de la Constitución establece que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.

Montoro, acostumbrado a saltarse la constitución, ha pospuesto la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de PGE y por tanto, su remisión a las Cortes. Esto implica que se retrasa el trámite parlamentario y, por tanto, es casi seguro que lleguemos a 31 de diciembre sin presupuestos aprobados. Este retraso se debe a la imposibilidad de encontrar los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar los presupuestos ante la negativa del PNV por la actitud de Gobierno ante el 1-O.

Este sería el segundo golpe en el Congreso a la estrategia del Gobierno en Catalunya. El primero fue el 19 de septiembre, cuando el PSOE se apeó de la apisonadora inmovilista ante una iniciativa de C’s para apoyar la política del gobierno en Catalunya. Lejos de haber reforzado la posición del gobierno, su actuación en Catalunya le está haciendo perder los pocos apoyos parlamentarios que tenía, lo que solo se entiende por la presión que ejerce Ciudadanos en la competición por llegar al cielo del centralismo recalcitrante.

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eldiario.es

El techo de gasto (TG) se presenta por el Gobierno como un límite de gasto natural o correspondiente con algún “equilibrio presupuestario”. Su definición no es difícil encontrarla y la Autoridad fiscal Independiente (AIReF), organismo creado a raíz de la firma del Memorandum de Entendimiento que firmó España como consecuencia del rescate financiero, lo define como “ un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula  el  gasto  presupuestario  que  permite  el  cumplimiento  del objetivo de estabilidad“.

La fórmula simplificada sería algo como: TG = (Ingresos públicos + Déficit) – (Transferencias Admones. Territoriales + Ajustes).

El cálculo anterior muestra que el TG implica dos decisiones políticas, por un lado la política fiscal del Gobierno –representada en los ingresos públicos–, y por otra, la decisión sobre el objetivo déficit al que la economía se tiene ajustar. Tomemos el ejemplo de 2017, cuyo techo de gasto respecto a 2016 se redujo en 5.000 millones. La razón que adujo el Gobierno para este recorte fue una menor ejecución presupuestaria por valor de 5.000 millones respecto a lo presupuestado, reduciendo el techo de gasto de los 123.000 en 2016  a los 118.000 millones de euros en 2017.

Sin embargo, en la fórmula anterior no existe ningún elemento que se refiera a la ejecución presupuestaria, por lo que la justificación del Gobierno no era real. Efectivamente, la bajada del techo de gasto no tiene nada que ver con la no ejecución que existió, sino con la reforma fiscal del Gobierno que determinó unos menores ingresos públicos junto al objetivo de déficit que éste impuso. Quizás entonces el nudo de la cuestión no está tanto en cómo evoluciona el gasto sino como la política de recaudación influye en la determinación de los objetivos en un determinado marco de política fiscal.

La evolución de la recaudación tributaria en la era del PP ha sido realmente preocupante para una sociedad que pretenda acercarse a los estándares europeos. La base imponible agregada (la suma de las bases imponibles de IRPF, Sociedades, IVA e impuestos especiales) en 2008 era 124.000 millones de euros superior a la del 2015 (últimos datos disponibles). Podríamos pensar que debido a la crisis económica, los ingresos tributarios se redujeron –y así fue– pero es que 2015 fue precisamente el año en el que el Gobierno decidió aplicar “la mayor reforma fiscal de la era democrática de España”, agravando el problema de ingresos y reforzando futuros recortes del gasto.

Recordemos, además, que el Gobierno ha pactado con Ciudadanos otra reforma fiscal en el IRPF por valor de 2.000 millones. No obstante, si nos vamos a la fórmula, una vez determinados el TG, la rebaja fiscal prometida por Montoro a Ciudadanos solo puede implicar recortes en los próximos presupuestos por valor de esos 2.000 millones de euros. Tal vez por eso en 2018 el TG propuesto por el Gobierno y C’s solo incrementa un 1,3%, hasta llegar a 119.834, una cifra muy inferior al crecimiento, inferior en 62.000 millones respecto a 2010 y claramente inferior a las necesidades de gasto de la economía.

El caso del impuesto de sociedades es uno de los más graves: la reforma fiscal del PP hizo que España perdiera más del 100%  de la recaudación en junio, lo que hizo que el Gobierno 6 meses después de aplicar la reforma la re-reformara para parchear el impuesto evitando la famosa multa de Bruselas. Mientras la base imponible ha recuperado los niveles precrisis en el Impuesto de Sociedades, la recaudación no lo ha hecho, y esto se produce exclusivamente por la acción tributaria del Gobierno.

Dicho de otra forma, la primera de las decisiones políticas que determina el TG, la política tributaria, al reducir los ingresos públicos, provoca recortes en el TG que solo pueden ser compensados con caídas en el gasto público.

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Economistas Sin Fronteras

Coordinación:

Astrid Agenjo, Ricardo Molero, Alba Bullejos y Coral Martínez

Índice:

Presentación, Astrid Agenjo y Ricardo Molero

Economía Ecológica, Desiderio Cansino y Marcos Castro

Economía Feminista, Amaia Pérez Orozco y Astrid Agenjo

Economía Institucional, Alba Delgado, Raquel Coello

Economía Marxista, Fahd Boundi y Marisa Bordón

Economía Post-keynesiana, Iván Ayala y Luis Cárdenas

Economía del Desarrollo, Fernando García Quero y José Miguel Ahumada

Epílogo, Laura de la Villa y Ricardo Molero

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infoLibre

Una de las razones que puso encima de la mesa el PP para justificar la segunda investidura de Mariano Rajoy fue la necesidad de abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Esta fue también, entre otras, una de las razones que empujaron a los barones socialistas (en particular los de Andalucía, Extremadura y Castilla – La mancha) a forzar la abstención a Rajoy y a asumir —al menos en parte— el peso y la responsabilidad de esta decisión. Por esta razón, el Gobierno encomendó la revisión y modificación del actual modelo de financiación a una comisión mixta (con un experto nombrado por cada Comunidad Autónoma y otros por el Gobierno central). Esta comisión de expertos debe elaborar un documento para debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, finalmente, remitirse a las Cortes para su discusión y aprobación.

Sin embargo, con la ausencia de Cataluña de la Comisión y de la negociación sobre el SFA el proceso se ha reducido básicamente a un pacto a dos, entre PP y PSOE. A esto hay que añadir la voluntad del gobierno de controlar totalmente el proceso, hasta el punto de que, en caso de no encajar con la idea que el Gobierno tiene, el documento de la comisión de expertos puede ser completamente modificado —e incluso ignorado— por parte del Consejo de Política Fiscal. Todo hace pensar que, efectivamente, este gobierno quiere bloquear cualquier modificación del actual sistema, sobre todo si dicha modificación conlleva un aumento de la autonomía y capacidad de gestión de las comunidades autónomas.

Desde que gobierna el Partido Popular las comunidades autónomas han experimentado un progresivo deterioro de sus recursos y la aplicación de una serie de normas que han puesto (y siguen poniendo) en peligro el Estado de bienestar. Un ejemplo concreto es el reparto, en estos años de absurda e intolerable política de austeridad, del objetivo de déficit entre los diferentes niveles de administración. En realidad han sido las comunidades y los ayuntamientos los que más han soportado el peso de las políticas fiscales restrictivas. No es difícil imaginar el porqué: el PP quiere mermar la capacidad de financiación de los Servicios Públicos Fundamentales  que conforman el Estado de bienestar —soportado en gran medida por las comunidades— para así poder justificar privatizaciones de estos servicios. La política de privatizaciones es un punto de referencia ideológico del PP —recordemos que fue Aznar en 1996 quién impulsó por primera vez un plan global de privatizaciones—. Pero además ha sido una fuente de corrupción y redes clientelares, como están mostrando los casos aparecidos en los últimos meses. No hay que ignorar que en muchas ocasiones las comunidades (antes del 2015 casi todas en manos del PP) han apoyado la política fiscal del gobierno, aplicando recortes, y muchas han puesto en marcha programas de privatizaciones y externalizaciones de servicios, siendo los ejemplos más llamativos la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

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Os dejamos el enlace al programa de ayer #EKOpactoInfancia. ¿En qué situación se encuentran los derechos de la infancia hoy en día?

¡Disfrutadlo!

http://www.publico.es/publico-tv/eko/620923/eko-derechos-de-la-infancia

¿Qué relación hay entre justicia medioambiental y feminismo?

Ayer estuvimos debatiendo un buen rato sobre ello en nuestro #EKOPlanetaMujer.

En el programa intervinieron como invitadas:

-Rosa Martínez, diputada en el Congreso por Unidos Podemos y coportavoz federal de EQUO.
- Mar Asunción, responsable del Programa de Cambio Climático de WWF España.
- Begoña María Gil-Tomé, responsable de Cambio Climático en ISTAS.
- Laura Ojea, responsable de Veoenergiatv.

Aquí os dejamos el enlace, ¡disfrutadlo!

http://www.publico.es/publico-tv/eko/616696/eko-mujer-y-justicia-medioambiental