Economía Crítica y Crítica de la Economía

En Contratiempos Nicola Scheler, Carlos Sánchez Mato y Daniel Albarracín reflexionan sobre el origen, diseño, condiciones, orientación e implicaciones de los fondos Next Generation EU, desde una perspectiva crítica y alternativa, siendo una materia central que va a definir la política europea y, especialmente, la línea de gobierno en países como es el Estado español.

Para ver el vídeo pincha en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=XtwW5RD5e2c

Artículo publicado en Viento Sur el 19 de Noviembre de 2020

La economía española atraviesa una depresión económica, que no tiene precedentes desde la Guerra Civil 1/. Sus causas fundamentales ya se avistaban a finales del año pasado apuntando una previsión de estancamiento o recesión, que afectaba al contexto europeo y particularmente español. Vino la pandemia, y, lo que parecía ser un ciclo económico contenido, se ha traducido en un hundimiento en un contexto macroeconómico ya difícil de por sí. Seguir leyendo…

Artículo publicado en Viento Sur, el 15 de mayo de 2020

En Junio se implementará un ingreso mínimo vital cuyo perfil definitivo aún está haciéndose, tanto en su aplicación concreta como en su alcance social, e incluso territorial, pues se ha trasladado como propuesta a las instituciones europeas.

Esta iniciativa brinda una oportunidad para contrastar diferentes vehículos de cambio. Valorar un esquema de medidas exige, al menos una doble comparación. Lo que ofrece y mueve respecto a un determinado punto de partida. Y, especialmente, hacia dónde nos lleva. Para poder evaluar apropiadamente. Debemos contrastar los diferentes vehículos disponibles, para ver cómo avanzan en cada terreno, y establecer los horizontes deseables. Sin caracterizar esos horizontes, resulta muy difícil orientarnos. No se trata de llegar a ellos en un estadio más o menos inmediato, sino, cuanto menos, concluir con un juicio cabal de si al menos nos movemos en la dirección que buscamos. Seguir leyendo…

Viento Sur

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Las elecciones europeas, el 26 de Mayo, se celebrarán en el Estado español a escondidas entre varios comicios. El panorama político europeo atraviesa una fuerte mutación ante una crisis irresuelta y la sombra de numerosas amenazas. Nada puede ser más desaconsejable que contemplar esta consulta como una rutina o experimento, más allá de que los poderes del Parlamento Europeo estén capitidisminuidos.  La discusión sobre los asuntos públicos ha saltado a la arena comunicativa como pocas veces. Si bien, las noticias-mercancía, no equivalen a información ni un diálogo deliberatorio, y muchas veces se convierten en ruido. La política se ha convertido en un teatro que nos consterna, alarma y, en última instancia, nos resigna y nos cansa, a merced de los algoritmos y la agenda mediática.  Ya advertía Aristóteles en La política que la demagogia destruye las virtudes de la democracia y su legitimidad, abono para el acecho de los buitres. Aquellos proclaman que solo “hablen los mejores”, o “que vuElva” el líder carismático. Cuando la política se pulveriza y deviene en politicismo-espectáculo, los juegos de personajes, el tacticismo y la posverdad sustituyen los debates y propuestas sobre los conflictos de fondo. Y en ese terreno la involución cobra ventaja. En este plural tratamos de contribuir con uno de los momentos fundamentales de la política: el de la elaboración de propuestas. Si bien el debate político no se agota aquí, sin propuestas las discusiones quedan en mera pugna por el sillón, o mera palabrería aspirante a la persuasión del electorado.
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Otra Mirada Social y Económica Es Posible

Ante nuestros ojos se muestra una crisis de una civilización atravesada por contradicciones que polarizan las sociedades y degradan, como jamás se vio, nuestro planeta. Son estas razones las que hacen que El capital, la obra más importante para conocer los aspectos socieconómicos de nuestra civilización, vuelva a ponerse al día. Más aún, cuando muchos de los desarrollos, incompletos pero sólidos, de la teoría del monumental genio de Marx, cobran más sentido hoy día incluso que en el siglo XIX, época en la que el capitalismo aún estaba en formación.

La obra del estadounidense Fred Moseley resulta decisiva por muchos motivos y cabe felicitar a Maia por redoblar esfuerzos por seguir trayendo obras del ámbito marxista fundamentales para comprender nuestro tiempo. En primer lugar, y a pesar de la titulación insustancial de esta obra Ensayo de economía marxista, cabe advertir de una jugosa y sistematizada aportación de contenido de primer orden.
A este respecto, el curso del paradigma marxista ha estado afectado por una historia que le ha dado forma, que implica no sólo numerosos acontecimientos y transformaciones sino también el trabajo de distintas escuelas e influencias. Desde el dogmatismo simplista y esquemático de las escuelas soviéticas hasta la vulgarización ricardiana, pasando por las reinterpretaciones y malentendidos de muchos que tomaron parcialmente o sesgadamente su obra, el marxismo ha adoptado rutas que muchas veces o bien poco han tenido que ver con los cambios reales –dando pie a justificaciones bastardas de intereses políticos creados- y muchas más se han alejado del espíritu metodólogicoabierto de la obra marxiana.
En este sentido, este trabajo de Moseley trata sobre El capital, en especial con una lectura sistematizada del controvertido debate sobre el Libro III, ofreciendo pistas para interpretar de una manera más unitaria y profunda sus dos primeros libros. Con esta lectura nos trae de nuevo una vieja pero relevante disputa originada por las críticas ricardianas sobre el ciclo del capital y, más particularmente, el problema de la transformación. Sin embargo, esta obra va más allá y no sólo termina con este falso debate sino que aprovecha para tumbar los fundamentos de otras escuelas económicas tanto convencionales como heterodoxas.
También contribuye con una actualización de la teoría marxista del dinero en el marco de economías con monedas no convertibles, cubriendo un espacio que la escuela marxista estaba perdiendo con otras aportaciones de escuelas heterodoxas alternativas.
El libro culmina con un documento sintético con altas implicaciones políticas que aporta razones para considerarque la economista marxista y su método de análisis superan por su capacidad explicativa al resto de paradigmas convencionales de interpretación económica. Su fuerza como discurso resulta rotunda e incontestable, por lo que sugerimos su lectura. En esta reseña nos detendremos, no obstante, en sus aspectos analíticos que se derivan de sus primeros tres capítulos.
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Otra mirada social y económica es posible

En 2008 la Unión Europea se vio atravesada por la crisis económica y financiera más dura desde los años 70. Tras más de una década los problemas de fondo permanecen, sino se han incrementado. La Unión Europea dio una respuesta equivalente a darle una patada adelante a los problemas, escarmentando mientras tanto a las clases populares y trabajadoras europeas y a los pueblos de la periferia.

Desde entonces, mediante recortes y sistemas fiscales más regresivos los poderes públicos rescataron a parte del sistema bancario, a costa de la mayoría, y emprendieron una política decidida de socialización de las deudas privadas, cargando al erario público los costes de la crisis y, por consiguiente, a la ciudadanía y el mundo del trabajo.
En Mayo de 2010, se creaba el mecanismo de Facilidad de Estabilidad Financiera Europea, para realizar préstamos a países en crisis, como Irlanda o Portugal, por un desembolso global de 47,7 mil millones de Euros. Este mecanismo también prestó a Grecia un importante volumen. También coincidía con una presión política de primera magnitud que llevó al gobierno socialista de Zapatero a modificar el artículo 135 de la Constitución que priorizaba el pago de la deuda frente a cualquier otra prioridad. La crisis desencadenó una fuerte destrucción de empleo, mientras que el sistema bancario se reestructuraba, concentraba y reformulaba, contando con sustanciales rescates para reestablecer su solvencia. También el Banco Central Europeo profundizaba su política monetaria ultraexpansiva de privilegio a la banca privada.
El Mecanismo de Estabilidad Financiera sustituyó al FEFE en 2012, proporcionando entre entonces y 2018 un total de 109,5 mil millones, a Grecia, España y Chipre, para que pudieran hacer frente a su crisis bancaria, imponiendo una condicionalidad que supuso un fortísimo ajuste estructural en sus políticas públicas y mercado de trabajo.
El Mecanismo de Estabilidad es un fuerte instrumento financiero que cuenta con 704,8 mil millones de capital suscrito, con una capacidad de préstamo máximo de 500 mil millones de euros, y ahora actualmente de 410 mil millones. Su potente capacidad tanto de préstamo como de condicionamiento de la soberanía económica y la orientación de la política económica es indudable, como se constatará durante décadas en países emblemáticos de la UE.
Hasta la fecha ha funcionado fuera del marco legal de la UE. Ante una previsible nueva crisis bancaria y financiera, cuyos posibles epicentros pueden estallar en Italia y Alemania, la UE ha ideado un conjunto de reformas económicas, menos ambiciosas que los federalistas neoliberales deseaban, pero con un corte ordoliberal indudable.
El popularizado Presupuesto para la Eurozona, antes Mecanismo de Estabilidad Financiera, al que se le deseaba pomposamente denominar Fondo Monetario Europeo, quizá no alcance el lustre pretendido. Sin embargo, los grandes países del Euro pueden lograr su propósito de sostener un gobierno bajo los principios de la Troika, y el Fondo Monetario Internacional a la cabeza, con el poder decisorio de quien paga manda, y una garantía para afianzar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en los países en crisis, como medida de disciplina. Asimismo, este Fondo Monetario Europeo, o Mecanismo de Estabilidad reformado, consolidará su vocación de respaldo ante crisis bancarias, con el mismo contenido acostumbrado: los préstamos los devuelven los Estados, aplicando políticas que austeridad social, aumento de impuestos regresivos, y generosidad con los bancos, que se cargan a las mayorías productivas.

Sin embargo, salvo menciones que aluden a sempiternos procesos bloqueados, no consigue avanzar en un sistema de garantía de depósitos que proteja a los pequeños ahorradores. Ahí funciona aquello de que cada palo aguante su vela. No habrá mecanismos de amortiguación automáticos, ni estabilizadores antícíclicos, ni transferencias redistributivas interiores. En cambio, los diferentes mecanismos de reforma económica, entre los que está el Fondo Monetario Europeo, el Fondo de Estabilización de las Inversiones, InvestEU o el Programa de Apoyo a las Reformas admitirá transferencias de fondos de cohesión y de otras fuentes para reforzar estos mecanismos.
En nuestra opinión, esto no da respuesta a las necesidades de las clases trabajadoras y populares. No afronta los problemas de la crisis económica que puede volver a extenderse ante el ascenso del peso de la deuda privada, y también ahora pública, debido a las políticas de conversión de la deuda privada en pública, y responde a una presumible crisis bancaria con fórmulas de disciplina. Primero a la ciudadanía, con memorandos de entendimiento que atarán de pies y manos y gobierno y sacrificarán a la mayoría. Segundo, empujando a los países fuera de la zona euro a acatar la moneda única, sin corregir la nefasta arquitectura sobre la que se levanta.
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Sin Permiso

La política y los discursos se quedan en nada si no se materializan en prácticas y recursos con un sentido concreto.

El Marco Financiero Plurianual de la UE nos recuerda, con frialdad, el lado material de la política. En él, se retrata la vocación práctica de la UE en su política concreta, al encuadrar, delimitar en volumen y transferencias internas los capítulos presupuestarios a medio plazo. No se trata, como suele presentarse, de un ejercicio de planificación presupuestaria para siete años, sino precisamente lo contrario: un corsé para limitar la acción política de la Unión, cuanto menos en lo que concierne a las políticas prácticas.

La Unión Europea es, en resumidas cuentas y, sobre todo, un espacio de concertación y de legitimación de las políticas de las clases dirigentes europeas. Unas políticas que sobre todo se aplican a nivel nacional, y la Unión establece el paraguas para facilitar la implantación de políticas neoliberales.

Como decimos, el Marco Financiero Plurianual impone al menos dos techos a la expansión de los presupuestos europeos, y lo hace para un plazo de 7 años, nada menos.

El primer techo es el de los recursos propios con los que se dota de medios la Unión. El endeudamiento no está contemplado.

El segundo, son precisamente los techos de gasto que se establecen para el conjunto de los presupuestos anuales y para cada gran encabezado presupuestario.

Aunque, hay otros muros que son mucho más importantes: Unos tratados europeos que blindan la naturaleza neoliberal de la Unión; un Consejo que debe decidir por unanimidad cualquier modificación y que está liderado y bloqueado sistemáticamente por los grandes países; y un marco institucional y una arquitectura económica que sólo está al servicio de las grandes corporaciones transnacionales y en especial de la industria energética y financiera.

Nuestra acción política debe mostrar las contradicciones del proyecto europeo. Y cabe hacer dos cosas, sabiendo que a esta UE sólo se la puede cambiar fuera de los cauces que sus instituciones establecen: o refugiarnos en el Estado Nación, o, si somos internacionalistas, reivindicar Otra Europa. Lo primero no permite afrontar la violencia del capitalismo global, pues el Estado-Nación tiene herramientas limitadas por sí solo. Lo segundo, es al menos un ejercicio pedagógico, y que, sin duda no nos van a regalar si queremos construirlo. Cuando la gente vea que lo socialmente justo y razonable no cabe en sus instituciones, ensancharemos la legitimidad para que, sin abandonar nuestras aspiraciones de internacionalismo solidario, podamos construir proyectos alternativos. Posiblemente a pesar y seguramente teniendo en contra a esta UE, a sabiendas de que la Unión Europea es el principal enemigo de las clases populares europeas, y no sólo las europeas. Un proyecto que habrá de constituirse necesariamente con otras instituciones, y con el soporte de pueblos soberanos, coincidan o no con el club actual de Estados Miembros; con marcos democráticos reales en el que los parlamentos cuenten con primacía; con una arquitectura económica favorable a la convergencia socioeconómica real, y con políticas económicas socialmente progresistas y ecológicamente sostenibles.

El todavía en vigor MFP 2014-2020 ya supuso un primer recorte respecto a MFP anteriores. El techo se estableció en el 1% de la Renta Nacional Bruta Europea.

Ahora la Comisión plantea un crecimiento hasta el 1,08% de la RNB (un 1,11% si incluimos el Fondo de Desarrollo Europeo). Y el Parlamento propone un ascenso tímido hasta apenas el 1,3% de la RNB, para el MFP 2021-2027. El Consejo es aún más terco y pretende contenerlo aún más. Como señal, las tensiones vividas con la negociación del presupuesto para 2019, en el que reclama fuertes recortes en el programa Horizon 2020, cuyo principal beneficiario es el Reino Unido, y con pretensiones de reducir el presupuesto europeo al 0,8% de la RNB de la UE. Posiblemente, para marcar la pauta en las actuales negociaciones para el próximo MFP.

En términos de peso macroeconómico todas estas propuestas son sencillamente ridículas. Informes poco sospechosos de progresistas, como el que redactaron Werner o McDougal en los años 70, ya indicaban que una economía de mercado sin al menos un peso compensatorio de un sector público, con políticas redistributivas, que alcance al menos un peso del 7% del PIB, sólo puede conducir a agudizar las desigualdades y divergencias. Esta tendencia no puede más que intensificarse, con la arquitectura económica que soporta la moneda única desde comienzos de milenio, que entraña un mecanismo de transferencia de las crisis económicas del centro a las periferias y un esquema que favorece a los países superavitarios, como es el caso de Alemania.

Las grandes líneas para el nuevo marco presupuestario nos resultan no sólo austeritarias, sino también reaccionarias, más allá que algunas medidas que crecen sean, dentro de un peso en el peso global menor, fáciles de vender. El Parlamento ha definido su posición, y defenderá medidas que no tienen objeción: en materia de investigación e innovación, la Garantía infantil, COSME, LIFE+, la iniciativa juvenil de empleo o Erasmus+, que, como decimos, representan un porcentaje menor dentro de la estructura de los presupuestos europeos. Decimos que va a tener una impronta reaccionaria porque el Consejo apela a una reducción brutal de la política de Cohesión y la Política Agraria Común; la Comisión también apuesta por reducir sustancialmente la PAC en un 16%, coincidiendo con el Consejo; pero también el Parlamento coincide con ellas, en fortalecer la política de control de fronteras, de control de los flujos migratorios o de defensa, proponiendo un crecimiento enorme en estas líneas.

A este respecto, tenemos que hacer mención que la PAC representa a día de hoy en torno al 39% de los presupuestos europeos. Aunque necesita reforma en su distribución -que se concentra en grandes terratenientes y debiera llegar al pequeño productor, así como potenciar la agricultura de proximidad ecológica-, parece que de lo que se trata, para las instituciones europeas, es simplemente de quitarle recursos para llevarlos a sus nuevas prioridades.  Las políticas que también tienen un propósito de cohesión podrían ascender hasta un 34% del total. Se está produciendo una ola conservadora para ir condicionando la provisión de fondos sociales al cumplimiento de políticas de ajuste, y el trasvase lento de parte de estos fondos para financiar nuevas políticas de financiación de la inversión que ahora se están discutiendo que vendrían acompañadas de una condicionalidad austeritaria si se solicitan en caso de crisis. Es con estos fondos, especialmente recortando en la PAC, con los que se plantea una nueva adaptación austeritaria, esto es, autoritaria y neoliberal del presupuesto de la Unión Europea, y por tanto de su política económica concreta.

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Público.es

Desde la creación de las Comunidades Europeas, el presupuesto gestionado desde Bruselas ha representado una pequeña parte del Producto Interior bruto (PIB) comunitario, alrededor del 1% de esa magnitud. Las brechas heredadas de un proceso de integración europea y de una unión monetaria atravesados de importantes asimetrías y una gestión de la crisis que las ha acentuado requería, entre otras cosas, un diseño presupuestario más ambicioso. Pero los responsables comunitarios han permanecido instalados –o, mejor dicho, atrincherados-, en la lógica austeritaria, que exigen a los estados del sur y se autoimponen (no así a los grandes bancos y las grandes fortunas). La reciente aprobación del presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, aunque supone un ligero aumento en la dotación de recursos, que alcanzará el 1,11 de la Renta Nacional Bruta de la UE, se mantiene en la lógica del papel subordinado y periférico de la política presupuestaria en el entramado institucional comunitario.

Además, el nuevo presupuesto, pero, sobre todo, el nuevo Marco Financiero Plurianual que ya se está perfilando, se orientan drásticamente, con el pretexto del Brexit, hacia un recorte sustancial en la política agraria común (que necesita una reforma importante, pero no un recorte) y la política de cohesión social, a favor de políticas favorables a la militarización de la UE, la securitización interna de la UE y el control de fronteras exteriores. Una política para una Europa fortaleza que, también, con su política de inversión exterior, convertirá a los países colindantes en auténticos fosos, o guardianas de fronteras, para establecer una barrera a la llegada de personas refugiadas e inmigrantes.

La ciudadanía europea y la construcción de Otra Europa precisan de una visión muy distinta de la representada por las élites. Esta visión nueva, tiene que reivindicar, frente al mercado, el papel de lo público, revestido de legitimidad democrática, como elemento vertebrador de las políticas redistributivas, que no sirva a los intereses privados, sino a los de la mayoría social.

Con estos mimbres, en nuestra opinión, la dotación del presupuesto comunitario debería tener como uno de sus objetivos prioritarios contribuir a la corrección de las disparidades productivas que atraviesan la construcción europea, en una lógica cooperativa y complementaria, de convergencia real.

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Viento Sur

Antes de sugerir una serie de medidas, es preciso abordar una tarea preliminar que consista en esbozar una hoja de ruta estratégica, de cara a darles un sentido político emancipatorio. Esta contribución está redactada desde el ángulo de una crítica de la economía política, abordada para un marco internacional. Definir lo que se necesita hacer a nivel nacional y a nivel supranacional, y cómo lograr estos dos niveles de acción política es crucial para ese propósito emancipador.

1. La economía política de la Europa del capital

Nuestro enfoque parte del supuesto de que la UE es una institución intergubernamental bastante particular. La UE es una alianza jerárquica de Estados Nación que ha creado el marco institucional de un mercado único que promueve implacablemente el neoliberalismo. Las instituciones de la UE organizan los puntos clave de la agenda política de sus Estados miembros, aunque las principales competencias son gestionadas por aquellos. El marco de la UE se basa en el blindaje de los Tratados de la UE, cuya legislación central resulta imposible de cambiar en la práctica (unanimidad o normas de mayorías calificadas). Los Tratados de la UE establecen una arquitectura económica determinada, y un conjunto de acuerdos y pactos políticos que definen los límites de la economía política de los gobiernos, en lo que denomina como gobernanza económica. En suma, este marco de la UE se lleva a cabo en el contexto de un neoliberalismo predominante, aplicado de manera asimétrica por un club de Estados, muy comprometido con la construcción de un mercado único europeo o, en otras palabras, una Europa del capital.

En cuanto a la arquitectura económica de la Eurozona, esta funciona con la moneda única, el Euro, respaldada y orientada por el Banco Central Europeo. Este banco central es bastante especial y, con certeza, ni neutral ni realmente independiente de los intereses del capital transnacional europeo. El BCE establece una política monetaria expansiva singular diseñada para proporcionar un conjunto de ventajas a las grandes empresas privadas, más particularmente, al sistema bancario privado y las corporaciones transnacionales. Esto se hace a través de su política monetaria, de hecho, aplicando tasas reales negativas, mediante la exclusividad del suministro de crédito para el sector bancario privado y las compras de activos privados que tienen lugar con la política de Flexibilización Cuantitativa. Un área económica así, sin mecanismos de compensación, desencadena una divergencia sistemática entre los países con superávit externo y aquellos con economías deficitarias, debido a una división internacional jerárquica de la producción y niveles de productividad diferentes, fruto precisamente de esa división. Una economía de mercado capitalistas sin unión fiscal progresiva, sin ni siquiera regímenes tributarios cooperativos, ni armonización fiscal que incluya tasas mínimas efectivas en impuestos sobre el capital en toda el área, se vuelve incapaz de corregir esta tendencia. En ausencia de políticas industriales con el fin de establecer un área económica complementaria y cooperativa, una arquitectura económica así acentúa la desigualdad entre centros y periferias. Esta arquitectura económica lastra las perspectivas de los países y regiones periféricas y fundamenta las ventajas para el capital en exigir crecientes esfuerzos a la fuerza de trabajo, así como el deterioro de los derechos sociales y los servicios públicos. Como está prohibido el control del movimiento de capitales, y la modificación del tipo de cambio de las monedas no es posible, la presión competitiva del mercado allana el camino a una devaluación fiscal y salarial constante. Si todas estas políticas no son suficientes, el Tratado de Maastricht, el Pacto de Crecimiento y Estabilidad y los acuerdos heredados a partir de aquel, o las reformas económicas previstas en el Informe de los Cinco Presidentes, se encargan de impedir cualquier tipo de reforma fiscal progresiva y expansiva, cualquier política salarial a favor del trabajo y, en consecuencia, conduce a limitar el gasto público y la inversión, como fórmula de contención del déficit público.

Esta arquitectura establece una camisa de fuerza que impide cualquier cambio progresivo que pueda poner en peligro los principales pilares económicos de la Unión Europea: el libre movimiento del capital y de mercancías en un mercado único. Los Tratados de la UE, por naturaleza, solo permiten cambios significativos en los capítulos económicos centrales si existe unanimidad política entre todos los Estados miembros. En la práctica, las grandes líneas de la gobernanza económica se pergeña en el Eurogrupo, bajo la dirección de los países centrales -principalmente los gobiernos de Alemania y Francia, y una coalición de países satélites variable a su alrededor-, concertada en el Consejo Europeo, definida y ejecutada por la Comisión Europea y avalada por el Parlamento Europeo con escasa oposición, si bien útil para dar a su proceso de toma de decisiones una aparente legitimidad. Vale decir, un marco ideal de democracia liberal para las élites.

La Unión Europea, para garantizar su gobernanza y las reformas estructurales derivadas, así como los principios de consolidación fiscal y estabilidad financiera, aplica mecanismos que supervisan la política fiscal, la evolución salarial y el nivel de déficit público. Un propósito de esto es que se aseguren las condiciones de pago de la deuda pública a los acreedores. Otros objetivos y políticas procuran proporcionar ventajas competitivas a las grandes corporaciones, con el fin de recuperar su tasa de beneficio, en contra de las condiciones laborales, los servicios públicos y los derechos sociales. El aumento de los problemas de insolvencia del sector financiero privado durante la última recesión, y la inminente que está por venir, ha sido respondida con el establecimiento de potentes instrumentos financieros, como lo es, por ejemplo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Este gran instrumento financiero, entre otros existentes, proporciona líneas de crédito a los sectores públicos nacionales para rescatar el balance de los bancos privados en riesgo. El sector público y los contribuyentes son responsables de pagar en última instancia. Lo que significa que la política económica de los Estados miembros con riesgo financiero y desequilibrios de balanza de pagos deben adaptarse a este objetivo. El Fondo Monetario Europeo podría convertirse en un mecanismo de gobernanza económica para conseguirlo, dentro de los Tratados de la Unión Europea, bajo el control directo del Presidente del Eurogrupo. El Mecanismo Único de Supervisión (MUS) prevé que los bancos en crisis apliquen un ajuste interno antes de ser rescatados, lo que afectará primero al sistema bancario periférico. Pero también este fondo habrá de cubrir a los bancos demasiado grandes para caer, con lo que en última instancia el dinero público se pondrá en juego.

Las experiencias griegas y chipriotas comportan los casos más extremos de intervención realizada por las instituciones económicas y monetarias de la UE, y que consistió en ajustar los desequilibrios macroeconómicos y la economía política de dichos países a este marco macroeconómico neoliberal. Realizaron una intervención financiera en la práctica equivalente a un golpe de Estado, para restringir la soberanía de su política económica. De todos modos, el conjunto de Estados Miembros perjudicados seriamente por esta arquitectura económica, tanto en la periferia sur como en la oriental, es bastante amplio. La intervención también se realizó en Irlanda, España y Portugal en el período de recesión, causando un gran impacto en la regulación laboral y el régimen fiscal, implementando un fuerte conjunto de medidas directas o indirectas de privatización, o recortes severos en los servicios públicos y los derechos sociales. Mientras tanto, los nuevos países del Este que acceden a la UE o están dispuestos a hacerlo en la Eurozona están sujetos a un conjunto de reformas políticas de austeridad más estrictas que las concebidas en el Tratado de Maastricht.

Esto no implica que los Estados miembros no hayan tenido margen de maniobra. Los países centrales, como ha sucedido muchas veces con Alemania o Francia, a menudo no cumplen los principios que deberían obligarlos en relación al nivel de deuda pública de déficit público admitidos, por ejemplo. Estas infracciones no impiden que ejerzan presión sobre aquellos Estados miembros económicamente menos fuertes o más dependientes, garantizando que se tomen medidas de austeridad en la periferia del mercado único. Algunos países son capaces de desobedecer principios relevantes de la Unión Europea, como sucede con Hungría o Polonia, por ejemplo, en el campo de las políticas de refugiados o de derechos humanos. Algún otro país, como sucedió recientemente con Portugal, ha llevado a cabo un tipo de economía política que no profundiza la política de austeridad, y ha sido tolerada por la Comisión Europea debido a la inestabilidad política, también favorecida por un ciclo económico estable y la presión de la izquierda portuguesa. Desde este punto de vista, otro caso extremo sería el Reino Unido, que decidió salir de la UE, aunque es preciso mencionar que no se le puede considerar como un país periférico en modo alguno.

Sin embargo, los problemas estructurales del Sistema del Euro, como ha sido definido por Michel Husson (moneda única, política del BCE y pactos de austeridad), simplemente continúan, o se han incrementado. Estos problemas se acentúan, y desencadenarán nuevos desafíos en caso de una nueva recesión, que podría presentarse más pronto que tarde. El nivel de la deuda privada, con excepción de algunos países, se ha elevado, a pesar de la firme política de convertir la deuda privada en deuda pública a través de políticas fiscales y de gasto, mediante medidas de rescate o ayudas financieras y subvenciones al sector privado, o incluso con un política monetaria expansiva a favor de los bancos privados. Un marco de bajas tasas de beneficio en el contexto de una nueva recesión combinada con una tendencia de mayor tasa de interés, una crisis financiera y una crisis energética desencadenarían nuevos conflictos sociales y políticos. La arquitectura política de la UE jugará un papel clave a favor de las élites y en contra del trabajo de todos los países europeos

Las perspectivas para los países periféricos, donde el conflicto político y económico se mostrará primero y que posiblemente se dará nuevamente bajo la forma de una UE que perseguirá disciplinar ante cualquier cambio de orientación, como ya se ha producido anteriormente, son dos:

a) Atenerse a esta hoja de ruta macroeconómica austeritaria y verse obligada por intervenciones externas financieras y económicas, como ocurrió en Grecia y Chipre. El BCE ha desempeñado esta función hasta el momento, el Fondo Monetario Europeo podría hacerlo en el futuro.

b) Desobedecer los Tratados de la UE y poner en marcha otra economía política a nivel nacional. Estas políticas económicas no deberían formar parte de una política de refugio nacional, sino que deberían proteger un paquete de medidas alternativo con la vocación de ser concertadas, ampliadas y compartidas a través de otras regiones y países de manera cooperativa y democrática. Implica abrirse a alianzas solidarias y cooperativas para avanzar hacia una construcción paciente de una nueva área socioeconómica y política internacionalista, involucrada con la democracia, la solidaridad y la soberanía popular. Primero, a través de acuerdos financieros, comerciales y de inversión común justos. Más tarde, estableciendo un cauce para que las fuerzas económicas se muevan hacia objetivos comunes, lograr una política de convergencia real y una economía cooperativa y complementaria para sus miembros y abierta a quien desee sumarse colaborando. Para extender esta nueva perspectiva, parece imprescindible trabajar políticamente junto con las clases populares y trabajadoras de todos los países, antes, durante y después de que el conflicto llegue.

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Este artículo ha sido publicado en el nº157 de la Revista Viento Sur

1. Introducción y objetivos

El propósito de este documento consiste en brindar elementos ordenados de reflexión para determinar el alcance, oportunidad y utilidad de que un gobierno pueda poner en circulación una moneda y sistemas de pago alternativos. 
El contexto de este debate se ajusta a la situación de un territorio donde una moneda circula sin que una autoridad monetaria del país controle los mecanismos de política monetaria sobre la misma. Está pensada para el caso de la moneda única europea. Reflexionamos sobre algunos de los desafíos de un gobierno que se formase con la aspiración de emancipar a su pueblo, lo que supone avanzar en la soberanía popular, desarrollar una política económica solidaria -que chocará con la arquitectura económica de la UE- en clara referencia a las clases trabajadoras, y que quiera adoptar una perspectiva internacionalista.
El control de la circulación de una moneda en un país, sea extranjera o supranacional, supone una herramienta de determinación financiera y económica de gran alcance, puesto que presupone el control de la política monetaria, definiendo la emisión de la moneda, la provisión de crédito desde el Banco Central, la operativa de compra venta de bonos en los mercados, y la aplicación de tipos de interés o formación de los tipos de cambio. Esa influencia determina una gran parte de las condiciones macroeconómicas del país, las condiciones de liquidez, y la capacidad de financiación. A este respecto, el BCE cuenta con un poder enorme sobre los países de la eurozona y sobre los que circula el Euro. Esta experiencia ni es la primera ni será la última. Así sucede con el Dólar estadounidense, la Libra esterlina, el Rublo o el Franco Suizo en países que no emiten moneda propia sino que se sujetan y toman estas divisas como moneda de curso legal en su país.En otros documentos anteriores fundamentamos cuestiones del papel del dinero y su valor (Albarracín y Garí, 2017), y algunas implicaciones en materia monetaria, que serán publicados próximamente. Aquí nos ceñimos a una cuestión más delimitada. En este contexto de ausencia de soberanía monetaria, y políticas e instituciones que producen un deterioro comparativo para los territorios subalternos -deficitarios-, y en el contexto de nuevas formas de dinero y sistemas de pago, por el desarrollo de la tecnología, ¿en qué condiciones y hasta qué punto merece la pena considerar la circulación de monedas complementarias?.
Para responder a esta pregunta nos encontramos con varias perspectivas y horizontes. La primera tan sólo se preocupa de los objetivos de facilitar liquidez y transacciones en mercados de segundo orden, normalmente a escala local para actividades de proximidad. Las experiencias de este tipo han tenido resultados desiguales, en no pocas veces relativamente funcionales, si bien en general de corto alcance y en otras ocasiones sin conseguir aceptación. La segunda, la que trata de explorar la posibilidad de emplear monedas complementarias tanto como una fórmula de desarrollo endógeno, como de recuperación de soberanía o, incluso, como mecanismo monetario preventivo o alternativo en caso de restricción monetaria o crediticia externa.

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El Salto

Detrás de las grandes decisiones políticas está la necesidad de dotarlas de recursos suficientes para ponerlas en marcha. Estos meses el Consejo Europeo dirime dos decisiones cruciales para la Unión Europea: cuál será la nueva estructura de ingresos de su presupuesto y el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que delimita los presupuestos para los siete años posteriores a 2020. Todo ello definirá la estructura material de la UE. En resumidas cuentas, pierde gran parte del sentido hablar del presupuesto anual de la UE (su política de gasto) si previamente no se trata la cuestión de los recursos propios (los ingresos de la Unión) y el MFP que lo delimitará.

En esta última década, la UE se ha visto sacudida por grandes retos a los que no ha dado la respuesta correcta ni suficiente, como la crisis económica o la gestión de los flujos migratorios. Demasiados problemas para que su presupuesto siga suponiendo aproximadamente un 1% del PIB europeo.

El sistema de ingresos de la Unión ha quedado obsoleto. Como ya se apuntaba en su día, tanto en 1970 en el Informe Werner como en 1977 en el Informe McDougall, la Unión necesita aumentar mucho más sus recursos para poder compensar las divergencias en las balanzas externas que causa el mercado único. Para poder hacer frente a esto es preciso alcanzar el 4% del PIB europeo como transición hasta alcanzar el 8%. Todo ello sin dejar de establecer mecanismos compensadores —por ejemplo, los países en superávit han de elevar sus salarios, y los deficitarios recibir apoyo para potenciar su inversión pública—. Frente a esto, la propuesta de aumento que plantean las instituciones es escasa: se queda en apenas el 1,3%.

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Otra mirada social y económica es posible

Introducción

Ciertamente estamos ante uno de los debates decisivos para la UE, que no es otro que la definición de la estructura material y de recursos de la que se dotará el proyecto europeo. Resulta una paradoja o, más bien, una fuente de frustración que el Parlamento, del que se dice tiene competencias para influir, aunque sea a rebufo de Comisión y Consejo, en la definición del presupuesto de la Unión, no pueda más que lanzar palabras al viento en lo que refiere a los capítulos sobre las fuentes de ingresos de la Unión y sobre el marco financiero que orienta y limita las finanzas europeas, sin olvidarnos de otros tantos recursos que se perfilan a escala intergubernamental fuera del control efectivo de esta cámara.

Son los gobiernos, en el Consejo, los que adoptan el criterio -en este caso mayoría cualificada-, con la aprobación del Parlamento, y dada la regla de decisión, eso supone una superposición de bloqueos que paralizan a Europa. Un bloqueo sistemático en el cambio de los fundamentos de la UE que sólo invita a pensar que lo ya definido resulta el camino a seguir: un camino que hace la UE un espacio de legitimación de las políticas austeritarias, apelando a mitos fundadores sistemáticamente ignorados a la hora de la práctica, de apoyo a las grandes empresas transnacionales, a la gran banca privada, los terratenientes, y que, si acaso, a lo máximo que nos permite aspirar es a racionalizar algunos recursos comunes que brindan ventajas a aquellos que se mueven en el mercado interior de la UE.

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Otra mirada social y económica es posible (Contribución a ReCommons Europe)

Papel y contexto de la creciente influencia de la banca privada.

El sistema financiero lidera los diferentes segmentos del capital que, en suma, son los que se apropian del excedente obtenido al mundo del trabajo en la producción. El capital financiero, industrial -y sus diferentes fracciones- y comercial se apropian, compitiendo, el beneficio extraído mediante la explotación. Estas fracciones cooperan, compiten y se entrelazan entre sí, haciendo que accionariado, acreedores y gerentes tengan intereses cruzados en empresas de diferentes sectores. Teniendo presente este hecho estructural propio del capitalismo moderno, las finanzas desempeñan un papel singular, al haber exacerbado su influencia económica, tanto en el marco de la propiedad, del crédito, de la creación de dinero, como de la determinación final de los tipos de beneficio efectivos sobre los que se guía la inversión y que marcan el ciclo. Así, siguiendo a Shaikh, los tipos de beneficio que siguen las empresas son la resultante de la tasa de rentabilidad a la que se resta los costes financieros. 

El sistema bancario cambió, especialmente desde los años 80, a través de medidas de desregulación y liberalización bancaria, y profundizadas desde los años 90, han ampliado el margen de riesgo de la banca, desarrollando sin cortapisas su negocio de provisión de crédito con criterios nada prudentes, y que han debilitado sensiblemente sus balances.

Le sigue a este periodo, en los 90, la apertura a la titularización de activos en los mercados financieros, han dado un margen de maniobra inaudito tanto la creación de dinero bancario, mediante el negocio de la deuda, como de apropiación y rentabilización, arriesgada, de activos hasta la fecha fuera del alcance de los grandes inversores.

Las políticas monetarias de los bancos centrales, en la UE con el BCE,  y sus medidas para determinar tipos de interés reales nulos, o nominales nulos, en los últimos años, han venido estrechando el margen bancario en su negocio. Ahora bien, este hecho se ha compensado mediante el desarrollo de nuevos privilegios y asistencias al sistema financiero privado. La prohibición de financiar al sector público que tiene el BCE, permite otorgar en exclusiva crédito, a un precio regalado, o la compra bonos al sistema financiero privado -quantitative easing-, a la banca privada. Esta política facilita un diferencial de tipo de interés cuando el sector privado financia al público, que toma el tipo de interés que propone el sistema bancario privado. La concentración y el poder acumulado por la gran banca les permiten fijar en régimen de oligopoliopara este precio, con un tipo de interés por encima de lo correspondiente a una lógica de mercado.

La galaxia de grupos de empresa y empresas-red más rentables de la industria española están colonizadas por el interés de la gran banca privada que juega un papel decisivo en tanto que accionariado o acreedor. Aunque debe recordarse, como dijimos, que otros sectores, como el energético, también cruza propiedad con frecuencia con la banca. La gran banca privada, posiblemente junto con la industria energética, son los dos sectores de mayor poder económico en España.

Si todo esto no fuera poco, hemos asistido a una política de rescate de bancos en dificultades que se cargó al erario público. Para financiarlo, se han orquestado políticas europeas, a través del Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEDE), para facilitar crédito para estas operaciones, y que se prevé se conformará en nuevo Fondo Monetario Europeo.

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Viento Sur

La Unión Europea, tras varias conmociones económicas, geopolíticas e institucionales serias, cuyas consecuencias no se han cerrado, y tras un periodo de bloqueo y parálisis, puede estar pasando a una nueva fase de revisión de su modelo de gobernanza económica. La parálisis institucional de la UE podría estar desbloqueándose, limitadamente, en el capítulo referido a la capacidad financiera de las instituciones europeas, tras despejarse algunas incógnitas para lo que puede ser un Brexit blando y con la previsible formación de un gobierno conservador-SPD en Alemania.

La formación de gobiernos de extremo centro (Alí, Tariq; 2015), que representan, con nuevas formaciones o coaliciones, el núcleo compartido de la orientación política por los partidos neoliberales y socialiberales que han venido sustentando los regímenes políticos europeos de los últimos treinta años, en un escenario de amortiguación temporal de la crisis económica, podría conducir a la modificación de la arquitectura económica e institucional existente. Esta podría reorientar, entre otros capítulos de la gobernanza económica, los recursos de la Unión Europea, que hoy por hoy son exiguos en comparación con los que disponen los Estados miembros, irrisorios para cualquier política fiscal significativa, y que está, por ejemplo, muy por debajo del ya modesto, en términos relativos, presupuesto público de los EE UU, hacia una política más consistente en cuanto a la capacidad de exigir medidas de ajuste estructural. En aras de afianzar las políticas de disciplina fiscal, se promoverían medios –en cualquier caso, reducidos- para la estabilización del sistema financiero que pudiesen paliar una venidera crisis bancaria. Se redirigirían viejos programas de inversión, estructurales y sociales haciendo posible una limitada actuación anticíclica en países que sufran crisis, siempre y cuando hayan acatado las reformas neoliberales en su estructura económica, presupuestaria y de gasto.

Se ha producido un debate entre las élites europeas, circunscrito a la dimensión institucional, sobre las causas de la endeble estructura y dinámica económica, que ha acompañado algunas discusiones políticas existenciales del proyecto de la UE. Mientras que la agenda neoliberal, en sus diferentes formatos, achaca la crisis a la indisciplina presupuestaria y la ausencia de reformas estructurales en países menos competitivos, hay otros que atribuyen los problemas a la crisis de inversión, la hipertrofia financiera, o la desigualdad. Independientemente del diagnóstico o la perspectiva, todos partían de que una nueva crisis financiera puede poner en tela de juicio la Eurozona, y una crisis bancaria podría desencadenar una nueva y más profunda recesión. Los que son favorables a la arquitectura vigente del Sistema Euro (Husson, M.; 2012), tanto los neoliberales del extremo centro como los ordoliberales alemanes, toman la iniciativa para tratar de consolidarla, para que la UE no se desarticule y siga sirviendo a las oligarquías financieras y las corporaciones transnacionales europeas.

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ctxt.es

Es moneda común referirse a la crisis económica como un episodio que se está superando o que, incluso, ha pasado a la historia. Este planteamiento autocomplaciente lo encontramos en los dirigentes del Partido Popular, en la mayor parte de los gobiernos europeos y en los responsables de las instituciones comunitarias. Y, por supuesto, inunda hasta la saciedad los medios de comunicación.

Para respaldarlo, se presentan indicadores como el crecimiento del Producto Interior Bruto, la reducción del déficit público o la creación de empleo; sin el menor rubor, se ocultan o se distorsionan otros, que apuntan justamente en la dirección contraria, como el aumento de la desigualdad, la creciente precarización de las relaciones laborales, la progresión de la desigualdad, la debilidad del sector bancario o el alza de la deuda pública.

En estas líneas, siquiera de manera somera, queremos entrar en este debate, poniendo sobre la mesa un asunto que la mayor parte de los análisis omiten y que, sin embargo, es clave para entender dónde estamos y qué desafíos nos esperan: la localización espacial de la industria manufacturera.

Hay escasa información al respecto (las estadísticas son incompletas y manifiestamente insuficientes), pero la disponible nos habla de una tendencia a la concentración de la producción manufacturera en pocos países, en un contexto donde las empresas transnacionales redespliegan las cadenas globales de creación de valor; reservando para los países y regiones dominantes aquellas actividades –productivas, comerciales y financieras– de mayor contenido estratégico, mientras que las periferias reciben las de menor complejidad y contenido tecnológico. Los gráficos siguientes ilustran ese proceso concentrador (valores al alza indican un aumento del mismo), que ha estado presente desde la creación del euro y que ha seguido su curso durante los años de crisis (con la excepción del estallido del crack financiero).

(*) Valor añadido bruto a precios corrientes.

(*) Informática, electrónica y productos ópticos, equipamiento eléctrico, maquinaria y equipos

(**) Valor añadido bruto al coste de los factores

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

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Otra Mirada Social y Económica Es Posible

La tasa de actividad no es más que un indicador estadístico que nos pone en relación la parte de la población que está empleada o busca empleo activamente en relación a la población en edad laboral. La evolución de este indicador ha estado sujeta no sólo a vaivenes propios de las relaciones laborales o la demografía, sino también a su sistema de cálculo.

Anteriormente el denominador se calculaba como la población de entre 16 y 65 años, pero esto se amplió a toda la población mayor de 16 años, pues no hay restricciones legales a que un anciano trabaje. También el criterio de contabilidad de las personas activas se ha modificado, en tanto que la actividad está sujeta a criterios de búsqueda de empleo que sean reconocibles y registrables, y que se han movido en el tiempo (presencia en los servicios públicos de empleo, presentación formal de ofertas de trabajo, etcétera).

Un fenómeno habitual de periodos de alto paro ha sido el conocido como “desánimo”. Esto es, personas que dejaban de realizar una búsqueda por los cauces reconocibles o que sencillamente abandonaban temporalmente su búsqueda. Las razones pueden ser múltiples. Desde el acenso de las vías informales de empleo, la ausencia de prácticas de registro de la búsqueda de empleo, hasta el propio cálculo de la persona que opta por realizar otras tareas, como puede ser la formación o el cuidado de otras personas, en tanto que la oferta de empleo no brinda las condiciones suficientes que compensen. A este respecto, cabría añadir nuevos fenómenos, como podría ser la extensión de un tipo de empleo mal pagado, inestable o a tiempo parcial, que haga que una parte de la población valore más su actividad en tareas reproductivas sin remunerar que proseguir su trabajo en el ámbito del empleo remunerado.

En lo que sigue nos vamos a limitar al examen de las estadísticas que ofrece el INE en la Encuesta de Población Activa, para sacar conclusiones. Nos limitaremos al periodo 2007-2017, tomando datos del II Trimestre. En balance la población con más de 16 años creció en dicho periodo, aunque tuvo un pico en 2015 y luego el indicador empezó a descender. La evolución de este indicador puede estar sujeto a un doble fenómeno. Primero el aumento de la población con más de 16 años, que seguramente va engrosando la población más anciana, dada la tendencia al envejecimiento en este periodo y que proseguirá hasta que la generación nacida en los años 70, el baby-boom, desaparezcamos. Segundo, la contratendencia del fenómeno migratorio, en base al cual parte de la población joven, pero también inmigrantes, ha decidido buscar empleo en otro país, o ha retornado a su tierra de origen.

El fenómeno del desánimo, en una sociedad patriarcal, suele repercutir más en las mujeres. Pero debemos pararnos un poco para ver su alcance. En el caso de las mujeres, la tendencia en la población de mayor de 16 años no se ha interrumpido, como en el conjunto, sin embargo la población femenina activa ha seguido la tendencia general de retirarse, ligeramente, desde 2012, de la búsqueda activa de empleo. Esto creo que puede ser explicado mayormente por el efecto envejecimiento. El fenómeno migrante parece que les ha afectado menos a las mujeres, en general, con mayor arraigo en sus comunidades. El efecto desánimo podría explicar muy ligeramente este efecto, pero puede haber influido, sobre todo desde las reformas laborales, con una posible incidencia desde la aplicada en 2012 por el PP.

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Público.es

“La apisonadora del dinero como siempre destruyó lo que durante generaciones al pueblo conmovió Negocios y franquicias se adueñan de tu ilusión demoler viejos estadios y abrir paso a la especulación los aficionados poco valen manda la televisión paso de ser deporte a convertirse en atracción Odio eterno al fútbol moderno!” Odio eterno al futbol moderno. (La F.R.A.C)

Esta estrofa de la Federación de Raperos Atípicos de Cádiz resume muy bien la evolución del mundo del futbol desde finales del siglo XX, y más todavía aún en las casi dos décadas de nuestro siglo. El llamado deporte rey ha desplazado otros motivos de atención, hasta el punto de ser el centro de las inquietudes de cada vez más partes de la población en todo el mundo. La excitación popular en torno a él ha sido extraordinaria, multiplicándose en su día su atracción por la promoción que hacían algunos gobiernos de los éxitos futbolísticos para la exaltación patriótica y/o para la legitimación popular de uno u otro régimen político. En nuestro país es profusamente conocido la utilización de las victorias deportivas por parte del franquismo que convertían el futbol prácticamente en una razón de estado para conquistar el corazón de las clases populares. Sobre la influencia del mundo del futbol en la política es muy recomendable una lectura del libro de Simon Kuper “Futbol contra el enemigo”.

Pero en estos tiempos que corren, el futbol se ha convertido, cada vez más, en un negocio mundial en el que los estados han sido suplantados por fondos de inversión que compran clubes “galácticos“ moviendo cifras astronómicas para obtener, con la excusa de los trofeos y jugadores franquicia, un reconocimiento como marca a escala planetaria. De esta forma, los grandes clubes tratan de acaparar a los astros con todos sus recursos disponibles, quizás el ejemplo más obsceno lo ha representado este verano la política de fichajes del Paris Saint Germain. Aunque nada debería de parecer extraño en un mundo donde la ley de la oferta y la demanda parece gobernarlo todo.

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Poder Popular

Desde la llegada en 2006 de Evo Morales al poder, la sociedad boliviana ha cambiado sustancialmente. Ha desarrollado un modelo de capitalismo andino-amazónico (Toussaint, E; 2008) basado en una mayor intervención estatal. Recuperó para el sector público los hidrocarburos y estatalizó los latifundios. Ha hecho posible una significativa redistribución que ha venido reduciendo sensiblemente los niveles de pobreza. Se ha comprometido por avanzar en el respeto e inclusión de la mayoría indígena, sus costumbres y lenguas. Durante todo este tiempo, a pesar del acoso interno de la burguesía nacional, sobre todo del Este del país, plasmada en conflictos como el territorial de Santa Cruz, en gran parte mitigado, la economía boliviana ha conseguido estabilizarse, sosteniendo un vigoroso crecimiento económico y una significativa redistribución.
Sin embargo, se observan signos de agotamiento del proyecto, dentro de su estabilización, que debieran alertar sobre la necesidad de su renovación.

El Diario Nacional de Bolivia La Razón, informaba que la economía boliviana crece en 2017 al 3,94% del PIB, un crecimiento notable salvo si lo comparamos con el vigor de la actividad de los años anteriores, en la que sólo en 2010 se creció a un ritmo menor. Realmente el ciclo boliviano se va ralentizando, posiblemente fruto de varios factores. El primero, la caída del precio de los hidrocarburos, que sólo recientemente se ha revertido. Pero también por la propia caída de la demanda de gas natural de Brasil. Algo que repercutirá en que la paga extra de Navidad, el segundo “aguinaldo”, no se repartirá este año, como ya sucedió en 2016, al no llegar al 4,5% de crecimiento de la producción exigido.

En años anteriores hemos visto como la economía boliviana se orientaba a facilitar cierto grado de redistribución, con crecimiento de los salarios reales, y una política social que ha mejorado las condiciones de vida de las clases populares.

Bolivia, ha disfrutado de un ciclo económico positivo más largo que otros países comprometidos con el modelo de desarrollo bolivariano. Ha persistido en su dinámica de desplegar una política redistributiva y antioligopólica privada. Sin embargo, apenas ha logrado modificar el modelo productivo nacional.

A este respecto, la economía boliviana sigue siendo dependiente de su explotación, casi monocultivo, de los hidrocarburos y diversas actividades agropecuarias. Mantiene una fuerte dependencia externa de las economías brasileña y argentina. Recientemente está llegado a acuerdos con Brasil para proseguir su venta de gas, y se ponen en marcha megaproyectos de presas (El Bala y Rositas) que amenazan la biodiversidad y pueden causar desplazamientos de población indígena. En suma, toda esta política incrementa su dependencia económica, sujeta a los vaivenes de países del entorno, del precio de los hidrocarburos, y se sustenta en una fuerte agresión a su medio natural.

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ctxt.es

Se ha convertido en un lugar común presentar la economía alemana como un modelo a seguir y un ejemplo de buenos resultados. Los obtenidos en materia laboral y de equidad constituyen, en nuestra opinión, una de las piedras angulares de cualquier balance. El enfoque convencional (y dominante) ha convertido en un lugar común referirse a Alemania, como si las diferencias sociales no existieran o fueran irrelevantes, y como si las condiciones de vida de todos los habitantes que forman parte de ese país mejoraran en mayor o menor medida con la recuperación de la actividad económica.

Se argumenta que la creación de puestos de trabajo ha avanzado a buen ritmo. Y es verdad. El nivel de ocupación en 2016 era un 8% superior al de 2007 y la tasa de empleo, en porcentaje de la población activa, era casi 6 puntos porcentuales superior a ese nivel. Todo ello ha supuesto que la tasa de desempleo se encuentre en niveles históricamente bajos, muy inferiores a los existentes antes de que estallara la crisis: 4,4% en 2016 frente al 8,5% de 2007. Eurostat pronostica que este resultado mejorará en el bienio 2017-2018. En paralelo a la creación de empleo, los estándares salariales también han mejorado; de este modo, la compensación promedio por empleado en términos reales (utilizando el deflactor del índice de precios al consumo) ha crecido entre 2014 y 2016 a tasas próximas al 2%.

Pero vayamos más allá de los grandes datos; pongamos la lupa en el panorama laboral y social alemán.

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Viento Sur

[El artículo "¿Qué se puede hacer con la Unión Europea?" de D. Albarracín y M. Gari en el nº 150 de la revista impresa (http://vientosur.info/IMG/pdf/24._que_hacer_con_la_unio_n_europea_.pdf), suscitó un debate con Juan Carlos Martínez, que a sugerencia de los tres autores reproducimos a continuación.]

Qué se puede hacer, y qué no, con la UE

Juan Carlos Martínez

La mayoría de los españoles se sienten satisfechos de pertenecer a la Unión Europea. Según las encuestas del Eurobarómetro[i], la aprobación de los españoles es superior a la media europea y consideran mayoritariamente que nuestro país se beneficia económicamente de su integración en el Euro y políticamente de sus garantías democráticas. Pero también hay una amplia minoría que consideramos que las políticas actuales de la UE y el mal diseño del sistema euro están provocando el aumento de la desigualdad en y entre los países europeos; la economía es más frágil y la pérdida de soberanía económica induce a soluciones basadas en el empobrecimiento de la población. Ante esto ¿Qué podemos hacer? ¿Sería mejor salirnos de la UE? ¿Es posible? Y, de quedarnos, ¿Podemos cambiar la UE? En este artículo, 1º tras analizar los perjuicios que ocasiona la pertenencia a la UE, 2º se argumenta que no es conveniente ni posible salirnos, 3º que sí es posible defendernos y fortalecer la economía española y 4º que sí es posible cambiar la UE.

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Viento Sur

Otra Mirada Social y Económica Es Posible

Este texto, realizado como entrevista por Brais Fernandez a su autor, forma parte del libro Anticapitalistas en Podemos. En este capítulo del libro Daniel Albarracín muestra la perspectiva del autor, miembro de Anticapitalistas, sobre la perspectiva económica necesaria para abordar los problemas políticos actuales. Para conocer aportaciones de enorme interés de la perspectiva política de Anticapitalistas, recomendamos la lectura del libro.

Crisis económica global y crítica de la economía política.

La explicación política reciente más común suele referirse a aspectos ligados al mundo de lo subjetivo para comprender lo que nos sucede. Crisis de confianza para unos, crisis de legitimidad y de régimen para otros. Ni que decir tiene que debemos conceder una gran importancia a los factores subjetivos, en tanto que la acción humana es decisiva en la resolución o disolución de las contradicciones que la atraviesa. Sin duda, en una crisis objetiva como la que vivimos, que impide que las cosas puedan persistir como están, lo que orientará las transformaciones será la acción de los sujetos. Ahora bien, la contestación, reformulación o superación de las estructuras que nos sujetan -somos sujetos porque estamos sujetados-, depende de los diagnósticos y las respuestas a los problemas materiales que nos aquejan y no al margen de su realidad. Conducir el sentido de los cambios sólo es posible acometerlo transformando lo existente, conociéndolo bien. En tanto que la disputa social se dirime en ese escenario material, el único en que se puede concebir las condiciones de existencia y las relaciones sociales concretas, parece que lo más indicado es manejar un esquema, para el diagnóstico, que únicamente la crítica de la economía política provee.

Bien es cierto que entender las dinámicas sociales en términos de economía política puede hacerse con diferentes esquemas o presupuestos de partida, pero en nuestra opinión comenzar con la idea de que los sujetos hacen la historia, pero no eligen el contexto en el que la hacen, parece inapelable.
Y, no, no se trata de una crisis de confianza, como dirían las élites. No se trata de que los políticos, los sindicatos y las regulaciones impidan el funcionamiento del mercado y generen incertidumbre a las decisiones de inversión, por ejemplo. La crisis de inversión que nos atraviesa, es fruto de las condiciones de desarrollo intrínsecas a la dinámica de la acumulación capitalista. Hay razones que ocasionan el desplome de la inversión, ese factor clave que a algunos les preocupa cuando se trata de crecimiento del negocio, y que ni que decir tiene, determina, para bien y para mal, la evolución de la cantidad de empleo producido. Desde el punto de vista del funcionamiento del modelo económico en vigor, en el que la toma de decisiones se concentra en aquellos que se han apropiado de una riqueza que adopta diferente formas de capital, la tasa de rentabilidad efectiva, cuyo nivel y evolución está determinado por factores socioeconómicos, entraña el principal explicativo de la evolución de la inversión.
En el campo de las clases populares la emergencia de nuevas formaciones políticas se ha levantado en torno a la idea de que la clave del éxito político se ampara en la capacidad de conducir el sentido del discurso, identificando al adversario, involucrar a las muy diversas mayorías en torno a una legitimidad que, básicamente, se construye a partir de una nueva narrativa, bastando la voluntad política para que se forjen los cambios. Esos cambios se verían empujados por el sentido común, dañado e indignado por una distancia. Una distancia entre las expectativas creadas en un periodo anterior y respecto a nuevas agresiones añadidas por las oligarquías que, al reformar su propio fracasado régimen, permitirían la agregación de demandas muy diferentes en torno a significantes vacíos aglutinadores.
Nosotros compartimos que, más allá de la ya muy larga crisis material objetiva, nos encontramos ante una profunda crisis subjetiva, fundamentalmente en la dirección política para las clases populares. Y, por tanto, es precisa la construcción colectiva de un discurso articulador, crítico y propositivo, que cimente las bases de una nueva legitimidad para gobiernos de transformación. Sin embargo, impugnamos la valoración en virtud de la cual el campo de lo económico sería un espacio ligado a dinámicas meramente técnicas que impiden grandes márgenes de maniobra. La economía política entiende el campo de la disputa por la apropiación, distribución y uso de los recursos como uno de los ejes fundamentales que determinan las condiciones de vida, la posibilidad de la democracia y la libertad, y es precisamente el campo social donde se concentra las principales pugnas políticas. En suma, la política va primero, pero para tener una influencia decisiva ha de moverse en el campo de los siguientes interrogantes: ¿qué producir?, ¿cómo producirlo?, ¿para quién?. Es más, cualquier otro avance social en otros campos de lo social (los derechos y libertades civiles) podrán hacerse más o menos efectivos sólo si hay unas condiciones de empoderamiento, gestión, reparto y capacidad de uso de los recursos materiales. Con ello no decimos, ni se nos ocurre, que el campo cultural o el de las ideas sea inócuo o vacuo, más bien al contrario. Pero cualquier idea o planteamiento que no tenga traducción práctica en el ámbito de las condiciones de vida materiales, es pura palabrería.

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