Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Se ha convertido en un mantra repetido una y otra vez afirmar que, por definición, a diferencia de los préstamos -que, evidentemente, sí hay que devolver con sus correspondientes intereses-, el dinero procedente de Bruselas en forma de transferencias no debe ser reintegrado. En consecuencia, estas no representan una carga adicional para las cuentas públicas, sino que, por el contrario, aumentan el margen presupuestario de los gobiernos.

De este modo, se traslada un mensaje erróneo, aunque de gran calado: la Unión Europea (UE), al abrir esta fuente de financiación a los gobiernos, está a la altura del enorme desafío que representan la pandemia y la crisis económica y social asociada a la misma. ¿Es realmente así? ¿Podemos hablar de una generosa “lluvia de millones” procedente de Europa, que ha puesto la solidaridad por delante de cualquier otra consideración?

Lo primero que hay que señalar al respecto es que la Comisión Europea (CE) tiene que devolver entre 2027 y 2058 la deuda contraída en el mercado de capitales a través de la emisión de bonos por valor de 750 mil millones de euros con la que financiará el Plan de Recuperación para Europa. Con los criterios aplicados para distribuir estos recursos, a España le corresponden 140 mil millones de euros -que, en principio, recibirá entre 2021 y 2023-, de los cuales el 51% son transferencias. No es la primera vez que la UE acude al mercado de capitales, pero sí lo es la mutualización de la deuda acordada por los 27 países miembros.

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Artículo publicado en el blog Otra Economía, el 16 de febrero de 2020

Autores: Fernando Luengo y Miguel Urbán

Los medios de comunicación acaban de hacerse eco de las grandes cifras que van a configurar el próximo Marco Financiero Plurianual, el presupuesto de la Unión Europea (UE) para el período 2021-2027. Su aprobación definitiva tendrá lugar en la próxima reunión del Consejo Europeo del 20 de febrero. En esa fecha conoceremos los detalles y el resultado de una compleja negociación que, a día de hoy, sigue su curso, pero que, no nos engañemos, no modificará los parámetros esenciales que ya han sido acordado.

Sí, se puede avanzar ya que el presupuesto comunitario, con la excusa del impacto negativo de la salida del Reino Unido de la UE, se situará en los alrededores del 1%, porcentaje inferior al vigente durante los años 2014-2020 y, de hecho, el más reducido desde 1988. La tijera afectará, muy especialmente, a las partidas relacionadas con la agricultura y la cohesión social. No así al gasto militar: según las previsiones, el Fondo Europeo de Defensa podría pasar de 600 a 11.500 millones de euros. Asimismo, el consagrado a la seguridad, relacionado con el control de las fronteras, crecería en un 84%. Está claro dónde se sitúan las prioridades políticas y dónde se aplican los recortes.

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La Marea

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Conviene, en primer término, desvelar el lenguaje tramposo e interesado contenido en el término “austeridad”. El capitalismo, en general, y el modelo de producción y consumo vigente en Europa, en particular, no son austeros, sino despilfarradores. Se alimentan de una utilización masiva, imposible de sostener, de recursos naturales no renovables y en un crecimiento de la demanda capaz de absorber y dar salida a un aumento continuo de las capacidades productivas. La desbordante expansión de las finanzas que abrió las puertas a una economía basada en la deuda, hasta el estallido del crack financiero, tampoco respondió al paradigma de la austeridad.

Pero llegó la crisis y el relato dominante convirtió el término “austeridad presupuestaria” (su ausencia) en el centro de explicación de la misma y en la clave para su superación. El poder económico y político encontró el “chivo expiatorio” idóneo: el sector público. ¿Cuál es la causa de la crisis?: el desorden presupuestario; ¿cómo superarla?: aplicando drásticas políticas de austeridad sobre las cuentas públicas. ¡Ahí quedó y todavía permanece encerrado el debate!

Una auténtica operación de camuflaje que ha conseguido que pasen inadvertidas la responsabilidad de las grandes corporaciones privadas y de la industria financiera, tanto en la generación como en la gestión de la crisis. También ha sido muy útil para llevar a cabo un formidable proceso de socialización de los costes de la crisis aumento de los impuestos para las clases populares y recortes sobre el gasto público social y productivo- en beneficio de las élites económicas y empresariales, los verdaderos responsables de la crisis, que han recibido una enorme cantidad de recursos públicos.

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No son los políticos que nos representan en los parlamentos nacionales, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos; tampoco los que han ganado su escaño en el Parlamento Europeo. Los que verdaderamente mandan no han sido elegidos por la ciudadanía, ni rinden cuentas ante ella, son los que ocupan la cúspide del poder económico.

Los informes sobre inversiones directas mundiales elaborados por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo contienen información estadística relativa a la relevancia de las corporaciones transnacionales, no financieras y financieras.

En 2017, último año para el que esta organización entrega datos sobre este asunto, el ranking de las empresas no financieras estaba encabezado por Royal Dutch Shell (británica) seguida por Toyota (japonesa), TOTAL (francesa), British Petroleum (británica) y Volkswagen Group (alemana). El volumen de activos concentrado por la decena de firmas más importantes equivalía al 19% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) y al 62% del de Latinoamérica y el Caribe, era 2 veces el del África Subsahariana y casi 3 veces el de nuestra economía.

Si ahora ponemos el foco en las empresas transnacionales financieras, las tres que lideran el ranking son chinas –Industrial & comercial Bank of China, China Construction BanK Corporation y Bank of China–, situándose a continuación J.P. Morgan (estadounidense) y HSBC Holding (británica). El valor de los activos acaparados por las diez primeras firmas era 1,5 veces el PIB comunitario, casi 5 veces el de Latinoamérica y el Caribe, 16 veces el del África Subsahariana y 19 veces el español.

Estos indicadores, que revelan una intensa concentración de la estructura empresarial, palidecen si nos centramos en los mayores gestores de activos. En 2018, y en los años anteriores también, BlackRock ocupaba con claridad la posición dominante –un “fondo buitre” muy conocido en España por sus operaciones especulativas en el mercado inmobiliario y porque ha penetrado con fuerza en nuestro sistema bancario–, seguida por Vanguard Asset y State Street Global Advisors (las tres bitánicoestadounidenses); a continuación estaban Fidelity Investments (estadounidense) y BNY Mellon Investment (británicoestadounidense).

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El carrusel de noticias sobre el BREXIT (la salida del Reino Unido de la Unión Europea, UE) gira y gira sin parar… un nuevo referéndum, convocatoria de elecciones generales, ampliación de los plazos acordados con Bruselas, renegociación del acuerdo ya existente. Como casi siempre en los debates políticos -con algunas clamorosas excepciones (quiero destacar la reciente intervención de mi compañero Pablo Bustinduy en el Congreso de Diputados, https://www.youtube.com/watch?v=Y0Vbp8UdWSM)-, el anecdotario, los grandes titulares y el rifirrafe, ocupan el lugar de los problemas de fondo. Algunos ejemplos.

No he leído ni una sola palabra sobre la formidable regresión salarial experimentada por el Reino Unido. De acuerdo con Eurostat (la Oficina Estadística de la Unión Europea), La compensación real por trabajador ocupado era en 2018 un 3,7% inferior a la existente en 2007; el cuarto país de la UE que ha conocido un retroceso más pronunciado. Los economistas nos hemos cansado de hablar de la década perdida latinoamericana, ¿qué nombre le ponemos a esto?

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En efecto, es imposible. Gobernar para todos es un lema vacío que queda bien en la coreografía de la política-espectáculo. Lema que, en realidad, oculta que se gobierna para unos pocos, los de siempre.

Tenemos cerca el hiriente y vergonzoso ejemplo de los desahucios de Argumosa. Se ha expulsado de sus viviendas, contraviniendo un dictamen de Naciones Unidas y la letra de nuestra Constitución, a un grupo de familias que sobreviven en el límite, para que los fondos buitre puedan proseguir con su negocio inmobiliario-especulativo. Pero esto es sólo un botón de muestra.

Acaba de ver la luz un informe de Oxfam centrado en la desigualdad en la economía española, apuntando especialmente al selecto grupo de las empresas del IBEX. Entre otros mucho datos abrumadores y escandalosos, se señala que los ejecutivos de estas firmas ganan varios cientos de veces por encima del salario promedio de sus trabajadores; y mucho más todavía si la comparación se hace tomando como referencia a los asalariados con retribuciones más bajas. ¿Gobernamos para los ejecutivos de las empresas del IBEX?

Encontramos el mismo panorama cuando reparamos en la distribución del ingreso nacional entre beneficios y salarios. La parte de los primeros no ha dejado de aumentar, mientras que la de los segundos ha retrocedido de manera considerable. Muchos trabajadores, cada vez más, reciben de hecho salarios que los colocan por debajo de los umbrales de la pobreza. ¿Gobernamos para el trabajo y el capital?

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La Marea

El último informe de la Organización Internacional del Trabajo, World Employment Social Outlook. Trends 2019,ofrece, como ya es habitual en esta organización, abundante información sobre las condiciones laborales de los trabajadores. Muy dispares, dependiendo de los países y las regiones consideradas, pero, en términos generales, se presenta un discreto balance en cuanto a empleo y salarios.

La creación de puestos de trabajo es manifiestamente insuficiente para absorber el desempleo real de la economía, muy superior al reflejado por las estadísticas oficiales. Por lo demás, buena parte de esos nuevos puestos de trabajo son de muy mala calidad. Los bajos salarios, asociados a la precarización de las relaciones laborales y a la economía informal, se generalizan. Y todo ello en un contexto de recuperación del crecimiento económico.

Muy necesaria, en consecuencia, su lectura. Con todo, hecho en falta en este informe y en otros trabajos de la OIT una reflexión, creo que fundamental, sobre la precariedad y el deterioro de las condiciones laborales de los empleos generados en el sector moderno y más competitivo de la economía; en esas empresas que a menudo son presentadas como los pilares de un nuevo modelo productivo y de una nueva renovada estrategia competitiva, y que están liderando una verdadera ofensiva, muy poco conocida, contra los derechos de los trabajadores.

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En una reciente entrevista a la agencia de noticas EFE, Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, nos ha vuelto a regalar una frase que, aparentemente, está llena de sentido común: “los que quieran un mundo sin empresas no pueden gobernar Madrid”. Con esta sentencia -simplona y demagógica, pero cargada de intencionalidad política-, lanza un mensaje para poner en su sitio a Izquierda Unida y a los colectivos que han criticado la Operación Chamartín y otras operaciones urbanísticas por ceder a las exigencias y los privilegios de los grandes bancos y promotores inmobiliarios. Un paso más de la alcaldesa para soltar lastre por la izquierda y ganar credibilidad entre el establishment; nada nuevo en el horizonte.

Pero no es este el asunto donde quiero centrar el comentario, sino en el papel de las empresas. Manuela Carmena afirma que hay que contar con ellas…y tiene razón, pero en un sentido muy diferente al sugerido en sus declaraciones.

Es un lugar común en los análisis económicos convencionales -también en los de un buen número de economistas críticos- referirse a países, economías, mercados, producción, empleo, desempleo, salarios, beneficios, exportaciones, importaciones… y un sinfín de variables más sin que en ningún momento aparezcan las empresas. Como si las economías se movieran por leyes y códigos automáticos, por una suerte de mano invisible que otorga racionalidad a los procesos económicos.

Pues no, si queremos entender y, lo más importante, transformar la economía, es imprescindible situar a los actores en el centro del razonamiento. Entre ellos, ocupan un lugar prominente las empresas.

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Existe una generalizada y comprensible inquietud por el ascenso de la extrema derecha, en buena parte de los países europeos y también en España. ¿Qué hacer para frenar y revertir esta deriva? No hay respuestas fáciles para un problema complejo, que, sin duda alguna, urge abordar.

Un aspecto importante, que ha menudo queda oculto, es que las políticas económicas y sociales que han impulsado las instituciones comunitarias y también los partidos y gobiernos conservadores han sido uno de los principales combustibles de la extrema derecha. Otro tanto ha ocurrido con la mayor parte de la socialdemocracia europea, que ha sido corresponsable, cuando no principal impulsora, de esas políticas.

El escenario generado por las mismas, sobre el que justamente hay que actuar, ha sido el caldo de cultivo propicio para el surgimiento y consolidación de la extrema derecha, que ha sabido canalizar una parte de la desafección y el descontento. Encuentro en el apoyo a esos partidos rechazo, hartazgo y desconcierto, antes que indignación activa, politizada y comprometida de la población.

En estas coordenadas, si de verdad se quiere frenar el ascenso de la derecha xenófoba y populista, ofrecer más de lo mismo o reformas de escaso calado que mantienen en lo fundamental el actual estado de cosas es claramente el camino equivocado. Y tampoco es una alternativa apelar a más Europa. Porque, en realidad, más Europa significa dar por bueno el papel prominente de los mercados financieros y las corporaciones transnacionales, someterse a los dictados austeritarios de Bruselas y del Fondo Monetario Internacional, pretender acorazar las fronteras comunitarias ante la llegada de personas migrantes y refugiados, aumentar el gasto militar y proteger los paraísos fiscales. Esto y no otra cosa es la Europa realmente existente; y la que preservan y fortalecen las tímidas y sesgadas reformas en la arquitectura institucional introducidas por las elites políticas y económicas.

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La Marea

La Marea

El término “austeridad” –tramposo y equívoco como pocos–, aplicado a los salarios, hace referencia a las políticas destinadas a moderar o reducir las retribuciones de los trabajadores con el objetivo de activar la inversión, mejorando los márgenes de beneficio de las empresas, y promover la competitividad, ajustando los precios de los bienes y servicios colocados en los mercados doméstico, europeo y global.

No entraré a valorar los resultados de estas políticas, que han sido, en el mejor de los casos, discretos, o, directamente, negativos. Pero sí quiero llamar la atención del lector sobre una dimensión de la represión salarial –¡llamemos a las cosas por su nombre!– que trasciende los datos estadísticos sobre la evolución seguida por los salarios nominales y reales. Esta información es, por supuesto, muy necesaria, pero resulta claramente insuficiente para tener una visión cabal de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo.

La Sexta Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo 2015 elaborada por Eurofound aporta una batería de indicadores, de naturaleza más bien cualitativa, que da cuenta de la verdadera magnitud del ajuste salarial. Dos de las preguntas contenidas en el apartado denominado “Intensidad del trabajo” hacen referencia a las condiciones en que los asalariados realizan su trabajo: a) ¿Su puesto de trabajo conlleva trabajar a gran velocidad?, y b) ¿Su puesto conlleva trabajar con plazos muy ajustados? El valor añadido proporcionado por estos y otros indicadores que aparecen en el cuestionario es que abren la “caja negra” de las empresas, para preguntarse qué está sucediendo con las condiciones laborales de los que han conservado su empleo o han conseguido uno nuevo.

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Blog de Econonuestra en Público.es

El documento “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: Presupuestos para un estado social” suscrito entre el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos/ En Comú Podem/ En Marea supondrá, si se lleva a cabo, una mejora de las condiciones de vida, en algunos aspectos importante, para amplios sectores de la población. Son varias las trabas que todavía tienen que superarse para sustanciarse realmente en los Presupuestos Generales (PPGG): el visto bueno de la Comisión Europea, lograr el apoyo de las fuerzas nacionalistas e independistas vascas y catalanas y mantener la presión (social y política) vigilante para que esas cuentas no se desvíen y, aún más, para que realmente sean un primer paso seguido de otros muchos.

El Acuerdo supone el anuncio de un punto de inflexión en la tendencia antisocial, austeritaria y autoritaria que ha presidido la economía y la política los últimos diez años en nuestro país. Contiene medidas presupuestables, acuerdos de naturaleza política ajenos al campo de los PPGG y una suma de intenciones cuya concreción y desarrollo se deja a futuro. Todo lo planteado es necesario, pero ni es suficiente ni agota el espacio de lo posible.

Sin ánimo de ser exhaustivos -pues no es necesario repetir lo que ha sido debidamente publicitado- podemos destacar varios y valiosos elementos de los acuerdos. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) va a afectar directamente a un 12% de los trabajadores, tiene un importante significado político al dar la importancia debida a la necesidad de la recuperación salarial, lo que tendrá un efecto inmediato en las condiciones de vida de millones de personas, el aumento de su capacidad adquisitiva, lo que redundará positivamente en la economía y puede abrir las puertas a mayores aumentos salariales en la negociación colectiva. Igualmente cabe destacar el propósito de indexar la subida de las pensiones a la evolución del IPC, el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, eliminar la precariedad y estafa asociados a la extensión de los falsos autónomos, las mejoras del sistema para las empleadas de hogar y las cotizaciones de las horas extraordinarias o la extensión y consolidación de los permisos de paternidad y maternidad y las ayudas a la dependencia.

Sin negar lo anterior y reconociendo la importancia de estos avances, hay que reconocer asimismo que estas medidas debemos y podemos seguir mejorándolas. Si comparamos el SMI, 900 euros, con los de otros países de la UE, es claro que se puede seguir avanzado: Luxemburgo 1.922,96 €, Bélgica 1.501,82 €, Irlanda 1.461,85 €, Holanda 1.501,80 €, Francia 1.457,52 €, Gran Bretaña 1.378,87 €. Y en lo referido a las pensiones el movimiento de pensionistas demanda que el monto de la mínima sea de 1.040 €, y el Acuerdo no concreta cuál será la cuantía mínima de las mismas. En cuanto al importante aumento a la ayuda de la dependencia, los sectores afectados plantean la insuficiencia de la cuantía. En lo conseguido queda mucho por conseguir.

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Otra Economía

Como si formáramos parte de un engranaje que gira una y mil veces alrededor del mismo eje; como si el tiempo, perezoso, se resistiera a avanzar; como si estuviéramos condenados eternamente a contemplar la misma desgastada imagen. Esta es la abrumadora sensación que tengo cuando escucho o leo los diagnósticos y las recomendaciones de los economistas y los responsables del Fondo Monetario Internacional (FMI). Inquieta pensar el enorme poder que concentra esta institución para hipotecar las políticas de los gobiernos y vencer las resistencias de los pueblos.

Digo diagnósticos y debería decir recetas de supuesta validez universal, cualquiera que sea el país y el continente donde se apliquen; y digo recomendaciones cuando resulta más apropiado decir imposiciones, pues, como es sabido, la hoja de ruta establecida por esta institución es la referencia o la excusa utilizada por los gobiernos para justificar la implementación de políticas socialmente regresivas y es la llave que abre (o cierra) el grifo de la financiación internacional.

El documento elaborado por la delegación de economistas del FMI -del que ya conocemos un breve pero sustancioso avance—se centra, sobre todo, en las pensiones y el mercado de trabajo; temas, por lo demás, (obsesivamente) recurrentes en sus informes. Sugieren “prudencia y moderación” y advierten (amenazan) sobre los peligros de desviarse de la hoja de ruta que tanto el FMI como las instituciones comunitarias, al alimón, han bendecido.

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Otra Economía

Los servicios han sido, desde hace décadas, el principal baluarte de las políticas ocupacionales de las economías europeas, y, en general, del mundo capitalista desarrollado. Este sector –que agrupa a un heterogéneo conjunto de actividades que presentan como denominador común ser relativamente intensivas en la utilización de trabajo– ha absorbido buena parte del empleo “liberado” por la agricultura y la industria.

Poniendo el foco en la Unión Europea, en el caso de las actividades agrarias, el número de trabajadores se ha reducido entre 1995 y 2016 en algo más de siete millones (toda la información estadística procede de Ameco), aportando en este último año el 4,5% del empleo total (en algunos países, como por ejemplo Rumania y Bulgaria, los registros son sustancialmente más elevados; este porcentaje alcanzaba en ese último año el 23,6% y el 18,3%, respectivamente). Todos los socios comunitarios, con la excepción de Malta –donde la contribución de la agricultura no llega al 2%–  han seguido esta tendencia.

También en la industria la UE ha conocido, salvo en Luxemburgo, un drástico retroceso en el número de personas ocupadas. En el mismo tramo temporal, 1995-2016, el empleo perdido ha sido algo mayor que en la agricultura, lo que ha llevado su peso relativo en la ocupación global desde el 21,1% al 15,3% (también aquí encontramos diferencias sustanciales, como en la República Checa, donde la industria aportaba en 2016 el 29,1%, y en Polonia el 23,6%).

El contrapunto de esa evolución ha sido el sector servicios. Dentro de la UE, el número de personas ocupadas a lo largo del período considerado ha aumentado en casi 43 millones, cifra muy superior a los puestos de trabajo destruidos en los sectores primario y secundario. lo que supuso un aumento de más de diez puntos en su contribución a la totalidad del empleo, pasando desde el 63,2% en 1995 hasta el 73,9% en 2016.

Así pues, como se señalaba al comienzo, el sector servicios ha actuado como colchón amortiguador y como dinamizador del empleo (gráfico), absorbiendo el destruido, tanto en la agricultura como en la industria, y canalizando asimismo la demanda de empleo procedente de los jóvenes que cada año se incorporan al mercado de trabajo.

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Otra Economía

“Producir y vender armas o más desempleo y menos ingresos en concepto de exportación”. Este es el dilema, en apariencia ineludible, al que nos enfrenta la dura y exigente realidad, a cuenta de los contratos de suministro de diferente material militar comprometidos por nuestro gobierno con el de Arabia Saudita.

Las grandes corporaciones y los lobbies empresariales que conforman la industria militar lo tienen claro (y no quieren ningún debate público al respecto): seguir, con la complicidad del poder político con el formidable negocio de la producción y venta de armamento. Para ello necesitan mercados, que estos grupos encuentran y alimentan en los numerosos conflictos militares, que sufren principalmente los países pobres, en los gobiernos represivos y en las redes que articulan el terrorismo internacional.

Es de sobra conocido, aunque no suficientemente denunciado, que estos mercados los sostienen -sin remilgos y sin escrúpulos– estos intereses; promoviendo y manteniendo guerras, comerciando con todas las partes en conflicto, suscribiendo contratos de aprovisionamiento con regímenes dictatoriales y eludiendo o ignorando todas las disposiciones internacionales.

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Otra Economía

Desde la economía crítica a menudo se reivindican las políticas de demanda -expansivas- frente a las de oferta -contractivas-. Como si el núcleo del debate para dejar atrás la crisis estuviera situado alrededor del dilema expansión-contracción de la actividad económica. Con esta limitada perspectiva se postula otra combinación de políticas económicas donde tengan un mayor protagonismo las fiscales, basadas en el aumento del gasto público.

Es cierto que hay que superar las denominadas “políticas de oferta”, cuyo pilar es la represión salarial. No sólo porque tienen un efecto procíclico -agravan la recesión cuando se llevan a cabo en contextos de débil demanda e inversión-, siendo un factor de contracción de la demanda agregada. También, y muy especialmente, porque erosiona la capacidad de negociación de los trabajadores y promueve una cultura empresarial conservadora y socialmente depredadora, además de ser la piedra angular de una formidable concentración de la renta y la riqueza en muy pocas manos.

Resulta evidente, asimismo, que hay que activar la demanda, dados los todavía elevados niveles de desempleo, los efectos deflacionistas de las medidas de contención salarial y la necesidad de reforzar la inversión pública y privada.

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Otra Economía

Existe un generalizado consenso entre los economistas, tanto convencionales como críticos, a la hora de señalar que la creación de la Unión Económica y Monetaria ha sido uno de los factores importantes desencadenantes de la crisis.

El pensamiento convencional, dominante, y una parte de la visión crítica hablan de “insuficiencias, errores, defectos” a la hora de diseñar el marco institucional destinado a gobernar la moneda única. De acuerdo con ese diagnóstico -no entro en los detalles del mismo-, que la crisis habría confirmado ampliamente, el objetivo de los responsables comunitarios debería ser completar y mejorar la gobernanza, objetivo al que los responsables comunitarios han dedicado en los últimos años la mayor parte de sus esfuerzos.

En mi opinión, sin embargo, los problemas del euro no se explican fundamentalmente por la existencia de un supuesto déficit institucional, o por el error de no haber contemplado que la creación de una unión monetaria, para que funcione adecuadamente, necesita acompañarse de una unión política.

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Otra Economía

Bajar los impuestos, condición sine qua non para que una economía funcione eficientemente. Este ha sido un axioma central de los denominados “economista de la oferta” y de los partidos de derecha. Durante muchos, demasiados, años la socialdemocracia, en España y en Europa, han asumido este postulado.

La reducción de la carga fiscal tenía que dirigirse, muy especialmente, a los grupos sociales con mayor capacidad de ahorro; a los ricos, en definitiva. Al tener que pagar menos impuestos, habría más recursos para financiar las inversiones productivas. Más inversión, más empleo, salarios más elevados, mayor competitividad, más riqueza con la que nutrir las arcas públicas, más crecimiento…¡bla, bla, bla!

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El País

Una manera de desvirtuar y finalmente desactivar el debate, imprescindible, sobre la Europa que queremos y necesitamos es encerrarlo entre las cuatro paredes que levanta el pensamiento dominante y el establishment, o situarlo alrededor de dilemas, predeterminados también desde el poder.

Frente a la no Europa, representada por los populismos y los extremismos de uno u otro signo, se trataría de reivindicar más Europa, las esencias de un proyecto europeo que la crisis económica habría desdibujado y debilitado, un proyecto que habría permitido avanzar en la construcción europea, superando o esquivando las evidentes divergencias entre los países que lo integraban.

Urge desembarazarse de estas y otras camisas de fuerza. Es necesario liberar el debate europeo, y sus consecuencias políticas de un relato que, en lo fundamental, tan solo defiende el statu quo y los intereses de los poderosos. Ciertamente, Europa se enfrenta a una encrucijada histórica, y precisamente por esa razón el debate debe abordarse con otras miradas, más abiertas y al mismo tiempo más complejas.

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Blog de Econonuestra en Público.es

El debate europeo, además de ser escaso, está sesgado, condicionado por el relato impuesto desde el poder económico, político, académico y mediático. Este relato insiste, una y otra vez, en que la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) fue un acierto, una necesidad; pero que el diseño institucional que acompaño ese proceso fue, al mismo tiempo, insuficiente y deficiente. La prueba evidente de ello habría sido el crack financiero y la crisis económica posterior.

Poco o nada se reflexiona sobre los límites y las contradicciones de la construcción europea, que, se nos asegura, seguía, en lo fundamental. el camino correcto, proporcionando más integración económica, más crecimiento y más bienestar. Así pues, el desafío consistiría en corregir las carencias institucionales con que surgió el euro, con más y mejor gobernanza, y recuperar las esencias del “proyecto europeo”.

Este planteamiento omite, en mi opinión, una reflexión sobre los límites y las contradicciones de ese proyecto europeo, cuyo rastro ya se podía seguir mucho antes del estallido de la crisis, en los años de “auge” económico, y también antes del lanzamiento de la moneda única. Son cuatro las rupturas a destacar.

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Otra Economía

A menudo se afirma que la clave de la ganancia competitiva de la economía alemana reside en la política de represión salarial, llevada a cabo primero por la administración de Gerhard Schröder y después por los diferentes gobiernos presididos por Angela Merkel. El objeto de las páginas que siguen a continuación es verificar si, en efecto, ese ha sido el nudo gordiano de la ventajosa posición de Alemania en los mercados europeo y global.

Modelo-aleman-represion-salarial-competitividad-F.Luengo

Otra Economía

Presentación  en el curso de verano: “Europa, concentración de riqueza, concentración de poder”

Presentación en power point: Europa, desigualdad, poder y economía”

Europa, desigualdad, poder y economía. Curso de verano julio 2018

Público.es

Desde la creación de las Comunidades Europeas, el presupuesto gestionado desde Bruselas ha representado una pequeña parte del Producto Interior bruto (PIB) comunitario, alrededor del 1% de esa magnitud. Las brechas heredadas de un proceso de integración europea y de una unión monetaria atravesados de importantes asimetrías y una gestión de la crisis que las ha acentuado requería, entre otras cosas, un diseño presupuestario más ambicioso. Pero los responsables comunitarios han permanecido instalados –o, mejor dicho, atrincherados-, en la lógica austeritaria, que exigen a los estados del sur y se autoimponen (no así a los grandes bancos y las grandes fortunas). La reciente aprobación del presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, aunque supone un ligero aumento en la dotación de recursos, que alcanzará el 1,11 de la Renta Nacional Bruta de la UE, se mantiene en la lógica del papel subordinado y periférico de la política presupuestaria en el entramado institucional comunitario.

Además, el nuevo presupuesto, pero, sobre todo, el nuevo Marco Financiero Plurianual que ya se está perfilando, se orientan drásticamente, con el pretexto del Brexit, hacia un recorte sustancial en la política agraria común (que necesita una reforma importante, pero no un recorte) y la política de cohesión social, a favor de políticas favorables a la militarización de la UE, la securitización interna de la UE y el control de fronteras exteriores. Una política para una Europa fortaleza que, también, con su política de inversión exterior, convertirá a los países colindantes en auténticos fosos, o guardianas de fronteras, para establecer una barrera a la llegada de personas refugiadas e inmigrantes.

La ciudadanía europea y la construcción de Otra Europa precisan de una visión muy distinta de la representada por las élites. Esta visión nueva, tiene que reivindicar, frente al mercado, el papel de lo público, revestido de legitimidad democrática, como elemento vertebrador de las políticas redistributivas, que no sirva a los intereses privados, sino a los de la mayoría social.

Con estos mimbres, en nuestra opinión, la dotación del presupuesto comunitario debería tener como uno de sus objetivos prioritarios contribuir a la corrección de las disparidades productivas que atraviesan la construcción europea, en una lógica cooperativa y complementaria, de convergencia real.

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