Economía Crítica y Crítica de la Economía

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El documento “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: Presupuestos para un estado social” suscrito entre el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos/ En Comú Podem/ En Marea supondrá, si se lleva a cabo, una mejora de las condiciones de vida, en algunos aspectos importante, para amplios sectores de la población. Son varias las trabas que todavía tienen que superarse para sustanciarse realmente en los Presupuestos Generales (PPGG): el visto bueno de la Comisión Europea, lograr el apoyo de las fuerzas nacionalistas e independistas vascas y catalanas y mantener la presión (social y política) vigilante para que esas cuentas no se desvíen y, aún más, para que realmente sean un primer paso seguido de otros muchos.

El Acuerdo supone el anuncio de un punto de inflexión en la tendencia antisocial, austeritaria y autoritaria que ha presidido la economía y la política los últimos diez años en nuestro país. Contiene medidas presupuestables, acuerdos de naturaleza política ajenos al campo de los PPGG y una suma de intenciones cuya concreción y desarrollo se deja a futuro. Todo lo planteado es necesario, pero ni es suficiente ni agota el espacio de lo posible.

Sin ánimo de ser exhaustivos -pues no es necesario repetir lo que ha sido debidamente publicitado- podemos destacar varios y valiosos elementos de los acuerdos. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) va a afectar directamente a un 12% de los trabajadores, tiene un importante significado político al dar la importancia debida a la necesidad de la recuperación salarial, lo que tendrá un efecto inmediato en las condiciones de vida de millones de personas, el aumento de su capacidad adquisitiva, lo que redundará positivamente en la economía y puede abrir las puertas a mayores aumentos salariales en la negociación colectiva. Igualmente cabe destacar el propósito de indexar la subida de las pensiones a la evolución del IPC, el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, eliminar la precariedad y estafa asociados a la extensión de los falsos autónomos, las mejoras del sistema para las empleadas de hogar y las cotizaciones de las horas extraordinarias o la extensión y consolidación de los permisos de paternidad y maternidad y las ayudas a la dependencia.

Sin negar lo anterior y reconociendo la importancia de estos avances, hay que reconocer asimismo que estas medidas debemos y podemos seguir mejorándolas. Si comparamos el SMI, 900 euros, con los de otros países de la UE, es claro que se puede seguir avanzado: Luxemburgo 1.922,96 €, Bélgica 1.501,82 €, Irlanda 1.461,85 €, Holanda 1.501,80 €, Francia 1.457,52 €, Gran Bretaña 1.378,87 €. Y en lo referido a las pensiones el movimiento de pensionistas demanda que el monto de la mínima sea de 1.040 €, y el Acuerdo no concreta cuál será la cuantía mínima de las mismas. En cuanto al importante aumento a la ayuda de la dependencia, los sectores afectados plantean la insuficiencia de la cuantía. En lo conseguido queda mucho por conseguir.

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Otra Economía

Como si formáramos parte de un engranaje que gira una y mil veces alrededor del mismo eje; como si el tiempo, perezoso, se resistiera a avanzar; como si estuviéramos condenados eternamente a contemplar la misma desgastada imagen. Esta es la abrumadora sensación que tengo cuando escucho o leo los diagnósticos y las recomendaciones de los economistas y los responsables del Fondo Monetario Internacional (FMI). Inquieta pensar el enorme poder que concentra esta institución para hipotecar las políticas de los gobiernos y vencer las resistencias de los pueblos.

Digo diagnósticos y debería decir recetas de supuesta validez universal, cualquiera que sea el país y el continente donde se apliquen; y digo recomendaciones cuando resulta más apropiado decir imposiciones, pues, como es sabido, la hoja de ruta establecida por esta institución es la referencia o la excusa utilizada por los gobiernos para justificar la implementación de políticas socialmente regresivas y es la llave que abre (o cierra) el grifo de la financiación internacional.

El documento elaborado por la delegación de economistas del FMI -del que ya conocemos un breve pero sustancioso avance—se centra, sobre todo, en las pensiones y el mercado de trabajo; temas, por lo demás, (obsesivamente) recurrentes en sus informes. Sugieren “prudencia y moderación” y advierten (amenazan) sobre los peligros de desviarse de la hoja de ruta que tanto el FMI como las instituciones comunitarias, al alimón, han bendecido.

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Otra Economía

Los servicios han sido, desde hace décadas, el principal baluarte de las políticas ocupacionales de las economías europeas, y, en general, del mundo capitalista desarrollado. Este sector –que agrupa a un heterogéneo conjunto de actividades que presentan como denominador común ser relativamente intensivas en la utilización de trabajo– ha absorbido buena parte del empleo “liberado” por la agricultura y la industria.

Poniendo el foco en la Unión Europea, en el caso de las actividades agrarias, el número de trabajadores se ha reducido entre 1995 y 2016 en algo más de siete millones (toda la información estadística procede de Ameco), aportando en este último año el 4,5% del empleo total (en algunos países, como por ejemplo Rumania y Bulgaria, los registros son sustancialmente más elevados; este porcentaje alcanzaba en ese último año el 23,6% y el 18,3%, respectivamente). Todos los socios comunitarios, con la excepción de Malta –donde la contribución de la agricultura no llega al 2%–  han seguido esta tendencia.

También en la industria la UE ha conocido, salvo en Luxemburgo, un drástico retroceso en el número de personas ocupadas. En el mismo tramo temporal, 1995-2016, el empleo perdido ha sido algo mayor que en la agricultura, lo que ha llevado su peso relativo en la ocupación global desde el 21,1% al 15,3% (también aquí encontramos diferencias sustanciales, como en la República Checa, donde la industria aportaba en 2016 el 29,1%, y en Polonia el 23,6%).

El contrapunto de esa evolución ha sido el sector servicios. Dentro de la UE, el número de personas ocupadas a lo largo del período considerado ha aumentado en casi 43 millones, cifra muy superior a los puestos de trabajo destruidos en los sectores primario y secundario. lo que supuso un aumento de más de diez puntos en su contribución a la totalidad del empleo, pasando desde el 63,2% en 1995 hasta el 73,9% en 2016.

Así pues, como se señalaba al comienzo, el sector servicios ha actuado como colchón amortiguador y como dinamizador del empleo (gráfico), absorbiendo el destruido, tanto en la agricultura como en la industria, y canalizando asimismo la demanda de empleo procedente de los jóvenes que cada año se incorporan al mercado de trabajo.

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Otra Economía

“Producir y vender armas o más desempleo y menos ingresos en concepto de exportación”. Este es el dilema, en apariencia ineludible, al que nos enfrenta la dura y exigente realidad, a cuenta de los contratos de suministro de diferente material militar comprometidos por nuestro gobierno con el de Arabia Saudita.

Las grandes corporaciones y los lobbies empresariales que conforman la industria militar lo tienen claro (y no quieren ningún debate público al respecto): seguir, con la complicidad del poder político con el formidable negocio de la producción y venta de armamento. Para ello necesitan mercados, que estos grupos encuentran y alimentan en los numerosos conflictos militares, que sufren principalmente los países pobres, en los gobiernos represivos y en las redes que articulan el terrorismo internacional.

Es de sobra conocido, aunque no suficientemente denunciado, que estos mercados los sostienen -sin remilgos y sin escrúpulos– estos intereses; promoviendo y manteniendo guerras, comerciando con todas las partes en conflicto, suscribiendo contratos de aprovisionamiento con regímenes dictatoriales y eludiendo o ignorando todas las disposiciones internacionales.

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Otra Economía

Desde la economía crítica a menudo se reivindican las políticas de demanda -expansivas- frente a las de oferta -contractivas-. Como si el núcleo del debate para dejar atrás la crisis estuviera situado alrededor del dilema expansión-contracción de la actividad económica. Con esta limitada perspectiva se postula otra combinación de políticas económicas donde tengan un mayor protagonismo las fiscales, basadas en el aumento del gasto público.

Es cierto que hay que superar las denominadas “políticas de oferta”, cuyo pilar es la represión salarial. No sólo porque tienen un efecto procíclico -agravan la recesión cuando se llevan a cabo en contextos de débil demanda e inversión-, siendo un factor de contracción de la demanda agregada. También, y muy especialmente, porque erosiona la capacidad de negociación de los trabajadores y promueve una cultura empresarial conservadora y socialmente depredadora, además de ser la piedra angular de una formidable concentración de la renta y la riqueza en muy pocas manos.

Resulta evidente, asimismo, que hay que activar la demanda, dados los todavía elevados niveles de desempleo, los efectos deflacionistas de las medidas de contención salarial y la necesidad de reforzar la inversión pública y privada.

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Otra Economía

Existe un generalizado consenso entre los economistas, tanto convencionales como críticos, a la hora de señalar que la creación de la Unión Económica y Monetaria ha sido uno de los factores importantes desencadenantes de la crisis.

El pensamiento convencional, dominante, y una parte de la visión crítica hablan de “insuficiencias, errores, defectos” a la hora de diseñar el marco institucional destinado a gobernar la moneda única. De acuerdo con ese diagnóstico -no entro en los detalles del mismo-, que la crisis habría confirmado ampliamente, el objetivo de los responsables comunitarios debería ser completar y mejorar la gobernanza, objetivo al que los responsables comunitarios han dedicado en los últimos años la mayor parte de sus esfuerzos.

En mi opinión, sin embargo, los problemas del euro no se explican fundamentalmente por la existencia de un supuesto déficit institucional, o por el error de no haber contemplado que la creación de una unión monetaria, para que funcione adecuadamente, necesita acompañarse de una unión política.

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Otra Economía

Bajar los impuestos, condición sine qua non para que una economía funcione eficientemente. Este ha sido un axioma central de los denominados “economista de la oferta” y de los partidos de derecha. Durante muchos, demasiados, años la socialdemocracia, en España y en Europa, han asumido este postulado.

La reducción de la carga fiscal tenía que dirigirse, muy especialmente, a los grupos sociales con mayor capacidad de ahorro; a los ricos, en definitiva. Al tener que pagar menos impuestos, habría más recursos para financiar las inversiones productivas. Más inversión, más empleo, salarios más elevados, mayor competitividad, más riqueza con la que nutrir las arcas públicas, más crecimiento…¡bla, bla, bla!

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El País

Una manera de desvirtuar y finalmente desactivar el debate, imprescindible, sobre la Europa que queremos y necesitamos es encerrarlo entre las cuatro paredes que levanta el pensamiento dominante y el establishment, o situarlo alrededor de dilemas, predeterminados también desde el poder.

Frente a la no Europa, representada por los populismos y los extremismos de uno u otro signo, se trataría de reivindicar más Europa, las esencias de un proyecto europeo que la crisis económica habría desdibujado y debilitado, un proyecto que habría permitido avanzar en la construcción europea, superando o esquivando las evidentes divergencias entre los países que lo integraban.

Urge desembarazarse de estas y otras camisas de fuerza. Es necesario liberar el debate europeo, y sus consecuencias políticas de un relato que, en lo fundamental, tan solo defiende el statu quo y los intereses de los poderosos. Ciertamente, Europa se enfrenta a una encrucijada histórica, y precisamente por esa razón el debate debe abordarse con otras miradas, más abiertas y al mismo tiempo más complejas.

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El debate europeo, además de ser escaso, está sesgado, condicionado por el relato impuesto desde el poder económico, político, académico y mediático. Este relato insiste, una y otra vez, en que la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) fue un acierto, una necesidad; pero que el diseño institucional que acompaño ese proceso fue, al mismo tiempo, insuficiente y deficiente. La prueba evidente de ello habría sido el crack financiero y la crisis económica posterior.

Poco o nada se reflexiona sobre los límites y las contradicciones de la construcción europea, que, se nos asegura, seguía, en lo fundamental. el camino correcto, proporcionando más integración económica, más crecimiento y más bienestar. Así pues, el desafío consistiría en corregir las carencias institucionales con que surgió el euro, con más y mejor gobernanza, y recuperar las esencias del “proyecto europeo”.

Este planteamiento omite, en mi opinión, una reflexión sobre los límites y las contradicciones de ese proyecto europeo, cuyo rastro ya se podía seguir mucho antes del estallido de la crisis, en los años de “auge” económico, y también antes del lanzamiento de la moneda única. Son cuatro las rupturas a destacar.

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Otra Economía

A menudo se afirma que la clave de la ganancia competitiva de la economía alemana reside en la política de represión salarial, llevada a cabo primero por la administración de Gerhard Schröder y después por los diferentes gobiernos presididos por Angela Merkel. El objeto de las páginas que siguen a continuación es verificar si, en efecto, ese ha sido el nudo gordiano de la ventajosa posición de Alemania en los mercados europeo y global.

Modelo-aleman-represion-salarial-competitividad-F.Luengo

Otra Economía

Presentación  en el curso de verano: “Europa, concentración de riqueza, concentración de poder”

Presentación en power point: Europa, desigualdad, poder y economía”

Europa, desigualdad, poder y economía. Curso de verano julio 2018

Público.es

Desde la creación de las Comunidades Europeas, el presupuesto gestionado desde Bruselas ha representado una pequeña parte del Producto Interior bruto (PIB) comunitario, alrededor del 1% de esa magnitud. Las brechas heredadas de un proceso de integración europea y de una unión monetaria atravesados de importantes asimetrías y una gestión de la crisis que las ha acentuado requería, entre otras cosas, un diseño presupuestario más ambicioso. Pero los responsables comunitarios han permanecido instalados –o, mejor dicho, atrincherados-, en la lógica austeritaria, que exigen a los estados del sur y se autoimponen (no así a los grandes bancos y las grandes fortunas). La reciente aprobación del presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, aunque supone un ligero aumento en la dotación de recursos, que alcanzará el 1,11 de la Renta Nacional Bruta de la UE, se mantiene en la lógica del papel subordinado y periférico de la política presupuestaria en el entramado institucional comunitario.

Además, el nuevo presupuesto, pero, sobre todo, el nuevo Marco Financiero Plurianual que ya se está perfilando, se orientan drásticamente, con el pretexto del Brexit, hacia un recorte sustancial en la política agraria común (que necesita una reforma importante, pero no un recorte) y la política de cohesión social, a favor de políticas favorables a la militarización de la UE, la securitización interna de la UE y el control de fronteras exteriores. Una política para una Europa fortaleza que, también, con su política de inversión exterior, convertirá a los países colindantes en auténticos fosos, o guardianas de fronteras, para establecer una barrera a la llegada de personas refugiadas e inmigrantes.

La ciudadanía europea y la construcción de Otra Europa precisan de una visión muy distinta de la representada por las élites. Esta visión nueva, tiene que reivindicar, frente al mercado, el papel de lo público, revestido de legitimidad democrática, como elemento vertebrador de las políticas redistributivas, que no sirva a los intereses privados, sino a los de la mayoría social.

Con estos mimbres, en nuestra opinión, la dotación del presupuesto comunitario debería tener como uno de sus objetivos prioritarios contribuir a la corrección de las disparidades productivas que atraviesan la construcción europea, en una lógica cooperativa y complementaria, de convergencia real.

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infolibre.es

El mensaje –monocorde, persistente– ofrecido por un buen número de economistas, políticos, periodistas y toda suerte de tertulianos es que estamos saliendo de la Gran Crisis. Un diagnóstico de trazo grueso que ignora, entre otras cosas, que desde el estallido del crack financiero la concentración del ingreso y de la riqueza ha aumentado y que la supuesta recuperación económica, reflejada en el crecimiento del Producto Interior Bruto de los últimos años, lejos de corregir, ha intensificado este proceso concentrador.

Aunque ahora se presta más atención a este fenómeno, la información estadística es a todas luces insuficiente y deficiente. Por un lado, los datos recogidos se basan en declaraciones fiscales, por lo que no se contabilizan las bolsas de fraude tributario, especialmente importantes entre las grandes empresas y fortunas; ni, por supuesto, el dinero y los patrimonios que son objeto de ingeniería contable, que se mueve en mercados opacos o en paraísos fiscales. Según cálculos del economista Gabriel Zucman, en los paraísos fiscales se esconde el 10% de la riqueza mundial y mas de la mitad del comercio mundial pasa por ellos.

Entre 2010 y 2016, el índice de Gini del ingreso –utilizado habitualmente para medir la desigualdad, pudiendo alcanzar valores comprendidos entre 0, equidad total, y 100, inequidad extrema– ha aumentado dentro de la Unión Europea (UE), tanto en el “centro” (Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Alemania, Holanda, Austria, Finlandia y Suecia) como en la “periferia” (Grecia, España, Portugal e Italia); en el primer caso, en 0,95 puntos porcentuales, arrojando un valor promedio de 27, mientras que en el segundo el avance ha sido de 1 punto, registrando una media de 33,7. Si el mismo índice se calcula para la riqueza (Credit Suisse, Global Wealth databook 2107) donde se contabilizan las propiedades y las carteras financieras, la inequidad aumenta considerablemente: el promedio de la UE en 2017 es 71,4; en Alemania, 78,9; en España, 68; en Portugal, 71,3; en Grecia, 67; y en Italia, 68,7.

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Otra Economía

Las políticas de rigor presupuestario tienen un largo recorrido en Europa y en el conjunto del mundo capitalista.

Desde que el neoliberalismo, en la década de los ochenta, tomó carta de naturaleza y se convirtió en el nudo gordiano del pensamiento económico dominante, la lógica de la estabilidad presupuestaria –reducir los umbrales de déficit y deuda públicos- han impregnado las políticas llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y las impulsadas por los partidos socialistas cuando llegaban al poder; con escasas diferencias unas y otras, a pesar de situarse en coordinadas ideológicas contrapuestas.

También ahora, cuando las economías europeas y muy especialmente las periféricas se han visto atrapadas en una crisis económica de proporciones históricas, se apela al ajuste de las cuentas públicas para superarla. Como si ese diseño de política económica tuviera validez universal, cualquiera que sea la coyuntura o la dimensión de los problemas estructurales que las economías deben enfrentar. No es el caso, sin embargo.

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Otra Economía

Primera

Colocar la competitividad en el epicentro de la política económica supone, por un lado, subordinar a la misma los otros planos de la economía. Imponer que las políticas públicas –por ejemplo, las relaciones laborales, las normas medioambientales, las estructuras tributarias o las regulaciones en materia de salud- se adapten a las exigencias competitivas. Por otro lado, se parte del supuesto –marcadamente ideológico y sin respaldo empírico- de que las ganancias superan a los costes, de que las economías rezagadas serán las mayores beneficiarias del proceso internacionalizador, de que los beneficios obtenidos irradiarán al conjunto de la economía y de que los perdedores encontrarán nuevas y mejores oportunidades con la intensificación de la competitividad.

Segunda

La lógica de la competitividad es la de “todos contra todos”, confiando de que de esa realidad surge un beneficio global. Se omite en este razonamiento que, precisamente, la competencia global, en un contexto de mercados crecientemente desregulados, está en el origen de la crisis. Y lo más importante, se ignora que la superación de la misma, la construcción de Otra Europa y, posiblemente, la propia supervivencia del capitalismo precisan la implementación de políticas cooperativas.

Tercera

El argumento de la competitividad apela, sin reservas, al crecimiento como motor de la actividad económica, crecer en el mercado interno y crecer asimismo en el mercado internacional. Dado que a esta receta se le supone validez universal, es, por lo tanto, aplicable a todas las economías. Se supone así –de manera explícita o no- que el planeta está en condiciones de soportar este modelo y que los problemas de sostenibilidad que provoca tienen solución con la aplicación de nuevas tecnologías. No se tiene en cuenta, por lo demás, que la naturaleza depredadora del actual sistema económico –tanto la manera de producir como la de consumir- nos ha situado desde hace tiempo en una encrucijada donde la lógica de las cantidades debe ser radicalmente cuestionada.

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El nuevo gobierno socialista y sus ministrxs más destacados se han apresurado en proclamar su “europeismo”. Ante tanto torbellino que circula por Europa, teniendo muy presente el ascenso de la extrema derecha y los populismos, han considerado necesario proceder cuanto antes a despejar dudas y presentar sus credenciales ante la opinión pública y, sobre todo, ante el establishment.

Pero ¿qué significa, en estos momentos, ese término? Para no perdernos en la melodía de unas palabras que pueden indicar una cosa y la contraria, lo primero que hay que exigir a este gobierno (y a cualquier otro), para que sepamos cuáles son sus intenciones, es concreción. A continuación, habrá que pedirle coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No es poca cosa, estamos acostumbrados a declaraciones vacías y a incumplimientos reiterados.

Sin duda, se apela al europeísmo como sinónimo de progreso, apertura, democracia, solidaridad, salida de la crisis. Pero lo cierto es que en nombre del europeismo se han justificado y se justifican políticas -en las que han tenido arte y parte buena parte de los partidos socialistas europeos; pensemos, por ejemplo, en la indecente y reaccionaria posición de la socialdemocracia alemana ante el gobierno de Syriza; por cierto, no recuerdo que nuestro PSOE la haya criticado- que han empobrecido a las periferias y a los trabajadores, enriqueciendo a las elites y a las oligarquías.

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Quienes muestran su preocupación por la deriva antieuropeista del nuevo gobierno italiano, al que acaba de dar luz verde el presidente de Italia, Sergio Mattarella, lo hacen en nombre de Europa, de un “proyecto europeo” que, pese a las dificultades e incertidumbres que atraviesa, es un valor a defender; frente a los que, desde los populismos de izquierda y de derecha y desde los nacionalismos autoritarios y excluyentes, quieren dinamitarlo. La línea está trazada, y no es una novedad; el establishment la desempolva cuando siente amenazados sus privilegios. Entre Europa o el caos; civilización o barbarie. Más Europa, ese el camino donde, según este discurso, todos nos podemos encontrar, donde todos finalmente ganamos.

Pero ¿qué realidad se oculta detrás de tanta retórica vacía, de tanto europeísmo de salón? Más Europa significa un punto y seguido en la implementación de políticas destinadas a: favorecer la posición dominante de los oligopolios productivos y financieros y de los grandes bancos; reformar los mercados de trabajo con el objetivo de debilitar la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales, presionar sobre los salarios y facilitar el despido de los trabajadores; meter las tijeras sobre el gasto público social y productivo y aumentar la presión fiscal sobre las clases medias y bajas; privatizar y mercantilizar los espacios y derechos que garantizan los estados de bienestar; dar el visto bueno a tratados internacionales de comercio y de inversión que suponen una inaceptable cesión de soberanía de los poderes públicos en beneficio de las corporaciones transnacionales; fortalecer los esquemas patriarcales de división social del trabajo, devolviendo a las mujeres a su condición de cuidadoras, supliendo las carencias de las políticas públicas; vulnerar los derechos humanos y los normas internacionales que los recogen en materia de asilo, refugio y libre movimiento de personas; estimular, con el pretexto del terrorismo y la inseguridad, la industria militar; mantener las políticas de despilfarro y destrucción de la naturaleza, que anuncian un cambio climático de consecuencias devastadoras.

Una Europa que, por lo demás, se encuentra en un acelerado proceso de desintegración económica y política. Mientras que Alemania se ha financiado en estos años de crisis a un coste muy reducido o incluso nulo, los países de la periferia han tenido que pagar un plus en tipos de interés para obtener recursos en los mercados. También son muy diferentes las condiciones en las que acceden a la financiación las empresas, dependiendo del país en que se ubican y de su capacidad para operar como grupo de presión ante los poderes públicos; un ejemplo, entre otros muchos que podrían ponerse, es el privilegiado acceso de algunas grandes corporaciones a la financiación en condiciones muy favorables procedente del Banco Central Europeo. Ese proceso desintegrador se observa asimismo en el aumento de la brecha entre las capacidades productivas y comerciales de las economías meridionales del sur de Europa y las del norte; en las diferentes estructuras tributarias existentes dentro del territorio europeo, en la competencia fiscal a la que se han entregado algunos de los socios comunitarios para atraer inversiones extranjeras y en la tibieza con que los responsables comunitarios han tratado los paraísos fiscales; en la creciente brecha social entre las elites y la mayoría de la población y en la pérdida de peso de los salarios en la renta nacional; y en la desigual respuesta de los gobiernos al drama de las personas refugiadas y a la inmigración.

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Las sesiones 5 y 6 del curso “Economía para no economistas”, dedicadas a la globalización y Europa (pdf)

5. Globalización y economía 6. Europa

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Abro estas reflexiones poniendo el énfasis en la necesidad de plantear las preguntas adecuadas, pues, hay que ser consciente de ello, las preguntas y el lenguaje que utilizamos para formularlas contienen o condicionan de manera decisiva las respuestas; en absoluto son inofensivos ni inocentes, ni desde luego están objetivamente predeterminados.

Centrándome en la zona euro y su reforma, la pregunta que ponen sobre la mesa las elites económicas y políticas podría resumirse de esta manera: ¿Cuál es el diseño institucional que preserva y fortalece la moneda única? Existe un generalizado consenso en la idea de que la crisis económica ha puesto de manifiesto las insuficiencias, vicios o sesgos de la unión monetaria (se insiste en un factor u otro dependiendo del enfoque del que avanza el diagnóstico), de ahí la importancia de dar una respuesta acertada a la pregunta formulada.

Pues bien, esa pregunta presupone, en primer término, un espacio de reflexión que se ciñe, sobre todo, a la esfera institucional, como si el debate que importa, el que es relevante para Europa, tuviera que limitarse necesariamente a ese perímetro. ¿Y la discusión sobre las necesidades, los objetivos, los recursos y los actores? ¿Y el centrado en las políticas económicas donde, como parece lógico, se debería recoger todo lo anterior? Nada se sugiere al respecto, acaso porque se presupone que sólo hay una política económica deseable y posible, la implementada en los últimos años, que, en los aspectos fundamentales, se mantendrá y se acentuará con las nuevas propuestas de gobernanza.

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Esquemas en pdf de las sesiones: “Desigualdad y economía” e “Intervención del Estado en la economía”

3. Desigualdad y economía 4. Intervención del Estado en la economía

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La contención salarial y los ajustes en las plantillas han proporcionado un plus competitivo a la economía de Alemania, que precisamente se caracteriza por tener un marcado perfil exportador.

En la industria manufacturera, el aumento de los salarios en los años de precrisis apenas superó el de los precios. Entretanto, el avance obtenido en la productividad fue sustancial, alimentado tanto por un rápido crecimiento del Producto Interior Bruto como por la caída del empleo. El resultado conjunto de la moderación salarial y la destrucción de puestos de trabajo en la industria manufacturera ha sido un sustancial retroceso en la participación de los salarios en el valor añadido por las manufacturas.

No hay que perder de vista, en todo caso, que el potencial exportador de la economía alemana se alimenta, sobre todo, de empresas y producciones de medio-alto y alto contenido tecnológico y en actividades de gama alta. Valgan como ejemplos el destacado papel de la industria de maquinaria y equipo de transporte, que aportó cerca de la mitad de todas las ventas al mundo (unos diez puntos porcentuales más que en nuestra economía), y el positivo papel de las industrias más sofisticadas en el saldo excedentario de la balanza comercial.

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El aumento de la productividad del trabajo no mejora necesariamente la sostenibilidad de las pensiones.

Soy consciente de que esta afirmación puede resultar, como poco, desconcertante, pues parece negar la evidencia de que, precisamente, el crecimiento de la productividad debería proporcionar los recursos que necesita el fondo público de pensiones. Si la economía española consiguiera mejorar los estándares de productividad, aumentarían tanto los salarios de los trabajadores como los beneficios de los empresarios; sin necesidad de incrementar la presión fiscal, sería posible transferir recursos desde la población activa ocupada, que crea riqueza, en dirección a la población inactiva receptora de las pensiones, situada fuera de los circuitos productivos y en continuo crecimiento fruto del envejecimiento demográfico. Así de lineal y de tramposo es el discurso dominante.

¿Qué ha sucedido con la productividad del trabajo desde que gobierna el Partido Popular (PP)? Este indicador relaciona el Producto Interior Bruto (PIB) con el número de trabajadores o de horas trabajadas. Pues bien, si se toma como referencia el empleo en el período que nos ocupa, entre 2011 y 2017, El PIB real por trabajador ha experimentado un aumento global del 5,1%; si en lugar del empleo se pone el foco en el número de horas trabajadas, su progresión ha sido del 4,3%. En estos años, no obstante, la “hucha” de las pensiones (el fondo de reserva) se ha vaciado y los jubilados han visto cómo se reducía su capacidad adquisitiva.

Para entender esta aparente paradoja hay que analizar los factores que están determinando los avances en la productividad del trabajo. Me centro en las reflexiones que siguen en el denominador de la ratio, esto es, en el volumen de empleo y en las horas trabajadas.

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Esquema en power point de la segunda sesión del curso “Economía para no economistas”

2. Trabajo, salarios, empleo

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Cada quincena, mes o trimestre, al comienzo o al final de cada año, los medios de comunicación mayoritarios y una legión de políticos que habitan los círculos de poder o se encuentran en sus alrededores se dedican, con renovado entusiasmo y dedicación, a interpretar, siempre en un sentido favorable, la información estadística más reciente sobre empleo y desempleo.

Mejora la ocupación, retrocede el paro… en relación al mes precedente o al mismo del año anterior, comparando los datos trimestrales de los últimos ejercicios, computando los últimos 12 meses o tomando algún año de referencia, en términos anuales, interanuales o teniendo en cuenta la serie histórica. Así, dale que te pego, hasta el infinito o hasta que el dato en cuestión –convenientemente aseado, revestido, reformulado o torturado- dice lo que tiene que decir.

Si no fuera por la carga manipuladora de este verdadero circo estadístico y porque detrás de los datos hay personas y proyectos de vida, resultaría hilarante y patético asistir, en calidad de sufrido espectador, a semejante espectáculo.

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El rayo que no cesa. Nueva vuelta de tuerca del Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Cuál es la propuesta/imposición de esta institución para la economía española y por extensión para el resto de las economías periféricas del continente europeo? Proceder a un nuevo recorte de los salarios. Esta sería la manera, ¡cómo no!, de mejorar la rentabilidad de las empresas, por un lado, y fortalecer la competitividad externa de nuestra economía. Al final del camino, si se recorre sin titubeos: reactivación de la economía y aumento del empleo.

Ninguna sorpresa, pues el FMI nos tiene acostumbrados a sus recetas, atemporales y universales, aplicables en Latinoamérica, Asia o África, pero también en la Unión Europea, antes y ahora. Tampoco sorprende que sus “recomendaciones” se dirijan, con especial insistencia, a las economías más débiles y maltratadas por la crisis económica; con las más ricas es mucho más condescendiente y flexible, no en vano son las que más influyen en la institución, las que marcan la impronta de las políticas fondomonetaristas.

Receta equivocada e interesada.

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