Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Diez proposiciones sobre la clase trabajadora actual

Autor: Alberto Garzon Espinosa

eldiario.es

En noviembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos y una parte del mainstream estadounidense se echó las manos a la cabeza mientras se preguntaba por cómo un multimillonario machista y xenófobo había obtenido casi 63 millones de votos. En la búsqueda de respuestas cobró fama un libro escrito en 1997 por Jim Goad en el que se desarrollaba una polémica tesis que parecía, veinte años después, toda una profecía. Según El manifiesto redneck,la izquierda había sido responsable de mantener durante décadas un peligroso discurso que excluía a la clase obrera blanca, mientras al mismo tiempo abrazaba y defendía preferentemente las demandas de colectivos como las mujeres o las minorías étnicas. Esas políticas, llamadas de identidad, estarían provocando un rencor y resentimiento creciente en la clase obrera blanca que explicaría que ésta fuera el motor principal del ascenso de un personaje como Trump.

Con el ascenso de organizaciones populistas de extrema derecha en toda Europa este debate ha traspasado el ámbito estadounidense y no son pocos los que han concluido que, efectivamente, la culpa de las nuevas formas de fascismo europeo y del Brexit la tiene la clase trabajadora y las políticas de identidad de la izquierda. En este artículo trataré de defender que esta tesis no sólo es falsa sino también peligrosa.

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La brecha generacional del ajuste salarial

Autor: Ricardo Molero Simarro

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

El ajuste salarial vivido en la economía española es uno de los factores más importantes que explican la creciente desigualdad de la renta existente en nuestra sociedad. La pérdida de peso de los salarios respecto a la renta nacional tiene un doble origen: por un lado, la caída directa de las remuneraciones como consecuencia, entre otras cuestiones, del debilitamiento de la negociación colectiva; y, por el otro, la falta de calidad del empleo creado desde que comenzó la recuperación como resultado de las crecientes temporalidad y parcialidad, hechas posible por las sucesivas reformas laborales. Ambos fenómenos han alimentado los márgenes de beneficio, generando recursos para que las empresas se hayan desendeudado, al mismo tiempo que han mantenido e, incluso, incrementado los dividendos repartidos entre sus accionistas. De este modo, las políticas de devaluación interna han contribuido a ensanchar las disparidades entre aquellas familias cuyos ingresos dependen fundamentalmente del trabajo y aquellas otras para las que las rentas del capital suponen buena parte de sus ingresos. Al mismo tiempo, esas políticas están generando también importantes bolsas de subempleo y pobreza laboral, asociadas a una precariedad severa.

Como muestran los datos del Índice de Precios del Trabajo (IPT), publicados la semana pasada por el INE, el ajuste de los salarios está siendo –el IPT seguía cayendo en 2016– generalizado, ya que está afectando a prácticamente todos los sectores de actividad, categorías profesionales, tamaño de las empresas, género, edad, nacionalidad y, también, comunidades autónomas. No obstante, la intensidad del ajuste ha sido desigual. En concreto, la devaluación salarial ha golpeado de manera especial a los/as jóvenes. La extensión del desempleo juvenil, que llegó a alcanzar al 55,5%, y que aún se encuentra en el 38,6% de la población activa menor de 25 años; la mayor exposición a los contratos basura y, peor aún, a su contratación como falsos autónomos, especialmente en la denominada “economía de plataforma”; y los menores salarios de partidas recibidos, a pesar de los mayores niveles de formación media que detentan, han provocado, entre otros factores, que sus ingresos laborales se hayan deteriorado más aún de lo que lo han hecho los del resto de trabajadores/as.

En términos reales, frente al 4% de caída de la ganancia anual media, los ingresos salariales de quienes tienen entre 20 y 24 años se han reducido un 23% (con sesgo de género, ya que la brecha entre hombres y mujeres ha aumentado más de 2 puntos en este tramo de edad); los de quienes tienen entre 25 y 29 años, un 17%; los de entre 30 y 34 años, un 15%; y de 35 a 39 años, un 10%. En consecuencia, la ganancia anual de los/as trabajadores/as de entre 20 y 24 años ha pasado a suponer menos del 50% de la del conjunto de trabajadores/as; y la de los/as de entre 25 a 29 años apenas 2/3. No sólo eso, sino que sus tasas de pobreza laboral son 5 puntos mayores que la ya sustancialmente alta media.

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Avanzando en la medición del paro real en el País Vasco

Autor: Julen Bollain y Lluís Rodríguez Algans

Sin Permiso

el paro en la historia…

La existencia de parte de la población que estando en edad, en condiciones y en disposición de trabajar remuneradamente que carece de un empleo no es un fenómeno surgido durante el siglo XX. Ya en la Edad Media había personas que estaban desocupadas, conocidas por aquel entonces como holgazanas o vagabundas. En este sentido, John Burnett en su libro “Idle Hands: The Experience of Unemployment, 1790-1990”, explicaba ya en 1994 cómo hasta el siglo XIX analistas ingleses “identificaban a los desempleados principalmente con los ‘inadaptados’ y trotamundos que dormían a la intemperie y deambulaban de noche por las calles”.

Así, no será hasta 1881 cuando por primera vez en el Reino Unido, y aunque no de manera coherente con la definición standard actual del desempleo, será medida la tasa de desempleo. Al principio el desempleo se basó en los datos de aquellos sindicatos ingleses que pagaban prestaciones de desempleo a sus miembros.

Más adelante, el 16 de diciembre de 1911, el Parlamento Británico aprobó el llamado “National Insurance Act 1911”. Éste iba más allá de las leyes sobre los seguros contra enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez aprobadas y lideradas por Otto Von Bismarck en el Reichstag alemán entre 1883 y 1889, ya que otorgaba a los trabajadores británicos un plan nacional obligatorio de seguro contra el desempleo. De esta manera, el desempleo comenzó a medirse a raíz de datos de trabajadores registrados y que carecieran de un empleo. Pero en este artículo no entraremos a discutir los motivos que incitaron a Bismarck a llevar adelante esas leyes, ni por qué el Canciller de Hacienda y futuro primer ministro del Reino Unido, el liberal David Lloyd George, propuso el “National Insurance Act 1911” ante su Gobierno liberal, aun cuando sus políticas, a la vez de protección y legitimación social, se sustentaban en las mediciones de la situación laboral.

Dando un salto hasta el Estado español, no será hasta 1919 cuando, tras la Ley de 27 de febrero de 1908 del Instituto Nacional de Previsión (INP) y el Real Decreto de 11 de marzo de 1919 sobre intensificación de retiros obreros, se promulgue el Real Decreto de 18 de marzo de 1919 sobre el seguro de paro forzoso. Todo ello al calor de la Revolución Soviética y de las luchas sociales y sindicales que, como la huelga de “La Canadiense” en Catalunya, representaron un punto de inflexión en la efectividad sindical y en la consecución de derechos sociales como la jornada laboral de 8 horas, en la presión necesaria para la promulgación de otras leyes sociales, así como en la generación de normas protectoras del empleo por medio del conflicto, la huelga y la formalización de bases de trabajo (convenios colectivos) entre empresarios y sindicatos. Sin embargo, el sistema de los Seguros Sociales en el Estado español no se consolidó hasta la instauración de la II República Española, cuya constitución de 1931 afirmaba en su artículo 46 que “la República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, (así como) la protección de la maternidad”.

Este sistema de Seguros Sociales fue convertido finalmente en 1963 en un sistema de Seguridad Social a través de la Ley de Bases de Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963. Y fue en este marco cuando, por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística (INE) creado en 1945, realizó la primera Encuesta de Población Activa en 1964.

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Entrevista a José Luís Carretero de Solidaridad Obrera

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

alasbarricadas.org

Entrevistamos a José Luís Carretero, secretario del sindicato Solidaridad Obrera, que es la tercera central anarcosindicalista del estado. A menudo se trata de uno de los sindicatos menos conocido del panorama libertario (dejando a un lado sindicatos sectoriales tipo SAS y otros de ámbito local), mientras que en otras ocasiones se lo presenta como la bisagra necesaria para volver a juntar el anarcosindicalismo en una sola organización. Con la entrevista pretendemos acercarnos a su realidad más cotidiana y ver su proyección.

Además aprovechamos para conocer la militancia tan polifacética de Jose Luis, economista amateur (aunque sin diploma – suele bromear con que le van a acusar de intrusismo-) a través del ICEA o del colectivo Burbuja, profesor, divulgador (revista Crisis, editorial Queimada), cara visible de los movimientos en algunos medios internacionales (Sputnik, HispanTV) y en definitiva una cara amable que siempre se muestra dispuesto a aportar.

ALB Noticias.- Qué tipo de SO te has encontrado al asumir la secretaría?

Solidaridad Obrera es una organización pequeña, con mucha presencia en algunas empresas concretas, como el Metro de Madrid. Una organización asamblearia y muy combativa con una actividad sindical que se ha extendido en los últimos años fuera del Metro, que fue su lugar de nacimiento, para abarcar otros sectores como el telemárketing, la limpieza viaria o la Renfe. Además, la “Soli” es muy activa en el plano de las luchas sociales, participando en una innumerable cantidad de plataformas contra la represión (Plataforma por la libertad de Alfon, por la libertad de expresión, etc), por los derechos sanitarios (CAS Madrid) o por el Transporte público (Madrid en Transporte Público), por ejemplo.

Solidaridad Obrera ha apostado siempre por la unidad de acción del sindicalismo combativo y del anarcosindicalismo, y siempre hemos estado presentes en las coordinadoras y plataformas que, como el Bloque Combativo y de Clase a nivel estatal o el fenecido Bloque Unitario a nivel de Madrid, han pretendido generar espacios para el trabajo en común de todo el sindicalismo que se opone al burocratismo y oficialismo de CCOO y UGT.

Asimismo, Solidaridad Obrera es una organización que no cobra subvenciones estatales y que tampoco tiene liberados. Las horas sindicales de los delegados se disfrutan por quincenas y  todo el mundo tiene que pasar por su trabajo todos los meses. Los delegados, además, son revocables en todo momento por la asamblea de la sección sindical (aunque la justicia burguesa no siempre entiende la legitimidad democrática de esta forma de funcionamiento). Solidaridad Obrera sólo se financia con las cuotas de sus afiliados y, pese a lo que pueda parecer  en un mundo regido por los grandes donantes y las subvenciones públicas, no tiene problemas de dinero: tenemos los ingresos justos para nuestro nivel de actividad, y somos independientes de cualquier fuerza externa, ya sea el Estado, los patrones o cualquier partido político.

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Reforma de los permisos: una batalla crucial

Autor: Maria Pazos Moran

eldiario.es

Por fin el Pleno del Congreso de los Diputados va a debatir la reforma de los permisos propuesta por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) y recogida en una Proposición de Ley por Unidos Podemos-En Comu-Podem-En Marea. La reforma es una demanda social y aparentemente no tiene detractores. Pero en la tramitación se evidenciará el modelo de sociedad que defiende cada partido, y de la atención pública a esas diferencias depende el resultado.

Tradicionalmente, bajo la asunción de que a nosotras se nos da de maravilla y a ellos se les da fatal, se nos ha adjudicado a las mujeres la tarea de “criar ciudadanos” (Rousseau); y por supuesto la ciudadanía plena a los hombres. Hoy hemos comprendido que, si queremos una sociedad de personas sustentadoras y cuidadoras en igualdad, debemos potenciar que los hombres cuiden tanto como las mujeres. Y para ello es crucial un sistema de permisos que se lo permita. No estamos hablando de obligar (cada persona es libre) sino de permitir. Permitir a los hombres ser corresponsables por encima de las presiones sociales, educacionales y empresariales que hoy empujan a las mujeres a ser las principales cuidadoras y a los hombres a ser “ayudantes”.

En nuestro país todos los partidos políticos reconocen de palabra estos principios, y ahí están las ya numerosas votaciones en el Congreso de los Diputados, algunas por unanimidad, en las que se ha admitido el principio propuesto por la PPIINA: los permisos deben ser, para cada persona progenitora, iguales, intransferibles y remunerados al 100% del salario. Hasta el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo al respecto.

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El contrato único de Ciudadanos: arma de precariedad masiva

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de lucha contra la precariedad laboral. Detrás de esta iniciativa legislativa no hay otra cosa que una nueva artimaña de esta formación política para blanquear su propuesta de contrato único.

Como ya es conocido, ya presentaron hace más de dos años una de sus  medidas estrella: el contrato único. Esta medida fue duramente criticada por el resto de grupos políticos y sindicales ya que, a pesar de las buenas palabras con las que venía maquillada, suponía claramente un empeoramiento de las condiciones laborales de la mayoría de las personas trabajadoras al reducir de forma generalizada las indemnizaciones por despido. Según las propias palabras del presidente de la formación, Albert Rivera, todos los contratos existentes -incluyendo los indefinidos- pasarían a tener una indemnización inicial equivalente a la de los contratos temporales actuales -12 días por año trabajado- para ir a lo largo del tiempo aumentando esa indemnización hasta equipararse a la indemnización de los contratos indefinidos actuales -20 días por año trabajado excepto en caso de improcedencia del despido-. Es decir, que en la práctica las condiciones de todos los contratos se degradarían hasta el nivel de los contratos temporales actuales, una precarización generalizada que no se podía aceptar de ninguna manera.

Una vez asumida la derrota derivada del rechazo generalizado de  esa propuesta en la que habían confiado buena parte de su alternativa económica, Ciudadanos ha vuelto a la carga de nuevo. A finales de febrero registró en el Congreso de los Diputados una ley para el mercado laboral que se ha debatido el 19 de junio en la que se incluye de nuevo el contrato único, pero esta vez con características diferentes. Puesto que el truco de precarizar todos los contratos a través de la reducción generalizada de las indemnizaciones por despido no coló, ahora intentan precarizar todos los contratos a través de otra vía: la relajación de las causas de despido. Una estratagema tan perversa como astuta ya que, al no reducir la indemnización por despido, se blindan frente a críticas del pasado y evitan hablar así de la novedad que han incorporado: una mayor facilidad para despedir a trabajadoras y trabajadores.

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En busca del arca perdida: la productividad en la era digital

Autor: Luis Cardenas

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En la actualidad existe un gran debate sobre los efectos del proceso de digitalización de la economía, el cual consiste en fomentar la “interconectividad” de las actividades de producción y distribución como resultado del abaratamiento de las tecnologías que obtienen y procesan información. Esto permite tanto automatizar en mayor medida la producción de bienes físicos como poder procesar grandes volúmenes de datos. La principal novedad consiste en la extensión de estas tecnologías a sectores que tradicionalmente habían sido intensivos en mano de obra.

Esta nueva oleada tecnológica promete incrementar la productividad en su sector de origen (la producción de Tecnologías de la Información y la Comunicación o TICs), pero, al generalizarse, puede mejorar también la productividad del resto de sectores (mediante efectos escala, aglomeración, desbordamiento, aparición de nuevos productos y mercados, etc.).

A pesar de estos posibles efectos, no deja de ser llamativo que una parte de la literatura económica actual se muestre preocupada por el “estancamiento secular”, y las moderadas tasas de crecimiento observadas en la productividad del trabajo en la mayoría de economías occidentales durante los últimos 30 años. Mientras que, a la vez, otra rama sostiene que el proceso de cambio tecnológico va a provocar mejoras muy sustanciales de la productividad, hasta el punto de reducir sensiblemente la necesidad de trabajo en las economías avanzadas.

Es cierto que la evidencia disponible es aún escasa, pero atendiendo a la adaptación de las técnicas productivas en el pasado podemos afirmar que el cambio tecnológico incluye tanto factores que acelerarán la productividad como otros que la frenarán. Centrándonos en estos últimos, podemos distinguir los siguientes:

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(Zgz) NNCC “Relaxing cup”: Abajo el trabajo. Reflexiones sobre el futuro del trabajo y el salario

Autor: Nacho Cazcarro

Nociones Comunes (NNCC) nos invita a reflexionar sobre el mundo del empleo para imaginar el postcapitalismo, en su espacio Relaxing Cup el viernes 15 de junio a las 19h en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel de Zaragoza.

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Los Presupuestos de 2018 vuelven a congelar las ayudas, subvenciones y subsidios del IPREM

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 60 de La Marea

Hasta el año 2004 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era un indicador que no sólo servía para establecer cuál debía ser la cantidad mínima que tendría que cobrar una persona asalariada, sino que también servía para fijar la cuantía de subvenciones, subsidios de desempleo y otras ayudas públicas. Ese año, el recién llegado gobierno del PSOE decidió reformular el indicador, desvinculándolo completamente de las ayudas mencionadas. De esta forma, cualquier incremento en el SMI dejaría de conllevar un aumento en subsidios, subvenciones y ayudas, que pasarían a estar vinculadas a un nuevo indicador denominado Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Se trató de un hábil movimiento del gobierno del PSOE, porque le permitió incrementar el SMI a un ritmo superior al que había venido registrando hasta entonces sin que le costara apenas ni un euro hacerlo, puesto que ya no tenía que incrementar las ayudas públicas (y el coste del incremento en el salario mínimo recae fundamentalmente sobre los empleadores del sector privado, no sobre el público). Una medida sin coste económico, pero con alto rédito político y electoral, ya que el incremento del salario mínimo era una importante reivindicación de los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, además de una necesidad social.

El SMI había ido creciendo levemente desde los años 90, pero a una media del 2% y por lo tanto casi siempre a un ritmo inferior al crecimiento de la economía, de los precios y del nivel de vida, lo que conllevó un empobrecimiento relativo de un 7% de los trabajadores del segmento inferior del mercado de trabajo y de los beneficiarios de las ayudas públicas vinculadas al indicador. La reformulación que se llevó a cabo en el año 2004 supuso una bifurcación en los caminos de los dos tipos de colectivos, porque el SMI intensificó su crecimiento (especialmente desde ese año hasta el año 2010 al registrar un aumento medio del 6,2%) dejando al IPREM con el suave incremento tradicional del 2%, (sólo muy ligeramente aumentado hasta el 3,5% entre 2006 y 2010), como se puede intuir en el gráfico. Esto supuso, atendiendo a la evolución de los precios, que entre el año 2004 y 2010 las personas que cobraban un salario mínimo incrementaran su capacidad económica relativa en un 20,6%, mientras que las que recibían ayudas vinculadas al IPREM se empobrecieron un 1,3%.

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Devaluación salarial (Cuaderno postcrisis: 8)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

El ajuste salarial es una de las recetas estrella de las políticas neoliberales anti-crisis. Las “reforman laborales” forman parte de los paquetes de “reformas estructurales” que se imponen a los países con problemas. Y uno de los efectos de estas reformas, aunque no el único, es el de provocar la reducción salarial (aunque sus objetivos son más ambiciosos, pues incluyen medidas para incrementar el sometimiento social de la clase obrera y cercenar la lucha sindical). Este fue claramente el objetivo de las reformas laborales de 2010 y 2012 en nuestro país.

El argumento intelectual que se utiliza para justificar la necesidad del ajuste salarial es el de la competitividad. Se supone que las economías que tienen problemas es porque su producción se debe a que sus costes les hacen perder capacidad de competir en el mercado mundial. El ajuste salarial, al reducir costes, permite rebajar el precio de los productos y mejorar la balanza comercial. El argumento es sencillo pero falaz por diversas razones. En primer lugar, no está claro que la competencia entre empresas y países sea esencialmente en términos de precios. Una buena parte de los intercambios internacionales se realizan entre productos de una elevada especialización. Y, en algunos casos, los precios no son tan importantes como otras cuestiones. Esto es lo que explica el éxito exportador alemán, no que sus productos sean más baratos sino que en bastantes casos no tienen competidores eficientes. En segundo lugar, no es evidente que una mera reducción de costes laborales vaya a tener un efecto importante sobre los precios finales de los bienes. En los productos industriales el peso de los costes salariales no suele superar el 30% del coste total. En este caso, una reducción sustancial del 10% de los salarios, de trasladarse a los precios representaría una reducción del precio de venta del 3%. Para tener efectos contundentes, la reducción de salarios debería ser de enormes proporciones (lo que puede tener efectos colaterales contraproducentes en aspectos como la productividad y la demanda interna). En tercer lugar, y este es un elemento crucial, no es evidente que las reducciones salariales se trasladen automáticamente a los precios (de la misma forma que no suele ocurrir que las reducciones del coste de materias primas como el petróleo se trasladen automáticamente al precio de los carburantes, o que la reducción del interés que pagan los bancos se traslade a los intereses que cobran por los créditos.). Cuando no hay traslado, la caída de costes salariales lo que hace es engordar los beneficios empresariales sin que necesariamente aumente su competitividad en términos de precios. Por ejemplo, no existe evidencia de que la caída sustancial de los salarios en la hostelería se haya traducido en un abaratamiento sustancial de hoteles y restaurantes. Y, en cuarto lugar, si los problemas son de precios el factor más importante no son los costes salariales, sino el tipo de cambio que se establece entre la moneda local y las demás. Si, por ejemplo, el Euro se revaloriza un 10% respecto al dólar, ello quiere decir que todos los productos del área euro se encarecen un 10% para los clientes externos y, al mismo tiempo, los productos provenientes del exterior de la zona euro se abaratan en la misma proporción. Es evidente que el tipo de cambio no influye en el comercio exterior con los países de la zona euro, pero sí con el resto. Y dentro de la zona euro, gran parte de los intercambios obedecen al tipo de especialización productiva de cada área y a las políticas de localización de las multinacionales. Si los salarios fueran tan decisivos, países como Grecia, Rumania o Bulgaria deberían estar atrayendo inversiones industriales masivas y ganando cuota de mercado.

El argumento de la competitividad es por tanto dudoso. Lo que es indudable es que el ajuste salarial lo que provoca es un aumento de los beneficios, un cambio en la distribución de la renta a favor del capital. Y, como han mostrado numerosos economistas críticos, empezando por Marx, este cambio en la distribución de la renta forma parte de la lógica de la acumulación de capital. Algo muy distinto al interés colectivo con el que el discurso económico dominante nos trata de confundir.

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¿Menos salarios equivalen a mayor competitividad-precio?

Autor: Paloma Villanueva

La Paradoja de Kaldor

Si el Gobierno respondiese a día de hoy a la pregunta que da título a este artículo lo tendría claro:

“Una adecuada coordinación de las reformas estructurales, que reduzca las divergencias de competitividad, ayudará a corregir los desequilibrios en la UEM y a absorber mejor las perturbaciones mediante una rápida reasignación de los factores productivos.”

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2018), Posición española sobre el fortalecimiento de la UEM, abril 2018, p. 6

Y así se ha entendido en el resto de la Unión Monetaria.

Cuando se estudian en economía los desequilibrios que han llevado a la crisis global y financiera que comenzó en 2008, una de las causas que se detecta es la acumulación de elevados déficits y superávits de las balanzas por cuenta corriente de los Estados Miembro, provocada por las divergencias en la evolución de sus costes laborales unitarios. Siguiendo este razonamiento, los países de la periferia europea, entre ellos España, han adoptado políticas de devaluación interna (bajadas salariales) con el fin de recuperar esa competitividad-precio que perdieron tras la introducción del euro.

Habiendo la economía española registrado 4 años de crecimiento positivo con un superávit por cuenta corriente, cabría preguntarse si esta política económica ha sido la responsable de la corrección de dicho desequilibrio.

Mecanismos de la devaluación interna sobre el sector exterior

El mecanismo de corrección de dicha medida que se considera habitualmente en la literatura económica (el de la competitividad-precio de las exportaciones) es el siguiente. En tanto que costes para las empresas, una caída de los costes laborales unitarios (CLUs) habría supuesto una caída de los precios de exportación. Al tornarse nuestras exportaciones más baratas frente a nuestros competidores comerciales, las exportaciones habrían crecido por encima de las importaciones, reduciendo progresivamente el saldo negativo de nuestras exportaciones neta.

Sin embargo, para que el mecanismo arriba descrito tenga efecto es necesario el cumplimiento de una condición económica y, por otro lado, existen dos efectos más que se derivan de la caída de los salarios.

La condición a la que nos referimos es la condición Marshall-Lerner y establece que para que una devaluación externa (bajada del tipo de cambio) o bien una devaluación interna (bajada de los precios nacionales) sea efectiva la suma del valor absoluto de las elasticidades-precio de las exportaciones y las importaciones sea superior a la unidad. Así, si la condición se cumple el saldo exterior negativo de una economía se reducirá hasta tornarse en positivo.

Por otra parte, existen dos mecanismos más por los que una devaluación interna puede tener influencia en el reajuste del sector exterior.

  • El primero de ellos es el efecto de sustitución de importaciones; de tal forma que una caída de los CLUs además de trasladarse a los precios de las exportaciones, se trasladaría a los precios domésticos. Frente a este abaratamiento de los bienes y servicios nacionales en relación a los importados, los agentes económicos optarían por consumir más producción nacional, lo cual reduciría las importaciones.
  • El segundo de ellos se deriva del modelo Bhaduri-Marglin, que contempla el carácter dual de los salarios (efecto demanda). Éstos no sólo suponen un coste para las empresas, sino que también son la principal fuente de ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, cambios en los CLUs, y en la cuota del trabajo, podrán aumentar o no las importaciones en función del régimen de demanda de la economía en cuestión. Si el régimen de demanda es wage-led; lo que quiere decir que el crecimiento de la economía está liderado por los salarios; una caída de la cuota salarial, deprimirá los componentes de la demanda agregada y afectará negativamente a las importaciones. Si, en cambio, el régimen de demanda es profit-led o dirigido por los beneficios, el efecto sería el contrario.

Evidencia empírica

En la siguiente figura (1), se observa cómo tanto CLUs, exportaciones y precio de la exportación han seguido tendencias totalmente dispares desde la introducción de la moneda común.

El período que abarca desde 4tr1999 hasta el estallido de la crisis; el que recoge la acumulación de la pérdida de competitividad-precio; se caracteriza por un crecimiento sostenido de las exportaciones reales, a pesar de que tanto precios de la exportación como CLUs relativos creciesen paralelamente. Una vez estalla la crisis, vemos cómo esas relaciones cambian, siguiendo cada variable una trayectoria distinta: mientras que los CLUs relativos caen, los precios relativos de las exportaciones se mantienen y las exportaciones reales recuperan su ritmo de crecimiento anterior, a excepción del 3tr2009 en que colapsó el comercio internacional.

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En base a esta figura, resultaría difícil de sostener que las ganancias competitividad-precio derivadas de la caída de los CLUs, en tanto que no se transmiten a menores precios, hayan tenido un efecto sobre las exportaciones reales.

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¿Y EL REPARTO DEL EMPLEO?

Autor: BANATU Taldea

BANATU Taldea y Gara-Naiz

Esta es una carta abierta al Gobierno de Navarra cuando falta 1 año para que se acabe la legislatura.

El paro es el principal problema de nuestra sociedad. Hoy son 34.519 el número de personas desempleadas en Navarra: el 10,54% de la población. Una sociedad justa e igualitaria tiene que aspirar a que todas las personas tengamos un trabajo decente para poder vivir dignamente. No es fácil conseguir este objetivo, pero, precisamente, el reparto del empleo (RDE), es una de las medidas que podríamos tomar para atajarlo eficazmente, y que solo depende de la voluntad de las personas con empleo, y de la voluntad política que ha de aprobar las medidas legales adecuadas para su decidido impulso.

El objetivo es compartir el empleo de forma solidaria con las personas que no lo tienen, mejorando así la calidad de vida de ambos colectivos. Trabajar menos para trabajar todas y vivir mejor. “Esta idea de limitar y repartir el tiempo de trabajo (de todos los trabajos, no solo del empleo) es una idea fecunda y preciosa que resulta especialmente conveniente ante el desempleo crónico que padecemos, la crisis ecológica, la dominación patriarcal y la desigualdad social”.

Las Administraciones Públicas tienen la obligación de legislar para que lo podamos hacer en condiciones razonables, en este caso, en el ámbito laboral navarro.

El Gobierno del cambio en su Acuerdo Programático adquirió los siguientes compromisos en torno al reparto del trabajo:

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¿Modifican las reformas laborales la ley de Okun?

Autor: Luis Cardenas

La Paradoja de Kaldor

Las instituciones españolas y de la UE consideran que las recientes reformas del mercado laboral han mejorado la flexibilidad, permitiendo generar más empleo con una menor creación del PIB.

Esta relación puede analizarse mediante la conocida Ley de Okun. Esta regularidad empírica establece una relación significativa, estable e inversa entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de variación del desempleo. Aunque existen múltiples versiones de esta ley (Ball, Leigh & Loungani, 2017), se suele formular en dos tipos. La versión en diferencias y la versión de brecha o gap.

La primera establece una relación negativa entre las tasas de crecimiento trimestrales de la tasa de desempleo y la del PIB en términos reales. A su vez, se compone de una formalización estática de relaciones contemporáneas y una dinámica, que incluye las variables retardadas. En el segundo caso, se realizan estimaciones mediante procedimientos de filtrado para obtener el elemento tendencial de ambas variables. Permitiendo así calcular en términos de diferencias respecto a su tendencia (componente cíclico). A pesar de que se ha desarrollado una extensísima literatura sobre formas de estimar esta regularidad, usaremos la primera formulación ya que sigue siendo la versión más intuitiva [1].

∆Ut = α + βY ̇t + ωt        [1]

La tesis más común sostiene que se ha producido un cambio en la curva de Okun por lo que la economía española necesita ahora un menor crecimiento del PIB durante los períodos de expansión de que durante el ciclo anterior, principalmente como consecuencia de las reformas laborales, y en concreto de la reforma del año 2012 (Cuerpo, Geli, & Herrero, 2018).

Lo cierto es que existe evidencia de este comportamiento durante la recuperación de la economía española. En el gráfico 1 se muestra la curva de Okun para el período previo al inicio de la recuperación económica (fechada en el tercer trimestre del 2013) y en el período siguiente. Como se puede observar, la curva durante la recuperación se sitúa significativamente a la izquierda, esto implica que es necesaria una menor creación del PIB para reducir el desempleo. De igual forma, la pendiente de la curva no ha variado de manera relevante, así que se reduce el desempleo aproximadamente a la misma velocidad.

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Gobernar la digitalización en favor de la mayoría

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

#lacircular

Como señalaba Dani Rodrick, el debate sobre las consecuencias sociales y económicas del proceso de “digitalización” está muy polarizado: los “tecno-optimistas” piensan que estamos en la antesala de grandes crecimientos de la productividad que permitirán un aumento de los niveles de vida sin precedentes; los “tecno-pesimistas” afirman que es difícil que la digitalización acabe produciendo los aumentos de productividad que se le atribuyen; por último, los “tecno-preocupados” coinciden en que el efecto de las nuevas tecnologías sobre la productividad será de gran escala, pero piensan que, precisamente por eso y por sus características, acabarán provocando grandes pérdidas de empleo y de bienestar para una parte importante de la población.

Nuestro enfoque no se reconoce en ninguna de estas tres posiciones.

En primer lugar, aunque aún está por ver su dimensión exacta, sí creemos que este tipo de innovaciones acabarán cambiando el modo de producir en muchos sectores, y acelerarán la productividad en los próximos años (al menos en dichos sectores). Esto debemos verlo como una oportunidad: será posible aumentar la renta per cápita con las mismas horas de trabajo, o garantizar niveles similares de renta per cápita con jornadas laborales más cortas. Pero también es un desafío que España debe atender con las políticas industriales adecuadas para no quedar relegada.

A su vez, este proceso puede plantear algunas amenazas, lo que requiere que se gobierneadecuadamente para asegurar no sólo que la productividad crece, sino que este aumento se reparte equitativamente y se traduce en cambios favorables para la mayoría.

La amenaza que se analiza con más frecuencia es la de la posible aparición de un elevado “desempleo tecnológico” como consecuencia de que los robots sustituyan al trabajo humano en muchas ocupaciones. Sin embargo, como ya se ha explicado también en otros números previos de La Circular, la robotización no tiene por qué producir una destrucción masiva de empleo.

Sin ir más lejos, entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los años 70, los países desarrollados vivieron años de crecimiento elevado de la productividad –asociada a la fuerte mecanización del proceso productivo–, pleno empleo y aumentos de los salarios reales, como vemos en la siguiente figura. Esta “compatibilidad” entre desarrollo de la productividad y crecimiento del empleo se explica, primero, porque a la vez que crece la productividad puede reducirse la duración de la jornada laboral media. Además, la posibilidad de obtener la misma producción con menos horas de trabajo no tiene por qué suponer que el número total de horas de trabajo se reduzca, siempre y cuando se produzca, de forma simultáneamente, un aumento de la demanda, la expansión de nuevos sectores y, por tanto, de la actividad económica.

Productividad y empleo (1950 = 100) y tasa de paro en Estados Unidos

Fuente: Federal Reserve Economic Data.

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34 horas: vivir, conciliar, trabajar

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

#lacircular

Cómo organizamos y cómo distribuimos el tiempo tiene una influencia decisiva en nuestras vidas. Las decisiones que podamos adoptar colectivamente sobre estas cuestiones están cargadas de una potencia transformadora muy importante. Por ello, queremos impulsar este debate y conceder a la distribución entre el “tiempo de trabajo” y el “tiempo personal”, un protagonismo mucho mayor del que actualmente recibe en las discusiones de política económica. Hay buenas razones para ello.

En primer lugar, la jornada laboral –medida por el número de horas de trabajo anuales por persona ocupada– ha seguido históricamente una tendencia a la baja, conforme se iban produciendo mejoras en la productividad. Por ejemplo, en España la jornada laboral suponía unas 2.800 horas de trabajo al año a principios del siglo XX, y actualmente está ligeramente por debajo de las 1.700 horas. Pero en el gráfico también podemos ver que si bien entre 1970 y 1990 hubo un intenso proceso de reducción del número de horas anuales de trabajo (casi un 13%), esta tendencia se detuvo entonces, y hoy la jornada anual es sólo un 3% más baja que hace 30 años. De hecho, en España se trabaja de media 118 horas más al año que en el conjunto de la UE-15.

Pero, en segundo lugar, el hecho de que -por término medio- dediquemos más tiempo en España al trabajo productivo que en otros países europeos es compatible con una importante discriminación por género también en la duración de las jornadas. Por un lado, un 28,5% de los hombres declara tener una jornada en su puesto de trabajo habitual superior a las 40 horas semanales, frente a un 15,5% de las mujeres. Por otro lado, el fuerte crecimiento en el trabajo a tiempo parcial que se ha producido en los últimos años se ha concentrado en las mujeres. Un 70% de las contrataciones a tiempo parcial son de mujeres, de las cuales más de la mitad son involuntarias. Además, en el 20% de los casos el empleo a tiempo parcial de las mujeres está asociado al desigual reparto de los cuidados (en los hombres no llega al 5%).

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Autogestión y cooperativismo. El avance sobre la producción

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

“La autogestión, en la práctica, aprendiendo y rectificando, no es algo definitivamente logrado, ni un paraíso prometido, sino el comienzo de un proceso hacia la liberación” (Abraham Guillén)

La democracia en el trabajo, la posibilidad de una economía basada en la autogestión por parte de los propios productores, el control colectivo de la infraestructura material que permite solventar las necesidades vitales del pueblo, es una alternativa al sistema capitalista de producción que ha permeado todas las resistencias obreras y populares desde la emergencia misma de la sociedad del salario y la mercancía.

Ya fuera desde la memoria de grabada en la psiquis proletaria por los siglos de uso de los llamados bienes comunales, que en la sociedad precapitalista permitían el acceso de los campesinos a recursos imprescindibles para su subsistencia, sometidos a un régimen de gestión colectiva, y más o menos democrática según las zonas y los momentos. O ya fuera por la expansión en la naciente clase obrera de las “utopías” socialistas que veían como finalidad inmanente del propio desarrollo capitalista la conformación de la infraestructura material y social que permitiría construir un socialismo preñado de abundancia y riquezas, tanto materiales como culturales, para todos. En ambos casos, la posibilidad de construir o revivir el escenario del comunismo deseado, iba teñida de la idea de favorecer el autogobierno de los trabajadores, provocando la desaparición de la relación salarial y la progresiva (o inmediata, según las corrientes) pérdida de sentido del Estado, como mecanismo de gestión política de la fuerza de trabajo que desaparecería ante la emergente potencia de las relaciones directas y democráticas entre los propios productores.

Esta visión animó el proceso de desarrollo del movimiento obrero, así como la paralela generación de experimentos sociales que permitían iluminar aspectos de la realidad que la explotación capitalista dejaba en la penumbra, como la potencia económica de la cooperación productiva o la capacidad misma del trabajo asociado en pié de igualdad para resolver necesidades humanas básicas y para producir un avance en la conciencia política de la clase trabajadora. Así, el desarrollo de los sindicatos, las cooperativas, las redes de consumo o las comunas y establecimientos utópicos (como los falansterios de Fourier o la Nueva Icaria de Etienne Cabet) iban de la mano, generando un proceso de empoderamiento de la clase trabajadora, que no sólo defendía sus intereses inmediatos en el lugar de trabajo, reclamando mayores salarios, sino que también se presentaba como portadora de una alternativa de conjunto al sistema , así como de un proyecto económico capaz de resolver las contradicciones inherentes al proceso de desarrollo capitalista.

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El debate sobre la financiación de la Seguridad Social

Autor: Carlos Ochando

La Paradoja de Kaldor (Artículo publicado en Noticias de Política Económica Nº 19, Marzo 2018)

Las reformas aplicadas del sistema público de pensiones han considerado el gasto público social como la variable de ajuste ante los desequilibrios financieros que provoca el fenómeno del envejecimiento de la población y el continuo deterioro de las variables económicas que condicionan la sostenibilidad futura del sistema. Prácticamente, dichas reformas han dejado inalteradas las fuentes de ingresos. No obstante, debemos de tener presente que el diseño de la financiación de un sistema de pensiones debe realizarse considerando la naturaleza del sistema público que se pretende financiar. Si defendemos un sistema público de reparto no estricto, necesitamos incorporar otras fuentes de financiación distintas a las cotizaciones. Pero, ¿cuáles deben ser esas fuentes de financiación?, ¿sobre quién debe recaer la carga fiscal de las mismas? La elección que hagamos entrará siempre en el terreno de las opciones y preferencias sociales, colectivas y políticas –aunque los efectos y consecuencias redistributivas, en ocasiones, no son nada desdeñables y se deben analizar de manera rigurosa).

En esta breve reflexión sobre el tema, vamos a exponer cuatro líneas de reforma de las fuentes de financiación del sistema público de pensiones:

  • la reforma de las cotizaciones,
  • la financiación finalista del Estado,
  • el aumento de la financiación fiscal y
  • la creación de nuevas fuentes de financiación.

La reforma del sistema de cotizaciones

La reforma de las cotizaciones (impuesto afectado) debería tener como objetivo reducir su regresividad y aumentar la capacidad recaudatoria. La reforma debería incluir tanto la modificación de las bases de cotización como el cambio en los tipos de cotización.

Algunas de las medidas podrían ser las siguientes:

  1. aumentar (hasta suprimirlo) progresivamente el tope máximo de la base de cotización, sin que ello vaya acompañado, o no de manera proporcional, de una mejora de las pensiones de los pensionistas afectados;
  2. aumentar las bases mínimas y medias de cotización acorde con el aumento de los salarios medios (por ejemplo, un aumento progresivo del SMI hasta equipararlo al 60% de los salarios medios);
  3. unificar el criterio de determinación de las bases de cotización en función de las rentas de trabajo reales (es decir, aproximar las cotizaciones de los autónomos a sus rentas reales);
  4. suprimir las bonificaciones, exenciones, reducciones y tarifas planas en las cotizaciones;
  5. exención en la base de cotización para las rentas de trabajo inferiores (tipo cero de gravamen);
  6. la lucha contra el fraude en las cotizaciones y la economía sumergida;
  7. de manera coyuntural, se puede proponer un aumento de los tipos de cotización y
  8. la introducción de una escala variable o móvil de cotización que considere la dimensión de la empresa (según el número de trabajadores y/o el volumen de negocios).

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Competitividad del “modelo alemán”

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

La contención salarial y los ajustes en las plantillas han proporcionado un plus competitivo a la economía de Alemania, que precisamente se caracteriza por tener un marcado perfil exportador.

En la industria manufacturera, el aumento de los salarios en los años de precrisis apenas superó el de los precios. Entretanto, el avance obtenido en la productividad fue sustancial, alimentado tanto por un rápido crecimiento del Producto Interior Bruto como por la caída del empleo. El resultado conjunto de la moderación salarial y la destrucción de puestos de trabajo en la industria manufacturera ha sido un sustancial retroceso en la participación de los salarios en el valor añadido por las manufacturas.

No hay que perder de vista, en todo caso, que el potencial exportador de la economía alemana se alimenta, sobre todo, de empresas y producciones de medio-alto y alto contenido tecnológico y en actividades de gama alta. Valgan como ejemplos el destacado papel de la industria de maquinaria y equipo de transporte, que aportó cerca de la mitad de todas las ventas al mundo (unos diez puntos porcentuales más que en nuestra economía), y el positivo papel de las industrias más sofisticadas en el saldo excedentario de la balanza comercial.

Tampoco hay que pasar por alto que las corporaciones alemanas han situado una parte importante de su cadena de creación de valor en las economías procedentes del mundo comunista, convertidas una parte de ellas en socios comunitarios. En estos países —cercanos geográficamente y bajo su esfera de influencia— la atracción de inversiones extranjeras directas y la integración en las redes globales de suministro han sido piezas claves de sus políticas económicas, orientadas a la modernización de las estructuras productivas y comerciales. Seguir leyendo…

‘El dinero para las pensiones es una cuestión de voluntad política’. Entrevista a Miren Etxezarreta en Radio Euskadi

Autor: Miren Etxezarreta

Radio Euskadi

La doctora en economía Miren Etxezarreta acudió al Congreso MARX 200 AÑOS, celebrado en marzo en Bilbao. La experta asegura que hay dinero de sobra para subir las pensiones más de un 0,25%. Según su opinión, ‘el problema es que no se quiere repartir para las pensiones’.

  • 9:46 min

Miren Etxezarreta, doctora en economía ha asegurado que hay dinero de sobra para subir las pensiones más de un 0,25%. Según su opinión, ‘el problema de las pensiones es cómo se reparte el dinero, y que no se quiere repartir para las pensiones’.

En este sentido ha puesto el ejemplo del gasto militar, ‘si no se elevara el gasto militar al 2% del PIB, habría dinero para las pensiones. La decisión es puramente política y social’.

Por ello, ha insistido, ‘si en lugar de gastar en armas, gastáramos en pensiones, habría dinero’.

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Trabajo, salarios y empleo

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Esquema en power point de la segunda sesión del curso “Economía para no economistas”

2. Trabajo, salarios, empleo

Brecha salarial: más de dos euros menos por el mismo trabajo

Autor: Lucia Vicent Valverde

El Salto

Los salarios femeninos, en términos generales, se han situado siempre por debajo de la media masculina. A eso se suma el actual proceso de devaluación salarial que afecta a toda la clase trabajadora, cuyas retribuciones continúan sin despegar y dan forma al precariado creciente.

A mediados de los noventa comienza en España una etapa de crecimiento económico, muy superior a las registradas en etapas anteriores. La progresión del PIB español durante todo el periodo comprendido entre 1995 y 2007, con una tasa media del 3,7%, superó en más de un punto porcentual el desempeño de las principales economías comunitarias (el dato de la UE15 fue del 2,4%).

Durante los siete primeros años de la década de los 2000, el poder de compra de los salarios cae y contrarresta los efectos de mejora que se esperaban por los buenos resultados de la ocupación laboral que alcanzaba máximos históricos. El mercado de trabajo, cuya evolución fue capaz de contraer considerablemente los niveles de desempleo, no favoreció el incremento de los salarios y su poder adquisitivo.

Brecha salarial 1
Población ocupada (personas) y desempleo (%) en España 1970-2014

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Las estadísticas laborales, manipulación y desinformación

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Cada quincena, mes o trimestre, al comienzo o al final de cada año, los medios de comunicación mayoritarios y una legión de políticos que habitan los círculos de poder o se encuentran en sus alrededores se dedican, con renovado entusiasmo y dedicación, a interpretar, siempre en un sentido favorable, la información estadística más reciente sobre empleo y desempleo.

Mejora la ocupación, retrocede el paro… en relación al mes precedente o al mismo del año anterior, comparando los datos trimestrales de los últimos ejercicios, computando los últimos 12 meses o tomando algún año de referencia, en términos anuales, interanuales o teniendo en cuenta la serie histórica. Así, dale que te pego, hasta el infinito o hasta que el dato en cuestión –convenientemente aseado, revestido, reformulado o torturado- dice lo que tiene que decir.

Si no fuera por la carga manipuladora de este verdadero circo estadístico y porque detrás de los datos hay personas y proyectos de vida, resultaría hilarante y patético asistir, en calidad de sufrido espectador, a semejante espectáculo.

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¡Stop a los recortes salariales!

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

El rayo que no cesa. Nueva vuelta de tuerca del Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Cuál es la propuesta/imposición de esta institución para la economía española y por extensión para el resto de las economías periféricas del continente europeo? Proceder a un nuevo recorte de los salarios. Esta sería la manera, ¡cómo no!, de mejorar la rentabilidad de las empresas, por un lado, y fortalecer la competitividad externa de nuestra economía. Al final del camino, si se recorre sin titubeos: reactivación de la economía y aumento del empleo.

Ninguna sorpresa, pues el FMI nos tiene acostumbrados a sus recetas, atemporales y universales, aplicables en Latinoamérica, Asia o África, pero también en la Unión Europea, antes y ahora. Tampoco sorprende que sus “recomendaciones” se dirijan, con especial insistencia, a las economías más débiles y maltratadas por la crisis económica; con las más ricas es mucho más condescendiente y flexible, no en vano son las que más influyen en la institución, las que marcan la impronta de las políticas fondomonetaristas.

Receta equivocada e interesada.

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ENTREVISTA TRABAJO E IGUALDAD DE GENERO

Autor: EKO TV, Sandra Ezquerra, Maria Pazos Moran y Lina Galvez

Desde el programa Eko de Ekononuestra hemos realizado una pequña mesa debate para explicar la necesidad de revertir una situación injusta: la desigualdad de trato laboral entre mujeres y hombres. Lina Gálvez, Sandra Ezquerra y Maria Pazos hablan sobre la actual situación, sus posibles soluciones y la justificación de la lucha por la igualdad. Os dejamos en su estupenda compañía.

Para ver el vídeo pincha aquí.

Los aumentos de la productividad: La gran mentira

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Producir más cantidad y mayor calidad, en menos tiempo y con menos recursos. Este sería, más allá de los episodios de crisis, el gran activo del capitalismo, frente a los sistemas económicos que le han precedido en la historia. Donde fracasó el socialismo realmente existente –simbolizado por la Unión Soviética-, ha triunfado el mercado.

Una primera aproximación –en mi opinión, superficial y, desde luego, insuficiente- parece dar la razón a los que sostienen que el balance del capitalismo en materia de productividad es, sin paliativos, una historia de éxito. Cabe señalar al respecto la reducción de la jornada laboral, el aumento en la variedad y la calidad de los bienes y servicios puestos a disposición de las empresas y los consumidores y la reducción de su precio.

Con todo, quienes suscriben tan favorable balance deberían estar preocupados por la evidente desaceleración observada en el curso seguido por la productividad del trabajo y del capital a lo largo de las últimas décadas; desaceleración que es particularmente evidente en el mundo capitalista desarrollado. Esta evolución abre las puertas a un debate de gran calado sobre los límites sistémicos del capitalismo para reproducirse; límites que, dependiendo de la interpretación elegida, apuntan a factores como la atonía inversora, el imperio de la financiarización o el alza de la desigualdad. Una deriva en materia de productividad que, entre otras cosas, está detrás del aumento de la pugna distributiva y, en un contexto de cambio sustancial de la relación de fuerzas a favor del capital y en contra del trabajo, de la presión estructural sobre los salarios.

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