Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Convocatoria XVII Jornadas de Economía Crítica (JEC)- Santiago de Compostela 2020

Autor: ASOCIACION ECONOMIA CRITICA

XVII Jornadas de Economía Crítica:

Emergencias, transiciones y desigualdades socioeconómicas

Santiago de Compostela – 3 y 4 de septiembre de 2020

Las Jornadas de Economía Crítica son un espacio de encuentro abierto que se viene organizando desde hace tres décadas. En esta ocasión, tendrá lugar los días 3 y 4 de septiembre de 2020 en la Universidade de Santiago de Compostela (España), organizadas por la Asociación de Economía Crítica y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la citada Universidad.

En los últimos años, nos enfrentamos a múltiples retos que nos indican una situación altamente crítica para el futuro inmediato de la humanidad. Hacer frente a estos retos exige el diagnóstico de todas las emergencias que deben ser atendidas, además de la formulación de posibles caminos para transitar hacia un mundo en que dichos retos puedan ser superados y que, por otra parte, permitan reducir las desigualdades existentes a diferentes niveles. Por ello, las JEC constarán esta vez de tres plenarios y de las tradicionales sesiones de discusión donde se presentarán las comunicaciones, así como de espacios de diálogo de la economía con otras disciplinas, con el activismo y sobre el papel de la economía crítica en la educación (áreas transversales).

Entretanto, os animamos a enviar comunicaciones sobre los temas que tradicionalmente han sido objeto de atención en las JEC: enfoques teóricos de economía crítica, aspectos de la economía mundial, el mundo del trabajo, relaciones entre la economía y la naturaleza, economía feminista, sobre Estado de bienestar y protección social, políticas económicas, etc. En todo caso, serán bienvenidas todas las comunicaciones que analicen asuntos económicos de interés desde una perspectiva crítica. Asimismo, os animamos a realizar propuestas para las mencionadas áreas transversales.

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Derogar la reforma: sobre la política laboral del nuevo gobierno

Autor: Daniel Herrero

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

La salida a la luz del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos generó un importante revuelo mediático. Uno de los puntos más polémicos del documento ha sido el dedicado al mercado de trabajo, por el compromiso adquirido por ambos partidos de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores y derogar algunos aspectos importantes de la Reforma Laboral.

Desde el ámbito académico y de la evaluación de políticas públicas, las discrepancias con el documento han surgido por considerar las medidas anunciadas como excesivamente políticas y totalmente al margen de la evidencia científica. La razón es que, según estas voces, la reforma de 2012 se ha mostrado efectiva a la hora de acabar con las debilidades estructurales del mercado laboral español, tales como el alto desempleo, la rigidez salarial o el alto nivel de empleo atípico. Sin embargo, hay evidencia disponible que apunta en un sentido contrario: la reforma no solo no acabó con estos problemas, sino que minó la capacidad negociadora de los trabajadores y sus condiciones laborales. Por tanto, y a falta de que se concrete cuáles serán exactamente las líneas de intervención, la política laboral del nuevo Gobierno parece una buena noticia.

La intención declarada de la reforma del 2012 era la de revertir las rigideces del mercado laboral español, que impedían a los agentes económicos ajustar sus comportamientos a la coyuntura económica, generando un elevado desempleo y un mercado de trabajo dual. A grandes rasgos, el fundamento teórico que había tras ella era que (1) la negociación colectiva estaba excesivamente centralizada y no se adaptaba a las necesidades individuales de las empresas, y (2) que la regulación del mercado de trabajo era inadecuada por ser demasiado protectora con los trabajadores indefinidos y a tiempo completo, aumentando el salario de equilibrio (el que equilibra oferta y demanda) y obligando a los empleadores a recurrir a formas de empleo atípicas.

El razonamiento de la reforma era que la estructura de la negociación colectiva española impedía la internalización de los problemas que generaban las demandas sindicales y de la patronal, en la que priman los intereses de las grandes empresas. En un contexto en el que la tasa de afiliación sindical es muy baja y la cobertura de los convenios colectivos muy elevada, los sindicatos tendrían mucho poder para que sus demandas se extiendan al conjunto de la economía y sus afiliados rara vez se verían afectados por los efectos negativos de esas exigencias (un previsible aumento del desempleo), ya que normalmente se trata de empleados con contratos laborales protegidos, y, por tanto, no tendrían incentivos para flexibilizarlas. Este sistema rígido sería particularmente nocivo ante shocks económicos, porque impedía los ajustes salariales en el corto plazo o la reorganización de los recursos internos de las empresas, obligándolas a despedir trabajadores.

Así, la reforma del 2012 introdujo importantes medidas que profundizaron en las implementados por la de 2010, que facilitaban la actuación discrecional de la empresa al margen de los convenios y deterioraban la capacidad negociadora de los trabajadores. Algunos de estos cambios fueron las facilidades para la inaplicación temporal de los convenios colectivos, la prioridad aplicativa del convenio de empresa, la posibilidad de renegociar el convenio antes del final de su vigencia o la eliminación del principio de ultraactividad (extensión automática del convenio preexistente en caso de que los agentes sociales no llegasen a un nuevo acuerdo).

Sin embargo, su eficacia es cuestionable. Como muestra el gráfico 1, la relación entre el incremento salarial pactado en los convenios colectivos y la tasa de desempleo antes y después de la reforma sufre un importante cambio. Antes de la reforma ya se estaban dando signos de moderación salarial, mostrando que la negociación colectiva sí era sensible al incremento del desempleo. Además, la moderación del salario nominal siempre estuvo presente en la concertación social, tal y como muestran los sucesivos Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC I, II y III), en donde se pactan incrementos máximos de entre el 0,5% y el 1,5%. No obstante, a partir de 2013 se observa cierta desconexión entre ambas variables, indicando que la recuperación económica a partir de 2014 ha repercutido muy débilmente en lo negociado en los convenios. Dicho de otro modo, más que avanzar hacia una negociación colectiva flexible, la reforma ha debilitado la capacidad de los trabajadores de negociar por sus salarios, haciéndolos rígidos al alza e impidiendo su recuperación en momentos de coyuntura económica favorable.

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Sindicalismo feminista: los cuidados también se pelean (Reseña del libro “No eran trabajadoras, solo mujeres”)

Autor: Jon Las Heras Cuenca

Manu Robles-Arangiz Fundazioa

Una huelga puede propiciar momentos de catarsis, incluso de libertad. La huelga es un proceso vital y social a través del cual las personas, como trabajadoras, toman conciencia de su posición contrapuesta al capital. La huelga es un momento de desacuerdo y, por lo tanto, de ruptura. También es un acto creativo, de regeneración, porque las personas ven más allá de sus problemas individuales y expresan una posición común como trabajadoras. Así, el trabajo asalariado deja de ser emancipador y las trabajadoras, ahora no tan sumisas, quieren dejar constancia de su malestar. Se arriesgan y confrontan para vivir diferente. Establecen y refuerzan los lazos de solidaridad para mejorar sus condiciones de vida, y también para reapropiarse de una dignidad y respeto negadas. ¿Por qué, si no, iban a “invertir” las trabajadoras tantos esfuerzos en detener el proceso productivo? ¿Por qué, si no, iban a gritar tanto las trabajadoras de las residencias de Bizkaia resistir, persistir, insistir, pero nunca desistir por las calles del centro de Bilbao cuando sus superiores las observan amenazantes? ¡Qué ironía! ¿Verdad?

La explotación laboral y patriarcal no tienen límite ya que pueden ser demasiado sutiles, estar encubiertas bajo el dogma del “sentido común” y ser presentadas como relación natural, casi ancestral, o incluso como algo necesario para asegurar la competitividad de las empresas, el desarrollo personal y social o, peor aún, para contribuir con el crecimiento económico del país. ¿Y quién es ese país del que tanto hablan si nunca preguntan a la gran mayoría por su situación personal excepto en clave electoral? O, es que, acaso: ¿no somos nada más que ciudadanos que tenemos que pagar impuestos y votar por el partido que asegure más la confianza de los mercados?

El conflicto es más cruel todavía cuando mitad de la población está siendo infravalorada por el mero hecho de ser mujer y exigírsele una forma de comportamiento determinada; cuando las mujeres son tratadas como meros apéndices del hombre, y deben estar subordinadas a él, el único que brinda protección económica y moral, aquellos atributos que ellas no son capaces de asegurarse por sí mismas. Esta actitud tampoco deja de esconder un buen grado de cinismo porque, cuando el trabajo predominantemente realizado por mujeres es pesado y farragoso, como el de cuidados en las residencias de mayores o personas con algún tipo de discapacidad, la fuerza, resistencia y paciencia necesarias para tratar bien a esas personas no son reconocidas en absoluto. Por suerte, siempre hay personas que son críticas frente a ese discurso economicista y patriarcal, y son capaces de dar un paso adelante, valientes, sacando las innumerables injusticias a la luz, denunciando la pobreza de nuestras relaciones, y exigiendo cambiarlas. No eran trabajadoras, solo mujeres, es el libro con el que Onintza Irureta Azkune recoge una de las últimas huelgas que han conmovido la sociedad vasca, la de residencias de Bizkaia 2016-2017. Una huelga por la mejora de un convenio colectivo que duró 378 días, se dice pronto. La historia, hago un spoiler, tiene un final feliz, aunque este sea siempre incompleto y provisional.

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Los efectos disruptivos del cambio tecnológico en el mercado de trabajo

Autor: Julian Lopez

La Paradoja de Kaldor

Pese a su notable importancia, la cuestión del cambio tecnológico y sus consecuencias sobre el mercado laboral apenas ocupa un tímido espacio en la opinión pública. Cuando se aborda, es a menudo desde el anecdotismo irrelevante o el sensacionalismo interesado, dando pie a interpretaciones que caen unas veces del lado del optimismo ingenuo y otras del fatalismo poco informado. Con honrosas excepciones, rara vez se intenta ofrecer una visión más o menos sistemática fuera del entorno especializado. En las líneas que siguen procuro obedecer a tal propósito, reservando el final para advertir acerca de algunos dilemas políticos que habremos de enfrentar.

Ha de comenzarse por algún punto y comienzo destacando una obviedad. Durante el segundo tercio del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI hemos asistido a avances decisivos en computación, telecomunicaciones y robótica. Estas transformaciones no sólo han consistido en la introducción de nuevas tecnologías, cada vez con mayores funcionalidades, sino en una rebaja sustancial en el precio de las mismas que ha permitido que su accesibilidad y la extensión de su uso sea cada vez mayor. Pensemos que el primer modelo de ordenador personal de IBM costaba en torno a 4.000 dólares (en términos actuales) y estaba dotado de una capacidad de procesamiento muy inferior a la que hoy tiene cualquier equipo que cueste una quinta parte de ese precio.

Algo menos obvias resultan sus implicaciones. La más destacada y que recibe mayor acogida entre el público generalista es la vieja batalla del hombre contra la máquina. Con el cambio tecnológico, las máquinas o equipos programables ejecutan con menor coste y mayor eficiencia tareas o actividades que ya antes podían desempeñar. A su vez, operaciones hasta entonces sólo realizadas por humanos pueden ser ahora asignadas a dispositivos tecnológicos. La inminente amenaza de sustitución por el autómata es casi siempre planteada por quienes, casi a renglón seguido, sugieren la reconciliación de máquina y hombre por medio del surgimiento o crecimiento del número de puestos en profesiones y dedicaciones que, por el momento o en un futuro previsible, son asequibles a la habilidad humana pero incompatibles con el tipo de tareas ejecutables por una máquina.

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¿Hacia un nuevo Estado del bienestar dinamizador e inversor?: el nuevo riesgo social del cambio climático

Autor: Carlos Ochando

La Paradoja de Kaldor

Las propuestas de reforma del Estado del bienestar son casi tan antiguas como la existencia del propio Estado del bienestar. Casi desde su nacimiento, se viene hablando de la necesidad de aplicar reformas. Los argumentos son muy variados: la necesidad de sostenibilidad, la justicia y la equidad, el daño al crecimiento económico y la eficiencia, la adaptación a las nuevas necesidades y riesgos sociales, la falta de legitimidad y un largo etcétera que han servido para que el Estado del bienestar estuviera en el punto de mira de sus críticos. Este argumentario crítico ha alimentado reformas -más o menos profundas- del Estado del bienestar tal y como se empezó a construir después de la II Guerra Mundial.

Ahora bien, si bien el Estado del bienestar no se ha desmantelado -como proponía, desde finales de los años setenta, el pensamiento neoliberal y la Economía de la Oferta-, ni ha llegado a una crisis fiscal irresoluble como vaticinaban los autores marxistas, sí que, en los últimos años, está sufriendo una permanente reestructuración.

A las tradicionales argumentaciones teóricas, se suman los efectos de una larga crisis económica que comenzó en 2007-2008 y cuyas secuelas alcanzan hasta la actualidad. Este fenómeno no es novedoso. El debate sobre la necesidad de reformar el Estado del bienestar se acentúa en los periodos de crisis económica. Muchos analistas y expertos (tanto del mundo académico, político y mediático), cuando se produce una merma considerable de los recursos públicos disponibles -resultado de la propia crisis económica- cuestionan la viabilidad financiera, económica y política de los regímenes de protección social. Lo suelen hacer a partir de proyecciones demográficas y económicas con una alta probabilidad de error, ya que las variables utilizadas, sobre todo económicas, son altamente impredecibles y sujetas a una elevada incertidumbre.  La argumentación más extendida es que la crisis económica y la pirámide demográfica someten a cualquier Estado del bienestar a una presión financiera en forma de “tijera” (los ingresos públicos disminuyen mientras que los gastos públicos crecen). El resultado, desde esta perspectiva meramente contable, es la inviabilidad económica futura de los sistemas públicos sanitarios y de pensiones, pilares centrales del Estado del bienestar. Y es cierto que una crisis económica duradera y persistente, sí que puede reducir los recursos fiscales y sí que puede mermar a medio y largo plazo las bases de financiación de los gastos públicos sociales (al margen del cambio de las prioridades y preferencias políticas que puede ocasionar), pero este argumento nos parece extremadamente simple.

¿La supervivencia en el tiempo del Estado del bienestar significa que no son necesarias reformas? Evidentemente, la respuesta debería ser negativa. Como realidad institucional que es, requiere de cambios y reformas que lo adapten a las nuevas realidades sociales. Hacen falta reformas, pero no las que se han llevado a cabo que, únicamente, persiguen la moderación o reducción del gasto público social. La última crisis económica ha alimentado unas propuestas de reforma del Estado del bienestar cuyos objetivos finales han sido la reducción del gasto público, la deslegitimación de las políticas redistributivas, el recorte de los derechos sociales de ciudadanía, la reducción de la intensidad protectora y la disminución de la cobertura de las prestaciones sociales.

¿Y por qué creemos que hacen falta reformas? Primero porque el Estado del bienestar siempre ha sido una realidad institucional dinámica y cambiante. Y segundo, porque, en el momento actual, las transformaciones económicas y sociales se desarrollan a una velocidad de vértigo. En ese sentido, creemos que hay que adoptar reformas institucionales creativas e innovadoras que afronten los nuevos retos y desafíos de las nuevas realidades sociales y económicas. Estas recetas no pueden ser las que sirvieron en el pasado porque la realidad económica, política y social ha cambiado. Creemos que hay que hacer un esfuerzo de innovación social creativa que nos permita adaptar institucionalmente el Estado del bienestar a esta nueva realidad del siglo XXI. Pero esa revisión no debe pasar por su disminución, sino por todo lo contrario: por su universalización y profundización con fórmulas innovadoras, creativas y eficientes.

¿En qué puede estar basada esta nueva arquitectura del Estado del bienestar en el siglo XXI? Las nuevas acciones estratégicas del Estado del bienestar están justificadas por la aparición de los llamados “nuevos riesgos” y por una cierta incapacidad de la vieja arquitectura del Estado del bienestar tradicional en dar una respuesta eficaz e innovadora a los mismos. En este contexto de permanente reconfiguración del Estado del bienestar, algunos autores y analistas han repensado las líneas estratégicas de este “nuevo Estado del bienestar”. Su estructura institucional ha recibido diferentes denominaciones: “Estado de inversión social”, “Estado social activo”, “Estado social inversor”, “Tercera Vía” o, a veces y de manera simplificada, “Sociedad del bienestar”. Otros autores hablan de “Estado Dinamizador” con un nuevo “pilar de emancipación” (Mulas-Granados, C., 2010 : 60). En él se incluirían las respuestas a estas nuevas situaciones de vulnerabilidad y riesgos que el nuevo Estado del bienestar debería atender: familias monoparentales, la emancipación de los jóvenes, los problemas de integración laboral en la madurez (55 a 64 años), los parados de larga duración y en riesgo de exclusión, etc. En esta misma línea Aigenger y Leoni (2010 : 82) señalan tres piedras angulares de una estrategia de éxito: 1) flexibilidad gestionada y equilibrada; 2) prudencia fiscal más calidad del presupuesto y 3) inversión a futuro (investigación, educación, formación continua, tecnologías en TIC, biotecnología, etc.).

Este enfoque teórico conecta con la literatura económica y sociológica sobre la “pre-distribución” y de “la inversión social”.  Desde este marco teórico se defiende la necesidad de repensar la función social del Estado, rediseñándolo hacia un Estado del bienestar “preventivo”, “proactivo” que enfatice en la inversión en el capital humano y que haga frente a los “nuevos riesgos sociales” por medio de una mayor inversión social  (Zalakain y Barragué, 2017).

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La fusión de PSA-FCA y su impacto en las condiciones laborales

Autor: Mariu Ruiz-Galvez Juzgado y Dario Claver Segui

El Salto (Economía para Todas)

En los últimos días se ha confirmado la fusión entre dos grandes grupos automovilísticos: el Grupo PSA y FCA. No resulta algo sorprendente a tenor de la trayectoria reciente de PSA, que adquirió Opel en 2017. En los años noventa fue Fiat quien planteó una fusión a PSA, pero fue rechazada. Ambos grupos han venido colaborando estrechamente durante las últimas décadas, por ejemplo, a través de varias empresas conjuntas localizadas en Italia, Francia y Turquía.

Tanto PSA como Fiat han venido trazando una estrategia empresarial que han conseguido desarrollar durante las últimas décadas. Por un lado, ambos grupos poseen una política de producto basada en el volumen y la diversidad. Dicho de otro modo, ambos fabricantes tratan de lanzar una amplia oferta de modelos para cubrir todos los segmentos de mercado posibles, al tiempo que esa mayor variedad de modelos, diferentes en apariencia, comparten un cada vez mayor porcentaje de componentes internos, principalmente de tipo electro-mecánico. Durante las dos últimas décadas ambos grupos han realizado un importante esfuerzo en desarrollar la política de producto basada en la estandarización de los módulos del automóvil y su adaptación combinable en la amplia gama de modelos de los fabricantes.

Por otro lado, desde la década de 1980 estas dos compañías automovilísticas han ido incorporando y adaptando paulatinamente técnicas de producción japonesas, basadas en el toyotismo, con el principal objetivo de reducir costes. En la actualidad esta reducción de costes se proyecta principalmente sobre la presión a las proveedoras bajo sistemas de producción justo a tiempo, o sobre las condiciones laborales en términos de incrementos de la flexibilidad en la gestión de la mano de obra, especialmente en cuanto a la variabilidad de la duración de las jornadas y de los calendarios laborales se refiere.

Igualmente, en su proyección exterior el esquema de internacionalización que presentan ambos grupos concentra buena parte de su producción y sus ventas en Europa, y ambos fabricantes han tratado de posicionarse en mercados emergentes en Asia (China e India) y Latinoamérica. Como novedad, con la fusión se le abre una oportunidad a PSA de penetrar en el mercado estadounidense con la presencia de Chrysler. Una vez trazada la panorámica de ambos fabricantes, cabe preguntarse cómo puede afectar la fusión al colectivo de trabajadores. A falta de conocer cómo se concreta y materializa la fusión en los próximos meses, y cómo se acoplan las diferentes trayectorias y estrategias empresariales sobre una dirección común, nos surgen algunos interrogantes que lxs trabajadorxs y los sindicatos deberían tener en cuenta.

Por un lado, con una fuerte concentración de las ventas en Europa cabe preguntarse sobre la posible “canibalización” del amplio abanico de modelos tras la fusión. A las marcas de PSA – Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall – se unen las múltiples marcas que se aglutinan sobre FCA – Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Iveco, Lancia, Maseratti, Ferrari, Jeep, Lancia y Dodge. Es una incógnita el hecho de cómo se van a complementar gran cantidad de modelos que en realidad cubren mismos segmentos de mercado, es decir, cubren las mismas preferencias de consumo. Esto ocurrirá especialmente con los vehículos de pasajeros de gamas media y media-baja, donde la oferta del conjunto de marcas como resultado de la fusión va a ser muy elevada. Hasta ahora, el Fiat 500 es uno de los vehículos de gama baja más vendidos en Europa – un 2,3% de cuota de mercado en 2017 –, por detrás del Volkswagen Golf, pero la oferta de modelos para ese mismo segmento de marcas como Citroën y Opel también es considerable. En el caso de España, el patrón de especialización en la producción de vehículos de las plantas de PSA en Vigo, Figueruelas y Villaverde está situado en aquellos de bajo y medio-bajo valor añadido.

Por otro lado, pese a que las plantas ensambladoras puedan optar ahora a la adjudicación de una mayor variedad de modelos, si no se consiguen extraer las rentabilidades esperadas por modelo es posible ver cambios hacia una reducción del número de modelos por segmento, lo que obligaría a suprimir la comercialización de aquellos que compitan por un segmento de demanda similar. Dicho de otro modo, si bien hay una mayor variedad de modelos a los que optar, la competencia entre plantas del propio grupo por la adjudicación de los mismos también se incrementa. Buena parte de las plantas de Fiat están localizadas en Italia, y también dispone de ellas en Polonia, Turquía y Serbia, donde los costes laborales son notablemente inferiores a los de Europa occidental. Como sabemos, la competencia que se desata entre plantas de un mismo grupo cuando la matriz decide lanzar un nuevo modelo al mercado es muy elevada, y la presión hacia el ajuste durante las diferentes rondas de negociación colectiva en las condiciones laborales – salarios, flexibilidad, intensidad del trabajo, etc. – en este contexto de competencia no es menor.

Resulta paradigmático el caso de la adjudicación del proyecto K9 a la factoría de Vigo, un proceso de negociación presidido por la enorme presión que desde el Grupo y la Dirección de la planta de Vigo se ejerció sobre el colectivo de trabajadores, con el objetivo de empeorar las condiciones laborales ante la amenaza que suponía la competencia a la baja de otra planta del Grupo PSA localizada en Trnava (Eslovaquia). Tras un largo proceso de negociación, no exento de conflictividad, se aprobaron diversos programas de ajuste – articulados a través del convenio colectivo y planes de competitividad negociados ad hoc – con el beneplácito fundamental del sindicato que desde hace décadas detenta la mayoría absoluta en la fábrica: el Sindicato Independiente de Trabajadores. También es ilustrativo el ajuste en las condiciones laborales que se ha acometido en la planta de PSA en Figueruelas, principalmente en términos de ajuste salarial e incrementos en la intensidad y los turnos de trabajo, tras la compra de Opel por parte de PSA y su inserción a la dinámica y a la estrategia del Grupo francés bajo la presidencia de Tavares. Pese al rechazo del grueso de la plantilla, finalmente el ajuste se aprobó en 2018 con el apoyo de UGT y CCOO; ambos ostentaban más del 50% de representación en el comité de empresa.

Resulta necesario remarcar, además, que esta dinámica de ajuste no solo afecta a las plantillas de las plantas ensambladoras, sino a toda una comunidad cuya actividad productiva depende de lo que ocurra en dichas factorías. Por tanto, pese a las incertidumbres que arroja el futuro del Grupo tras la fusión, toca estar alerta.

Desde el ámbito de la acción sindical es crucial como herramienta de fortalecimiento la coordinación entre secciones sindicales de las distintas plantas del Grupo. En este sentido, sindicatos como CGT y CUT han mantenido varias reuniones desde comienzos de 2019 para poner en común el diagnóstico de las problemáticas que sufren lxs trabajadorxs en las tres plantas de PSA en España y trazar una estrategia de acción sindical conjunta y coordinada.

Igualmente, disponer de información económico-financiera y de la situación de las distintas plantas del grupo a nivel internacional es otro elemento crucial para encarar la negociación colectiva. En el ejemplo anteriormente citado del proceso de negociación colectiva en PSA Vigo para la adjudicación del proyecto K9, la Dirección puso desde el primer momento en la mesa de negociación la alternativa que se estaba barajando desde el Grupo para adjudicar la producción, esto es, la planta de Trnava en Eslovaquia. Sin embargo, la planta de PSA en Eslovaquia no contaba con las infraestructuras tecnológicas e industriales suficientes y necesarias para poder asumir ese proyecto productivo. Los flujos de información y de coordinación, por tanto, no deben circunscribirse al ámbito sindical nacional solamente. La coordinación y el tejido de lazos y alianzas con los sindicatos situados en otras plantas del Grupo se revela como un elemento básico para poder hacer frente a la estrategia del Grupo PSA de descentralizar la negociación y generar escenarios de competencia entre el conjunto del colectivo de trabajadorxs.

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Mariu Ruiz es Doctorada en Economía y trabaja sindicalismo y economía del trabajo.

Darío Claver es economista y estudia aspectos múltiples de la economía política internacional.

Codecisión y fondos de inversión de los asalariados: los casos de Alemania y Suecia

Autor: Mario del Rosal y Sara Lafuente

ctxt.es

“La democracia no puede detenerse a las puertas de las fábricas.”

Ernst Wigforss.1


Introducción

Desde los inicios de la revolución industrial, se han buscado soluciones concretas para responder a la contradicción estructural del capitalismo entre ideal democrático de igualdad y la concentración de poder y riqueza.  En mayor o menor medida, todos los países europeos reconocieron en el último siglo fórmulas de participación de los trabajadores en la economía y en la empresa de alcance y contenido variados, a través de derechos de participación en la gestión organizativa, en el capital como mecanismos de redistribución, derechos colectivos de información y consulta, concertación social, diálogo social tripartito, negociación colectiva, etc. Sin embargo, pese al establecimiento y práctica formal de estos y otros mecanismos democráticos, el capitalismo triunfante lacera gradualmente su contenido y calidad, conllevando una pérdida creciente en el contenido de las democracias existentes.

En la idea de ampliar hoy los límites de la democracia, teniendo en cuenta las limitadas ventanas de oportunidad que ofrece el contexto político y económico del capitalismo global imperante, cobra especial relevancia volver la mirada hacia los debates sobre la democracia económica y su puesta en práctica. La democracia económica, aun siendo un concepto complejo que admite distintas interpretaciones, nos habla de la posibilidad de que seamos los ciudadanos quienes tomemos las decisiones sobre las tres preguntas clásicas de la economía: qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Para ello, en el marco del capitalismo resulta irrenunciable, al menos, el logro de un mayor grado de participación de los trabajadores en la propiedad y en el gobierno de las empresas.

En este artículo presentamos brevemente dos fórmulas de participación gestadas en las socialdemocracias alemana y sueca: la participación en el gobierno empresarial a través de un sistema de codecisión (a menudo conocida como “cogestión”), y la participación en el capital empresarial a través de fondos colectivos de inversión de los asalariados. Estas dos propuestas no son excluyentes y podría coexistir desde un punto de vista teórico. Sin embargo, surgieron en contextos históricos, sociales, políticos y nacionales determinados. A continuación, explicamos el surgimiento de estos sistemas de participación como propuesta institucional, en qué consistían, y en qué devinieron. Podremos así evaluar el potencial y límites de estas propuestas como impulsoras de democracia económica y objetivos democráticos más exigentes en el marco de la economía capitalista global.

La participación financiera a través de fondos de inversión colectiva

Entre las estrategias reformistas favorables a los objetivos de la democracia económica tal y como la hemos definido se puede encontrar una que, a nuestro juicio, ofrece más posibilidades que otras alternativas2. Se trata de los fondos de inversión de los asalariados, un sistema de acumulación gradual de capital en varias empresas a través de instrumentos de inversión colectiva bajo la propiedad de los trabajadores y gestionados por sus sindicatos. A través de estos fondos de inversión, la clase trabajadora en su conjunto podría conseguir una participación creciente en la propiedad de las empresas, de modo que lograría un doble objetivo: la socialización paulatina del capital y una mayor influencia en su gestión. Esta estrategia, aun siendo reformista, asume un carácter de clase, lo que implica una visión del modo de producción capitalista próxima a las tesis más clásicas de la socialdemocracia y del sindicalismo.

Estos fondos pueden presentarse en distintas modalidades según diversos criterios: la forma de financiación, el sistema de titularidad, el destino de los rendimientos, los criterios de inversión, el modo de gestión, el ámbito de aplicación, los posibles límites de participación en la propiedad y los colectivos de trabajadores involucrados. En este texto, no vamos a analizar estas modalidades3, sino que vamos a centrarnos en el caso más paradigmático que se ha dado a lo largo de la historia: el de los fondos de inversión de los asalariados instaurados en Suecia en los años ochenta.

Este proyecto, conocido como Plan Meidner4 e inspirado en una idea originalmente alemana, se gestó en los años setenta en el seno de la poderosa Confederación de Sindicatos (LO). Su diseño original era francamente radical, sobre todo teniendo en cuenta el tradicional pragmatismo reformista que siempre ha caracterizado a la socialdemocracia escandinava. En pocas palabras, obligaba a la mayoría de las empresas suecas a emitir cada año un número de acciones nuevas equivalente al 20% de sus beneficios a nombre de un fondo de inversión gestionado por un consejo de administración formado mayoritariamente por cuadros sindicales y, en menor medida, por representantes del gobierno y las empresas. Los réditos obtenidos por estos fondos serían usados exclusivamente para comprar nuevas acciones o para financiar programas de formación en gestión para los trabajadores. Dado que no se contemplaba ninguna forma de titularidad individual de los valores adquiridos ni su venta, el proyecto asumía un principio estricto de propiedad colectiva.

De haberse puesto en marcha, el Plan Meidner habría tenido un impacto dramático sobre la propiedad corporativa en el país. Según sus normas de funcionamiento, cuanto más rentable fuera una empresa, más rápidamente pasaría su propiedad a manos de los sindicatos por medio de un proceso de dilución de la propiedad anterior debido a las sucesivas ampliaciones de capital a favor del fondo5. Esto llevaría a un proceso de socialización democrática no estatal del capital sin parangón en ninguna otra economía capitalista desarrollada. La siguiente tabla muestra varios ejemplos relacionando el número de años que tardaría una empresa en pertenecer en más de un 50% a los fondos de inversión de los asalariados en función de la tasa de ganancia anual, suponiéndola constante.

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Dos debates actuales: empleo y desigualdades territoriales (Cuaderno de augurios: 3)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

Este mes me ha salido una nota deslavazada, fruto de la variedad de espacios en los que me tengo que mover. En un momento convulso y donde el análisis frío es más necesario que nunca. Por esto voy a meterme en dos cuestiones dispares: el comentario de la última EPA y el debate sobre la dinámica territorial.

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Reducir la jornada laboral: Repartir los trabajos para vivir mejor

Autor: Bibiana Medialdea Garcia

Agenda Pública

Una de las mejores cosas que ha traído a España el ciclo político nacido en las plazas hace ya casi nueve años es que reivindicaciones clave pero hasta entonces muy marginales saltaron, aún modestamente, a la agenda pública. Se rompieron tabúes importantes para el avance de programas de mejora social; entre ellos, el de la reducción de la jornada laboral.

Es un avance sustantivo que dentro de la izquierda haya consenso en incluir la reducción de jornada entre las reivindicaciones y programas. Entre otras cosas, es una medida fundamental e insustituible para afrontar uno de nuestros mayores retos: reorganizar el sistema de cuidados. La forma en la que actualmente distribuimos la ingente cantidad de cuidados que precisamos está en la base de gran parte de nuestros problemas individuales y colectivos. El concepto de régimen de bienestar nos sirve precisamente para analizar cómo cada sociedad reparte estos trabajos entre el Estado (servicios públicos, fundamentalmente), el mercado (para quien pueda pagarlo) y las familias.

Los manuales dicen familias, pero la economía feminista desvela el cinismo del eufemismo: en realidad, son muy mayoritariamente las mujeres quienes, de forma invisible, no remunerada y sin derechos asociados se responsabilizan de estos trabajos en los hogares. Esto sigue siendo así también en países como España: según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres dedican a tareas domésticas y familiares más del doble del tiempo que los hombres.

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La mochila austriaca

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

Atención a esta parte del documento que la ministra de economía ha enviado como compromiso a Bruselas en la que se habla de implementar la mochila austriaca.

¿No sabes lo que es ni lo que implica?

La mochila austriaca es una antigua reivindicación de los empresarios: consiste en eliminar la indemnización por despido que tiene que pagar el empleador cuando despide a algún trabajador. En román paladino: despido gratis. A cambio de dicha supresión, el empleador debería aportar poco a poco dinero en un fondo a nombre del trabajador. Ese fondo es lo que se denomina «mochila austriaca». Ese dinero le pertenece al trabajador, pero no lo puede usar hasta que abandone su trabajo. Seguir leyendo…

El camino del laborismo a la reducción de jornada

Autor: Luis Cardenas

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En artículos anteriores defendimos la reducción de jornada como una vía hacia la igualdad. Aunque esta propuesta había perdido protagonismo en el debate público, cada vez hay más iniciativas en este sentido. La última ha sido la del Partido Laborista del Reino Unido que, en palabras de su candidato a ministro de Economía y Hacienda (John McDonnell), se compromete a conseguir una jornada laboral semanal a tiempo completo de 32 horas en el plazo de una década y sin reducción salarial.

La estrategia laborista para conseguirlo se basa en tres puntos. En primer lugar, eliminar la posibilidad de descuelgue de la directiva europea sobre el tiempo de trabajo, la cual incluye elementos básicos como el límite de 48 horas de trabajo semanal (incluyendo horas extraordinarias), un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas cada 24 horas y de 24 horas de descanso semanal, el derecho a pausa en las jornadas superiores a las 6 horas o al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. A ello se suma la promesa de añadir cuatro días festivos más al calendario laboral.

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Trabajar más por menos: nuestro capitalismo

Autor: Fernando Luengo

La Marea

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de horas extraordinarias semanales realizadas en el segundo trimestre de 2019 ascendieron a más de seis millones, de las cuales el 52% han sido pagadas y el 48% restante no han recibido ninguna retribución. Si se compara este dato con el del mismo trimestre de 2018, la cifra se ha reducido en un 12%; reducción que, sobre todo, corresponde a las pagadas, un 19%. Se llega a la misma conclusión cuando se comparan los dos trimestres de este año con los de 2018.

Una evolución sin duda positiva, posiblemente influida por la aprobación por parte del gobierno socialista de un decreto que obliga a las empresas a registrar la jornada laboral y a guardar ese registro durante cuatro años. En todo caso, con ciertas fluctuaciones, el volumen de horas extraordinarias se ha mantenido en niveles altos. Y eso que el dato real de las no pagadas es, con toda seguridad, mucho peor; ante la amenaza y la posibilidad cierta del despido, muchos trabajadores no tienen otra alternativa que someterse a este atraco.

Trabajar más horas por el mismo salario significa una reducción sustancial del mismo. En cuanto a las pagadas, habría que saber, y el INE no proporciona esa información, cuántas de esas horas se abonan al salario normal, sin el plus que corresponde a su carácter extraordinario.

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Sobre el Rojipardismo y la clase obrera mestiza

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

Toca pensar en una integración de los de abajo contra la desintegración programada que nos imponen los de arriba, pero una integración que no es política vertical autoritaria de Estado sino práctica de solidaridad y de construcción de lo común, respetando las diferencias.

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¿A quién vota la clase trabajadora en España?

Autor: Alberto Garzon Espinosa

La U

Cada cierto tiempo la clase social es asesinada por los investigadores, los políticos y hasta los medios de comunicación. En efecto, eventualmente un investigador de renombre clausura las divisiones de clase de nuestras sociedades y anuncia el fin de la importancia de este actor colectivo, con lo que se arma un buen debate que, con el tiempo, se salda con la resurrección, de una u otra forma, del enterrado.

Así sucedió cuando a finales de los noventa proliferaron en sociología trabajos como el de Jan Pakulski y Malcom Waters, titulado significativamente The Death of Class, o los de Seymour Martin Lipset o Anthony Giddens. Este último autor, por cierto, sirvió en aquellos años de referencia ideológica para la transición del partido laborista inglés hacia la llamada tercera vía, la cual propugnaba, y no por casualidad, la necesidad de concentrar el foco político en las clases medias y no en la clase trabajadora. El debate es muy rico y no ha lugar aquí a abordarlo, pero baste decir que en absoluto estuvo limitado al espectro ideológico liberal. Por el contrario, el posmarxismo de autores como André Gorz o Ernesto Laclau también transitó hacia lugares similares, aunque desde presupuestos epistemológicos distintos. Las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que estaban teniendo lugar, y que implicaban, entre otras cosas, la desindustrialización de las economías occidentales, los cambios en el consumo de las clases trabajadoras, la emergencia de nuevas demandas políticas como las ecologistas o la revigorización de la agenda feminista, etc. fueron el telón de fondo sobre el que se produjo el debate sobre el final de la clase.

Aunque en realidad nunca murió, la clase social en España ha parecido tener una nueva oportunidad a raíz de la última crisis económica. Desde entonces no sólo ha crecido el interés por las cuestiones económicas y la desigualdad, sino que, de hecho, se ha producido una creciente literatura vinculada directamente a la clase social. Así, en estas mismas páginas los artículos de Juan Ponte, Juan Andrade o X. López han puesto de manifiesto la actualidad de esta cuestión, mientras que editoriales como Akal o Siglo XXI llevan años editando buenos títulos al respecto.

Sin embargo, la irrupción de nuevos partidos en 2014 y 2015 por un momento pareció difuminar esta trayectoria. Tanto Podemos como Ciudadanos se definieron, a su manera, como partidos transversales o, en la jerga académica, catch-all, es decir, partidos interclasistas que tienden a disputar el centro del tablero político. Esto sería así al menos por dos razones. La primera, porque se presupone que es ahí donde se concentra más población y, por tanto, más posibilidades de lograr mayorías. La segunda, y relacionada con la anterior, porque la atención a grupos sociales específicos y minoritarios no permite en modo alguno lograr esas mayorías y, por ende, convierte la participación electoral en un mero juego carente de posibilidades. Como notó ya en los ochenta Adam Przeworski[1], es el dilema electoral que enfrentaron los partidos socialdemócratas ya a principios del siglo XX, cuando todavía eran comunistas, y que llevó a muchos de ellos a cambiar el discurso hacia fórmulas populistas que apelaban más al pueblo que a la clase. Otros autores, como Geoff Evans y James Tilley[2] han apuntado que este tipo de cambios refuerzan, a su vez, la pérdida de conciencia de la clase trabajadora. Sea como sea, el debate sobre la transversalidad era y es, en cierta medida, un debate sobre el desclasamiento.

Al mismo tiempo, y al calor de la ola reaccionaria mundial, en los últimos años ha tenido bastante apoyo la tesis según la cual el ascenso de la extrema derecha es responsabilidad de la clase trabajadora. Esta idea está extendida especialmente entre pensadores estadounidenses que, como Jim Goad o Mark Lilla, han visto en esta clase social el apoyo fundamental en la victoria de Donald Trump. A pesar de que investigaciones recientes como las de Ronald Inglehart[3] han mostrado claramente que dicha tesis es incorrecta, el mismo planteamiento ha sido importado a nuestro país como posible explicación de la irrupción de la extrema derecha.

Por estas razones nuestro interés reside en contrastar empíricamente dos hipótesis. En primer lugar, queremos conocer si el comportamiento electoral de la población española en 2015, 2016 y 2019 sufrió algún tipo de desclasamiento. En segundo lugar, queremos averiguar si la clase trabajadora se encuentra detrás del ascenso de Vox o, al menos, de las derechas españolas. En ambos casos usaremos algunos resultados de la investigación, más amplia, que se publicará en ¿Quién vota a la derecha? en la editorial Península en otoño de este año.

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Nuevas tecnologías en el trabajo: el panóptico laboral

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

Rediseñar la tecnología, reapropiándosela y desviando sus potencialidades para la distopía panóptica, constituye un frente de lucha, y de construcción e innovación, de máxima importancia para quienes desean levantar alternativas al constante influjo del dolor, la alienación y la desestructuración vital en que el mando capitalista en los centros de trabajo consiste.

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La Revolución española: The making of (II)

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Revista Crisis

Julio de 1936. La Revolución ha estallado. Barcelona está en poder de los obreros. Los patronos fascistas han huido a la zona sublevada. Los republicanos burgueses catalanistas no se atreven aún a mostrarse demasiado en público, paralizados ante la potencia creativa y la capacidad para la violencia de las masas. El Partido Comunista aún no es nada en la Ciudad Condal, fuertemente dominada por las “patrullas de control” organizadas por los comités revolucionarios de los barrios obreros, nacidos de las redes territoriales del anarcosindicalismo y nutridos de jóvenes de las bases del sindicato mayoritario: la CNT.

Los obreros tienen el poder y empiezan a ejercerlo. Se abre una dinámica que generará el proceso de transformación social más profundo que ha visto la Península Ibérica en su historia. En términos de participación directa de las masas, quizás una de las revoluciones más radicales de la Historia global, pero también un proceso débil, sometido a grandes contradicciones, en gran medida desarticulado y espontáneo, que será finalmente derrotado antes, incluso, (y esto es importante) de la derrota de la República en la Guerra Civil.

La Revolución empieza por la colectivización de la industria: los patronos han huido, las fábricas son tomadas por los trabajadores. Los servicios, también. La CNT llevaba décadas anticipando este momento en su propaganda y en las ponencias de sus congresos. Pero no se había limitado a la declamación y al dibujo de programas utópicos. Había hecho mucho más: había “doblado” la estructura productiva con las formas de autoorganización obrera y había estudiado en detalle la organización del proceso productivo. El sindicato era, en la concepción traída del sindicalismo revolucionario francés, el futuro gestor de la economía sin patronos. Tenía que estar preparado para hacerlo. En los congresos confederales anteriores a la guerra, no sólo se reproducían las odas a la anarquía o al “mundo nuevo”, sino también los llamamientos, enormemente prosaicos, a que los sindicatos recopilasen toda la información económica, contable, tecnológica, posible sobre el proceso productivo en sus respectivos sectores. A que contactasen con los técnicos, para atraerlos al sindicato. A que estudiasen como sustituir al patrono en breve plazo, como gestionar las empresas.

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La Revolución española: The making of (I)

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Revista Crisis

Es 19 de julio de 1936. Un calor asfixiante en la ciudad portuaria e industrial de Barcelona. Tras un cruento asalto al cuartel de Atarazanas y fuertes enfrentamientos armados por toda la ciudad, las masas obreras han detenido la tentativa de golpe de estado militar fascista que, sin embargo, ha tenido éxito en otros lugares de España. Los trabajadores son los dueños de la situación. En medio de un enorme vacío de poder, con el Estado republicano en pleno shock y las fuerzas burguesas y liberales escondidas y paralizadas, los sindicatos y sus estructuras de acción barrial (las famosas patrullas de control) se transforman en la única arquitectura institucional operativa. Los obreros toman el poder o, quizás mejor, lo disuelven y sustituyen por sus propias formas de hacer, basadas en la autogestión y la autoorganización proletaria.

Comienza la llamada “Revolución Española”, un proceso de autoorganización obrera y campesina de una profundidad sin precedentes, pero también con sus claro-oscuros, limitaciones y errores. Una deriva incompleta y tremendamente espontánea, pero también fuertemente creativa y constructiva, que se convertirá en un marco de referencia ineludible para quienes, a partir de entonces, quieren transformar el mundo.

En la segunda parte de este texto, nos detendremos en las formas que adopta el poder popular que se construye a partir de julio de 1936, en el llamado proceso colectivizador. Sin embargo, vamos a intentar desentrañar cómo alcanzó ese punto. Cómo se construyeron las bases materiales de ese poder popular que el 18 de julio irrumpió, ya maduro, en la escena, para cambiarlo todo. ¿Cómo se llegó hasta allí?

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Devaluación interna y desigualdad en la Eurozona

Autor: Ricardo Molero Simarro

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

s difícil encontrar otra región del mundo donde, durante la última década, las condiciones de vida hayan empeorado en mayor medida que en países como España, Grecia o Portugal. El sentido común dicta que ese deterioro es consecuencia de las políticas de austeridad fiscal. Sin embargo, aunque resulte contraintuitivo, la capacidad redistributiva del Estado ha aumentado de facto en esos países. A pesar de los intensos recortes del gasto público, el efecto contrarrestante de los “estabilizadores automáticos” (la activación, al llegar la recesión, de transferencias sociales como las prestaciones por desempleo) ha reducido el impacto de la crisis sobre la desigualdad. Dada la insuficiencia de los Estados de bienestar mediterráneos, eso no ha bastado para impedir la dramática extensión de la pobreza monetaria y la exclusión social. No obstante, nos obliga a buscar las razones del aumento de la desigualdad en otra dimensión: la de la distribución de la renta en el ámbito productivo, denominada “desigualdad primaria” o “de mercado”.

Desde que Kaldor estableciese su famosa paradoja, un número cada vez mayor de economistas cuestiona la relevancia de los costes laborales para explicar la competitividad externa de las economías. Dichos costes son sólo una parte del total (que incluye materias primas, suministros, transporte, costes financieros, etc); y, en muchos casos, los márgenes de beneficios influyen más en la determinación de los precios de venta. Además, los costes laborales se miden en relación a la productividad. Dada la importancia de las cadenas globales de producción, esa productividad depende de las decisiones tomadas por las empresas transnacionales acerca de dónde localizar cada una de las fases del proceso productivo. Ofrecer menores salarios se encuentra lejos de asegurar una atracción de las actividades de mayor valor añadido. Más bien al contrario. De hecho, las empresas concentran esas actividades en sus casas matriz. Por descontado, entre ellas se incluyen las de innovación tecnológica, que también se ve desincentivada por las estrategias de costes bajos.

A pesar ello, la Troika ha insistido en promover una “devaluación interna” en las economías periféricas de la Eurozona. Se ha argumentado que, dada la imposibilidad de llevar a cabo devaluaciones del tipo de cambio (debido a la pertenencia al euro), la reducción de los precios domésticos era la única manera de disminuir los déficit comerciales crónicos de esas economías. Aunque también se podría haber actuado sobre los beneficios, esa reducción de precios se ha tratado de lograr mediante el ajuste salarial. Entre otras medidas, se ha rebajado la protección frente al despido, se han recortado las prestaciones por desempleo, y, sobre todo, se han debilitado los mecanismos de negociación colectiva. Cada vez hay más evidencias (ver, por ejemplo, aquí y aquí) que demuestran el fracaso de esta estrategia. Las economías en las que se han puesto en marcha esas reformas laborales son las que más tarde han salido de la crisis. Pero, además, en ellas la devaluación salarial se ha convertido en uno de los principales motores del empeoramiento de la distribución de la renta.

Las reformas laborales aprobadas han generado un fenómeno muy llamativo: una divergencia en la evolución de la participación salarial de las economías periféricas respecto a la seguida en el conjunto la Eurozona. Esa participación mide el porcentaje de la renta nacional que va a parar a los salarios de los/as trabajadores/as (incluida una estimación de los ingresos considerados laborales de los/as autónomos/as). Cuando ese porcentaje se reduce es porque se ha producido una brecha entre la mejora de la productividad de los/as trabajadores/as y la de sus salarios. Esto no siempre tiene que ir acompañado de una caída de los sueldos en términos absolutos, pero en este caso sí que ha sido así. El hecho es que, mientras en las economías centrales de la Eurozona la masa salarial aumentaba su participación en la renta, en la mayoría de las periféricas (Chipre, España, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta y Portugal) las medidas de devaluación interna han hecho que continuase empeorando, incluso en plena recuperación del PIB.

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Amazon trae a Ezkerraldea más economía de servicios y desmantelamiento industrial

Autor: Lluís Rodríguez Algans y Jon Bernat Zubiri Rey

El Salto

Amazon abre las puertas de su centro en Trapagaran, “a la conquista de los barrios obreros de la margen izquierda”. El gigante del comercio en red se asienta en Bizkaia, agudizando la crisis de modelo que vive la industria y el comercio tradicional del territorio. La noticia puede parecer positiva, porque genera actividad y empleo, pero consolida un modelo productivo nefasto para los intereses de personas trabajadoras y empresas locales. Las prácticas laborales asociadas a este modelo se sustentan en bajos salarios, contratos temporales y a tiempo parcial y externalización abusiva, afectando en especial a jóvenes y mujeres.

Amazon se ha instalado en 8.000 metros cuadrados de los antiguos terrenos de la Babcock Wilcox, empresa centenaria cerrada en 2011, gracias a la recalificación del Ayuntamiento y el apoyo del alcalde de Trapagaran. Tras años de desatención urbanística, la zona pasará a ser un centro empresarial que generará desplazamientos, necesidades de aparcamiento y servicios auxiliares. Amazon se caracteriza por un sistema productivo altamente automatizado, de trabajo flexible y estresante, suponiendo cambios importantes respecto al modelo laboral que anteriormente se ha desarrollado en la zona. El sindicato ELA ha manifestado que “no van a permitir que ninguna empresa aplique modelos precarios, y estará al servicio de las trabajadoras y trabajadores para organizarse y luchar contra ello”.

El modelo laboral de Amazon se basa en trocear y fragmentar el empleo para dominar a la fuerza de trabajo favoreciendo su mayor explotación. Su modus operandi es claro : mientras la plantilla directa es sometida a una gran carga de trabajo y jornadas excesivas con salarios bajos, la plantilla flotante de ETTs funciona con contratos por días u horas. Además, de sustenta en el abuso de figuras laborales fraudulentas, como los falsos autónomos.

El sindicalismo vasco anuncia que no va a permitir abusos y está por ver si los responsables políticos continúan del lado de la multinacional o si, por el contrario, impulsan que la Inspección de Trabajo de Bizkaia intervenga ante los desmanes del gigante global. En esa misma orientación, el movimiento sindical y social de la comarca, se movilizó el pasado sábado 14 de junio y por vigésimo año consecutivo, con la “Marcha por Ezkerraldea” con el objetivo de denunciar el paro y la precariedad laboral.

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Reorientar la brújula

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

El País

Ha llegado el momento de pasar de la efervescencia electoral al debate de fondo. ¿Qué grandes transformaciones económicas debemos impulsar en esta nueva legislatura?

Tano Santos y Jesús Fernández-Villaverde empujaban recientemente este debate. Algunos diagnósticos son compartidos: el nulo crecimiento de la productividad dificulta la convergencia con nuestros socios europeos, la complejidad tecnológica de nuestras exportaciones es limitada y nuestro sistema financiero está preocupantemente concentrado y poco capitalizado. Sin embargo, entre los desafíos que señalan nuestros colegas hay omisiones relevantes y debates pendientes.

En primer lugar, los economistas no podemos seguir olvidando por más tiempo la actual emergencia climática. Debemos situar en el centro de la agenda la descarbonización de nuestra economía, impulsando un programa de inversiones en energías renovables, rehabilitación inmobiliaria y movilidad eléctrica. Estas inversiones ayudarían además a sortear la desaceleración internacional, apuntalando la creación de buenos empleos.

En segundo lugar, este plan de inversiones verdes debe tener también un componente morado, que impulse infraestructuras sociales de las que carecemos y que son esenciales para avanzar en la igualdad de género. Universalizar la educación de cero a tres años, y desarrollar un verdadero sistema de dependencia, permitiría elevar la tasa de empleo de la economía y reducir la brecha salarial que sufren las mujeres.

Sorprende, en tercer lugar, que Santos y Fernández-Villaverde no hagan referencia en su artículo a la necesidad de reducir la desigualdad: ninguna transformación económica será social y políticamente sostenible si no camina de la mano de una mayor equidad. Los costes de vivir en sociedades tan desiguales están muy documentados: la desigualdad conlleva una insuficiencia estructural de demanda —con pérdidas de crecimiento potencial—, polarización política y desafección social. Contamos con instrumentos diversos, pero la profundidad del problema exige un planteamiento integral: por un lado, necesitamos cambios en las políticas de redistribución —con la articulación de un auténtico sistema de ingresos mínimos y una mayor progresividad fiscal. Pero, además, debemos transformar nuestro modelo de predistribución —con un reequilibrio de la negociación colectiva en el mercado laboral.

Esto nos lleva a un cuarto reto, que nuestros colegas tampoco mencionan: urge terminar con la precariedad, que dificulta los proyectos vitales de muchas personas y daña la productividad de nuestras empresas. La reforma laboral no ha corregido la altísima temporalidad que arrastramos desde antes de la crisis. De hecho, hoy la situación es aún peor: los contratos temporales duran 30 días menos que en 2008 y los indefinidos se han precarizado (el 40% no alcanza el año de duración).

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El mercado laboral español: segmentación y vulnerabilidad

Autor: Julian Lopez

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En una serie de artículos recientes, Paloma Villanueva y Luis Cárdenas describían con cierto detalle la persistencia o incluso el agravamiento de problemas crónicos en el mercado laboral español. Entre ellos, se encuentran las altas tasas de desempleo y subempleo, la elevada incidencia de los contratos temporales y otras formas atípicas de empleo, la inestabilidad generalizada en la contratación o el predominio de empleos con bajo nivel de remuneración. En este artículo, con ánimo de insistir en la gravedad de la situación, me propongo ponerla en perspectiva internacional.

Más concretamente, trataré de comparar el grado de incidencia de los trabajadores vulnerables en España con respecto al resto de economías avanzadas, entendiendo por tales a todos aquellos trabajadores que se encuentran en al menos una de las siguientes situaciones.

La primera es, obviamente, el desempleo. El desempleo merma severamente la capacidad de ingresos, limita el progreso formativo y llega incluso a afectar a la salud mental de quien lo sufre. Sus efectos, además, se amplifican significativamente conforme aumenta el periodo de permanencia en una situación de búsqueda infructuosa de empleo.

En segundo lugar, se encuentran las formas atípicas de empleo. Aunque algunos trabajadores logran acceder a un trabajo remunerado, lo hacen en condiciones poco óptimas para el desarrollo personal y profesional. Los dos principales tipos de empleo atípico son los contratos temporales y la ocupación a tiempo parcial, especialmente si no es deseada. Ambas formas de empleo suponen generalmente menos derechos ligados al puesto de trabajo, menos oportunidades de ascenso laboral y mayor riesgo de despido que los empleos estándar.

Por último, debemos reparar en el nivel de ingresos. Haber accedido a un empleo indefinido y a tiempo completo, con garantía de estabilidad y cierta protección frente al despido, no asegura necesariamente que la remuneración percibida sea suficiente como para permitir una capacidad de ahorro razonable o un nivel de cotización suficiente que garantice una cómoda jubilación.

Los trabajadores vulnerables pueden identificarse con lo que algunos autores en Economía Política denominan outsiders del mercado de trabajo. Esta voz anglosajona, que en castellano podemos importar como un anglicismo o traducir como externos, sirve para oponer las realidades laborales que acabamos de describir más arriba a las de quienes disponen de un contrato estable, indefinido y a tiempo completo, con cierto poder de negociación en la empresa en la que están empleados (insiders o internos). Como resultado de esta oposición, resulta la imagen de un mercado laboral dual o dualizado, que se divide entre quienes forman parte de un núcleo relativamente protegido y los que habitan en los márgenes del mercado, con trayectorias laborales discontinuas, recaídas constantes en el desempleo y escasa proyección profesional.

Existen diversos indicadores que nos permiten medir la incidencia de los outsiders o trabajadores vulnerables y, con ello, el grado de dualización del mercado laboral. Además, la mayoría de ellos están disponibles en series largas y homogeneizadas que ofrecen, en acceso público, instituciones con servicios estadísticos de reconocido prestigio. En este caso, me he servido de seis indicadores que provee la OCDE, dos para cada una de las fuentes de vulnerabilidad en el mercado de trabajo. La tasa de desempleo y la incidencia del desempleo de larga duración (como proporción de desempleados de larga duración con respecto al total) recogen la primera de ellas. Por su parte, la incidencia del empleo temporal y de parcialidad involuntaria permiten captar la segunda fuente de vulnerabilidad a la que hemos aludido. Por último, para tratar de medir la vulnerabilidad de ingresos, utilizo la proporción de trabajadores de baja remuneración (el porcentaje de trabajadores a tiempo completo cuya remuneración equivale a 2/3 o menos de la mediana) y la ratio entre los deciles 5 y 1.

Con ellos, he construido un indicador compuesto para un periodo amplio (1990-2017), que mide el grado de dualización en cada economía teniendo en cuenta no sólo la variabilidad entre economías sino también la de todas ellas a lo largo del tiempo. Este indicador toma valores comprendidos entre 0 y 1. Cuando una economía tiene valores relativamente bajos en cada uno de los indicadores parciales, el valor de su indicador se aproximará a 0, indicando un nivel bajo de dualidad. Por el contrario, si los valores de los indicadores parciales son relativamente altos, el indicador compuesto se acercará a 1 y estaremos ante una economía con un mercado laboral dualizado.

Por desgracia, 2014 es el último año en que disponemos de datos de todos los indicadores para España (Gráfico 1). En este año, que fue el primero de la recuperación económica, el índice mostraba sus valores más altos en España, Irlanda y Portugal (Grecia no está incluida en el cálculo del indicador), fuertemente golpeados por la crisis económica de 2009. Todos ellos habían acumulado grandes desequilibrios externos durante el periodo expansivo precedente y estuvieron en el epicentro de la crisis de deuda soberana que vivió la zona Euro. La zona intermedia está ocupada por grandes economías anglosajonas y europeas continentales. A la cola, se encuentran pequeñas economías nórdicas y europeas continentales.

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¿Caridad o justicia? Sobre los despidos de La Caixa

Autor: Miren Etxezarreta

Público.es

Pasada ya la algarabía de las elecciones, aunque todavía queden muchos rescoldos con la formación de los diversos gobiernos, parece llegado el momento de volver sobre los temas habituales que afectan a la vida cotidiana. Entre ellos me parecen destacables las iniciativas a las que estamos asistiendo acerca de los procesos de racionalización de las plantillas de algunas de las  instituciones financieras más importantes de este país. Sobre todo me voy a referir al despido, ya aceptado,  de 2.023 trabajadores de la Caixa.

Que está transcurriendo con relativa placidez. Es curioso que cuando 700 trabajadores de la industria son despedidos, por ejemplo, generan un intenso malestar social protestas, huelgas, comentarios en los medios, mientras que si un número considerablemente mayor de trabajadores (que lo son, aunque les gusta más denominarse empleados), son cesados desde las entidades financieras no son noticias muy comentadas.

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Dos caras de la misma moneda: flexibilidad e inestabilidad

Autor: Paloma Villanueva y Luis Cardenas

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En anteriores artículos hemos señalado que durante la actual fase de expansión económica no han mejorado las condiciones laborales, sino que por el contrario han continuado los problemas crónicos de elevadas tasas de desempleo, subempleo, temporalidad y rotación, unido todo ello a un estancamiento de los salarios. En este caso nos preguntamos si también ha aumentado la inestabilidad laboral en los contratos estándar (indefinidos a tiempo completo), que por sus características ofrecen una mayor estabilidad que los contratos atípicos (temporales, parciales, fijo-discontinuos, y otras figuras, como los contratos de formación y prácticas).

Conviene recordar que los defensores de la reforma laboral de 2012 sostienen que la dualidad del mercado laboral español se debe a las diferencias entre las condiciones legales que presentan los contratos estándar y los atípicos. De acuerdo con esta visión, los trabajadores con contratos estándar tienen condiciones muy rígidas (dificultando la flexibilidad interna) y, se encuentran más protegidos frente al despido (ya que la indemnización es mayor si llevan varios años). En consecuencia, las empresas optan siempre que es posible por figuras atípicas y por rotar a los trabajadores para que no adquieran antigüedad. Esta sería la explicación del elevado número de empleos con contratos atípicos en España (aproximadamente el 50% del total de afiliados al Régimen General de la Seguridad Social), y superior a la proporción que existe en otros países europeos.

Como es sobradamente conocido, dicha reforma transformó sustancialmente el marco legal con el objetivo de abaratar y agilizar la indemnización por despido de los contratos indefinidos por dos vías: 1) se reduce la indemnización por despido improcedente a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades (anteriormente eran de 45 días con un máximo de 42 mensualidades); y 2) se amplían los supuestos para el despido procedente individual y colectivo, de esta forma las empresas pueden alegar una situación económica negativa con mayor facilidad para realizar un despido procedente (con una indemnización de 20 días y 12 mensualidades). En teoría estos cambios deberían hacer que las empresas ahora consideraran que el contrato típico es lo suficientemente flexible para otorgarle preferencia y reducir así la dualidad existente al haberse estrechado las diferencias en la protección entre típicos y atípicos (a costa del deterioro de los primeros).

De esta forma se supone que se abordaba la rigidez en el núcleo del sistema de relaciones laborales, frente a los cambios que se habían venido desarrollando hasta la fecha, que se enfocaban principalmente en las condiciones de los contratos atípicos. Hay que señalar que desde el Estatuto de los Trabajadores (ET) de 1980 se han producido más de 50 reformas laborales, la mayoría de ellas orientadas a crear nuevos tipos de contratos que ofrecían algún tipo de incentivo a las empresas para su uso (generalmente condiciones más laxas, una menor protección o bonificaciones en las contribuciones a la Seguridad Social). Se trataba, por tanto, de la primera reforma que reducía la indemnización por despido improcedente en más de 30 años, ya que hay que remontarse a 1980 cuando el ET minoró la indemnización desde los dos meses (60 días) por año trabajado con un máximo de cinco años (60 mensualidades), a los mencionados 45 días y 42 mensualidades. Asimismo, aunque los supuestos para el despido objetivo se habían ido volviendo cada vez más laxos (inicialmente sólo estaban justificados por causas técnicas y se requería consentimiento de la autoridad laboral), tanto la reforma de 2010 como de 2012 suponen un cambio sustancial en la amplitud de las circunstancias económicas.

Por todo ello, de acuerdo con los defensores de la reforma, el empleo típico debería haberse incrementado y la rotación debería haberse reducido. En el primer caso, sabemos que no ha ocurrido ya que el peso que estos contratos tienen es similar al que tenían antes de la crisis y, en el segundo aspecto, la duración media de un contrato temporal se ha reducido (lo que significa una mayor inestabilidad).

En consecuencia, para responder a la cuestión de si también se ha reducido la duración de los contratos típicos, hemos utilizado la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), que ofrece el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para analizar cómo ha cambiado la duración de los contratos típicos antes de la crisis (año 2008) y la actualidad (año 2017, el último disponible para esta base de datos). La principal ventaja de estos datos es que permiten ver la inestabilidad laboral ya que ofrecen información sobre el historial laboral y con ello los cambios y duración en el puesto de trabajo.

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La devaluación salarial: ¿una historia interminable?

Autor: Luis Cardenas

ctxt (La Paradoja de Kaldor)

Con la crisis económica se inició una estrategia de “devaluación salarial” (una reducción de los salarios nominales) con el objetivo de recuperar el crecimiento económico. Pero lo cierto es que la restricción salarial se ha extendido mucho más allá de la propia crisis económica y del crecimiento posterior. Por ello cabe preguntarse si esa estrategia estaba justificada y hasta cuándo va a durar.

Según los principales impulsores de la reforma laboral del año 2012, el marco de negociación colectiva español era excesivamente rígido y particularmente nocivo ante un shock económico (como una crisis financiera internacional). Ya que ésta impedía los ajustes salariales en el corto plazo, obligando a las empresas a despedir trabajadores (en ausencia de otros mecanismos de flexibilidad interna). Para solucionarlo las principales medidas fueron cuatro: 1) Posibilidad de descuelgue o inaplicación temporal del convenio colectivo unilateralmente si se dan cualquiera de una amplia gama de supuestos. 2) Prioridad aplicativa del convenio de empresa. 3) Posibilidad de renegociar un convenio antes del final de su vigencia por cualquiera de las partes. 4) Límites a la ultraactividad de los convenios. Pasado un año tras el fin del convenio, pasará a aplicarse el convenio de ámbito superior o, en caso contrario, los trabajadores quedarían expulsados de la negociación colectiva.

Pero lo cierto es que la interpretación de que el aumento del desempleo se debe a la rigidez salarial es bastante cuestionable. En primer lugar, es sobradamente conocido que la mayor parte de la destrucción de empleo entre 2008-2013 se debió a la crisis inmobiliaria y del sector de la construcción (el 45% de los empleos destruidos se perdieron en ese sector, de acuerdo a la Contabilidad Nacional). Es difícil de creer que la variación del salario pactado en ese sector (siempre por debajo del 2% esperado de inflación) sea la causa de los despidos, en vez del fin de la burbuja inmobiliaria.

En segundo lugar, se suele sostener que el ámbito de la negociación colectiva es inadecuado ya que se centraba en un nivel demasiado lejano a las circunstancias reales de las empresas, imponiendo así una excesiva rigidez para adaptarse a los cambios. Pero lo cierto es que, tras la reforma laboral, la prioridad de los convenios de empresa no se ha traducido en un gran incremento de los trabajadores cubiertos por este tipo de convenios, sino que, de hecho, se ha reducido. Aunque esta caída se ha visto compensada por el incremento de los convenios de grupo de empresas, el peso de la suma de ambos se ha mantenido invariable (en el entorno del 11% del total de trabajadores cubiertos por este tipo de convenio). Esto significa que, aunque el marco jurídico ha sido más favorable para este tipo de convenios, las empresas no han optado por ellos más que antes.

De hecho, han sido los convenios sectoriales de ámbito provincial los que se han reducido drásticamente (mientras que en 2008 suponían más de la mitad de los asalariados cubiertos, en 2016 son un tercio). Han sido los convenios de ámbito superior (interprovincial o nacional) los que han ganado un mayor peso (el 45% del total). Todo ello indica que los convenios de ese ámbito no se encontraban en contradicción con las necesidades de las empresas, ya que optan mayoritariamente por firmar este tipo de convenios.

Pero además es cuestionable que el salario pactado fuera rígido a la baja. En el gráfico es posible analizar la evolución del salario pactado y su relación con el desempleo, la conocida como curva de Phillips. Para ver el ajuste se han incluido los valores mensuales tanto de la variación salarial pactada (los datos provienen de la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo) como de la tasa de desempleo (calculada mediante el paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, y el número de afiliados a la Seguridad Social).

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Dualización laboral en Alemania, una estrategia político-institucional

Autor: Daniel Herrero

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Hace unas semanas, el Instituto Alemán de Análisis Económico (DIW Berlin) publicaba uno de sus informes semanales, que titulaba “El sector de bajos salarios en Alemania es mayor de lo que se creía” (traducción propia)1. El informe llama la atención sobre lo que pocas veces se destaca cuando se mira desde fuera hacia el país y que constituye uno de sus grandes problemas económicos y de cohesión social: el fuerte aumento de la desigualdad salarial y, en general, de las condiciones de trabajo.

Este título hubiera sido impensable unas décadas atrás, cuando Alemania se distinguía por la existencia de unas instituciones que fomentaban unas condiciones de trabajo homogéneas y  un buen desempeño económico, esto es, bajo desempleo, alta productividad y competitividad en los sectores industriales avanzados. Hasta los noventa, la incidencia del empleo atípico era muy reducida y el nivel de protección de los contratos estándar (de duración indefinida y a tiempo completo) era de los más altos de Europa. La negociación colectiva, organizada a nivel sectorial y regional, cubría a una elevada proporción de los asalariados (más del 80%) y garantizaba una reducida dispersión salarial. Además, la tradicional orientación cooperativa de los comités de empresa, con derechos de consulta, información y codeterminación, facilitaba la implementación de medidas de flexibilidad interna en las empresas, sorteando ciertas “rigideces” del marco institucional. Desde la economía política y la sociología se ha reivindicado que esa combinación entre instituciones y buenos resultados económicos no era casualidad, sino que, precisamente, eran las primeras las que habían conducido a las empresas manufactureras alemanas a instalarse en estrategias no cortoplacistas y de alto valor añadido, explicando parcialmente el éxito económico y social del modelo alemán.

Sin embargo, desde la reunificación, en 1990, la economía sufrió un periodo de lento crecimiento económico, con una incapacidad casi crónica para crear empleo. Las horas de trabajo se estancaron y la tasa de desempleo no dejó de crecer hasta 2006, cuando superó el 11%, un récord histórico. Como respuesta, se llevaron a cabo varias reformas laborales, que facilitaron el uso de los contratos temporales (1997), a tiempo parcial (2001) y que liberalizaron la actividad de las agencias de empleo temporal (1997 y 2002). Paralelamente, a lo largo de la década se dio un proceso acelerado de descentralización de la negociación colectiva, que ha continuado hasta hoy. Por un lado, la tasa de cobertura de los convenios colectivos ha caído 31 puntos porcentuales, y  en la actualidad es del 56% de los asalariados. Por el otro, la propia negociación sectorial se ha ido vaciando de contenido, ya que las cláusulas de descuelgue, ideadas para casos excepcionales, son empleadas recurrentemente incluso por empresas que declaran estar en buena situación económica. Además, la toma de decisiones sobre salarios y otras condiciones de trabajo se ha desplazado de forma predominante a los centros de trabajo, donde los comités de empresa han tendido a intercambiar medidas de flexibilidad interna y ajuste salarial a cambio de protección en el empleo. Sin embargo, la cobertura de los comités de empresa también ha sufrido un retroceso muy elevado (10 puntos porcentuales, y ha quedado en el 47% de los empleados, según un reciente trabajo de Oberfitchner y Schnabel, 20192), dejando a una parte importante de la fuerza de trabajo ante una negociación salarial totalmente individualizada.

La última etapa de esta senda liberalizadora fueron las conocidas reformas Hartz (2003-2005), que consistieron en cuatro paquetes de medidas: (1) La completa liberalización de las agencias de empleo temporal (Hartz I); (b) la abolición del máximo de 15 horas a la semana de los contratos marginales (empleos sujetos a reducidas contribuciones sociales y sin derecho a seguro por desempleo o seguro médico), creando los famosos minijobs y midijobs (cuyos salarios son de un máximo de 450€ y 850€/mes, respectivamente) (Hartz II); (c) la implementación de políticas activas de empleo (Hartz III) y (d) la reducción de la duración de las prestaciones por desempleo y la aplicación de ayudas sociales no contributivas (SGB II) para desempleados, pero condicionadas a la búsqueda activa de empleo, con el objetivo de reducir el salario de reserva y de obligar a sus receptores a aceptar cualquier tipo de empleo para continuar recibiéndola (Hartz IV).

Gráfico 1. Tasa de desempleo y reformas institucionales en Alemania

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