Economía Crítica y Crítica de la Economía

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La “Ley Rider”. Nuevos escenarios para el conflicto de clases

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

El pasado 11 de mayo se aprobó el Real Decreto-ley 9/2021, por el que se modificó el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. Se trata de la llamada “Ley Rider”, que ha sido presentada por el gobierno como una de las principales muestras de su impulso progresista y de su voluntad de revertir los peores efectos de las últimas reformas laborales y de las derivas antisociales imbricadas en la diseminación de la llamada “economía de plataformas”.

Para entender, de manera solvente, lo que significa la “Ley Rider”, tenemos que detenernos en tres aspectos importantes: la polémica respecto a la reclamada laboralidad de la relación de trabajo que implica a los riders y a las plataformas; la regulación sobre el uso de los algoritmos de Inteligencia Artificial por parte de las empresas, que se incluye en el Real Decreto; y las nuevas formas de trabajo con las que las plataformas digitales están tratando de limitar, y aún revertir, los avances que la norma incorpora.

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Ajuste salarial, competitividad y crecimiento: ¿qué hemos aprendido una década después?

Autor: Daniel Herrero y Adrian Rial

ctxt.es

España, Italia, Portugal y Grecia fueron de las economías europeas más golpeadas por la dura crisis económica iniciada en 2008. Con el propósito de superar la misma, en estos países mediterráneos se aplicaron una serie de políticas económicas que transformaron sus modelos de crecimiento y que consistieron en la liberalización del mercado de trabajo y en medidas de austeridad fiscal.

Las instituciones europeas y una buena parte de la academia interpretaron que una de las principales causas de la crisis era que los mercados de trabajo mediterráneos eran excesivamente rígidos y conflictivos, lo que producía un crecimiento salarial desordenado y rápido. Esto implicaba el incremento relativo de los costes laborales unitarios (relación entre el salario medio nominal y la productividad real), generando, a su vez, inflación excesiva y pérdida automática de competitividad, ya que, en ausencia de soberanía monetaria, no era posible realizar devaluaciones competitivas. Como consecuencia de esta pérdida relativa de competitividad, se generaron unos desequilibrios comerciales muy fuertes: mientras que los países del Norte de Europa (donde los salarios crecían ordenadamente) acumularon saldos comerciales muy positivos, los del Sur fueron presentando déficits crecientes. Con este diagnóstico, se llegó a las recomendaciones (e imposiciones) de política económica antes mencionadas: reformas estructurales para la devaluación salarial y la corrección de los déficits comerciales y austeridad fiscal para reducir la deuda pública (esta última, derivada del otro diagnóstico de la crisis: el excesivo endeudamiento público, fruto del contexto financiero favorable tras la introducción del euro y la supuesta irresponsabilidad del sector público).

Como es sabido, Grecia, Portugal y España aplicaron disciplinadamente las reformas estructurales, gracias al rol central del Estado en sus sistemas de relaciones laborales, y también a la mayoría parlamentaria de los gobiernos de turno. En Italia, donde los agentes sociales tienen más poder regulatorio y el parlamento estaba más fraccionado, las reformas fueron menos profundas y mucho más tardías. Sin embargo, el resultado sobre los saldos comerciales fue el mismo: los déficits se transformaron en superávits comerciales (excepto en el caso griego, donde no se logra alcanzar el saldo positivo a pesar del cambio evidente en la serie; véase el gráfico 1).

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NÚMERO 31 DE LA REVISTA DE ECONOMÍA CRÍTICA (1º SEMESTRE 2021)

Autor: REVISTA ECONOMIA CRITICA

Con este entrada te damos acceso al nº 31 de la REC y aprovechamos para pedirte tu apoyo económico a fin de garantizar la continuidad de la Revista.

En caso de que no seas ya soci@, te pedimos que te inscribas a la Asociación de Economía Crítica AEC, cuyos fondos son destinados principalmente a financiar los gastos de la REC. Tod@s l@s que compartimos un planteamiento de economía heterodoxa somos conscientes de la importancia de disponer de una revista académica en la que tengan cabida los trabajos que se alejan de la economía convencional.

La suscripción anual general es de 60€, la cuota de apoyo es de 100€ y la cuota para desemplead@s, estudiantes o cualquiera que tenga dificultades para pagar la cuota normal es de 20€. Para inscribirte, puedes hacerlo en el siguiente enlace:

http://www.asociacioneconomiacritica.org/inicio/asociate/

Jordi Roca Jusmet
Presidente de la AEC

A continuación, tienes el acceso al nuevo número de la REC:

EJEMPLAR COMPLETO

ISNN edición papel: 1696-0866
ISSN edición digital: 2013-5254

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Hacia una reducción sustancial, generalizada y equitativa de la jornada laboral

Autor: Verónica Castrillón Serna y Jon Bernat Zubiri Rey

Climática (La Marea)

La reducción de la jornada laboral sin reducción de sueldos ha sido una reivindicación central del movimiento obrero desde sus inicios. La lucha histórica por la implantación de la jornada máxima de 8 horas diarias consolidó para siempre la disputa por el tiempo de trabajo en la agenda social. Hoy, 1 de mayo, recordamos a los caídos de aquella larga batalla, cuyo sacrificio abrió el camino para una reducción permanente de las jornadas de trabajo, única forma de compensar a favor de la mayoría los aumentos de productividad que se van acumulando en las economías capitalistas por las mejoras organizativas o tecnológicas y los resultados de la competencia entre empresas.

Desde la década de 1970, es una política más ligada a la creación de nuevos empleos, el lavorare meno per lavorare tutti, y tuvo una fuerte repercusión en décadas pasadas, avivada por importantes cierres industriales, la terciarización del modelo productivo, las privatizaciones de sectores públicos estratégicos esenciales y las crisis cada vez más recurrentes. Como han demostrado las investigaciones de Nacho ÁlvarezRicardo MoleroBibiana MedialdeaPaloma Villanueva, y otras, durante la larga década perdida en España se tomó la vía de la cronificación del paro masivo y el ajuste contra el salario, lo que supuso una forma regresiva e insolidaria de hacer frente a las dificultades de las empresas, ocasionadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, la larga desindustrialización y la competencia capitalista global.

El resultado es por todos conocido y la situación estaba lejos de recuperarse para las mayorías sociales cuando llegó esta nueva crisis provocada por la COVID-19. La pandemia que estamos sufriendo ha agudizado las contradicciones del modo de producción capitalista a nivel mundial. En el caso de la economía española, el deterioro de los servicios públicos, la alta temporalidad en el empleo y el alto nivel de paro, el aumento de la desigualdad y de la población en riesgo de pobreza o la baja presión fiscal sobre las rentas de capital son algunas de los problemas endémicos que urge corregir.

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Los cambios en FP y sus amenazas

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

El Salto

Los Fondos Europeos de Reconstrucción, de los que cerca de 140.000 millones, entre subvenciones y préstamos, van a corresponder a España, van a ir destinados, en parte, a la expansión y mejora de la Formación Profesional. Pero el problema esencial de la FP en nuestro país no radica tan sólo la inveterada falta de recursos públicos y de atención legislativa que ha sufrido esta etapa formativa. Las cuestiones que debemos resolver tienen que ver, también, con la elección estratégica del modelo de Formación Profesional que se quiere desplegar y con su adecuación al proceso de modernización y cambio del modelo productivo que nuestro país necesita, como ha puesto de manifiesto la brutal debacle económica en que nos ha sumido la pandemia de covid-19.

Según nos comunica la Asociación Nacional de Profesores de Formación y Orientación Laboral (Anprofol), el Ministerio de Educación está trabajando sobre el borrador de una nueva normativa para la Formación Profesional. Anprofol, de hecho, constituyó un equipo de trabajo del que formamos parte numerosos profesionales docentes de esta etapa educativa, para hacer una batería de alegaciones y propuestas relacionadas sobre los ejes básicos que, parece ser, van a delinear la estructura de la futura Formación Profesional.

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Por una política económica que incorpore la igualdad de género

Autor: Lina Galvez y Ruth Rubio-Marin

Economistas frente a la Crisis

  • Introducción

Junto a la sostenibilidad ambiental y la lucha por la justicia redistributiva, cualquier agenda de progreso social, que luche por erradicar las diversas formas de explotación indebida de recursos y la marginalización de las personas, debe expresar su compromiso con la igualdad de género y con la equidad o corresponsabilidad en la distribución de las tareas de cuidado de las que depende la reproducción del tejido social y de la especie humana.

Dentro de las distintas tipologías de estados de bienestar, el modelo español se ubica en el tipo familista, caracterizado por poco gasto público familiar y escaso desarrollo de servicios públicos de atención al cuidado, factores que van indisociablemente unidos a bajas tasas de fecundidad y de actividad laboral femenina. En España el gasto público en «familia y niños» está a la cola de la UE con 1,4% del PIB (en 2014). La organización social del cuidado en España descansa funtamentalmente sobre las familias, y dentro de ellas, principalmente sobre las mujeres, realidad que se ha visto agudizada con la merma de inversion pública en dependencia, sanidad y educación en tiempos de crisis. A su vez, la interrelación que se establece entre el reparto de trabajos y tiempos en el ámbito doméstico y el mundo laboral es circular. El círculo vicioso consiste en que las mujeres se incorporan menos y en peores condiciones a los mercados de trabajo al disponer de menos tiempo, flexibilidad e incentivos para hacerlo, y en que cuando lo hacen, tengan o no cargas domésticas, son tratadas de manera más segregada y precaria. La parcialidad, precariedad y escasa remuneración del trabajo de las mujeres las condena a su vez a un menor poder de negociación en las familias a la hora del reparto de los tiempos y los trabajos.

Para supercar la situación actual se imponen tres líneas prioritarias de intervención en el ámbito económico y social tales como son las políticas centradas en los mercados de trabajo, las políticas de cuidado y las políticas fiscales y macroeconómicas. Ninguna de ellas, aisladamente consideradas, es suficiente al igual que no lo son en su conjunto si no van acompañadas de otras políticas que persigan la igualdad integral entre hombres y mujeres valiéndose para ello de una institucionalidad específica, recurriendo a la paridad ejemplarizante en todos los ámbitos de toma de decisión y empezando por políticas destinadas a erradicar la enorme lacra social que constituye la violencia machista y los arraigados estereotipos de género, empezando por el sistema educativo. Seguir leyendo…

Brecha salarial, “contaminación” y salario mínimo

Autor: Lina Galvez

eldiario.es

La historiadora económica Claudia Goldin, quien, por cierto, es una de las personas que suenan en los últimos años para el mal llamado Nobel de Economía, desarrolló hace unos veinte años una teoría interesante, la teoría de la contaminación. Según ella, la oposición histórica que ha habido por parte de los trabajadores varones y los sindicatos que estos dominaban al ingreso de mujeres en determinados sectores, empresas o profesiones no tenía que ver con una actitud especialmente machista de estos hombres o instituciones, sino con una estrategia protectora de sus condiciones laborales y salariales. La teoría de la contaminación, como su propio nombre indica, hace referencia al proceso por el cual los sectores económicos y las profesiones se contaminaban con la entrada de mujeres, deteriorándose las condiciones laborales y los salarios. Por tanto, era económicamente racional —y añado, a la par que machista—, oponerse a la incorporación de mujeres en estos sectores. De hecho, si todavía hoy miramos la brecha salarial por sectores económicos, observamos que, aunque la brecha se da con todos los niveles formativos y en todas las profesiones y sectores, las mujeres ganan más en las industrias dominadas por hombres que en las que son mayoría las mujeres, que son los sectores más precarizados o “contaminados”, y además aquellos en los que no hay apenas posibilidades de promoción.

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Entrevista a Miren Etxezarreta: “La mochila austriaca tiene piedras dentro, no la merienda para la excursión”

Autor: Miren Etxezarreta

El Salto (Gessamí Forner)

Miren Etxezarreta Entrevista 1
La ecomista Miren Etxezarreta, en la entrevista. VICTOR SERRI

Es la profesora que cualquiera desearía tener: clara, concisa y paciente. Repite la explicación hasta que la comprendes y escribe para hacerse entender. Ha publicado junto con su compañero, José Iglesias Fernández, el libro La mochila austriaca, qué supone el modelo de pensiones e indemnizaciones de la derecha europea (Icaria, 2020), una obra divulgativa apta para todos los públicos y muchos bolsillos (10 euros).

Miren Etxezarreta (Ordizia, 1936) estudió Economía y fue profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sigue viviendo en Catalunya y desea que las personas tomen conciencia del estropicio que supondría implantar un mecanismo que implica privatizar las pensiones y perder derechos laborales. Se trata de una medida que propuso José Luis Rodríguez Zapatero en la anterior crisis económica, que fue motivo de negociación entre Pedro Sánchez y Albert Rivera en 2016 y que finalmente se coló en la comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica tras el covid-19 por un error en las votaciones de Unidas Podemos, partido al que no dejaron repetir la votación, aunque sí se repitió la que permitió al PSOE echarse atrás en la derogación de la reforma laboral.

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Entrevista a Nacho Álvarez: “Calviño y Escrivá plantean reformas que van contra el pacto de coalición”

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Es una de las voces económicas más poderosas del Gobierno. Nacho Álvarez (Madrid, 43 años) es la mano derecha de Pablo Iglesias en asuntos económicos: ha negociado el presupuesto, el escudo social y las principales medidas anticrisis. Secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos, sigue teniendo ese punto flemático de los académicos: tiene pausa y es poco amigo de estridencias. Pero en una hora de entrevista no rehúye un solo charco y deja claro que los desencuentros en el Consejo de Ministros por las reformas no son una simple cuestión de narrativa. “No teníamos experiencia en gobiernos de coalición, y creo que el primer año ha salido razonablemente bien. Este Gobierno ha discutido, ha discrepado incluso en público pero ha tomado decisiones con las que sale reforzado: el ingreso mínimo vital, los desahucios, la moratoria hipotecaria, los presupuestos. Lo sorprendente es que haya miembros del Consejo de Ministros, como Nadia Calviño o José Luis Escrivá, que plantean medidas que van claramente contra el pacto de coalición”.

“El acuerdo es nítido: hay que superar el marco laboral de 2012 para reequilibrar la negociación colectiva, y no caben recortes en pensiones que petrifiquen los desequilibrios que dejó la reforma del PP”, remata sin usar una sola vez la palabra maldita, “derogar”.

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¿Huelga o diálogo social? Las estrategias del “raro caso” vasco (Entrevista a Jon Las Heras y Lluis Rodríguez)

Autor: Jon Las Heras Cuenca y Lluís Rodríguez Algans

Cuarto Poder (Sara Montero)

“En Euskadi, las centrales sindicales más grandes han apostado por la confrontación”, así explica Jon Las Heras , profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), por qué esta comunidad autónoma está a la cabeza europea de las huelgas y es un “caso raro” en Europa. En la revista British Journal of Industrial Relations analiza, junto a Lluís Rodríguez, los dos modelos sindicales del País Vasco: los que tienden más al diálogo social (CCOO y UGT) y los soberanistas (ELA, LAB), que apuestan por la el conflicto como herramienta de negociación. Su conclusión es que la huelga no solo es una herramienta plenamente vigente, sino que además, contribuye a la renovación sindical.

Ambos autores plasman las conclusiones de la comparativa en el artículo Hacer huelga para renovar: las estrategias de organización de los sindicatos vascos y el uso de la caja de resistencia, publicado en la mencionada revista. Desde 2012, no se ha convocado una huelga general en España puramente laboral. Solo las reivindicaciones feministas del 8 de marzo han logrado revertir ese parón, que trascendía mucho el ámbito del trabajo. Sin embargo, la última huelga general en Euskadi tuvo lugar el 30 de enero de 2020. En esta ocasión se articularon demandas sindicales (como un salario mínimo de 1.200€ y jornada laboral de 35h semanales) con otras de diferentes movimientos sociales (como los pensionistas, colectivos ecofeministas y juveniles).

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“No es un tópico, en Euskal Herria se pelea mucho: lideramos en número de huelgas en Europa” (Entrevista a Jon Las Heras)

Autor: Jon Las Heras Cuenca

El Salto (Gessamí Forner)

Jon Las Heras

El economista Jon Las Heras en Jardines de Albia de Bilbao. GESSAMÍ FORNER

Jon Las Heras es profesor de economía política en la Universidad del País Vasco y, junto con el economista Lluís Rodríguez, ha publicado la investigación Hacer huelga para renovar: las estrategias de organización de los sindicatos vascos y el uso de la caja de resistencia en la revista British Journal of Industrial Relations de la prestigiosa universidad London School of Economics. Sostienen que el País Vasco se sitúa a la cabeza en número de huelgas en Europa y que ello se debe a que el sindicato vasco mayoritario (ELA) decidió a partir de 2001 apostar por la confrontación en la calle en vez del diálogo de despacho. En octubre de 2019, a tres meses de la última huelga general en Euskal Herria, el diputado foral de Bizkaia, Unai Rementeria (PNV), cristalizó ese descontento en los despachos dándose de baja al considerar que ELA solo “busca la confrontación permanente”.

¿No hay nada mejor para una negociación de un convenio que una huelga?
No tiene porqué. Es más importante demostrar que eres capaz de confrontar que materializar la huelga. La estrategia lógica es ganar sin tener que pelear: que el oponente acepte tus reglas. La huelga es disruptiva para el proceso productivo, una manera de decir que ni tú ni yo vamos a llevarnos nada del mercado, porque tu beneficio depende de mi trabajo y no creo que mis condiciones sean adecuadas. A no ser que sea una huelga general, que en ese caso es una huelga política, aunque todas las huelgas lo son en el fondo. Resumiendo, si no haces huelga y consigues lo que deseas, está bien también.

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¿Y si el hámster dejara de mover la rueda capitalista?

Autor: Amaia Pérez Orozco y Gonzalo Fernandez Ortiz de Zarate

Artículo publicado en El Diario.es el 10 de Noviembre de 2020

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Un desánimo profundo. Quizá sea esto lo que respiramos casi todo el mundo. Al menos, los mundos que habitamos las mayorías sociales, el pueblo, la clase trabajadora, como queramos llamarnos. Un desánimo que nace por la conciencia de estar viviendo un cercamiento intenso de las condiciones de vida. Un cercamiento global, ecosistémico. “Sin casa, sin curro, sin pensión”. Así arrancaba Juventud sin futuro en 2011. “Sin miedo”, añadían también, conjurándose para que el desánimo no se convirtiera en miedo.

Que no nos dé miedo un futuro distinto. Entender lo que nos pasa puede ser un antídoto contra esa sensación paralizante. Y lo que nos pasa, fundamentalmente, es el capitalismo, en su entretejido consustancial con el colonialismo y el heteropatriarcado. No obstante, parece que tenemos una incapacidad manifiesta para pensarnos más allá de sus límites, para imaginarnos que “un fin del mundo distinto es posible”. La clase trabajadora como hámster pedaleando sin parar para mantener la rueda capitalista y de ahí obtener su exigua cuota de bienestar es una imagen que, creemos, expresa bien nuestra situación. Una metáfora en la que subyace el muy extendido relato de que solo si prosiguen el crecimiento económico (léase: mercantil) y la acumulación de capital podremos sostener, aun precariamente, nuestras vidas. Seguir leyendo…

Los ERTE, un arma de doble filo

Autor: Juan Torres

Artículo publicado en Diario Público, el 2 de octubre de 2020

Cuando la pandemia obligó a decretar el confinamiento más o menos estricto en casi todos los países del mundo hubo un acuerdo general sobre las principales medidas que debían tomar los gobiernos para evitar el colapso total de la vida económica, con independencia de que estuvieran o no en sus manos, claro está. Entre ellas, resultaba imprescindible que los Estados se hicieran cargo de la totalidad o parte de los salarios que desembolsaban las empresas que habían de clausurar obligadamente su actividad o que iban a perder la mayor parte de sus ventas. Seguir leyendo…

Inversiones moradas

Autor: Nacho Álvarez Peralta

20 Minutos

Desde hace cuatro meses el Gobierno está desplegando un enorme esfuerzo para minimizar el impacto económico asociado a la pandemia. Para proteger la renta de los hogares y evitar la erosión de nuestro tejido empresarial se ha dado cobertura a más de tres millones de trabajadores a través de los ERTE, se han generado nuevos derechos sociales –como el ingreso mínimo vital– y se están inyectando 100.000 millones de euros de liquidez en las empresas.

Este plan de choque ha permitido congelar temporalmente nuestra economía y levantar un ‘escudo social’, evitando el colapso de millones de empresas y hogares. Ahora entramos no obstante en una nueva fase, en la que además de seguir apuntalando la solvencia empresarial y el empleo debemos impulsar la reconstrucción.

La ‘nueva normalidad’ va a exigir un ambicioso plan de inversiones y reformas, dado que habrá sectores económicos relevantes que no podrán funcionar a pleno rendimiento hasta que se encuentre una vacuna. Tenemos por tanto un enorme desafío, pero también una oportunidad: en este momento podemos elegir cómo reactivamos la actividad y dónde centramos nuestros esfuerzos. No se trata simplemente de regar con millones la economía, sino de invertir bien para transformar el país.

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Coronavirus. Hagamos política a favor del trabajo y de la vida

Autor: Endika Alabort Amundarain, Maitane Jaio Atela y Jon Bernat Zubiri Rey

Artículo publicado en la sección Lanaren Ekonomia/Economía del Trabajo de El Salto Diario, el 8 de mayo de 2020

Los fuertes daños provocados por el estado de alarma deben hacerse frente con una política decidida a la altura de los tiempos, protegiendo a la clase trabajadora y la sostenibilidad de la vida con medidas concretas. Ponemos de nuevo en marcha nuestra Sindikalagenda.

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Colectivo Ronda colabora en un protocolo para la conversión de empresas en cooperativas

Autor: Colectivo Ronda

cronda.coop

Con el objetivo de poner en valor las cooperativas como fórmula empresarial para dar continuidad a potenciales proyectos empresariales que estén en crisis, la Generalitat de Cataluña en colaboración con algunos Ateneos Cooperativos y técnicos de Colectivo Ronda, ha editado un protocolo para poder acompañar estos procesos y dar las pautas necesarias para hacerlo possible.

El documento se titula “Protocolo de actuación para el acompañamiento en un proceso de recuperación de empresas por parte de personas trabajadoras”y tiene también una versión reducidaen formato de breve manual (Relevo Cooperativo). La edición de ambos documentos parte de la apuesta de la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector y las Cooperativas para la promoción de la soberanía económica territorial de los Ateneos Cooperativos, que tienen como eje principal la detección precoz de posibles proyectos de continuidad empresarial, ya sea por crisis como por posible jubilación o fallecimiento de la propiedad.

Ambos documentos parten de una experiencia real, el acompañamiento de personas trabajadoras de la empresa Galletas Virginias, que inició un concurso de acreedores el año 2018. Los dos ateneos que detectaron y coordinaron el caso, por ubicación, fueron Ponent Coopera y CoopCamp, que crearon un equipo con la participación de Coop57 y técnicos de economía social de Colectivo Ronda. El protocolo es una abstracción a partir de la experiencia, haciéndolo exportable en otros casos en que se quiera acompañar a personas trabajadoras para la recuperación o reconversión de sociedades mercantiles en cooperativas.

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Hacia la huelga general del 30 de Enero en Euskal Herria

Autor: Jon Las Heras Cuenca y Lluís Rodríguez Algans

El Salto

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE, Etxalde, Hiru, CNT y organizaciones juveniles, feministas, ecologistas y de pensionistas convocan a sus 200.000 militantes y al conjunto de la clase trabajadora a una huelga general ofensiva sobre “pensiones, salarios y vida digna”. SINDIKALAGENDA : Urtarrilaren 28tik aurrera. Seguir leyendo…

Convocatoria XVII Jornadas de Economía Crítica (JEC)- Santiago de Compostela 2020

Autor: ASOCIACION ECONOMIA CRITICA

XVII Jornadas de Economía Crítica:

Emergencias, transiciones y desigualdades socioeconómicas

Santiago de Compostela – 3 y 4 de septiembre de 2020

Las Jornadas de Economía Crítica son un espacio de encuentro abierto que se viene organizando desde hace tres décadas. En esta ocasión, tendrá lugar los días 3 y 4 de septiembre de 2020 en la Universidade de Santiago de Compostela (España), organizadas por la Asociación de Economía Crítica y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la citada Universidad.

En los últimos años, nos enfrentamos a múltiples retos que nos indican una situación altamente crítica para el futuro inmediato de la humanidad. Hacer frente a estos retos exige el diagnóstico de todas las emergencias que deben ser atendidas, además de la formulación de posibles caminos para transitar hacia un mundo en que dichos retos puedan ser superados y que, por otra parte, permitan reducir las desigualdades existentes a diferentes niveles. Por ello, las JEC constarán esta vez de tres plenarios y de las tradicionales sesiones de discusión donde se presentarán las comunicaciones, así como de espacios de diálogo de la economía con otras disciplinas, con el activismo y sobre el papel de la economía crítica en la educación (áreas transversales).

Entretanto, os animamos a enviar comunicaciones sobre los temas que tradicionalmente han sido objeto de atención en las JEC: enfoques teóricos de economía crítica, aspectos de la economía mundial, el mundo del trabajo, relaciones entre la economía y la naturaleza, economía feminista, sobre Estado de bienestar y protección social, políticas económicas, etc. En todo caso, serán bienvenidas todas las comunicaciones que analicen asuntos económicos de interés desde una perspectiva crítica. Asimismo, os animamos a realizar propuestas para las mencionadas áreas transversales.

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Derogar la reforma: sobre la política laboral del nuevo gobierno

Autor: Daniel Herrero

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

La salida a la luz del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos generó un importante revuelo mediático. Uno de los puntos más polémicos del documento ha sido el dedicado al mercado de trabajo, por el compromiso adquirido por ambos partidos de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores y derogar algunos aspectos importantes de la Reforma Laboral.

Desde el ámbito académico y de la evaluación de políticas públicas, las discrepancias con el documento han surgido por considerar las medidas anunciadas como excesivamente políticas y totalmente al margen de la evidencia científica. La razón es que, según estas voces, la reforma de 2012 se ha mostrado efectiva a la hora de acabar con las debilidades estructurales del mercado laboral español, tales como el alto desempleo, la rigidez salarial o el alto nivel de empleo atípico. Sin embargo, hay evidencia disponible que apunta en un sentido contrario: la reforma no solo no acabó con estos problemas, sino que minó la capacidad negociadora de los trabajadores y sus condiciones laborales. Por tanto, y a falta de que se concrete cuáles serán exactamente las líneas de intervención, la política laboral del nuevo Gobierno parece una buena noticia.

La intención declarada de la reforma del 2012 era la de revertir las rigideces del mercado laboral español, que impedían a los agentes económicos ajustar sus comportamientos a la coyuntura económica, generando un elevado desempleo y un mercado de trabajo dual. A grandes rasgos, el fundamento teórico que había tras ella era que (1) la negociación colectiva estaba excesivamente centralizada y no se adaptaba a las necesidades individuales de las empresas, y (2) que la regulación del mercado de trabajo era inadecuada por ser demasiado protectora con los trabajadores indefinidos y a tiempo completo, aumentando el salario de equilibrio (el que equilibra oferta y demanda) y obligando a los empleadores a recurrir a formas de empleo atípicas.

El razonamiento de la reforma era que la estructura de la negociación colectiva española impedía la internalización de los problemas que generaban las demandas sindicales y de la patronal, en la que priman los intereses de las grandes empresas. En un contexto en el que la tasa de afiliación sindical es muy baja y la cobertura de los convenios colectivos muy elevada, los sindicatos tendrían mucho poder para que sus demandas se extiendan al conjunto de la economía y sus afiliados rara vez se verían afectados por los efectos negativos de esas exigencias (un previsible aumento del desempleo), ya que normalmente se trata de empleados con contratos laborales protegidos, y, por tanto, no tendrían incentivos para flexibilizarlas. Este sistema rígido sería particularmente nocivo ante shocks económicos, porque impedía los ajustes salariales en el corto plazo o la reorganización de los recursos internos de las empresas, obligándolas a despedir trabajadores.

Así, la reforma del 2012 introdujo importantes medidas que profundizaron en las implementados por la de 2010, que facilitaban la actuación discrecional de la empresa al margen de los convenios y deterioraban la capacidad negociadora de los trabajadores. Algunos de estos cambios fueron las facilidades para la inaplicación temporal de los convenios colectivos, la prioridad aplicativa del convenio de empresa, la posibilidad de renegociar el convenio antes del final de su vigencia o la eliminación del principio de ultraactividad (extensión automática del convenio preexistente en caso de que los agentes sociales no llegasen a un nuevo acuerdo).

Sin embargo, su eficacia es cuestionable. Como muestra el gráfico 1, la relación entre el incremento salarial pactado en los convenios colectivos y la tasa de desempleo antes y después de la reforma sufre un importante cambio. Antes de la reforma ya se estaban dando signos de moderación salarial, mostrando que la negociación colectiva sí era sensible al incremento del desempleo. Además, la moderación del salario nominal siempre estuvo presente en la concertación social, tal y como muestran los sucesivos Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC I, II y III), en donde se pactan incrementos máximos de entre el 0,5% y el 1,5%. No obstante, a partir de 2013 se observa cierta desconexión entre ambas variables, indicando que la recuperación económica a partir de 2014 ha repercutido muy débilmente en lo negociado en los convenios. Dicho de otro modo, más que avanzar hacia una negociación colectiva flexible, la reforma ha debilitado la capacidad de los trabajadores de negociar por sus salarios, haciéndolos rígidos al alza e impidiendo su recuperación en momentos de coyuntura económica favorable.

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Sindicalismo feminista: los cuidados también se pelean (Reseña del libro “No eran trabajadoras, solo mujeres”)

Autor: Jon Las Heras Cuenca

Manu Robles-Arangiz Fundazioa

Una huelga puede propiciar momentos de catarsis, incluso de libertad. La huelga es un proceso vital y social a través del cual las personas, como trabajadoras, toman conciencia de su posición contrapuesta al capital. La huelga es un momento de desacuerdo y, por lo tanto, de ruptura. También es un acto creativo, de regeneración, porque las personas ven más allá de sus problemas individuales y expresan una posición común como trabajadoras. Así, el trabajo asalariado deja de ser emancipador y las trabajadoras, ahora no tan sumisas, quieren dejar constancia de su malestar. Se arriesgan y confrontan para vivir diferente. Establecen y refuerzan los lazos de solidaridad para mejorar sus condiciones de vida, y también para reapropiarse de una dignidad y respeto negadas. ¿Por qué, si no, iban a “invertir” las trabajadoras tantos esfuerzos en detener el proceso productivo? ¿Por qué, si no, iban a gritar tanto las trabajadoras de las residencias de Bizkaia resistir, persistir, insistir, pero nunca desistir por las calles del centro de Bilbao cuando sus superiores las observan amenazantes? ¡Qué ironía! ¿Verdad?

La explotación laboral y patriarcal no tienen límite ya que pueden ser demasiado sutiles, estar encubiertas bajo el dogma del “sentido común” y ser presentadas como relación natural, casi ancestral, o incluso como algo necesario para asegurar la competitividad de las empresas, el desarrollo personal y social o, peor aún, para contribuir con el crecimiento económico del país. ¿Y quién es ese país del que tanto hablan si nunca preguntan a la gran mayoría por su situación personal excepto en clave electoral? O, es que, acaso: ¿no somos nada más que ciudadanos que tenemos que pagar impuestos y votar por el partido que asegure más la confianza de los mercados?

El conflicto es más cruel todavía cuando mitad de la población está siendo infravalorada por el mero hecho de ser mujer y exigírsele una forma de comportamiento determinada; cuando las mujeres son tratadas como meros apéndices del hombre, y deben estar subordinadas a él, el único que brinda protección económica y moral, aquellos atributos que ellas no son capaces de asegurarse por sí mismas. Esta actitud tampoco deja de esconder un buen grado de cinismo porque, cuando el trabajo predominantemente realizado por mujeres es pesado y farragoso, como el de cuidados en las residencias de mayores o personas con algún tipo de discapacidad, la fuerza, resistencia y paciencia necesarias para tratar bien a esas personas no son reconocidas en absoluto. Por suerte, siempre hay personas que son críticas frente a ese discurso economicista y patriarcal, y son capaces de dar un paso adelante, valientes, sacando las innumerables injusticias a la luz, denunciando la pobreza de nuestras relaciones, y exigiendo cambiarlas. No eran trabajadoras, solo mujeres, es el libro con el que Onintza Irureta Azkune recoge una de las últimas huelgas que han conmovido la sociedad vasca, la de residencias de Bizkaia 2016-2017. Una huelga por la mejora de un convenio colectivo que duró 378 días, se dice pronto. La historia, hago un spoiler, tiene un final feliz, aunque este sea siempre incompleto y provisional.

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Los efectos disruptivos del cambio tecnológico en el mercado de trabajo

Autor: Julian Lopez

La Paradoja de Kaldor

Pese a su notable importancia, la cuestión del cambio tecnológico y sus consecuencias sobre el mercado laboral apenas ocupa un tímido espacio en la opinión pública. Cuando se aborda, es a menudo desde el anecdotismo irrelevante o el sensacionalismo interesado, dando pie a interpretaciones que caen unas veces del lado del optimismo ingenuo y otras del fatalismo poco informado. Con honrosas excepciones, rara vez se intenta ofrecer una visión más o menos sistemática fuera del entorno especializado. En las líneas que siguen procuro obedecer a tal propósito, reservando el final para advertir acerca de algunos dilemas políticos que habremos de enfrentar.

Ha de comenzarse por algún punto y comienzo destacando una obviedad. Durante el segundo tercio del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI hemos asistido a avances decisivos en computación, telecomunicaciones y robótica. Estas transformaciones no sólo han consistido en la introducción de nuevas tecnologías, cada vez con mayores funcionalidades, sino en una rebaja sustancial en el precio de las mismas que ha permitido que su accesibilidad y la extensión de su uso sea cada vez mayor. Pensemos que el primer modelo de ordenador personal de IBM costaba en torno a 4.000 dólares (en términos actuales) y estaba dotado de una capacidad de procesamiento muy inferior a la que hoy tiene cualquier equipo que cueste una quinta parte de ese precio.

Algo menos obvias resultan sus implicaciones. La más destacada y que recibe mayor acogida entre el público generalista es la vieja batalla del hombre contra la máquina. Con el cambio tecnológico, las máquinas o equipos programables ejecutan con menor coste y mayor eficiencia tareas o actividades que ya antes podían desempeñar. A su vez, operaciones hasta entonces sólo realizadas por humanos pueden ser ahora asignadas a dispositivos tecnológicos. La inminente amenaza de sustitución por el autómata es casi siempre planteada por quienes, casi a renglón seguido, sugieren la reconciliación de máquina y hombre por medio del surgimiento o crecimiento del número de puestos en profesiones y dedicaciones que, por el momento o en un futuro previsible, son asequibles a la habilidad humana pero incompatibles con el tipo de tareas ejecutables por una máquina.

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¿Hacia un nuevo Estado del bienestar dinamizador e inversor?: el nuevo riesgo social del cambio climático

Autor: Carlos Ochando

La Paradoja de Kaldor

Las propuestas de reforma del Estado del bienestar son casi tan antiguas como la existencia del propio Estado del bienestar. Casi desde su nacimiento, se viene hablando de la necesidad de aplicar reformas. Los argumentos son muy variados: la necesidad de sostenibilidad, la justicia y la equidad, el daño al crecimiento económico y la eficiencia, la adaptación a las nuevas necesidades y riesgos sociales, la falta de legitimidad y un largo etcétera que han servido para que el Estado del bienestar estuviera en el punto de mira de sus críticos. Este argumentario crítico ha alimentado reformas -más o menos profundas- del Estado del bienestar tal y como se empezó a construir después de la II Guerra Mundial.

Ahora bien, si bien el Estado del bienestar no se ha desmantelado -como proponía, desde finales de los años setenta, el pensamiento neoliberal y la Economía de la Oferta-, ni ha llegado a una crisis fiscal irresoluble como vaticinaban los autores marxistas, sí que, en los últimos años, está sufriendo una permanente reestructuración.

A las tradicionales argumentaciones teóricas, se suman los efectos de una larga crisis económica que comenzó en 2007-2008 y cuyas secuelas alcanzan hasta la actualidad. Este fenómeno no es novedoso. El debate sobre la necesidad de reformar el Estado del bienestar se acentúa en los periodos de crisis económica. Muchos analistas y expertos (tanto del mundo académico, político y mediático), cuando se produce una merma considerable de los recursos públicos disponibles -resultado de la propia crisis económica- cuestionan la viabilidad financiera, económica y política de los regímenes de protección social. Lo suelen hacer a partir de proyecciones demográficas y económicas con una alta probabilidad de error, ya que las variables utilizadas, sobre todo económicas, son altamente impredecibles y sujetas a una elevada incertidumbre.  La argumentación más extendida es que la crisis económica y la pirámide demográfica someten a cualquier Estado del bienestar a una presión financiera en forma de “tijera” (los ingresos públicos disminuyen mientras que los gastos públicos crecen). El resultado, desde esta perspectiva meramente contable, es la inviabilidad económica futura de los sistemas públicos sanitarios y de pensiones, pilares centrales del Estado del bienestar. Y es cierto que una crisis económica duradera y persistente, sí que puede reducir los recursos fiscales y sí que puede mermar a medio y largo plazo las bases de financiación de los gastos públicos sociales (al margen del cambio de las prioridades y preferencias políticas que puede ocasionar), pero este argumento nos parece extremadamente simple.

¿La supervivencia en el tiempo del Estado del bienestar significa que no son necesarias reformas? Evidentemente, la respuesta debería ser negativa. Como realidad institucional que es, requiere de cambios y reformas que lo adapten a las nuevas realidades sociales. Hacen falta reformas, pero no las que se han llevado a cabo que, únicamente, persiguen la moderación o reducción del gasto público social. La última crisis económica ha alimentado unas propuestas de reforma del Estado del bienestar cuyos objetivos finales han sido la reducción del gasto público, la deslegitimación de las políticas redistributivas, el recorte de los derechos sociales de ciudadanía, la reducción de la intensidad protectora y la disminución de la cobertura de las prestaciones sociales.

¿Y por qué creemos que hacen falta reformas? Primero porque el Estado del bienestar siempre ha sido una realidad institucional dinámica y cambiante. Y segundo, porque, en el momento actual, las transformaciones económicas y sociales se desarrollan a una velocidad de vértigo. En ese sentido, creemos que hay que adoptar reformas institucionales creativas e innovadoras que afronten los nuevos retos y desafíos de las nuevas realidades sociales y económicas. Estas recetas no pueden ser las que sirvieron en el pasado porque la realidad económica, política y social ha cambiado. Creemos que hay que hacer un esfuerzo de innovación social creativa que nos permita adaptar institucionalmente el Estado del bienestar a esta nueva realidad del siglo XXI. Pero esa revisión no debe pasar por su disminución, sino por todo lo contrario: por su universalización y profundización con fórmulas innovadoras, creativas y eficientes.

¿En qué puede estar basada esta nueva arquitectura del Estado del bienestar en el siglo XXI? Las nuevas acciones estratégicas del Estado del bienestar están justificadas por la aparición de los llamados “nuevos riesgos” y por una cierta incapacidad de la vieja arquitectura del Estado del bienestar tradicional en dar una respuesta eficaz e innovadora a los mismos. En este contexto de permanente reconfiguración del Estado del bienestar, algunos autores y analistas han repensado las líneas estratégicas de este “nuevo Estado del bienestar”. Su estructura institucional ha recibido diferentes denominaciones: “Estado de inversión social”, “Estado social activo”, “Estado social inversor”, “Tercera Vía” o, a veces y de manera simplificada, “Sociedad del bienestar”. Otros autores hablan de “Estado Dinamizador” con un nuevo “pilar de emancipación” (Mulas-Granados, C., 2010 : 60). En él se incluirían las respuestas a estas nuevas situaciones de vulnerabilidad y riesgos que el nuevo Estado del bienestar debería atender: familias monoparentales, la emancipación de los jóvenes, los problemas de integración laboral en la madurez (55 a 64 años), los parados de larga duración y en riesgo de exclusión, etc. En esta misma línea Aigenger y Leoni (2010 : 82) señalan tres piedras angulares de una estrategia de éxito: 1) flexibilidad gestionada y equilibrada; 2) prudencia fiscal más calidad del presupuesto y 3) inversión a futuro (investigación, educación, formación continua, tecnologías en TIC, biotecnología, etc.).

Este enfoque teórico conecta con la literatura económica y sociológica sobre la “pre-distribución” y de “la inversión social”.  Desde este marco teórico se defiende la necesidad de repensar la función social del Estado, rediseñándolo hacia un Estado del bienestar “preventivo”, “proactivo” que enfatice en la inversión en el capital humano y que haga frente a los “nuevos riesgos sociales” por medio de una mayor inversión social  (Zalakain y Barragué, 2017).

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La fusión de PSA-FCA y su impacto en las condiciones laborales

Autor: Mariu Ruiz-Galvez Juzgado y Dario Claver Segui

El Salto (Economía para Todas)

En los últimos días se ha confirmado la fusión entre dos grandes grupos automovilísticos: el Grupo PSA y FCA. No resulta algo sorprendente a tenor de la trayectoria reciente de PSA, que adquirió Opel en 2017. En los años noventa fue Fiat quien planteó una fusión a PSA, pero fue rechazada. Ambos grupos han venido colaborando estrechamente durante las últimas décadas, por ejemplo, a través de varias empresas conjuntas localizadas en Italia, Francia y Turquía.

Tanto PSA como Fiat han venido trazando una estrategia empresarial que han conseguido desarrollar durante las últimas décadas. Por un lado, ambos grupos poseen una política de producto basada en el volumen y la diversidad. Dicho de otro modo, ambos fabricantes tratan de lanzar una amplia oferta de modelos para cubrir todos los segmentos de mercado posibles, al tiempo que esa mayor variedad de modelos, diferentes en apariencia, comparten un cada vez mayor porcentaje de componentes internos, principalmente de tipo electro-mecánico. Durante las dos últimas décadas ambos grupos han realizado un importante esfuerzo en desarrollar la política de producto basada en la estandarización de los módulos del automóvil y su adaptación combinable en la amplia gama de modelos de los fabricantes.

Por otro lado, desde la década de 1980 estas dos compañías automovilísticas han ido incorporando y adaptando paulatinamente técnicas de producción japonesas, basadas en el toyotismo, con el principal objetivo de reducir costes. En la actualidad esta reducción de costes se proyecta principalmente sobre la presión a las proveedoras bajo sistemas de producción justo a tiempo, o sobre las condiciones laborales en términos de incrementos de la flexibilidad en la gestión de la mano de obra, especialmente en cuanto a la variabilidad de la duración de las jornadas y de los calendarios laborales se refiere.

Igualmente, en su proyección exterior el esquema de internacionalización que presentan ambos grupos concentra buena parte de su producción y sus ventas en Europa, y ambos fabricantes han tratado de posicionarse en mercados emergentes en Asia (China e India) y Latinoamérica. Como novedad, con la fusión se le abre una oportunidad a PSA de penetrar en el mercado estadounidense con la presencia de Chrysler. Una vez trazada la panorámica de ambos fabricantes, cabe preguntarse cómo puede afectar la fusión al colectivo de trabajadores. A falta de conocer cómo se concreta y materializa la fusión en los próximos meses, y cómo se acoplan las diferentes trayectorias y estrategias empresariales sobre una dirección común, nos surgen algunos interrogantes que lxs trabajadorxs y los sindicatos deberían tener en cuenta.

Por un lado, con una fuerte concentración de las ventas en Europa cabe preguntarse sobre la posible “canibalización” del amplio abanico de modelos tras la fusión. A las marcas de PSA – Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall – se unen las múltiples marcas que se aglutinan sobre FCA – Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Iveco, Lancia, Maseratti, Ferrari, Jeep, Lancia y Dodge. Es una incógnita el hecho de cómo se van a complementar gran cantidad de modelos que en realidad cubren mismos segmentos de mercado, es decir, cubren las mismas preferencias de consumo. Esto ocurrirá especialmente con los vehículos de pasajeros de gamas media y media-baja, donde la oferta del conjunto de marcas como resultado de la fusión va a ser muy elevada. Hasta ahora, el Fiat 500 es uno de los vehículos de gama baja más vendidos en Europa – un 2,3% de cuota de mercado en 2017 –, por detrás del Volkswagen Golf, pero la oferta de modelos para ese mismo segmento de marcas como Citroën y Opel también es considerable. En el caso de España, el patrón de especialización en la producción de vehículos de las plantas de PSA en Vigo, Figueruelas y Villaverde está situado en aquellos de bajo y medio-bajo valor añadido.

Por otro lado, pese a que las plantas ensambladoras puedan optar ahora a la adjudicación de una mayor variedad de modelos, si no se consiguen extraer las rentabilidades esperadas por modelo es posible ver cambios hacia una reducción del número de modelos por segmento, lo que obligaría a suprimir la comercialización de aquellos que compitan por un segmento de demanda similar. Dicho de otro modo, si bien hay una mayor variedad de modelos a los que optar, la competencia entre plantas del propio grupo por la adjudicación de los mismos también se incrementa. Buena parte de las plantas de Fiat están localizadas en Italia, y también dispone de ellas en Polonia, Turquía y Serbia, donde los costes laborales son notablemente inferiores a los de Europa occidental. Como sabemos, la competencia que se desata entre plantas de un mismo grupo cuando la matriz decide lanzar un nuevo modelo al mercado es muy elevada, y la presión hacia el ajuste durante las diferentes rondas de negociación colectiva en las condiciones laborales – salarios, flexibilidad, intensidad del trabajo, etc. – en este contexto de competencia no es menor.

Resulta paradigmático el caso de la adjudicación del proyecto K9 a la factoría de Vigo, un proceso de negociación presidido por la enorme presión que desde el Grupo y la Dirección de la planta de Vigo se ejerció sobre el colectivo de trabajadores, con el objetivo de empeorar las condiciones laborales ante la amenaza que suponía la competencia a la baja de otra planta del Grupo PSA localizada en Trnava (Eslovaquia). Tras un largo proceso de negociación, no exento de conflictividad, se aprobaron diversos programas de ajuste – articulados a través del convenio colectivo y planes de competitividad negociados ad hoc – con el beneplácito fundamental del sindicato que desde hace décadas detenta la mayoría absoluta en la fábrica: el Sindicato Independiente de Trabajadores. También es ilustrativo el ajuste en las condiciones laborales que se ha acometido en la planta de PSA en Figueruelas, principalmente en términos de ajuste salarial e incrementos en la intensidad y los turnos de trabajo, tras la compra de Opel por parte de PSA y su inserción a la dinámica y a la estrategia del Grupo francés bajo la presidencia de Tavares. Pese al rechazo del grueso de la plantilla, finalmente el ajuste se aprobó en 2018 con el apoyo de UGT y CCOO; ambos ostentaban más del 50% de representación en el comité de empresa.

Resulta necesario remarcar, además, que esta dinámica de ajuste no solo afecta a las plantillas de las plantas ensambladoras, sino a toda una comunidad cuya actividad productiva depende de lo que ocurra en dichas factorías. Por tanto, pese a las incertidumbres que arroja el futuro del Grupo tras la fusión, toca estar alerta.

Desde el ámbito de la acción sindical es crucial como herramienta de fortalecimiento la coordinación entre secciones sindicales de las distintas plantas del Grupo. En este sentido, sindicatos como CGT y CUT han mantenido varias reuniones desde comienzos de 2019 para poner en común el diagnóstico de las problemáticas que sufren lxs trabajadorxs en las tres plantas de PSA en España y trazar una estrategia de acción sindical conjunta y coordinada.

Igualmente, disponer de información económico-financiera y de la situación de las distintas plantas del grupo a nivel internacional es otro elemento crucial para encarar la negociación colectiva. En el ejemplo anteriormente citado del proceso de negociación colectiva en PSA Vigo para la adjudicación del proyecto K9, la Dirección puso desde el primer momento en la mesa de negociación la alternativa que se estaba barajando desde el Grupo para adjudicar la producción, esto es, la planta de Trnava en Eslovaquia. Sin embargo, la planta de PSA en Eslovaquia no contaba con las infraestructuras tecnológicas e industriales suficientes y necesarias para poder asumir ese proyecto productivo. Los flujos de información y de coordinación, por tanto, no deben circunscribirse al ámbito sindical nacional solamente. La coordinación y el tejido de lazos y alianzas con los sindicatos situados en otras plantas del Grupo se revela como un elemento básico para poder hacer frente a la estrategia del Grupo PSA de descentralizar la negociación y generar escenarios de competencia entre el conjunto del colectivo de trabajadorxs.

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Mariu Ruiz es Doctorada en Economía y trabaja sindicalismo y economía del trabajo.

Darío Claver es economista y estudia aspectos múltiples de la economía política internacional.

Codecisión y fondos de inversión de los asalariados: los casos de Alemania y Suecia

Autor: Mario del Rosal y Sara Lafuente

ctxt.es

“La democracia no puede detenerse a las puertas de las fábricas.”

Ernst Wigforss.1


Introducción

Desde los inicios de la revolución industrial, se han buscado soluciones concretas para responder a la contradicción estructural del capitalismo entre ideal democrático de igualdad y la concentración de poder y riqueza.  En mayor o menor medida, todos los países europeos reconocieron en el último siglo fórmulas de participación de los trabajadores en la economía y en la empresa de alcance y contenido variados, a través de derechos de participación en la gestión organizativa, en el capital como mecanismos de redistribución, derechos colectivos de información y consulta, concertación social, diálogo social tripartito, negociación colectiva, etc. Sin embargo, pese al establecimiento y práctica formal de estos y otros mecanismos democráticos, el capitalismo triunfante lacera gradualmente su contenido y calidad, conllevando una pérdida creciente en el contenido de las democracias existentes.

En la idea de ampliar hoy los límites de la democracia, teniendo en cuenta las limitadas ventanas de oportunidad que ofrece el contexto político y económico del capitalismo global imperante, cobra especial relevancia volver la mirada hacia los debates sobre la democracia económica y su puesta en práctica. La democracia económica, aun siendo un concepto complejo que admite distintas interpretaciones, nos habla de la posibilidad de que seamos los ciudadanos quienes tomemos las decisiones sobre las tres preguntas clásicas de la economía: qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Para ello, en el marco del capitalismo resulta irrenunciable, al menos, el logro de un mayor grado de participación de los trabajadores en la propiedad y en el gobierno de las empresas.

En este artículo presentamos brevemente dos fórmulas de participación gestadas en las socialdemocracias alemana y sueca: la participación en el gobierno empresarial a través de un sistema de codecisión (a menudo conocida como “cogestión”), y la participación en el capital empresarial a través de fondos colectivos de inversión de los asalariados. Estas dos propuestas no son excluyentes y podría coexistir desde un punto de vista teórico. Sin embargo, surgieron en contextos históricos, sociales, políticos y nacionales determinados. A continuación, explicamos el surgimiento de estos sistemas de participación como propuesta institucional, en qué consistían, y en qué devinieron. Podremos así evaluar el potencial y límites de estas propuestas como impulsoras de democracia económica y objetivos democráticos más exigentes en el marco de la economía capitalista global.

La participación financiera a través de fondos de inversión colectiva

Entre las estrategias reformistas favorables a los objetivos de la democracia económica tal y como la hemos definido se puede encontrar una que, a nuestro juicio, ofrece más posibilidades que otras alternativas2. Se trata de los fondos de inversión de los asalariados, un sistema de acumulación gradual de capital en varias empresas a través de instrumentos de inversión colectiva bajo la propiedad de los trabajadores y gestionados por sus sindicatos. A través de estos fondos de inversión, la clase trabajadora en su conjunto podría conseguir una participación creciente en la propiedad de las empresas, de modo que lograría un doble objetivo: la socialización paulatina del capital y una mayor influencia en su gestión. Esta estrategia, aun siendo reformista, asume un carácter de clase, lo que implica una visión del modo de producción capitalista próxima a las tesis más clásicas de la socialdemocracia y del sindicalismo.

Estos fondos pueden presentarse en distintas modalidades según diversos criterios: la forma de financiación, el sistema de titularidad, el destino de los rendimientos, los criterios de inversión, el modo de gestión, el ámbito de aplicación, los posibles límites de participación en la propiedad y los colectivos de trabajadores involucrados. En este texto, no vamos a analizar estas modalidades3, sino que vamos a centrarnos en el caso más paradigmático que se ha dado a lo largo de la historia: el de los fondos de inversión de los asalariados instaurados en Suecia en los años ochenta.

Este proyecto, conocido como Plan Meidner4 e inspirado en una idea originalmente alemana, se gestó en los años setenta en el seno de la poderosa Confederación de Sindicatos (LO). Su diseño original era francamente radical, sobre todo teniendo en cuenta el tradicional pragmatismo reformista que siempre ha caracterizado a la socialdemocracia escandinava. En pocas palabras, obligaba a la mayoría de las empresas suecas a emitir cada año un número de acciones nuevas equivalente al 20% de sus beneficios a nombre de un fondo de inversión gestionado por un consejo de administración formado mayoritariamente por cuadros sindicales y, en menor medida, por representantes del gobierno y las empresas. Los réditos obtenidos por estos fondos serían usados exclusivamente para comprar nuevas acciones o para financiar programas de formación en gestión para los trabajadores. Dado que no se contemplaba ninguna forma de titularidad individual de los valores adquiridos ni su venta, el proyecto asumía un principio estricto de propiedad colectiva.

De haberse puesto en marcha, el Plan Meidner habría tenido un impacto dramático sobre la propiedad corporativa en el país. Según sus normas de funcionamiento, cuanto más rentable fuera una empresa, más rápidamente pasaría su propiedad a manos de los sindicatos por medio de un proceso de dilución de la propiedad anterior debido a las sucesivas ampliaciones de capital a favor del fondo5. Esto llevaría a un proceso de socialización democrática no estatal del capital sin parangón en ninguna otra economía capitalista desarrollada. La siguiente tabla muestra varios ejemplos relacionando el número de años que tardaría una empresa en pertenecer en más de un 50% a los fondos de inversión de los asalariados en función de la tasa de ganancia anual, suponiéndola constante.

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Dos debates actuales: empleo y desigualdades territoriales (Cuaderno de augurios: 3)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

Este mes me ha salido una nota deslavazada, fruto de la variedad de espacios en los que me tengo que mover. En un momento convulso y donde el análisis frío es más necesario que nunca. Por esto voy a meterme en dos cuestiones dispares: el comentario de la última EPA y el debate sobre la dinámica territorial.

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