Economía Crítica y Crítica de la Economía

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El dinero detrás de Trump y la Revolución Conservadora

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Revista Crisis

Las recientes elecciones de medio mandato en Estados Unidos han colocado a Donald Trump y el universo ultraderechista de la alt right (derecha alternativa) que le apoya ante su primera gran prueba de fuego. Trump ha conseguido pasar la misma, aún constreñido por la pérdida de la mayoría en la Cámara de Representantes, sin ver mermada gran parte de su base electoral, conformada por una gran cantidad de voto rural, así como por la hegemonía electoral en los Estados más tradicionales y conservadores.

Se ha hablado mucho sobre las razones sociológicas y psicológicas del éxito de Donald Trump en las últimas elecciones norteamericanas, así como del ascenso de la ultraderecha, construida a la imagen y semejanza de la alt right norteamericana en otros lugares como Italia o Brasil. Es indudable la importancia al respecto de la situación de crisis general del sistema capitalista y sus efectos generadores de incertidumbre en grandes capas de la clase media o de la clase obrera industrial mas tradicional. Amplios sectores de las clases populares, acosados por una nueva miseria en expansión, buscan una salida ensayando el voto a nuevos proyectos, sin saber muy bien cuál pudiera ser el resultado. La despolitización general y los errores de la izquierda hacen aparecer como viables caminos que en otros momentos hubieran resultado impensables. En todo caso (y como han demostrado las elecciones de medio mandato en Estados Unidos) este voto del descontento no tiene por qué ser fiel a ningún proyecto en concreto. Los fuertes bandazos electorales de las multitudes que no ven una salida plausible a una crisis cuya existencia incluso se niega por parte de las élites, van a ser cada vez más comunes, en tanto no aparezca una alternativa real y auto-organizada al caos creciente del Capital.

Sin embargo, se ha hablado menos de los fuertes intereses económicos oligárquicos existentes tras la nueva oleada ultraderechista que recorre el mundo. Se nos dice que Trump expresa un descontento latente y sin cauces reales que transitar. Nada se nos dice de los enormes flujos financieros, provenientes directamente de una parte de las élites globales, que han sostenido sus campañas o que han nutrido la Revolución Conservadora global de las últimas décadas, generando la base social para sus discursos.

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¿Por qué caen los salarios? Cuando el poder negociador importa

Autor: Luis Cardenas y Daniel Herrero

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Uno de los hechos más característicos de las economías occidentales desde finales de los años ochenta es la caída continuada de la participación de los salarios sobre la renta, con el consiguiente aumento de las rentas empresariales. La economía española no ha permanecido ajena a este cambio distributivo.

La literatura ha destacado factores explicativos de diversa índole para explicar esta trayectoria, como son el proceso de globalización de la economía mundial, el predominio de las finanzas y la extensión de su lógica de funcionamiento al conjunto de la economía (la llamada financiarización) o la desregulación del mercado de trabajo y la reducción de la protección social. Asimismo, es posible encontrar en los últimos tiempos un abundante conjunto de trabajos que destacan la importancia del cambio tecnológico a la hora de explicar la desigual evolución de los salarios y su caída en términos agregados, haciendo referencia, particularmente, a los efectos de la robotización y la digitalización.

Todos estos condicionantes (y algunos más) afectan, en última instancia, a la capacidad de los trabajadores de negociar sus salarios. El llamado poder de negociación ha sido una variable presente en análisis de múltiples disciplinas de ciencias sociales, sin embargo, al tratarse de un concepto marcadamente abstracto y difícil de medir, raramente ha sido cuantificado. La medición cuantitativa de este tipo de variables tan vagas es importante para la investigación (y, por qué no, para el desarrollo de políticas públicas) porque da la posibilidad de realizar estudios estadísticos, con estimaciones y, llegado el caso, comparaciones internacionales.

Esto mismo es lo que hemos llevado a cabo en un trabajo reciente, en el que elaboramos un índice de capacidad negociadora (Cárdenas y Herrero, 2018). Partiendo de las ideas de estudios anteriores, entendemos que, primero, existe una pugna constante entre asalariados y empresarios por la distribución de la renta, y, segundo, que el poder negociador de los asalariados viene condicionado por dos grandes conjuntos de variables: las características del sistema de relaciones laborales y la estructura y dinámica del mercado de trabajo.

En concreto, el sistema de relaciones laboralescomprende los marcos de negociación colectiva y los pactos sociales para mejoras retributivas, que se concretan en: (i) el contenido de los acuerdos laborales y su nivel o alcance geográfico, (ii) la capacidad organizativa y reivindicativa de los asalariados. Por otra parte, las características del mercado de trabajoengloban la política laboral y los flujos de entrada y salida de ocupados, que condicionan el grado de subutilización del trabajo, así como el grado de parcialidad, temporalidad y rotación en el puesto de trabajo, esto es: (i) el efecto disciplinario del desempleo, (ii) las características de los puestos laborales ofertados y el peso relativo del empleo atípico, y (iii) el grado de protección social del empleo, la cobertura de la prestación por desempleo y otras prestaciones sociales.

Decimos que estos elementos conforman el poder negociador porque afectan de manera decisiva a las posiciones de partida de trabajadores y empresarios en la negociación y, desde ahí, a la formación de los salarios. Dicho de otra forma, la fijación salarial y, con ello, la participación de las rentas del trabajo sobre la renta nacional no depende exclusivamente de la productividad y del juego entre oferta y demanda de trabajo en un proceso de libre mercado, también lo hacen del marco institucional.

Todo esto recoge nuestro índice de capacidad negociadora (ICN), cuya composición mostramos en la tabla 1. Como se ve, el peso de las ocho variables que lo constituyen no es el mismo, ya que, lógicamente, no todas ellas afectan del mismo modo al poder negociador. Este peso viene dado por la relación estadística que cada variable guarda con la participación salarial (la metodología se encuentra disponible en el trabajo original). El período que cubren las variables es 1987-2015, el más amplio que permiten las estadísticas.

Tabla 1. Índice de Capacidad Negociadora: composición y ponderaciones

Variables Ponderación Fuente
Variables de relaciones laborales Afiliación sindical 3,11% OECD.STATS
Conflictividad laboral 19,15% BE (Banco de España)
Cobertura de la negociación colectiva (sin convenios de empresa) 14,05% BE
Variables de mercado de trabajo Tasa de desempleo 0,59% EPA (INE)
Tasa de temporalidad 2,59% EPA
Tasa de parcialidad 25,08% EPA
Coste del despido 23,73% OECD.STATS
Tasa de cobertura del desempleo 11,71% Estadística de Prestaciones por Desempleo (MTYSS)

Fuente: Elaboración propia (véase texto)

Es necesario resaltar que el ICN capta la dinámica (gráfico 1), por lo que lo importante es su evolución en el tiempo y no su valor bruto (que no tiene significado por sí mismo), ya que lo que pretendemos explicar es el movimiento de la participación salarial en la economía española y no su nivel.

Gráfico 1. Evolución del índice de capacidad negociadora y la participación salarial (1987-2015)

Fuente: elaboración propia con datos de Contabilidad Nacional y fuentes presentadas en la Tabla 1

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La división en la clase dirigente europea y la deriva autoritaria en curso

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Revista Crisis

Turbias señales de ansiedad recorren a la élite política tradicional europea: la coalición de fuerzas populistas de derecha que está estructurando el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon,  con el nombre de The Movement, es cada vez más fuerte y aspira obtener un éxito relevante de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Se trata de una alianza de la ultraderecha continental que se hace fuerte paralelamente a la constitución de grupos de gobiernos ya dirigidos por los ultranacionalistas, como el polaco, el húngaro o el austríaco, para presionar a las instituciones europeas en relación con el tema de la inmigración y el asilo, como el llamado Grupo de Visegrado.

La creciente popularidad de The Movement es tal, que incluso el vicepresidente y ministro del interior italiano Mateo Salvini, de la ultraderechista Liga no ha dudado – pese a sus últimos movimientos públicos hacia una aparente moderación debidos a los problemas de la prima de riesgo italiana tras la crisis de la lira turca – en fotografiarse dando la mano a Bannon y a otros representantes de la citada red, haciendo público su ingreso en la misma. Finalmente, el gobierno italiano ha roto con su imagen de moderación ante la Comisión Europea presentando unos presupuestos expansivos que rompen con el escenario  de austeridad  que se le imponía por parte de la burocracia comunitaria.

Las barreras tradicionales a la normalización política de la ultraderecha en una Europa que, en gran medida, construyó sus sistemas constitucionales en oposición directa a la experiencia del fascismo y la Segunda Guerra Mundial, han sido claramente sobrepasadas por la ola creciente de la nueva ideología “parda” posmoderna, plural en sus expresiones nacionales, y que está jugando a presentarse como la única defensora de las regulaciones estatales frente al caos del mercado neoliberal, y como la expresión política de una clase trabajadora nacional acosada por las deslocalizaciones, la demolición progresiva del Estado del Bienestar en casi toda Europa,  y por las reformas laborales implementadas sobre la base de la flexibilización y la internacionalización de las normas relativas al mercado de trabajo.

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Xenofobia, conservadurismo y catalanofobia: el avance de la ultraderecha en España

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Pulso Noticias

El pasado fin de semana el partido ultraderechista Vox reunió más de 10.000 personas en un impactante mitin en el polideportivo de Vistalegre, en Madrid. Otros varios miles más se quedaron fuera, al haberse superado el aforo del acto. Las últimas encuestas electorales, tozudamente, coinciden en anunciar un  fuerte avance del voto a este partido xenófobo, autoritario, anticatalanista, enormemente conservador y que reivindica sin complejos la herencia política de la dictadura franquista. ¿Es la hora de la reemergencia de la ultraderecha en España?

Hemos de aclarar en primer lugar que en España, la ultraderecha nunca se fue ni desapareció. La famosa transición a la democracia de los años 70 consistió realmente en un pacto para la reforma de la dictadura franquista en el que la simbología del régimen fue retirada del escenario, pero no las personas más destacadas, ni los tics más rutinarios del funcionamiento del poder. La oligarquía económica de la España franquista, así como los altos cuadros de la administración o del ejército y las fuerzas de seguridad, no fueron retirados de la circulación, sino que se reconvirtieron en demócratas de la noche a la mañana con un suave lavado de cara. El poder esencial seguía residiendo en las mismas familias y en los mismos conglomerados sociales, mientras se daba entrada a una cierta pluralidad controlada en el escenario político. Eso explica la continuidad de espectáculos que deberían ser escandalosos en una democracia, pero que no lo son en la española, como la reciente presencia de un notorio torturador franquista, con una causa penal abierta en Argentina, en una celebración oficial del día de la policía en una comisaría madrileña.

Sin embargo, la ultraderecha como vertiente organizada, es decir, los partidos declaradamente ultraderechistas, vivieron tras la transición su particular travesía del desierto. La decadente simbología del régimen franquista fue escondida en los armarios. Había varias razones para ello:

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Qué significa la irrupción pública de Vox

Autor: Alberto Garzon Espinosa

eldiario.es

Uno de los riesgos colaterales que tiene la irrupción pública de un partido de extrema derecha en nuestro país es que puede llevar a las izquierdas a enfrentamientos poco fructíferos. Presenciamos estos días un reguero de acusaciones acerca de qué corriente teórica u organización política tiene más la culpa del crecimiento de la extrema derecha, y la verdad es que creo que esto no sirve de mucho. Más conveniente sería, en todo caso, que estemos dispuestos a abandonar aquellas ideas preconcebidas que carezcan de respaldo empírico y tratar, entre todas, de articular una ofensiva que sea, al mismo tiempo, un muro de contención frente a esta noche oscura.

1. No es fascismo, o no sólo

El fascismo es un producto histórico que no se ajusta del todo bien al fenómeno actual de irrupción de la extrema derecha. Tras la derrota del eje germano-italiano en la II Guerra Mundial y la construcción de las democracias europeas a partir de un espíritu antifascista, los partidos que se declaraban herederos de los regímenes fascistas del período de entreguerras nunca tuvieron una gran presencia electoral. La excepción fue el Movimiento Social Italiano (MSI), que se declaraba neofascista y que llegó a recibir hasta tres millones de votos –un 9%- en los setenta. Pero en la década de los ochenta empezaron a surgir nuevos partidos que se cuidaron mucho de no emplear las simbologías y terminologías fascistas. Estas nuevas organizaciones asumían parte de la ideología y programa de sus competidores directos, pero con nuevas tácticas para evitar la estigmatización pública. Gracias a ello, fueron desplazándolos de la arena política. En Alemania fue sintomática la irrupción de Die Republicaner en 1983 y de Alternative für Deutschland en 2013, mientras que en Italia la fundación de la Liga Norte en 1989 terminó por hundir al MSI. También paradigmática fue la fundación en los setenta del Frente Nacional en Francia, constituida a partir de pequeñas organizaciones fascistas, y su conversión ideológica y generacional en 2011 con la llegada al liderazgo de Marine Le Pen.

Uno de los rasgos clave de esta «nueva extrema derecha», y que lo diferencia de sus antecesores, es que son capaces de llegar a una base social mucho más amplia, menos ideologizada y, en consecuencia, más «normal». Los estereotipos y caricaturas no suelen funcionar con estos productos políticos, tampoco para estigmatizarlos, debido a que su apoyo no es ya en clave nostálgico-ideológica sino por motivaciones políticas presentes. Digamos que el «tapón antisfascista» de 1945 se ha desgastado.

2. Son, sobre todo, reaccionarios

De la misma forma que puede entenderse el fascismo como una reacción a la modernidad, y en especial al desafío que ésta suponía para los valores tradicionales, la nueva extrema derecha es también una reacción a elementos de la llamada posmodernidad. En gran medida estos movimientos reaccionan frente al auge de los nuevos movimientos sociales que, surgidos a partir de los setenta y ochenta, proclaman pacifismo, libertad sexual, igualdad de género, ecologismo radical, políticas de identidad, democracia radical, multiculturalismo, integración étnica, etc. Los nuevos partidos de extrema derecha son autoritarios, nacionalistas y reaccionarios, si bien sus formas concretas dependen de sus contextos específicos (así, el Frente Nacional en Francia es un nacionalismo centralista mientras que Vlaams Belang en Bélgica es un nacionalismo independentista).

Garzón 1

Como se puede observar en el gráfico anterior, lo que une a los partidos de extrema derecha no es su proyecto económico, en el que van desde el estatismo de Amanecer Dorado en Grecia hasta el neoliberalismo de Alternativa para Alemania. La unión, el rasgo común, es su componente de reacción cultural y política.

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Euro, instituciones y elites

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Existe un generalizado consenso entre los economistas, tanto convencionales como críticos, a la hora de señalar que la creación de la Unión Económica y Monetaria ha sido uno de los factores importantes desencadenantes de la crisis.

El pensamiento convencional, dominante, y una parte de la visión crítica hablan de “insuficiencias, errores, defectos” a la hora de diseñar el marco institucional destinado a gobernar la moneda única. De acuerdo con ese diagnóstico -no entro en los detalles del mismo-, que la crisis habría confirmado ampliamente, el objetivo de los responsables comunitarios debería ser completar y mejorar la gobernanza, objetivo al que los responsables comunitarios han dedicado en los últimos años la mayor parte de sus esfuerzos.

En mi opinión, sin embargo, los problemas del euro no se explican fundamentalmente por la existencia de un supuesto déficit institucional, o por el error de no haber contemplado que la creación de una unión monetaria, para que funcione adecuadamente, necesita acompañarse de una unión política.

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Presentación: “Europa, desigualdad, poder y economía”

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Presentación  en el curso de verano: “Europa, concentración de riqueza, concentración de poder”

Presentación en power point: Europa, desigualdad, poder y economía”

Europa, desigualdad, poder y economía. Curso de verano julio 2018

¿Es posible llamar democracia al régimen político del euro?

Autor: Sergi Cutillas

ctxt.es

El BCE está obligado a comprar bonos de deuda soberana de los diferentes estados miembros partícipes en el capital del BCE en una proporción equivalente a su participación en el capital de la entidad, lo que se llama capital key o clave de capital.

La compra de bonos de Italia y España en tal programa debería ser por tanto correspondiente a su capital key, de 17,5% y 12,6% respectivamente. Sin embargo, en el mes de mayo, estas proporciones se situaron en 14,9% para Italia y en 11,7% para España. En el caso de Italia este es el porcentaje más bajo desde que se inició el programa de compras de bonos del BCE.

Porcentaje de compra de bonos por parte del BCE. Fuente: BCE.

Porcentaje de compra de bonos por parte del BCE. Fuente: BCE.

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España: la moción de censura que tumbó a Rajoy

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Revista Crisis

La última semana ha representado un auténtico torbellino en la vida parlamentaria española. A escasos 8 días de que el gobierno conservador del Partido Popular, dirigido por Mariano Rajoy, consiguiera aprobar unos presupuestos neoliberales adaptados a la política de austeridad y recortes impuesta por la Unión Europea con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), este mismo gobierno ha sido depuesto y enviado de cabeza al basurero de la historia por una moción de censura del principal partido de la oposición (el Partido Socialista Obrero Español, PSOE) votada por una contradictoria amalgama de fuerzas políticas que incluía, como elemento  decisivo, al mismo PNV.

El disparador de este sorprendente cambio de escenario, que ha llevado a la presidencia a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha sido la sentencia judicial relativa al llamado “caso Gürtel”, una red de corrupción política ubicua, nacida al calor de la gigantesca burbuja inmobiliaria de las últimas décadas, e íntimamente ligada con el Partido Popular (PP).

La sentencia de Gürtel ha significado la condena penal de una gran cantidad de  antiguos altos cargos del PP, además de la declaración judicial de que este partido se habría beneficiado directamente de la trama delictiva organizada por su tesorero (Luis Bárcenas) y otros lúgubres personajes. Esta declaración es importante, ya que en los tiempos en que se produjeron los hechos juzgados, el Código Penal español aún no admitía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que nos indica que, para evitar una aplicación retroactiva de la ley penal, el tribunal ha condenado al PP de la única manera que se podía en ese momento (como “partícipe a título lucrativo”), pero su participación fue realmente mucho mayor. Además, en el cuerpo de la sentencia se calificaba expresamente de inverosímil  la declaración realizada ante el tribunal, en calidad de testigo, del ya expresidente Mariano Rajoy.

La sentencia representaba la confirmación judicial de algo ya sabido: los gobiernos  del PP, al hilo del desarrollo de la gran burbuja inmobiliaria que estalló en el año 2007, han ido acompañados del despliegue de enormes tramas de corrupción política, mediante las que los cargos públicos se enriquecían personalmente y financiaban a su partido, en una vorágine de relaciones delictivas con empresarios, “conseguidores ” y toda suerte de personajes turbios.

La sentencia, además, llegaba en un momento de crisis de legitimidad del conjunto del llamado Régimen del 78, en el que se sucedían los escándalos políticos, las condenas y detenciones contra el uso de la libertad de expresión y las tensiones derivadas del conflicto abierto con Cataluña, que llevaba aparejada una fuerte contestación a la monarquía, la existencia de presos políticos y exiliados y un reciente desfile de varapalos jurídicos en Europa a la hora de pedir la extradición de los políticos catalanes huidos.

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Coyuntura y estructura. Rodeos en torno a la moción de censura

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

Vivimos en tiempos tan convulsos que, cada pocos meses, surge una situación que hace pensar en la posibilidad de un cambio trascendental. De un cambio que pusiera fin, o al menos provocara un giro sustancial, a una realidad dominada por una economía corrupta, una precariedad social rampante, desigualdades insoportables y una imparable crisis ecológica. Las elecciones municipales del 2015, el ascenso electoral de Podemos (y la pérdida de la mayoría absoluta del PP) o el “referéndum” catalán de 2017 fueron vistos en su momento como situaciones en las que nuestra triste historia reciente podía cambiar. Una percepción especialmente extendida entre sectores de la izquierda alternativa en la que persiste una idea difusa de que algún tipo de “revolución” es posible. (Este es a mi entender el factor principal que explica el atractivo que para una parte de la izquierda tuvo, y aún tiene, el independentismo catalán, la creencia que una ruptura del Estado abriría insospechadas posibilidades de cambio). Pero el pasado reciente ha desmentido buena parte de estas esperanzas. La apuesta de Podemos por forzar un Gobierno de izquierdas acabó en una nueva victoria electoral del PP en junio de 2016. La “movida catalana” ha resultado catastrófica, mostrando por una parte la inanidad real del independentismo (para entenderlo son imprescindibles las crónicas del periodista Guillem Martínez en la revista digital Ctxt) y generando un proceso reactivo que, lejos de abrir puertas de oportunidad al cambio, está permitiendo un reforzamiento de la derecha española.

Pero a veces la realidad da nuevas oportunidades. Y la sentencia de la Gürtel ha propiciado una nueva coyuntura favorable al cambio. Un cambio modesto, improbable (cuando escribo estas líneas los pronósticos siguen siendo favorables a que el PP salvará los muebles en la moción de censura), insuficiente. Pero una situación que tiene al menos unas virtudes potenciales. Sin duda, el mayor beneficiario de la situación puede ser el PSOE. Un partido casi desahuciado por méritos propios y que ahora se ha encontrado con una situación que le permite retomar una iniciativa necesaria. Una coyuntura que además obligará a nacionalistas vascos y catalanes a “mojarse”, y que genera bastante incomodidad a Ciudadanos. En la premura de la situación actual la única opción sensata para una fuerza de cambio es votar sin más la moción de Pedro Sánchez y esperar acontecimientos.

Si la opción ganara, aunque ello significara que el PSOE volvería a hacerse con el Gobierno, se abrirían, al menos, varias posibilidades interesantes. La primera y más obvia, la expulsión de un Gobierno corrupto y la posibilidad de que el PP entrara en un proceso de descomposición. En segundo lugar, Ciudadanos quedaría algo descolocado y, aunque previsiblemente va ser el espacio de recomposición de la derecha, habría perdido la oportunidad de hacer creíble su cara regeneracionista. En tercer lugar, el PSOE quedaría más libre para adoptar una postura más flexible en los temas de nacionalidad (aunque es una cuestión complicada, pues estaría emparedado entre la tenaza del bloque Ciudadanos-PP, su propia ala españolista y las presiones del independentismo catalán). Y, en cuarto lugar, una actitud responsable de Unidos Podemos, en una coyuntura específica, puede resultar beneficiosa para recuperar parte de la credibilidad perdida. La derrota de la moción de censura, la opción que tiene mayor probabilidad, también puede abrir perspectivas interesantes. Sobre todo de clarificar más fácilmente el papel de Ciudadanos por un lado y del nacionalismo periférico por otro. Aunque es evidente que Ciudadanos es ya el nuevo proyecto de la derecha, al haber ampliado su espacio bajo una sola cuestión ha podido atraer a una parte del electorado de clase obrera (especialmente en Catalunya) aterrorizado ante una perspectiva de ruptura territorial. Por ello, cuanto más se posicione Ciudadanos a la derecha es más posible que se desvanezca una parte de su atractivo.

Unidos Podemos y las confluencias no tienen en esta coyuntura otra opción que apoyar la moción, aunque aprovechen para marcar perfil propio en cuestiones sociales, para así ganar credibilidad y porque la moción sitúa un escenario más abierto que el que hemos tenido en los últimos meses. Y también por una cuestión estratégica. Nos guste o no, la única posibilidad de cambios progresistas exige sumar fuerzas entre las izquierdas y los nacionalismos periféricos. Es una constante de la historia (al menos desde tiempos de la Segunda República) que puede no ser gustar, pero que parece inapelable. Y, por tanto, hay que explorar las situaciones en las que hay alguna posibilidad de generar procesos. Y esta es una coyuntura donde esto es posible. No es una ventana de oportunidad para un cambio profundo, es un simple resquicio para tratar de enderezar una dinámica que conduce al desastre.

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FUHEM Ecosocial presenta el informe Estado del Poder 2018 titulado “Contrapoderes”

Autor: FUHEM-Ecosocial

FUHEM EcosocialTransnational Institute (TNI) publican la edición en castellano del Estado del Poder 2018. El informe analiza cómo movimientos populares prosperan en todo el mundo, mientras aumentan la impunidad de las grandes empresas y la violencia estatal.

El informe consta de una entrevista introductoria a tres activistas: Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH);  Medha Patkar, activista en defensa del río Narmada, en India; y Nonhle Nbuthuma, activista frente a una mina de titanio en Sudáfrica, y nueve análisis firmados por autores/as de reconocido prestigio dentro del activismo internacional.

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Puertas giratorias en el Banco de España

Autor: Alberto Garzon Espinosa

Pijus Economicus

El BBVA ha anunciado que en los próximos días contratará como consejero a Jaime Caruana. Se trata de otra puerta giratoria. Caruana fue gobernador del Banco de España entre 2000 y 2006 y, aunque cobraba casi 200.000 euros al año por hacer su trabajo, fue incapaz de ver venir la crisis en nuestro país. Lo que sí ha visto muy bien es cómo cobrar ahora de una entidad a la que él tenía que vigilar. No es ni de lejos el único caso. La Asociación Española de Banca, el gran lobby bancario, tiene actualmente como presidente a José María Roldán, quien fue director general de regulación del Banco de España entre 2000 y 2013. Años que también cubren la crisis. Cuando se lo eché en cara recientemente en el Congreso, ni le importó. Para ellos no es un problema, pero para nosotros sí. Como dice Eduardo Garzón, ¿no es sospechoso que un árbitro que ha pitado todos los partidos a un equipo de fútbol, y quién sabe con qué favoritismo, pase a ser el entrenador millonario de dicho equipo?

Parásitos de alta cuna

Autor: Alberto Garzon Espinosa

Pijus Economicus

Ayer en Salvados el periodista José María García reconocía que Villar Mir compraba políticos para que sus empresas tuvieran obras públicas. Villar Mir fue un alto cargo del franquismo, luego ministro en la transición y desde entonces es jefazo de una de las grandes empresas constructoras. Como tantos oligarcas, también es marqués. Y está investigado por numerosos casos de corrupción. Apareció en los papeles de Bárcenas como donante de 100.000€ en octubre de 2004 y de 180.000€ en octubre de 2006. Casualmente, en noviembre de 2004 y en julio de 2006 se le adjudicó a empresas del grupo Villar Mir la construcción del Metro Ligero por parte de la Comunidad de Madrid. La policía le investiga junto a Javier López Madrid, su yerno y presidente del grupo Villar Mir. A éste se le conoce como Compiyogui, desde que se filtró que la reina Leticia le mandó mensajes de ánimo por el caso de las tarjetas black –tenía una-. Compiyogui está investigado por el caso Lezo, Gürtel y muchos más, y hace unas semanas representó a España en Davos, el foro mundial de los ricos, junto con su colega Felipe VI. Si este país no necesita una revolución para limpiarlo de parásitos, que baje Dios y lo vea.

Rescates para los de siempre

Autor: Alberto Garzon Espinosa

Pijus Economicus

En 2018 veremos cómo se lleva a cabo otra estafa legal: el rescate de las autopistas. Hace años el Gobierno encargó su construcción a constructoras que inflaron los costes hasta un 30%. Como casi nadie pasaba por allí, las constructoras quebraron. Pero no perdieron, pues el negocio era redondo: los beneficios estaban garantizados. El Gobierno había puesto al Estado, a todos nosotros, de avalista. En caso de pérdida, pagamos nosotros. El rescate puede costar hasta 4.500 millones de euros. Pero no será el último rescate. El Gobierno ha anunciado que tras sanearlas las volverá a privatizar para que las gestionen las mismas empresas que las quebraron. Y el Estado volverá a ser el avalista. Se rescató, se rescata y se rescatará a los de siempre mientras las pensiones, la sanidad, la educación, la cultura y nuestro futuro son recortados. Que te rescaten depende de la clase social a la que pertenezcas. ¿Tendrá algo que ver que algunas de esas empresas aparezcan en los papeles de Bárcenas como donantes del PP? ¿Será por eso que no apoyan nuestra idea de investigar con una auditoría?

El nefasto legado “legal” de Rato

Autor: Lina Galvez

eldiario.es

El pasado martes 9 de enero, Rodrigo Rato abrió el turno de comparecencias en la Comisión del congreso de los diputados encargada de investigar la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, con el fin de dilucidar las responsabilidades y el papel jugado por los gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero en la gestación,  eclosión y gestión política de la crisis económica.

El protagonismo de Rodrigo Rato en la crisis económica se divide entre su etapa de vicepresidente económico de los gobiernos de Aznar (1996 y 2004); la de director gerente del FMI, justo los años que precedieron el estallido de la crisis (2004-2007); y la de presidente de Bankia, entidad que representa como ninguna el expolio que se ha hecho de las cajas de ahorro en este país y que se convirtió en el principal exponente del rescate financiero.

Rodrigo Rato tiene procesos penales abiertos que abarcan los tres periodos. Aunque los referentes a su etapa de ministro no lo sean en relación a su gestión política, sino a un presunto blanqueo de dinero.

Sin embargo, a mí me interesa analizar esa gestión ministerial y el nefasto legado “legal” de Rato por la transcendencia que ha tenido no sólo en la virulencia de la crisis económica en España, sino en nuestro modelo económico y la legitimación social y política del mismo.

Cuando escuché la comparecencia de Rato aún tenía fresco el informe sobre la Desigualdad Global 2018 de The World Wealth and Income Database que presenta proyecciones de la evolución de la desigualdad de ingreso y riqueza hasta 2050.

En este breve informe hay gráficos sencillamente espectaculares sobre la evolución de la desigualdad económica en estas últimas décadas y las proyecciones que vaticinan por poner algún ejemplo, una creciente polarización y la posible desaparición de las clases medias. Mirando los datos sobre lo brutalmente que ha avanzado la desigualdad en EE.UU desde los años 80, se entienden muchas cosas sobre la desesperación de amplias capas de la población norteamericana y su reciente comportamiento político. Pero también podemos aprender muchas cosas sobre España.

En este informe, la evidencia estadística y los análisis que de esta se derivan, suelen tomar a Europa como unidad de análisis en los gráficos y solo a veces se individualizan algunos países europeos en función de la magnitud del fenómeno que se comenta. Pues bien, España solo se singulariza en el gráfico de una medida poco conocida: la de la evolución de la riqueza privada frente a la pública. Ese indicador es importante en tanto que por ejemplo una pérdida de riqueza pública limita la capacidad de los gobiernos para reducir la desigualdad, lo que sin duda tiene implicaciones en la desigualdad de riqueza de los individuos. No en vano, la conclusión de los más de 100 expertos y expertas en desigualdad sobre su situación y prospección hacia 2050 contenida en este informe es que solo mayores inversiones públicas en educación, salud y protección medioambiental conseguirían combatir la creciente desigualdad.

Pues bien, desde los años ochenta se observan transformaciones de gran tamaño en la propiedad de la riqueza en todos los países, salvo excepciones como Noruega. Existe un traspaso de la riqueza del dominio público al privado, hasta el punto de que la riqueza pública se ha hecho negativa o cercana a cero en los países ricos al superar las deudas a los activos. Pero aunque se trata de una tendencia global, hay algunos países que destacan especialmente como España, donde el despegue de la curva coincide bastante con la llegada del Partido Popular al poder en 1996, la entrada en el euro y el inicio de la burbuja inmobiliaria.

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Autogestión, poder y lenguaje

Autor: Xavi Lopez

Blog Economía para Todas en El Salto

Desde hace ya muchos años (a grandes rasgos, unos treinta), una pesada batería de conceptos, imágenes, expresiones y vocablos se ha estado filtrando en el lenguaje popular cotidiano desde los lugares donde se fabrican las visiones del mundo destinadas a permear sobre el imaginario colectivo. Comprar un armario es una “inversión”. Gastar más dinero en un producto equivale a obtener “calidad”. Fuera del lugar de trabajo, facturas, tarifas, y hasta oscilaciones bursátiles de índices hipotecarios adquirieron importancia creciente en la vida diaria, así como los “gastos” y los “beneficios”, y en general las nociones de “interés” y de “deuda”, omnipresentes en los discursos públicos, pero también en los juegos de apuestas online o en las plataformas digitales de compra-venta de productos. En el ámbito laboral, todo el mundo se acostumbró a que se valorase su trabajo según los criterios de oferta y demanda, según los índices de productividad, el grado de competencia que puede soportar, la importancia capital del cliente con quien tiene que tratar, el grado de eficiencia que es capaz de alcanzar. Por mucho que diéramos por supuesto que vivimos en una democracia, se entiende, como idea del “sentido común”, que en el lugar de trabajo esa democracia no existe ni debe existir. Se hace lo que dice el jefe.

Porque de eso se trata. El capitalismo en su fase neoliberal, con sus características particularmente picantes en España, ha consistido en una colonización del inconsciente colectivo de larga duración, que ha constado, entre otras cosas, de una invasión lingüística, conceptual, imaginaria, que imprimiera en las mentes de la gente común el principio de valorización capitalista de los objetos y los deseos, la naturalización del aprecio por el beneficio económico en las mentes de todos y todas las que, medio siglo atrás, sostuvieron la cultura antagonista al capitalismo. ¿Para qué? No sólo para hacer lo que dice el jefe, sino para pensar y sentir como él. Para desear un coche lujoso con el que circular, solos, por carreteras lejanas; para desear maquillajes caros o aparatos de aire acondicionado de alta calidad; para desear la propiedad de un inmueble como algo “natural”. Y de este modo, naturalizar el dominio, a través, ya no de una creación de lenguaje, sino de una supresión del mismo, dirigida a mantener el tabú del dominio. Éste queda protegido, así, cada vez que un compañero o compañera tratan de espolearnos para que nos movilicemos contra las malas prácticas y tratos de un jefe o compañía y el resto nos quedamos callados; pero es sólo un ejemplo. Habría que buscar, y no sería difícil encontrar, las situaciones en las que, desde la escuela, el dominio se instala dentro de nosotros como un cáncer con el que deberemos convivir “desde la cuna hasta la sepultura”. No estamos hablando de teoría, sino de la práctica diaria y de la relación que establecemos (o que nos dejamos establecer) entre nosotras mismas, el lenguaje y el poder.

Todo esto tiene algo que ver con el concepto de autogestión. Gerentes de toda ralea han invadido los ayuntamientos y otros entes públicos y privados, haciéndose “responsables” de las vidas y recursos de otros y otras. Hasta las pequeñas asociaciones de comerciantes o de vecinos, y muchas cooperativas sin una vocación clara de transformación social (que las hay y muchas, aunque por fortuna esto está cambiando), se ven obligadas, cuando no lo hacen de buen grado, a dilapidar una enorme cantidad de energía y capital social en la “gestión económica” de sus entidades, de modo que en multitud de casos contratan a terceros que realizan ese trabajo (las famosas “gestorías” inmobiliarias que se han apropiado de la gestión de las comunidades de vecinos, por ejemplo). De tal manera que mucho dinero va a parar a las manos de estos “intermediarios” que hinchan precios y cuentas corrientes. La vida de barrio, que no hay que mitificar ni mucho menos, pero antaño tan llena de actos y lenguajes que no pertenecían al universo de la “gestión”, también se ha “financiarizado”: todo el mundo se ve obligado a prestar una atención inusual a sus “equilibrios presupuestarios” (léase “llegar a fin de mes”, en una versión profana de los libros de cuentas de las élites económicas).

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El poder, ausente en los análisis del Fondo Monetario Internacional

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) (https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017) menciona la paradoja de que la sustancial reducción del desempleo observada en los últimos años no ha ido de la mano de un aumento de los salarios. El sentido común y el relato de la economía convencional plantea que la intensificación de la demanda de empleo por parte de las empresas y las administraciones públicas, y la consiguiente reducción de los niveles de desocupación, provoca, como en cualquier otro mercado, un crecimiento de los precios, en este caso, del precio denominado salario.

Sin embargo, no es esto lo que ha ocurrido. El aumento de los salarios nominales y reales, en estos años de generalizada recuperación de la actividad económica, medida a través del crecimiento del PIB, ha sido exiguo. En efecto, entre 2010 y 2016, en términos promedio, los primeros han progresado en la Unión Europea (UE) un 10,5% y los segundos un 2,4%; en la economía española los resultados aún son más discretos: el salario nominal ha aumentado un 2,1%, mientras que, en términos reales, se ha registrado una pérdida acumulada de capacidad adquisitiva del 2,5%.

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El precio de la libertad en Catalunya

Autor: Lina Galvez

eldiario.es

Hace días que quiero hablar de los costes de la “libertad” en Catalunya. No de los vinculados con la privación de libertad que sufren algunas personas como los jordis, que sin duda ya están pagando en prisión el precio de la libertad  -también  el de saltarse la legalidad vigente. Tampoco quiero hablar de los costes económicos que ya está teniendo el Procés o de los que tendría la independencia, siquiera de los que tendrá la Catalunya intervenida. La prensa está llena de análisis pormenorizados de los puntos que se dejaría el PIB, las consecuencias de la fuga de empresas, los efectos sobre la prima de riesgo, sobre el reparto de la deuda exterior o cuáles serían los costes fiscales que para el estado español tendría una Catalunya independiente.

A mí me interesa hablar sobre lo que las élites independentistas han ocultado en público. Me interesa hablar sobre quiénes habrían pagado el precio de esa libertad. Aunque después de la temeraria propuesta que hace unas horas ha elevado el gobierno de Rajoy al senado para la aplicación del artículo 155, creo que también es necesario hablar del precio que no solo los catalanes sino también el resto de los españoles vamos a pagar por el intento del independentismo de conseguir su “libertad” sin el consenso social suficiente en Catalunya y saltándose las leyes.

En Catalunya, desde que se inició la escalada separatista en 2012, se ha hablado mucho de libertad. Ésta se ha identificado con una república catalana independiente del estado español donde todo, absolutamente todo, funcionaría mejor. Nunca hasta que las cuerdas se tensaron con el mal llamado referendum del 1 de octubre, se había hablado abiertamente del precio de esa libertad, con la excepción del empresariado catalán al que primero Artur Mas y posteriormente otros miembros del Govern, le decían en sus encuentros destinados a atraerlos para la causa soberanista: “La libertad tiene un precio, pero no tenerla también”.  Con ellos, porque son ellos en su mayoría, había que hablar de costes y beneficios. Pero incluso en ese caso, se hizo de manera simplista. De ahí que frente a la incertidumbre que supuso el 1-O o el “paro nacional” del 3-O, más de 1000 empresas hayan cambiado su sede social de Catalunya.

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La segunda modernización de España

Autor: Bruno Estrada Lopez

ctxt.es

El 1 de octubre ha ofrecido una clara conclusión: el PP podría ser capaz de imponer las reglas de juego de la política española durante los próximos años si los demás actores políticos no actúan de forma inteligente.

La victoria de Pedro Sánchez en las segundas primarias del PSOE, las de junio de este año, abrió interesantes perspectivas, ya que parecía que venía acompañada de importantes cambios sobre la idea del Estado que hasta entonces había predominado en la mayor parte sus dirigentes, tanto desde el punto de vista de la relación del Estado con la actividad económica como en la cuestión territorial.

La modificación del artículo 135 de la Constitución española en septiembre de 2011 por parte del PSOE y del PP fue muy grave porque significó la conformidad de los socialistas con la jibarización del Estado del bienestar, la aceptación de un Estado neoliberal definido por las políticas de austeridad fiscal emanadas de la Comisión Europea. En la crisis, cuando venían mal dadas, el Estado en vez de proteger a sus ciudadanos se inhibió en favor del mercado: que sobrevivan los más fuertes. El surgimiento de Podemos estuvo relacionado con esa incapacidad del PSOE para articular una política económica progresista de salida a la crisis, tal como mostró la fuerte contestación social que se produjo alrededor del 15-M.

La victoria de Pedro Sánchez en las segundas primarias significó una clara apuesta de los socialistas en la defensa del Estado del bienestar como una de sus señas de identidad. En ese cambio de actitud del PSOE jugaron un papel muy importante los sindicatos, y también las razonables y mesuradas propuestas económicas realizadas por Podemos, ya que obligaron a los socialista a volver a su ADN socialdemócrata, a riesgo de perder un creciente volumen de su ya mermado electorado. En este caso Podemos ganó claramente la hegemonía de las ideas, aunque no se le haya reconocido.

Resulta evidente que sin la irrupción de Podemos, y su inteligente apuesta económica por una suerte de socialdemocracia transformadora (como la que se desarrolló a partir de los años treinta en Suecia), no se habría producido esa vuelta del PSOE a sus raíces socialdemócratas. Una vuelta a los orígenes que no fue fácil, como mostró el traumático proceso de las primarias socialistas y como resaltan muchos militantes socialistas cuando dicen que existe un riesgo cierto de que el PSOE vuelva a los planteamientos neoliberales que definieron su política económica desde mayo de 2010 hasta la derrota electoral de 2011. En las elecciones generales de 2011 el PSOE, él solito, perdió cuatro millones de votos y la posición de hegemonía que había detentado sobre la izquierda española durante más tres décadas.

Consolidar nuestro débil Estado de bienestar e impulsar un Estado plurinacional deberían ser los ejes de la segunda modernización que demanda la sociedad española a comienzos del siglo XXI.

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El voto del capital

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

El ministro de Economía español Luis de Guindos ha declarado, en una conferencia de prensa celebrada hace escasos días en el marco de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que si no hay una “pronta solución” a la crisis política catalana, la previsión de crecimiento económico para 2018 se situará por debajo del 2,6%. De Guindos, ha afirmado también que la incertidumbre política en Cataluña “no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica” y  que obligará a situar “algo por debajo” las previsiones de crecimiento.

No son afirmaciones ingenuas ni declaraciones sin efectos reales: una previsión de menor incremento del PIB, en el marco constituido por la vigilancia europea de los criterios de convergencia de Maastricht representa más recortes y ajustes efectivos para cuadrar el círculo de la imposible ortodoxia neoliberal impuesta por Bruselas a los países de la Periferia europea. “La aventura catalana-parece decirnos en una ambigua formulación, que no se sabe si es profecía auto-cumplida o amenaza- saldrá cara a las clases populares de todo el país”.

Y es que estas últimas dos semanas hemos sido conscientes de una realidad que solemos olvidar bajo el ingente manto de florilegios y poéticas sobre la democracia que nos rodea en todo momento en nuestra sociedad hiper-conectada y amnésica: los capitales también votan. Y vaya si votan. Más de 500 sociedades han cambiado de sede social para abandonar Cataluña en la última semana, lideradas en este movimiento por gigantes bancarios y empresas realmente transnacionales.

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Élites económicas y procesos políticos…en Catalunya

Autor: Lina Galvez

eldiario.es

La crisis institucional de Cataluña y del Estado español ha estado marcada esta semana por la huida de depósitos bancarios y de la sede social de las grandes empresas –también pequeñas y medianas- de Cataluña. Y no paro de escuchar entre quienes creían que con muestras de fraternidad y diálogo el nacionalismo catalán recularía un “qué pena que lo que haga bajar el soufflé sean los intereses económicos”.

A mí personalmente no me extraña por al menos cuatro razones:

Primero, por cómo se mueve el capital en un mundo globalizado.

Segundo, por la importancia del contexto institucional y legal para el funcionamiento de una economía de mercado.

Tercero, por el “egoísmo” histórico que siempre han demostrado tener las élites económicas.

Y cuarto, porque está claro que las élites económicas catalanas –como también le ha ocurrido al Estado central y a una parte importante de la ciudadanía-, no calcularon bien la revolución que se estaba gestando en Cataluña.

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Discusiones sobre clase, pueblo y régimen económico

Autor: Jon Bernat Zubiri Rey

Nociones Comunes

Al hilo de las discusiones durante el curso “La lucha de (des)clases” de la Fundación de los Comunes

Comentarios tras nuestras sesiones presenciales

Versión corregida, matizada y ampliada para Economía Crítica y Crítica de la Economía

Célula Norte

Decía jonbernat en las presentaciones del curso que el objetivo de este trabajo sería :

Hacer algunos aportes de las concepciones euskaldunes de la clase popular, el pueblo trabajador o incluso desde la influencia que la acepción decimonónica (carlista) de lucha de clases anti-liberal, moral y jurídicamente agregadora en unos términos no contenidos en la tradición obrera y marxista que principalmente se suele manejar a este respecto. La última cuestión sobre la que trataré de incidir es que, al hilo también de lo que discutían por ahí Eki, Álvaro y otrxs compas, me parece fundamental traer a colación al Marx tardío y su defensa de la comuna rural como sujeto revolucionario en la Rusia de la época, tal y como muestran los borradores de respuesta a la carta de Vera Zassoulitch. Los pueblos del norte de España acumulamos una experiencia compartida – no superior, pero sí diferenciada – en cuánto a la agregación y confrontación de clase contra la mediocre y panderetesca élite caciquil y burguesa radicada en Madrid. Esto, sin comprometer la fuerza y vigencia histórica del Madrid del “no pasarán”, sólo quiere dejar constancia de ese elemento agregador que es el pueblo, la historia compartida en términos de confrontación contra los ejércitos de ocupación y sus alfiles locales vendidos a sus intereses. En general me parece un elemento material mucho más sólido y consolidado que la serie de cuestiones y segmentos, atributos y características que se vienen remarcando en las primeras sesiones.”

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El Brexit y el Procés. Sobre relatos y rupturas

Autor: Lina Galvez

eldiario.es

En estos días en los que el Procés ocupa todo el espacio informativo de los medios de comunicación catalanes y españoles, leo con preocupación noticias en la prensa británica sobre el deterioro de la convivencia en el Reino Unido post-Brexit. Noticias a las que pongo rostro cuando mis amistades residentes desde hace años en Gran Bretaña me relatan la humillación a la que están siendo sometidas en el proceso de solicitud de la nacionalidad británica, la misma que ya venían sufriendo los residentes no comunitarios -a excepción de los ricos- al menos desde 2013.

Obviamente, el Brexit y el Procés no son iguales, pero comparten relatos separatistas de naturaleza semejante. Relatos de fantasías, de superioridad, o de agravios en algunos casos artificialmente construidos. Y también comparten lo poco atractivas que resultan las realidades de las que se quieren separar, la Unión Europea en el caso británico y el Reino de España, en el caso catalán. En el caso español, además, esa realidad se hace aún menos atractiva para las y los catalanes gracias a la miopía y prepotencia de un nacionalismo español, perfectamente representado por el gobierno del Partido Popular que fabrica independentistas catalanes a diario.

De hecho, cuando escucho algunos de los argumentos de los que se sirven los partidarios de la independencia de Cataluña para convencer a los catalanes no independentistas de que se unan al Procés, resuenan en mi cabeza razones muy similares expresadas en otro idioma, el inglés, y esgrimidas frente a otra institución “opresora”, la Unión Europea.

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Huelgas, terrorismo y ciudadanía

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Leo un tuit de Iñigo Errejón -compañero al que, sinceramente, valoro muchísimo- que encabeza con la siguiente frase: “Ejemplar Barcelona”. Describe varios de los que él considera comportamientos ejemplares, incluyendo a “los huelguistas que abandonan la huelga”. Imagino que, como el foco se encuentra en Barcelona, se refiere a los trabajadores de El Prat. Vivimos momentos donde parece que prima el “todo revuelto”; ¡qué difícil es resistirse a esa tentación! Por supuesto, entiendo a los trabajadores que han dado un paso atrás en la huelga, pues, con el ambiente político que se respira en este país, de haber persistido en el conflicto, muy probablemente serían llevados a la hoguera por los inquisidores y serían fulminados en los medios de comunicación, presentados como egoístas, insensibles y hasta como cómplices del terrorismo. Aunque, no nos engañemos, ese paso atrás -que ojalá sea el preludio de otros adelante, con mas apoyos sociales, sindicales y políticos- era el resultado lógico de su debilidad y aislamiento, y de la política intransigente y autoritaria de Eulem, Aena y del Gobierno. Podemos meter todo en el mismo saco, pretendiendo de esa manera ganar respetabilidad, pero en realidad nos sumamos a la ceremonia de la confusión y confundimos a nuestra gente. En estas horas críticas, (casi) todo se entiende, pero ¡ojo! no nos dejemos arrastrar por ese discurso tramposo, falaz y superficial que, enarbolando la necesidad de unir voluntades contra la violencia terrorista, oculta las fisuras enormes que en esa batalla genera el politiqueo y los intereses electorales de unos y otros. Y, lo más importante, frente al superficial e interesado relato de “los malvados terroristas que quieren acabar con nuestra civilización”, pongamos el foco en las causas de fondo de la espiral terrorista (que, por cierto, golpea con especial saña a las poblaciones árabes y musulmanas): la invasión de Irak, la geopolítica de las grandes potencias, la disputa por los recursos naturales, la imparable ola de refugiados y el lucrativo negocio de la industria de armamentos.

El Brexit y la batalla por el Big Data y por la democracia

Autor: Lina Galvez

eldiario.es

Hace unos días,  el diario irlandés The Irish Times escribía sobre el incremento de británicos que están pidiendo el pasaporte irlandés y aseguraba que en el Gobierno británico ya se reconoce que el Brexit dañará al pueblo británico. Aseguraba que su objetivo en las negociaciones con la UE ya no es otro que limitarlo al menor posible.

Que el Brexit es un error parece que lo piensan no solo todos esos británicos con origen irlandés que quieren seguir permaneciendo en la UE, sino también los escoceses que apoyan a su Gobierno pidiendo un segundo referéndum de independencia, o los numerosos jóvenes que ven truncadas sus esperanzas de movilidad a lo largo de la UE y que posiblemente se hayan criado en una cultura más europea que la tradición cultural británica -que siempre ha visto a Europa como un vecino continental-, con la que apelaron a las emociones los partidarios del Brexit. Y también es posible que comiencen a ver que el Brexit es un error todas las personas que habían sido especialmente vapuleadas por la austeridad y que mostraron su descontento apuntando al blanco equivocado, votando por abandonar una UE que, aunque se empecina en las políticas pro-austeridad, aún conserva algo de la antigua Europa social que los recientes gobiernos británicos abandonaron.

Recorte en gasto social

Aunque ya estaba previsto por el Gobierno de David Cameron, el Gobierno de May del Brexit ha sido el que ha puesto en marcha un recorte en el gasto social que acaba de entrar en vigor a principios de abril y que se estima mandará a un cuarto de millón de niñas y niños a la pobreza. Con las nuevas normas, una familia cuyo tercer hijo haya nacido antes del 6 de abril de 2017 podría llegar a percibir del Estado, hasta que éste cumpla 18 años, unas 50.000 libras más que otra familia cuyo hijo haya nacido un día después de esta fecha. Y mientras que la viudo/a e hijos/as de una persona que muriese antes de esa fecha tendrían acceso a un ingreso social hasta que la o el menor de los hijos terminase su educación, calculado en torno a los 20 años, con los recortes de May solo lo recibirían durante 18 meses que aunque con mensualidades algo superiores, no compensan en absoluto la pérdida de ingresos de esas familias. De tal magnitud son los recortes del Gobierno pro-Brexit.

Pero eso son realidades, hechos, que ahora no importan porque hay personas y corporaciones que persiguen intereses poco democráticos que trabajan para que la verdad no cuente, como tampoco los ideales de igualdad y justicia. Personas muy poderosas que vienen apostando muy fuerte para que la realidad y su percepción fiel no entorpezca en ningún caso los intereses que quieren defender. En los últimos tiempos han invertido montañas de dinero y los grandes conocimientos sobre Inteligencia Artificial que dominan para que los resultados electorales a ambas partes del Atlántico hayan sido justamente los que mejor les convenían para montar lo que llaman “Platform Democracy”. Donde el Gobierno –léase compañía- se reserva el derecho a cambiar el acuerdo con el usuario en cualquier momento.

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