Economía Crítica y Crítica de la Economía

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La polarización de la riqueza sigue aumentando. Trasvase de rentas a través de los alquileres

Autor: COLECTIVO IOE

El Colectivo Ioé estudia la evolución reciente de la desigualdad en España, relacionándola con la posición financiera de las familias, el mercado laboral y el de la vivienda.

Artículo publicado el 5 de marzo en Barómetro Social de España



Gráfico 1. Evolución de la riqueza o patrimonio de los hogares entre 2002 y 2017

Fuente: Banco de España, Encuesta Financiera de las Familias, 2002 y 2017. Elaboración del Barómetro social de España, indicador  10 del ámbito Renta y Patrimonio, Gráfico 12. Seguir leyendo…

¿Por qué el salario mínimo no eleva el desempleo?

Autor: Luis Cardenas

Artículo publicado en Contexto y Acción el 22 de febrero de 2020

La responsabilidad final de la evolución del SMI no puede delegarse en un comité técnico, sino que debe recaer en los representantes de los agentes sociales (patronal y sindicatos) y del Gobierno. Seguir leyendo…

Convocatoria XVII Jornadas de Economía Crítica (JEC)- Santiago de Compostela 2020

Autor: ASOCIACION ECONOMIA CRITICA

XVII Jornadas de Economía Crítica:

Emergencias, transiciones y desigualdades socioeconómicas

Santiago de Compostela – 3 y 4 de septiembre de 2020

Las Jornadas de Economía Crítica son un espacio de encuentro abierto que se viene organizando desde hace tres décadas. En esta ocasión, tendrá lugar los días 3 y 4 de septiembre de 2020 en la Universidade de Santiago de Compostela (España), organizadas por la Asociación de Economía Crítica y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la citada Universidad.

En los últimos años, nos enfrentamos a múltiples retos que nos indican una situación altamente crítica para el futuro inmediato de la humanidad. Hacer frente a estos retos exige el diagnóstico de todas las emergencias que deben ser atendidas, además de la formulación de posibles caminos para transitar hacia un mundo en que dichos retos puedan ser superados y que, por otra parte, permitan reducir las desigualdades existentes a diferentes niveles. Por ello, las JEC constarán esta vez de tres plenarios y de las tradicionales sesiones de discusión donde se presentarán las comunicaciones, así como de espacios de diálogo de la economía con otras disciplinas, con el activismo y sobre el papel de la economía crítica en la educación (áreas transversales).

Entretanto, os animamos a enviar comunicaciones sobre los temas que tradicionalmente han sido objeto de atención en las JEC: enfoques teóricos de economía crítica, aspectos de la economía mundial, el mundo del trabajo, relaciones entre la economía y la naturaleza, economía feminista, sobre Estado de bienestar y protección social, políticas económicas, etc. En todo caso, serán bienvenidas todas las comunicaciones que analicen asuntos económicos de interés desde una perspectiva crítica. Asimismo, os animamos a realizar propuestas para las mencionadas áreas transversales.

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La educación superior en la ecuación de la desigualdad

Autor: Damian Herrera

ctxt.es

Gracias a los estudios económicos y sociológicos que periódicamente se publican sobre la desigualdad social podemos conocer bien las dimensiones de ésta y su evolución, tanto a escala local, como regional y mundial. El ensanchamiento de los sectores medios de la clase trabajadora en el capitalismo moderno, anterior a la década de los ochenta del siglo pasado, describía, gráficamente, la distribución de los recursos sociales y económicos que por entonces aún se concentraban en estos sectores. Sociólogas como Saskia Sassen han analizado los cambios posteriores que originaron el estrechamiento, y con ello el proceso de desclasamiento, que dichos sectores experimentan hoy en sus propias carnes como efecto de la concentración de los recursos en los sectores superiores de la pirámide social. Estas nuevas condiciones surgidas en el capitalismo avanzado, empujan a los sectores medios de la clase trabajadora hacia abajo, en un proceso gradual de competición social contra el que deben desplegar todo el arsenal de recursos económicos y culturales de los que puedan disponer si quieren mantenerse por encima de la brecha de demarcación que separa a aquellos que consiguen subsistir entre los privilegiados, de los que son desplazados hacia las semiperiferias y  periferias sociales.

Aunque menos frecuentes, algunos estudios también nos permiten conocer el día a día de los mecanismos a través de los que la desigualdad social logra reproducirse intergeneracionalmente. De estos mecanismos, entre los más analizados encontramos la propiedad y la riqueza, entre los directos, y la educación entre los indirectos. Gracias a la tesis meritocrática, surgida en la década de los 70 del siglo XX, las democracias liberales han inferido una relativa independencia de este último respecto de los dos anteriores, sin embargo, debido a que los bienes credenciales basados en los títulos de educación superior que dan acceso a las mejores posiciones en la estructura ocupacional resultan altamente costosos en tiempo y dinero, dichas tesis se hallan, desde su aparición, abiertamente cuestionadas.

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¿Hacia un nuevo Estado del bienestar dinamizador e inversor?: el nuevo riesgo social del cambio climático

Autor: Carlos Ochando

La Paradoja de Kaldor

Las propuestas de reforma del Estado del bienestar son casi tan antiguas como la existencia del propio Estado del bienestar. Casi desde su nacimiento, se viene hablando de la necesidad de aplicar reformas. Los argumentos son muy variados: la necesidad de sostenibilidad, la justicia y la equidad, el daño al crecimiento económico y la eficiencia, la adaptación a las nuevas necesidades y riesgos sociales, la falta de legitimidad y un largo etcétera que han servido para que el Estado del bienestar estuviera en el punto de mira de sus críticos. Este argumentario crítico ha alimentado reformas -más o menos profundas- del Estado del bienestar tal y como se empezó a construir después de la II Guerra Mundial.

Ahora bien, si bien el Estado del bienestar no se ha desmantelado -como proponía, desde finales de los años setenta, el pensamiento neoliberal y la Economía de la Oferta-, ni ha llegado a una crisis fiscal irresoluble como vaticinaban los autores marxistas, sí que, en los últimos años, está sufriendo una permanente reestructuración.

A las tradicionales argumentaciones teóricas, se suman los efectos de una larga crisis económica que comenzó en 2007-2008 y cuyas secuelas alcanzan hasta la actualidad. Este fenómeno no es novedoso. El debate sobre la necesidad de reformar el Estado del bienestar se acentúa en los periodos de crisis económica. Muchos analistas y expertos (tanto del mundo académico, político y mediático), cuando se produce una merma considerable de los recursos públicos disponibles -resultado de la propia crisis económica- cuestionan la viabilidad financiera, económica y política de los regímenes de protección social. Lo suelen hacer a partir de proyecciones demográficas y económicas con una alta probabilidad de error, ya que las variables utilizadas, sobre todo económicas, son altamente impredecibles y sujetas a una elevada incertidumbre.  La argumentación más extendida es que la crisis económica y la pirámide demográfica someten a cualquier Estado del bienestar a una presión financiera en forma de “tijera” (los ingresos públicos disminuyen mientras que los gastos públicos crecen). El resultado, desde esta perspectiva meramente contable, es la inviabilidad económica futura de los sistemas públicos sanitarios y de pensiones, pilares centrales del Estado del bienestar. Y es cierto que una crisis económica duradera y persistente, sí que puede reducir los recursos fiscales y sí que puede mermar a medio y largo plazo las bases de financiación de los gastos públicos sociales (al margen del cambio de las prioridades y preferencias políticas que puede ocasionar), pero este argumento nos parece extremadamente simple.

¿La supervivencia en el tiempo del Estado del bienestar significa que no son necesarias reformas? Evidentemente, la respuesta debería ser negativa. Como realidad institucional que es, requiere de cambios y reformas que lo adapten a las nuevas realidades sociales. Hacen falta reformas, pero no las que se han llevado a cabo que, únicamente, persiguen la moderación o reducción del gasto público social. La última crisis económica ha alimentado unas propuestas de reforma del Estado del bienestar cuyos objetivos finales han sido la reducción del gasto público, la deslegitimación de las políticas redistributivas, el recorte de los derechos sociales de ciudadanía, la reducción de la intensidad protectora y la disminución de la cobertura de las prestaciones sociales.

¿Y por qué creemos que hacen falta reformas? Primero porque el Estado del bienestar siempre ha sido una realidad institucional dinámica y cambiante. Y segundo, porque, en el momento actual, las transformaciones económicas y sociales se desarrollan a una velocidad de vértigo. En ese sentido, creemos que hay que adoptar reformas institucionales creativas e innovadoras que afronten los nuevos retos y desafíos de las nuevas realidades sociales y económicas. Estas recetas no pueden ser las que sirvieron en el pasado porque la realidad económica, política y social ha cambiado. Creemos que hay que hacer un esfuerzo de innovación social creativa que nos permita adaptar institucionalmente el Estado del bienestar a esta nueva realidad del siglo XXI. Pero esa revisión no debe pasar por su disminución, sino por todo lo contrario: por su universalización y profundización con fórmulas innovadoras, creativas y eficientes.

¿En qué puede estar basada esta nueva arquitectura del Estado del bienestar en el siglo XXI? Las nuevas acciones estratégicas del Estado del bienestar están justificadas por la aparición de los llamados “nuevos riesgos” y por una cierta incapacidad de la vieja arquitectura del Estado del bienestar tradicional en dar una respuesta eficaz e innovadora a los mismos. En este contexto de permanente reconfiguración del Estado del bienestar, algunos autores y analistas han repensado las líneas estratégicas de este “nuevo Estado del bienestar”. Su estructura institucional ha recibido diferentes denominaciones: “Estado de inversión social”, “Estado social activo”, “Estado social inversor”, “Tercera Vía” o, a veces y de manera simplificada, “Sociedad del bienestar”. Otros autores hablan de “Estado Dinamizador” con un nuevo “pilar de emancipación” (Mulas-Granados, C., 2010 : 60). En él se incluirían las respuestas a estas nuevas situaciones de vulnerabilidad y riesgos que el nuevo Estado del bienestar debería atender: familias monoparentales, la emancipación de los jóvenes, los problemas de integración laboral en la madurez (55 a 64 años), los parados de larga duración y en riesgo de exclusión, etc. En esta misma línea Aigenger y Leoni (2010 : 82) señalan tres piedras angulares de una estrategia de éxito: 1) flexibilidad gestionada y equilibrada; 2) prudencia fiscal más calidad del presupuesto y 3) inversión a futuro (investigación, educación, formación continua, tecnologías en TIC, biotecnología, etc.).

Este enfoque teórico conecta con la literatura económica y sociológica sobre la “pre-distribución” y de “la inversión social”.  Desde este marco teórico se defiende la necesidad de repensar la función social del Estado, rediseñándolo hacia un Estado del bienestar “preventivo”, “proactivo” que enfatice en la inversión en el capital humano y que haga frente a los “nuevos riesgos sociales” por medio de una mayor inversión social  (Zalakain y Barragué, 2017).

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Jornadas #OtraEconomíaEstáEnMarcha 2019 (con becas para alumnado de fuera de Madrid) ¡Inscríbete y difunde!

Autor: ECONOMISTAS SIN FRONTERAS y Ricardo Molero Simarro

Economistas Sin Fronteras

El 16 de noviembre 2019, Economistas sin Fronteras junto a la UNED de Tudela,  organiza la sexta edición de las jornadas Otra Economía Está en Marcha, un espacio de encuentro, diálogo y debate entre personas que desde un enfoque crítico, apuestan por poner la economía al servicio de la sociedad y del planeta.

Este año la temática girará en torno a las formas alternativas de medir el desarrollo. Para ello contaremos con la presencia de José Manuel Naredo, economista y militante ecologista, que será quien abra las jornadas en la conferencia inaugural La taxonomía del Lucro.

Seguidamente tendrá lugar la presentación del Indice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS) 2019, una herramienta que mide, evalúa y compara el compromiso de los países con un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo y que tiene como objetivo el ofrecer una alternativa a la hegemónica y limitada visión de los indicadores que habitualmente se usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto (PIB).

Contaremos también con 3 interesantes talleres "Más allá del PIB. Propuestas y experiencias sobre formas alternativas de medir".

INSCRÍBETE AQUÍ,

y si eres ESTUDIANTE UNIVERSITARI@ inscríbete AQUÍ.

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La edad dorada de los estudios sobre desigualdad

Autor: Ricardo Molero Simarro

La Carta del GETEM

Introducción

La distribución de la renta es una cuestión habitualmente postergada en los debates económicos. Tradicionalmente, eficiencia y equidad han sido contrapuestas como objetivos excluyentes, dando una clara preponderancia a la primera. De hecho, se ha argumentado que lo importante para lograr el desarrollo era impulsar un proceso de crecimiento económico que, gracias a la mejora de la renta per cápita de los países, aseguraría la desaparición de la pobreza, variable considerada la realmente relevante. Sin embargo, las promesas fallidas del denominado “efecto goteo” (trickle down effect) han generado un creciente interés sobre la desigualdad.

La renovada preocupación por la desigualdad

La distribución de la renta ocupaba un papel preponderante en las obras de los economistas clásicos. Tan es así que, en la introducción a sus Principios de economía política y tributación, David Ricardo llegó a afirmar que “el problema principal de la economía política consiste en descubrir las leyes que determinan la distribución”. Sin embargo, el surgimiento de la economía marginalista, a finales del siglo XIX, hizo prácticamente desaparecer a la desigualdad de la renta del objeto de estudio de la economía. Este olvido duró casi un siglo. En 1955 Simon Kuznets enunció una relación en forma de U invertida entre el incremento de la renta per cápita de los países y el aumento y posterior reducción de esa desigualdad. No obstante, la problemática quedó encuadrada en la economía del desarrollo.

De hecho, todavía en 1997, Anthony Atkinson dedicó su discurso de aceptación de la presidencia de la Royal Economic Society a “traer a la distribución del ingreso de vuelta del frío”. Desde entonces las investigaciones sobre la cuestión se han multiplicado, contribuyendo a la propagación de nuevas fuentes estadísticas, que están siendo fundamentales para calibrar el alcance de la desigualdad de la renta tanto a nivel global, como en el interior de los países. Hasta tal punto, que se puede afirmar que estamos viviendo la edad dorada de los estudios sobre desigualdad.

La desigualdad global de la renta: Milanovic

Muchas están siendo las aportaciones al respecto, pero es probable que Branko Milanovic y Thomas Piketty sean los autores que más están contribuyendo a ello. Milanovic es miembro del Luxembourg Income Study, uno de los organismos que más sistemáticamente recopila indicadores de distribución de la renta y pobreza para la mayoría de países del mundo. No obstante, comenzó a destacar siendo economista jefe del departamento de investigación del Banco Mundial, cuando entró en el debate acerca de los efectos que la globalización estaba teniendo sobre la desigualdad internacional. Milanovic sistematizó ese debate enunciando tres maneras de medirla: uno, el cálculo de la diferencia entre las rentas per cápita de los países (medidas en paridad de poder adquisitivo); dos, el de la diferencia de esas rentas per cápita ponderadas por la población de cada país; y, tres, el del índice de Gini para el conjunto de la población mundial.

La mayoría de autores pro-globalización utilizaban el segundo de los conceptos, que, dado el rápido crecimiento de, entre otros, China e India, muestra una intensa reducción de la desigualdad desde los años 1990. En cambio, a partir del cálculo del índice de Gini global, Milanovic ha llegado a una conclusión mucho menos benigna: la existencia de claros ganadores y perdedores del proceso de globalización: los primeros, las clases trabajadoras urbanas de las economías emergentes (especialmente de las mencionadas China e India) y las élites globales (occidentales, aunque no sólo); y, los segundos, las familias pobres de los países más pobres (principalmente africanos) y las clases trabajadoras de menores ingresos de las economías avanzadas (además de las de las antiguas economías de planificación centralizada y varias de las latinoamericanas). La evidencia al respecto ha quedado resumida en su ya famosa gráfica del “elefante”.

Gráfica del Elefante

Fuente: Lakner y Milanovic (2013) (aquí una versión actualizada de la gráfica).

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Entonces, ¿cuándo toca redistribuir?

Autor: Miren Etxezarreta

Público.es

Se está generalizando la idea de que estamos en puertas de una recesión económica. Todos los indicadores económicos y políticos globales y  los de Europa, en particular los de la UE, apuntan a una significativa desaceleración de la economía. Aunque parece que la economía española de momento, y a pesar de los avatares políticos, resiste bastante y mejor que otros países, es obvio que se va a ver afectada en su capacidad de generar riqueza.

Por lo tanto, las voces que recaban prudencia y moderación en los asuntos económicos se amplían. Especialmente respecto a las reivindicaciones de los trabajadores, muchos de los cuales todavía sufren las consecuencias de la crisis de 2008 y sus ajustes correspondientes. Al mismo tiempo  se acepta también de forma bastante mayoritaria que en la corta fase de recuperación (2015-2019), se ha restablecido la economía (es decir la capacidad de producir riqueza del país), han mejorado los beneficios empresariales, incluso  hasta la recaudación impositiva, pero la situación económica de la mayoría de los trabajadores no ha vuelto siquiera a la situación anterior a la crisis,  ni las clases medias, cuya suerte se ha deteriorado fuertemente han mejorado. La globalización, las externalizaciones, las subcontratas, la imprescindible competitividad mundial se han utilizado para explicar que no podía mejorar la situación social.  Testigo de ello es el nivel actual de los salarios, especialmente los de los nuevos empleos, la extensión y aceptación del empleo precario, y la fuerte inestabilidad de la recuperación del empleo.  Y ello sin mencionar siquiera como se ha deteriorado la situación no laboral a causa de los ajustes en el gasto público y otras políticas. Mucho menos todavía ha mejorado en proporción al aumento del  crecimiento, como debiera ser, porque ¿para qué se quiere crecer si no?

Es tan evidente esta situación que entre los estudiosos y los observadores que se ocupan de estos temas (incluso por políticos conservadores)  se observa una amplia y recurrente preocupación por el incremento de la desigualdad y la amplitud de la pobreza. No sólo en el Estado español, sino en todos los países ricos.

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Devaluación interna y desigualdad en la Eurozona

Autor: Ricardo Molero Simarro

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

s difícil encontrar otra región del mundo donde, durante la última década, las condiciones de vida hayan empeorado en mayor medida que en países como España, Grecia o Portugal. El sentido común dicta que ese deterioro es consecuencia de las políticas de austeridad fiscal. Sin embargo, aunque resulte contraintuitivo, la capacidad redistributiva del Estado ha aumentado de facto en esos países. A pesar de los intensos recortes del gasto público, el efecto contrarrestante de los “estabilizadores automáticos” (la activación, al llegar la recesión, de transferencias sociales como las prestaciones por desempleo) ha reducido el impacto de la crisis sobre la desigualdad. Dada la insuficiencia de los Estados de bienestar mediterráneos, eso no ha bastado para impedir la dramática extensión de la pobreza monetaria y la exclusión social. No obstante, nos obliga a buscar las razones del aumento de la desigualdad en otra dimensión: la de la distribución de la renta en el ámbito productivo, denominada “desigualdad primaria” o “de mercado”.

Desde que Kaldor estableciese su famosa paradoja, un número cada vez mayor de economistas cuestiona la relevancia de los costes laborales para explicar la competitividad externa de las economías. Dichos costes son sólo una parte del total (que incluye materias primas, suministros, transporte, costes financieros, etc); y, en muchos casos, los márgenes de beneficios influyen más en la determinación de los precios de venta. Además, los costes laborales se miden en relación a la productividad. Dada la importancia de las cadenas globales de producción, esa productividad depende de las decisiones tomadas por las empresas transnacionales acerca de dónde localizar cada una de las fases del proceso productivo. Ofrecer menores salarios se encuentra lejos de asegurar una atracción de las actividades de mayor valor añadido. Más bien al contrario. De hecho, las empresas concentran esas actividades en sus casas matriz. Por descontado, entre ellas se incluyen las de innovación tecnológica, que también se ve desincentivada por las estrategias de costes bajos.

A pesar ello, la Troika ha insistido en promover una “devaluación interna” en las economías periféricas de la Eurozona. Se ha argumentado que, dada la imposibilidad de llevar a cabo devaluaciones del tipo de cambio (debido a la pertenencia al euro), la reducción de los precios domésticos era la única manera de disminuir los déficit comerciales crónicos de esas economías. Aunque también se podría haber actuado sobre los beneficios, esa reducción de precios se ha tratado de lograr mediante el ajuste salarial. Entre otras medidas, se ha rebajado la protección frente al despido, se han recortado las prestaciones por desempleo, y, sobre todo, se han debilitado los mecanismos de negociación colectiva. Cada vez hay más evidencias (ver, por ejemplo, aquí y aquí) que demuestran el fracaso de esta estrategia. Las economías en las que se han puesto en marcha esas reformas laborales son las que más tarde han salido de la crisis. Pero, además, en ellas la devaluación salarial se ha convertido en uno de los principales motores del empeoramiento de la distribución de la renta.

Las reformas laborales aprobadas han generado un fenómeno muy llamativo: una divergencia en la evolución de la participación salarial de las economías periféricas respecto a la seguida en el conjunto la Eurozona. Esa participación mide el porcentaje de la renta nacional que va a parar a los salarios de los/as trabajadores/as (incluida una estimación de los ingresos considerados laborales de los/as autónomos/as). Cuando ese porcentaje se reduce es porque se ha producido una brecha entre la mejora de la productividad de los/as trabajadores/as y la de sus salarios. Esto no siempre tiene que ir acompañado de una caída de los sueldos en términos absolutos, pero en este caso sí que ha sido así. El hecho es que, mientras en las economías centrales de la Eurozona la masa salarial aumentaba su participación en la renta, en la mayoría de las periféricas (Chipre, España, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta y Portugal) las medidas de devaluación interna han hecho que continuase empeorando, incluso en plena recuperación del PIB.

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Reorientar la brújula

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

El País

Ha llegado el momento de pasar de la efervescencia electoral al debate de fondo. ¿Qué grandes transformaciones económicas debemos impulsar en esta nueva legislatura?

Tano Santos y Jesús Fernández-Villaverde empujaban recientemente este debate. Algunos diagnósticos son compartidos: el nulo crecimiento de la productividad dificulta la convergencia con nuestros socios europeos, la complejidad tecnológica de nuestras exportaciones es limitada y nuestro sistema financiero está preocupantemente concentrado y poco capitalizado. Sin embargo, entre los desafíos que señalan nuestros colegas hay omisiones relevantes y debates pendientes.

En primer lugar, los economistas no podemos seguir olvidando por más tiempo la actual emergencia climática. Debemos situar en el centro de la agenda la descarbonización de nuestra economía, impulsando un programa de inversiones en energías renovables, rehabilitación inmobiliaria y movilidad eléctrica. Estas inversiones ayudarían además a sortear la desaceleración internacional, apuntalando la creación de buenos empleos.

En segundo lugar, este plan de inversiones verdes debe tener también un componente morado, que impulse infraestructuras sociales de las que carecemos y que son esenciales para avanzar en la igualdad de género. Universalizar la educación de cero a tres años, y desarrollar un verdadero sistema de dependencia, permitiría elevar la tasa de empleo de la economía y reducir la brecha salarial que sufren las mujeres.

Sorprende, en tercer lugar, que Santos y Fernández-Villaverde no hagan referencia en su artículo a la necesidad de reducir la desigualdad: ninguna transformación económica será social y políticamente sostenible si no camina de la mano de una mayor equidad. Los costes de vivir en sociedades tan desiguales están muy documentados: la desigualdad conlleva una insuficiencia estructural de demanda —con pérdidas de crecimiento potencial—, polarización política y desafección social. Contamos con instrumentos diversos, pero la profundidad del problema exige un planteamiento integral: por un lado, necesitamos cambios en las políticas de redistribución —con la articulación de un auténtico sistema de ingresos mínimos y una mayor progresividad fiscal. Pero, además, debemos transformar nuestro modelo de predistribución —con un reequilibrio de la negociación colectiva en el mercado laboral.

Esto nos lleva a un cuarto reto, que nuestros colegas tampoco mencionan: urge terminar con la precariedad, que dificulta los proyectos vitales de muchas personas y daña la productividad de nuestras empresas. La reforma laboral no ha corregido la altísima temporalidad que arrastramos desde antes de la crisis. De hecho, hoy la situación es aún peor: los contratos temporales duran 30 días menos que en 2008 y los indefinidos se han precarizado (el 40% no alcanza el año de duración).

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Los amigos de las desigualdades (Cuaderno de postcrisis: 18)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

El debate sobre las desigualdades se ha reanimado en los últimos años. Más o menos, mucha gente intuía que la pobreza y las desigualdades estaban creciendo, pero durante largo tiempo la cuestión había sido ignorada por las elites intelectuales. Pero, tanto las valiosas aportaciones de científicos como Richard Wilkinson y Kate Pickett, Branko Milanovic, Thomas Piketty, James K. Galbraith o Felipe Palma ―por destacar autores punteros―, como la creciente evidencia estadística, han obligado a reconocer la gravedad de la cuestión. Incluso instituciones tan conservadoras como la OCDE o el Banco Mundial han realizado estudios que toman cuenta de la situación y abogan por hacerle frente.

Sin embargo, reconocer un problema no es lo mismo que tratar de resolverlo. Es, en todo caso, sólo un primer paso, pues cuando un problema no se ve resulta claro que va quedar marginado (por eso el lobby petrolero ha tratado de forma deliberada de evitar que se reconozca el calentamiento global). Pero una vez reconocido, hace falta adoptar un plan de acción para hacerle frente. Todo plan de acción requiere un buen diagnóstico de las causas que provocan el problema y el diseño de un plan de medidas para hacerle frente. Ello no es siempre posible, como bien sabemos para el tratamiento de muchas enfermedades. Es más fácil detectarlas, acotar su diagnóstico, que explicar cómo se producen y encontrar un tratamiento eficaz. A menudo hace falta mucha investigación hasta llegar a entender los procesos y encontrar las respuestas adecuadas. Se requieren recursos humanos y materiales, se requiere partir de un enfoque teórico adecuado.

Y sabemos que el desarrollo científico y tecnológico está cuajado de sesgos, caminos equivocados. Unas veces porque las teorías disponibles no son adecuadas. Otras porque faltan los recursos, o porque las interferencias políticas o burocráticas bloquean el trabajo. El trabajo científico no es una actividad de individuos libres en busca de la verdad (aunque bastante de ello hay en la mejor ciencia). Es una actividad que se desarrolla en instituciones que tienen sus propias tradiciones, sus jerarquías, sus fuentes de financiación, su organización, y esas instituciones a veces interfieren y otras veces favorecen la obtención de unos determinados resultados. Y la conversión de conocimiento en respuesta práctica depende de otro complejo sistema de instituciones y personas que decidirán apoyar uno u otro desarrollo en función de sus propias lógicas, intereses, ideologías. En el caso de las empresas, el criterio de rentabilidad es crucial. En el caso de instituciones públicas, influyen otras cuestiones. Pero, en todo caso, el resultado final dependerá de esta conjunción entre producción científica, intereses públicos y privados, instituciones. Tomarlo en consideración nos ayuda a entender por qué se habla tanto de desigualdad y se hace tan poco para combatirla.

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¿Sigue siendo el Estado del bienestar un instrumento para un crecimiento económico más inclusivo?

Autor: Carlos Ochando

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Existe ya bastante evidencia teórica y empírica sobre los efectos positivos del gasto social sobre la eficiencia y el crecimiento económico. Citemos algunos.

En primer lugar, las políticas públicas corrigen fallos del mercado e internalizan efectos externos (positivos y negativos) que el intercambio libre del mercado no considera, lo que resulta muy positivo para la toma de decisiones económicas de los agentes privados.Por ejemplo, la intervención pública permite la corrección de las imperfecciones en el mercado de capitales. En presencia de mercados de capitales imperfectos, una mayor desigualdad impide o limita la inversión en capital humano (especialmente, en salud y educación) de quienes no superan un determinado umbral de ingresos, disminuyendo el capital humano agregado y con él la tasa de crecimiento económico y la productividad. La mayor equidad distributiva puede facilitar un mejor acceso al crédito y a la información de los hogares pobres, aumentando las oportunidades para que hagan inversiones productivas (Galor y Zeira, 1993).

Por otro lado, existen externalidades positivas del gasto público en bienes sociales o preferentes sobre la productividad y la movilidad de la fuerza de trabajo y esto es fundamental para incrementar la competitividad en los mercados internacionales e impulsar el desarrollo económico y el cambio tecnológico. Así mismo, la reducción de la pobreza y un mayor nivel de desarrollo humano (en términos de educación, salud y nutrición) eleva la productividad de la fuerza de trabajo y estimula el proceso de innovación en la economía.

No obstante, creemos que los actuales Estados del bienestar pueden contribuir a un crecimiento económico más inclusivo mediante la consecución de dos objetivos claves: la reducción de la desigualdad y la mayor creación de empleo en el sector de los servicios sociales públicos.

Estado del bienestar y desigualdad

Numerosos estudios teóricos y empíricos llegan a la conclusión de que la desigualdad en la distribución de la renta está negativamente correlacionada con la eficiencia económica y el crecimiento económico a largo plazo o, lo que es lo mismo, que una mejora en la distribución de la renta contribuye a favorecer positivamente la eficiencia económica y el crecimiento económico a largo plazo. Hasta el propio FMI ha llegado a aceptar que la desigualdad económica y el crecimiento insostenible son las caras de una misma moneda y que una reducción de la desigualdad tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico (Berg y Ostry, 2011; Ostry, Berg y Tsangarides, 2014). En resumen, el Estado del bienestar no se mostraría tan disfuncional con el crecimiento económico como algunas corrientes de pensamiento económico liberal pretenden plantear. Y ¿por qué?

El argumento fundamental es que el Estado del bienestar puede generar efectos positivos sobre los incentivos económicos y el crecimiento económico (Bandrés, 2014). Explicaremos algunos argumentos que refuerzan esta tesis:

– Una mayor desigualdad aumenta la probabilidad de inestabilidad política y conflicto social, ampliando la incertidumbre sobre la garantía de los derechos de propiedad y la calidad de las instituciones, con los consiguientes efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento económico. Por tanto, una mayor equidad permite una mayor estabilidad política y social del sistema democrático, condición previa para el crecimiento económico.

– Una mayor desigualdad genera una mayor demanda de políticas redistributivas que reducen la inversión y la tasa de crecimiento (“tesis de la redistribución endógena”). Una extrema desigualdad puede sesgar la política tributaria, o bien hacia planteamientos más populistas con lo que introduciría distorsiones y desincentivos que mermen el crecimiento económico (Alesina y Rodrik, 1994; Persson y Tabellini, 1994) o bien hacia los intereses de los grupos de mayor nivel de renta, lo cual también puede provocar un menor crecimiento económico.

– La reducción de la desigualdad aumenta la confianza y/o el capital social, aspectos nucleares del desarrollo y crecimiento económico. Autores como Sanz y Corrochano (2010) proponen la necesidad de incentivar la formación en capital social para potenciar los efectos económicos y sociales del Estado del bienestar. Apuntan que “el Estado de Bienestar tiene efectos dinamizadores positivos sobre el crecimiento económico cuando existe una fuerte presencia de capital social que, teóricamente, reduce el abuso de las prestaciones y permite sinergias que facilitan la reincorporación de los ciudadanos a la actividad social y económica productiva” (Sanz y Corrochano, 2010: 102).

¿Sigue siendo el Estado del bienestar un instrumento eficaz contra la desigualdad? Los Gráficos 1 y 2 parecen validar esta tesis. Los países con mayor gasto social obtienen mejores resultados en términos de reducción de la desigualdad y de tasa de pobreza.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

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Escuela de Verano Economistas Sin Fronteras 2019 (15 al 17 de julio en el Albergue San Fermín, Villaverde, Madrid)

Autor: ECONOMISTAS SIN FRONTERAS, Iolanda Fresnillo y Ricardo Molero Simarro

Economistas Sin Fronteras

El próximo mes de julio regresa nuestra escuela de verano en la que contaremos personas de la academia y de movimientos sociales para reflexionar sobre otras formas de entender y hacer economía. En esta edición abordaremos el tema de las desigualdades y su vínculo con el funcionamiento del sistema económico actual.

Al igual que en la edición anterior, combinaremos seminarios con talleres prácticos en los que podremos aprender a hacer un programa de radio, un fanzine o un paseo de Jane para visibilizar los problemas y consecuencias del sistema económico actual y dar a conocer alternativas que ponen en el centro la sostenibilidad de la vida.


El programa de este año...

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II Escuela de Verano de Economía Crítica 2019

Autor: ASOCIACION ECONOMIA CRITICA

Todavía hay plazo para apuntarse a la II Escuela de Verano de Economía Crítica que tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) los días 1 a 3 de JULIO de 2019 (en La Cristalera, la sede que tiene la UAM en Miraflores de la Sierra). Todo ello dentro de la cobertura de Cursos de Verano ofrecida por esta universidad.

Esta Escuela de Verano está organizada por la Asociación de Economía Crítica en colaboración con varias instituciones como la propia Universidad Autónoma de Madrid, la Fundación FUHEM, el Instituto de Estudios Fiscales y el Ayuntamiento de Madrid, y el tema central será: “Desigualdades y distribución de la renta: una mirada plural”.

Destinada principalmente a estudiantes de último año de grado y de postgrado, se pret1ende presentar y poner a dialogar sobre esta cuestión de la desigualdad a los diferentes enfoques teóricos y metodológicos distintos al enfoque económico convencional, como pueden ser la economía postkeynesiana, la economía ecológica, la economía marxista, o la economía feminista.

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Una desigualación hacia abajo

Autor: Ricardo Molero Simarro

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Es ampliamente conocido que España es el país europeo en el que más ha incrementado la desigualdad de la renta desde el comienzo de la crisis. A día de hoy somos la cuarta economía más desigual de la Eurozona. Habitualmente, achacamos de manera mecánica esa mayor inequidad al creciente enriquecimiento de los que más tienen. Las consecuencias de la concentración de la renta en manos de los más ricos sobre el propio crecimiento económico, la cohesión social e incluso la participación democrática son profundas. No obstante, resulta mucho más grave que la ampliación de la brecha entre ricos y pobres tome la forma de una “desigualación hacia abajo”, es decir, que sea consecuencia del mayor empobrecimiento de quienes ya tenían menos. Esto es lo que ha ocurrido en nuestro país durante la última década.

Mientras que más de la mitad de la población está recuperando ya su nivel de renta previo a la crisis, al menos en términos nominales, los ingresos del 10% más pobre siguen siendo un 11% inferiores a los del año 2007. En un contexto en el que, si descontamos la inflación, todos los segmentos de renta acumulan aún pérdidas de poder adquisitivo, las sufridas por ese colectivo más vulnerable llegan al 21%, entre 2 y 3 veces mayores que las del resto. En el mejor de los casos, su renta anual apenas alcanza el equivalente a 5.500 euros por persona y año.

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Pacto de PP y Vox: beneficios para los más ricos y menos dinero para los servicios públicos

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

El pasado 9 de enero PP y Vox firmaron un acuerdo para formar gobierno en Andalucía. Nada más hacerse público el documento completo y los puntos programáticos que deberían vertebrar la legislatura, todos los observadores se pusieron a comprobar si las medidas más excéntricas de Vox se habían incluido. El resultado tranquilizó a algunos pero no a todos: aunque algunas propuestas habían desaparecido o habían sido suavizadas, lo cierto es que muchas otras seguían intactas. Entre ellas destacan la creación de una Consejería de la Familia, la prevención del fundamentalismo islámico, la promoción de la escuela católica concertada, el rechazo de la memoria histórica o la exaltación de la caza y la tauromaquia. Medidas muy alejadas, sin duda, de lo que había imperado durante décadas en la comunidad autónoma de Andalucía.

Sin embargo, muy poca atención se le ha dado a las medidas de naturaleza económica que  aparecen en el acuerdo. Esto se debe sin duda a lo áridas y difícilmente comprensibles que suelen ser este tipo de propuestas pero también al interés que existe en que pasen desapercibidas ya que, de conocerse, podrían enervar todavía más a buena parte de la ciudadanía debido a lo injustas que resultan. Al fin y al cabo, todas las principales medidas económicas del acuerdo beneficiarían fundamentalmente a las capas más acaudaladas de la población andaluza y ejercerían mucha (más) presión sobre los servicios públicos de los que fundamentalmente se benefician quienes menos recursos tienen. Con el objetivo de desarrollar esta idea, a continuación enumero y explico dichas medidas. Seguir leyendo…

Renta Básica Universal: mejor en especie que en metálico

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en Alternativas Económicas en abril de 2017

La propuesta de Renta Básica Universal (RBU) más conocida –una renta de aproximadamente 650 euros a todo individuo independientemente de su condición–presenta una característica que merma su elevado potencial y que la aleja en cierto sentido del objetivo que pretende alcanzar: es monetaria. Al entregarse la RBU en dinero se originan una serie de situaciones que debilitan la medida.

En primer lugar, la RBU monetaria no distingue el nivel de vida que existe en cada región en la que vive su beneficiario. Evidentemente no es lo mismo disponer de 650 euros en pleno centro de la capital del país que hacerlo en un pequeño pueblo rural de Almería: en el primer caso la RBU permite comprar menos bienes y servicios que en el segundo caso. Esto puede conducir a que una RBU de 650 euros quizás permitiría satisfacer las necesidades más básicas (que es el objetivo principal de la medida) en un caso, pero podría no lograrlo en otro, o incluso resultar relativamente generosa en un tercer caso (por ejemplo, imaginando en el citado pueblo rural a varios individuos compartiendo alquiler y otros gastos fijos; como frecuentemente se encarga de recordar la derecha cuando critica la RBU). Es cierto que este defecto de la medida podría considerarse menor, especialmente comparado con las ventajas que podría deparar, pero en cualquier caso también es cierto que puede corregirse. ¿Cómo? Entregando la RBU en especie, ya fuese de forma total o parcial.

Una renta en especie es una retribución en bienes y servicios y no en dinero. En vez de percibir cada individuo 650 euros para comprar productos en el mercado, el Estado podría garantizar a cada persona determinados bienes y servicios considerados esenciales. Esto es precisamente lo que ocurre con la educación y sanidad públicas: el Estado no nos entrega dinero para pagar los servicios de educación y sanidad en el mercado, sino que nos ofrece la posibilidad de recibir esos servicios en un colegio o en un hospital sin necesidad de que haya pago de por medio. Ni el profesor ni el médico nos piden dinero por educarnos o atendernos. Lo mismo podría ocurrir con una RBU que garantizase al receptor una vivienda, un consumo básico de energía, de transporte, de cuidados, de alimentación, de vestimenta, etc. No habría necesidad de utilizar esos 650 euros para alquilar una vivienda, comprar alimentos, comprar ropa, desplazarse, adquirir servicios de cuidados, etc, sino que simplemente por el hecho de nacer tendríamos garantizadas esas necesidades básicas. No todo el pago de la RBU tendría por qué ser en especie, se podría, por ejemplo, garantizar alojamiento, energía, cuidados y desplazamiento, y también ofrecer 200 euros para comprar alimentos y vestimenta. Las combinaciones son infinitas, pero en cualquier caso lo importante es entender que de esta forma se resuelve el problema que habíamos detectado: ya no se produciría discriminación entre un residente del centro de Madrid y uno de un pueblo rural de Almería, porque ambas personas podrían cubrir las mismas necesidades independientemente del nivel de precios de cada región.

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III Jornadas del Observatorio de Desigualdad de Andalucía (8 de noviembre, CC Las Sirenas, Sevilla, 9:30 h)

Autor: OBSERVATORIO DESIGUALDAD ANDALUCIA y Ricardo Molero Simarro

El próximo 8 de noviembre, en C.C. Las Sirenas, en Sevilla, tendrán lugar las III Jornadas del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, en las que hablaremos de experiencias de lucha contra desigualdades o del posicionamiento político del ODA, entre otros interesantísimos temas. Si estás interesado o interesada, marca el día en tu agenda y participa. Aquí debajo tienes el cartel del evento, con el programa del mismo. Te invitamos a difundirlo y esperamos verte en las Jornadas.