Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Los impuestos a la riqueza democratizan las sociedades

Autor: Ivan H. Ayala

Artículo publicado en Contexto y Acción el 25 de junio de 2020

This one's for you, taxref! | Tax sensitization message from… | Flickr

En España se establece la tributación moderna en 1978. Desde entonces, los ingresos públicos por este concepto han pasado de suponer el 20% del PIB al 38%, en 2019. Esta tendencia al alza en la recaudación se ha dado al mismo tiempo que los tipos máximos en renta han caído del 65,5% inicial al 45% actual. Lo mismo ha sucedido con sociedades y patrimonio: los tipos máximos han caído. No hay duda, pues, de que los más ricos han visto caer su contribución impositiva a medida que el tamaño del sector público ha crecido. Esta tendencia no es exclusivamente española, sino que se ha producido en toda la OCDE, aunque esto no siempre fue así. Entre 1914 y 1945 los tipos máximos sobre la renta llegaron en algunos países como EE.UU. al 90% y sobre la riqueza al 70% ¿De qué depende entonces que las sociedades graven más o menos a sus ciudadanos más ricos? Seguir leyendo…

A la búsqueda de consensos en torno al impuesto a la riqueza

Autor: Alberto Montero Soler y Giuseppe Quaresima

Artículo publicado en El Confidencial el 23 de mayo de 2020

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Nadie puede pensar que se puede mantener una estructura fiscal estática ante un mundo que ha acelerado su velocidad de transformación de sus fuentes de riqueza

Lavado De Dinero, Lucha Contra El Crimen

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El nuevo presupuesto comunitario: el mismo camino equivocado

Autor: Fernando Luengo

Artículo publicado en el blog Otra Economía, el 16 de febrero de 2020

Autores: Fernando Luengo y Miguel Urbán

Los medios de comunicación acaban de hacerse eco de las grandes cifras que van a configurar el próximo Marco Financiero Plurianual, el presupuesto de la Unión Europea (UE) para el período 2021-2027. Su aprobación definitiva tendrá lugar en la próxima reunión del Consejo Europeo del 20 de febrero. En esa fecha conoceremos los detalles y el resultado de una compleja negociación que, a día de hoy, sigue su curso, pero que, no nos engañemos, no modificará los parámetros esenciales que ya han sido acordado.

Sí, se puede avanzar ya que el presupuesto comunitario, con la excusa del impacto negativo de la salida del Reino Unido de la UE, se situará en los alrededores del 1%, porcentaje inferior al vigente durante los años 2014-2020 y, de hecho, el más reducido desde 1988. La tijera afectará, muy especialmente, a las partidas relacionadas con la agricultura y la cohesión social. No así al gasto militar: según las previsiones, el Fondo Europeo de Defensa podría pasar de 600 a 11.500 millones de euros. Asimismo, el consagrado a la seguridad, relacionado con el control de las fronteras, crecería en un 84%. Está claro dónde se sitúan las prioridades políticas y dónde se aplican los recortes.

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Gastar más para ingresar más: la salvaguarda del Estado del Bienestar en el pacto de Gobierno

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

En los últimos días se han escuchado algunas voces alertando de que el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluye muchas medidas políticas que aumentan el gasto y muy pocas que aumentan los ingresos, de forma que su materialización empeoraría las cuentas públicas. Un corolario que se deriva de la anterior reflexión (y repetida incluso por personas de izquierdas) es que el Estado debería aumentar sus ingresos públicos para poder cuadrar sus cuentas y permitirse mayores niveles de gasto público, al igual que ocurriría en otros países vecinos donde el Estado del Bienestar es muy superior porque -en teoría- ingresarían más. Pues bien, aunque estos razonamientos puedan parecer intuitivos, en realidad son contrarios a la evidencia empírica y carecen de solidez científica.

Desgraciadamente en el imaginario colectivo sigue imperando la –absolutamente–falsa idea de que las cuentas del Estado funcionan como las de una familia o empresa, (y esto a pesar de que hace ya casi un siglo muchos economistas como Kalecki y Keynes refutaron dicha creencia con contundente solvencia). Existen dos factores fundamentales que explican que las cuentas públicas tengan una naturaleza radicalmente diferente a las privadas. El primero es que las decisiones de una empresa o familia no afectan significativamente al resto de la economía, mientras que las de un Estado sí lo hacen. Cuando una unidad familiar deja de gastar, logrará mejorar su situación financiera y todo ello sin perjudicar a la economía. En cambio, cuando un Estado deja de gastar, las familias y empresas que eran beneficiarias de dicho gasto verán sus ingresos disminuir. El segundo factor tiene que ver con que el dinero que se utiliza en nuestras economías avanzadas está expresado en una unidad de cuenta creada por el propio Estado. Esto hace que el dinero sea un monopolio del sector público: todo el dinero que tienen las familias y las empresas ha sido creado y regulado por las autoridades públicas. Si estas no crean dinero, el sector privado no puede tenerlo en sus bolsillos. Es así de sencillo y de irrefutable aunque a muchos les chirríe dicha apreciación.

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La farsa y el fracaso de la estabilidad presupuestaria

Autor: Marta Luengo

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Llevan tiempo gobernándonos y cualquiera podría recitarlos como quien tararea una canción conocida. Toda Europa comparte los temas centrales del Pacto de Estabilidad: déficit por debajo del 3% del PIB y deuda por debajo del 60% del PIB. En España, a partir del año que viene, estos límites adquirirán la naturaleza más alta que pueden tener en nuestro ordenamiento jurídico, la de principio constitucional, tras la vergonzosa reforma de 2011, y la de estar desarrollados por una férrea ley orgánica: la ley de estabilidad presupuestaria de 2012.

Cabe preguntarse qué va a significar la aplicación plena de estos límites que tan rígidamente condicionan ya toda política económica. A tal fin, es interesante repasar la gravedad con que el artículo 135 de la Constitución y la ley de estabilidad prohíben sobrepasarlos y proponen duras medidas de ajuste que, por cierto, pueden acabar en la aplicación del también famoso artículo 155.

Hasta ahora, el reiterado incumplimiento de los umbrales por los presupuestos de Montoro (los únicos que ha habido desde la publicación de estas normas) no ha tenido grandes repercusiones. Una vez entren en vigor con su nueva y prístina naturaleza, su incumplimiento podrá impugnarse en el Tribunal Constitucional y, probablemente, el temor a la aplicación de este recurso y a la declaración de inconstitucional de la ley de presupuestos conllevará la sumisión completa de los mismos.

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Entrevista a Carlos Sánchez Mato y Eduardo Garzón: “El Gobierno de Ahora Madrid sirvió para enfrentar el mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía”

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

El 13 de junio de 2015, la candidatura popular pilotada por Manuela Carmena llegaba al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y acababa con 24 años de gobiernos del Partido Popular. Junto a Carmena, aterrizaban en la institución otros 19 concejales que provenían de diversos espacios profesionales, sociales y políticos. Esta mezcla personal e ideológica que representó Ahora Madrid fue recibida con hostilidad por la gran mayoría de los medios y por toda la derecha, al igual que ha ocurrido ahora con el pacto de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Uno de esos concejales (y también uno de los más polémicos) fue Carlos Sánchez Mato. Dirigente estatal de Izquierda Unida y economista, a Sánchez Mato le tocó estar al frente de una de las áreas más complicadas y que más recelo generó, la Concejalía de Economía y Hacienda, desde donde se enfrentó al ministro Cristóbal Montoro que ejerció oposición a toda su gestión. En esa andadura que terminó el 18 de diciembre de 2017, cuando Carmena lo cesó de ese cargo, estuvo también Eduardo Garzón, uno de sus asesores.

Ambos acaban de publicar su libro ’919 días, ¡sí se podía! Cómo el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de la gente’, un relato en el que Sánchez Mato y Garzón recorren su más de año y medio al frente del área económica de la ciudad que más presupuesto gestiona, desde la que sanearon unas cuentas arruinadas mientras aumentaban la inversión social. Desde la rebaja del IBI a las clases más desfavorecidas mientras tomaban atajos legales para subir este impuesto a las grandes superficies, hasta el enfrentamiento con Montoro y las presiones internas que terminaron con su salida, este libro es un relato de las dificultades pero también de los logros que ahora ambos autores quieren que sirvan de ejemplo para el primer ejecutivo estatal de coalición de la historia de la democracia.

En el libro hablan de las dificultades que se encontró el Gobierno de Ahora Madrid, tanto por el trato mediático que recibió como por el empleado por el Gobierno de Mariano Rajoy a cuenta de la regla de gasto. Este martes, PSOE y Unidas Podemos firmaron un pacto al que ahora se podrán sumar a otros partidos. ¿Creen que lo tendrán también difícil?

Carlos Sánchez Mato: Creo que se repiten cosas que tanto Eduardo como yo vivimos en nuestras propias carnes. En 2015, después del acceso al Gobierno de Ahora Madrid, prácticamente lo que se anunció fue el apocalipsis: nada iba a funcionar en la ciudad, la ciudad no iba a ser susceptible de ser mirada con interés por la inversión internacional, íbamos a arruinar las cuentas… Todas esas cosas fueron objeto de editoriales en los medios más importantes de este país. Y en el libro demostramos que no solamente era posible actuar de otra manera, sino que los resultados de nuestras políticas económicas son exitosos. Desgraciadamente, lo que no hubo posteriormente a la realización de nuestro programa de gobierno en materia económica fue desmentidos por parte de quienes habían anunciado la hecatombe.

Eduardo Garzón: De hecho es uno de los motivos por los que escribimos el libro: dar a conocer una experiencia que ha estado sometida a una presión bestial por parte de los medios económicos y los poderes fácticos más importantes, con la idea de aprender de los errores, de las limitaciones que uno tiene. Nosotros lo aclarábamos en la introducción, que la idea es que esto pueda servir para un momento en el que se vuelvan a presentar situaciones parecidas. Que un gobierno progresista con ganas de cambiar la sociedad llegue al gobierno y ser conocedores de las limitaciones que hay.

En función de ese aprendizaje, ¿qué consejos dan al nuevo gobierno de coalición?

CSM: Lo dijo Pablo Iglesias y lo confirmaba Alberto Garzón después: hay que combinar una forma muy concreta de actuación del Partido Socialista con nuestra audacia en el sentido más literal del término. No podemos conformarnos en el gobierno con la situación de extrema precariedad, de enorme desigualdad, de injusticia fiscal que existe en nuestro país. Lo sencillo sería simplemente aceptar el statu quo y no intentar buscar formas de ir más allá. Humildemente, nosotros demostramos en Madrid que mover esos márgenes requiere de un esfuerzo enorme, titánico, y que incluso puede salir mal.

¿Les aconsejan aguantar las presiones, por ejemplo?

CSM: Cuando hablamos de audacia, hablamos en este caso de la capacidad de vencer esas presiones. No hablamos de cruzar la calle con el semáforo rojo, hablamos de no dejarnos influir por las presiones absolutamente desmedidas que se producen. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses creados. Hay demasiada gente pensando y creyendo que el gobierno, también el de la nación, tiene que estar al servicio de sus intereses pequeñitos. Y claro, nosotros venimos a otra cosa.

¿Se arrepienten de haber mantenido el pulso con Montoro por la regla de gasto que propició su salida y les dejó fuera de una de las concejalías más importantes para seguir llevando a cabo políticas sociales?

CSM: Había que recortar 550 millones y hemos visto los resultados que ha tenido desde el punto de vista político. Cuando en el último año de mandato, que es cuando los gobiernos se ponen bonitos y terminan inaugurando el fruto del esfuerzo de la primera parte de la legislatura, tú lo que haces son recortes, lo que ocurre es que tu gente, tus votantes, la ciudadanía en general, no ven los frutos de tu acción. No era un capricho intentar seguir manteniendo nuestra senda presupuestaria: era la forma de culminar de manera adecuada un proyecto que había tenido la herramienta presupuestaria como algo fundamental. Hacer un recorte de 550 millones de euros ha tenido como resultado la abstención en los barrios de la periferia de Madrid, donde fue 20 puntos superior a los barrios en los que habitualmente gana la derecha. Eso es lo que impidió que no tuviera éxito una confluencia con un resultado mayoritario de la izquierda en la ciudad de Madrid.

El mejor combate contra la abstención es de verdad ser audaces en la realización de las políticas públicas y es un aprendizaje para el futuro. Pero no solamente para las elecciones locales, también para las autonómicas y para las generales. Hay una enorme oportunidad que se abre ahora con un posible gobierno de PSOE y Unidas Podemos a nivel del Estado que hay que aprovechar para que le mejore la vida a la gente, no para que le mejoren las grandes corporaciones del sector energético, que para eso ya tienen a otros partidos.

Este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que ejercerá de contrapeso a ese Gobierno. ¿Tiene mecanismos el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad para desestabilizarlo?

EG: Desestabilizar es una palabra demasiado fuerte. Pero está claro que oposición política van a hacer y los portavoces de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y también de la capital van a tener bastante eco. Esto es algo que nos esperábamos. Nosotros vivimos algo parecido dentro del Gobierno de Ahora Madrid, en el cual, por ser precisamente la capital del país tenía muchísimo eco y todo el mundo se enteraba incluso de alguna medida como el traje de los Reyes Magos cuando apenas tenía importancia. Entonces sí, seguramente habrá presión, era de esperar y no tiene por qué ser tampoco un drama.

¿Pero pueden usar las instituciones como hizo el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar su acción de gobierno?

EG: Tenemos un sistema institucional que centraliza las competencias desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, medidas institucionales así a bote pronto es más difícil.

Señor Garzón, cuando se conoció el pacto de gobierno, publicó un tuit en el que aseguró que no le había gustado la parte de la estabilidad presupuestaria…

EG: Son simplemente dos palabras que aparecen en el documento y sobre las que apenas se puede inferir una de ellas, pero sí que revela una especie de obsesión que tiene en este caso la élite económica europea, que es la de que todos los estados y las administraciones públicas tengan que tener superávit público o equilibrio presupuestario, pase lo que pase. Y es simplemente una mención a que el futuro gobierno tenga en cuenta, que antes que lograr el saneamiento de las cuentas públicas está el bienestar de la gente y que uno no puede poner por encima precisamente un objetivo fiscal frente al objetivo de mejorar la vida de la gente.

¿Qué balance hacen del Gobierno de Carmena? ¿Qué creen que recordará la gente?

CSM: Para muchos quedarán polémicas como la del traje los Reyes Magos, pero creo que lo que se construyó desde el punto de vista de acción económica es suficientemente sólido como para merecer no solamente nuestro libro, sino la atención de la gente. Creo que demostramos de una manera muy clara que había otra forma de gestionar, con el marco hostil existente, las cuentas públicas en una ciudad tan grande como Madrid. Incrementando de una manera muy importante la inversión en infraestructuras y equipamientos y la inversión social. Los compañeros del PSOE en el Gobierno central lo podrán visualizar en la realidad que llevamos a cabo en Madrid, también pactando con ellos, porque este tipo de actuaciones fueron el resultado del diálogo con el Partido Socialista en esa etapa.

EG: Sirvió como potente argumento para enfrentar al típico mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía. Con nuestra participación, dentro de que no hicimos la revolución socialista ni mucho menos, y sabiendo que tuvimos una limitación importante, fuimos capaces de hacer algo que nunca la derecha había sido capaz de hacer: mejorar la inversión social y mejorar la calidad de vida de la gente, al mismo tiempo que se cuadraban las cuentas haciéndolo posible desde postulados de izquierda pensando en el bienestar de la gente y no en el de los negocios.

"El Gobierno de Ahora Madrid sirvió para enfrentar el mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía"

Al principio del libro hablan mucho de la deuda, de cómo la encontraron y de la gestión que se hizo sobre la misma. ¿No es un poco raro, desde un gobierno de izquierdas, presumir de la reducción de la deuda en una ciudad que tenía y tiene tantas necesidades?

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¿Hay mucho gasto “político” en España? Un repaso por el gasto público

Autor: Juan Ruiz

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Entre las propuestas más radicales que tuvieron lugar durante la pasada campaña electoral encontramos la eliminación de las autonomías y volver a la recentralización del Estado. Una solución con la que, en palabras de quien la propone, nos ahorraríamos alrededor de 24.000 millones de euros de “gasto político” innecesario que se podría destinar a pensiones o a reforzar otros derechos de los ciudadanos.

Estos 24.000 millones son una cantidad nada desdeñable. Equivalen al rescate estratosférico de Bankia, o al coste del programa Artemis con el que la NASA se ha propuesto volver a pisar la luna en 2024. Por lo que si en España tiene lugar semejante despilfarro las estadísticas deberían arrojar algo de luz. Eurostat permite hacer una comparación con los países vecinos. Bajo la rúbrica “gasto en servicios públicos de interés general” se recoge lo que cada Estado en sus diferentes niveles (central, Lander, provincias, CCAA, municipios…) destina a:

  1. Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos.
  2. Servicios públicos generales. Gastos dedicados a planificar, coordinar e implementar las políticas de la Administración, que como los anteriores también contarían como gasto político.

El resto de las partidas no se corresponderían a lo que se puede describir como gasto político. Estas serían:

  1. Ayuda económica al exterior.
  2. Investigación básica.
  3. Investigación al desarrollo.
  4. Operaciones de deuda pública.
  5. Transferencias de carácter general entre distintos niveles de gobierno.

Los últimos datos disponible de 2017 muestran que, en el caso de España, la cuantía total de estas partidas es de 64.892 millones de euros. De los cuáles, el 48% corresponde a operaciones de deuda pública, principalmente pago de intereses. Añadiendo 3 partidas más alcanzamos el 99% del gasto. Estas son: 1) Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos (16.512 millones), 2) Servicios públicos generales (11.439 millones), y 3) investigación básica (5.074 millones). Como hemos dicho, son gasto burocrático-político las partidas: 1) Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos, y 2) Gastos en servicios públicos generales. La suma de ambas para todas las administraciones es de poco más de 16.000 millones de euros. Resulta obvio que no hay suficiente para recortar 24.000 millones de golpe. ¿Pero es mucho gasto respecto a los países europeos?

En el siguiente gráfico comparamos el gasto en servicios públicos de interés general sobre el PIB de cada país una vez descontando el pago de intereses de la deuda. España es el séptimo país por la cola justo por delante de Polonia y Rumanía 0,9 puntos por debajo de la media europea y 1,1 por debajo de la media de la eurozona.

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Consecuencias económicas de la repetición electoral que no verás en los relatos

Autor: Segundo Gonzalez y Alberto Montero Soler

eldiario.es

Era febrero de 2019, aunque parezca que hace casi un siglo, y el Congreso se disponía a tramitar los presupuestos más sociales de las últimas décadas. Unos presupuestos que tras una relativamente larga negociación entre PSOE y Unidos Podemos pretendían dejar atrás la política económica de Montoro y sus años de austeridad.

Aquellas cuentas incluían medidas sociales como el incremento en un 60% de la financiación de atención a la dependencia o la prestación para desempleados para mayores de 52 años; medidas destinadas a luchar contra la burbuja del alquiler, como el impulso de la vivienda pública en alquiler social; medidas feministas que impulsaban la igualdad real entre hombres y mujeres, como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad; partidas para modernizar el modelo productivo, como el incremento de la inversión en I+D+i; o medidas de justicia fiscal como el establecimiento de tipo mínimo en el impuesto de sociedades para grandes empresas o la reducción del IVA de algunos productos de primera necesidad.

Esas medidas y otras muchas contenidas en aquellos presupuestos, aunque modestas en su alcance, iban en la senda de lo que este país necesita en materia económica: impulsar la demanda interna mediante una política fiscal -tímidamente- expansiva cuando los nubarrones de la desaceleración ya eran más que evidentes, incidiendo sobre la reducción de las desigualdades generadas por la anterior crisis y apostando por la paulatina transformación del modelo productivo. La financiación de esta expansión fiscal se producía en estos presupuestos de incrementos de ingresos aprovechando el margen fiscal que da la brecha de 8 puntos en recaudación sobre el PIB que nos separa de la media de nuestros socios europeos.

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No esperen al BCE

Autor: Alberto Garzon Espinosa

El Confidencial

En las últimas semanas, se ha extendido la idea de que estamos abocados a una nueva crisis económica. No solo leemos ese pronóstico en la prensa especializada, sino que también lo hemos visto en las negociaciones para formar Gobierno en Italia y en España. Y a buen seguro ha sido uno de los temas abordados en la pasada reunión del G-7. Muchas miradas se dirigen ahora hacia el Banco Central Europeo, con la esperanza de que su presidente obre de nuevo un milagro que aleje esos horizontes sombríos, y tranquilice de paso a las empresas, gobiernos, inversores, familias y otros actores de nuestro mundo económico.

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Tributa donde vendes

Autor: Alberto Montero Soler

El Confidencial

Hace unos días, y al hilo de la cumbre del G-7 que tenía lugar en Francia, Francisco de la Torre publicaba en este medio una tribuna titulada “Multinacionales: una fiscalidad para engañarnos a todos“.

Tras ese estimulante título, aparecía un planteamiento que no puedo más que compartir: uno de los grandes beneficiarios del proceso de globalización, la empresa multinacional, es simultáneamente uno de los actores que menos contribuyen a las haciendas públicas estatales. Ello no es más que el efecto de que, sorprendentemente, dado el volumen de valor que generan, estas entidades están sometidas a las menores tasas impositivas sobre beneficios de todo el espectro empresarial, siendo esa tendencia generalizada en todo el planeta, por razones diversas pero resumibles básicamente en una: su capacidad para aprovechar la competencia impositiva a la baja entre países, especialmente la que se promueve desde paraísos fiscales y territorios con regímenes fiscales especiales.

Sin embargo, la solución que ofrecía me parecía ciertamente humilde, habida cuenta de la sagacidad intelectual que le atribuyo a Francisco de la Torre después de haber compartido con él debates económicos estos años atrás en el Congreso. En efecto, me parece muy pobre su propuesta de que, constatada la existencia de esos sumideros fiscales que son utilizados por esas empresas para minimizar su contribución fiscal global, la respuesta sea apelar a la coordinación entre países de cara a frenar la competencia fiscal. Y me parece pobre porque, aun siendo cierto que la solución más eficiente para un problema global requeriría de una solución coordinada global, las tendencias de la economía real, tanto a nivel internacional como a nivel estatal, apuntan en sentido contrario, como bien sabe De la Torre.

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Impuestos: algunos apuntes para el debate. Parte I.

Autor: Ivan H. Ayala

La Paradoja de Kaldor

Cuando Günter Dryer entró en la tumba del rey Scorpio I, de entre 3.300 y 3.200 años de antigüedad, no se imaginaba la importancia que podía llegar a tener su descubrimiento. Encontró en unos pequeños sellos de terracota unos símbolos que formaban sílabas con jeroglíficos. Estos sellos son la forma más antigua de escritura que conocemos. Pero no sólo eso, también son la forma más antigua de impuestos que conocemos, pues representaban recibos de pagos al rey de lino y aceite, asociados a nombres de las personas e instituciones que hacían efectivo el pago. Es posible por tanto que la aparición de la escritura -uno de los mayores avances de la humanidad- estuviera ligada a la aparición de los impuestos y a la necesidad de registrar esos pagos.

No es casualidad que los impuestos -y la escritura- aparecieran en el primer gran estado centralizado de la humanidad, porque los impuestos están ligados a la civilización como así lo confirman los descubrimientos desde Mesopotamia (2500 AC) al imperio Inca (casi 4000 años después y 3000 km. alejados), China (Confucio estableció los preceptos de tributación ideal sobre el 500AC) o la Grecia Antigua (500 AC). Los pagos a una autoridad central emergen a medida que las sociedades se vuelven complejas y el poder que las estructuraba necesita generar fuentes de ingresos para financiar las instituciones que servían de ancla social. No se conoce civilización alguna que no haya tenido alguna forma impositiva y, tal y como describe Charles Adams en su famoso libro, los impuestos han sido y son la gasolina de la civilización. La piedra Rosetta de hecho, puede ser la primera amnistía fiscal registrada de la historia (concedida a los clérigos…).

El sistema fiscal es espejo del devenir de la historia y reflejo en cada época y región de la pulsión política del momento. Incluso hay casos en los que un impuesto determina la historia de un país. Así fue el caso de EEUU y la lucha entre la entonces colonia y la metrópoli a raíz de una serie de leyes impositivas sobre el té y las famosas Intolerable Acts, que desencadenaron unas revueltas que culminaron en la revolución americana –y en la aparición del Boston Tea Party. No obstante, al contrario de lo que algunos analistas apuntan, las sociedades no se rebelan contra los impuestos, pues éstos nunca han sido la fuente original de conflicto. Las revueltas, rebeliones y demás avatares de la historia que se arremolinan en torno a los impuestos no son sino el reflejo de un conflicto entre un estado y su legitimación política en la población que gobierna. El impuesto es el instrumento del orden social que se quiere cambiar. Incluso en EEUU, los colonos norteamericanos no se oponían a los impuestos, sino que reclamaban que los tributos no fueran determinados a miles de kilómetros de distancia en Westminster, sino en los parlamentos norteamericanos, de ahí que se acuñara la famosa frase “no taxation without representation”. Así reza en uno de los documentos históricos más importantes al respecto, las resoluciones aprobadas del parlamento de Virgina que fueron ampliamente difundidas y copiadas por otros parlamentos norteamericanos donde la Asamblea General de la colonia establecía que, junto con su majestad:

“(…) tiene el poder exclusive para recaudar tasas e impuestos a los habitantes de esta colonia [de forma que] cualquier intento de suplantar dicho poder (…) es ilegal”

Si hubieran estado en contra de los impuestos, el pueblo hubiera clamado simplemente “no taxation”. Pero no fue el caso. Estaría bien que repasase estas actas el actual entorno del Tea Party que están popularizando lo de “los impuestos son un robo”.

A medida que las sociedades se transforman, los sistemas tributarios también lo hacen a la par que se modifica la fuente de legitimación del sistema político que cimenta el orden social que cambia. Detrás de la historia de los impuestos -cómo se recaudan, quién los paga, los tipos marginales, los medios, el montante total recaudado o la distribución entre impuestos- se esconde la historia de la vida civilizada. Cuando en la Inglaterra de finales del XVIII la monarquía decadente achicharraba a impuestos al pueblo para financiar su parásita existencia o las guerras que diezmaban los recursos generados en buena medida por el resto de la población, los mercaderes protestaron. Así, uno de los principales propagandistas de los mercaderes, John Locke defendió el derecho a la rebelión de lo que él considera pueblo (mercaderes) contra los gobernantes (reyes) cuando éstos imponen gravámenes injustos y excesivos. No contra los impuestos, sino contra unos gravámenes que financian unos gastos que la población considera desligados de sus intereses como sociedad. El liberalismo hunde su raíz ideológica no en la lucha contra los impuestos, sino contra la legitimación de un poder absoluto parásito y sus instituciones que diezman los recursos de la nueva clase emergente que habría de tomar el relevo, los mercaderes. Aparece así la famosa dicotomía liberal con la tensión entre, por un lado, la necesidad de tener un estado que reprima los estallidos sociales que se derivaban de la desigualdad inherente a la propiedad privada y por otro, el rechazo a financiar esa estructura estatal mediante impuestos para no alimentar al Leviatán. Esa tensión se resuelve a favor de un estado mínimo, fruto de lo cual el montante total de impuestos recaudados era muy pequeño, tal y como atestigua el gráfico del libro de Piketty.

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¿Podemos resucitar la política fiscal en Europa?

Autor: Jorge Uxo

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Digámoslo claro desde un primer momento: la construcción de las reglas fiscales europeas, las fuertes limitaciones al uso de las políticas presupuestarias y el intervencionismo extremo de Bruselas en las decisiones fiscales de los gobiernos y parlamentos nacionales no se derivan de una teoría económica sólida e incontrovertida. La seguridad con que se exige el cumplimiento de toda la maraña de requisitos que limitan lo que los gobiernos pueden o no hacer, so pena de someter supuestamente a las economías europeas a graves catástrofes, reflejan en buena medida posiciones políticas con un fuerte contenido ideológico, y prejuicios en contra de la intervención pública. Los límites impuestos a la deuda y al déficit (60% y 3% del PIB) son completamente arbitrarios, como lo es la exigencia a todos los países de ritmos preestablecidos de reducción del déficit estructural, que ni siquiera puede medirse sin grandes dosis de incertidumbre.

La experiencia de estos años nos enseña que mantenerse dentro de este marco no asegura que los resultados económicos mejoren (al contrario, las políticas de austeridad aplicadas en mitad de la recesión sobre la base de estas ideas no hicieron más que empeorar la situación, como el propio Draghi acaba de reconocer). Y tampoco es cierto que salirse de él sea equivalente a poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Muchos economistas heterodoxos llevamos tiempo afirmando esto –con un “éxito relativo” para lograr cambios reales, seamos sinceros– aunque recientemente hay cada vez más economistas mainstreams que empiezan a reclamar también un papel más activo de la política presupuestaria, incluso desbordando el actual marco fiscal. Como seguramente acabarán resultando más convincentes –son “personas serias”– conviene estar atentos a lo que dicen y, si es posible, aprovecharlo para lograr un mayor consenso político en torno a este objetivo de “resucitar” la política fiscal.

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Razones para rechazar las políticas de austeridad

Autor: Isabel Serra y Fernando Luengo

infolibre.es

Conviene, en primer término, desvelar el lenguaje tramposo e interesado contenido en el término “austeridad”. El capitalismo, en general, y el modelo de producción y consumo vigente en Europa, en particular, no son austeros, sino despilfarradores. Se alimentan de una utilización masiva, imposible de sostener, de recursos naturales no renovables y en un crecimiento de la demanda capaz de absorber y dar salida a un aumento continuo de las capacidades productivas. La desbordante expansión de las finanzas que abrió las puertas a una economía basada en la deuda, hasta el estallido del crack financiero, tampoco respondió al paradigma de la austeridad.

Pero llegó la crisis y el relato dominante convirtió el término “austeridad presupuestaria” (su ausencia) en el centro de explicación de la misma y en la clave para su superación. El poder económico y político encontró el “chivo expiatorio” idóneo: el sector público. ¿Cuál es la causa de la crisis?: el desorden presupuestario; ¿cómo superarla?: aplicando drásticas políticas de austeridad sobre las cuentas públicas. ¡Ahí quedó y todavía permanece encerrado el debate!

Una auténtica operación de camuflaje que ha conseguido que pasen inadvertidas la responsabilidad de las grandes corporaciones privadas y de la industria financiera, tanto en la generación como en la gestión de la crisis. También ha sido muy útil para llevar a cabo un formidable proceso de socialización de los costes de la crisis aumento de los impuestos para las clases populares y recortes sobre el gasto público social y productivo- en beneficio de las élites económicas y empresariales, los verdaderos responsables de la crisis, que han recibido una enorme cantidad de recursos públicos.

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¿Subir o bajar los impuestos?

Autor: Isabel Serra y Fernando Luengo

eldiario.es

Este dilema estará, ya lo está, en el centro del debate político y de la confrontación electoral. Parece una pregunta clara a la que los partidos políticos en liza tendrían obligación de contestar.

El recetario de la derecha es “bajemos los impuestos” y los argumentos puestos sobre la mesa son de sobra conocidos: la carga fiscal que soportan las familias y las empresas es muy elevada y ello desincentiva tanto el consumo como la inversión; el Estado es intrínsecamente ineficiente, en oposición al sector privado, y por lo tanto conviene reducir su peso en la economía.

Todavía recordamos al gobierno de Rajoy cuando se tragó estos principios y procedió a una sustancial subida de los impuestos que graban las rentas medias y bajas… eso sí descargando toda la responsabilidad en la herencia recibida del anterior gobierno socialista. Con todo, hay que reconocer que las derechas y también los partidos socialistas (aquí y en Europa) han reducido los impuestos… a los ricos. Las estadísticas son, en este sentido, concluyentes: Según Intermon Oxfam, en 2016, el 84% de la recaudación fiscal del Estado español procedía de las familias, mientras que las empresas aportaron sólo el 13%, sin embargo, en 2007, el esfuerzo fiscal de los hogares representaba el 75% del total recaudado, y el de las empresas, el 22%. En la Comunidad de Madrid (CM), la situación es especialmente grave pues su política de bonificaciones y exenciones fiscales la ha convertido casi en un paraíso fiscal interior: es la única Comunidad del país que no cobra impuesto de patrimonio y además es la que mayor bonificación aplica sobre el impuesto de sucesiones (99%). Que nuestra Comunidad sea una de las más desiguales de toda España no es casualidad, la excepcionalidad fiscal aplicada sobre los Impuestos de Sucesiones y Patrimonio sumada a la aplicación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas menos progresivo de toda España, demuestran cual ha sido la política fiscal de los gobiernos del Partido Popular durante sus 24 años de gobierno.

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En qué consiste el plan aprobado por el Parlamento Europeo para favorecer a la banca y los planes privados de pensiones

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

Este jueves 4 de abril se aprobó en el Parlamento Europeo el denominado “Producto paneuropeo de pensiones individuales” (PEPP) gracias a los votos a favor de los liberales y los populares (PP, Ciudadanos, PNV, UPyD, PdCaT…) y con la abstención de los socialistas (el motivo aludido es que “no era un verdadero enfoque paneuropeo”). El bloque de la izquierda unitaria y los verdes (Podemos, Izquierda Unida, Equo, ERC…) votaron en contra y además presentaron una enmienda para retirar esta medida, pero no prosperó (en parte debido al voto en contra de los eurodiputados socialistas, que en esta ocasión curiosamente no se abstuvieron). ¿A qué se debe esta diversidad en los votos? ¿En qué consiste el PEPP?

En realidad esta medida llevaba tiempo perfilándose en las instituciones europeas: la Comisión Europea ya le dio el visto bueno hace casi dos años. Su objetivo siempre ha sido explícito: “los productos paneuropeos de pensiones individuales servirán para fomentar la competencia entre los proveedores de pensiones, otorgando a los consumidores más posibilidades de elección a la hora de colocar sus ahorros”. Se busca la “uniformidad de las normas a nivel nacional y de la UE”, para lograr “el desarrollo de un mercado de pensiones a escala de la UE competitivo y de gran dimensión”. Estos planes de pensiones “podrán ser ofertados por una amplia gama de proveedores, tales como compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión y gestores de activos”. Por último, “se anima a los Estados miembros a conceder a los PEPP el mismo trato fiscal que actualmente se dispensa a los productos nacionales análogos que ya existen”.

En román paladín, por si a alguien se le escapa lo que subyace en todo esto: este plan paneuropeo marca el inicio de una serie de reformas legislativas en los parlamentos nacionales que favorecerán y ampliarán el negocio de las entidades financieras que hacen negocio con los fondos privados de pensiones. Nada nuevo bajo el sol, porque nuestros Estados ya dan facilidades y bonificaciones fiscales a estos productos, pero lo llamativo de este asunto es que ahora el trato privilegiado a este segmento del sector privado se articulará y coordinará desde a nivel europeo, lo que no hará sino intensificar las ventajas que tienen las entidades financieras a la hora de lucrarse con los ahorros de la gente. El texto aprobado lo deja claro: “los proveedores podrán desarrollar PEPP en varios Estados miembros, agrupar activos más eficazmente y lograr economías de escala”.

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Impuestos, garantía de libertad y democracia

Autor: Lina Galvez

eldiario.es

Los tres partidos de la derecha coinciden machaconamente en el mantra de que bajar impuestos es bueno per sé. Nos dicen que es bueno para la economía porque favorece el crecimiento y la creación de empleo, que lo es para aumentar los ingresos públicos y para que el resto de agentes económicos (personas y empresas) ganemos en libertad, pues donde mejor está el dinero es en nuestros bolsillos. Y nos dicen, finalmente, que los impuestos se utilizan sin otro propósito que engordar al Estado

La baja conciencia fiscal de los españoles contribuye a una cierta ignorancia sobre lo que realmente son los impuestos y para qué sirven. Y que la gente termine creyendo que argumentos como los que esgrimen las derechas son ciertos.

Las evidencias históricas y los estudios empíricos demuestran claramente que las dos primeras afirmaciones que hacen las derechas son falsas o que para que pudieran ser ciertas tendrían que darse una serie de circunstancias, sin las cuales es imposible conocer la responsabilidad real que una bajada de impuestos tiene en el crecimiento o la recaudación. Esto es así porque ambos dependen sobre todo de otras variables distintas que los tipos impositivos y que además varían a lo largo del tiempo. La tercera de las afirmaciones no se puede comprobar empíricamente, pero no por ello tenemos que darla por buena: una parte de la población quizás perdiera libertad al tener que renunciar a cierta proporción de sus ingresos, pero la mayor parte la ganaría al poder acceder a bienes y servicios públicos esenciales para ejercer la ciudadanía y que, sin los impuestos, nunca estarían a su alcance.

Y, por último, afirmar que los impuestos sólo sirven para engordar al Estado es también una gran simpleza. Los impuestos son los principales ingresos con los que se pueden financiar servicios públicos, que no existirían sin ellos o podrían disfrutarse sólo a precios desorbitados. Además, los impuestos generan incentivos y desincentivos de determinadas conductas (no fumar o contaminar menos, por ejemplo) que conforman una determinada forma de vivir y gestionar lo común y articulan el modelo de convivencia por el que colectivamente queremos apostar. Creo que se puede afirmar con rotundidad que sin impuestos solo los poderosos podrían definir el modo de vida colectivo de una sociedad.

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Sobre la legalización del cannabis recreativo y la recaudación estatal

Autor: Juan Ruiz

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Parece que la legalización del cannabis está dejando de ser un tema tabú para muchos dirigentes políticos. La última en sumarse ha sido Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, que ha anunciado un referéndum en 2020 para decidir si sigue la vía abierta por José Mújica en Uruguay y Justin Trudeau en Canadá. En España, cuando se habla de la legalización del cannabis, la principal aproximación que encontramos para medir el sentir popular son las encuestas del CIS. La última de noviembre de este mismo año señalaba que el 84% de los encuestados se mostraba a favor de su legalización para uso médico. Mientras que en el caso del uso lúdico existía mayor división y el porcentaje a favor era del 47,2%. En una sociedad con una democracia de calidad es muy posible que el debate sobre la legalización de una sustancia prohibida para uso recreativo terminara con una consulta a la población adulta para conocer su opinión como ocurre en otros países, pero aquí todavía estamos superando la fase de ondear banderas.

Volviendo al tema principal, resulta obvio que parte de quienes están en contra lo están por los riesgos que atribuyen a esta droga, mientras que parte de los que se muestran a favor los ignoran. Estos son diversos y continúan sometidos a estudio. Entre los distintos riesgos que recoge la literatura científica encontramos: adicción, síndrome amotivacional, complicaciones crónicas del sistema respiratorio, disminución de la calidad del esperma, factor de riesgo sobre población vulnerable a desarrollar esquizofrenia, interferencia en el desarrollo del feto, y el incremento de las posibilidades de sufrir un accidente de tráfico. Por otro lado, parece que el cannabidiol, uno de los componentes que es posible encontrar en el cannabis, no parece ser nocivo, y distintos estudios le atribuyen propiedades terapéuticas como antiinflamatorio, analgésico, neuroprotector, ansiolítico o antioxidante. Sin embargo la OMS aún no recomienda su uso medicinal ya que considera que son necesarios más datos.

El propósito de este artículo no es hacer un análisis de los riesgos ni beneficios de esta sustancia, sino que se limita a proponer una modelización de los ingresos que reportaría al Estado la legalización del cannabis recreativo. Por lo que dejamos de lado el debate de los posibles efectos sobre la salud para centrarnos en el análisis de su impacto económico mediante el estudio de las principales magnitudes disponibles.

Supuestos de partida

Debido a que en España existen relativamente pocos datos sobre el consumo de cannabis recreativo debemos llevar a cabo algunos supuestos para estimar su consumo. Para ello partimos de los datos de consumo y prevalencia entre la población a los que asignamos un consumo diario medio y un precio medio por dosis. Especificamos nuestra modelización como sigue:

La lectura de la anterior fórmula indica que el consumo de un periodo (C) es igual al precio medio (P) por la cantidad consumida (Q). Lo que a su vez es igual al precio medio (P) multiplicado por el sumatorio del consumo de cada grupo de población (Pb), multiplicado por el sumatorio de los gramos (Gr) consumidos por día (D).

A partir de la encuesta sobre prevalencia en el consumo planteamos 2 grandes categorías (residentes y turistas) con 3 tipos de frecuencia (diaria, mensual y anual).

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Pacto de PP y Vox: beneficios para los más ricos y menos dinero para los servicios públicos

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

El pasado 9 de enero PP y Vox firmaron un acuerdo para formar gobierno en Andalucía. Nada más hacerse público el documento completo y los puntos programáticos que deberían vertebrar la legislatura, todos los observadores se pusieron a comprobar si las medidas más excéntricas de Vox se habían incluido. El resultado tranquilizó a algunos pero no a todos: aunque algunas propuestas habían desaparecido o habían sido suavizadas, lo cierto es que muchas otras seguían intactas. Entre ellas destacan la creación de una Consejería de la Familia, la prevención del fundamentalismo islámico, la promoción de la escuela católica concertada, el rechazo de la memoria histórica o la exaltación de la caza y la tauromaquia. Medidas muy alejadas, sin duda, de lo que había imperado durante décadas en la comunidad autónoma de Andalucía.

Sin embargo, muy poca atención se le ha dado a las medidas de naturaleza económica que  aparecen en el acuerdo. Esto se debe sin duda a lo áridas y difícilmente comprensibles que suelen ser este tipo de propuestas pero también al interés que existe en que pasen desapercibidas ya que, de conocerse, podrían enervar todavía más a buena parte de la ciudadanía debido a lo injustas que resultan. Al fin y al cabo, todas las principales medidas económicas del acuerdo beneficiarían fundamentalmente a las capas más acaudaladas de la población andaluza y ejercerían mucha (más) presión sobre los servicios públicos de los que fundamentalmente se benefician quienes menos recursos tienen. Con el objetivo de desarrollar esta idea, a continuación enumero y explico dichas medidas. Seguir leyendo…

Tiempo de descuento

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

La aprobación este jueves del objetivo de estabilidad presupuestaria da el definitivo pistoletazo de salida al trámite para la discusión de los Presupuestos Generales del Estado.

Como es sabido, estos presupuestos llegan al Congreso respaldados por un acuerdo previo entre Unidos Podemos y el Gobierno con el que se empieza a dejar atrás la austeridad. Los principales pilares de ese acuerdo son ya públicos: el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, una reducción de las tasas universitarias a los niveles previos a la crisis, la eliminación de los copagos y un aumento importante del presupuesto en dependencia.

Asimismo, se incrementa la prestación por hijo a cargo, progresa la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, y se impulsa la educación entre los 0-3 años, tan necesaria para la igualdad de género. Estos avances serán financiados con una fiscalidad más justa —se eliminan algunos privilegios que favorecen a las rentas más altas—, y vienen además rubricados por una subida del SMI a 900 euros mensuales.

Pasar la página de una austeridad que ha dañado la cohesión social y el crecimiento potencial de la economía —dejando profundas cicatrices— es sin duda necesario. Pero la importancia de los Presupuestos que se van a discutir a partir de enero va mucho más allá.

Estamos en el tiempo de descuento de la legislatura actual. En el caso de que estos Presupuestos no se aprueben, las reformas anteriores no echarán a andar. Y estaremos además abocados a un adelanto electoral que bien podría ofrecer un resultado similar al que ha tenido lugar en Andalucía.

El problema de que un resultado análogo se produzca en el conjunto del país no es “que ganen las derechas”, algo evidentemente democrático y legítimo. El problema es que ganarían unas derechas hoy por hoy secuestradas por la extrema derecha, lo que conllevaría riesgos evidentes de involución democrática en nuestro país.

Precisamente por ello, quienes defendemos la idea de que el ciclo político que se abrió con el 15-M debe terminar alumbrando un proceso de profundización democrática —basado en el fortalecimiento de los derechos sociales y en la convivencia plurinacional— tenemos un reto enorme. O se consolida la mayoría política y social que se articuló en torno a la moción de censura, o se aborta el proceso de cambio.

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Conferencia “El Patriarcado Neoliberal”, por María Pazos

Autor: Maria Pazos Moran y Grupo de Economia Politica Alternativa - UAM

Ya está disponible el vídeo de la charla que, bajo el título ofreció “El patriarcado neoliberal”, ofreció María Pazos el pasado 13 de diciembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), al término del cual se abrió un coloquio con el público asistente. La podéis ver en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=I6StRlIN0pI&feature=youtu.be

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La paradoja de la deuda (o cómo evitar caer de nuevo en el error de la austeridad)

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

Agenda Pública

El análisis macroeconómico nos enseña que los comportamientos que parecen razonables cuando se analizan a nivel individual pueden dar lugar a resultados distintos a los esperados cuando se generalizan en el conjunto de la economía, o cuando quien los adopta es un agente con tanta capacidad para influir en la situación global de la economía como el sector público. Normalmente, nos referimos a estas situaciones como paradojas, y el economista canadiense M. Lavoie señala siete bien conocidas (aquí). Una de ellas es la paradoja de la deuda, que aplicada al caso de la política económica nos diría que los intentos de reducir la ratio deuda/PIB congelando o reduciendo el gasto público pueden acabar, de hecho, elevándola.

Esto es mucho más que una curiosidad teórica: ha ocurrido recientemente, y puede volver a pasar en España si seguimos las recomendaciones que están haciendo instituciones como la Comisión Europea (aquí), el Fondo Monetario Internacional (aquí) o el Banco de España (aquí).  Veamos por qué.

Los cambios en el cociente de la deuda pública sobre el PIB se pueden descomponer en dos efectos. El primero está vinculado al déficit o superávit primario del Estado; es decir, a la diferencia entre el gasto público (excluido el pago por intereses de la deuda) y los ingresos públicos. Si hay déficit, el cociente deuda/PIB tiende a aumentar, porque el Gobierno tiene que emitir nuevos títulos en el mercado primario (dado que, actualmente, el banco central tiene prohibido prestar directamente al Estado). Si lo que se registra es un superávit primario, ocurre lo contrario: la ratio deuda/PIB tiende a reducirse.

Pero también hay un segundo efecto, que suele denominarse bola de nieve, y que puede ser positivo o negativo. Por un lado, el Gobierno tiene que pagar los intereses de la deuda actual, y esto eleva el gasto y la necesidad de emitir nueva deuda. En sentido contrario, si el PIB está creciendo, estos pagos supondrán un porcentaje cada vez menor de la renta. Por tanto, el efecto bola de nieve tiende a reducir el peso de la deuda pública en el PIB cuando la tasa de crecimiento de la economía es mayor que el tipo de interés, y viceversa.

Planteado de esta forma, si lo que se quiere conseguir es una reducción de la ratio deuda/PIB, la recomendación de limitar el gasto público para tener superávits primarios parece una recomendación razonable. Sin embargo, esto sólo es cierto si lo que el Gobierno decide con su política fiscal no tiene efectos en la tasa de crecimiento de la economía, o si este efecto (lo que llamamos el multiplicador del gasto público sobre el PIB) es pequeño. En caso contrario, puede ocurrir que lo que gana el Gobierno con el superávit primario (emitir menos deuda en términos nominales) lo pierda provocando un parón de la actividad económica (se reduce el denominador del cociente y hace que el efecto bola de nieve sea negativo).

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Construir un colchón fiscal

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España insisten últimamente en la necesidad de volver a ajustar el gasto público, ahora para disponer de un “colchón fiscal” para cuando llegue la próxima crisis. Sin embargo, construir este margen fiscal siguiendo el camino que marcan estas instituciones impedirá afrontar dos retos económicos ineludibles. El primero tiene que ver con la necesidad de modificar el patrón de salida de la crisis que estamos experimentando: el crecimiento económico no termina de llegar a millones de hogares —a pesar de la creación de empleo—, las desigualdades se mantienen en niveles elevados y se refuerza nuestra especialización en sectores poco productivos. El segundo reto viene dado por la paulatina desaceleración internacional que se espera para los próximos trimestres, y que podría complicar la situación económica. Volver a ajustar a la baja el gasto público no hará sino agravar ambos problemas.

Hay no obstante otra vía alternativa para construir el colchón fiscal que la economía necesita: iniciar las primeras fases de una reforma tributaria que sirva para aumentar los ingresos del sector público. Esta segunda vía, al no cargar los ajustes sobre el gasto, permitirá enfrentar con más garantías los dos retos mencionados. Por un lado, facilitará recursos para poner la política fiscal al servicio de la lucha contra la desigualdad —reforzando el Estado del bienestar—. Además, los nuevos ingresos ayudarán a financiar políticas de inversión que permitan sostener la actividad económica y modernizar el tejido productivo.

El reciente acuerdo alcanzado entre Unidos Podemos y el Gobierno pretende abrir esta segunda vía, realizando un esfuerzo para aproximar nuestra recaudación tributaria a la de los países de la eurozona. En España, los ingresos del sector público suponen el 38% de nuestro PIB, mientras que dicha ratio se eleva hasta el 46% para la media de la eurozona. No obstante, el problema de nuestro sistema fiscal no radica en que tengamos tipos nominales muy inferiores a los que existen en los países de nuestro entorno. Son fundamentalmente el fraude, la elusión y toda una panoplia de deducciones y exenciones las causas que en buena medida explican la menor recaudación, y que llevan a una desfiscalización de las rentas más elevadas.

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Maternidad La política fiscal conservadora de declarar exentas las prestaciones por maternidad

Autor: Inigo Bandres

El Salto

Recientemente el Tribunal Supremo (TS) publicó una sentencia, que ha tenido amplia acogida en los medios generalistas, en la que fijaba doctrina sobre si las prestaciones por maternidad que paga la Seguridad Social debían de estar exentas de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La sentencia dictada por el Supremo daba la razón a la contribuyente, considerando que las prestaciones por maternidad deben de estar exentas de tributar por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas –comúnmente conocido como La Renta-. Con esta sentencia el TS cierra un debate jurídico, que estaba abierto en los últimos años como consecuencia de la diferente interpretación que los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas habían venido dando a casos similares.

En esencia, lo que ha hecho el Tribunal Supremo, en su función de órgano máximo del poder judicial que debe interpretar las normas, ha sido considerar que el legislador al redactar la Ley quería incluir la prestación por maternidad entre las rentas exentas. Esto lo hace en base a tres criterios. En primer lugar, al interpretar la exposición de motivos de la Ley a través de la que entró en vigor la actual redacción del artículo. En segundo lugar, en base a la interpretación gramatical del texto, que incluye el adverbio “también” en su último párrafo. Entiende el tribunal que ésta conjunción lo que hace es extender las rentas exentas, no sólo a la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social, sino también a aquéllas otorgadas por las Comunidades Autónomas. Y por último, que la propia ley que regula el funcionamiento de la Seguridad Social considera que la maternidad se trata de una situación que debe ser protegida por el Estado.

En este artículo no pretendo entrar a valorar la fundamentación jurídica de la sentencia del TS, en mi opinión discutible desde un punto de vista jurídico, sino que pretendo hacer una lectura crítica de las consecuencias socio-jurídicas que la sentencia tiene para los y las ciudadanas, y que no parece haber tenido acogida alguna entre los medios convencionales.

En primer lugar creo que es importante explicar sobre qué discutía la sentencia para tratar de entender sus consecuencias.

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Piratas fiscales

Autor: Alberto Montero Soler

El Confidencial

Puede que la memoria me falle pero, hasta ahora, habíamos visto todo tipo de prácticas por parte de grandes corporaciones, financieras y empresariales, para evadir, eludir o reducir el pago de impuestos. De lo que no teníamos constancia era de que también estuvieran metiendo directamente la mano en la caja de los impuestos que pagan religiosamente los ciudadanos y las pequeñas, medianas —e incluso grandes empresas— de un país para saquearla sin ningún tipo de pudor.

Lo decía recientemente en un artículo en este mismo medio Francisco de la Torre y no puedo estar más de acuerdo con él: “Saquear no es lo mismo que defraudar“. Y lo que pone de manifiesto el caso de los dividendos ‘black’ es que estamos ante un saqueo que desborda los límites de los escándalos conocidos hasta el momento en materia de filibusterismo fiscal y que da sustento a la hipótesis de la existencia de un poder financiero entrelazado en una suerte de trama con el objetivo de aprovechar cualquier mínimo resquicio en las legislaciones nacionales para erosionar aún más, si cabe, lo público.

Y me refiero a lo público porque no se trata simplemente de evadir, eludir o saquear impuestos. Se trata también de los procesos de privatización y de desmantelamiento de las redes de seguridad de las que los estados europeos se dotaron tras la II Guerra Mundial para prevenir los riesgos personales y colectivos, tratar de reducir las brechas de desigualdad y extender la igualdad de oportunidades.

En ese sentido, estamos ante una expresión de voracidad y avaricia que desborda los niveles de las que son necesarias para mantener al capitalismo en marcha, convertidas en virtudes por Adam Smith, y entran en el terreno de lo patológico y del comportamiento criminal organizado.

Lo que debemos plantearnos, entonces, es cómo podemos prevenir este tipo de prácticas habida cuenta de que no podemos evitar esa tendencia patológica depredadora.

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El FMI pide continuidad, pero España necesita cambio

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Hay dos motivos para estar preocupados por el momento actual de la economía española, y que nos invitan a compartir algunas reflexiones sobre la necesidad de un cambio de rumbo de las políticas económicas.

En primer lugar, todos los indicadores, y las previsiones de los organismos oficiales o los institutos privados, coinciden en señalar que las tasas de crecimiento próximas al 3% registradas por la economía española desde 2015 tocan a su fin, y que es probable que estemos entrando en un periodo de “desaceleración”. Esto es preocupante, porque aún tenemos tasas de paro próximas al 16% (media anual) y muchas personas todavía no han recuperado los niveles de renta anteriores a la crisis. Si España reduce significativamente su crecimiento, estas dos situaciones se mantendrán en los próximos años. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook, octubre 2018) prevé que la tasa de paro española se estabilice en el 14% entre 2020 y 2023, una situación que no podemos asumir.

Pero más allá del cambio de ciclo que se aproxima, hay un segundo motivo para la preocupación, aún más importante. Contrariamente a lo que se dice, la recuperación del crecimiento a partir de 2014 reproduce muchas de las debilidades tradicionales de nuestra economía y viene acompañada de algunos rasgos ciertamente negativos para la mayoría: está basado en la cronificación de la precariedad laboral y el estancamiento salarial; precisamente por ello, y por el desmantelamiento del Estado de Bienestar ocurrido durante los peores años de la austeridad, la desigualdad se ha agrandado primero y estancado después, rompiéndose el vínculo entre crecimiento y progreso social; se está reproduciendo la especialización en sectores que lastran el crecimiento de la productividad; y no se están abordando con suficiente decisión dos retos tan importantes como la brecha de género, en todas sus manifestaciones, y la lucha contra el cambio climático.

Constatar estas dos preocupaciones nos lleva a plantear dos retos inmediatos para la política económica. En primer lugar, es necesario “sostener el crecimiento” –con medidas que contrarresten la desaceleración y permitan reducir rápidamente el desempleo–. Pero además, es imprescindible tomar medidas para empezar a “transformar el crecimiento” y lograr que nuestra economía cambie su modelo de desarrollo. El reciente acuerdo firmado entre Unidos Podemos y el Gobierno es precisamente un primer paso en esta dirección.

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