Economía Crítica y Crítica de la Economía

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El gran agujero del Impuesto de Sociedades: cómo timar a la mayoría social

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes: en una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos.

Los gobiernos de PSOEPP han optado por timar a la mayoría social, justo lo contrario que hizo Prometeo. Lo que han hecho con el Impuesto sobre Sociedades es un ejemplo claro de quién ha ganado y quién ha perdido en la gestión de esta crisis del capitalismo. La recaudación de este impuesto –el impuesto que pagan las empresas por los beneficios que obtienen– es muy inferior en la actualidad que en la época pre-crisis, tanto en términos absolutos como relativos. D

esde 1995 la recaudación se incrementó hasta registrar en 2007 su pico más alto con casi 45.000 millones de euros, para inmediatamente pasar a desplomarse hasta situarse por debajo de los 20.000 millones en 2010. Desde entonces la recaudación ha aumentado, pero tímidamente y sin mostrar una tendencia ascendente decidida, manteniéndose por debajo de la mitad registrada en 2007 y equiparable a la de 2002 (hace ya 16 años). En términos relativos la evolución ha sido incluso más desastrosa: el peso del impuesto sobre el total recaudado pasó desde un 22% en 2007 a un 10% en 2010, nivel del que apenas ha subido desde entonces (11,5% en 2017). En la actualidad el peso del impuesto es similar al que tenía hace nada más y nada menos que 20 años.

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Ampliemos el espacio de lo posible

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Pronto se iniciará la discusión de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Primero, con el debate sobre el techo de gasto que el Gobierno debe llevar a las Cortes. Y, en otoño, con la discusión parlamentaria de los propios Presupuestos.

El Gobierno, y las fuerzas políticas que hemos impulsado la moción de censura, tenemos el reto de aprobar unos Presupuestos que abran una nueva etapa, con una estrategia completamente diferente de la del Partido Popular.

Entre 2012 y 2014, el PP aplicó durísimos recortes del gasto y la inversión. Durante el periodo de 2015 a 2017, los recortes se frenaron, pero no se revirtieron. En esa línea, la estrategia del último Programa de Estabilidad remitido por Rajoy a Bruselas contemplaba disminuir el déficit mediante una reducción del peso del gasto público en la economía, alejándonos aún más de la media europea.

Sería un dramático error que el Gobierno de Pedro Sánchez haga suyo este planteamiento, dado que nuestra economía necesita una estrategia fiscal que vaya en la dirección opuesta. Además, Sánchez demostraría no haber entendido el enorme impacto político que la austeridad fiscal ha tenido en Europa, y en la propia crisis de la socialdemocracia.

Nuestro país bajó un escalón como consecuencia de las políticas de austeridad, y necesitamos volver a subirlo. Ahora bien, el cambio de política económica que planteamos no pasa simplemente por “gastar más”, sino por atender a las necesidades reales de nuestra economía.

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Un presupuesto europeo para Otra Europa

Autor: Daniel Albarracin y Fernando Luengo

Público.es

Desde la creación de las Comunidades Europeas, el presupuesto gestionado desde Bruselas ha representado una pequeña parte del Producto Interior bruto (PIB) comunitario, alrededor del 1% de esa magnitud. Las brechas heredadas de un proceso de integración europea y de una unión monetaria atravesados de importantes asimetrías y una gestión de la crisis que las ha acentuado requería, entre otras cosas, un diseño presupuestario más ambicioso. Pero los responsables comunitarios han permanecido instalados –o, mejor dicho, atrincherados-, en la lógica austeritaria, que exigen a los estados del sur y se autoimponen (no así a los grandes bancos y las grandes fortunas). La reciente aprobación del presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, aunque supone un ligero aumento en la dotación de recursos, que alcanzará el 1,11 de la Renta Nacional Bruta de la UE, se mantiene en la lógica del papel subordinado y periférico de la política presupuestaria en el entramado institucional comunitario.

Además, el nuevo presupuesto, pero, sobre todo, el nuevo Marco Financiero Plurianual que ya se está perfilando, se orientan drásticamente, con el pretexto del Brexit, hacia un recorte sustancial en la política agraria común (que necesita una reforma importante, pero no un recorte) y la política de cohesión social, a favor de políticas favorables a la militarización de la UE, la securitización interna de la UE y el control de fronteras exteriores. Una política para una Europa fortaleza que, también, con su política de inversión exterior, convertirá a los países colindantes en auténticos fosos, o guardianas de fronteras, para establecer una barrera a la llegada de personas refugiadas e inmigrantes.

La ciudadanía europea y la construcción de Otra Europa precisan de una visión muy distinta de la representada por las élites. Esta visión nueva, tiene que reivindicar, frente al mercado, el papel de lo público, revestido de legitimidad democrática, como elemento vertebrador de las políticas redistributivas, que no sirva a los intereses privados, sino a los de la mayoría social.

Con estos mimbres, en nuestra opinión, la dotación del presupuesto comunitario debería tener como uno de sus objetivos prioritarios contribuir a la corrección de las disparidades productivas que atraviesan la construcción europea, en una lógica cooperativa y complementaria, de convergencia real.

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Techo de gasto: la hora de la verdad

Autor: Alberto Garzon Espinosa, Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Una de las últimas decisiones tomadas por el Partido Popular fue actualizar el programa de Estabilidad 2018-2021 enviado a la Comisión Europea en el que definía la profundización de la senda de reducción del gasto público sobre el PIB hasta llevarlo al 38,6% en 2021, el nivel más bajo en 12 años y uno de los más bajos de toda Europa. Esta reducción es incluso superior a la que ya preveía el anterior Plan de Estabilidad, que era del 39,5% en 2020.

Sería paradójico que tras la moción de censura que ha enviado a la oposición al señor Rajoy, se mantuviera la agenda de recorte y jibarización de gasto e inversión pública comunicada a la Comisión Europea y que no tiene otra consecuencia que la reducción de las políticas públicas. Antes de que finalice el mes de julio el Consejo de Ministras deberá fijar el techo de gasto público para el ejercicio 2019. Este nivel marca el máximo que podrá gastarse el sector público español durante todo el año, de ahí su nombre de “techo”. Antes del año 2010, fue aumentando progresivamente, ya que el gobierno aplicaba políticas expansivas que revertían en más inversiones, prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, desde el citado año, y como respuesta a las presiones austeritarias de la Unión Europea, el techo de gasto fue reducido de forma drástica, lo que conllevó importantes recortes en ámbitos como la educación, la sanidad, la dependencia, I+D+i, vivienda, etc, que tan bien conocemos. A pesar de una leve subida en 2013 y 2014, el gobierno continuó recortando el techo de gasto hasta 2017, momento en el que lo volvió a incrementar, aunque de forma insignificante. De hecho, el techo de gasto de 2018 se encuentra en cotas muy similares a la de su mínimo histórico en 2012, y una tercera parte por debajo de su máximo histórico en 2010, año en el que comenzaron los recortes. Pero esto sólo en términos absolutos, porque si lo comparamos con el PIB español, entonces el techo de gasto en 2018 es el más bajo de la historia reciente. En otras palabras: en comparación con las posibilidades que tiene nuestra economía, el gasto público del Estado es, en la actualidad, el más bajo en los últimos años.

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Políticas que valen para un roto y un descosido

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Las políticas de rigor presupuestario tienen un largo recorrido en Europa y en el conjunto del mundo capitalista.

Desde que el neoliberalismo, en la década de los ochenta, tomó carta de naturaleza y se convirtió en el nudo gordiano del pensamiento económico dominante, la lógica de la estabilidad presupuestaria –reducir los umbrales de déficit y deuda públicos- han impregnado las políticas llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y las impulsadas por los partidos socialistas cuando llegaban al poder; con escasas diferencias unas y otras, a pesar de situarse en coordinadas ideológicas contrapuestas.

También ahora, cuando las economías europeas y muy especialmente las periféricas se han visto atrapadas en una crisis económica de proporciones históricas, se apela al ajuste de las cuentas públicas para superarla. Como si ese diseño de política económica tuviera validez universal, cualquiera que sea la coyuntura o la dimensión de los problemas estructurales que las economías deben enfrentar. No es el caso, sin embargo.

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Los Presupuestos de 2018 vuelven a congelar las ayudas, subvenciones y subsidios del IPREM

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 60 de La Marea

Hasta el año 2004 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era un indicador que no sólo servía para establecer cuál debía ser la cantidad mínima que tendría que cobrar una persona asalariada, sino que también servía para fijar la cuantía de subvenciones, subsidios de desempleo y otras ayudas públicas. Ese año, el recién llegado gobierno del PSOE decidió reformular el indicador, desvinculándolo completamente de las ayudas mencionadas. De esta forma, cualquier incremento en el SMI dejaría de conllevar un aumento en subsidios, subvenciones y ayudas, que pasarían a estar vinculadas a un nuevo indicador denominado Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Se trató de un hábil movimiento del gobierno del PSOE, porque le permitió incrementar el SMI a un ritmo superior al que había venido registrando hasta entonces sin que le costara apenas ni un euro hacerlo, puesto que ya no tenía que incrementar las ayudas públicas (y el coste del incremento en el salario mínimo recae fundamentalmente sobre los empleadores del sector privado, no sobre el público). Una medida sin coste económico, pero con alto rédito político y electoral, ya que el incremento del salario mínimo era una importante reivindicación de los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, además de una necesidad social.

El SMI había ido creciendo levemente desde los años 90, pero a una media del 2% y por lo tanto casi siempre a un ritmo inferior al crecimiento de la economía, de los precios y del nivel de vida, lo que conllevó un empobrecimiento relativo de un 7% de los trabajadores del segmento inferior del mercado de trabajo y de los beneficiarios de las ayudas públicas vinculadas al indicador. La reformulación que se llevó a cabo en el año 2004 supuso una bifurcación en los caminos de los dos tipos de colectivos, porque el SMI intensificó su crecimiento (especialmente desde ese año hasta el año 2010 al registrar un aumento medio del 6,2%) dejando al IPREM con el suave incremento tradicional del 2%, (sólo muy ligeramente aumentado hasta el 3,5% entre 2006 y 2010), como se puede intuir en el gráfico. Esto supuso, atendiendo a la evolución de los precios, que entre el año 2004 y 2010 las personas que cobraban un salario mínimo incrementaran su capacidad económica relativa en un 20,6%, mientras que las que recibían ayudas vinculadas al IPREM se empobrecieron un 1,3%.

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“Cristóbal Montoro ha sido el ministro más nocivo que ha tenido este país” (Entrevista a Carlos Sánchez Mato)

Autor: Carlos Sanchez Mato

eldiario.es (Fátima Caballero)

Carlos Sánchez Mato (Madrid, 1970) nos recibe en su despacho, ahora en la Junta municipal de Latina. Sumó la presidencia del distrito a la de Vicálvaro después de su cese al frente del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena le destituyó por su negativa a apoyar en el Pleno el plan económico pactado con el ministro Cristóbal Montoro, que incluía recortes a cambio de levantar la intervención de las cuentas municipales. A esta gestión suma su cargo como responsable económico de Izquierda Unida.

Como responsable de economía, el concejal ha sumado a la cuenta de resultados del Consistorio 1.000 millones de euros de superávit anuales y ha reducido la abultada deuda más de 2.500 millones. Los últimos datos económicos que le avalan tiene que ver con la empresa Funeraria de Madrid, que el edil remunicipalizó y que como se ha conocido este jueves ha pasado de pérdidas de 233.000 euros el último año de gestión privada, a 4,1 millones de beneficio desde que la gestión es pública bajo su supervisión como vicepresidente del consejo administrativo de la sociedad municipal.

Detrás de su escritorio hay tres clavos que antes sujetaban el retrato del Rey Felipe VI. Ahora Sánchez Mato lo tiene al lado de un mueble contra la pared. El concejal sonríe cuando se le pregunta por la caída del Gobierno de Mariano Rajoy y la de Montoro, su principal adversario como delegado de Economía y Hacienda: “Se abre una nueva etapa”, dice. También se muestra escéptico con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, los nuevos ministros no tienen el perfil más deseable para la formación a la que representa. Lo que tiene claro Sánchez Mato es qué medidas le gustaría que tomara el líder socialista para que esa desconfianza desaparezca.

¿Cómo se encuentra después de seis meses fuera del área de Economía y Hacienda y de la Junta de Gobierno?

Evidentemente fue una situación traumática, más que en lo personal por lo que políticamente supuso. Pero esa situación traumática no hunde a una persona que ya tiene unos años de experiencia política, aunque no sea en cargos institucionales. Lo que he hecho es dedicarme a las actuales tareas con el mismo empeño, con las mismas ganas y con la misma fuerza con las que he desempeñado las anteriores.

En una semana ha cambiado radicalmente el panorama político del país después de que la moción de censura de Pedro Sánchez prosperase. ¿Cómo valora la caída del Gobierno de Mariano Rajoy?

Tenemos una enorme satisfacción. Pero como dice mi coordinador federal [Alberto Garzón] también un optimismo moderado. Hemos trabajado en años anteriores con el Partido Socialista y evidentemente tenemos un elevado grado de escepticismo acerca de sus posibilidades de enfrentarse a lo que son los elementos más importantes y negativos del régimen del 78. Pero eso no quita que hay una enorme alegría. Personalmente estoy muy contento de que Rajoy y todo su equipo de Gobierno estén apartados del centro de la vida política. Era un tema de salud pública.

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El gran agujero del Impuesto de Sociedades: cómo timar a la mayoría social

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes: en una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos.

Los gobiernos de PSOEPP han optado por timar a la mayoría social, justo lo contrario que hizo Prometeo. Lo que han hecho con el Impuesto sobre Sociedades es un ejemplo claro de quién ha ganado y quién ha perdido en la gestión de esta crisis del capitalismo. La recaudación de este impuesto –el impuesto que pagan las empresas por los beneficios que obtienen– es muy inferior en la actualidad que en la época pre-crisis, tanto en términos absolutos como relativos. D

esde 1995 la recaudación se incrementó hasta registrar en 2007 su pico más alto con casi 45.000 millones de euros, para inmediatamente pasar a desplomarse hasta situarse por debajo de los 20.000 millones en 2010. Desde entonces la recaudación ha aumentado, pero tímidamente y sin mostrar una tendencia ascendente decidida, manteniéndose por debajo de la mitad registrada en 2007 y equiparable a la de 2002 (hace ya 16 años). En términos relativos la evolución ha sido incluso más desastrosa: el peso del impuesto sobre el total recaudado pasó desde un 22% en 2007 a un 10% en 2010, nivel del que apenas ha subido desde entonces (11,5% en 2017). En la actualidad el peso del impuesto es similar al que tenía hace nada más y nada menos que 20 años.

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EKO TV: Presupuestos y Coyuntura Económica

Autor: EKO TV, Ivan H. Ayala y Carlos Martinez Nunez

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Ya está disponible #EKOpresupuestos con @monicamelle, @carlosurriza y @carlosmarnu en la web de @publico_es Aquí tienes el enlace: http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/669023/presupuestos-y-coyuntura-economica

Elusión fiscal: el “sandwich” euskaldun

Autor: Endika Alabort Amundarain

HORDAGOn argitaratua.

Tener beneficios y decir que la situación económica es mala no es algo contradictorio…. si se utilizan las herramientas precisas. Las “causa económicas” que muchas empresas argumentan en despidos, EREs o descuelgues de convenios son influidos por los mecanismos que ofrece la legislación local.

En el ámbito de la recaudación de impuestos, bastantes voces confirman que se recauda poco y mal. En realidad, la legislación deja bastantes resquicios para la elusión fiscal —no confundir con fraude fiscal, aunque la mayoría de las veces la línea que las divide sea muy fina—, en el que las grandes multinacionales tienen la ventaja de los grupos empresariales. El “doble irlandés” y el “sandwich holandés” son dos estrategias frecuentemente utilizadas para pagar menos impuestos. Por ejemplo, se puede crear una empresa en los Países Bajos con el único objetivo de cobrar por la propiedad intelectual a una empresa radicada en Irlanda. Después, la sociedad holandesa puede redirigir el 99% de lo recibido a un paraíso fiscal. La compañía irlandesa estaría creada para facturar con el único objetivo de captar los beneficios logrados en el resto de Europa. Lo descrito es legal, pero no está disponible para cualquier empresa. Por ejemplo, IKEA funciona así, ya que su sede fiscal está en los Países Bajos, no en Suecia.

Aún así, la legislación local ofrece otras herramientas a las empresas más pequeñas, ya que para hacer el “doble irlandés” y “el sandwich holandés” hace falta dinero y una estructura importante. No es una cuestión meramente fiscal, ya que las herramientas que ofrece la legislación local influye en las “causa económicas” que muchas empresas argumentan en despidos, EREs, descuelgues de convenios, etc. Por lo que tener beneficios y decir que la situación económica es mala no es algo contradictorio…. si se utilizan las herramientas precisas.

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Las SOCIMIs, el último “all in” del Gobierno al pelotazo inmobiliario

Autor: Juan Ruiz

La Paradoja de Kaldor

La irrupción de las SOCIMIs ha supuesto un cambio significativo en el mercado inmobiliario en España. Su atractivo principal para los inversores es la exención del Impuesto de Sociedades (IS), siempre que se cumplan una serie de requisitos [1]. Por tanto, nos encontramos ante sociedades anónimas de inversión inmobiliaria, dedicadas a la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, que gozan de importantes exenciones fiscales como son: a) la exención del Impuesto de Sociedades; b) una bonificación del 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; y c) un gravamen especial para los dividendos [2].

Fue mediante la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, como se abrió la puerta a este tipo de sociedades. No obstante, la primera SOCIMI (Entrecampos Cuatro SOCIMI, S.A.) no llegaría al MAB hasta noviembre de 2013. A partir de dicho momento comenzaron a proliferar y, en un corto periodo de tiempo, encontramos que se han registrado más de cincuenta empresas que controlan alrededor de 35.000 millones de activos. Los principales cambios legislativos que explican este auge se recogen en el siguiente cuadro. Donde llama la atención la exención del Impuesto de Sociedades y la ausencia de ratio de apalancamiento, aunque hasta ahora esta segunda característica no ha sido un problema dado que las SOCIMIs se han venido financiando, principalmente, mediante recursos propios.

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Respecto a la cartera de inmuebles no es casualidad que Madrid y Barcelona sean los destinos más importantes de las SOCIMIs y aquí comienza el debate ¿es justo el trato impositivo favorable que reciben estas sociedades en el contexto de la burbuja de alquileres que existe en muchas de las capitales de provincia? ¿Lo es para el resto de empresas? ¿Ayuda al ciudadano a ejercer su derecho fundamental a una vivienda digna? Parece claro que la respuesta es negativa en los tres casos. Las SOCIMIs alimentan la burbuja del alquiler, deterioran las arcas públicas, y perjudican la competencia fomentando un modelo de empresa injusto.

Alimentan la burbuja del alquiler

En el siguiente gráfico se presentan los activos gestionados por las SOCIMIs cotizadas en el MAB. Destaca la importancia que tienen las viviendas que suponen un 22% de sus activos, seguidas de oficinas (20%), centros comerciales (14%) y locales (14%).

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La rentabilidad media de los alquileres de vivienda, durante los años que coinciden con la formación de las SOCIMIs, tiene una tendencia al alza que ha llevado a que se debata en torno al surgimiento de una nueva burbuja de alquiler. En el siguiente gráfico se recoge la rentabilidad media entre 2013 y 2017 que tiende a incrementarse llegando al 7,3%.

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Pero si tuvieramos en cuenta únicamente la evolución del precio del alquiler de Madrid y Bardelona, las 2 grandes capitales donde las SOCIMIs concentran sus inmuebles, observamos que esta tendencia es mucho más pronunciada y encontramos unas tasas de crecimiento de los precios que oscilan entre el 11% y el 18%.

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El debate sobre la financiación de la Seguridad Social

Autor: Carlos Ochando

La Paradoja de Kaldor (Artículo publicado en Noticias de Política Económica Nº 19, Marzo 2018)

Las reformas aplicadas del sistema público de pensiones han considerado el gasto público social como la variable de ajuste ante los desequilibrios financieros que provoca el fenómeno del envejecimiento de la población y el continuo deterioro de las variables económicas que condicionan la sostenibilidad futura del sistema. Prácticamente, dichas reformas han dejado inalteradas las fuentes de ingresos. No obstante, debemos de tener presente que el diseño de la financiación de un sistema de pensiones debe realizarse considerando la naturaleza del sistema público que se pretende financiar. Si defendemos un sistema público de reparto no estricto, necesitamos incorporar otras fuentes de financiación distintas a las cotizaciones. Pero, ¿cuáles deben ser esas fuentes de financiación?, ¿sobre quién debe recaer la carga fiscal de las mismas? La elección que hagamos entrará siempre en el terreno de las opciones y preferencias sociales, colectivas y políticas –aunque los efectos y consecuencias redistributivas, en ocasiones, no son nada desdeñables y se deben analizar de manera rigurosa).

En esta breve reflexión sobre el tema, vamos a exponer cuatro líneas de reforma de las fuentes de financiación del sistema público de pensiones:

  • la reforma de las cotizaciones,
  • la financiación finalista del Estado,
  • el aumento de la financiación fiscal y
  • la creación de nuevas fuentes de financiación.

La reforma del sistema de cotizaciones

La reforma de las cotizaciones (impuesto afectado) debería tener como objetivo reducir su regresividad y aumentar la capacidad recaudatoria. La reforma debería incluir tanto la modificación de las bases de cotización como el cambio en los tipos de cotización.

Algunas de las medidas podrían ser las siguientes:

  1. aumentar (hasta suprimirlo) progresivamente el tope máximo de la base de cotización, sin que ello vaya acompañado, o no de manera proporcional, de una mejora de las pensiones de los pensionistas afectados;
  2. aumentar las bases mínimas y medias de cotización acorde con el aumento de los salarios medios (por ejemplo, un aumento progresivo del SMI hasta equipararlo al 60% de los salarios medios);
  3. unificar el criterio de determinación de las bases de cotización en función de las rentas de trabajo reales (es decir, aproximar las cotizaciones de los autónomos a sus rentas reales);
  4. suprimir las bonificaciones, exenciones, reducciones y tarifas planas en las cotizaciones;
  5. exención en la base de cotización para las rentas de trabajo inferiores (tipo cero de gravamen);
  6. la lucha contra el fraude en las cotizaciones y la economía sumergida;
  7. de manera coyuntural, se puede proponer un aumento de los tipos de cotización y
  8. la introducción de una escala variable o móvil de cotización que considere la dimensión de la empresa (según el número de trabajadores y/o el volumen de negocios).

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Presupuestos de 2018: la herramienta de las élites para imponer su ideología

Autor: Alberto Garzon Espinosa y Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

Desconfíen cuando se intenta sumergir en planteamientos técnicos y despojar de ideología algo tan aparentemente árido como los Presupuestos Generales del Estado. Nada hay más ideológico que la plasmación en las cuentas públicas de una posición política determinada. Al fin y al cabo los presupuestos determinan qué parte de la población y con qué intensidad va a verse beneficiada por las políticas públicas, cómo se va a repartir parte de la riqueza y la renta que generamos entre todos y todas, y cómo se va a definir e influir en las características del modelo productivo, social y ecológico de nuestro país.

Si algo queda claro con el Proyecto que se somete a tramitación por parte del gobierno del Partido Popular y sus aliados de Ciudadanos es la estrategia de la derecha: quieren un país en el que la importancia del estado social continúe menguando, en el que se mantengan tasas de paro muy superiores a la de nuestros vecinos, en el que la precariedad impregne, si cabe aún más, el mercado laboral afectando especialmente a mujeres y a jóvenes, en el que el nivel de desigualdad siga siendo de los más elevados de Europa, en el que los pensionistas se empobrezcan progresivamente, en el que el modelo productivo se caracterice por un bajo valor añadido y tecnológico, en el que el modelo energético siga anclado al siglo XX, en el que la vivienda sea un lujo y no un derecho, etc. Porque los presupuestos generales no los han diseñado para combatir los enormes desafíos económicos, sociales y ecológicos a los que nos enfrentamos, sino para cumplir reglas fiscales carentes de cualquier fundamento técnico que impone la Unión Europea y que han demostrado de manera evidente su inoperatividad para alcanzar los objetivos que le importan a la inmensa mayoría de la gente. Unas reglas carentes de todo sustento científico y técnico que están siendo utilizadas como excusa para deteriorar los servicios públicos y permitir más espacio de negocio a los agentes privados. No hay otra cosa que ideología detrás del disfraz de ciencia. Lo malo es que esa ideología va contra los intereses de la mayoría social. Los retos que debería abordar un presupuesto que se nos plantea al tiempo que el gobierno presume de “haber salido de la crisis” deberían pasar por abordar la realidad de los casi 4 millones de personas desempleadas, en el millón personas que viven en hogares sin ningún tipo de ingreso, en los casi 8 millones de personas que no llegan a final de mes, en la gente que tiene contratos basura. Tendría que mostrar con claridad para qué sirve la herramienta presupuestaria para la gente que sigue siendo desahuciada de sus viviendas o para los casi 13 millones de personas que viven en riesgo de pobreza.

Pero eso no lo encontrarán en estos presupuestos. No hay medidas para crear empleo, ni para reducir la precariedad laboral, ni para reducir la pobreza o la desigualdad, ni para modernizar nuestro modelo productivo y lograr así la creación de empleos de calidad, a pesar de que son las necesidades más apremiantes e importantes que tenemos. En cambio, sí podrán ver medidas que llevan a que el tamaño del Estado social -medido en gasto público sobre el PIB- sea el más bajo de los últimos diez años. Estos presupuestos consolidan los recortes que en 2010 nos dijeron que serían pasajeros: el presupuesto para educación, cultura y deporte es un 21,6% inferior al año 2010, año en el que comenzaron los recortes; el de sanidad es un 31,2% inferior, el de fomento un 54,7%… Estos presupuestos no resuelven los principales problemas que sufre la mayoría social en nuestro país e ignoran derechos básicos recogidos en la Constitución, como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, la progresividad del sistema fiscal o directamente el artículo 128, que afirma que toda la riqueza del país tiene que estar subordinada al interés general.

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Por una nueva política fiscal

Autor: Nacho Álvarez Peralta

Contexto Económico (Agenda Pública)

La política fiscal constituye el tuétano de la política económica. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sintetizan, mejor que ninguna otra herramienta, las prioridades políticas de un Gobierno.

Estos Presupuestos, presentados con medio año de retraso y todavía sin los apoyos suficientes para su aprobación, evidencian la debilidad del Ejecutivo de Rajoy. Pero lo que es aún más preocupante, desvelan la ausencia de proyecto que certifica una legislatura perdida en esta materia, incapaz de aprovechar el crecimiento a favor de los cambios que nuestra economía necesita. Esto es así por dos motivos.

En primer lugar, estos Presupuestos siguen sin revertir los recortes en los servicios públicos y la inversión que el Gobierno aplicó en los años de plomo de la austeridad, con costes económicos y sociales muy elevados.

El techo de gasto no financiero contemplado en la propuesta del PP y Ciudadanos para 2018 está 60.000 millones de euros por debajo del que nuestra economía tenía en 2010. Y la inversión pública se encuentra ya en su nivel más bajo desde hace 50 años en proporción al PIB (1,9%), 30.000 millones de euros inferior al que tenía cuando empezó la crisis. Recuperar esta inversión pública y dirigirla a promover un nuevo tipo de crecimiento debiera concretarse en un plan a corto y medio plazo del que no hay señal alguna.

Así, mientras el Producto Interior Bruto se incrementa en este momento en unos 48.000 millones de euros al año, el Gobierno mantiene prácticamente congelado el techo de gasto del Estado, alejándonos de Europa. En la eurozona, la ratio gasto público/PIB se sitúa en el 47%, y en España la política fiscal gubernamental la ha reducido hasta alcanzar, con este proyecto presupuestario, el 40%. En definitiva, la propuesta que PP y Ciudadanos trasladan a la ciudadanía es la de tener un Estado de Bienestar ‘asistencialista’, una Administración incapaz de promover eficazmente la innovación y una inversión pública muy insuficiente para acometer los desafíos que tenemos.

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Presupuestos 2018: que los pocos árboles sanos no impidan ver el bosque quemado

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

El Gobierno ha presentado su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y lo ha hecho anunciando todo tipo de medidas y enseñando todo tipo de datos. Entre tanta información y tantas cifras mareantes es muy fácil despistarse y perder de vista la panorámica general. A eso juega claramente el Gobierno, que astutamente ha colado algunas medidas positivas de notable visibilidad para que se centre en ellas la atención y no se hable de lo negativo que es el documento en su conjunto. Esas medidas son los pocos árboles sanos que podemos encontrar en unos presupuestos que mantienen intacto el bosque que incendiaron con el fuego de la austeridad hace ya ocho años.

El dato clave es el gasto público total en comparación con la riqueza del país. No el incremento del gasto en euros con respecto al año anterior, ni el peso del gasto social, ni otras milongas que están utilizando el gobierno y sus voceros; lo importante es mirar qué parte de la tarta española se destinaría al gasto público. Porque de nada nos sirve que aumente algo el gasto público si la economía está creciendo más, porque eso significaría que nos están dando un pedazo de la tarta cada vez más pequeño. Y esto es precisamente lo que quieren que ocurra: se estima que la economía (la tarta) crezca al 2,7%, mientras que el gasto público (el pedazo de la tarta) sólo aumentaría un 1,2%. El resultado: menos recursos para el estado social en comparación con la riqueza del país. De cumplirse estos presupuestos, el gasto público se situaría en el 40,5% del PIB, un nivel no sólo más bajo que el año anterior, ¡sino el más bajo de los últimos diez años anteriores! España siempre ha gastado unos 5 puntos porcentuales del PIB menos que la media europea y unos 10 puntos menos que otros países vecinos, y en vez de mejorar ese ratio lo que propone el gobierno del Partido Popular –y lo que aprueba Ciudadanos– es reducirlo aún más.

Basta mirar las partidas presupuestarias más importantes y comparar su cuantía con las de años anteriores para constatar que estos presupuestos consolidan los recortes iniciados en 2010: si se aprueba la propuesta del gobierno este año 2018 tendríamos un 13% menos para políticas de educación que hace 8 años, un 8% menos para sanidad, un 27% menos para investigación, desarrollo e innovación, un 70% menos para políticas de acceso a la vivienda, un 35% menos para cultura, un 58% menos para inversiones en infraestructuras, etc. Y todo esto mientras en la economía española se mueve bastante más dinero que en el año 2010 ya que el PIB es superior al nivel de entonces. En aquella época nos dijeron que los recortes eran sacrificios temporales que había que hacer para salir de la crisis. Ahora nos dicen que hemos salido de la crisis pero los sacrificios siguen ahí.

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Que no nos den gato por liebre

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

Este 12 de abril en el Congreso de los Diputados se debatirá y someterá a votación un Real Decreto propuesto por el gobierno de Rajoy que amplía el margen de maniobra que tienen las corporaciones locales a la hora de utilizar su superávit. El ejecutivo quiere presentar este Real Decreto como una actuación de generosidad con respecto a los ayuntamientos pero la realidad es que no es otra cosa que la consecuencia de su derrota política: la enorme presión ejercida por los ayuntamientos -entre los que destaca el de Madrid- y también por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos- En Comú-En Marea, ha obligado al gobierno a dar un pequeño paso atrás en su perversa estrategia austericida consistente en asfixiar a las administraciones públicas todo lo posible. Ahora intentan disfrazar de generosidad lo que es en toda regla un revés político. Prueba de ello es que esta medida llega tarde y mal.

Llega tarde porque estamos ya a mitad de abril y las corporaciones locales han perdido más de tres preciados meses para poder iniciar los trámites necesarios para la aprobación de inversiones financieramente sostenibles. Es importante entender que esta figura económica requiere de unos procedimientos administrativos mucho más lentos y pesados que cualquier otro tipo de gasto o inversión pública, puesto que la administración pública que quiere hacer uso de ella debe primero estudiar la viabilidad económica de las inversiones desde unos criterios especiales y también debe lograr su aprobación en pleno. Unos trámites que no han podido llevarse a cabo durante todo este tiempo perdido y que comenzarán una vez se ha consumido casi la tercera parte del año. Demasiado tarde para lograr un uso óptimo de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Y la responsabilidad de provocar esta situación recae única y exclusivamente en el gobierno, pues no había ninguna necesidad de esperar tanto para habilitar el destino del superávit a través de las inversiones financieramente sostenibles. Podría haberlo hecho muchísimo antes, a través de cualquier decreto como va a ocurrir ahora, y concretamente desde el día en que sabía que los presupuestos se iban a prorrogar por la incapacidad política de este ejecutivo de lograr apoyos para aprobar unos nuevos. Pero decidió esperar, impidiendo así que los ayuntamientos tuvieran algo más de aire y de libertad para utilizar sus propios recursos. Esa estrategia política solo ha causado perjuicios a la ciudadanía. Ahora que la presión aumenta, han tenido que recular, pero se ha perdido un tiempo precioso en la implementación de políticas públicas.

Y llega mal porque es claramente insuficiente. El gobierno intenta vender que con esta medida se solucionan los problemas de las corporaciones locales. ¡Ni mucho menos! Con este Real Decreto lo único que se conseguirá es que las administraciones puedan realizar inversiones financieramente sostenibles, que es algo que han podido hacer todos los años desde 2014 a partir del mes de enero (con la excepción del año pasado, en el que también hubo retraso en la aprobación de presupuestos). Es decir, que volvemos simplemente a la situación que teníamos en años anteriores, que ya eran desastrosas para la autonomía de las corporaciones locales y para el bienestar de la gente. Es cierto que en este decreto el universo de inversiones se amplía, lo cual es una buena noticia, pero es que el verdadero problema es otro: es el de la Regla de Gasto, que a pesar de que es lo que impide que los ayuntamientos puedan utilizar sus recursos en beneficio de la ciudadanía, no se toca absolutamente en nada en este decreto.

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Por unas finanzas europeas para la mayoría

Autor: Daniel Albarracin y Xabier Benito Ziluaga

El Salto

Detrás de las grandes decisiones políticas está la necesidad de dotarlas de recursos suficientes para ponerlas en marcha. Estos meses el Consejo Europeo dirime dos decisiones cruciales para la Unión Europea: cuál será la nueva estructura de ingresos de su presupuesto y el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que delimita los presupuestos para los siete años posteriores a 2020. Todo ello definirá la estructura material de la UE. En resumidas cuentas, pierde gran parte del sentido hablar del presupuesto anual de la UE (su política de gasto) si previamente no se trata la cuestión de los recursos propios (los ingresos de la Unión) y el MFP que lo delimitará.

En esta última década, la UE se ha visto sacudida por grandes retos a los que no ha dado la respuesta correcta ni suficiente, como la crisis económica o la gestión de los flujos migratorios. Demasiados problemas para que su presupuesto siga suponiendo aproximadamente un 1% del PIB europeo.

El sistema de ingresos de la Unión ha quedado obsoleto. Como ya se apuntaba en su día, tanto en 1970 en el Informe Werner como en 1977 en el Informe McDougall, la Unión necesita aumentar mucho más sus recursos para poder compensar las divergencias en las balanzas externas que causa el mercado único. Para poder hacer frente a esto es preciso alcanzar el 4% del PIB europeo como transición hasta alcanzar el 8%. Todo ello sin dejar de establecer mecanismos compensadores —por ejemplo, los países en superávit han de elevar sus salarios, y los deficitarios recibir apoyo para potenciar su inversión pública—. Frente a esto, la propuesta de aumento que plantean las instituciones es escasa: se queda en apenas el 1,3%.

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En la punta de los dedos

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Esta semana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió a desbloquear el superávit de los ayuntamientos de todo el Estado para que estos puedan reinvertirlos en las llamadas inversiones financieramente sostenibles. Atiende así a una petición urgente de la Federación Española de Municipios y Provincias y también a la presión ejercida por Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados por medio de una proposición de ley admitida a trámite en contra de la voluntad de PP y Ciudadanos.

Es una buena noticia, que da aire a muchos municipios, y es la señal de que hay que redoblar la atención y también la presión. Debemos estar vigilantes porque el desbloqueo anunciado por Montoro aún no se ha hecho realidad. Debemos presionar para ir más allá, a lo esencial, que no es otra cosa que la imprescindible reforma de la regla de gasto. Eso es lo que verdaderamente permitirá hacer unos presupuestos municipales acordes a la realidad de ingresos y necesidades de las ciudades, lo que dará libertad de planificar todas las inversiones precisas y no solo unas concretas.

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Rescates para los de siempre

Autor: Alberto Garzon Espinosa

Pijus Economicus

En 2018 veremos cómo se lleva a cabo otra estafa legal: el rescate de las autopistas. Hace años el Gobierno encargó su construcción a constructoras que inflaron los costes hasta un 30%. Como casi nadie pasaba por allí, las constructoras quebraron. Pero no perdieron, pues el negocio era redondo: los beneficios estaban garantizados. El Gobierno había puesto al Estado, a todos nosotros, de avalista. En caso de pérdida, pagamos nosotros. El rescate puede costar hasta 4.500 millones de euros. Pero no será el último rescate. El Gobierno ha anunciado que tras sanearlas las volverá a privatizar para que las gestionen las mismas empresas que las quebraron. Y el Estado volverá a ser el avalista. Se rescató, se rescata y se rescatará a los de siempre mientras las pensiones, la sanidad, la educación, la cultura y nuestro futuro son recortados. Que te rescaten depende de la clase social a la que pertenezcas. ¿Tendrá algo que ver que algunas de esas empresas aparezcan en los papeles de Bárcenas como donantes del PP? ¿Será por eso que no apoyan nuestra idea de investigar con una auditoría?

EKO TV: La Regla de Gasto. ¿Mecanismo de control o camisa de fuerza?

Autor: EKO TV y Ivan H. Ayala

Público-TV

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Debate conducido por Ivan Ayala sobre la regla de gasto y la ley de Estabilidad Presupuestaria, con la participación de Eulalio Ávila (secretario e interventor-tesorero de Administración Local) y José Errejón (economista y administrador civil del Estado).

Para ver el programa pincha aquí.

EKO TV: El encaje económico de Catalunya

Autor: EKO TV y Ivan H. Ayala

Público-TV

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El pasado jueves 18 de enero, a las 20.30h desde el espacio audiovisual del Diario Público, arrancó una nueva temporada de EKOTv, programa realizado por EconoNuestra, TMEX y Diario Público.
Comenzamos esta nueva temporada con un programa sobre “El encaje económico de Catalunya”. Tras unos meses de convulsión en Catalunya, y también en el conjunto del Estado español, el problema político sobre el encaje territorial de Catalunya ni mucho menos está resuelto. En este nuevo programa analizamos cómo hemos llegado hasta aquí. También evaluamos el balance económico que, no solo el proceso, sino también la gestión de la crisis económica, ha dejado en Catalunya. Y de la mano de la mesa de debate también proyectamos qué fórmulas de encaje económico podría tener Catalunya en el conjunto de España.
En el programa participaron Javier Loscos, profesor de la Facultad de Derecho de la UCM, Nuria Alabao, periodista y antropóloga, y Miguel Carrión, analista de banca y mercados.

Para ver el programa pincha aquí.

Economía Política de Cataluña

Autor: Antonio Sanchez Andres

La Paradoja de Kaldor

Recientemente han tenido lugar las elecciones en Cataluña. Más allá del resultado concreto, y  del color del nuevo gobierno en esa Comunidad Autónoma, hay aspectos sobre la génesis del problema que se han eludido en el debate público y que resultan esenciales, pues condicionarán el futuro desarrollo de los acontecimientos. En este artículo se comentarán algunas cuestiones que entendemos que son clave para situar la Economía Política de Cataluña.

Hay un interrogante esencial: ¿por qué se ha acrecentado el espíritu independentista en Cataluña durante los últimos meses? Además de las dificultades de Madrid para comprender el elemento diferencial en la periferia española, un aspecto crucial –y poco debatido– pasa por identificar a quién se le ha cargado el coste de la crisis. Y la factura ha caído fundamentalmente del lado de la mayoría social y de las clases populares. Por supuesto, algunas elites también han visto mermar sus ingresos, pero, en general, se les han resuelto sus problemas o han visto mejorar sus posiciones. Esto ha quedado patente con el dinero destinado al sector bancario, la permisividad con el sector eléctrico, el aumento en el precio de las telecomunicaciones, las subidas en los pagos por gasolinas, etc. Por supuesto siempre en detrimento de la población, bien con intervenciones presupuestarias, bien con políticas regulatorias.

En la medida en que en Cataluña existe una conciencia diferencial, un caldo del cultivo, las élites políticas han podido utilizar dicha realidad para agitar el descontento social y orientarlo en clave nacionalista.   El resultado ha sido patente. Mientras que en 2010 algo más de un millón y medio de votantes apoyaron opciones que actualmente se identifican con el “independentismo”, en las últimas elecciones estas opciones han superado ligeramente la barrera de los dos millones. Este aumento del “independentismo” abarca el 38,5% del censo electoral (el 47,3% de los votos emitidos), situación que evidentemente vierte serias dudas sobre el futuro de una Cataluña independiente: no hay base social suficiente que apoye ese proyecto político. Esta es una de las grandes constataciones de las pasadas elecciones. Una canción distinta sonaría si quien apoya el independentismo hubiese sido el 80-90% de la población.

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Cataluña, balanzas fiscales y solidaridad

Autor: Ricardo Molero Simarro

ctxt.es

En el agrio debate sobre el proceso independentista catalán se ha dado por descontada su dimensión económica, extendiéndose una confusión interesada: la creencia de que la distribución de la renta en una economía depende de su dimensión territorial y, en concreto, de las aportaciones que unas y otras Comunidades Autónomas (CCAA) realizan a la Hacienda común.

Utilizando un argumento similar al de los defensores del Brexit, el independentismo catalán ha basado en buena medida su propuesta en la promesa de recuperación de la aportación neta que realiza a las balanzas fiscales autonómicas. En el otro extremo, el nacionalismo español ha acusado de profundamente insolidario al movimiento independentista por querer negarse a seguir realizando las contribuciones que, dada la mayor riqueza de la economía catalana, supuestamente le correspondería hacer.

Ni una, ni otra posición quieren comprender que, en realidad, el proceso de redistribución de renta se da, principalmente, entre hogares (sólo indirectamente entre CCAA); y que los desequilibrios territoriales de una economía como la española se deben, principalmente, a nuestro desestructurado modelo productivo (únicamente en el largo plazo al destino de la inversión pública en infraestructuras).

Sobre las balanzas fiscales se ha escrito mucho. En resumen, se trata de un cálculo de la diferencia, mediada por el sistema de financiación autonómica (SFA), entre lo que aportan las personas residentes en una CC.AA. vía impuestos y lo que reciben vía gasto público. Habitualmente esa diferencia se interpreta como la disparidad entre las aportaciones de unas y otras CC.AA., entendidas éstas como entes con capacidad propia de pagar impuestos y recibir gasto público, pero esa es una interpretación errónea. En realidad, las balanzas fiscales muestran la diferencia entre las aportaciones de los hogares de unas y otras CC.AA., no de las Comunidades en sí mismas. Es una sutil, pero importante distinción, en especial en lo que tiene que ver con cómo funciona la tan manida “solidaridad”.

Como explican la mayoría de expertos, lo lógico es que aquellas comunidades cuya renta per cápita es más alta sean las que más aporten a las balanzas en términos netos, en primer lugar, porque mayores son los ingresos de sus ciudadanos, así como los beneficios de las empresas allí domiciliadas; y, en segundo lugar, porque, a priori, menor es el número de personas que tienen necesidad de recibir prestaciones sociales, o al menos aquellas prestaciones que dependen del nivel de renta.

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Arbitrariedad versus Estado de derecho

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Madrid “no es la ciudad más incumplidora de las reglas fiscales. No es un ayuntamiento en mala situación y su evolución está siendo la correcta, no vemos por qué se tomó esa decisión del seguimiento semanal de sus cuentas”. Porque “Madrid ha elevado su contribución al superávit acumulado de las entidades locales, mientras otras la han reducido y además ha reducido su deuda en los últimos años”.

Los entrecomillados no son míos, sino de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF), que no puede considerarse precisamente una instancia de parte. Se trata de un organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno español, a iniciativa de la Unión Europea y como consecuencia del ‘Memorándum de entendimiento’ que el rescate bancario nos obligó a suscribir.

Durante la reciente presentación de su informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de 2018 de las entidades locales, los representantes de este organismo independiente apuntaron que la decisiones del Ministerio de Hacienda respecto a Madrid son inexplicables.

De hecho, en Madrid ocurre exactamente lo contrario que en los nueve ayuntamientos de todo el Estado que están en situación crítica. Acumulan deuda que llega a alcanzar el 500% con respecto a los ingresos y pagan a los proveedores a más de 600 días, frente a los siete días en los que paga Madrid. El caso más sintomático es el del Ayuntamiento de Jaén, en que fue alcalde el actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, y que bajo su mandato deterioró sensiblemente sus cuentas. Este año se prevé que su deuda superará los 462 millones de euros, más del 400% de los ingresos. Madrid estará por debajo del 60% en 2018 y cuando accedimos al gobierno el ratio era del 141%. Jaén no ha sido intervenido, Madrid sí.

Creo que estoy en condición de explicarle a la AIReF las razones de la actuación del Ministerio de Hacienda. No son otras que la arbitrariedad y la utilización del Gobierno central como ariete político contra una Administración que tiene un signo político diferente.

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Defender Madrid de Montoro y de los recortes

Autor: Pablo Carmona

La Marea

Con los últimos acontecimientos sobre el presupuesto de Madrid se demuestra que, en materia de austeridad, Madrid constituye el campo de pruebas más avanzado de nuestro país. El culebrón de tecnicismos y cifras sobre el presupuesto madrileño que ocupa la agenda pública no responde más que a una batalla política. De un lado, el gobierno del PP quiere secar las arcas municipales e intervenir sus cuentas. Del otro, el Ayuntamiento de Madrid defiende a capa y espada un presupuesto con un enorme superávit capaz de cubrir buena parte de las necesidades sociales y las inversiones que tanto demanda la ciudad.

Las reglas del juego vienen marcadas por el famoso artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como Ley Montoro. Esta ley –además de aplicarse–, ha sido interpretada y retorcida en la persecución contra Madrid desde los más amplios malabarismos políticos. De nada han valido las muestras de solvencia, e incluso las concesiones en forma de recortes no estructurales que se han hecho desde el Ayuntamiento en sus últimos documentos, todos los intentos han sido tumbados. Sencillamente, Montoro no busca un acuerdo con Madrid, sino su rendición.

Como se ha ratificado en los últimos días, son muchas las administraciones que incumplen la regla de gasto, pero los mismos criterios de estabilidad que valen para otras administraciones no son efectivos para Madrid. El propio Montoro, año tras año, tiene que pedir prórrogas a Bruselas producto de sus reiterados incumplimientos con los compromisos adquiridos en materia de déficit y deuda pública. Sin embargo, el color político del gobierno de Madrid y el de algunas comunidades autónomas o ayuntamientos, son dos muy distintos y ahí está la clave del problema. Madrid se ha convertido en objetivo político evidente.

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