Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Los impuestos nos hacen libres, señora Cifuentes

Autor: Bruno Estrada Lopez

El Siglo de Europa

Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos y son un medio para distribuir mejor la riqueza de la sociedad. Con esta afirmación estamos de acuerdo un 66,8% de los españoles, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Únicamente uno de cada tres españoles, un 29,4%, considera que los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué.

Es más, un 78,3% de los españoles consideramos que quienes tienen más riqueza deberían tener un mayor compromiso fiscal con la sociedad porque creemos que actualmente los ricos pagan pocos impuestos en nuestro país.

Sin embargo, hay 13.498 personas empadronadas en la Comunidad de Madrid que tienen un patrimonio superior al millón y medio de euros y que cada año se ahorran 658 millones de euros en impuestos gracias a la política fiscal de la señora Cifuentes, a la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio.

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Presupuestos 2018: techo de gasto sin suelo de ingresos

Autor: Antonio Sanabria Martin

eldiario.es

Evolución de Ingresos y Gastos públicos (% del PIB) 2006-2020

La aprobación del techo de gasto el pasado 11 de julio en el Congreso de los Diputados significaba un primer paso para lo que serán los Presupuestos Generales del Estado de 2018. En realidad, se daba luz verde a los objetivos de déficit y deuda, pues el  techo de gasto como tal no se vota; es sólo un cálculo a partir de los ingresos previstos para cumplir los objetivos de estabilidad. En este caso, destaca el aumento del límite sobre el gasto en un 1,3% con respecto al de 2017.

Estamos ante unos presupuestos que, aparentemente, compatibilizarán políticas fiscales expansivas con reducción de déficit presupuestario, en un contexto de mayor dinamismo de la economía española frente al promedio de la eurozona (crecimiento real del 2,4% en 2018 frente al 1,8% medio del área, según previsiones de la Comisión Europea). El Gobierno, más optimista, revisa al alza una décima su previsión para 2018, hasta el 2,5%.

Sin embargo, tal carácter expansivo del presupuesto es relativo. Se trata del primer aumento en el límite de gasto desde 2013, sí, pero apenas compensará la contracción del 4,1% anual del límite de gasto en 2017, ni el 10% de reducción acumulada desde 2014. Es un techo inferior en un 34% (62.605 millones de euros menos) al de 2010, cuando comenzaron los recortes.

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Rebaja de impuestos y dependencia

Autor: Lina Galvez

eldiario.es

En estos días, las supuestas bondades asociadas a la bajada de impuestos han vuelto a copar titulares de prensa debido a la rebaja de impuestos pactada entre Ciudadanos y PP. El tanto se lo ha apuntado Ciudadanos. Pero ¿a quién le ha metido el gol? A nadie, al PP, a la sociedad española en general o a amplios grupos de la misma.

Sin duda, es posible que el PP hubiera obtenido un mayor rédito electoral de haber llevado la iniciativa en la bajada de impuestos. Aunque también es cierto que al ceder ante Ciudadanos, se garantiza su continuidad en el Gobierno. Y seguir gobernando cuando no se tiene mayoría absoluta puede considerarse un triunfo en sí mismo. Así que cabe preguntarse por el efecto de esta rebaja fiscal en la sociedad española y en grupos concretos de personas. Especialmente importante me parece la apuesta política de bonificar a las familias con personas dependientes frente a fomentar el pleno desarrollo de la Ley de Dependencia.

Lo primero que habría que decir es que en España, la pedagogía fiscal brilla por su ausencia. Por el contrario, estamos bien servidos de la gran influencia que en la opinión pública tienen grupos de poder que se benefician de la sistemática bajada de impuestos, y del deterioro democrático que le ha ido parejo en estas últimas décadas. De ahí que bajar impuestos siempre se venda como algo bueno para el conjunto de la población y para el funcionamiento de la economía del país.

Las más de las veces, las decisiones sobre fiscalidad se hayan envueltas de demagogia y tecnicismos. Así, el debate siempre se simplifica en la disyuntiva entre la bondad o maldad de subir o bajar impuestos, cuando lo que hay que determinar es hasta qué punto las subidas, bajadas o modificaciones de cada impuesto en particular, incluidas las bonificaciones, afectan a la equidad de nuestro sistema económico, a la sociedad en su conjunto, y más específicamente, a grupos sociales concretos o al fomento de la igualdad.

La forma en la que se diseña cada impuesto implica una mayor o menor recaudación por un concepto determinado. Pero también lleva aparejada toda una serie de incentivos que pueden ser de distinto signo para personas que se encuentren en situaciones desiguales y que afectan a la creación de riqueza, de empleo o la decisión de participar o no en el mercado de trabajo -algo muy sensible para las mujeres y su especialización histórica en el cuidado-, y que siempre conllevan una redistribución determinada de la renta. Por tanto, tienen consecuencias en la justicia social, la igualdad y el bienestar de la ciudadanía. De ahí que cuando hablamos de impuestos estemos tratando de medidas con un amplio calado político y que en un sistema democrático deberían ser resueltas en un informado y transparente debate público, y no sólo como moneda de cambio para conseguir apoyos parlamentarios.

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Techo de gasto y futuros recortes

Autor: Ivan H. Ayala y Giuseppe Quaresima

eldiario.es

El techo de gasto (TG) se presenta por el Gobierno como un límite de gasto natural o correspondiente con algún “equilibrio presupuestario”. Su definición no es difícil encontrarla y la Autoridad fiscal Independiente (AIReF), organismo creado a raíz de la firma del Memorandum de Entendimiento que firmó España como consecuencia del rescate financiero, lo define como “ un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula  el  gasto  presupuestario  que  permite  el  cumplimiento  del objetivo de estabilidad“.

La fórmula simplificada sería algo como: TG = (Ingresos públicos + Déficit) – (Transferencias Admones. Territoriales + Ajustes).

El cálculo anterior muestra que el TG implica dos decisiones políticas, por un lado la política fiscal del Gobierno –representada en los ingresos públicos–, y por otra, la decisión sobre el objetivo déficit al que la economía se tiene ajustar. Tomemos el ejemplo de 2017, cuyo techo de gasto respecto a 2016 se redujo en 5.000 millones. La razón que adujo el Gobierno para este recorte fue una menor ejecución presupuestaria por valor de 5.000 millones respecto a lo presupuestado, reduciendo el techo de gasto de los 123.000 en 2016  a los 118.000 millones de euros en 2017.

Sin embargo, en la fórmula anterior no existe ningún elemento que se refiera a la ejecución presupuestaria, por lo que la justificación del Gobierno no era real. Efectivamente, la bajada del techo de gasto no tiene nada que ver con la no ejecución que existió, sino con la reforma fiscal del Gobierno que determinó unos menores ingresos públicos junto al objetivo de déficit que éste impuso. Quizás entonces el nudo de la cuestión no está tanto en cómo evoluciona el gasto sino como la política de recaudación influye en la determinación de los objetivos en un determinado marco de política fiscal.

La evolución de la recaudación tributaria en la era del PP ha sido realmente preocupante para una sociedad que pretenda acercarse a los estándares europeos. La base imponible agregada (la suma de las bases imponibles de IRPF, Sociedades, IVA e impuestos especiales) en 2008 era 124.000 millones de euros superior a la del 2015 (últimos datos disponibles). Podríamos pensar que debido a la crisis económica, los ingresos tributarios se redujeron –y así fue– pero es que 2015 fue precisamente el año en el que el Gobierno decidió aplicar “la mayor reforma fiscal de la era democrática de España”, agravando el problema de ingresos y reforzando futuros recortes del gasto.

Recordemos, además, que el Gobierno ha pactado con Ciudadanos otra reforma fiscal en el IRPF por valor de 2.000 millones. No obstante, si nos vamos a la fórmula, una vez determinados el TG, la rebaja fiscal prometida por Montoro a Ciudadanos solo puede implicar recortes en los próximos presupuestos por valor de esos 2.000 millones de euros. Tal vez por eso en 2018 el TG propuesto por el Gobierno y C’s solo incrementa un 1,3%, hasta llegar a 119.834, una cifra muy inferior al crecimiento, inferior en 62.000 millones respecto a 2010 y claramente inferior a las necesidades de gasto de la economía.

El caso del impuesto de sociedades es uno de los más graves: la reforma fiscal del PP hizo que España perdiera más del 100%  de la recaudación en junio, lo que hizo que el Gobierno 6 meses después de aplicar la reforma la re-reformara para parchear el impuesto evitando la famosa multa de Bruselas. Mientras la base imponible ha recuperado los niveles precrisis en el Impuesto de Sociedades, la recaudación no lo ha hecho, y esto se produce exclusivamente por la acción tributaria del Gobierno.

Dicho de otra forma, la primera de las decisiones políticas que determina el TG, la política tributaria, al reducir los ingresos públicos, provoca recortes en el TG que solo pueden ser compensados con caídas en el gasto público.

Gráfico Secretaría de Economía de Podemos.

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Coherencia o centralismo en el sistema de financiación autonómica

Autor: Giuseppe Quaresima y Ivan H. Ayala

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Una de las razones que puso encima de la mesa el PP para justificar la segunda investidura de Mariano Rajoy fue la necesidad de abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Esta fue también, entre otras, una de las razones que empujaron a los barones socialistas (en particular los de Andalucía, Extremadura y Castilla – La mancha) a forzar la abstención a Rajoy y a asumir —al menos en parte— el peso y la responsabilidad de esta decisión. Por esta razón, el Gobierno encomendó la revisión y modificación del actual modelo de financiación a una comisión mixta (con un experto nombrado por cada Comunidad Autónoma y otros por el Gobierno central). Esta comisión de expertos debe elaborar un documento para debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, finalmente, remitirse a las Cortes para su discusión y aprobación.

Sin embargo, con la ausencia de Cataluña de la Comisión y de la negociación sobre el SFA el proceso se ha reducido básicamente a un pacto a dos, entre PP y PSOE. A esto hay que añadir la voluntad del gobierno de controlar totalmente el proceso, hasta el punto de que, en caso de no encajar con la idea que el Gobierno tiene, el documento de la comisión de expertos puede ser completamente modificado —e incluso ignorado— por parte del Consejo de Política Fiscal. Todo hace pensar que, efectivamente, este gobierno quiere bloquear cualquier modificación del actual sistema, sobre todo si dicha modificación conlleva un aumento de la autonomía y capacidad de gestión de las comunidades autónomas.

Desde que gobierna el Partido Popular las comunidades autónomas han experimentado un progresivo deterioro de sus recursos y la aplicación de una serie de normas que han puesto (y siguen poniendo) en peligro el Estado de bienestar. Un ejemplo concreto es el reparto, en estos años de absurda e intolerable política de austeridad, del objetivo de déficit entre los diferentes niveles de administración. En realidad han sido las comunidades y los ayuntamientos los que más han soportado el peso de las políticas fiscales restrictivas. No es difícil imaginar el porqué: el PP quiere mermar la capacidad de financiación de los Servicios Públicos Fundamentales  que conforman el Estado de bienestar —soportado en gran medida por las comunidades— para así poder justificar privatizaciones de estos servicios. La política de privatizaciones es un punto de referencia ideológico del PP —recordemos que fue Aznar en 1996 quién impulsó por primera vez un plan global de privatizaciones—. Pero además ha sido una fuente de corrupción y redes clientelares, como están mostrando los casos aparecidos en los últimos meses. No hay que ignorar que en muchas ocasiones las comunidades (antes del 2015 casi todas en manos del PP) han apoyado la política fiscal del gobierno, aplicando recortes, y muchas han puesto en marcha programas de privatizaciones y externalizaciones de servicios, siendo los ejemplos más llamativos la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

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España no es un ejemplo exitoso de austeridad, sino todo lo contrario

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 47 de La Marea

El discurso del gobierno estatal así como de la Comisión Europea y de los economistas liberales sostiene que la economía española ejemplifica el éxito de las políticas de austeridad. Según esta visión, gracias a varios años de recortes de gasto público e incremento de los ingresos públicos –que han permitido reducir algo el déficit– el PIB de la economía vuelve a aumentar. Sin embargo, por mucho que repitan esta afirmación no sólo es absolutamente falsa sino que es contraria a la evidencia empírica. Los datos no dejan lugar a dudas: el crecimiento del PIB español ha ido acompañado de políticas de incremento del gasto y de reducción de los ingresos, aunque hayan sido tímidas. Los gobiernos de las distintas administraciones públicas suavizaron las políticas de austeridad desde 2014 –fundamentalmente debido a los ciclos electorales en los que estuvo inmersa toda la geografía española– y ese movimiento ha sido paralelo al crecimiento del PIB español, aunque no sea el único motivo que ayude a explicar esta evolución. En consecuencia, no son las políticas de austeridad las que explican el crecimiento de la economía, sino que en todo caso su reversión es precisamente lo que ha ayudado a la economía a remontar.

Para entender adecuadamente lo que estoy afirmando es importante saber qué es exactamente el déficit público y cómo funciona, algo que no entienden los economistas convencionales. Un déficit fiscal se produce cuando los gastos del sector público son superiores a sus ingresos. Pero ojo: no todos los gastos ni todos los ingresos públicos son resultado de las políticas de un gobierno. Hay gastos que se producen independientemente de lo que haga el gobierno de turno, porque dependen del ciclo económico y de otros factores involuntarios, como por ejemplo los gastos de desempleo y otras ayudas sociales (que aumentan automáticamente en épocas de recesión y disminuyen en épocas de crecimiento), las pensiones (que aumentan automáticamente con las prejubilaciones y la evolución demográfica) o los intereses de deuda (que aumentan automáticamente con el incremento de la deuda y de la prima de riesgo, y viceversa). De forma inversa, hay ingresos que se producen independientemente de lo que haga el gobierno de turno, como por ejemplo las cotizaciones sociales, el IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades, pues la recaudación disminuye en épocas de recesión (hay menos empleo, menos compraventas y menos beneficios) y aumentan en épocas de crecimiento.

De ahí que tengamos gastos cíclicos (involuntarios) y gastos discrecionales (voluntarios), e ingresos cíclicos (involuntarios) e ingresos discrecionales (voluntarios). Si nos fijamos únicamente en el volumen total de déficit público (como hacen los economistas convencionales) no podremos saber si el gobierno en cuestión está aplicando políticas de austeridad o aumentando mucho el gasto y reduciendo impuestos, porque hay una parte del déficit que se produce involuntariamente. Para poder evaluar las políticas de un gobierno es necesario dividir el déficit público en dos componentes: el déficit cíclico (involuntario) y el déficit discrecional (voluntario). En el gráfico se puede observar la evolución del déficit público español desde el año 2010 hasta el 2016 atendiendo a esa composición, así como el crecimiento de la economía.

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Y al final no recortamos

Autor: Carlos Sanchez Mato

ctxt.es

El año pasado fue el primer ejercicio en el que Madrid contó con un presupuesto elaborado por Ahora Madrid. Supuso un drástico giro en la forma de utilizar el dinero público en comparación con los años de gobierno del Partido Popular. Durante todo el año se hizo un gran esfuerzo en inversión social y en inversión en infraestructuras, incrementando la primera un 31% y la segunda más de un 150% con respecto al año anterior, y todo ello al mismo tiempo que fue generando suficientes ahorros como para ir reduciendo a un ritmo razonable la enorme y pesada deuda heredada.

Pero a pesar de haber conseguido darle la vuelta a unas cuentas del Ayuntamiento de Madrid que recibimos con un enorme lastre, al Ministerio de Hacienda y al señor Montoro no les parece suficiente. Es más, consideran que los esfuerzos en inversión del consistorio han ido demasiado lejos. Según su interpretación de la legislación, el Ayuntamiento de Madrid no debería haber utilizado tanto dinero en mejorar la ciudad y cubrir necesidades sociales, sino que debería haber utilizado todo el dinero que logró ahorrar para pagar a la banca ¡aunque no tocara hacerlo! Un aberrante sinsentido –fruto del artículo 135 de la Constitución Española– que el gobierno local no está dispuesto a aceptar.

En vano fueron las reuniones que celebramos con Montoro y otros responsables del Ministerio de Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo conjunto que no pusiera en riesgo las políticas públicas del Ayuntamiento: desgraciadamente el ministerio terminó por exigir al Ayuntamiento de Madrid un recorte de 238 millones de euros como castigo. Es la primera vez que el Gobierno estatal ha recurrido a una medida coercitiva de tal envergadura frente a una corporación local, lo que contrasta fuertemente con que el Ayuntamiento de Madrid sea precisamente una administración perfectamente saneada que tiene un superávit de más de 1.000 millones de euros y que reduce deuda, mientras que la administración central tiene un elevado déficit público y una deuda pública creciente. Es el mundo al revés: la administración incumplidora sanciona a la administración que gestiona con eficacia.

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Contra la tiranía de la regla del gasto

Autor: Isidro López y Raul Camargo

eldiario.es

Desde que en 2011 la troika sometiera la población griega a la disciplina de la austeridad del primer rescate, las economías europeas han ido elevando las políticas de austeridad a rango de ley. Recordemos que estas políticas  son un viejo proyecto de las élites globales que viajaron desde África y América Latina en los años ochenta y noventa hasta el corazón de la Europa capitalista: primero a través del Tratado de Maastricht de 1992 y luego, de forma mucho más palpable para las mayorías sociales europeas, tras la crisis financiera de 2007. A lo largo de la larguísima crisis europea, los poderes financieros globales utilizaron la extorsión a través de altísimos tipos de interés para poner de rodillas a estados, gobiernos y administraciones públicas; dejando una estela de pagos pendientes a futuro que apuntaban a la sumisión permanente del poder político al poder financiero. Los rescates no fueron sino la fase más agónica de esta lógica de sumisión de las economías y las sociedades europeas al poder de las finanzas mediante la prioridad absoluta del pago de la deuda.

Las políticas de austeridad no son sino la aserción en términos políticos y legales del poder de las finanzas sobre el de las poblaciones sobre las que, en principio, descansa el poder democrático. Son un golpe de estado permanente del capital sobre la democracia. La deuda, propiedad de los grandes grupos financieros, es el instrumento utilizado para este dominio. El blindaje legal del pago prioritario de la deuda obliga a los estados y a las administraciones públicas en general a poner en segundo plano el gasto productivo o social que beneficia a las mayorías sociales. El blindaje del pago de la deuda obliga a las administraciones públicas a, primero, recortar en cualquier tipo de gasto que no sea el servicio de la deuda y sus desorbitados intereses y, luego, a privatizar o externalizar los mismos servicios públicos que el pago de la deuda ha convertido en inviables.

En el caso español, a pesar de que el Partido Popular no se cansa de cacarear que en España no ha habido  rescate, nuestro blindaje del pago de la deuda fue la modificación del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011, votado por un parlamento mayoritariamente compuesto por PP y PSOE y que a duras penas se podía calificar de mínimamente representativo del “país real” en ese momento posterior al 15M. Este artículo, un auténtico atentado contra la democracia, quedó redactado al dictado de Alemania, de tal manera que no sólo elevaba el pago de la deuda a rango constitucional, sino que establecía una suerte de intervención permanente de comunidades autónomas y ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda, para que este precepto de pago de la deuda, con sus recortes y privatizaciones asociados, fuera inamovible. Todo esto en un país que acababa de decir: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”.

La regla de gasto tal y como la interpretó el ministro Montoro es posiblemente una de las regulaciones económicas más brutales y contraproducentes de cuantas se inscriben en el de por sí irracional e injusto universo económico de la austeridad. Se trata de una norma anticíclica. Es decir, que funciona en sentido contrario a la tendencia económica general, pero que sólo produce efectos depresores del crecimiento a escala local cuando este es positivo. Cuanto más crecen los ingresos de una administración local y cuanto más alto es el superávit en las cuentas, más dinero de reserva para pago de la deuda retiene el Ministerio de Hacienda. Todo ello se calcula en relación a un modelo económico, ideológico como son todos los modelos econométricos, que calcula algo llamado el “PIB potencial”. Modelo este impuesto unilateralmente por la Comisión Europea. Aunque, y esto es importante, a diferencia de la lectura que Montoro hace de la regla de gasto, en el resto de países europeos no hay un procedimiento sancionador para los ayuntamientos y regiones que incumplan la regla de gasto, esta no deja de ser un indicador y una recomendación.

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Presupuestos de 2017: Oportunidad perdida

Autor: Alberto Garzon Espinosa y Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

Mentiríamos si dijéramos que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Consejo de Ministros nos ha decepcionado. Lo sorprendente hubiera sido que las cuentas públicas presentadas respondieran a las necesidades de la mayoría social. Porque esa es la mayor crítica que le podemos hacer al Partido Popular y a sus aliados: que han vuelto a realizar un ejercicio de trilerismo político y presupuestario para que todo siga igual.

La liquidación de 2016 ha permitido al Gobierno sacar pecho de cerrar con un déficit del 4,33% del Producto Interior Bruto, holgadamente por debajo del 4,6% fijado por la UE como tope máximo. Poco debería presumir ya que este cumplimiento se debe más a que Bruselas ha reducido el límite (originalmente estaba en un 2,8%) que a la reducción misma del déficit, que ha sido muy moderada. De hecho, sin la contribución de las corporaciones locales que han registrado el superávit más alto de la historia (0,64% del PIB), el fracaso en su única meta hubiera sido total. Para completar el análisis, hay que resaltar que no se incluye en el cálculo las ayudas al sector financiero.

Persiguiendo este objetivo de una manera cuasi enfermiza, se han extremado los recortes en 2016 a través de acuerdos de no disponibilidad de crédito que han alcanzado los 10.400 millones de euros y que han afectado a partidas tan importantes como protección social, investigación y desarrollo e inversiones. Y lo que ha hecho el Gobierno ha sido anunciar, con todo tipo de trompetería mediática, que consolida esos recortes realizados en 2016, ya que el Ministerio de Hacienda ha partido del límite de gasto ejecutado en el pasado año después del tijeretazo. Y esa obsesión con el cumplimiento del objetivo de déficit público arrasa con la inversión social y compromete la ansiada recuperación económica, sumiendo en la desesperación a una sociedad con inaceptables tasas de desempleo, desigualdad y exclusión social.

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Aclarando dudas y confusiones sobre el Impuesto de Sucesiones

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

Recientemente ha cobrado especial trascendencia en el debate público las virtudes y vilezas del Impuesto de Sucesiones. Esto sería una excelente noticia si formara parte de una discusión rigurosa participada por personas adecuadamente informadas y formadas, sin ningún tipo de interés económico o político velado y cuyo objetivo fuese extraer conclusiones para mejorar el impuesto y lograr así mayores cotas de justicia fiscal y social. Sin embargo, el auge de esta polémica se debe fundamentalmente a la campaña que ha impulsado el PP andaluz con el propósito de deteriorar la imagen de la Junta de Andalucía del PSOE. Y ese es el motivo por el que el debate está plagado de demagogia y de mensajes absolutamente sesgados e inexactos cuando no directamente falsos. Con la idea de arrojar luz sobre la naturaleza y aplicación de este controvertido impuesto escribo este artículo.

Hemos de empezar recordando que este impuesto fue ideado por los liberales clásicos del siglo XVIII para combatir la enorme injusticia que suponía que la nobleza perpetuase su poder y patrimonio a través de la herencia y no a través del esfuerzo y del trabajo. Con la creación del impuesto se perseguía reducir las asimetrías de riqueza que se daban por el mero hecho de nacer, para fomentar así la igualdad de oportunidades: el nivel económico de cada persona debía aproximarse lo más posible a sus méritos propios y distanciarse lo máximo posible del mérito de personas ajenas, por mucho que compartiesen la misma sangre.

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¿Hay que eliminar el impuesto sobre sucesiones y donaciones en Andalucía?

Autor: Victor Luque de Haro y Miguel Angel Luque Mateo

eldiario.es

En los últimos tiempos estamos asistiendo a una intensa campaña a favor de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) en Andalucía. Incluso, se ha abierto una petición en change.org con el lema “Hereda 100×100″, con el argumento de que se trata de un tributo especialmente injusto con los andaluces.

El ISD es un impuesto directo, personal y progresivo, cedido a las comunidades autónomas, que grava la adquisición por las personas físicas de bienes y derechos por título sucesorio o por donación, además de la percepción de cantidades sobre seguros de vida, generalmente, cuando quien contrata es una persona distinta del beneficiario.

Conviene advertir que, en las adquisiciones mortis causa y en los supuestos de percepción de seguros de vida, la imposición corresponde a la Comunidad donde el causante o asegurado tenga su residencia habitual en la fecha del fallecimiento.

Entre las razones que se argumentan para eliminar esta figura se encuentra la injusticia que supone la “doble imposición” sobre los bienes y derechos heredados, en la medida en que los padres ya soportaron en vida diferentes cargas impositivas para acumular el patrimonio dejado a los hijos. Sin embargo, este argumento sería susceptible de ser utilizado para fundamentar la eliminación de la mayoría de los tributos. Por ejemplo, se podría hablar de esa misma “doble imposición” fáctica cuando se paga un impuesto indirecto, real y objetivo como el IVA, ya que la renta que permite el consumo ya habría sido gravada en el momento de su adquisición.

Es importante destacar la influencia que tiene la figura de la herencia en la desigualdad, al transmitirse las fortunas de una generación a otra. Por tanto, el modo en que estén regulados los títulos sucesorios y la tributación que recae sobre los mismos será determinante en la transmisión y evolución de la desigualdad, tanto en la riqueza como en la renta.

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La enésima tropelía del artículo 135 de la Constitución Española

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

La reforma del artículo 135 de la Constitución aprobada por el PP y PSOE concedió prioridad absoluta al pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público. Esto conduce a situaciones tan absurdas y contraproducentes como la siguiente.

El Ayuntamiento de Madrid tiene un superávit superior a los mil millones de euros, pero la legislación derivada del artículo 135 de la Constitución le impide que pueda utilizar todo ese dinero en mejorar los servicios y prestaciones a los ciudadanos y ciudadanas, ya que obliga a pagar deuda antes de tiempo. Pero es que ese pago adelantado no tiene por qué conllevar un ahorro por pagar menos intereses en el futuro, sino que en ocasiones provoca costes extra, ya que muchos bancos penalizan a quienes devuelven sus préstamos antes de tiempo. Estas penalizaciones le han costado en 2016 a la ciudadanía madrileña nada más y nada menos que 1.819.494 euros (1).

Casi 2 millones de euros de dinero público regalados a la banca (concretamente a Crédit Agricole y Bankinter) por culpa de una legislación antisocial y pensada fundamentalmente para beneficiar a las entidades financieras. No sólo se está impidiendo a ayuntamientos saneados que utilicen sus recursos para mejorar el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas sino que además se le está haciendo un negocio extra a la banca.

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La trama de Luxemburgo: un agujero fiscal tolerado en el corazón de la Unión Europea

Autor: Miguel Urban y Daniel Albarracin

Otra Mirada Social y Económica Es Posible

La Unión Europea se jacta de representar uno de los espacios supranacionales con una regulación más avanzada en el marco de la evasión fiscal y del lavado de dinero. Una Unión Europea que tiene como presidente de su Comisión al mismísimo Jean Claude Juncker, que estuvo 18 años en el gobierno luxemburgués. Sin ser suficiente poner al lobo al mando del gallinero, el diseño de la Unión Europea, favorable a la competición y devaluación fiscal permanente, permisivo con la regulación fiscal laxa de numerosos países, acepta en su seno agujeros gigantescos por los que el capital y el patrimonio de grandes empresas y familias acaudaladas se mueve, generando uno de los mayores privilegios económicos que se conocen desde la exención de la que disfrutaba la nobleza en la Edad Media, y de la que ahora sólo disfrutan las oligarquías a costa de servicios públicos y el esfuerzo fiscal del contribuyente medio.

Debemos recordar que, la ingeniería tributaria o lo que viene a ser lo mismo el desplazamiento de beneficios de multinacionales a paraísos fiscales, explica dos terceras partes de la evasión fiscal internacional. El otro tercio obedece a la carrera por la competencia fiscal. Mientras tanto, los principales actores políticos miran hacia otro lado, o negando su responsabilidad, admitiendo su impotencia o incompetencia para actuar, o bien acusando a países terceros o confundiéndonos con anécdotas y malas excusas sobre lo inevitable del fenómeno…
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El camaleónico secreto bancario suizo y la evasión fiscal

Autor: Miguel Urban y Daniel Albarracin

Otra Mirada Social y Económica Es Posible

Suiza, Guarida Fiscal preferida por grandes patrimonios y corporaciones privadas.

Puede afirmarse que Suiza es, probablemente, el mayor paraíso fiscal mundial, cuanto menos en cuanto al peso del patrimonio gestionado por sus centros offshores, sólo siguiéndolo de cerca Reino Unido, las Islas del Canal más Dublín.

Suiza dispone, en 2017, de unos 266 bancos, con dos grandes entidades: Union de Banques Suisses (UBS) y Crédit Suisse (CS). La banca suiza se concentra en los servicios de banca privada y gestión de patrimonio, apenas se dedica al negocio bancario minorista. Gestiona el 25% de la cuota mundial del negocio de la gestión de fortunas privadas, más o menos el equivalente a 6,1 billones de euros en este segmento. El 35% de los fondos mundiales privados invertidos en entidades offshore está en Suiza, unos 2,2 billones de euros.

Algunos cantones, como el Zoug, ofrecen tipos impositivos sobre los beneficios del 16%, y a los grupos que apenas cuentan con un simple buzón hasta del 9%. Otros cantones como el de Obwald y Appezell Rodes-Extérieures gravan apenas con un máximo del 13%, y otros cantones también ofrecen un generoso 15%. No es de extrañar que decenas de miles de empresas multinacionales escojan situar su base principal en Suiza.

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¡Más gasto público, más progresividad fiscal!

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Con el paso del tiempo, es mayor si cabe la necesidad de propiciar un viraje. Porque la degradación social, política y económica ha superado el rubicón y puede convertirse, si no lo es ya, en irreversible; por la enorme cantidad de recursos que se están dilapidando, lo que hipoteca y condiciona muy negativamente la viabilidad de otras políticas económicas con un diseño alternativo; por el profundo desánimo y escepticismo en que está inmersa la población; por el enorme poder que han acumulado las grandes empresas y los mercados donde articulan sus intereses; por el descrédito de la política y de los políticos; por la incapacidad de las izquierdas de sostener un discurso alternativo y de movilizar las fuerzas necesarias para llevarlo adelante; por la deriva autoritaria y antidemocrática que está emergiendo de la crisis y de la gestión de la misma que realizan los poderes fácticos; y porque las oligarquías económicas y políticas sí han aprovechado su oportunidad y se han hecho más fuertes. Por todo ello urge aplicar un plan de emergencia.

Lo más urgente –en el corto plazo, pero con consecuencias de muy largo recorrido- es detener las denominadas políticas de austeridad. Por varias razones: han fracasado en la consecución de aquellos objetivos que, en principio, las justificaban; no sólo son incapaces de reactivar la economías sino que, además, están destruyendo capital productivo y provocando una fractura social de grandes dimensiones; han instalado a las economías en bucles de los que cada vez es más difícil y costoso salir; han agravado la problemática estructural que constituye en mar de fondo de la crisis; están dando lugar a una distribución injusta y extremadamente desigual de los costes de la crisis; y al dislocar la sociedad y los espacios públicos desactivan la resistencia social y debilita las fuerzas que podrían impulsar un cambio. Por todo ello, es imprescindible un viraje sustancial en la política económica aplicada por gobiernos y responsables comunitarios.

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Ajustar las cuentas públicas. Mentiras y falacias

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

El gobierno del Partido Popular ha renunciado a la aplicación de una política fiscal más progresiva. Todo lo contrario, la regresividad que caracteriza nuestro sistema tributario es ahora más pronunciada que antes del estallido de la crisis.

Uno de los argumentos más recurrentes para justificar esa apuesta política por la regresividad fiscal –sí, decisión política para la que se busca una justificación económica- ha sido la supuesta fuga de capitales que se produciría en el caso de que aumentara la carga tributaria sobre los ricos y las grandes corporaciones.

Se olvida, deliberadamente, que, si comparamos nuestra economía con las de nuestros socios comunitarios, los impuestos pagados por los grupos económica y socialmente privilegiados son sensiblemente inferiores aquí; por las numerosas exenciones y deducciones de las que se benefician, por la ingeniería fiscal que manejan y por las muy sustanciales bolsas de fraude que existen. Conviene llamar la atención en que nuestra condición de “paraíso fiscal” atrae inversiones que buscan –y obtienen- beneficios asociados, sobre todo, a los privilegios que disfrutan los capitales foráneos y los grupos económicos.

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El gasto público debe elevarse todo lo que necesite la economía

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

Toda compraventa envuelve necesariamente a dos partes: la vendedora y la compradora. La compradora gasta y la vendedora ingresa. El gasto del comprador es siempre necesariamente igual al ingreso del vendedor; no puede ser de otra forma. Si yo le compro al frutero una manzana por valor de 1 euro, yo estaré gastando 1 euro y el frutero estará ingresando 1 euro. Lo que una parte gasta lo ingresa la otra, porque el dinero no desaparece en la transacción.

De ahí que haya dos formas fundamentales para calcular el Producto Interior Bruto (PIB) –indicador que mide la renta de un país–: la que se centra en los gastos y la que se centra en los ingresos. Si uno suma todos los gastos que se producen en un país durante un tiempo, obtendrá exactamente la misma cantidad que si sumase todos los ingresos que se producen en el mismo país durante el mismo periodo de tiempo. Por eso el PIB es igual a la suma de todos los gastos, que es a su vez igual a la suma de todos los ingresos.

PIB = Gastos = Ingresos

Cuanto más se gaste (y por lo tanto se ingrese), mayor será el PIB. Esto es un aspecto básico de la macroeconomía que desgraciadamente la inmensa mayoría de las personas parece desconocer (¡especialmente las que proponen reducir el gasto público!).

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Techo de gasto y gran coalición

Autor: Alberto Montero Soler

El Confidencial

El jueves de la semana pasada, sin el presidente Rajoy en el Congreso, se produjo de forma material la inauguración de ese gran pacto entre PPPSOE que él había reclamado en los sucesivos debates de investidura mantenidos tanto durante la XI como la XII legislatura: la gran coalición entre ambos partidos.

Había llegado el momento de las grandes decisiones, las que marcarán la agenda política y económica del país para, al menos, el próximo año y, como era de esperar, el PP prefirió el apoyo de su rehén, el PSOE, en lugar del de su socio, Ciudadanos.

El momento no estuvo ausente de su dosis de surrealismo, trufado por una cuota de cinismo y fue una buena prueba de que desde la tribuna del Congreso se puede tomar a los ciudadanos por tontos y hasta obviar la aritmética más básica. Todo ello en un intento desesperado por camuflar la inauguración de ese gran pacto y tratar de hacerlo pasar por una suerte de espejismo de oposición útil pero no sumisa. Seguir leyendo…

Cinco mil quinientos millones

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

Aún no tenemos Gobierno, pero ya sabemos el recorte presupuestario que le exige Europa. Y que seguramente el PP y sus aliados acatarán por responsabilidad. Hasta ahora el Gobierno se había pasado por el forro las exigencias de Bruselas, pero había contado para ello con la complicidad comunitaria seguramente temerosa que un recorte a destiempo pudiera provocar un descalabro electoral de las fuerzas del orden. Siempre es más fácil aplicar un hachazo al principio de la legislatura, cuando los que Gobiernan se encuentran más fuertes y confían que la mejora posterior de la situación hará que sus electores olviden el mal trago a la hora de votar. Es verdad que este Gobierno nace mucho más debilitado que el anterior. Pero no parece que sus oponentes vayan a estar por la labor de enfrentarse con la política de la UE. Ya sabemos de qué responsabilidad cojean. La responsabilidad que les llevó a los recortes de 2010 y al golpe de estado palaciego contra la constitución, y que ahora les ha llevado a dar el apoyo al PP, es la misma que les conducirá a tragar la nueva sarta de recortes. Precisamente la crítica al PP que desde sectores cercanos al PSOE se hacían por el incumplimiento del déficit indica que van a estar preparados para cumplir los compromisos.

Un recorte de 5.500 millones de euros en el presupuesto público va a tener sin duda un efecto depresivo sobre la economía y el empleo. De la forma como se haga dependerá su profundidad. Lo nuevo en el momento presente es que hay al menos un nuevo discurso, por parte de economistas oficiales, que aboga por que el recorte se haga subiendo impuestos en lugar de recortar gastos. Significa un viraje político y un reconocimiento implícito del fracaso de los ajustes impuestos en Europa en 2010.

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El fantasma de Buenamuerte ronda las pensiones

Autor: Hector Illueca Ballester

El viejo contrato social, que representaba un compromiso entre generaciones, se está deshaciendo ante nuestros ojos. El Gobierno se dispone a acometer la enésima reforma de las pensiones, recortando aún más las ya exiguas prestaciones y convirtiendo a los ancianos en trabajadores pobres.

Artículo publicado en DiagonalPeriodico Seguir leyendo…

La enmienda del PP a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera @edugaresp

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fue aprobada en 2012, nada más llegar Rajoy al gobierno. Es la punta de lanza del artículo 135 reformado de la Constitución y como tal consagra los principios del neoliberalismo y de la austeridad. Esta ley persigue la reducción de la inversión pública con la excusa del acatamiento de determinadas reglas fiscales que no tienen ningún sustento científico, priorizando el pago de una colosal deuda pública (en buena medida ilegítima) a los bancos frente a cualquier gasto social o inversión. No sólo obliga a las administraciones públicas que presentan déficit público a recortar en todo tipo de gasto público, sino que también impide a las administraciones que tienen superávit que puedan gastar todo el dinero sobrante en políticas públicas diferentes del pago de la deuda. Es una ley que fuerza la reducción del tamaño de las administraciones públicas y que garantiza el negocio bancario, además de lastrar el crecimiento económico y deteriorar el Estado del Bienestar.

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El chantaje del Gobierno a las CCAA

Autor: Ivan H. Ayala y Giuseppe Quaresima

Blog Tribuna Abierta en eldiario.es

El Consejo de Política Fiscal, el órgano que coordina la política financiera del Estado y las Comunidades Autónomas, decidió en abril de ese año los objetivos de déficit para cada territorio. Posteriormente éstos se incluyeron en el Programa de Estabilidad que presentó el Gobierno a la Comisión Europea, marcando una vía que posteriormente fue modificada con Bruselas estableciendo una nueva senda de reducción del déficit más laxa. Concretamente, pasamos de un objetivo de 3,6% para 2016 a un 4,6%, mientras que para 2017 el objetivo se relajó de un 2,9% al 3,1%. Dado que los objetivos de déficit se han modificado, ampliando el margen, este desahogo fiscal se tiene que repartir principalmente entre Estado y CCAA por lo que es necesario actualizar el reparto para que estas últimas tengan mayor capacidad fiscal. Este nuevo reparto solo se puede hacer en el órgano competente, es decir, el Consejo de Política Fiscal pero el Gobierno en funciones ha preferido hasta ahora no actuar por unas razones que tienen que ver mucho con el tacticismo post electoral y poco con las necesidades económicas del país. En caso de no convocar el Consejo y forzar a las CCAA a ceñirse a la senda anterior, más estricta, Montoro estaría obligando a aplicar la austeridad de forma pasiva. Si las CCAA se someten al objetivo de déficit del 0,1% del anterior pacto de estabilidad, éstas no tendrán el mayor margen fiscal que posibilita el nuevo acuerdo con la CE, es decir, deberán efectuar recortes adicionales en un país cuyo gasto público ya ha tocado el hueso del estado de bienestar.

Pero hay una razón más que explica esta actitud extorsionadora del Gobierno en funciones hacia las CCAA: tapar el agujero en las cuentas públicas que han provocado sus pésimas reformas fiscales y sus erróneas (o interesadas) previsiones sobre la recaudación pública. En 2015 el Ejecutivo desarrolló una reforma fiscal que ha supuesto una merma en la recaudación, concretamente en junio de este año ha sido un 2,3% inferior (3,2% menos en variación homogénea) con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es especialmente grave en un país con un déficit estructural de ingresos públicos (más de 7 puntos con la media de la eurozona). Fue de tal desmán esta reforma que el gobierno preveía un incremento del 10% en el impuesto de sociedades ¡y ya ha caído más de un 80%! Es tan flagrante el interesado -y electoralista- pronóstico que el PP se está viendo obligado a derogarse a sí mismo, prometiendo a Bruselas que revertirá la reforma del impuesto de sociedades en los presupuestos de 2017. En la práctica, el Estado central está intentando guardarse para sí todo el mayor margen de maniobra y así externalizar la culpa de la desastrosa política fiscal a las CCAA. El problema no es que no haya Gobierno, sino que el que ejerce en funciones -y también antes de entrar en funciones- está jugando electoralmente con los ingresos públicos, los de todos, como si fueran de su propiedad.

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Unámonos contra la Ley Montoro

Autor: Alberto Garzon Espinosa, Eduardo Garzón Espinosa, Esther Lopez Barcelo y Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

La “reforma express” del artículo 135 de la Constitución Española abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo, las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. A través de este acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limitaba el déficit público y priorizaba el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en “sagradas” son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Este último, es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones, sino que ha de utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, aunque el ayuntamiento esté cumpliendo puntualmente los plazos de amortización de deuda, deberá seguir adelantando el pago con el superávit generado. En la Ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrante alguna de las tres normas la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no pretende ser otra cosa que comprometerse a volver al redil de cumplimiento de los preceptos fiscales convencionales.

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La irresponsabilidad de los “buenos gestores” @Segundogg e @ivanhayala para @ctxt_es

Autor: Segundo Gonzalez y Ivan H. Ayala

ctxt.es

El proceso de la multa de Bruselas a España se ha iniciado como consecuencia de las reformas que se hicieron para “reforzar” las reglas fiscales en Europa. Si antes de la crisis el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento (PEC, el que rige la coordinación macroeconómica en la eurozona) era ya de por sí muy rígido, la solución para la crisis ha sido reforzar y dotar de mayor rigidez todavía al marco fiscal europeo. En 2009 se establece que España tiene que tener un déficit por debajo del 3% en 2013. En 2013 se incumple el objetivo y se establece que tiene que reducirse por debajo del 3% en 2016. En 2016 se amenaza con una multa y se establece que el déficit tiene que estar por debajo del 3% en 2018. Ahora la nueva senda es del 4,6% para 2016, 3,1% para 2017 y 2,8 para 2018. La Comisión Europea (CE) y el Gobierno quieren presentar esta decisión como  un logro para España, cuando en realidad representa un ajuste brutal que necesitará de mayores recortes –lo que por otro lado demuestra que los recortes aplicados desde 2011-2013 y la destrucción productiva y social que han producido eran completamente innecesarios–. Parece claro que no tiene ninguna lógica económica establecer unos objetivos que no pueden ser cumplidos –el límite del 3% se ha violado en más de 165 ocasiones–, y posteriormente amenazar con una multa por no cumplir esos objetivos incumplibles, y que además en todo caso haría más difícil el cumplimiento de esos objetivos.

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Políticas que valen para un roto y un descosido

Autor: Fernando Luengo

infoLibre.es

Desde que el neoliberalismo, en la década de los ochenta, tomó carta de naturaleza y se convirtió en el nudo gordiano del pensamiento económico dominante, la lógica de la estabilidad presupuestaria –reducir los umbrales de déficit y deuda públicos– han impregnado las políticas llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y las impulsadas por los partidos socialistas cuando llegaban al poder; con escasas diferencias unas y otras, a pesar de situarse en coordinadas ideológicas contrapuestas.

También ahora, cuando las economías europeas y muy especialmente las periféricas se han visto atrapadas en una crisis económica de proporciones históricas, se apela al ajuste de las cuentas públicas para superarla. Como si ese diseño de política económica tuviera validez universal, cualquiera que sea la coyuntura o la dimensión de los problemas estructurales que las economías deben enfrentar. No es el caso, sin embargo.

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