Economía Crítica y Crítica de la Economía

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La paradoja de la deuda (o cómo evitar caer de nuevo en el error de la austeridad)

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

Agenda Pública

El análisis macroeconómico nos enseña que los comportamientos que parecen razonables cuando se analizan a nivel individual pueden dar lugar a resultados distintos a los esperados cuando se generalizan en el conjunto de la economía, o cuando quien los adopta es un agente con tanta capacidad para influir en la situación global de la economía como el sector público. Normalmente, nos referimos a estas situaciones como paradojas, y el economista canadiense M. Lavoie señala siete bien conocidas (aquí). Una de ellas es la paradoja de la deuda, que aplicada al caso de la política económica nos diría que los intentos de reducir la ratio deuda/PIB congelando o reduciendo el gasto público pueden acabar, de hecho, elevándola.

Esto es mucho más que una curiosidad teórica: ha ocurrido recientemente, y puede volver a pasar en España si seguimos las recomendaciones que están haciendo instituciones como la Comisión Europea (aquí), el Fondo Monetario Internacional (aquí) o el Banco de España (aquí).  Veamos por qué.

Los cambios en el cociente de la deuda pública sobre el PIB se pueden descomponer en dos efectos. El primero está vinculado al déficit o superávit primario del Estado; es decir, a la diferencia entre el gasto público (excluido el pago por intereses de la deuda) y los ingresos públicos. Si hay déficit, el cociente deuda/PIB tiende a aumentar, porque el Gobierno tiene que emitir nuevos títulos en el mercado primario (dado que, actualmente, el banco central tiene prohibido prestar directamente al Estado). Si lo que se registra es un superávit primario, ocurre lo contrario: la ratio deuda/PIB tiende a reducirse.

Pero también hay un segundo efecto, que suele denominarse bola de nieve, y que puede ser positivo o negativo. Por un lado, el Gobierno tiene que pagar los intereses de la deuda actual, y esto eleva el gasto y la necesidad de emitir nueva deuda. En sentido contrario, si el PIB está creciendo, estos pagos supondrán un porcentaje cada vez menor de la renta. Por tanto, el efecto bola de nieve tiende a reducir el peso de la deuda pública en el PIB cuando la tasa de crecimiento de la economía es mayor que el tipo de interés, y viceversa.

Planteado de esta forma, si lo que se quiere conseguir es una reducción de la ratio deuda/PIB, la recomendación de limitar el gasto público para tener superávits primarios parece una recomendación razonable. Sin embargo, esto sólo es cierto si lo que el Gobierno decide con su política fiscal no tiene efectos en la tasa de crecimiento de la economía, o si este efecto (lo que llamamos el multiplicador del gasto público sobre el PIB) es pequeño. En caso contrario, puede ocurrir que lo que gana el Gobierno con el superávit primario (emitir menos deuda en términos nominales) lo pierda provocando un parón de la actividad económica (se reduce el denominador del cociente y hace que el efecto bola de nieve sea negativo).

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Construir un colchón fiscal

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España insisten últimamente en la necesidad de volver a ajustar el gasto público, ahora para disponer de un “colchón fiscal” para cuando llegue la próxima crisis. Sin embargo, construir este margen fiscal siguiendo el camino que marcan estas instituciones impedirá afrontar dos retos económicos ineludibles. El primero tiene que ver con la necesidad de modificar el patrón de salida de la crisis que estamos experimentando: el crecimiento económico no termina de llegar a millones de hogares —a pesar de la creación de empleo—, las desigualdades se mantienen en niveles elevados y se refuerza nuestra especialización en sectores poco productivos. El segundo reto viene dado por la paulatina desaceleración internacional que se espera para los próximos trimestres, y que podría complicar la situación económica. Volver a ajustar a la baja el gasto público no hará sino agravar ambos problemas.

Hay no obstante otra vía alternativa para construir el colchón fiscal que la economía necesita: iniciar las primeras fases de una reforma tributaria que sirva para aumentar los ingresos del sector público. Esta segunda vía, al no cargar los ajustes sobre el gasto, permitirá enfrentar con más garantías los dos retos mencionados. Por un lado, facilitará recursos para poner la política fiscal al servicio de la lucha contra la desigualdad —reforzando el Estado del bienestar—. Además, los nuevos ingresos ayudarán a financiar políticas de inversión que permitan sostener la actividad económica y modernizar el tejido productivo.

El reciente acuerdo alcanzado entre Unidos Podemos y el Gobierno pretende abrir esta segunda vía, realizando un esfuerzo para aproximar nuestra recaudación tributaria a la de los países de la eurozona. En España, los ingresos del sector público suponen el 38% de nuestro PIB, mientras que dicha ratio se eleva hasta el 46% para la media de la eurozona. No obstante, el problema de nuestro sistema fiscal no radica en que tengamos tipos nominales muy inferiores a los que existen en los países de nuestro entorno. Son fundamentalmente el fraude, la elusión y toda una panoplia de deducciones y exenciones las causas que en buena medida explican la menor recaudación, y que llevan a una desfiscalización de las rentas más elevadas.

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Maternidad La política fiscal conservadora de declarar exentas las prestaciones por maternidad

Autor: Inigo Bandres

El Salto

Recientemente el Tribunal Supremo (TS) publicó una sentencia, que ha tenido amplia acogida en los medios generalistas, en la que fijaba doctrina sobre si las prestaciones por maternidad que paga la Seguridad Social debían de estar exentas de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La sentencia dictada por el Supremo daba la razón a la contribuyente, considerando que las prestaciones por maternidad deben de estar exentas de tributar por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas –comúnmente conocido como La Renta-. Con esta sentencia el TS cierra un debate jurídico, que estaba abierto en los últimos años como consecuencia de la diferente interpretación que los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas habían venido dando a casos similares.

En esencia, lo que ha hecho el Tribunal Supremo, en su función de órgano máximo del poder judicial que debe interpretar las normas, ha sido considerar que el legislador al redactar la Ley quería incluir la prestación por maternidad entre las rentas exentas. Esto lo hace en base a tres criterios. En primer lugar, al interpretar la exposición de motivos de la Ley a través de la que entró en vigor la actual redacción del artículo. En segundo lugar, en base a la interpretación gramatical del texto, que incluye el adverbio “también” en su último párrafo. Entiende el tribunal que ésta conjunción lo que hace es extender las rentas exentas, no sólo a la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social, sino también a aquéllas otorgadas por las Comunidades Autónomas. Y por último, que la propia ley que regula el funcionamiento de la Seguridad Social considera que la maternidad se trata de una situación que debe ser protegida por el Estado.

En este artículo no pretendo entrar a valorar la fundamentación jurídica de la sentencia del TS, en mi opinión discutible desde un punto de vista jurídico, sino que pretendo hacer una lectura crítica de las consecuencias socio-jurídicas que la sentencia tiene para los y las ciudadanas, y que no parece haber tenido acogida alguna entre los medios convencionales.

En primer lugar creo que es importante explicar sobre qué discutía la sentencia para tratar de entender sus consecuencias.

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Piratas fiscales

Autor: Alberto Montero Soler

El Confidencial

Puede que la memoria me falle pero, hasta ahora, habíamos visto todo tipo de prácticas por parte de grandes corporaciones, financieras y empresariales, para evadir, eludir o reducir el pago de impuestos. De lo que no teníamos constancia era de que también estuvieran metiendo directamente la mano en la caja de los impuestos que pagan religiosamente los ciudadanos y las pequeñas, medianas —e incluso grandes empresas— de un país para saquearla sin ningún tipo de pudor.

Lo decía recientemente en un artículo en este mismo medio Francisco de la Torre y no puedo estar más de acuerdo con él: “Saquear no es lo mismo que defraudar“. Y lo que pone de manifiesto el caso de los dividendos ‘black’ es que estamos ante un saqueo que desborda los límites de los escándalos conocidos hasta el momento en materia de filibusterismo fiscal y que da sustento a la hipótesis de la existencia de un poder financiero entrelazado en una suerte de trama con el objetivo de aprovechar cualquier mínimo resquicio en las legislaciones nacionales para erosionar aún más, si cabe, lo público.

Y me refiero a lo público porque no se trata simplemente de evadir, eludir o saquear impuestos. Se trata también de los procesos de privatización y de desmantelamiento de las redes de seguridad de las que los estados europeos se dotaron tras la II Guerra Mundial para prevenir los riesgos personales y colectivos, tratar de reducir las brechas de desigualdad y extender la igualdad de oportunidades.

En ese sentido, estamos ante una expresión de voracidad y avaricia que desborda los niveles de las que son necesarias para mantener al capitalismo en marcha, convertidas en virtudes por Adam Smith, y entran en el terreno de lo patológico y del comportamiento criminal organizado.

Lo que debemos plantearnos, entonces, es cómo podemos prevenir este tipo de prácticas habida cuenta de que no podemos evitar esa tendencia patológica depredadora.

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El FMI pide continuidad, pero España necesita cambio

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Hay dos motivos para estar preocupados por el momento actual de la economía española, y que nos invitan a compartir algunas reflexiones sobre la necesidad de un cambio de rumbo de las políticas económicas.

En primer lugar, todos los indicadores, y las previsiones de los organismos oficiales o los institutos privados, coinciden en señalar que las tasas de crecimiento próximas al 3% registradas por la economía española desde 2015 tocan a su fin, y que es probable que estemos entrando en un periodo de “desaceleración”. Esto es preocupante, porque aún tenemos tasas de paro próximas al 16% (media anual) y muchas personas todavía no han recuperado los niveles de renta anteriores a la crisis. Si España reduce significativamente su crecimiento, estas dos situaciones se mantendrán en los próximos años. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook, octubre 2018) prevé que la tasa de paro española se estabilice en el 14% entre 2020 y 2023, una situación que no podemos asumir.

Pero más allá del cambio de ciclo que se aproxima, hay un segundo motivo para la preocupación, aún más importante. Contrariamente a lo que se dice, la recuperación del crecimiento a partir de 2014 reproduce muchas de las debilidades tradicionales de nuestra economía y viene acompañada de algunos rasgos ciertamente negativos para la mayoría: está basado en la cronificación de la precariedad laboral y el estancamiento salarial; precisamente por ello, y por el desmantelamiento del Estado de Bienestar ocurrido durante los peores años de la austeridad, la desigualdad se ha agrandado primero y estancado después, rompiéndose el vínculo entre crecimiento y progreso social; se está reproduciendo la especialización en sectores que lastran el crecimiento de la productividad; y no se están abordando con suficiente decisión dos retos tan importantes como la brecha de género, en todas sus manifestaciones, y la lucha contra el cambio climático.

Constatar estas dos preocupaciones nos lleva a plantear dos retos inmediatos para la política económica. En primer lugar, es necesario “sostener el crecimiento” –con medidas que contrarresten la desaceleración y permitan reducir rápidamente el desempleo–. Pero además, es imprescindible tomar medidas para empezar a “transformar el crecimiento” y lograr que nuestra economía cambie su modelo de desarrollo. El reciente acuerdo firmado entre Unidos Podemos y el Gobierno es precisamente un primer paso en esta dirección.

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Nueva agenda económica

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

La reciente visita del FMI a nuestro país ha servido para que sus funcionarios vuelvan a insistir, una vez más, en su particular “narrativa de la recuperación” española: según ellos, esta es el fruto de exitosas reformas estructurales que no solo hay que preservar, sino también ampliar.

Sin embargo, cuando el FMI dice que “la mayor flexibilidad laboral, fruto de la reforma del mercado de trabajo, ha sustentado la recuperación”, lo hace sin suficiente soporte empírico. Se trata de una mera afirmación ideológica.

Porque la realidad es que la reforma laboral de 2012 no ha modificado la relación entre empleo y PIB: la evolución del empleo desde 2014 ha respondido al crecimiento del PIB en la misma proporción que en otros periodos expansivos de la economía española. Eso sí, gracias a esa reforma el empleo que ahora se crea es precario y mal pagado.

El mayor crecimiento del empleo en España no lo explican las reformas laborales ni la devaluación salarial, sino nuestra mayor sensibilidad al ciclo. Todas las recuperaciones de las últimas décadas se han producido con un ritmo de crecimiento económico y de creación de empleo superior al de los países de nuestro entorno. De hecho, este es un rasgo preocupante de nuestra estructura: crecemos más en las expansiones y destruimos más en las recesiones.

Pero además de sus viejas “ideas zombie” –esas que, según Krugman, uno mata muchas veces porque son nocivas, pero siguen reapareciendo para hacer daño–, el FMI nos dejó un nuevo recado. Dado el elevado nivel de endeudamiento público de España, y la inminente desaceleración internacional, nuestro país debe intensificar el ajuste presupuestario mediante medidas de mayor contención del gasto público. El Partido Popular y Ciudadanos se apuntan también a esta nueva exigencia de austeridad.

Bien al contrario, lo que necesita la economía española no es persistir en el error de las recetas que durante esta década perdida han profundizado la recesión y han retrasado la recuperación. Nuestro país precisa una nueva agenda de política económica, que marque un punto de inflexión con el pasado y abra un nuevo camino, como el que hemos iniciado con el reciente acuerdo entre Unidos Podemos y el Gobierno.

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Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado: Luces y sombras

Autor: Fernando Luengo y Manolo Garí

Blog de Econonuestra en Público.es

El documento “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: Presupuestos para un estado social” suscrito entre el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos/ En Comú Podem/ En Marea supondrá, si se lleva a cabo, una mejora de las condiciones de vida, en algunos aspectos importante, para amplios sectores de la población. Son varias las trabas que todavía tienen que superarse para sustanciarse realmente en los Presupuestos Generales (PPGG): el visto bueno de la Comisión Europea, lograr el apoyo de las fuerzas nacionalistas e independistas vascas y catalanas y mantener la presión (social y política) vigilante para que esas cuentas no se desvíen y, aún más, para que realmente sean un primer paso seguido de otros muchos.

El Acuerdo supone el anuncio de un punto de inflexión en la tendencia antisocial, austeritaria y autoritaria que ha presidido la economía y la política los últimos diez años en nuestro país. Contiene medidas presupuestables, acuerdos de naturaleza política ajenos al campo de los PPGG y una suma de intenciones cuya concreción y desarrollo se deja a futuro. Todo lo planteado es necesario, pero ni es suficiente ni agota el espacio de lo posible.

Sin ánimo de ser exhaustivos -pues no es necesario repetir lo que ha sido debidamente publicitado- podemos destacar varios y valiosos elementos de los acuerdos. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) va a afectar directamente a un 12% de los trabajadores, tiene un importante significado político al dar la importancia debida a la necesidad de la recuperación salarial, lo que tendrá un efecto inmediato en las condiciones de vida de millones de personas, el aumento de su capacidad adquisitiva, lo que redundará positivamente en la economía y puede abrir las puertas a mayores aumentos salariales en la negociación colectiva. Igualmente cabe destacar el propósito de indexar la subida de las pensiones a la evolución del IPC, el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, eliminar la precariedad y estafa asociados a la extensión de los falsos autónomos, las mejoras del sistema para las empleadas de hogar y las cotizaciones de las horas extraordinarias o la extensión y consolidación de los permisos de paternidad y maternidad y las ayudas a la dependencia.

Sin negar lo anterior y reconociendo la importancia de estos avances, hay que reconocer asimismo que estas medidas debemos y podemos seguir mejorándolas. Si comparamos el SMI, 900 euros, con los de otros países de la UE, es claro que se puede seguir avanzado: Luxemburgo 1.922,96 €, Bélgica 1.501,82 €, Irlanda 1.461,85 €, Holanda 1.501,80 €, Francia 1.457,52 €, Gran Bretaña 1.378,87 €. Y en lo referido a las pensiones el movimiento de pensionistas demanda que el monto de la mínima sea de 1.040 €, y el Acuerdo no concreta cuál será la cuantía mínima de las mismas. En cuanto al importante aumento a la ayuda de la dependencia, los sectores afectados plantean la insuficiencia de la cuantía. En lo conseguido queda mucho por conseguir.

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Presupuestos 2019: Giro social en España

Autor: Hector Illueca Ballester, Julio Anguita y Manolo Monereo

Cuarto Poder

Los Presupuestos Generales del Estado son una especie de mapa que refleja las prioridades y objetivos de los poderes públicos. Nos permiten saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Pues bien, a la vista del “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado-2019” suscrito por el Gobierno de España y Unidos Podemos (“Acuerdo”, en adelante), parece que en nuestro país se está produciendo un importante giro social con respecto a las políticas que se han venido aplicando desde que empezó la crisis económica. El Acuerdo constituye un auténtico programa de gobierno que afecta a aspectos muy sensibles para el bienestar de la ciudadanía, tales como sanidad, vivienda, dependencia, empleo y protección social… Pero, si hemos de destacar dos cuestiones a fin de calibrar su importancia, éstas son, sin duda, las medidas y compromisos adoptados en materia de pensiones y salario mínimo interprofesional (SMI). En los párrafos siguientes nos referiremos a estos aspectos, tratando de precisar su significado y alcance en el contexto político que atravesamos.

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Avanzar con decisión

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Las políticas de austeridad fiscal del Partido Popular nos han dejado un maltrecho Estado de bienestar. Sin embargo, la moción de censura ha creado una oportunidad para recuperar el terreno perdido, y el acuerdo alcanzado entre Sánchez e Iglesias empieza a materializar dicha posibilidad.

Todo proceso de reconstrucción lleva su tiempo, por eso, el camino debe iniciarse con decisión. La restauración de los servicios públicos, la restitución de los derechos perdidos —y también su extensión— deben ser auténticas, no pueden quedarse en meros giros discursivos. Por eso, Podemos exigió en julio una verdadera negociación sobre las políticas económicas y presupuestarias, antes de discutir y aprobar el techo de gasto.

Ahora esa negociación empieza a dar sus frutos. Hemos acordado ya una hoja de ruta para derogar los reales decretos con los que Rajoy asestó en 2012 duros recortes a la sanidad, la educación o la dependencia. Igualmente, nuestra agenda común contempla volver a indexar el crecimiento de las pensiones con la inflación y eliminar el copago farmacéutico. También avanzar en derechos de nueva creación, como la educación de cero a tres años, o la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.

Pero para que esto se haga efectivo España debe dejar de ser “el país del 38%”. Dicha cifra representa nuestra ratio de ingresos públicos respecto al PIB: ocho puntos por debajo de la eurozona. Si España recaudase con la eficiencia media con la que recaudan los países de nuestro entorno, las arcas públicas dispondrían anualmente de 80.000 millones de euros adicionales. Recaudar, sin embargo, como recaudan los países bálticos o los balcánicos conlleva que la reducción del déficit público se fíe sistemáticamente a la contención de un gasto que ya se sitúa seis puntos del PIB por debajo de la media de la eurozona.

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Pedro Sánchez y el trilema de la voluntad política

Autor: Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es

En la década de 1960, los economistas Robert Mundell y Marcus Fleming desarrollaron una hipótesis que rápidamente se convertiría en piedra angular de la macroeconomía abierta: una economía no puede mantener simultáneamente tipos de cambio fijos, libre movilidad de capitales y una política monetaria autónoma. Esta “trinidad imposible” señalaba que era inviable alcanzar al mismo tiempo los tres objetivos, y uno debía descartarse.

Años después, Dani Rodrik, el conocido economista de Harvard, volvía a utilizar esta metáfora para referirse al “trilema de la globalización”. No se puede optar al mismo tiempo por la globalización económica, la soberanía nacional y la democracia política, de forma que la búsqueda simultánea de las tres alternativas conlleva necesariamente el debilitamiento de alguna de ellas.

Según Rodrik, conservar niveles elevados de soberanía nacional y democracia interna exige una integración selectiva y parcial en la globalización. A la inversa, un país plenamente integrado en la globalización económica tendrá que sacrificar elementos cruciales de su soberanía o, peor aún, de su democracia.

Algunos autores han querido entender a partir de este trilema la crisis que atraviesa la socialdemocracia desde hace varias décadas. Parte de razón no les falta: las fuerzas desatadas por la mundialización del capital y la libre movilidad financiera han dificultado el avance, e incluso la continuidad, de políticas de corte socialdemócrata.

Sin embargo, comprender la crisis que atraviesa hoy la socialdemocracia exige pensar, al menos, en otro trilema adicional: el trilema de la voluntad política. Este trilema quizá podría formularse –en términos de Economía Política Internacional– del siguiente modo: en los países periféricos de la zona euro no parece viable satisfacer al mismo tiempo las exigencias de la ciudadanía, las exigencias de las élites nacionales y las exigencias financieras internacionales (cristalizadas en las normas de Bruselas). Hay que elegir y descartar, al menos, uno de estos tres vértices (o, en este trilema, incluso dos).

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Elevar el IRPF: más justicia fiscal y mayor reparto del trabajo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Una de las medidas que está negociando actualmente el Gobierno con el grupo confederal de Unidos Podemos para incorporar en los presupuestos generales del Estado de 2019 consiste en incrementar el IRPF a los contribuyentes más acaudalados. Por un lado, se está estudiando incrementar el tipo impositivo del tramo estatal (probablemente desde el 22,5% hasta el 26,5%, lo que implicaría volver a lo que teníamos en el año 2012) a aquellos contribuyentes que ganen por rentas del trabajo más de 150.000 euros anuales (120.000 en su versión más ambiciosa). Por otro lado, encima de la mesa se encuentra la posibilidad de incrementar el tipo impositivo de las rentas del ahorro para avanzar en la equiparación con los tipos de las rentas del trabajo.

En realidad no es necesario recurrir a medidas fiscales para atender desde el Estado más necesidades económicas y sociales, ya que bastaría con permitir un alza del déficit público, pero estas negociaciones se enmarcan en un contexto en el que el Gobierno ya ha pactado con la Comisión Europea los objetivos de déficit público a cumplir en los próximos años, de forma que la única vía para aumentar el gasto y la inversión pública para mejorar el bienestar de la mayoría social al mismo tiempo que se aceptan esos compromisos con Bruselas pasa necesariamente por un incremento de impuestos. Y desde un punto de vista de izquierdas y de justicia económica, ese incremento ha de recaer sobre las personas más acaudaladas, de ahí que –entre otras medidas fiscales- se estén proponiendo tales reformas en el IRPF.

Ni la cantidad de personas que se verían afectadas es importante ni los tipos máximos en el IRPF que se están barajando son descabellados. Solamente el 0,46%, 90.788 personas, de todos los declarantes verían aumentar su factura en un promedio de 4.400 euros al año. Es decir, que los más acaudalados en la lista del IRPF tendrían que aportar un 3% más de las abultadas cantidades que ganan al año. No parece que a nadie se le vayan a caer los anillos. El tipo máximo se situaría, de media, en el 50,5%, y solamente en aquellas pocas comunidades autónomas que decidieran elevarlo todo lo posible, en el 52%, muy lejos de las cotas que tuvimos en nuestro país durante años anteriores (llegamos a tener uno del 65%) y también por debajo de los niveles que hoy día se aplican en países tan avanzados e igualitarios como Suecia (57,1%), Dinamarca (55,8%), Japón (55,5%), Bélgica (53,7%), Canadá (53,5%) o Finlandia (52,6%). Y es que en la actualidad nuestro país tiene, tras la última reforma impositiva aplicada por el PP y apoyada por Ciudadanos, un tipo máximo en el IRPF (45%) que se sitúa en la parte baja del ranking por países tanto de la OCDE como de la Unión Europea, a pesar de situarse en la parte alta en términos de renta. Elevar el tipo máximo del IRPF es un imperativo para lograr mayor justicia fiscal.

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Los ultrarricos y la justicia fiscal

Autor: Carlos Sanchez Mato

El País

Después de 10 años de crisis, ya tenemos ganadores. Acabamos de conocer que el número de ultrarricos en España que declaran patrimonios superiores a los 30 millones de euros casi se triplicó entre 2006 y 2016. Y, en paralelo, nos satisface escuchar al nuevo Gobierno del PSOE afirmar que los recortes en gasto e inversión pública han terminado. Lástima que, al mismo tiempo, se haya comprometido con la Comisión Europea a seguir manteniendo una senda de reducción del déficit incompatible con las necesidades sociales. Algo no cuadra.

El Gobierno está presumiendo de aumentar el techo de gasto 5.230 millones respecto a 2018, pero oculta que son 4.000 menos que los que el PP fijó en 2015. Entonces, tanto Izquierda Unida como el propio PSOE se opusieron. Y, analizando las partidas por separado, la propuesta del Gobierno resulta inaceptable: el presupuesto de 2018 en Educación es un 21% inferior al de 2010; el de Sanidad, un 31% inferior; el de Fomento cae un 54%… Desde Izquierda Unida y nuestros socios parlamentarios en Unidos Podemos y las confluencias, creemos que no hay excusa para no incrementar y desarrollar nuestro exiguo Estado social.

Si se quiere dar la vuelta a las políticas austericidas y eso es lo que dice buscar el nuevo Gobierno del PSOE, entonces el techo de gasto del año próximo debe elevarse sustancialmente. Sólo así podrían incluirse en los presupuestos del Estado los recursos necesarios para recuperar todo lo que nos ha sido arrebatado en los últimos años.

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Más carga fiscal…para los de arriba

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Bajar los impuestos, condición sine qua non para que una economía funcione eficientemente. Este ha sido un axioma central de los denominados “economista de la oferta” y de los partidos de derecha. Durante muchos, demasiados, años la socialdemocracia, en España y en Europa, han asumido este postulado.

La reducción de la carga fiscal tenía que dirigirse, muy especialmente, a los grupos sociales con mayor capacidad de ahorro; a los ricos, en definitiva. Al tener que pagar menos impuestos, habría más recursos para financiar las inversiones productivas. Más inversión, más empleo, salarios más elevados, mayor competitividad, más riqueza con la que nutrir las arcas públicas, más crecimiento…¡bla, bla, bla!

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Segunda oportunidad

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

En política, como en la vida, rara vez tenemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. En algunas ocasiones, sin embargo, las circunstancias nos ponen nuevamente ante la misma tesitura.

Este es precisamente el caso del techo de gasto elaborado por el Gobierno. El Congreso lo rechazó a finales de julio, con la abstención de todo el bloque que apoyó la moción de censura, salvo el PNV. Sin embargo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe remitir a las Cortes una nueva propuesta en el plazo de un mes. Debemos aprovechar esta segunda oportunidad y hacer un esfuerzo para llevar el barco a buen puerto. Pero clarifiquemos antes la situación.

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Cinco mentiras en torno a la aprobación del techo de gasto propuesto por el PSOE

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Últimamente estoy leyendo a algunas personas –muchas de las cuales no son precisamente de derechas- asegurar que el Gobierno de Sánchez no tuvo más remedio que proponer un techo de gasto irrisorio y que la oposición -especialmente Unidos Podemos- se equivocó al no votar a favor de su aprobación. Opiniones legítimas, sin duda alguna, pero que suelen acompañarse de argumentos ridículos o, cuanto menos, fácilmente refutables. El hecho de que a veces esos alegatos vergonzantes sean arrojados por personalidades provenientes del mundo académico no hace sino confirmar las sospechas que se originan con una primera lectura superficial: parecen más una defensa a ultranza de la postura del Gobierno en base a intereses o preferencias políticas que una defensa en base a principios o cuestiones ideológicas. Como si hubiese que apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez solamente por no ser del Partido Popular y no por la utilidad de las políticas que esté aplicando. A continuación enumero y rebato los argumentos que más he visto por ahí y que más sonrojo me han provocado.

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El gran agujero del Impuesto de Sociedades: cómo timar a la mayoría social

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes: en una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos.

Los gobiernos de PSOEPP han optado por timar a la mayoría social, justo lo contrario que hizo Prometeo. Lo que han hecho con el Impuesto sobre Sociedades es un ejemplo claro de quién ha ganado y quién ha perdido en la gestión de esta crisis del capitalismo. La recaudación de este impuesto –el impuesto que pagan las empresas por los beneficios que obtienen– es muy inferior en la actualidad que en la época pre-crisis, tanto en términos absolutos como relativos. D

esde 1995 la recaudación se incrementó hasta registrar en 2007 su pico más alto con casi 45.000 millones de euros, para inmediatamente pasar a desplomarse hasta situarse por debajo de los 20.000 millones en 2010. Desde entonces la recaudación ha aumentado, pero tímidamente y sin mostrar una tendencia ascendente decidida, manteniéndose por debajo de la mitad registrada en 2007 y equiparable a la de 2002 (hace ya 16 años). En términos relativos la evolución ha sido incluso más desastrosa: el peso del impuesto sobre el total recaudado pasó desde un 22% en 2007 a un 10% en 2010, nivel del que apenas ha subido desde entonces (11,5% en 2017). En la actualidad el peso del impuesto es similar al que tenía hace nada más y nada menos que 20 años.

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Ampliemos el espacio de lo posible

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Pronto se iniciará la discusión de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Primero, con el debate sobre el techo de gasto que el Gobierno debe llevar a las Cortes. Y, en otoño, con la discusión parlamentaria de los propios Presupuestos.

El Gobierno, y las fuerzas políticas que hemos impulsado la moción de censura, tenemos el reto de aprobar unos Presupuestos que abran una nueva etapa, con una estrategia completamente diferente de la del Partido Popular.

Entre 2012 y 2014, el PP aplicó durísimos recortes del gasto y la inversión. Durante el periodo de 2015 a 2017, los recortes se frenaron, pero no se revirtieron. En esa línea, la estrategia del último Programa de Estabilidad remitido por Rajoy a Bruselas contemplaba disminuir el déficit mediante una reducción del peso del gasto público en la economía, alejándonos aún más de la media europea.

Sería un dramático error que el Gobierno de Pedro Sánchez haga suyo este planteamiento, dado que nuestra economía necesita una estrategia fiscal que vaya en la dirección opuesta. Además, Sánchez demostraría no haber entendido el enorme impacto político que la austeridad fiscal ha tenido en Europa, y en la propia crisis de la socialdemocracia.

Nuestro país bajó un escalón como consecuencia de las políticas de austeridad, y necesitamos volver a subirlo. Ahora bien, el cambio de política económica que planteamos no pasa simplemente por “gastar más”, sino por atender a las necesidades reales de nuestra economía.

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Un presupuesto europeo para Otra Europa

Autor: Daniel Albarracin y Fernando Luengo

Público.es

Desde la creación de las Comunidades Europeas, el presupuesto gestionado desde Bruselas ha representado una pequeña parte del Producto Interior bruto (PIB) comunitario, alrededor del 1% de esa magnitud. Las brechas heredadas de un proceso de integración europea y de una unión monetaria atravesados de importantes asimetrías y una gestión de la crisis que las ha acentuado requería, entre otras cosas, un diseño presupuestario más ambicioso. Pero los responsables comunitarios han permanecido instalados –o, mejor dicho, atrincherados-, en la lógica austeritaria, que exigen a los estados del sur y se autoimponen (no así a los grandes bancos y las grandes fortunas). La reciente aprobación del presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, aunque supone un ligero aumento en la dotación de recursos, que alcanzará el 1,11 de la Renta Nacional Bruta de la UE, se mantiene en la lógica del papel subordinado y periférico de la política presupuestaria en el entramado institucional comunitario.

Además, el nuevo presupuesto, pero, sobre todo, el nuevo Marco Financiero Plurianual que ya se está perfilando, se orientan drásticamente, con el pretexto del Brexit, hacia un recorte sustancial en la política agraria común (que necesita una reforma importante, pero no un recorte) y la política de cohesión social, a favor de políticas favorables a la militarización de la UE, la securitización interna de la UE y el control de fronteras exteriores. Una política para una Europa fortaleza que, también, con su política de inversión exterior, convertirá a los países colindantes en auténticos fosos, o guardianas de fronteras, para establecer una barrera a la llegada de personas refugiadas e inmigrantes.

La ciudadanía europea y la construcción de Otra Europa precisan de una visión muy distinta de la representada por las élites. Esta visión nueva, tiene que reivindicar, frente al mercado, el papel de lo público, revestido de legitimidad democrática, como elemento vertebrador de las políticas redistributivas, que no sirva a los intereses privados, sino a los de la mayoría social.

Con estos mimbres, en nuestra opinión, la dotación del presupuesto comunitario debería tener como uno de sus objetivos prioritarios contribuir a la corrección de las disparidades productivas que atraviesan la construcción europea, en una lógica cooperativa y complementaria, de convergencia real.

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Techo de gasto: la hora de la verdad

Autor: Alberto Garzon Espinosa, Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Una de las últimas decisiones tomadas por el Partido Popular fue actualizar el programa de Estabilidad 2018-2021 enviado a la Comisión Europea en el que definía la profundización de la senda de reducción del gasto público sobre el PIB hasta llevarlo al 38,6% en 2021, el nivel más bajo en 12 años y uno de los más bajos de toda Europa. Esta reducción es incluso superior a la que ya preveía el anterior Plan de Estabilidad, que era del 39,5% en 2020.

Sería paradójico que tras la moción de censura que ha enviado a la oposición al señor Rajoy, se mantuviera la agenda de recorte y jibarización de gasto e inversión pública comunicada a la Comisión Europea y que no tiene otra consecuencia que la reducción de las políticas públicas. Antes de que finalice el mes de julio el Consejo de Ministras deberá fijar el techo de gasto público para el ejercicio 2019. Este nivel marca el máximo que podrá gastarse el sector público español durante todo el año, de ahí su nombre de “techo”. Antes del año 2010, fue aumentando progresivamente, ya que el gobierno aplicaba políticas expansivas que revertían en más inversiones, prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, desde el citado año, y como respuesta a las presiones austeritarias de la Unión Europea, el techo de gasto fue reducido de forma drástica, lo que conllevó importantes recortes en ámbitos como la educación, la sanidad, la dependencia, I+D+i, vivienda, etc, que tan bien conocemos. A pesar de una leve subida en 2013 y 2014, el gobierno continuó recortando el techo de gasto hasta 2017, momento en el que lo volvió a incrementar, aunque de forma insignificante. De hecho, el techo de gasto de 2018 se encuentra en cotas muy similares a la de su mínimo histórico en 2012, y una tercera parte por debajo de su máximo histórico en 2010, año en el que comenzaron los recortes. Pero esto sólo en términos absolutos, porque si lo comparamos con el PIB español, entonces el techo de gasto en 2018 es el más bajo de la historia reciente. En otras palabras: en comparación con las posibilidades que tiene nuestra economía, el gasto público del Estado es, en la actualidad, el más bajo en los últimos años.

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Políticas que valen para un roto y un descosido

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Las políticas de rigor presupuestario tienen un largo recorrido en Europa y en el conjunto del mundo capitalista.

Desde que el neoliberalismo, en la década de los ochenta, tomó carta de naturaleza y se convirtió en el nudo gordiano del pensamiento económico dominante, la lógica de la estabilidad presupuestaria –reducir los umbrales de déficit y deuda públicos- han impregnado las políticas llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y las impulsadas por los partidos socialistas cuando llegaban al poder; con escasas diferencias unas y otras, a pesar de situarse en coordinadas ideológicas contrapuestas.

También ahora, cuando las economías europeas y muy especialmente las periféricas se han visto atrapadas en una crisis económica de proporciones históricas, se apela al ajuste de las cuentas públicas para superarla. Como si ese diseño de política económica tuviera validez universal, cualquiera que sea la coyuntura o la dimensión de los problemas estructurales que las economías deben enfrentar. No es el caso, sin embargo.

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Los Presupuestos de 2018 vuelven a congelar las ayudas, subvenciones y subsidios del IPREM

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 60 de La Marea

Hasta el año 2004 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era un indicador que no sólo servía para establecer cuál debía ser la cantidad mínima que tendría que cobrar una persona asalariada, sino que también servía para fijar la cuantía de subvenciones, subsidios de desempleo y otras ayudas públicas. Ese año, el recién llegado gobierno del PSOE decidió reformular el indicador, desvinculándolo completamente de las ayudas mencionadas. De esta forma, cualquier incremento en el SMI dejaría de conllevar un aumento en subsidios, subvenciones y ayudas, que pasarían a estar vinculadas a un nuevo indicador denominado Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Se trató de un hábil movimiento del gobierno del PSOE, porque le permitió incrementar el SMI a un ritmo superior al que había venido registrando hasta entonces sin que le costara apenas ni un euro hacerlo, puesto que ya no tenía que incrementar las ayudas públicas (y el coste del incremento en el salario mínimo recae fundamentalmente sobre los empleadores del sector privado, no sobre el público). Una medida sin coste económico, pero con alto rédito político y electoral, ya que el incremento del salario mínimo era una importante reivindicación de los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, además de una necesidad social.

El SMI había ido creciendo levemente desde los años 90, pero a una media del 2% y por lo tanto casi siempre a un ritmo inferior al crecimiento de la economía, de los precios y del nivel de vida, lo que conllevó un empobrecimiento relativo de un 7% de los trabajadores del segmento inferior del mercado de trabajo y de los beneficiarios de las ayudas públicas vinculadas al indicador. La reformulación que se llevó a cabo en el año 2004 supuso una bifurcación en los caminos de los dos tipos de colectivos, porque el SMI intensificó su crecimiento (especialmente desde ese año hasta el año 2010 al registrar un aumento medio del 6,2%) dejando al IPREM con el suave incremento tradicional del 2%, (sólo muy ligeramente aumentado hasta el 3,5% entre 2006 y 2010), como se puede intuir en el gráfico. Esto supuso, atendiendo a la evolución de los precios, que entre el año 2004 y 2010 las personas que cobraban un salario mínimo incrementaran su capacidad económica relativa en un 20,6%, mientras que las que recibían ayudas vinculadas al IPREM se empobrecieron un 1,3%.

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“Cristóbal Montoro ha sido el ministro más nocivo que ha tenido este país” (Entrevista a Carlos Sánchez Mato)

Autor: Carlos Sanchez Mato

eldiario.es (Fátima Caballero)

Carlos Sánchez Mato (Madrid, 1970) nos recibe en su despacho, ahora en la Junta municipal de Latina. Sumó la presidencia del distrito a la de Vicálvaro después de su cese al frente del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena le destituyó por su negativa a apoyar en el Pleno el plan económico pactado con el ministro Cristóbal Montoro, que incluía recortes a cambio de levantar la intervención de las cuentas municipales. A esta gestión suma su cargo como responsable económico de Izquierda Unida.

Como responsable de economía, el concejal ha sumado a la cuenta de resultados del Consistorio 1.000 millones de euros de superávit anuales y ha reducido la abultada deuda más de 2.500 millones. Los últimos datos económicos que le avalan tiene que ver con la empresa Funeraria de Madrid, que el edil remunicipalizó y que como se ha conocido este jueves ha pasado de pérdidas de 233.000 euros el último año de gestión privada, a 4,1 millones de beneficio desde que la gestión es pública bajo su supervisión como vicepresidente del consejo administrativo de la sociedad municipal.

Detrás de su escritorio hay tres clavos que antes sujetaban el retrato del Rey Felipe VI. Ahora Sánchez Mato lo tiene al lado de un mueble contra la pared. El concejal sonríe cuando se le pregunta por la caída del Gobierno de Mariano Rajoy y la de Montoro, su principal adversario como delegado de Economía y Hacienda: “Se abre una nueva etapa”, dice. También se muestra escéptico con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, los nuevos ministros no tienen el perfil más deseable para la formación a la que representa. Lo que tiene claro Sánchez Mato es qué medidas le gustaría que tomara el líder socialista para que esa desconfianza desaparezca.

¿Cómo se encuentra después de seis meses fuera del área de Economía y Hacienda y de la Junta de Gobierno?

Evidentemente fue una situación traumática, más que en lo personal por lo que políticamente supuso. Pero esa situación traumática no hunde a una persona que ya tiene unos años de experiencia política, aunque no sea en cargos institucionales. Lo que he hecho es dedicarme a las actuales tareas con el mismo empeño, con las mismas ganas y con la misma fuerza con las que he desempeñado las anteriores.

En una semana ha cambiado radicalmente el panorama político del país después de que la moción de censura de Pedro Sánchez prosperase. ¿Cómo valora la caída del Gobierno de Mariano Rajoy?

Tenemos una enorme satisfacción. Pero como dice mi coordinador federal [Alberto Garzón] también un optimismo moderado. Hemos trabajado en años anteriores con el Partido Socialista y evidentemente tenemos un elevado grado de escepticismo acerca de sus posibilidades de enfrentarse a lo que son los elementos más importantes y negativos del régimen del 78. Pero eso no quita que hay una enorme alegría. Personalmente estoy muy contento de que Rajoy y todo su equipo de Gobierno estén apartados del centro de la vida política. Era un tema de salud pública.

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El gran agujero del Impuesto de Sociedades: cómo timar a la mayoría social

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes: en una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos.

Los gobiernos de PSOEPP han optado por timar a la mayoría social, justo lo contrario que hizo Prometeo. Lo que han hecho con el Impuesto sobre Sociedades es un ejemplo claro de quién ha ganado y quién ha perdido en la gestión de esta crisis del capitalismo. La recaudación de este impuesto –el impuesto que pagan las empresas por los beneficios que obtienen– es muy inferior en la actualidad que en la época pre-crisis, tanto en términos absolutos como relativos. D

esde 1995 la recaudación se incrementó hasta registrar en 2007 su pico más alto con casi 45.000 millones de euros, para inmediatamente pasar a desplomarse hasta situarse por debajo de los 20.000 millones en 2010. Desde entonces la recaudación ha aumentado, pero tímidamente y sin mostrar una tendencia ascendente decidida, manteniéndose por debajo de la mitad registrada en 2007 y equiparable a la de 2002 (hace ya 16 años). En términos relativos la evolución ha sido incluso más desastrosa: el peso del impuesto sobre el total recaudado pasó desde un 22% en 2007 a un 10% en 2010, nivel del que apenas ha subido desde entonces (11,5% en 2017). En la actualidad el peso del impuesto es similar al que tenía hace nada más y nada menos que 20 años.

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EKO TV: Presupuestos y Coyuntura Económica

Autor: EKO TV, Ivan H. Ayala y Carlos Martinez Nunez

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Ya está disponible #EKOpresupuestos con @monicamelle, @carlosurriza y @carlosmarnu en la web de @publico_es Aquí tienes el enlace: http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/669023/presupuestos-y-coyuntura-economica

Elusión fiscal: el “sandwich” euskaldun

Autor: Endika Alabort Amundarain

HORDAGOn argitaratua.

Tener beneficios y decir que la situación económica es mala no es algo contradictorio…. si se utilizan las herramientas precisas. Las “causa económicas” que muchas empresas argumentan en despidos, EREs o descuelgues de convenios son influidos por los mecanismos que ofrece la legislación local.

En el ámbito de la recaudación de impuestos, bastantes voces confirman que se recauda poco y mal. En realidad, la legislación deja bastantes resquicios para la elusión fiscal —no confundir con fraude fiscal, aunque la mayoría de las veces la línea que las divide sea muy fina—, en el que las grandes multinacionales tienen la ventaja de los grupos empresariales. El “doble irlandés” y el “sandwich holandés” son dos estrategias frecuentemente utilizadas para pagar menos impuestos. Por ejemplo, se puede crear una empresa en los Países Bajos con el único objetivo de cobrar por la propiedad intelectual a una empresa radicada en Irlanda. Después, la sociedad holandesa puede redirigir el 99% de lo recibido a un paraíso fiscal. La compañía irlandesa estaría creada para facturar con el único objetivo de captar los beneficios logrados en el resto de Europa. Lo descrito es legal, pero no está disponible para cualquier empresa. Por ejemplo, IKEA funciona así, ya que su sede fiscal está en los Países Bajos, no en Suecia.

Aún así, la legislación local ofrece otras herramientas a las empresas más pequeñas, ya que para hacer el “doble irlandés” y “el sandwich holandés” hace falta dinero y una estructura importante. No es una cuestión meramente fiscal, ya que las herramientas que ofrece la legislación local influye en las “causa económicas” que muchas empresas argumentan en despidos, EREs, descuelgues de convenios, etc. Por lo que tener beneficios y decir que la situación económica es mala no es algo contradictorio…. si se utilizan las herramientas precisas.

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