Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Y al final no recortamos

Autor: Carlos Sanchez Mato

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El año pasado fue el primer ejercicio en el que Madrid contó con un presupuesto elaborado por Ahora Madrid. Supuso un drástico giro en la forma de utilizar el dinero público en comparación con los años de gobierno del Partido Popular. Durante todo el año se hizo un gran esfuerzo en inversión social y en inversión en infraestructuras, incrementando la primera un 31% y la segunda más de un 150% con respecto al año anterior, y todo ello al mismo tiempo que fue generando suficientes ahorros como para ir reduciendo a un ritmo razonable la enorme y pesada deuda heredada.

Pero a pesar de haber conseguido darle la vuelta a unas cuentas del Ayuntamiento de Madrid que recibimos con un enorme lastre, al Ministerio de Hacienda y al señor Montoro no les parece suficiente. Es más, consideran que los esfuerzos en inversión del consistorio han ido demasiado lejos. Según su interpretación de la legislación, el Ayuntamiento de Madrid no debería haber utilizado tanto dinero en mejorar la ciudad y cubrir necesidades sociales, sino que debería haber utilizado todo el dinero que logró ahorrar para pagar a la banca ¡aunque no tocara hacerlo! Un aberrante sinsentido –fruto del artículo 135 de la Constitución Española– que el gobierno local no está dispuesto a aceptar.

En vano fueron las reuniones que celebramos con Montoro y otros responsables del Ministerio de Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo conjunto que no pusiera en riesgo las políticas públicas del Ayuntamiento: desgraciadamente el ministerio terminó por exigir al Ayuntamiento de Madrid un recorte de 238 millones de euros como castigo. Es la primera vez que el Gobierno estatal ha recurrido a una medida coercitiva de tal envergadura frente a una corporación local, lo que contrasta fuertemente con que el Ayuntamiento de Madrid sea precisamente una administración perfectamente saneada que tiene un superávit de más de 1.000 millones de euros y que reduce deuda, mientras que la administración central tiene un elevado déficit público y una deuda pública creciente. Es el mundo al revés: la administración incumplidora sanciona a la administración que gestiona con eficacia.

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Contra la tiranía de la regla del gasto

Autor: Isidro López y Raul Camargo

eldiario.es

Desde que en 2011 la troika sometiera la población griega a la disciplina de la austeridad del primer rescate, las economías europeas han ido elevando las políticas de austeridad a rango de ley. Recordemos que estas políticas  son un viejo proyecto de las élites globales que viajaron desde África y América Latina en los años ochenta y noventa hasta el corazón de la Europa capitalista: primero a través del Tratado de Maastricht de 1992 y luego, de forma mucho más palpable para las mayorías sociales europeas, tras la crisis financiera de 2007. A lo largo de la larguísima crisis europea, los poderes financieros globales utilizaron la extorsión a través de altísimos tipos de interés para poner de rodillas a estados, gobiernos y administraciones públicas; dejando una estela de pagos pendientes a futuro que apuntaban a la sumisión permanente del poder político al poder financiero. Los rescates no fueron sino la fase más agónica de esta lógica de sumisión de las economías y las sociedades europeas al poder de las finanzas mediante la prioridad absoluta del pago de la deuda.

Las políticas de austeridad no son sino la aserción en términos políticos y legales del poder de las finanzas sobre el de las poblaciones sobre las que, en principio, descansa el poder democrático. Son un golpe de estado permanente del capital sobre la democracia. La deuda, propiedad de los grandes grupos financieros, es el instrumento utilizado para este dominio. El blindaje legal del pago prioritario de la deuda obliga a los estados y a las administraciones públicas en general a poner en segundo plano el gasto productivo o social que beneficia a las mayorías sociales. El blindaje del pago de la deuda obliga a las administraciones públicas a, primero, recortar en cualquier tipo de gasto que no sea el servicio de la deuda y sus desorbitados intereses y, luego, a privatizar o externalizar los mismos servicios públicos que el pago de la deuda ha convertido en inviables.

En el caso español, a pesar de que el Partido Popular no se cansa de cacarear que en España no ha habido  rescate, nuestro blindaje del pago de la deuda fue la modificación del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011, votado por un parlamento mayoritariamente compuesto por PP y PSOE y que a duras penas se podía calificar de mínimamente representativo del “país real” en ese momento posterior al 15M. Este artículo, un auténtico atentado contra la democracia, quedó redactado al dictado de Alemania, de tal manera que no sólo elevaba el pago de la deuda a rango constitucional, sino que establecía una suerte de intervención permanente de comunidades autónomas y ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda, para que este precepto de pago de la deuda, con sus recortes y privatizaciones asociados, fuera inamovible. Todo esto en un país que acababa de decir: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”.

La regla de gasto tal y como la interpretó el ministro Montoro es posiblemente una de las regulaciones económicas más brutales y contraproducentes de cuantas se inscriben en el de por sí irracional e injusto universo económico de la austeridad. Se trata de una norma anticíclica. Es decir, que funciona en sentido contrario a la tendencia económica general, pero que sólo produce efectos depresores del crecimiento a escala local cuando este es positivo. Cuanto más crecen los ingresos de una administración local y cuanto más alto es el superávit en las cuentas, más dinero de reserva para pago de la deuda retiene el Ministerio de Hacienda. Todo ello se calcula en relación a un modelo económico, ideológico como son todos los modelos econométricos, que calcula algo llamado el “PIB potencial”. Modelo este impuesto unilateralmente por la Comisión Europea. Aunque, y esto es importante, a diferencia de la lectura que Montoro hace de la regla de gasto, en el resto de países europeos no hay un procedimiento sancionador para los ayuntamientos y regiones que incumplan la regla de gasto, esta no deja de ser un indicador y una recomendación.

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Aclarando dudas y confusiones sobre el Impuesto de Sucesiones

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

Recientemente ha cobrado especial trascendencia en el debate público las virtudes y vilezas del Impuesto de Sucesiones. Esto sería una excelente noticia si formara parte de una discusión rigurosa participada por personas adecuadamente informadas y formadas, sin ningún tipo de interés económico o político velado y cuyo objetivo fuese extraer conclusiones para mejorar el impuesto y lograr así mayores cotas de justicia fiscal y social. Sin embargo, el auge de esta polémica se debe fundamentalmente a la campaña que ha impulsado el PP andaluz con el propósito de deteriorar la imagen de la Junta de Andalucía del PSOE. Y ese es el motivo por el que el debate está plagado de demagogia y de mensajes absolutamente sesgados e inexactos cuando no directamente falsos. Con la idea de arrojar luz sobre la naturaleza y aplicación de este controvertido impuesto escribo este artículo.

Hemos de empezar recordando que este impuesto fue ideado por los liberales clásicos del siglo XVIII para combatir la enorme injusticia que suponía que la nobleza perpetuase su poder y patrimonio a través de la herencia y no a través del esfuerzo y del trabajo. Con la creación del impuesto se perseguía reducir las asimetrías de riqueza que se daban por el mero hecho de nacer, para fomentar así la igualdad de oportunidades: el nivel económico de cada persona debía aproximarse lo más posible a sus méritos propios y distanciarse lo máximo posible del mérito de personas ajenas, por mucho que compartiesen la misma sangre.

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¿Hay que eliminar el impuesto sobre sucesiones y donaciones en Andalucía?

Autor: Victor Luque de Haro y Miguel Angel Luque Mateo

eldiario.es

En los últimos tiempos estamos asistiendo a una intensa campaña a favor de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) en Andalucía. Incluso, se ha abierto una petición en change.org con el lema “Hereda 100×100″, con el argumento de que se trata de un tributo especialmente injusto con los andaluces.

El ISD es un impuesto directo, personal y progresivo, cedido a las comunidades autónomas, que grava la adquisición por las personas físicas de bienes y derechos por título sucesorio o por donación, además de la percepción de cantidades sobre seguros de vida, generalmente, cuando quien contrata es una persona distinta del beneficiario.

Conviene advertir que, en las adquisiciones mortis causa y en los supuestos de percepción de seguros de vida, la imposición corresponde a la Comunidad donde el causante o asegurado tenga su residencia habitual en la fecha del fallecimiento.

Entre las razones que se argumentan para eliminar esta figura se encuentra la injusticia que supone la “doble imposición” sobre los bienes y derechos heredados, en la medida en que los padres ya soportaron en vida diferentes cargas impositivas para acumular el patrimonio dejado a los hijos. Sin embargo, este argumento sería susceptible de ser utilizado para fundamentar la eliminación de la mayoría de los tributos. Por ejemplo, se podría hablar de esa misma “doble imposición” fáctica cuando se paga un impuesto indirecto, real y objetivo como el IVA, ya que la renta que permite el consumo ya habría sido gravada en el momento de su adquisición.

Es importante destacar la influencia que tiene la figura de la herencia en la desigualdad, al transmitirse las fortunas de una generación a otra. Por tanto, el modo en que estén regulados los títulos sucesorios y la tributación que recae sobre los mismos será determinante en la transmisión y evolución de la desigualdad, tanto en la riqueza como en la renta.

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La enésima tropelía del artículo 135 de la Constitución Española

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

La reforma del artículo 135 de la Constitución aprobada por el PP y PSOE concedió prioridad absoluta al pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público. Esto conduce a situaciones tan absurdas y contraproducentes como la siguiente.

El Ayuntamiento de Madrid tiene un superávit superior a los mil millones de euros, pero la legislación derivada del artículo 135 de la Constitución le impide que pueda utilizar todo ese dinero en mejorar los servicios y prestaciones a los ciudadanos y ciudadanas, ya que obliga a pagar deuda antes de tiempo. Pero es que ese pago adelantado no tiene por qué conllevar un ahorro por pagar menos intereses en el futuro, sino que en ocasiones provoca costes extra, ya que muchos bancos penalizan a quienes devuelven sus préstamos antes de tiempo. Estas penalizaciones le han costado en 2016 a la ciudadanía madrileña nada más y nada menos que 1.819.494 euros (1).

Casi 2 millones de euros de dinero público regalados a la banca (concretamente a Crédit Agricole y Bankinter) por culpa de una legislación antisocial y pensada fundamentalmente para beneficiar a las entidades financieras. No sólo se está impidiendo a ayuntamientos saneados que utilicen sus recursos para mejorar el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas sino que además se le está haciendo un negocio extra a la banca.

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La trama de Luxemburgo: un agujero fiscal tolerado en el corazón de la Unión Europea

Autor: Miguel Urban y Daniel Albarracin

Otra Mirada Social y Económica Es Posible

La Unión Europea se jacta de representar uno de los espacios supranacionales con una regulación más avanzada en el marco de la evasión fiscal y del lavado de dinero. Una Unión Europea que tiene como presidente de su Comisión al mismísimo Jean Claude Juncker, que estuvo 18 años en el gobierno luxemburgués. Sin ser suficiente poner al lobo al mando del gallinero, el diseño de la Unión Europea, favorable a la competición y devaluación fiscal permanente, permisivo con la regulación fiscal laxa de numerosos países, acepta en su seno agujeros gigantescos por los que el capital y el patrimonio de grandes empresas y familias acaudaladas se mueve, generando uno de los mayores privilegios económicos que se conocen desde la exención de la que disfrutaba la nobleza en la Edad Media, y de la que ahora sólo disfrutan las oligarquías a costa de servicios públicos y el esfuerzo fiscal del contribuyente medio.

Debemos recordar que, la ingeniería tributaria o lo que viene a ser lo mismo el desplazamiento de beneficios de multinacionales a paraísos fiscales, explica dos terceras partes de la evasión fiscal internacional. El otro tercio obedece a la carrera por la competencia fiscal. Mientras tanto, los principales actores políticos miran hacia otro lado, o negando su responsabilidad, admitiendo su impotencia o incompetencia para actuar, o bien acusando a países terceros o confundiéndonos con anécdotas y malas excusas sobre lo inevitable del fenómeno…
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El camaleónico secreto bancario suizo y la evasión fiscal

Autor: Miguel Urban y Daniel Albarracin

Otra Mirada Social y Económica Es Posible

Suiza, Guarida Fiscal preferida por grandes patrimonios y corporaciones privadas.

Puede afirmarse que Suiza es, probablemente, el mayor paraíso fiscal mundial, cuanto menos en cuanto al peso del patrimonio gestionado por sus centros offshores, sólo siguiéndolo de cerca Reino Unido, las Islas del Canal más Dublín.

Suiza dispone, en 2017, de unos 266 bancos, con dos grandes entidades: Union de Banques Suisses (UBS) y Crédit Suisse (CS). La banca suiza se concentra en los servicios de banca privada y gestión de patrimonio, apenas se dedica al negocio bancario minorista. Gestiona el 25% de la cuota mundial del negocio de la gestión de fortunas privadas, más o menos el equivalente a 6,1 billones de euros en este segmento. El 35% de los fondos mundiales privados invertidos en entidades offshore está en Suiza, unos 2,2 billones de euros.

Algunos cantones, como el Zoug, ofrecen tipos impositivos sobre los beneficios del 16%, y a los grupos que apenas cuentan con un simple buzón hasta del 9%. Otros cantones como el de Obwald y Appezell Rodes-Extérieures gravan apenas con un máximo del 13%, y otros cantones también ofrecen un generoso 15%. No es de extrañar que decenas de miles de empresas multinacionales escojan situar su base principal en Suiza.

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¡Más gasto público, más progresividad fiscal!

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Con el paso del tiempo, es mayor si cabe la necesidad de propiciar un viraje. Porque la degradación social, política y económica ha superado el rubicón y puede convertirse, si no lo es ya, en irreversible; por la enorme cantidad de recursos que se están dilapidando, lo que hipoteca y condiciona muy negativamente la viabilidad de otras políticas económicas con un diseño alternativo; por el profundo desánimo y escepticismo en que está inmersa la población; por el enorme poder que han acumulado las grandes empresas y los mercados donde articulan sus intereses; por el descrédito de la política y de los políticos; por la incapacidad de las izquierdas de sostener un discurso alternativo y de movilizar las fuerzas necesarias para llevarlo adelante; por la deriva autoritaria y antidemocrática que está emergiendo de la crisis y de la gestión de la misma que realizan los poderes fácticos; y porque las oligarquías económicas y políticas sí han aprovechado su oportunidad y se han hecho más fuertes. Por todo ello urge aplicar un plan de emergencia.

Lo más urgente –en el corto plazo, pero con consecuencias de muy largo recorrido- es detener las denominadas políticas de austeridad. Por varias razones: han fracasado en la consecución de aquellos objetivos que, en principio, las justificaban; no sólo son incapaces de reactivar la economías sino que, además, están destruyendo capital productivo y provocando una fractura social de grandes dimensiones; han instalado a las economías en bucles de los que cada vez es más difícil y costoso salir; han agravado la problemática estructural que constituye en mar de fondo de la crisis; están dando lugar a una distribución injusta y extremadamente desigual de los costes de la crisis; y al dislocar la sociedad y los espacios públicos desactivan la resistencia social y debilita las fuerzas que podrían impulsar un cambio. Por todo ello, es imprescindible un viraje sustancial en la política económica aplicada por gobiernos y responsables comunitarios.

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Ajustar las cuentas públicas. Mentiras y falacias

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

El gobierno del Partido Popular ha renunciado a la aplicación de una política fiscal más progresiva. Todo lo contrario, la regresividad que caracteriza nuestro sistema tributario es ahora más pronunciada que antes del estallido de la crisis.

Uno de los argumentos más recurrentes para justificar esa apuesta política por la regresividad fiscal –sí, decisión política para la que se busca una justificación económica- ha sido la supuesta fuga de capitales que se produciría en el caso de que aumentara la carga tributaria sobre los ricos y las grandes corporaciones.

Se olvida, deliberadamente, que, si comparamos nuestra economía con las de nuestros socios comunitarios, los impuestos pagados por los grupos económica y socialmente privilegiados son sensiblemente inferiores aquí; por las numerosas exenciones y deducciones de las que se benefician, por la ingeniería fiscal que manejan y por las muy sustanciales bolsas de fraude que existen. Conviene llamar la atención en que nuestra condición de “paraíso fiscal” atrae inversiones que buscan –y obtienen- beneficios asociados, sobre todo, a los privilegios que disfrutan los capitales foráneos y los grupos económicos.

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El gasto público debe elevarse todo lo que necesite la economía

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

Toda compraventa envuelve necesariamente a dos partes: la vendedora y la compradora. La compradora gasta y la vendedora ingresa. El gasto del comprador es siempre necesariamente igual al ingreso del vendedor; no puede ser de otra forma. Si yo le compro al frutero una manzana por valor de 1 euro, yo estaré gastando 1 euro y el frutero estará ingresando 1 euro. Lo que una parte gasta lo ingresa la otra, porque el dinero no desaparece en la transacción.

De ahí que haya dos formas fundamentales para calcular el Producto Interior Bruto (PIB) –indicador que mide la renta de un país–: la que se centra en los gastos y la que se centra en los ingresos. Si uno suma todos los gastos que se producen en un país durante un tiempo, obtendrá exactamente la misma cantidad que si sumase todos los ingresos que se producen en el mismo país durante el mismo periodo de tiempo. Por eso el PIB es igual a la suma de todos los gastos, que es a su vez igual a la suma de todos los ingresos.

PIB = Gastos = Ingresos

Cuanto más se gaste (y por lo tanto se ingrese), mayor será el PIB. Esto es un aspecto básico de la macroeconomía que desgraciadamente la inmensa mayoría de las personas parece desconocer (¡especialmente las que proponen reducir el gasto público!).

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Cinco mil quinientos millones

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

Aún no tenemos Gobierno, pero ya sabemos el recorte presupuestario que le exige Europa. Y que seguramente el PP y sus aliados acatarán por responsabilidad. Hasta ahora el Gobierno se había pasado por el forro las exigencias de Bruselas, pero había contado para ello con la complicidad comunitaria seguramente temerosa que un recorte a destiempo pudiera provocar un descalabro electoral de las fuerzas del orden. Siempre es más fácil aplicar un hachazo al principio de la legislatura, cuando los que Gobiernan se encuentran más fuertes y confían que la mejora posterior de la situación hará que sus electores olviden el mal trago a la hora de votar. Es verdad que este Gobierno nace mucho más debilitado que el anterior. Pero no parece que sus oponentes vayan a estar por la labor de enfrentarse con la política de la UE. Ya sabemos de qué responsabilidad cojean. La responsabilidad que les llevó a los recortes de 2010 y al golpe de estado palaciego contra la constitución, y que ahora les ha llevado a dar el apoyo al PP, es la misma que les conducirá a tragar la nueva sarta de recortes. Precisamente la crítica al PP que desde sectores cercanos al PSOE se hacían por el incumplimiento del déficit indica que van a estar preparados para cumplir los compromisos.

Un recorte de 5.500 millones de euros en el presupuesto público va a tener sin duda un efecto depresivo sobre la economía y el empleo. De la forma como se haga dependerá su profundidad. Lo nuevo en el momento presente es que hay al menos un nuevo discurso, por parte de economistas oficiales, que aboga por que el recorte se haga subiendo impuestos en lugar de recortar gastos. Significa un viraje político y un reconocimiento implícito del fracaso de los ajustes impuestos en Europa en 2010.

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El fantasma de Buenamuerte ronda las pensiones

Autor: Hector Illueca Ballester

El viejo contrato social, que representaba un compromiso entre generaciones, se está deshaciendo ante nuestros ojos. El Gobierno se dispone a acometer la enésima reforma de las pensiones, recortando aún más las ya exiguas prestaciones y convirtiendo a los ancianos en trabajadores pobres.

Artículo publicado en DiagonalPeriodico Seguir leyendo…

La enmienda del PP a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera @edugaresp

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fue aprobada en 2012, nada más llegar Rajoy al gobierno. Es la punta de lanza del artículo 135 reformado de la Constitución y como tal consagra los principios del neoliberalismo y de la austeridad. Esta ley persigue la reducción de la inversión pública con la excusa del acatamiento de determinadas reglas fiscales que no tienen ningún sustento científico, priorizando el pago de una colosal deuda pública (en buena medida ilegítima) a los bancos frente a cualquier gasto social o inversión. No sólo obliga a las administraciones públicas que presentan déficit público a recortar en todo tipo de gasto público, sino que también impide a las administraciones que tienen superávit que puedan gastar todo el dinero sobrante en políticas públicas diferentes del pago de la deuda. Es una ley que fuerza la reducción del tamaño de las administraciones públicas y que garantiza el negocio bancario, además de lastrar el crecimiento económico y deteriorar el Estado del Bienestar.

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El chantaje del Gobierno a las CCAA

Autor: Ivan H. Ayala y Giuseppe Quaresima

Blog Tribuna Abierta en eldiario.es

El Consejo de Política Fiscal, el órgano que coordina la política financiera del Estado y las Comunidades Autónomas, decidió en abril de ese año los objetivos de déficit para cada territorio. Posteriormente éstos se incluyeron en el Programa de Estabilidad que presentó el Gobierno a la Comisión Europea, marcando una vía que posteriormente fue modificada con Bruselas estableciendo una nueva senda de reducción del déficit más laxa. Concretamente, pasamos de un objetivo de 3,6% para 2016 a un 4,6%, mientras que para 2017 el objetivo se relajó de un 2,9% al 3,1%. Dado que los objetivos de déficit se han modificado, ampliando el margen, este desahogo fiscal se tiene que repartir principalmente entre Estado y CCAA por lo que es necesario actualizar el reparto para que estas últimas tengan mayor capacidad fiscal. Este nuevo reparto solo se puede hacer en el órgano competente, es decir, el Consejo de Política Fiscal pero el Gobierno en funciones ha preferido hasta ahora no actuar por unas razones que tienen que ver mucho con el tacticismo post electoral y poco con las necesidades económicas del país. En caso de no convocar el Consejo y forzar a las CCAA a ceñirse a la senda anterior, más estricta, Montoro estaría obligando a aplicar la austeridad de forma pasiva. Si las CCAA se someten al objetivo de déficit del 0,1% del anterior pacto de estabilidad, éstas no tendrán el mayor margen fiscal que posibilita el nuevo acuerdo con la CE, es decir, deberán efectuar recortes adicionales en un país cuyo gasto público ya ha tocado el hueso del estado de bienestar.

Pero hay una razón más que explica esta actitud extorsionadora del Gobierno en funciones hacia las CCAA: tapar el agujero en las cuentas públicas que han provocado sus pésimas reformas fiscales y sus erróneas (o interesadas) previsiones sobre la recaudación pública. En 2015 el Ejecutivo desarrolló una reforma fiscal que ha supuesto una merma en la recaudación, concretamente en junio de este año ha sido un 2,3% inferior (3,2% menos en variación homogénea) con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es especialmente grave en un país con un déficit estructural de ingresos públicos (más de 7 puntos con la media de la eurozona). Fue de tal desmán esta reforma que el gobierno preveía un incremento del 10% en el impuesto de sociedades ¡y ya ha caído más de un 80%! Es tan flagrante el interesado -y electoralista- pronóstico que el PP se está viendo obligado a derogarse a sí mismo, prometiendo a Bruselas que revertirá la reforma del impuesto de sociedades en los presupuestos de 2017. En la práctica, el Estado central está intentando guardarse para sí todo el mayor margen de maniobra y así externalizar la culpa de la desastrosa política fiscal a las CCAA. El problema no es que no haya Gobierno, sino que el que ejerce en funciones -y también antes de entrar en funciones- está jugando electoralmente con los ingresos públicos, los de todos, como si fueran de su propiedad.

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Unámonos contra la Ley Montoro

Autor: Alberto Garzon Espinosa, Eduardo Garzón Espinosa, Esther Lopez Barcelo y Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

La “reforma express” del artículo 135 de la Constitución Española abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo, las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. A través de este acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limitaba el déficit público y priorizaba el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en “sagradas” son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Este último, es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones, sino que ha de utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, aunque el ayuntamiento esté cumpliendo puntualmente los plazos de amortización de deuda, deberá seguir adelantando el pago con el superávit generado. En la Ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrante alguna de las tres normas la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no pretende ser otra cosa que comprometerse a volver al redil de cumplimiento de los preceptos fiscales convencionales.

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La irresponsabilidad de los “buenos gestores” @Segundogg e @ivanhayala para @ctxt_es

Autor: Segundo Gonzalez y Ivan H. Ayala

ctxt.es

El proceso de la multa de Bruselas a España se ha iniciado como consecuencia de las reformas que se hicieron para “reforzar” las reglas fiscales en Europa. Si antes de la crisis el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento (PEC, el que rige la coordinación macroeconómica en la eurozona) era ya de por sí muy rígido, la solución para la crisis ha sido reforzar y dotar de mayor rigidez todavía al marco fiscal europeo. En 2009 se establece que España tiene que tener un déficit por debajo del 3% en 2013. En 2013 se incumple el objetivo y se establece que tiene que reducirse por debajo del 3% en 2016. En 2016 se amenaza con una multa y se establece que el déficit tiene que estar por debajo del 3% en 2018. Ahora la nueva senda es del 4,6% para 2016, 3,1% para 2017 y 2,8 para 2018. La Comisión Europea (CE) y el Gobierno quieren presentar esta decisión como  un logro para España, cuando en realidad representa un ajuste brutal que necesitará de mayores recortes –lo que por otro lado demuestra que los recortes aplicados desde 2011-2013 y la destrucción productiva y social que han producido eran completamente innecesarios–. Parece claro que no tiene ninguna lógica económica establecer unos objetivos que no pueden ser cumplidos –el límite del 3% se ha violado en más de 165 ocasiones–, y posteriormente amenazar con una multa por no cumplir esos objetivos incumplibles, y que además en todo caso haría más difícil el cumplimiento de esos objetivos.

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Políticas que valen para un roto y un descosido

Autor: Fernando Luengo

infoLibre.es

Desde que el neoliberalismo, en la década de los ochenta, tomó carta de naturaleza y se convirtió en el nudo gordiano del pensamiento económico dominante, la lógica de la estabilidad presupuestaria –reducir los umbrales de déficit y deuda públicos– han impregnado las políticas llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y las impulsadas por los partidos socialistas cuando llegaban al poder; con escasas diferencias unas y otras, a pesar de situarse en coordinadas ideológicas contrapuestas.

También ahora, cuando las economías europeas y muy especialmente las periféricas se han visto atrapadas en una crisis económica de proporciones históricas, se apela al ajuste de las cuentas públicas para superarla. Como si ese diseño de política económica tuviera validez universal, cualquiera que sea la coyuntura o la dimensión de los problemas estructurales que las economías deben enfrentar. No es el caso, sin embargo.

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Ajustar las cuentas públicas: mentiras y falacias

Autor: Fernando Luengo

eldiario.es

El gobierno del Partido Popular ha renunciado a la aplicación de una política fiscal más progresiva. Todo lo contrario, la regresividad que caracteriza nuestro sistema tributario es ahora más pronunciada que antes del estallido de la crisis. Uno de los argumentos más recurrentes para justificar esa apuesta política por la regresividad fiscal –sí, decisión política para la que se busca una justificación económica- ha sido la supuesta fuga de capitales que se produciría en el caso de que aumentara la carga tributaria sobre los ricos y las grandes corporaciones.

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Bruselas cambia multa por drásticos recortes de déficit público @edugaresp

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

La Comisión Europea ha decidido finalmente imponer una multa simbólica de 0 euros a España y Portugal por no haber tomado medidas efectivas para respetar el tope de déficit público impuesto. Es la primera vez que se hace efectiva una sanción por un incumplimiento del límite de déficit público, a pesar de que a lo largo de toda la historia de la Unión Europea ha habido nada más y nada menos que 165 incumplimientos. Lo cierto es que ya muchos advertíamos de que no iba a haber multa económica ya que la misma lo único que lograría sería elevar el déficit público y lo que quiere Bruselas es precisamente que se reduzca. No existiría nada tan absurdo como imponer una sanción que agravaría la situación que se pretende corregir. En cualquier caso, a cambio de descartar la multa económica Bruselas ha impuesto unas metas fiscales para el Estado español mucho más duras que las anteriores, a saber: objetivo de déficit público de 4,6% sobre el PIB para 2016, 3,1% para 2017, y 2,2% para 2018. Todo ello implicaría que el Estado español tendría que recortar el déficit en más de 30.000 millones de euros desde 2015 a 2018, que es aproximadamente la misma cantidad de gasto público total que se ha recortado desde el año 2009 hasta 2015.

Estamos hablando de unas medidas fiscales absolutamente salvajes que no sólo resultarían gravemente perjudiciales para la mayoría social, sino que también serían completamente nocivas para la actividad económica, amén de que lo más probable es que ni siquiera sirviesen para cumplir con los objetivos de déficit público (como ha ocurrido en todos los años anteriores). A decir verdad, el recorte de 30.000 millones de euros sería sobre el déficit público, por lo que no necesariamente habría de pasar por tijeretazos en el gasto público, sino que también se podría recurrir a incrementos de ingresos. Algunos de estos ingresos aumentarán probablemente por el efecto de la actividad económica, como viene ocurriendo últimamente con el IVA o con los impuestos especiales (sobre hidrocarburos, tabaco, bebidas alcohólicas, etc)[1], que son, por cierto, los más injustos ya que los paga tanto la persona sin recursos como la persona más rica del país. Algunos otros ingresos podrían mejorar por el afloramiento de fraude fiscal o por nuevos incrementos de impuestos, pero en cualquier caso es evidente que estos objetivos fiscales están emplazando al futuro gobierno a recortar muchísimo en gasto público, aunque no sea en 30.000 millones de euros.

Pero lo que hay que tener claro aquí es que estas medidas fiscales están profundamente equivocadas si lo que se pretende conseguir es reducir el déficit público y mejorar la economía. Ahora bien, si –como más bien parece– lo que se pretende conseguir es que se reduzca todavía más el Estado del Bienestar español, entonces estas medidas son las más adecuadas.

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Cuantificación de los recortes de gasto público desde 2010 @edugaresp

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado en eldiario.es el 16 de julio de 2016

Muchas personas han notado un deterioro palpable en servicios públicos como los de educación y sanidad, así como en otros ámbitos dependientes de la inversión y gasto público, pero nunca han tenido a su disposición un estudio que les sirviese para confirmar científicamente esa sensación. De hecho, algunos economistas se atreven a afirmar que en realidad en el Estado español ha habido muy pocos recortes y otros dicen incluso que lo que ha habido ha sido una expansión del gasto público. A pesar de los enormes impactos económicos, sociales, políticos, institucionales, ecológicos, humanitarios, culturales, etc, que provocan los recortes de gasto público, llama la atención que muy pocos analistas se hayan animado a recopilar y cuantificar el volumen total de gasto público recortado desde 2010, así como su distribución por partidas. Y ya no hablemos de los que lo han hecho de una forma rigurosa. Afortunadamente hace poco conocimos un informe de Manuel Lago en el que se lleva a cabo un extenso análisis a todo detalle de todos los recortes de gasto público acometidos desde que el gobierno de Zapatero cumpliese a rajatabla las exigencias de la Unión Europea en 2010. Este artículo pretende recoger de una forma breve y asequible los principales resultados del citado informe.

El informe se centra en los recortes aplicados desde 2009 hasta 2014 utilizando datos de la Intervención General de la Administración del Estado, que es el máximo organismo fiscalizador de las cuentas públicas. El año 2015 no forma parte del análisis porque los datos definitivos (los referidos al gasto verdaderamente ejecutado y no presupuestado) tardan en ser publicados, aunque de todas formas bien es sabido que por ser un año inusualmente electoral (elecciones andaluzas en marzo, municipales y autonómicas en mayo, catalanas en septiembre y estatales en diciembre) no ha habido apenas recortes de gasto público (en determinadas materias incluso hubo aumentos), por lo que esta ausencia de información no distorsiona el análisis.

La principal conclusión del informe es la siguiente: desde final del año 2009 hasta el principio de 2015 el conjunto del gasto público del sector público español ha sido recortado en 30.824 millones de euros, aproximadamente un 3% del PIB. Sin embargo, este resultado pueda dar lugar a confusión ya que está recogiendo tanto el recorte experimentado en algunas partidas como el incremento del gasto en otras. No todas las posibilidades de gasto del sector público han sufrido un descenso, sino que algunas han aumentado. Estas partidas han experimentado un incremento del gasto durante el periodo citado de 47.824 millones de euros (un 4,7% del PIB), y la inmensa mayoría se debe al gasto en pensiones, en intereses de deuda y en energía. En cambio, el resto de partidas (educación, sanidad, desempleo, vivienda, etc) han sufrido un recorte de gasto de 78.648 millones de euros (un 7,8% del PIB). Seguir leyendo…

El truco contable de De Guindos para cumplir con el tope de déficit @edugaresp

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

El ministro de Economía De Guindos ha anunciado hoy que aumentará los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades para cumplir el tope de déficit en 2017.

¿Qué significa esto en román paladino?

Aunque se está vendiendo como un incremento de los impuestos en el Impuesto de Sociedades, técnicamente no lo es. Los pagos a cuenta es el dinero que pagan las empresas por impuestos de forma ANTICIPADA (tres veces al año: abril, octubre y diciembre). Al siguiente año, en julio, Hacienda comprueba si las empresas han pagado anticipadamente más de lo que deberían pagar. Si han pagado más dinero de la cuenta, se les devuelve esa parte. Si han pagado menos, se les cobra. Es como las retenciones en el IRPF.

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Revertir los recortes es posible @nachoalvarez_ en @el_pais

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

La austeridad ha dejado importantes cicatrices en nuestra sociedad. En España sólo se ha recuperado uno de cada tres empleos perdidos durante la crisis, hay 2,6 millones de ocupados menos que a comienzos de 2008 y nuestra renta per capita es un 5% más baja. Los recortes fiscales han mermado además la capacidad redistributiva del Estado, incrementando significativamente las desigualdades. Y la inversión pública, imprescindible para la transformación estructural de la economía, se ha reducido en 25.000 millones de euros. Asistimos a una verdadera década perdida.

Terminar con las políticas de austeridad significa no sólo oponerse a los nuevos recortes de gasto e inversión pública ya prometidos por el Partido Popular. Debe implicar también revertir los recortes que se han practicado estos años atrás. Revertir los recortes que han tenido lugar entre 2009 y 2014 es, en nuestra opinión, perfectamente compatible con la progresiva reducción del déficit público, si bien el próximo gobierno tendrá que renegociar con Bruselas un ritmo más paulatino. Esta reversión de los recortes ayudará a afianzar el crecimiento económico, a reducir más rápidamente el desempleo y a no depender tanto de los vientos de cola que llegan desde fuera, fruto principalmente de la política monetaria del BCE.

Pero además de renegociar con Bruselas el ritmo de reducción del déficit –un 21% de desempleo y un 30% de población en riesgo de pobreza son motivos que lo exigen–, el próximo gobierno deberá acometer dos tipos de medidas estructurales. Sólo así se garantizará que la reducción del déficit sea compatible con la reducción de las desigualdades. Seguir leyendo…

Terminar con la austeridad ¿De qué hablamos? (Jorge Uxó y @nachoalvarez_ para @_infolibre)

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

infoLibre

¿Qué significa hoy poner punto y final a las políticas de austeridad? A nuestro juicio, hay tres elementos principales.

Abandonar la austeridad fiscal pasa, en primer lugar, por oponerse a los nuevos recortes al gasto y a la inversión pública que ya se están anunciando. Hay razones muy importantes para ello.

El Partido Popular atribuye el crecimiento económico actual a sus “reformas estructurales” (especialmente la reforma laboral), y a la política de ajuste fiscal. Pero los recortes aplicados entre 2010 y 2013 agravaron la recesión y sus efectos aún se perciben: el PIB real de 2015 todavía fue un 5% inferior al que había antes de la Gran Recesión, seguimos teniendo 2,6 millones de ocupados menos que en 2008 y la tasa de paro es del 21%. Sólo se ha recuperado uno de cada tres puestos de trabajo perdidos durante la crisis, y casi el 30% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Seguir leyendo…

“Hablar de procesos de reestructuración de la deuda pública en Europa será inevitable”. Entrevista a @nachoalvarez_ en @eldiarioes

Autor: Nacho Álvarez Peralta

eldiario.es

El programa económico de Podemos es una de los anatemas que medios y contrincantes ondean más a menudo para inspirar miedo con un posible gobierno de la formación morada. Choca este temor que destilan algunos titulares cuando se conoce al cerebro económico del partido de Pablo Iglesias, Nacho Álvarez. Pausado y moderado, Álvarez (Madrid, 1977) no sufre pensando que en caso de un hipotético Gobierno, Iglesias eligiera a Alberto Garzón como ministro de Economía en su lugar. Se ríe y respira -genuinamente- aliviado con esa opción aunque luego asegura que está “al servicio de lo que le pidan en Unidos Podemos”. No hablamos de pensiones ni de la derogación de la reforma laboral, dos temas abordados de forma profusa en la anterior campaña y que no han variado en el programa de Podemos. Pero sí de que cuatro años más de Mariano Rajoy serían peor que un Brexit. Seguir leyendo…

El hueco que deja el diablo está en la Castellana @nachoalvarez_

Autor: Nacho Álvarez Peralta

eldiario.es

El hueco que deja el diablo es el título de un interesante estudio elaborado por varios profesores de la Universidad de Zaragoza, y publicado por Fedea en 2014. En este documento los autores estiman, a partir de los datos proporcionados por el Panel de Declarantes publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, el fraude fiscal de la economía española en el IRPF.

Las conclusiones del estudio son demoledoras. A excepción de las rentas del trabajo, la infradeclaración afecta de forma muy considerable al resto de fuentes de renta, yendo desde el 45% en el caso de los ingresos provenientes de actividades económicas hasta el 60% en las rentas del capital mobiliario. También los rendimientos procedentes del capital inmobiliario resultan ampliamente infradeclarados, hasta en un 55% según el estudio. La dimensión del fraude estimado alcanza, sólo en materia de IRFP, la friolera de 20.000 millones de euros al año.

Si a esos cálculos sobre el IRPF sumamos otras estimaciones de fraude en el resto de figuras impositivas (particularmente IVA, Impuesto de Sociedades y Patrimonio), el fraude fiscal podría triplicar o cuadruplicar esa cifra, alcanzando el 6%-8% del PIB tal y como recurrentemente ha señalado Gestha. Seguir leyendo…

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