Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Rescates para los de siempre

Autor: Alberto Garzon Espinosa

Pijus Economicus

En 2018 veremos cómo se lleva a cabo otra estafa legal: el rescate de las autopistas. Hace años el Gobierno encargó su construcción a constructoras que inflaron los costes hasta un 30%. Como casi nadie pasaba por allí, las constructoras quebraron. Pero no perdieron, pues el negocio era redondo: los beneficios estaban garantizados. El Gobierno había puesto al Estado, a todos nosotros, de avalista. En caso de pérdida, pagamos nosotros. El rescate puede costar hasta 4.500 millones de euros. Pero no será el último rescate. El Gobierno ha anunciado que tras sanearlas las volverá a privatizar para que las gestionen las mismas empresas que las quebraron. Y el Estado volverá a ser el avalista. Se rescató, se rescata y se rescatará a los de siempre mientras las pensiones, la sanidad, la educación, la cultura y nuestro futuro son recortados. Que te rescaten depende de la clase social a la que pertenezcas. ¿Tendrá algo que ver que algunas de esas empresas aparezcan en los papeles de Bárcenas como donantes del PP? ¿Será por eso que no apoyan nuestra idea de investigar con una auditoría?

EKO TV: La Regla de Gasto. ¿Mecanismo de control o camisa de fuerza?

Autor: EKO TV y Ivan H. Ayala

Público-TV

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Debate conducido por Ivan Ayala sobre la regla de gasto y la ley de Estabilidad Presupuestaria, con la participación de Eulalio Ávila (secretario e interventor-tesorero de Administración Local) y José Errejón (economista y administrador civil del Estado).

Para ver el programa pincha aquí.

EKO TV: El encaje económico de Catalunya

Autor: EKO TV y Ivan H. Ayala

Público-TV

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El pasado jueves 18 de enero, a las 20.30h desde el espacio audiovisual del Diario Público, arrancó una nueva temporada de EKOTv, programa realizado por EconoNuestra, TMEX y Diario Público.
Comenzamos esta nueva temporada con un programa sobre “El encaje económico de Catalunya”. Tras unos meses de convulsión en Catalunya, y también en el conjunto del Estado español, el problema político sobre el encaje territorial de Catalunya ni mucho menos está resuelto. En este nuevo programa analizamos cómo hemos llegado hasta aquí. También evaluamos el balance económico que, no solo el proceso, sino también la gestión de la crisis económica, ha dejado en Catalunya. Y de la mano de la mesa de debate también proyectamos qué fórmulas de encaje económico podría tener Catalunya en el conjunto de España.
En el programa participaron Javier Loscos, profesor de la Facultad de Derecho de la UCM, Nuria Alabao, periodista y antropóloga, y Miguel Carrión, analista de banca y mercados.

Para ver el programa pincha aquí.

Economía Política de Cataluña

Autor: Antonio Sanchez Andres

La Paradoja de Kaldor

Recientemente han tenido lugar las elecciones en Cataluña. Más allá del resultado concreto, y  del color del nuevo gobierno en esa Comunidad Autónoma, hay aspectos sobre la génesis del problema que se han eludido en el debate público y que resultan esenciales, pues condicionarán el futuro desarrollo de los acontecimientos. En este artículo se comentarán algunas cuestiones que entendemos que son clave para situar la Economía Política de Cataluña.

Hay un interrogante esencial: ¿por qué se ha acrecentado el espíritu independentista en Cataluña durante los últimos meses? Además de las dificultades de Madrid para comprender el elemento diferencial en la periferia española, un aspecto crucial –y poco debatido– pasa por identificar a quién se le ha cargado el coste de la crisis. Y la factura ha caído fundamentalmente del lado de la mayoría social y de las clases populares. Por supuesto, algunas elites también han visto mermar sus ingresos, pero, en general, se les han resuelto sus problemas o han visto mejorar sus posiciones. Esto ha quedado patente con el dinero destinado al sector bancario, la permisividad con el sector eléctrico, el aumento en el precio de las telecomunicaciones, las subidas en los pagos por gasolinas, etc. Por supuesto siempre en detrimento de la población, bien con intervenciones presupuestarias, bien con políticas regulatorias.

En la medida en que en Cataluña existe una conciencia diferencial, un caldo del cultivo, las élites políticas han podido utilizar dicha realidad para agitar el descontento social y orientarlo en clave nacionalista.   El resultado ha sido patente. Mientras que en 2010 algo más de un millón y medio de votantes apoyaron opciones que actualmente se identifican con el “independentismo”, en las últimas elecciones estas opciones han superado ligeramente la barrera de los dos millones. Este aumento del “independentismo” abarca el 38,5% del censo electoral (el 47,3% de los votos emitidos), situación que evidentemente vierte serias dudas sobre el futuro de una Cataluña independiente: no hay base social suficiente que apoye ese proyecto político. Esta es una de las grandes constataciones de las pasadas elecciones. Una canción distinta sonaría si quien apoya el independentismo hubiese sido el 80-90% de la población.

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Cataluña, balanzas fiscales y solidaridad

Autor: Ricardo Molero Simarro

ctxt.es

En el agrio debate sobre el proceso independentista catalán se ha dado por descontada su dimensión económica, extendiéndose una confusión interesada: la creencia de que la distribución de la renta en una economía depende de su dimensión territorial y, en concreto, de las aportaciones que unas y otras Comunidades Autónomas (CCAA) realizan a la Hacienda común.

Utilizando un argumento similar al de los defensores del Brexit, el independentismo catalán ha basado en buena medida su propuesta en la promesa de recuperación de la aportación neta que realiza a las balanzas fiscales autonómicas. En el otro extremo, el nacionalismo español ha acusado de profundamente insolidario al movimiento independentista por querer negarse a seguir realizando las contribuciones que, dada la mayor riqueza de la economía catalana, supuestamente le correspondería hacer.

Ni una, ni otra posición quieren comprender que, en realidad, el proceso de redistribución de renta se da, principalmente, entre hogares (sólo indirectamente entre CCAA); y que los desequilibrios territoriales de una economía como la española se deben, principalmente, a nuestro desestructurado modelo productivo (únicamente en el largo plazo al destino de la inversión pública en infraestructuras).

Sobre las balanzas fiscales se ha escrito mucho. En resumen, se trata de un cálculo de la diferencia, mediada por el sistema de financiación autonómica (SFA), entre lo que aportan las personas residentes en una CC.AA. vía impuestos y lo que reciben vía gasto público. Habitualmente esa diferencia se interpreta como la disparidad entre las aportaciones de unas y otras CC.AA., entendidas éstas como entes con capacidad propia de pagar impuestos y recibir gasto público, pero esa es una interpretación errónea. En realidad, las balanzas fiscales muestran la diferencia entre las aportaciones de los hogares de unas y otras CC.AA., no de las Comunidades en sí mismas. Es una sutil, pero importante distinción, en especial en lo que tiene que ver con cómo funciona la tan manida “solidaridad”.

Como explican la mayoría de expertos, lo lógico es que aquellas comunidades cuya renta per cápita es más alta sean las que más aporten a las balanzas en términos netos, en primer lugar, porque mayores son los ingresos de sus ciudadanos, así como los beneficios de las empresas allí domiciliadas; y, en segundo lugar, porque, a priori, menor es el número de personas que tienen necesidad de recibir prestaciones sociales, o al menos aquellas prestaciones que dependen del nivel de renta.

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Arbitrariedad versus Estado de derecho

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Madrid “no es la ciudad más incumplidora de las reglas fiscales. No es un ayuntamiento en mala situación y su evolución está siendo la correcta, no vemos por qué se tomó esa decisión del seguimiento semanal de sus cuentas”. Porque “Madrid ha elevado su contribución al superávit acumulado de las entidades locales, mientras otras la han reducido y además ha reducido su deuda en los últimos años”.

Los entrecomillados no son míos, sino de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF), que no puede considerarse precisamente una instancia de parte. Se trata de un organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno español, a iniciativa de la Unión Europea y como consecuencia del ‘Memorándum de entendimiento’ que el rescate bancario nos obligó a suscribir.

Durante la reciente presentación de su informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de 2018 de las entidades locales, los representantes de este organismo independiente apuntaron que la decisiones del Ministerio de Hacienda respecto a Madrid son inexplicables.

De hecho, en Madrid ocurre exactamente lo contrario que en los nueve ayuntamientos de todo el Estado que están en situación crítica. Acumulan deuda que llega a alcanzar el 500% con respecto a los ingresos y pagan a los proveedores a más de 600 días, frente a los siete días en los que paga Madrid. El caso más sintomático es el del Ayuntamiento de Jaén, en que fue alcalde el actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, y que bajo su mandato deterioró sensiblemente sus cuentas. Este año se prevé que su deuda superará los 462 millones de euros, más del 400% de los ingresos. Madrid estará por debajo del 60% en 2018 y cuando accedimos al gobierno el ratio era del 141%. Jaén no ha sido intervenido, Madrid sí.

Creo que estoy en condición de explicarle a la AIReF las razones de la actuación del Ministerio de Hacienda. No son otras que la arbitrariedad y la utilización del Gobierno central como ariete político contra una Administración que tiene un signo político diferente.

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Defender Madrid de Montoro y de los recortes

Autor: Pablo Carmona

La Marea

Con los últimos acontecimientos sobre el presupuesto de Madrid se demuestra que, en materia de austeridad, Madrid constituye el campo de pruebas más avanzado de nuestro país. El culebrón de tecnicismos y cifras sobre el presupuesto madrileño que ocupa la agenda pública no responde más que a una batalla política. De un lado, el gobierno del PP quiere secar las arcas municipales e intervenir sus cuentas. Del otro, el Ayuntamiento de Madrid defiende a capa y espada un presupuesto con un enorme superávit capaz de cubrir buena parte de las necesidades sociales y las inversiones que tanto demanda la ciudad.

Las reglas del juego vienen marcadas por el famoso artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como Ley Montoro. Esta ley –además de aplicarse–, ha sido interpretada y retorcida en la persecución contra Madrid desde los más amplios malabarismos políticos. De nada han valido las muestras de solvencia, e incluso las concesiones en forma de recortes no estructurales que se han hecho desde el Ayuntamiento en sus últimos documentos, todos los intentos han sido tumbados. Sencillamente, Montoro no busca un acuerdo con Madrid, sino su rendición.

Como se ha ratificado en los últimos días, son muchas las administraciones que incumplen la regla de gasto, pero los mismos criterios de estabilidad que valen para otras administraciones no son efectivos para Madrid. El propio Montoro, año tras año, tiene que pedir prórrogas a Bruselas producto de sus reiterados incumplimientos con los compromisos adquiridos en materia de déficit y deuda pública. Sin embargo, el color político del gobierno de Madrid y el de algunas comunidades autónomas o ayuntamientos, son dos muy distintos y ahí está la clave del problema. Madrid se ha convertido en objetivo político evidente.

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Entrevista a Carlos Sánchez Mato: “Tenemos que evitar que el mejor producto del PP sean Ahora Madrid y Manuela Carmena”

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Salto (YAGO ÁLVAREZ @ECONOCABREADO)

El ahora “solo” concejal del distrito de Vicálvaro recibe a El Salto en el hall del Ayuntamiento de Madrid. Sale un momento del pleno municipal para atendernos: “Normalmente hago yo el 25% o 30% de la intervenciones del pleno. Hoy no me toca nada”, explica con cara de resignación. No lleva uno de esos trajes con los que normalmente asistía al edificio de Alcalá 45 y que hicieron que Esperanza Aguirre le llamara “el díscolo de Ahora Madrid por ser el único que se pone corbata”. Hoy, parece que Aguirre acertaba, pero no por los trajes.

Carlos Sánchez Mato ha librado, desde que entró en la concejalía, una batalla política con el Ministerio de Hacienda por la interpretación de la Regla de Gasto. Tras darle la vuelta a las cifras económicas de la ciudad reduciendo su enorme deuda, al mismo tiempo que incrementaba la inversión y el gasto social, el ministro Montoro ha forzado al Ayuntamiento a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que Sánchez Mato se ha negado a apoyar, lo que le ha costado su puesto. El lunes 18 de diciembre fue destituido como delegado de Economía y Hacienda por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

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Montoro y la elección del campo de batalla

Autor: Segundo Gonzalez

ctxt.es

La regla de gasto es uno de los instrumentos más perversos y delirantes de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que desarrolló el artículo 135 de la Constitución reformado en 2012. Mediante la regla se impide que los ayuntamientos puedan utilizar los superávit presupuestarios que han logrado en financiar otra cosa que no sea la amortización de la deuda, incluso si no la tiene. Esto lleva a situaciones antieconómicas y surrealistas como que los ayuntamientos acumulen 20.000 millones de euros en depósitos de efectivo, el mayor saldo de su historia.

Dado que el nivel de déficit de España es la suma de los niveles de déficit de las diferentes administraciones –central, autonómica, local y Seguridad Social– el gobierno central necesita el superávit de los ayuntamientos para cuadrar las cuentas del conjunto del sector público y poder cumplir con los objetivos que marca Bruselas. Sólo en 2016, las cuentas locales se cerraron con un superávit del 0,6% del PIB, mientras que la Administración Central tuvo un déficit del 2,7%. El superávit de los ayuntamientos permite al Gobierno financiar su mala gestión y la política laboral que genera el déficit en la Seguridad Social. Por este motivo, el superávit de los ayuntamientos es tan importante para Montoro.

La regla de gasto, por tanto, es perversa en sí misma. Pero además, su ejecución ha sido arbitraria e irracional, incluyendo cambios de criterio a mitad de la partida con el fin de que Madrid no cumpliera la regla de gasto. Para empezar, el gasto y la inversión de cada municipio se calcula en base a una tasa de referencia del PIB que es no es observable, es decir, es un cálculo que permite mucha discrecionalidad al gobierno. En segundo lugar, su aplicación depende por completo de criterio de Hacienda, que puede cambiar en función de sus intereses: Montoro aplicó en el Ayuntamiento de Madrid unos criterios de cálculo en abril, y otros totalmente diferentes en octubre. Además, Hacienda utiliza la regla de gasto contra Madrid a pesar de que tiene 1000 millones de superávit y ha liquidado ya el 40% de la deuda que le dejó el PP, es decir en dos años ya ha reducido la misma deuda que redujo Botella durante todo su mandato. Sin embargo, permitió mucha mayor flexibilidad en la interpretación de la norma ante otros ayuntamientos, como como el de Jaén, gobernado por el PP.

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En Madrid existían alternativas a la aprobación del Plan Económico de Montoro

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

El pasado 18 de diciembre seis concejales de Ahora Madrid decidieron no votar el Plan Económico Financiero que se presentó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, motivo por el cual la alcaldesa Manuela Carmena cesó al delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, por ser uno de ellos y mostrarse en contra del citado documento. Algunas voces han señalado que aquí se dibujaban únicamente dos opciones: o aprobar un plan económico dictado por Montoro que incluye importantes recortes presupuestarios, o sucumbir a la dolorosa intervención del Ministerio de Hacienda. Pero esto no es en absoluto cierto por varios motivos que se expondrán a continuación.

Es importante recordar que el ataque realizado por Montoro sobre el Ayuntamiento de Madrid es de carácter 100% político, aunque se disfrace con tecnicismos como “Regla de Gasto” o “Plan Económico Financiero”. El gobierno de Ahora Madrid ha demostrado con creces que otra política económica es posible, puesto que en apenas dos años y medio ha incrementado la inversión social en un 74% y las inversiones en infraestructuras en un 102%, al mismo tiempo que ha reducido la deuda en más de un 40% y registrado superávit por más de 1.000 millones de euros. Toda una proeza que atenta contra el discurso manido de los fanáticos de la austeridad con el que se alega que los recortes en el gasto público son necesarios para cuadrar las cuentas. Y para que este exitoso caso de anti-austeridad no se convirtiera en ejemplo a imitar en otras zonas del país, el gobierno del PP con Montoro a la cabeza puso todo su empeño en dinamitarlo.

Para ello recurrió a la Regla de Gasto, un criterio que limita el gasto público independientemente de la cantidad de ingresos que haya. Pero lo hizo retorciendo la interpretación de esta regla hasta llevarla a un punto no recogido en la legislación, al mismo tiempo que denunció en los tribunales determinadas inversiones del consistorio. Se trató de un evidente maltrato discriminatorio, ya que a ningún otro ayuntamiento del país se le han exigido jamás tantísimos recortes ni se le ha intentado parar las inversiones. Prueba de que Montoro exigía recortes exagerados utilizando una interpretación ilegal de la Regla de Gasto es que los técnicos funcionarios del Ayuntamiento no sabían a qué normativa o instrucción atenerse para elaborar el Plan Económico exigido por el Ministerio, o que la propia plataforma informática del Ministerio rechazara la introducción de los datos del Plan, o que el propio órgano fiscalizador del sector público (AIREF) haya reconocido que Madrid tiene las cuentas saneadas y que no entiende la insistente tutela del Ministerio. Montoro quería dar un castigo ejemplar al gobierno de Ahora Madrid, y no le importaba si se saltaba sus propias leyes y normas. Por eso desde el Ayuntamiento de Madrid denunciamos en los tribunales este atropello ilegal.

La última resolución enviada en noviembre por el Ministerio instaba a realizar un plan económico que recogiera recortes de más de 552 millones de euros, pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo. Sin embargo, por alguna razón, desde el Ayuntamiento se quiso aprobar este documento inmediatamente. Así, se ordenó al área de Economía del Ayuntamiento hacer ese plan económico. El plan lo elaboraron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo. Carlos Sánchez Mato ha cumplido, con lealtad, con sus obligaciones procedimentales hasta el último día. Otra cosa son sus posicionamientos políticos, donde no se le puede obligar a apoyar algo que no comparte, que no ha elaborado y que considera un grave error político y económico, especialmente cuando ello no se ha debatido en ningún espacio de Ahora Madrid. Por eso, dada la importancia de la votación, desde Izquierda Unida solicitamos que se consultara a las bases de Ahora Madrid su opinión al respecto, pero fuimos ignorados.

Desde el equipo de Carlos Sánchez Mato proponíamos una alternativa diferente: no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la Regla de Gasto y nos librásemos así de la tutela del Ministerio. Ganar tiempo era la mejor estrategia, porque se podían ganar los recursos en los tribunales (insisto en la atrocidad en términos jurídicos cometida por el Ministerio) o se podía cambiar la Regla de Gasto en el Congreso de los Diputados gracias a una proposición de Unidos Podemos en cuyo diseño participamos.

En cualquier caso, y poniéndonos en la peor de las situaciones, acorde al segundo punto del artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la hipotética intervención de Montoro supondría el envío de funcionarios del Ministerio que aplicarían exactamente los mismos recortes que va a aplicar ahora el gobierno de Ahora Madrid. Es decir, en el peor de los casos el coste económico sería el mismo y el coste político lo sufriría únicamente el gobierno de Rajoy y no el gobierno de Ahora Madrid.

Por eso es falsa la disyuntiva presentada al comienzo de este artículo. Había opciones diferentes a la de aprobar los recortes de Montoro, todas menos dolorosas para el proyecto político de Ahora Madrid y para el bienestar de la ciudadanía madrileña.

El Plan aprobado recoge un recorte de más de 552 millones de euros, un 13% del presupuesto. Concretamente recoge un recorte bestial del 55% en inversiones. Estos datos pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento.

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Sobre la destitución de Carlos Sánchez Mato como concejal de economía del Ayuntamiento de Madrid

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

Desgraciadamente se están lanzando varios mensajes inexactos (o directamente falsos) sobre la destitución de Carlos Sánchez Mato. Como una de las personas que han vivido de ceca este episodio, me veo obligado a aclarar estas confusiones.

1) El Ayuntamiento de Madrid estaba demostrando que otra política económica es posible (incremento inversor y cuentas saneadas) y eso no podía ser permitido por el mayor fanático de la austeridad: el PP con Montoro a la cabeza.

2) En su intento por hacer fracasar el proyecto de Ahora Madrid, Montoro realizó una interpretación ILEGAL de la Regla de Gasto, y exigió recortes mucho más exagerados que los que ha pedido a otros ayuntamientos incumplidores de tal regla. Quería un castigo ejemplar.

3) Montoro cambió las reglas a mitad del partido únicamente para maltratar al gobierno de Ahora Madrid. Los técnicos del ayuntamiento (que no son de izquierdas) alucinaron con este evidente maltrato. Por eso denunciamos en los tribunales este atropello ilegal.

4) Montoro exigió la realización de un plan económico que recogiera recortes de más de 533 millones €. Una salvajada que, insisto, no se atiene a la legislación. Pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo.

5) Sin embargo, inexplicablemente a la alcaldesa le entraron prisas y ordenó al área de economía hacer ese plan económico. El plan lo hicieron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo.

6) La alternativa que proponía Carlos Sánchez Mato era no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la Regla de Gasto y nos librásemos así de la tutela del Ministerio.

7) Ganar tiempo era la mejor estrategia, porque se podían ganar los recursos en los tribunales o se podía cambiar la Regla de Gasto en el Congreso de los Diputados gracias a una proposición de Unidos Podemos en cuyo diseño participó el propio Carlos.

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Necesitamos una revolución… fiscal

Autor: Miguel Urban

eldiario.es

Alexis Tocqueville en su famosa obra “El Antiguo Régimen y la Revolución” sostenía que realmente la revolución francesa se inició no en 1789 sino dos años antes cuando la aristocracia se negó a pagar impuestos en la llamada “revuelta de los privilegiados”. Esta situación forzó a Luis XVI a convocar los Estados Generales aliándose con el Tercer Estado para acabar con los privilegios de la aristocracia. El 19 de junio de 1790 se aprobó la supresión de los títulos de la nobleza hereditaria y que todas las exenciones fiscales pasaran a consideradas “delito nacional”.

Algo más de doscientos años después de la revolución francesa, las élites económicas mundiales se han conformado en una nueva aristocracia que se cree con el derecho de no pagar impuestos. Filtración tras filtración descubrimos nuevos nombres de multinacionales, multimillonarios, famosos o políticos que utilizan empresas offshore o pantalla para ocultar su verdadero patrimonio en paraísos o guaridas fiscales al margen de las obligaciones tributarias. La evasión y elusión fiscal de las grandes fortunas y empresas están en el corazón de las razones del vertiginoso aumento de la desigualdad, así como en el de la carestía recaudatoria de los estados. Solo para hacernos a la idea de la magnitud del problema, en la comisión de investigación de los Papeles de Panamá del Parlamento Europeo hemos calculado que la Unión Europea pierde un billón de euros anuales de recaudación tributaria producto de la evasión y la elusión, un montante económico casi equivalente al producto interior bruto de un país como España.

Estos años de aguda crisis, hemos visto como mientras desde las instituciones europeas se piden esfuerzos a los pueblos, se recortan derechos y se practica una política autoritaria para “salir” de la crisis; las grandes fortunas, gracias al entramado mundial de paraísos fiscales, han acelerado el proceso de concentración de poder y riqueza. Desde el inicio de la crisis la desigualdad no ha parado de crecer en el mundo, hasta tal punto que, como indica el informe de Oxfam Intermón, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta en la crisis social de desigualdad más aguda desde que tenemos datos estadísticos en este sentido.

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Adiós al sinsentido de la regla de gasto

Autor: Segundo Gonzalez y Ricardo Molero Simarro

Público.es

El anuncio de la injustificada intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda ha llamado la atención de mucha gente sobre el sinsentido de la denominada “regla de gasto”. Aunque parece compleja por las consecuencias absurdas que conlleva, la regla es en realidad fácil de entender: impide que los entes locales puedan incrementar su gasto por encima del crecimiento, pasado y previsto, del PIB, incluso aunque presenten superávit en sus cuentas y bajo nivel de deuda. Este es el caso de Madrid, que no sólo ha mantenido sus ingresos sistemáticamente por encima de los gastos, sino que ha reducido la deuda que le dejó el anterior consistorio del PP en hasta un 40% en apenas un par de años. La intervención dictada por Montoro es una intromisión sin fundamento económico, ni jurídico. No obstante, sí era esperable porque su único objetivo es evitar que los casos de gestión exitosa por parte de los ayuntamientos del cambio se conviertan en ejemplo de alternativa de país.

Uno de los principales objetivos de los últimos gobiernos ha sido convertir la austeridad fiscal, una política económica fallida, en una obligación legal. El primer paso dado en ese sentido fue la reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada por PSOE y PP en 2011, que dio prioridad al pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto público. En 2012, el Gobierno del PP aprovechó su mayoría absoluta para aprobar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en la que se concreta el mandato del 135. Todo ello ha dado lugar al establecimiento de un “techo de gasto” público cada vez más bajo para la Administración General del Estado; a una reducción forzada del déficit de las Comunidades Autónomas, que son las que tienen bajo su competencia los servicios públicos más importantes; y a una severa aplicación de la denominada “regla de gasto”, que impide que los ayuntamientos, cuyas competencias son también esenciales para el bienestar de la ciudadanía, puedan utilizar los superávit presupuestarios que han logrado en otra cosa que no sea la devolución de la deuda.

Esta priorización del pago de la deuda y, en general, de las políticas de austeridad se encuentra completamente injustificadas. Antes de la crisis, España era uno de los Estados de la Unión Europea (UE) que menor porcentaje de deuda pública tenía, un 35,6% sobre el PIB, muy por debajo del límite del 60%. El incremento de la misma que se produjo después fue consecuencia de la activación de los “estabilizadores automáticos”-la reducción automática de los ingresos públicos y aumento automático del gasto público debido a la caída de la actividad económica- así como de la carga del rescate bancario. Por otro lado, ni la reforma del artículo 135, ni la aprobación de la LOEPSF explican, como nos quiere hacer creer el Gobierno, el descenso de la prima de riesgo que ha tenido lugar durante los últimos años. Dicho descenso solo ha sido posible gracias al programa de compra de títulos de deuda pública implementado por el Banco Central Europeo. Al incrementar la demanda de estos títulos, ese programa ha reducido los tipos de intereses que soportan los estados europeos, incluido el nuestro.

A pesar de que la austeridad lo único que han conseguido es que nos convirtiésemos en uno de las economías que más tarde ha recuperado sus niveles de PIB, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro se ha obstinado en convertirse en el paladín de los recortes, poniendo en marcha una cruzada contra los ayuntamientos en la que ha utilizado la regla de gasto como principal arma. Para ello no ha dudado en amenazar con la aplicación de injustificables medidas  coercitivas y de control que la LOEPSF establece contra los ayuntamientos que la incumplan, con especial fijación en aquellos que no son de su color político.

Además, la regla de gasto es cuestionable debido a varias razones: Seguir leyendo…

4 minutos que acabarán con la regla de gasto

Autor: Alberto Garzon Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Un despiste de cuatro minutos en el Alcázar parlamentario del PP ha supuesto un logro sin precedentes del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en esta legislatura: la posibilidad de debatir y aprobar una modificación de la regla de gasto que asfixia a ayuntamientos impidiendo que utilicen su dinero en la mejora del bienestar de sus habitantes.

En el año de legislatura que llevamos, el Gobierno ha paralizado 70 iniciativas legislativas de la oposición. Para ello, ha vetado en la Cámara el debate con el argumento, no siempre cierto, de que estas medidas afectan a los Presupuestos Generales del Estado, prerrogativa ésta que la Constitución otorga en exclusiva al Gobierno. Se están obstaculizando leyes que hubieran permitido mejorar la vida de las personas y reconocer derechos sociales. Bajo esta excusa de evitar un aumento presupuestario se esconde una vara de medir tramposa que no hace otra cosa que utilizar la vieja táctica de llevarse el balón cuando van perdiendo el partido.

En efecto, no es muy democrático utilizar el veto para impedir que se debatan leyes en el Congreso de los diputados. Por eso es indispensable modificar los artículos 111 y 126 del Reglamento para establecer un protocolo claro que refleje los requisitos formales a los que debe someterse el Gobierno para justificar su disconformidad con la tramitación de una proposición de ley.  Y es que parece que cuando pierden la mayoría en las instituciones, desaparece también el interés en lo que pueda hacerse en su seno.  “Si no os gustan las leyes, cambiadlas”. Eso estamos intentando, y es entonces cuando aparece un nuevo obstáculo: el veto.  Pero esta vez el Gobierno llegó cuatro minutos tarde.

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El prodigioso caso de la deuda de la Comunidad de Madrid

Autor: Eduardo Gutierrez Benito y Marisa Bordon Ojeda

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El sentido común y económico nos explica que las deudas crecen cuando se entra en recesión o crisis, esto es, cuando el nivel de gastos no se ajusta al decreciente nivel de ingresos, que siempre es más dependiente del nivel de ciclo de actividad económica. A sensu contrario, cuando la actividad económica crece a tasas positivas y altas, ese es el caso de la Comunidad de Madrid, las deudas se reducen, por un aumento de los ingresos fiscales resultado del aumento de actividad económica. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid está ocurriendo lo contrario. Con un crecimiento del PIB del por encima del 3% en los dos últimos años de gobierno del PP, los aumentos del volumen de deuda pública de la Comunidad no ha dejado de crecer, tal como muestran los datos publicados por el Banco de España.

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Saquemos lecciones de los Papeles del Paraíso

Autor: Miguel Urban

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La pasada semana volvía a saltar a la luz una nueva filtración masiva de documentos relacionados con la evasión y la elusión fiscal a través de empresas offshore en paraísos o guaridas fiscales. Esta vez con el nombre de Paradise Papers o Papeles del Paraíso, que incluye 13,4 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios “offshore”: Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. Del primero provienen siete millones de documentos; del segundo, cerca de medio millón. Así como los registros mercantiles de diecinueve jurisdicciones opacas o guaridas fiscales, doce de ellas no reconocidas como paraísos fiscales por el gobierno español como ya paso con Panamá: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu (Oceanía); Malta (Europa), Líbano (Oriente Próximo) y Labuán, territorio federal de Malasia (Asia)

Mientras la filtración de los llamados como papeles de Panamá permitieron conocer en detalle el funcionamiento básico del mundo “offshore” de la mano del Bufete de abogados Mossack Fonseca. Los  Paradise Papers nos revelan una filtración equivalente a los Papeles de Panamá, esta vez en un espacio offshore ligado a la zona de influencia británica y en el que están comprometidas en un nivel superior a la anterior revelación grandes multinacionales, o fortunas tan poderosas como la de la Corona Británica, mostrándonos en este terreno la trama de lo que significa la evasión fiscal: El entramado de la planificación fiscal y el papel de los bufetes de abogados como facilitadores necesarios de la evasión; El complejo sistema de las guaridas o paraísos fiscales, jurisdicciones opacas imprescindibles para la evasión fiscal; y por último, no sólo destacados nombres de monarquías, millonarios, políticos, famosos o artistas como ya se reveló con los Papeles de Panamá sino también el de las multinacionales que utilizan a los bufetes y las guaridas fiscales para maximizar sus beneficios eludiendo sus obligaciones fiscales.

Appleby nos adentra en el complejo mundo de la planificación fiscal con el fin de reducir o eludir las obligaciones fiscales, especialmente por parte de las grandes fortunas y multinacionales. Dejando patente el papel de los despachos de abogados como facilitadores necesarios en la evasión fiscal. Demostrando la incapacidad de los mecanismos autorreguladores, siendo necesaria una fiscalización pública e independiente de los mismos, tal y como hemos insistido en el parlamento europeo ante la negativa de populares. La propia Appleby es un prestigioso bufete de abogados que presta servicios a clientes con fortunas a partir de los 30 millones de dólares y que aseguran cumplir con los mayores estándares de control ante casos delictivos. Por ello es fundamental una regulación de los promotores y facilitadores de productos fiscales y gestores de patrimonio, con mecanismos de transparencia, registro y sanciones disuasorias para que se abstengan de desarrollar programas de planificación fiscal agresiva, obligándoles a actuar en interés público sin ampararse en el secreto profesional.

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Plurinacionalidad y solidaridad

Autor: Pilar Lima y Hector Illueca Ballester

eldiariocv.es

Nuestro país se enfrenta a un reto que hasta ahora no ha logrado superar: adecuar su estructura institucional a la extraordinaria diversidad social, lingüística y cultural de los pueblos que lo integran, y hacerlo de modo que las distintas identidades nacionales puedan reconocerse en la expresión política resultante. En un contexto caracterizado por la coexistencia de identidades complejas y complementarias, el modelo federal es el único que puede articular una realidad inequívocamente plurinacional como elemento constitutivo del Estado. Desde una perspectiva federal, la pluralidad nacional no es algo que deba ser “tolerado” para satisfacer las demandas nacionalistas; antes bien, se trata de un valor político fundamental con un potencial enorme en sociedades como la española o la catalana, mucho más heterogéneas y estratificadas de lo que suele admitirse. El Estado autonómico está agotado y sería absurdo prolongar su agonía. Ha cumplido su misión histórica. El reto es construir un nuevo Estado plurinacional que garantice la convivencia democrática, pluralista y solidaria, en un marco institucional estable de carácter federal.

Ahora bien, un Estado plurinacional requiere la existencia de un sistema de financiación que garantice la suficiencia económica de las unidades federadas y les permita ejercer las competencias que les han sido asignadas, sin perjuicio de la solidaridad que necesariamente ha de existir entre ellas. Como podrá imaginar el lector, se trata de un asunto espinoso y delicado que suele provocar debates muy intensos entre los distintos componentes de cualquier federación. Las zonas más ricas suelen quejarse de su excesiva contribución al presupuesto común, mientras las más pobres consideran que reciben demasiado poco. En principio, es un debate saludable que permite ir ajustando el sistema de financiación hasta alcanzar una distribución de los recursos lo más equitativa posible. Lo que no parece tan normal es que los nacionalismos español y catalán utilicen demagógicamente este asunto para enfrentar a la ciudadanía y alimentar el conflicto territorial. Precisamente esto es lo que ha ocurrido estos años.

No es ningún secreto que el actual sistema de financiación autonómico perjudica a los intereses de determinados territorios, como es el caso de Cataluña, Madrid o el País Valenciano. Y que ello se traduce en una menor calidad de los servicios prestados a la población, sin que pueda aducirse ninguna justificación. En lo que respecta a nuestra tierra, suele afirmarse que es la única comunidad autónoma con una renta per cápita inferior a la media que presenta un saldo fiscal negativo, lo que sin duda constituye una anomalía. Igualmente, se critica con razón que las inversiones del Estado son especialmente escasas en la Comunidad Valenciana, como pudimos comprobar durante la tramitación de los últimos Presupuestos Generales del Estado. Todo ello es cierto, pero España se merece un debate a la altura del momento histórico. Afirmar, como algunos han venido haciendo, que la financiación autonómica supone un “expolio” que está “rompiendo España”, no sólo es exagerado, sino que oculta las verdaderas causas de la gravísima crisis social que atraviesa nuestra patria.

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Montoro saca la regla. Golpes de austeridad y el gobierno de las finanzas

Autor: Pablo Carmona y Isidro López

El Salto

Ayer martes 7 de noviembre se conoció la intervención –supervisión sería la palabra correcta–, de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministro Cristóbal Montoro. En el nombre de la Regla de Gasto, el golpe en la mesa del gobierno del PP llega en una coyuntura política marcada por la tensión territorial entre el Estado español y Cataluña. En este sentido, resulta tentador a bote pronto plantear la actuación del gobierno central como parte de una política de intervención generalizada de las entidades políticamente “incómodas” para el gobierno del PP. Siguiendo esa lógica, en el día de ayer habríamos vivido una suerte de primer episodio de la aplicación generalizada del artículo 155 de la Constitución, en este caso sobre la ciudad de Madrid.

Sin negar la arbitrariedad política de la decisión de Montoro, esta explicación en clave “nacional” y únicamente centrada en el PP se queda evidentemente corta, además de no ayudar en absoluto a la comprensión de los escenarios que se abren en el corto y medio plazo.

Todo ello obliga a recordar que la Regla de Gasto sólo juega en el campo de las imposiciones de la Unión Europea, siempre encomendada al gobierno de los poderes financieros y como desarrollo específico del artículo 135 de la Constitución que consagra el pago de la deuda como prioridad absoluta. Quizás el producto más acabado del espíritu que llevó a la reforma constitucional exprés votada por un parlamento mayoritariamente compuesto por PP y PSOE y que a duras penas se podía calificar de mínimamente representativo del “país real” en esos momentos posteriores al 15M.

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¿Cuál es el verdadero motivo que lleva a Montoro a intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid?

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

¿Cómo es posible que Montoro haya decidido intervenir las cuentas de un ayuntamiento que tiene más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido la deuda un 40% en apenas dos años? Lo lógico en principio es pensar que una intervención de las cuentas tiene sentido cuando su administración responsable tiene problemas económicos, pero no es el caso del Ayuntamiento de Madrid. ¿Entonces?

La explicación oficial del Ministerio radica en que el Ayuntamiento de Madrid, aunque tenga superávit y reduzca deuda, incumple la Regla de Gasto. Esta Regla nació en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) -que es el desarrollo del reformado artículo 135 de la Constitución Española- y su razón de ser es limitar la cantidad de gasto que puede registrar una administración pública. Ese límite no tiene nada que ver con los ingresos (como podría parecer lógico, para no gastar más de lo que se ingresa), sino que queda fijado en función del crecimiento estimado de la economía española (la estimación la realiza el Ministerio y, por cierto, raramente acierta con ella). Por lo tanto, esta Regla suele provocar que el gasto de las administraciones sea menor que los ingresos, para que así quede suficiente dinero sin gastar, engrose el superávit y pueda ser utilizado para pagar deuda a los bancos. Ése es el objetivo de la Regla de Gasto (recordemos, hija del artículo 135 de la Constitución): priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público.

Por lo tanto, lo que el Ministerio está criticando del Ayuntamiento de Madrid no es que tenga las cuentas saneadas (que a todas luces las tiene), sino que haya incrementando tanto la inversión y el gasto social y provocado por lo tanto una notable reducción del superávit y del dinero que se paga a la banca. Pero es que en esto consistía el proyecto económico que Ahora Madrid recogía en su programa electoral y que está aplicando exitosamente: priorizar -a diferencia de lo que ocurría con gobiernos del PP- la gestión honesta y eficaz de los recursos públicos con el objetivo de maximizar el bienestar de la ciudadanía madrileña. Poner la economía al servicio de la gente y no de los bancos. Para ello es preciso utilizar el dinero del Ayuntamiento en aras de incrementar las inversiones y el gasto social, que en sólo dos años han crecido un 102% y un 74%, respectivamente. Evidentemente, todo ese dinero que se utiliza en mejorar la ciudad es dinero que dejas de tener en la cuenta bancaria, que dejas de utilizar para engrosar el superávit y que dejas de utilizar para pagar deuda a los bancos.

Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid no es la única administración que incumple esta particular regla. De hecho, la administración de cuyas cuentas es responsable el ministro Montoro, la administración central, ha incumplido sistemáticamente esta regla (con la excepción de 2016, y debido a un cambio de metodología). Lo mismo ocurre con muchas comunidades autónomas y otros muchos ayuntamientos. Entonces, ¿por qué esa evidente obsesión del Ministerio con Madrid, que le ha llevado por primera vez en la historia a intervenir las cuentas de un ayuntamiento por este motivo?

Muy fácil: porque el superávit del Ayuntamiento de Madrid es el más voluminoso de todos y es el que más necesita Montoro para presentar unas cuentas bonitas en Bruselas.

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Ni nos domaron, ni nos doblaron ni nos van a domesticar

Autor: Carlos Sanchez Mato

El País

Sometemos a aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Madrid un nuevo Plan Económico Financiero, uno más, por exigencia del Ministerio de Hacienda. A ojos de cualquier observador imparcial, puede parecer paradójico que una corporación local como Madrid —que ha saneado sus cuentas y ha puesto en marcha un ambicioso plan de mejora de la ciudad— sea perseguida con saña por el gobierno del Partido Popular.

Los que tienen que pedir árnica, precisamente esta semana a Bruselas, por ser incapaces de alcanzar el objetivo de déficit pactado con la Comisión Europea, se muestran inflexibles ante un Ayuntamiento que cerró 2016 con un superávit de 1.022 millones de euros. Sin embargo, tiene toda la lógica del mundo porque Madrid está demostrando, y lo va a seguir haciendo, que es compatible potenciar las políticas públicas, tener superávit y reducir deuda. Son hechos claros los que dejan en evidencia a la derecha política y económica.

En 2014 el esfuerzo inversor del Ayuntamiento de Madrid era de 287 millones de euros mientras que en 2017 alcanzará los 581 millones de euros; solamente un aumento del 102%. La inversión en gasto social se ha multiplicado pasando de los 471 millones de euros en 2014 a los 821 millones en 2017. Es decir, se ha incrementado un 74%. Y además lo estamos haciendo mientras en ese periodo de tiempo reducimos un 40% la pesada losa de la deuda que nos dejaron quienes ahora se erigen en paladines de la estabilidad presupuestaria y que no son otra cosa que campeones de los recortes.

Por eso, tenemos que decir alto y claro que este gobierno municipal seguirá manteniendo como objetivo el fortalecimiento de las políticas y servicios públicos y que lo hará en el marco del cumplimiento de una injusta legalidad que exigimos sea modificada, pero que no frenará los compromisos que hemos asumido con el pueblo de Madrid.

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¿Manuela o Cristina?

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

El Ayuntamiento de la capital, con la alcaldesa Manuela Carmena al frente, ha reducido su deuda en 2.070 millones de euros desde 2015, lo que supone una disminución del 37%. En el mismo periodo la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes la ha incrementado en 5.461 millones de euros, es decir, un 20% más que en junio de 2015. En definitiva, la Comunidad de Madrid en estos dos años acumula casi el 16% del incremento de endeudamiento del conjunto de comunidades autónomas mientras el Ayuntamiento era responsable del 96% de la reducción de deuda de las corporaciones locales con más de 300.000 habitantes.

Son datos del Banco de España, que acaba de publicar los datos de endeudamiento de las Administraciones Públicas correspondientes al segundo trimestre de 2017. Queda claramente de manifiesto la divergencia entre corporaciones locales y el resto de subsectores, porque, mientras que estas disminuyeron sus pasivos en 5.311 millones de euros –el 14%–, la administración central y comunidades autónomas siguieron incrementándola en 84.863 millones de euros, lo que supone más de un 8% de crecimiento.

Las Corporaciones Locales, que durante los años previos al estallido de la crisis tenían un exiguo déficit fiscal medio (-0,05% del PIB) entre 1999 y 2007, empeoraron durante la misma hasta el 0,8% del PIB en su momento más negativo, el año 2011. Sin embargo, la responsabilidad de las corporaciones locales en el sobreendeudamiento no es la que la gente suele comúnmente atribuir, dado que, en ese momento, el déficit del conjunto de las administraciones públicas alcanzó el 9,6% del PIB.

Al mismo tiempo que el Ayuntamiento reducía deuda, ha incrementado la inversión en la ciudad un 150% y el mal llamado gasto social en un 53%

Sin embargo, la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2012 puso en el punto de mira a los ayuntamientos como si estos fueran los responsables de la situación y estableció limitaciones absolutamente excesivas que vulneran la autonomía de las corporaciones locales consagrada en el artículo 140 de la Constitución. En concreto, el artículo 12 de la citada Ley que enuncia la conocida “regla de gasto” restringe brutalmente las políticas de las corporaciones locales. De hecho, en una situación de clara agudización de las tasas de exclusión social, que medidas según el AROPE de la última Encuesta de Condiciones de Vida alcanzan al 27,9% de la población, las administraciones públicas más cercanas a la gente reducen deuda sin poder abordar en toda su profundidad estas realidades.

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Inconstitucional Montoro: ¿Qué pasa con los presupuestos?

Autor: Segundo Gonzalez y Ivan H. Ayala

Público.es

El artículo 134 de la Constitución establece que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.

Montoro, acostumbrado a saltarse la constitución, ha pospuesto la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de PGE y por tanto, su remisión a las Cortes. Esto implica que se retrasa el trámite parlamentario y, por tanto, es casi seguro que lleguemos a 31 de diciembre sin presupuestos aprobados. Este retraso se debe a la imposibilidad de encontrar los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar los presupuestos ante la negativa del PNV por la actitud de Gobierno ante el 1-O.

Este sería el segundo golpe en el Congreso a la estrategia del Gobierno en Catalunya. El primero fue el 19 de septiembre, cuando el PSOE se apeó de la apisonadora inmovilista ante una iniciativa de C’s para apoyar la política del gobierno en Catalunya. Lejos de haber reforzado la posición del gobierno, su actuación en Catalunya le está haciendo perder los pocos apoyos parlamentarios que tenía, lo que solo se entiende por la presión que ejerce Ciudadanos en la competición por llegar al cielo del centralismo recalcitrante.

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El Brexit y el Procés. Sobre relatos y rupturas

Autor: Lina Galvez

eldiario.es

En estos días en los que el Procés ocupa todo el espacio informativo de los medios de comunicación catalanes y españoles, leo con preocupación noticias en la prensa británica sobre el deterioro de la convivencia en el Reino Unido post-Brexit. Noticias a las que pongo rostro cuando mis amistades residentes desde hace años en Gran Bretaña me relatan la humillación a la que están siendo sometidas en el proceso de solicitud de la nacionalidad británica, la misma que ya venían sufriendo los residentes no comunitarios -a excepción de los ricos- al menos desde 2013.

Obviamente, el Brexit y el Procés no son iguales, pero comparten relatos separatistas de naturaleza semejante. Relatos de fantasías, de superioridad, o de agravios en algunos casos artificialmente construidos. Y también comparten lo poco atractivas que resultan las realidades de las que se quieren separar, la Unión Europea en el caso británico y el Reino de España, en el caso catalán. En el caso español, además, esa realidad se hace aún menos atractiva para las y los catalanes gracias a la miopía y prepotencia de un nacionalismo español, perfectamente representado por el gobierno del Partido Popular que fabrica independentistas catalanes a diario.

De hecho, cuando escucho algunos de los argumentos de los que se sirven los partidarios de la independencia de Cataluña para convencer a los catalanes no independentistas de que se unan al Procés, resuenan en mi cabeza razones muy similares expresadas en otro idioma, el inglés, y esgrimidas frente a otra institución “opresora”, la Unión Europea.

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Los impuestos nos hacen libres, señora Cifuentes

Autor: Bruno Estrada Lopez

El Siglo de Europa

Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos y son un medio para distribuir mejor la riqueza de la sociedad. Con esta afirmación estamos de acuerdo un 66,8% de los españoles, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Únicamente uno de cada tres españoles, un 29,4%, considera que los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué.

Es más, un 78,3% de los españoles consideramos que quienes tienen más riqueza deberían tener un mayor compromiso fiscal con la sociedad porque creemos que actualmente los ricos pagan pocos impuestos en nuestro país.

Sin embargo, hay 13.498 personas empadronadas en la Comunidad de Madrid que tienen un patrimonio superior al millón y medio de euros y que cada año se ahorran 658 millones de euros en impuestos gracias a la política fiscal de la señora Cifuentes, a la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio.

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Presupuestos 2018: techo de gasto sin suelo de ingresos

Autor: Antonio Sanabria Martin

eldiario.es

Evolución de Ingresos y Gastos públicos (% del PIB) 2006-2020

La aprobación del techo de gasto el pasado 11 de julio en el Congreso de los Diputados significaba un primer paso para lo que serán los Presupuestos Generales del Estado de 2018. En realidad, se daba luz verde a los objetivos de déficit y deuda, pues el  techo de gasto como tal no se vota; es sólo un cálculo a partir de los ingresos previstos para cumplir los objetivos de estabilidad. En este caso, destaca el aumento del límite sobre el gasto en un 1,3% con respecto al de 2017.

Estamos ante unos presupuestos que, aparentemente, compatibilizarán políticas fiscales expansivas con reducción de déficit presupuestario, en un contexto de mayor dinamismo de la economía española frente al promedio de la eurozona (crecimiento real del 2,4% en 2018 frente al 1,8% medio del área, según previsiones de la Comisión Europea). El Gobierno, más optimista, revisa al alza una décima su previsión para 2018, hasta el 2,5%.

Sin embargo, tal carácter expansivo del presupuesto es relativo. Se trata del primer aumento en el límite de gasto desde 2013, sí, pero apenas compensará la contracción del 4,1% anual del límite de gasto en 2017, ni el 10% de reducción acumulada desde 2014. Es un techo inferior en un 34% (62.605 millones de euros menos) al de 2010, cuando comenzaron los recortes.

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