Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Fondos Europeos: ¿Quién pagará esta crisis? – #Contratiempos16, Fin de Temporada

Autor: Carlos Sanchez Mato y Daniel Albarracin

En Contratiempos Nicola Scheler, Carlos Sánchez Mato y Daniel Albarracín reflexionan sobre el origen, diseño, condiciones, orientación e implicaciones de los fondos Next Generation EU, desde una perspectiva crítica y alternativa, siendo una materia central que va a definir la política europea y, especialmente, la línea de gobierno en países como es el Estado español.

Para ver el vídeo pincha en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=XtwW5RD5e2c

Reforma de la fiscalidad corporativa: motivos, hitos y retos

Autor: Lidia Brun

eldiario.es

Después de años de ver con impotencia cómo grandes empresas y patrimonios reducían su factura fiscal explotando incoherencias entre códigos tributarios y cobijándose en jurisdicciones de fiscalidad baja, en estas últimas semanas se han producido pasos de gigante de cara a atajar el problema con un gran acuerdo de reforma de la fiscalidad internacional. El acuerdo, firmado el 1 de julio por 130 países del marco inclusivo de la OCDE y ratificado por el G-20 la semana pasada, busca actualizar la noción de nexo fiscal y establecer un mínimo efectivo en el impuesto de sociedades para alcanzar una fiscalidad más justa en un mundo profundamente globalizado, financiarizado y digitalizado. Si hasta ahora la fiscalidad ha sido por principio una competencia nacional y cada jurisdicción decidía su código tributario, las interdependencias que genera la integración económica han propiciado una competencia fiscal a la baja insostenible para hacer frente a la desigualdad y a los retos del Estado del Bienestar.

Una multinacional combina procesos productivos de distintas jurisdicciones para vender potencialmente en todo el mundo y revertir los beneficios a sus accionistas. En este proceso se producen al menos tres hechos imponibles: la producción, el consumo, y la distribución de beneficios. Cuando los flujos económicos cruzan fronteras o se poseen activos en el exterior, los estados han establecido una amalgama de acuerdos bilaterales y multilaterales con el fin de evitar la doble imposición (que un mismo flujo tribute dos veces en dos jurisdicciones diferentes por el mismo concepto). Hasta ahora, los principios de fiscalidad internacional otorgaban derechos tributarios a dos jurisdicciones: en la fuente, donde tiene lugar la producción (y no la venta), tributa el ingreso activo, es decir, los beneficios. La presencia física de factores productivos como el capital y el trabajo son indicativos de que una empresa tiene un establecimiento permanente en una determinada jurisdicción, y por lo tanto está sujeta a imposición en ella. En la jurisdicción de residencia de los propietarios tributa el ingreso pasivo, es decir, el derivado de la propiedad de los activos, como dividendos, intereses, regalías o ganancias de capital.

Los principios de fiscalidad internacional también establecen que las distintas subsidiarias y filiales de una multinacional deben mantener una contabilidad separada, valorando el comercio de bienes y servicios intragrupo bajo las condiciones comerciales que habrían prevalecido si no hubieran estado vinculadas. Este principio de libre concurrencia, o arm’s length principle, es de difícil aplicabilidad práctica y facilita la manipulación de los precios de transferencia, permitiendo a las multinacionales trasladar beneficios exportando a precios exorbitados hacia filiales en jurisdicciones con fiscalidad elevada, erosionando sus bases imponibles. Por un lado, en muchos casos no hay condiciones comerciales comparables para juzgar objetivamente si el valor está bien fijado. Por otro lado, el principio de libre concurrencia tiene poco sentido económico, al ser contradictorio con la naturaleza de las multinacionales, que deberían ser más rentables que la suma de sus partes, precisamente porque la integración vertical se produce buscando ganancias de eficiencia y la horizontal economías de escala. Las diferentes filiales de una multinacional internalizan el impacto que tienen sobre el resto, mancomunan riesgos y explotan su complementariedad.

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Entrevista a Nacho Álvarez: “Los votantes progresistas no entenderían que Biden sea más ambicioso que el Gobierno de coalición con los Presupuestos”

Autor: Nacho Álvarez Peralta

eldiario.es (Rodrigo Ponce de León)

“Vamos a un Gobierno más político”. Así lo cree el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, (Madrid, 1977) tras la crisis de gobierno que ha dado un vuelco a los ministerios socialistas del Ejecutivo de coalición. Álvarez no entra a valorar los cambios que ha aprobado el presidente Pedro Sánchez y se limita a señalar que las personas “deben estar al servicio de los proyectos”. Con esta premisa, abunda en la necesidad de que la segunda parte de la legislatura se cumpla “con el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con Bruselas, que respeta y cumple con el programa de Gobierno pactado entre Unidas Podemos y el PSOE”.

Como principal negociador por parte de Unidas Podemos de los Presupuestos Generales de 2022, Álvarez se pone como objetivos unas cuentas públicas que afiancen la recuperación económica, apuntalen la creación de empleo y permitan “desplegar en esta segunda mitad de su legislatura la agenda social que en algunos aspectos todavía está pendiente de completar”. Para el secretario de Estado de Derechos Sociales no sería entendible para la ciudadanía, “especialmente la ciudadanía progresista, los votantes de izquierdas”, que en un momento de recuperación con un crecimiento de la economía al 6% “este Gobierno no sea capaz de ser más ambicioso en los Presupuestos”. Álvarez apunta que hay elementos como el impuesto mínimo del 15% a las empresas que se podrían poner en marcha inmediatamente, pero retrasa la imposición de una fiscalidad verde “mientras no garanticemos que existan subvenciones dirigidas específicamente a los colectivos de menor renta” que se vean afectados por la transición ecológica.

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Por una política económica que incorpore la igualdad de género

Autor: Lina Galvez y Ruth Rubio-Marin

Economistas frente a la Crisis

  • Introducción

Junto a la sostenibilidad ambiental y la lucha por la justicia redistributiva, cualquier agenda de progreso social, que luche por erradicar las diversas formas de explotación indebida de recursos y la marginalización de las personas, debe expresar su compromiso con la igualdad de género y con la equidad o corresponsabilidad en la distribución de las tareas de cuidado de las que depende la reproducción del tejido social y de la especie humana.

Dentro de las distintas tipologías de estados de bienestar, el modelo español se ubica en el tipo familista, caracterizado por poco gasto público familiar y escaso desarrollo de servicios públicos de atención al cuidado, factores que van indisociablemente unidos a bajas tasas de fecundidad y de actividad laboral femenina. En España el gasto público en «familia y niños» está a la cola de la UE con 1,4% del PIB (en 2014). La organización social del cuidado en España descansa funtamentalmente sobre las familias, y dentro de ellas, principalmente sobre las mujeres, realidad que se ha visto agudizada con la merma de inversion pública en dependencia, sanidad y educación en tiempos de crisis. A su vez, la interrelación que se establece entre el reparto de trabajos y tiempos en el ámbito doméstico y el mundo laboral es circular. El círculo vicioso consiste en que las mujeres se incorporan menos y en peores condiciones a los mercados de trabajo al disponer de menos tiempo, flexibilidad e incentivos para hacerlo, y en que cuando lo hacen, tengan o no cargas domésticas, son tratadas de manera más segregada y precaria. La parcialidad, precariedad y escasa remuneración del trabajo de las mujeres las condena a su vez a un menor poder de negociación en las familias a la hora del reparto de los tiempos y los trabajos.

Para supercar la situación actual se imponen tres líneas prioritarias de intervención en el ámbito económico y social tales como son las políticas centradas en los mercados de trabajo, las políticas de cuidado y las políticas fiscales y macroeconómicas. Ninguna de ellas, aisladamente consideradas, es suficiente al igual que no lo son en su conjunto si no van acompañadas de otras políticas que persigan la igualdad integral entre hombres y mujeres valiéndose para ello de una institucionalidad específica, recurriendo a la paridad ejemplarizante en todos los ámbitos de toma de decisión y empezando por políticas destinadas a erradicar la enorme lacra social que constituye la violencia machista y los arraigados estereotipos de género, empezando por el sistema educativo. Seguir leyendo…

Punto de inflexión

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Congreso, con un holgado respaldo, suponen un punto de inflexión histórico para nuestro país: superan definitivamente una década de austeridad, inician el camino de la reconstrucción económica y consolidan una mayoría política que existe en España desde hace años, pero que no terminaba de cristalizar.

Nuestro país atraviesa, a consecuencia de la pandemia, una dura crisis económica que afecta a miles de empresas y, especialmente, a los colectivos sociales más vulnerables. Por eso, estos Presupuestos son los más determinantes de la última década. El contexto exige actuar con decisión. Con esa intención, estos Presupuestos incorporan casi 30.000 millones de euros en nuevas inversiones que servirán para hacer frente a la crisis, impulsando la reconstrucción. Prolongar la austeridad ya no era una opción, era una vía muerta en un momento en el que ambiciosos planes de estímulo fiscal son necesarios. Existe un amplio consenso académico e internacional sobre esta cuestión: es el momento de la acción, es el momento de la inversión. Este consenso se ha visto, además, ratificado —esta vez sí— por la masiva compra de deuda pública por parte del BCE, así como por la activación de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, seguida de la suspensión de las reglas fiscales en el ámbito nacional. Asimismo, el Fondo de Recuperación y Resiliencia aprobado por el Consejo Europeo constituye un fuerte impulso en el mismo sentido.

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La tímida reforma del impuesto de sociedades en los PGE

Autor: Ivan H. Ayala

ctxt.es

Presentado ya el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 se pueden atisbar algunos cambios en las prioridades de política económica. Aquí nos centraremos en el análisis de algunas medidas tributarias que afectan al Impuesto de Sociedades (IS). Es bien conocida la situación de insuficiencia de ingresos públicos respecto al PIB de la economía española. A modo de ejemplo, si tomamos los ingresos públicos medios y el gasto público medio 2010-2020 (Gráfico 1), podremos observar que España ha tenido unos gastos por encima de sus ingresos sistemáticamente. Es cierto que la crisis financiera hizo estragos en todos los países de la UE, pero como se puede observar, el caso de España ha sido paradigmático.

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Apple derrota a Europa

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Artículo publicado en Diario16 el 22 de julio de 2020

En una sentencia del miércoles 15 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea acaba de dictaminar que la decisión de la Comisión Europea de obligar a Apple a devolver 13.000 millones de euros a Irlanda, en concepto de impuestos no pagados, no es conforme con el derecho comunitario. Seguir leyendo…

Entrevista a Nacho Álvarez: “Los presupuestos deben consagrar el acuerdo de coalición”

Autor: Nacho Álvarez Peralta

elDiario.es

Madrid, 25 jul (EFE).- El secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, asegura que los 140.000 millones de euros que recibirá España de Europa son la “autovía” para unos presupuestos que deben “consagrar” el acuerdo de Gobierno de coalición y ser “nítidamente progresistas”.

Durante una entrevista con EFE, añade que “los acuerdos están para cumplirlos” y que el del Gobierno de coalición debe tener su reflejo en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2021 al tiempo que ha puntualizado que “Ciudadanos me parece que en estas coordinadas cabe difícilmente”.

En este sentido, considera que las fuerzas políticas que deben sostener el contenido de las cuentas públicas son las que apoyaron la investidura del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya que de lo contrario no sería viable dar cumplimiento al pacto.

Álvarez apuesta por unos presupuestos “ambiciosos y expansivos”, que el Gobierno estudia financiar con una parte de los fondos de reconstrucción europeos a través de la inclusión de inversiones centradas en la transformación ecológica de la economía, la digitalización y el fortalecimiento de la sanidad y la educación.

“Si algo permite el acuerdo que se ha firmado en Europa es avanzar más rápidamente en el acuerdo de presupuestos que el Gobierno de coalición de Unidas Podemos y PSOE firmaron, y avanzar en unos Presupuestos Generales del Estado nítidamente progresistas”, recalca.

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El acuerdo europeo: un éxito que necesitará de otros

Autor: Juan Ruiz

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Finalmente, los distintos gobiernos europeos han logrado un acuerdo histórico que permite dar un paso adelante en la Unión Europea. Semanas de duras negociaciones y una cumbre de cinco días, una de las más largas de la historia de la UE, que terminan en una imagen de unidad que era difícil recordar y que permite aparcar muchas tensiones. Pese a que no cabe duda del éxito del acuerdo y de que la respuesta ha sido muy diferente a la de la anterior crisis, el pulso que supondrá la evaluación de los planes de reformas será un momento clave para confirmar que definitivamente existe la posibilidad de una política económica diferente.

Estas semanas hemos visto cómo se han repetido los viejos mantras de que la población de los países del Sur ha vivido por encima de sus posibilidades. Hasta el punto de que durante las negociaciones hubo quien propuso más recortes como remedio a una crisis económica que tiene su origen en una pandemia mundial. En realidad, convivimos con dos pandemias de forma simultánea. La primera nace del coronavirus, cuyo origen se sitúa en China y cuyos efectos han tensionado los sistemas sanitarios y las economías de muchos países hasta límites desconocidos. La segunda es anterior y consiste en la vuelta a los fanatismos y nacionalismos exacerbados. Así, la sustitución de Obama por Trump marcó un nuevo punto de inflexión en las relaciones internacionales al redefinir los límites de lo tolerable hasta alinearlos con lo denigrante en demasiadas ocasiones. En esta ocasión el intento de hacer hegemónico un discurso que justificaba nuevos recortes, para promover una agenda política al margen de los parlamentos, no se ha impuesto, aunque no debe darse por sentado que los viejos argumentos que defienden la austeridad no retornen una vez que hayamos superado la pandemia y deje de estar activa la cláusula de salvaguarda y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento vuelva a escena.

En esta crisis la receta de más recortes está plagada de inconsistencias. La primera, llevar al centro del debate la reforma del mercado de trabajo y el sistema de pensiones cuando la crisis productiva que nos azota no tiene su origen en ninguno de estos dos campos. Es lícito que algunos partidos y pensadores defiendan en el Parlamento, en sus programas políticos y en sus artículos de opinión, recortes y consolidación fiscal agresiva, pero son las urnas quienes deben darles la razón en lugar de tratar de supeditar el plan de reconstrucción a cuestiones que no han estado en el origen de la crisis. En el último informe de la Comisión Europea previo a la pandemia se señalaba que la economía española necesitaba: fomentar la innovación, mejorar la cualificación de la mano de obra, reformar infraestructuras como la ferroviaria, ampliar las conexiones energéticas con Europa, y promover la calidad del empleo y la mejora de los servicios sociales. Estos problemas no han desaparecido y son el objetivo de las reformas que se deberían solicitar para lograr un crecimiento fuerte y socialmente inclusivo, no los recortes de derechos laborales y del sistema de pensiones. El discurso de que los países del Sur viven por encima de sus posibilidades debería convertirse en el de que los países del Sur deben desarrollar políticas orientadas a lograr mayor inversión en I+D, desarrollar mejores infraestructuras y una industria fuerte que genere empleos de calidad para converger con Europa, además de mejorar sus sistemas de protección social.

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Los impuestos a la riqueza democratizan las sociedades

Autor: Ivan H. Ayala

Artículo publicado en Contexto y Acción el 25 de junio de 2020

This one's for you, taxref! | Tax sensitization message from… | Flickr

En España se establece la tributación moderna en 1978. Desde entonces, los ingresos públicos por este concepto han pasado de suponer el 20% del PIB al 38%, en 2019. Esta tendencia al alza en la recaudación se ha dado al mismo tiempo que los tipos máximos en renta han caído del 65,5% inicial al 45% actual. Lo mismo ha sucedido con sociedades y patrimonio: los tipos máximos han caído. No hay duda, pues, de que los más ricos han visto caer su contribución impositiva a medida que el tamaño del sector público ha crecido. Esta tendencia no es exclusivamente española, sino que se ha producido en toda la OCDE, aunque esto no siempre fue así. Entre 1914 y 1945 los tipos máximos sobre la renta llegaron en algunos países como EE.UU. al 90% y sobre la riqueza al 70% ¿De qué depende entonces que las sociedades graven más o menos a sus ciudadanos más ricos? Seguir leyendo…

A la búsqueda de consensos en torno al impuesto a la riqueza

Autor: Alberto Montero Soler y Giuseppe Quaresima

Artículo publicado en El Confidencial el 23 de mayo de 2020

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Nadie puede pensar que se puede mantener una estructura fiscal estática ante un mundo que ha acelerado su velocidad de transformación de sus fuentes de riqueza

Lavado De Dinero, Lucha Contra El Crimen

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El nuevo presupuesto comunitario: el mismo camino equivocado

Autor: Fernando Luengo

Artículo publicado en el blog Otra Economía, el 16 de febrero de 2020

Autores: Fernando Luengo y Miguel Urbán

Los medios de comunicación acaban de hacerse eco de las grandes cifras que van a configurar el próximo Marco Financiero Plurianual, el presupuesto de la Unión Europea (UE) para el período 2021-2027. Su aprobación definitiva tendrá lugar en la próxima reunión del Consejo Europeo del 20 de febrero. En esa fecha conoceremos los detalles y el resultado de una compleja negociación que, a día de hoy, sigue su curso, pero que, no nos engañemos, no modificará los parámetros esenciales que ya han sido acordado.

Sí, se puede avanzar ya que el presupuesto comunitario, con la excusa del impacto negativo de la salida del Reino Unido de la UE, se situará en los alrededores del 1%, porcentaje inferior al vigente durante los años 2014-2020 y, de hecho, el más reducido desde 1988. La tijera afectará, muy especialmente, a las partidas relacionadas con la agricultura y la cohesión social. No así al gasto militar: según las previsiones, el Fondo Europeo de Defensa podría pasar de 600 a 11.500 millones de euros. Asimismo, el consagrado a la seguridad, relacionado con el control de las fronteras, crecería en un 84%. Está claro dónde se sitúan las prioridades políticas y dónde se aplican los recortes.

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Gastar más para ingresar más: la salvaguarda del Estado del Bienestar en el pacto de Gobierno

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

En los últimos días se han escuchado algunas voces alertando de que el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluye muchas medidas políticas que aumentan el gasto y muy pocas que aumentan los ingresos, de forma que su materialización empeoraría las cuentas públicas. Un corolario que se deriva de la anterior reflexión (y repetida incluso por personas de izquierdas) es que el Estado debería aumentar sus ingresos públicos para poder cuadrar sus cuentas y permitirse mayores niveles de gasto público, al igual que ocurriría en otros países vecinos donde el Estado del Bienestar es muy superior porque -en teoría- ingresarían más. Pues bien, aunque estos razonamientos puedan parecer intuitivos, en realidad son contrarios a la evidencia empírica y carecen de solidez científica.

Desgraciadamente en el imaginario colectivo sigue imperando la –absolutamente–falsa idea de que las cuentas del Estado funcionan como las de una familia o empresa, (y esto a pesar de que hace ya casi un siglo muchos economistas como Kalecki y Keynes refutaron dicha creencia con contundente solvencia). Existen dos factores fundamentales que explican que las cuentas públicas tengan una naturaleza radicalmente diferente a las privadas. El primero es que las decisiones de una empresa o familia no afectan significativamente al resto de la economía, mientras que las de un Estado sí lo hacen. Cuando una unidad familiar deja de gastar, logrará mejorar su situación financiera y todo ello sin perjudicar a la economía. En cambio, cuando un Estado deja de gastar, las familias y empresas que eran beneficiarias de dicho gasto verán sus ingresos disminuir. El segundo factor tiene que ver con que el dinero que se utiliza en nuestras economías avanzadas está expresado en una unidad de cuenta creada por el propio Estado. Esto hace que el dinero sea un monopolio del sector público: todo el dinero que tienen las familias y las empresas ha sido creado y regulado por las autoridades públicas. Si estas no crean dinero, el sector privado no puede tenerlo en sus bolsillos. Es así de sencillo y de irrefutable aunque a muchos les chirríe dicha apreciación.

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La farsa y el fracaso de la estabilidad presupuestaria

Autor: Marta Luengo

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Llevan tiempo gobernándonos y cualquiera podría recitarlos como quien tararea una canción conocida. Toda Europa comparte los temas centrales del Pacto de Estabilidad: déficit por debajo del 3% del PIB y deuda por debajo del 60% del PIB. En España, a partir del año que viene, estos límites adquirirán la naturaleza más alta que pueden tener en nuestro ordenamiento jurídico, la de principio constitucional, tras la vergonzosa reforma de 2011, y la de estar desarrollados por una férrea ley orgánica: la ley de estabilidad presupuestaria de 2012.

Cabe preguntarse qué va a significar la aplicación plena de estos límites que tan rígidamente condicionan ya toda política económica. A tal fin, es interesante repasar la gravedad con que el artículo 135 de la Constitución y la ley de estabilidad prohíben sobrepasarlos y proponen duras medidas de ajuste que, por cierto, pueden acabar en la aplicación del también famoso artículo 155.

Hasta ahora, el reiterado incumplimiento de los umbrales por los presupuestos de Montoro (los únicos que ha habido desde la publicación de estas normas) no ha tenido grandes repercusiones. Una vez entren en vigor con su nueva y prístina naturaleza, su incumplimiento podrá impugnarse en el Tribunal Constitucional y, probablemente, el temor a la aplicación de este recurso y a la declaración de inconstitucional de la ley de presupuestos conllevará la sumisión completa de los mismos.

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Entrevista a Carlos Sánchez Mato y Eduardo Garzón: “El Gobierno de Ahora Madrid sirvió para enfrentar el mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía”

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

El 13 de junio de 2015, la candidatura popular pilotada por Manuela Carmena llegaba al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y acababa con 24 años de gobiernos del Partido Popular. Junto a Carmena, aterrizaban en la institución otros 19 concejales que provenían de diversos espacios profesionales, sociales y políticos. Esta mezcla personal e ideológica que representó Ahora Madrid fue recibida con hostilidad por la gran mayoría de los medios y por toda la derecha, al igual que ha ocurrido ahora con el pacto de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Uno de esos concejales (y también uno de los más polémicos) fue Carlos Sánchez Mato. Dirigente estatal de Izquierda Unida y economista, a Sánchez Mato le tocó estar al frente de una de las áreas más complicadas y que más recelo generó, la Concejalía de Economía y Hacienda, desde donde se enfrentó al ministro Cristóbal Montoro que ejerció oposición a toda su gestión. En esa andadura que terminó el 18 de diciembre de 2017, cuando Carmena lo cesó de ese cargo, estuvo también Eduardo Garzón, uno de sus asesores.

Ambos acaban de publicar su libro ’919 días, ¡sí se podía! Cómo el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de la gente’, un relato en el que Sánchez Mato y Garzón recorren su más de año y medio al frente del área económica de la ciudad que más presupuesto gestiona, desde la que sanearon unas cuentas arruinadas mientras aumentaban la inversión social. Desde la rebaja del IBI a las clases más desfavorecidas mientras tomaban atajos legales para subir este impuesto a las grandes superficies, hasta el enfrentamiento con Montoro y las presiones internas que terminaron con su salida, este libro es un relato de las dificultades pero también de los logros que ahora ambos autores quieren que sirvan de ejemplo para el primer ejecutivo estatal de coalición de la historia de la democracia.

En el libro hablan de las dificultades que se encontró el Gobierno de Ahora Madrid, tanto por el trato mediático que recibió como por el empleado por el Gobierno de Mariano Rajoy a cuenta de la regla de gasto. Este martes, PSOE y Unidas Podemos firmaron un pacto al que ahora se podrán sumar a otros partidos. ¿Creen que lo tendrán también difícil?

Carlos Sánchez Mato: Creo que se repiten cosas que tanto Eduardo como yo vivimos en nuestras propias carnes. En 2015, después del acceso al Gobierno de Ahora Madrid, prácticamente lo que se anunció fue el apocalipsis: nada iba a funcionar en la ciudad, la ciudad no iba a ser susceptible de ser mirada con interés por la inversión internacional, íbamos a arruinar las cuentas… Todas esas cosas fueron objeto de editoriales en los medios más importantes de este país. Y en el libro demostramos que no solamente era posible actuar de otra manera, sino que los resultados de nuestras políticas económicas son exitosos. Desgraciadamente, lo que no hubo posteriormente a la realización de nuestro programa de gobierno en materia económica fue desmentidos por parte de quienes habían anunciado la hecatombe.

Eduardo Garzón: De hecho es uno de los motivos por los que escribimos el libro: dar a conocer una experiencia que ha estado sometida a una presión bestial por parte de los medios económicos y los poderes fácticos más importantes, con la idea de aprender de los errores, de las limitaciones que uno tiene. Nosotros lo aclarábamos en la introducción, que la idea es que esto pueda servir para un momento en el que se vuelvan a presentar situaciones parecidas. Que un gobierno progresista con ganas de cambiar la sociedad llegue al gobierno y ser conocedores de las limitaciones que hay.

En función de ese aprendizaje, ¿qué consejos dan al nuevo gobierno de coalición?

CSM: Lo dijo Pablo Iglesias y lo confirmaba Alberto Garzón después: hay que combinar una forma muy concreta de actuación del Partido Socialista con nuestra audacia en el sentido más literal del término. No podemos conformarnos en el gobierno con la situación de extrema precariedad, de enorme desigualdad, de injusticia fiscal que existe en nuestro país. Lo sencillo sería simplemente aceptar el statu quo y no intentar buscar formas de ir más allá. Humildemente, nosotros demostramos en Madrid que mover esos márgenes requiere de un esfuerzo enorme, titánico, y que incluso puede salir mal.

¿Les aconsejan aguantar las presiones, por ejemplo?

CSM: Cuando hablamos de audacia, hablamos en este caso de la capacidad de vencer esas presiones. No hablamos de cruzar la calle con el semáforo rojo, hablamos de no dejarnos influir por las presiones absolutamente desmedidas que se producen. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses creados. Hay demasiada gente pensando y creyendo que el gobierno, también el de la nación, tiene que estar al servicio de sus intereses pequeñitos. Y claro, nosotros venimos a otra cosa.

¿Se arrepienten de haber mantenido el pulso con Montoro por la regla de gasto que propició su salida y les dejó fuera de una de las concejalías más importantes para seguir llevando a cabo políticas sociales?

CSM: Había que recortar 550 millones y hemos visto los resultados que ha tenido desde el punto de vista político. Cuando en el último año de mandato, que es cuando los gobiernos se ponen bonitos y terminan inaugurando el fruto del esfuerzo de la primera parte de la legislatura, tú lo que haces son recortes, lo que ocurre es que tu gente, tus votantes, la ciudadanía en general, no ven los frutos de tu acción. No era un capricho intentar seguir manteniendo nuestra senda presupuestaria: era la forma de culminar de manera adecuada un proyecto que había tenido la herramienta presupuestaria como algo fundamental. Hacer un recorte de 550 millones de euros ha tenido como resultado la abstención en los barrios de la periferia de Madrid, donde fue 20 puntos superior a los barrios en los que habitualmente gana la derecha. Eso es lo que impidió que no tuviera éxito una confluencia con un resultado mayoritario de la izquierda en la ciudad de Madrid.

El mejor combate contra la abstención es de verdad ser audaces en la realización de las políticas públicas y es un aprendizaje para el futuro. Pero no solamente para las elecciones locales, también para las autonómicas y para las generales. Hay una enorme oportunidad que se abre ahora con un posible gobierno de PSOE y Unidas Podemos a nivel del Estado que hay que aprovechar para que le mejore la vida a la gente, no para que le mejoren las grandes corporaciones del sector energético, que para eso ya tienen a otros partidos.

Este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que ejercerá de contrapeso a ese Gobierno. ¿Tiene mecanismos el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad para desestabilizarlo?

EG: Desestabilizar es una palabra demasiado fuerte. Pero está claro que oposición política van a hacer y los portavoces de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y también de la capital van a tener bastante eco. Esto es algo que nos esperábamos. Nosotros vivimos algo parecido dentro del Gobierno de Ahora Madrid, en el cual, por ser precisamente la capital del país tenía muchísimo eco y todo el mundo se enteraba incluso de alguna medida como el traje de los Reyes Magos cuando apenas tenía importancia. Entonces sí, seguramente habrá presión, era de esperar y no tiene por qué ser tampoco un drama.

¿Pero pueden usar las instituciones como hizo el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar su acción de gobierno?

EG: Tenemos un sistema institucional que centraliza las competencias desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, medidas institucionales así a bote pronto es más difícil.

Señor Garzón, cuando se conoció el pacto de gobierno, publicó un tuit en el que aseguró que no le había gustado la parte de la estabilidad presupuestaria…

EG: Son simplemente dos palabras que aparecen en el documento y sobre las que apenas se puede inferir una de ellas, pero sí que revela una especie de obsesión que tiene en este caso la élite económica europea, que es la de que todos los estados y las administraciones públicas tengan que tener superávit público o equilibrio presupuestario, pase lo que pase. Y es simplemente una mención a que el futuro gobierno tenga en cuenta, que antes que lograr el saneamiento de las cuentas públicas está el bienestar de la gente y que uno no puede poner por encima precisamente un objetivo fiscal frente al objetivo de mejorar la vida de la gente.

¿Qué balance hacen del Gobierno de Carmena? ¿Qué creen que recordará la gente?

CSM: Para muchos quedarán polémicas como la del traje los Reyes Magos, pero creo que lo que se construyó desde el punto de vista de acción económica es suficientemente sólido como para merecer no solamente nuestro libro, sino la atención de la gente. Creo que demostramos de una manera muy clara que había otra forma de gestionar, con el marco hostil existente, las cuentas públicas en una ciudad tan grande como Madrid. Incrementando de una manera muy importante la inversión en infraestructuras y equipamientos y la inversión social. Los compañeros del PSOE en el Gobierno central lo podrán visualizar en la realidad que llevamos a cabo en Madrid, también pactando con ellos, porque este tipo de actuaciones fueron el resultado del diálogo con el Partido Socialista en esa etapa.

EG: Sirvió como potente argumento para enfrentar al típico mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía. Con nuestra participación, dentro de que no hicimos la revolución socialista ni mucho menos, y sabiendo que tuvimos una limitación importante, fuimos capaces de hacer algo que nunca la derecha había sido capaz de hacer: mejorar la inversión social y mejorar la calidad de vida de la gente, al mismo tiempo que se cuadraban las cuentas haciéndolo posible desde postulados de izquierda pensando en el bienestar de la gente y no en el de los negocios.

"El Gobierno de Ahora Madrid sirvió para enfrentar el mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía"

Al principio del libro hablan mucho de la deuda, de cómo la encontraron y de la gestión que se hizo sobre la misma. ¿No es un poco raro, desde un gobierno de izquierdas, presumir de la reducción de la deuda en una ciudad que tenía y tiene tantas necesidades?

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¿Hay mucho gasto “político” en España? Un repaso por el gasto público

Autor: Juan Ruiz

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Entre las propuestas más radicales que tuvieron lugar durante la pasada campaña electoral encontramos la eliminación de las autonomías y volver a la recentralización del Estado. Una solución con la que, en palabras de quien la propone, nos ahorraríamos alrededor de 24.000 millones de euros de “gasto político” innecesario que se podría destinar a pensiones o a reforzar otros derechos de los ciudadanos.

Estos 24.000 millones son una cantidad nada desdeñable. Equivalen al rescate estratosférico de Bankia, o al coste del programa Artemis con el que la NASA se ha propuesto volver a pisar la luna en 2024. Por lo que si en España tiene lugar semejante despilfarro las estadísticas deberían arrojar algo de luz. Eurostat permite hacer una comparación con los países vecinos. Bajo la rúbrica “gasto en servicios públicos de interés general” se recoge lo que cada Estado en sus diferentes niveles (central, Lander, provincias, CCAA, municipios…) destina a:

  1. Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos.
  2. Servicios públicos generales. Gastos dedicados a planificar, coordinar e implementar las políticas de la Administración, que como los anteriores también contarían como gasto político.

El resto de las partidas no se corresponderían a lo que se puede describir como gasto político. Estas serían:

  1. Ayuda económica al exterior.
  2. Investigación básica.
  3. Investigación al desarrollo.
  4. Operaciones de deuda pública.
  5. Transferencias de carácter general entre distintos niveles de gobierno.

Los últimos datos disponible de 2017 muestran que, en el caso de España, la cuantía total de estas partidas es de 64.892 millones de euros. De los cuáles, el 48% corresponde a operaciones de deuda pública, principalmente pago de intereses. Añadiendo 3 partidas más alcanzamos el 99% del gasto. Estas son: 1) Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos (16.512 millones), 2) Servicios públicos generales (11.439 millones), y 3) investigación básica (5.074 millones). Como hemos dicho, son gasto burocrático-político las partidas: 1) Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos, y 2) Gastos en servicios públicos generales. La suma de ambas para todas las administraciones es de poco más de 16.000 millones de euros. Resulta obvio que no hay suficiente para recortar 24.000 millones de golpe. ¿Pero es mucho gasto respecto a los países europeos?

En el siguiente gráfico comparamos el gasto en servicios públicos de interés general sobre el PIB de cada país una vez descontando el pago de intereses de la deuda. España es el séptimo país por la cola justo por delante de Polonia y Rumanía 0,9 puntos por debajo de la media europea y 1,1 por debajo de la media de la eurozona.

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Consecuencias económicas de la repetición electoral que no verás en los relatos

Autor: Segundo Gonzalez y Alberto Montero Soler

eldiario.es

Era febrero de 2019, aunque parezca que hace casi un siglo, y el Congreso se disponía a tramitar los presupuestos más sociales de las últimas décadas. Unos presupuestos que tras una relativamente larga negociación entre PSOE y Unidos Podemos pretendían dejar atrás la política económica de Montoro y sus años de austeridad.

Aquellas cuentas incluían medidas sociales como el incremento en un 60% de la financiación de atención a la dependencia o la prestación para desempleados para mayores de 52 años; medidas destinadas a luchar contra la burbuja del alquiler, como el impulso de la vivienda pública en alquiler social; medidas feministas que impulsaban la igualdad real entre hombres y mujeres, como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad; partidas para modernizar el modelo productivo, como el incremento de la inversión en I+D+i; o medidas de justicia fiscal como el establecimiento de tipo mínimo en el impuesto de sociedades para grandes empresas o la reducción del IVA de algunos productos de primera necesidad.

Esas medidas y otras muchas contenidas en aquellos presupuestos, aunque modestas en su alcance, iban en la senda de lo que este país necesita en materia económica: impulsar la demanda interna mediante una política fiscal -tímidamente- expansiva cuando los nubarrones de la desaceleración ya eran más que evidentes, incidiendo sobre la reducción de las desigualdades generadas por la anterior crisis y apostando por la paulatina transformación del modelo productivo. La financiación de esta expansión fiscal se producía en estos presupuestos de incrementos de ingresos aprovechando el margen fiscal que da la brecha de 8 puntos en recaudación sobre el PIB que nos separa de la media de nuestros socios europeos.

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No esperen al BCE

Autor: Alberto Garzon Espinosa

El Confidencial

En las últimas semanas, se ha extendido la idea de que estamos abocados a una nueva crisis económica. No solo leemos ese pronóstico en la prensa especializada, sino que también lo hemos visto en las negociaciones para formar Gobierno en Italia y en España. Y a buen seguro ha sido uno de los temas abordados en la pasada reunión del G-7. Muchas miradas se dirigen ahora hacia el Banco Central Europeo, con la esperanza de que su presidente obre de nuevo un milagro que aleje esos horizontes sombríos, y tranquilice de paso a las empresas, gobiernos, inversores, familias y otros actores de nuestro mundo económico.

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Tributa donde vendes

Autor: Alberto Montero Soler

El Confidencial

Hace unos días, y al hilo de la cumbre del G-7 que tenía lugar en Francia, Francisco de la Torre publicaba en este medio una tribuna titulada “Multinacionales: una fiscalidad para engañarnos a todos“.

Tras ese estimulante título, aparecía un planteamiento que no puedo más que compartir: uno de los grandes beneficiarios del proceso de globalización, la empresa multinacional, es simultáneamente uno de los actores que menos contribuyen a las haciendas públicas estatales. Ello no es más que el efecto de que, sorprendentemente, dado el volumen de valor que generan, estas entidades están sometidas a las menores tasas impositivas sobre beneficios de todo el espectro empresarial, siendo esa tendencia generalizada en todo el planeta, por razones diversas pero resumibles básicamente en una: su capacidad para aprovechar la competencia impositiva a la baja entre países, especialmente la que se promueve desde paraísos fiscales y territorios con regímenes fiscales especiales.

Sin embargo, la solución que ofrecía me parecía ciertamente humilde, habida cuenta de la sagacidad intelectual que le atribuyo a Francisco de la Torre después de haber compartido con él debates económicos estos años atrás en el Congreso. En efecto, me parece muy pobre su propuesta de que, constatada la existencia de esos sumideros fiscales que son utilizados por esas empresas para minimizar su contribución fiscal global, la respuesta sea apelar a la coordinación entre países de cara a frenar la competencia fiscal. Y me parece pobre porque, aun siendo cierto que la solución más eficiente para un problema global requeriría de una solución coordinada global, las tendencias de la economía real, tanto a nivel internacional como a nivel estatal, apuntan en sentido contrario, como bien sabe De la Torre.

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Impuestos: algunos apuntes para el debate. Parte I.

Autor: Ivan H. Ayala

La Paradoja de Kaldor

Cuando Günter Dryer entró en la tumba del rey Scorpio I, de entre 3.300 y 3.200 años de antigüedad, no se imaginaba la importancia que podía llegar a tener su descubrimiento. Encontró en unos pequeños sellos de terracota unos símbolos que formaban sílabas con jeroglíficos. Estos sellos son la forma más antigua de escritura que conocemos. Pero no sólo eso, también son la forma más antigua de impuestos que conocemos, pues representaban recibos de pagos al rey de lino y aceite, asociados a nombres de las personas e instituciones que hacían efectivo el pago. Es posible por tanto que la aparición de la escritura -uno de los mayores avances de la humanidad- estuviera ligada a la aparición de los impuestos y a la necesidad de registrar esos pagos.

No es casualidad que los impuestos -y la escritura- aparecieran en el primer gran estado centralizado de la humanidad, porque los impuestos están ligados a la civilización como así lo confirman los descubrimientos desde Mesopotamia (2500 AC) al imperio Inca (casi 4000 años después y 3000 km. alejados), China (Confucio estableció los preceptos de tributación ideal sobre el 500AC) o la Grecia Antigua (500 AC). Los pagos a una autoridad central emergen a medida que las sociedades se vuelven complejas y el poder que las estructuraba necesita generar fuentes de ingresos para financiar las instituciones que servían de ancla social. No se conoce civilización alguna que no haya tenido alguna forma impositiva y, tal y como describe Charles Adams en su famoso libro, los impuestos han sido y son la gasolina de la civilización. La piedra Rosetta de hecho, puede ser la primera amnistía fiscal registrada de la historia (concedida a los clérigos…).

El sistema fiscal es espejo del devenir de la historia y reflejo en cada época y región de la pulsión política del momento. Incluso hay casos en los que un impuesto determina la historia de un país. Así fue el caso de EEUU y la lucha entre la entonces colonia y la metrópoli a raíz de una serie de leyes impositivas sobre el té y las famosas Intolerable Acts, que desencadenaron unas revueltas que culminaron en la revolución americana –y en la aparición del Boston Tea Party. No obstante, al contrario de lo que algunos analistas apuntan, las sociedades no se rebelan contra los impuestos, pues éstos nunca han sido la fuente original de conflicto. Las revueltas, rebeliones y demás avatares de la historia que se arremolinan en torno a los impuestos no son sino el reflejo de un conflicto entre un estado y su legitimación política en la población que gobierna. El impuesto es el instrumento del orden social que se quiere cambiar. Incluso en EEUU, los colonos norteamericanos no se oponían a los impuestos, sino que reclamaban que los tributos no fueran determinados a miles de kilómetros de distancia en Westminster, sino en los parlamentos norteamericanos, de ahí que se acuñara la famosa frase “no taxation without representation”. Así reza en uno de los documentos históricos más importantes al respecto, las resoluciones aprobadas del parlamento de Virgina que fueron ampliamente difundidas y copiadas por otros parlamentos norteamericanos donde la Asamblea General de la colonia establecía que, junto con su majestad:

“(…) tiene el poder exclusive para recaudar tasas e impuestos a los habitantes de esta colonia [de forma que] cualquier intento de suplantar dicho poder (…) es ilegal”

Si hubieran estado en contra de los impuestos, el pueblo hubiera clamado simplemente “no taxation”. Pero no fue el caso. Estaría bien que repasase estas actas el actual entorno del Tea Party que están popularizando lo de “los impuestos son un robo”.

A medida que las sociedades se transforman, los sistemas tributarios también lo hacen a la par que se modifica la fuente de legitimación del sistema político que cimenta el orden social que cambia. Detrás de la historia de los impuestos -cómo se recaudan, quién los paga, los tipos marginales, los medios, el montante total recaudado o la distribución entre impuestos- se esconde la historia de la vida civilizada. Cuando en la Inglaterra de finales del XVIII la monarquía decadente achicharraba a impuestos al pueblo para financiar su parásita existencia o las guerras que diezmaban los recursos generados en buena medida por el resto de la población, los mercaderes protestaron. Así, uno de los principales propagandistas de los mercaderes, John Locke defendió el derecho a la rebelión de lo que él considera pueblo (mercaderes) contra los gobernantes (reyes) cuando éstos imponen gravámenes injustos y excesivos. No contra los impuestos, sino contra unos gravámenes que financian unos gastos que la población considera desligados de sus intereses como sociedad. El liberalismo hunde su raíz ideológica no en la lucha contra los impuestos, sino contra la legitimación de un poder absoluto parásito y sus instituciones que diezman los recursos de la nueva clase emergente que habría de tomar el relevo, los mercaderes. Aparece así la famosa dicotomía liberal con la tensión entre, por un lado, la necesidad de tener un estado que reprima los estallidos sociales que se derivaban de la desigualdad inherente a la propiedad privada y por otro, el rechazo a financiar esa estructura estatal mediante impuestos para no alimentar al Leviatán. Esa tensión se resuelve a favor de un estado mínimo, fruto de lo cual el montante total de impuestos recaudados era muy pequeño, tal y como atestigua el gráfico del libro de Piketty.

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¿Podemos resucitar la política fiscal en Europa?

Autor: Jorge Uxo

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Digámoslo claro desde un primer momento: la construcción de las reglas fiscales europeas, las fuertes limitaciones al uso de las políticas presupuestarias y el intervencionismo extremo de Bruselas en las decisiones fiscales de los gobiernos y parlamentos nacionales no se derivan de una teoría económica sólida e incontrovertida. La seguridad con que se exige el cumplimiento de toda la maraña de requisitos que limitan lo que los gobiernos pueden o no hacer, so pena de someter supuestamente a las economías europeas a graves catástrofes, reflejan en buena medida posiciones políticas con un fuerte contenido ideológico, y prejuicios en contra de la intervención pública. Los límites impuestos a la deuda y al déficit (60% y 3% del PIB) son completamente arbitrarios, como lo es la exigencia a todos los países de ritmos preestablecidos de reducción del déficit estructural, que ni siquiera puede medirse sin grandes dosis de incertidumbre.

La experiencia de estos años nos enseña que mantenerse dentro de este marco no asegura que los resultados económicos mejoren (al contrario, las políticas de austeridad aplicadas en mitad de la recesión sobre la base de estas ideas no hicieron más que empeorar la situación, como el propio Draghi acaba de reconocer). Y tampoco es cierto que salirse de él sea equivalente a poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Muchos economistas heterodoxos llevamos tiempo afirmando esto –con un “éxito relativo” para lograr cambios reales, seamos sinceros– aunque recientemente hay cada vez más economistas mainstreams que empiezan a reclamar también un papel más activo de la política presupuestaria, incluso desbordando el actual marco fiscal. Como seguramente acabarán resultando más convincentes –son “personas serias”– conviene estar atentos a lo que dicen y, si es posible, aprovecharlo para lograr un mayor consenso político en torno a este objetivo de “resucitar” la política fiscal.

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Razones para rechazar las políticas de austeridad

Autor: Isabel Serra y Fernando Luengo

infolibre.es

Conviene, en primer término, desvelar el lenguaje tramposo e interesado contenido en el término “austeridad”. El capitalismo, en general, y el modelo de producción y consumo vigente en Europa, en particular, no son austeros, sino despilfarradores. Se alimentan de una utilización masiva, imposible de sostener, de recursos naturales no renovables y en un crecimiento de la demanda capaz de absorber y dar salida a un aumento continuo de las capacidades productivas. La desbordante expansión de las finanzas que abrió las puertas a una economía basada en la deuda, hasta el estallido del crack financiero, tampoco respondió al paradigma de la austeridad.

Pero llegó la crisis y el relato dominante convirtió el término “austeridad presupuestaria” (su ausencia) en el centro de explicación de la misma y en la clave para su superación. El poder económico y político encontró el “chivo expiatorio” idóneo: el sector público. ¿Cuál es la causa de la crisis?: el desorden presupuestario; ¿cómo superarla?: aplicando drásticas políticas de austeridad sobre las cuentas públicas. ¡Ahí quedó y todavía permanece encerrado el debate!

Una auténtica operación de camuflaje que ha conseguido que pasen inadvertidas la responsabilidad de las grandes corporaciones privadas y de la industria financiera, tanto en la generación como en la gestión de la crisis. También ha sido muy útil para llevar a cabo un formidable proceso de socialización de los costes de la crisis aumento de los impuestos para las clases populares y recortes sobre el gasto público social y productivo- en beneficio de las élites económicas y empresariales, los verdaderos responsables de la crisis, que han recibido una enorme cantidad de recursos públicos.

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¿Subir o bajar los impuestos?

Autor: Isabel Serra y Fernando Luengo

eldiario.es

Este dilema estará, ya lo está, en el centro del debate político y de la confrontación electoral. Parece una pregunta clara a la que los partidos políticos en liza tendrían obligación de contestar.

El recetario de la derecha es “bajemos los impuestos” y los argumentos puestos sobre la mesa son de sobra conocidos: la carga fiscal que soportan las familias y las empresas es muy elevada y ello desincentiva tanto el consumo como la inversión; el Estado es intrínsecamente ineficiente, en oposición al sector privado, y por lo tanto conviene reducir su peso en la economía.

Todavía recordamos al gobierno de Rajoy cuando se tragó estos principios y procedió a una sustancial subida de los impuestos que graban las rentas medias y bajas… eso sí descargando toda la responsabilidad en la herencia recibida del anterior gobierno socialista. Con todo, hay que reconocer que las derechas y también los partidos socialistas (aquí y en Europa) han reducido los impuestos… a los ricos. Las estadísticas son, en este sentido, concluyentes: Según Intermon Oxfam, en 2016, el 84% de la recaudación fiscal del Estado español procedía de las familias, mientras que las empresas aportaron sólo el 13%, sin embargo, en 2007, el esfuerzo fiscal de los hogares representaba el 75% del total recaudado, y el de las empresas, el 22%. En la Comunidad de Madrid (CM), la situación es especialmente grave pues su política de bonificaciones y exenciones fiscales la ha convertido casi en un paraíso fiscal interior: es la única Comunidad del país que no cobra impuesto de patrimonio y además es la que mayor bonificación aplica sobre el impuesto de sucesiones (99%). Que nuestra Comunidad sea una de las más desiguales de toda España no es casualidad, la excepcionalidad fiscal aplicada sobre los Impuestos de Sucesiones y Patrimonio sumada a la aplicación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas menos progresivo de toda España, demuestran cual ha sido la política fiscal de los gobiernos del Partido Popular durante sus 24 años de gobierno.

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En qué consiste el plan aprobado por el Parlamento Europeo para favorecer a la banca y los planes privados de pensiones

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

Este jueves 4 de abril se aprobó en el Parlamento Europeo el denominado “Producto paneuropeo de pensiones individuales” (PEPP) gracias a los votos a favor de los liberales y los populares (PP, Ciudadanos, PNV, UPyD, PdCaT…) y con la abstención de los socialistas (el motivo aludido es que “no era un verdadero enfoque paneuropeo”). El bloque de la izquierda unitaria y los verdes (Podemos, Izquierda Unida, Equo, ERC…) votaron en contra y además presentaron una enmienda para retirar esta medida, pero no prosperó (en parte debido al voto en contra de los eurodiputados socialistas, que en esta ocasión curiosamente no se abstuvieron). ¿A qué se debe esta diversidad en los votos? ¿En qué consiste el PEPP?

En realidad esta medida llevaba tiempo perfilándose en las instituciones europeas: la Comisión Europea ya le dio el visto bueno hace casi dos años. Su objetivo siempre ha sido explícito: “los productos paneuropeos de pensiones individuales servirán para fomentar la competencia entre los proveedores de pensiones, otorgando a los consumidores más posibilidades de elección a la hora de colocar sus ahorros”. Se busca la “uniformidad de las normas a nivel nacional y de la UE”, para lograr “el desarrollo de un mercado de pensiones a escala de la UE competitivo y de gran dimensión”. Estos planes de pensiones “podrán ser ofertados por una amplia gama de proveedores, tales como compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión y gestores de activos”. Por último, “se anima a los Estados miembros a conceder a los PEPP el mismo trato fiscal que actualmente se dispensa a los productos nacionales análogos que ya existen”.

En román paladín, por si a alguien se le escapa lo que subyace en todo esto: este plan paneuropeo marca el inicio de una serie de reformas legislativas en los parlamentos nacionales que favorecerán y ampliarán el negocio de las entidades financieras que hacen negocio con los fondos privados de pensiones. Nada nuevo bajo el sol, porque nuestros Estados ya dan facilidades y bonificaciones fiscales a estos productos, pero lo llamativo de este asunto es que ahora el trato privilegiado a este segmento del sector privado se articulará y coordinará desde a nivel europeo, lo que no hará sino intensificar las ventajas que tienen las entidades financieras a la hora de lucrarse con los ahorros de la gente. El texto aprobado lo deja claro: “los proveedores podrán desarrollar PEPP en varios Estados miembros, agrupar activos más eficazmente y lograr economías de escala”.

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Impuestos, garantía de libertad y democracia

Autor: Lina Galvez

eldiario.es

Los tres partidos de la derecha coinciden machaconamente en el mantra de que bajar impuestos es bueno per sé. Nos dicen que es bueno para la economía porque favorece el crecimiento y la creación de empleo, que lo es para aumentar los ingresos públicos y para que el resto de agentes económicos (personas y empresas) ganemos en libertad, pues donde mejor está el dinero es en nuestros bolsillos. Y nos dicen, finalmente, que los impuestos se utilizan sin otro propósito que engordar al Estado

La baja conciencia fiscal de los españoles contribuye a una cierta ignorancia sobre lo que realmente son los impuestos y para qué sirven. Y que la gente termine creyendo que argumentos como los que esgrimen las derechas son ciertos.

Las evidencias históricas y los estudios empíricos demuestran claramente que las dos primeras afirmaciones que hacen las derechas son falsas o que para que pudieran ser ciertas tendrían que darse una serie de circunstancias, sin las cuales es imposible conocer la responsabilidad real que una bajada de impuestos tiene en el crecimiento o la recaudación. Esto es así porque ambos dependen sobre todo de otras variables distintas que los tipos impositivos y que además varían a lo largo del tiempo. La tercera de las afirmaciones no se puede comprobar empíricamente, pero no por ello tenemos que darla por buena: una parte de la población quizás perdiera libertad al tener que renunciar a cierta proporción de sus ingresos, pero la mayor parte la ganaría al poder acceder a bienes y servicios públicos esenciales para ejercer la ciudadanía y que, sin los impuestos, nunca estarían a su alcance.

Y, por último, afirmar que los impuestos sólo sirven para engordar al Estado es también una gran simpleza. Los impuestos son los principales ingresos con los que se pueden financiar servicios públicos, que no existirían sin ellos o podrían disfrutarse sólo a precios desorbitados. Además, los impuestos generan incentivos y desincentivos de determinadas conductas (no fumar o contaminar menos, por ejemplo) que conforman una determinada forma de vivir y gestionar lo común y articulan el modelo de convivencia por el que colectivamente queremos apostar. Creo que se puede afirmar con rotundidad que sin impuestos solo los poderosos podrían definir el modo de vida colectivo de una sociedad.

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