Economía Crítica y Crítica de la Economía

El País

El debate sobre la anulación de las deudas en manos del BCE se ha desarrollado en Francia, pero también en Italia, Luxemburgo y Bélgica, en los pasillos de las instituciones europeas, entre los representantes del propio BCE y los distintos ministerios de finanzas de la zona euro.

Este debate es positivo y útil. Por primera vez desde hace mucho tiempo, las cuestiones monetarias se plantean como discusión pública. El dinero deja de ser por un momento este tema, sustraído a la deliberación colectiva y confiado a un banco central independiente de los poderes políticos aunque dependiente de los mercados financieros. Los ciudadanos están descubriendo, algunos de ellos con consternación, que casi el 25% de la deuda pública europea está ahora en manos de su banco central.

Nos debemos el 25% de nuestra deuda a nosotros mismos. Si devolvemos este dinero, tendremos que encontrarlo en algún lado, ya sea volviendo a pedir prestado para refinanciar la deuda en lugar de pedir prestado para invertir, ya sea subiendo los impuestos o recortando el gasto.

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El País

Es una de las voces económicas más poderosas del Gobierno. Nacho Álvarez (Madrid, 43 años) es la mano derecha de Pablo Iglesias en asuntos económicos: ha negociado el presupuesto, el escudo social y las principales medidas anticrisis. Secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos, sigue teniendo ese punto flemático de los académicos: tiene pausa y es poco amigo de estridencias. Pero en una hora de entrevista no rehúye un solo charco y deja claro que los desencuentros en el Consejo de Ministros por las reformas no son una simple cuestión de narrativa. “No teníamos experiencia en gobiernos de coalición, y creo que el primer año ha salido razonablemente bien. Este Gobierno ha discutido, ha discrepado incluso en público pero ha tomado decisiones con las que sale reforzado: el ingreso mínimo vital, los desahucios, la moratoria hipotecaria, los presupuestos. Lo sorprendente es que haya miembros del Consejo de Ministros, como Nadia Calviño o José Luis Escrivá, que plantean medidas que van claramente contra el pacto de coalición”.

“El acuerdo es nítido: hay que superar el marco laboral de 2012 para reequilibrar la negociación colectiva, y no caben recortes en pensiones que petrifiquen los desequilibrios que dejó la reforma del PP”, remata sin usar una sola vez la palabra maldita, “derogar”.

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eldiario.es

Hace dos días, el 15 de enero, el Gobierno de los Países Bajos dimitió en bloque a raíz de un escándalo de discriminación institucional. La dimisión es más bien simbólica, ya que el Ejecutivo se mantendrá en funciones para capitanear la transición a un nuevo Gobierno que saldrá de las elecciones de marzo. El hecho de haber dimitido ahora, a las puertas de unas elecciones y en mitad de una pandemia, puede ser fruto del cálculo electoralista. Sin embargo, e independientemente del carácter oportunista que pueda tener la decisión de Mark Rutte y su gabinete, la historia es digna de análisis y reflexión, porque los mecanismos de disciplinamiento y punición de las personas más vulnerables que necesitan ayudas públicas para sobrevivir están más extendidos de lo que podríamos pensar, y no son nuevos.

Al mismo tiempo, el uso cada vez más intensivo y extensivo de nuestros datos y la digitalización de un número cada vez mayor de procesos administrativos pueden aumentar el riesgo de control y disciplinamiento de dichos grupos de población si estos procesos no se desarrollan con suficiente transparencia y control democrático, es decir, sometidos a una regulación específica.

El origen del escándalo que ha provocado la dimisión del Gobierno es una actuación continuada de las autoridades de los Países Bajos cuyo objeto era identificar posibles fraudes en las ayudas familiares por parte de personas que necesitaban ese dinero para poder llevar a sus hijos a la guardería –un gasto que suele ascender a unos 1800 euros al mes por niño o niña– mientras ellas trabajaban para mantener a sus familias. El servicio tributario retiró la ayuda a unas 26.000 personas sin disponer de auténticas pruebas de fraude, pero tomando nota del lugar de procedencia de los supuestos estafadores. Es por este motivo que se conoce que la mayor parte de las personas que sufrieron esta agresión institucional son de origen turco o marroquí, aunque muchas de ellas poseen la doble nacionalidad.

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eldiario.es

“Sin nosotras, no se mueve el mundo”. Este reclamo, originariamente lanzado por las trabajadoras de hogar, ha permeado los últimos 8 de marzo. Son palabras que nos convocan a un cambio sistémico que, con la crisis de la COVID-19, se ha evidenciado más urgente que nunca. Cuando afirmamos que “si nosotras paramos, se para el mundo” estamos reclamando que se reconozca y valore este trabajo; dejar de mover el mundo solas; y, sobre todo, empezar a mover un mundo distinto donde el cuidado de la vida común esté en el centro. En este artículo nos preguntamos qué política pública puede responder este órdago y acoger la potencia de transformación y la capacidad de ilusionar que hay cuando luchamos desde los cuidados.

Pero, antes de ello, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Hablamos de lo que no ha podido parar mientras todo lo demás paraba; son los trabajos que reconstruyen la vida de todas las personas día a día. Incluyen, pero desbordan, la atención a la dependencia y la infancia. Son aquellos trabajos históricamente asociados a las mujeres, repartidos entre nosotras de forma sumamente desigual; históricamente mal pagados o no pagados, sin derechos o con derechos de segunda; y que han sido siempre imprescindibles para sostener la vida en un sistema socioeconómico que no pone la vida en el centro, sino que explota la vida para el beneficio privado de unos pocos.

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eldiario.es

Estos días estamos de enhorabuena en Europa, a pesar de que la segunda ola de la pandemia no acaba de darnos una tregua. Se ha conseguido desbloquear el presupuesto para los próximos siete años y el plan de recuperación asociado a la COVID-19. Ya solo falta que se llegue a un acuerdo para el Brexit para acabar este año aciago con esperanza.

El pasado viernes los líderes de los estados miembros de la UE aprobaron el Marco Financiero Plurianual de la Unión, dotado con 1,1 billones de euros, y dar vía libre a un fondo excepcional con deuda común, más conocido como Next Generation EU, que movilizará 750.000 millones de euros. Estos fondos no solo deben servir para ayudar a los países a paliar los efectos de la pandemia y la crisis económica asociada a ella, sino que tienen la vocación y la responsabilidad de servir como herramienta para la transformación de nuestras economías en pos de la sostenibilidad medioambiental y la digitalización, y sin duda también deberían servir para avanzar en justicia social, con la inclusión de los cuidados como un eje central de nuestras políticas.

El acuerdo en sí se fraguó en el mes de julio, pero el veto de Hungría y Polonia a la decisión de vincular las transferencias al respeto del Estado de derecho ha hecho que solo se haya podido cerrar in extremis antes del fin de 2020. La prioridad del gasto en proyectos transformadores que sustenten el pacto verde y la digitalización estaba ya clara, por tanto, desde el verano, en parte porque se alinea con los objetivos de la Comisión Europea en torno a lo que se conoce como las transiciones gemelas, la verde y la digital.

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El País

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Congreso, con un holgado respaldo, suponen un punto de inflexión histórico para nuestro país: superan definitivamente una década de austeridad, inician el camino de la reconstrucción económica y consolidan una mayoría política que existe en España desde hace años, pero que no terminaba de cristalizar.

Nuestro país atraviesa, a consecuencia de la pandemia, una dura crisis económica que afecta a miles de empresas y, especialmente, a los colectivos sociales más vulnerables. Por eso, estos Presupuestos son los más determinantes de la última década. El contexto exige actuar con decisión. Con esa intención, estos Presupuestos incorporan casi 30.000 millones de euros en nuevas inversiones que servirán para hacer frente a la crisis, impulsando la reconstrucción. Prolongar la austeridad ya no era una opción, era una vía muerta en un momento en el que ambiciosos planes de estímulo fiscal son necesarios. Existe un amplio consenso académico e internacional sobre esta cuestión: es el momento de la acción, es el momento de la inversión. Este consenso se ha visto, además, ratificado —esta vez sí— por la masiva compra de deuda pública por parte del BCE, así como por la activación de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, seguida de la suspensión de las reglas fiscales en el ámbito nacional. Asimismo, el Fondo de Recuperación y Resiliencia aprobado por el Consejo Europeo constituye un fuerte impulso en el mismo sentido.

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ctxt.es

Presentado ya el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 se pueden atisbar algunos cambios en las prioridades de política económica. Aquí nos centraremos en el análisis de algunas medidas tributarias que afectan al Impuesto de Sociedades (IS). Es bien conocida la situación de insuficiencia de ingresos públicos respecto al PIB de la economía española. A modo de ejemplo, si tomamos los ingresos públicos medios y el gasto público medio 2010-2020 (Gráfico 1), podremos observar que España ha tenido unos gastos por encima de sus ingresos sistemáticamente. Es cierto que la crisis financiera hizo estragos en todos los países de la UE, pero como se puede observar, el caso de España ha sido paradigmático.

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Artículo publicado en Viento Sur el 19 de Noviembre de 2020

La economía española atraviesa una depresión económica, que no tiene precedentes desde la Guerra Civil 1/. Sus causas fundamentales ya se avistaban a finales del año pasado apuntando una previsión de estancamiento o recesión, que afectaba al contexto europeo y particularmente español. Vino la pandemia, y, lo que parecía ser un ciclo económico contenido, se ha traducido en un hundimiento en un contexto macroeconómico ya difícil de por sí. Seguir leyendo…

Artículo publicado en el New York Times, el 1 de julio de 2020 y traducido por Iovana Naddim para Sin Permiso.info

Cuando la economía está en crisis, ¿a quién le pedimos ayuda? A las empresas no, pero sí a los gobiernos. Pero cuando la economía florece ignoramos a los gobiernos y dejamos que las empresas acaparen los beneficios. Seguir leyendo…

El Mundo

Alberto Garzón (Logroño, 1985) se ha traído a su despacho ministerial imágenes de la ejecución de líderes comuneros y de Rafael del Riego, pero mantiene en una de las paredes una imagen de Felipe VI que se encontró al llegar.

La OCDE sitúa a España a la cabeza del desplome económico mundial ¿Cómo salir de esta crisis?

Lo prioritario lo hemos cumplido que es el despliegue de un gran escudo social que protege a las familias trabajadoras, pero ahora hay que reactivar la economía. Eso es lo urgente, pero al mismo tiempo, tenemos que preparar el cambio del modelo de nuestra economía y ser capaces de reindustrializar nuestro país.

¿Le parecen suficientes las medidas de estímulo tomadas hasta ahora?

Los Gobiernos hemos tenido margen gracias a las medidas heterodoxas de un Banco Central Europeo que ha evitado una crisis de deuda, pero tenemos que ser más ambiciosos. Los pasos que se están dando en la Unión Europea son positivos, pero tenemos que ser conscientes de que el impacto económico ha sido muy importante e igual de importante debe ser el estímulo.

¿Cómo conseguir esa reindustrialización que menciona?

Es que si queremos aproximarnos a los niveles de salarios de Alemania tenemos que tener una estructura productiva con más intensidad tecnológica y más alto contenido de conocimiento. Es un largo proceso, pero si no nos reinventamos en un momento como éste ¿cuándo lo vamos a hacer? Por eso hay que invertir más en innovación, en educación y utilizar los instrumentos del Estado para una política industrial que casi no se ha utilizado en 40 años. . Hace falta un Pacto de Estado por la industria o por la reindustrialización. Es un momento extraordinario en el que al final, el Gobierno no hace el cambio de modelo productivo, lo hacen las empresas. El Gobierno debe fijar objetivos prácticos para conseguir que tenga más peso el sector de bienes avanzados y eso sólo es posible mirando más allá de las siguientes elecciones. Si seguimos empeñados en el viejo modelo será difícil combatir la precariedad.

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Artículo publicado en El Confidencial el 23 de mayo de 2020

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Nadie puede pensar que se puede mantener una estructura fiscal estática ante un mundo que ha acelerado su velocidad de transformación de sus fuentes de riqueza

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Artículo publicado en Sin Permiso el 03 de mayo de 2020

¿No debería un gobierno de izquierdas poner remedio al hecho que entre 2007 y 2017 el 1% de los más ricos en el reino de España incrementaran su riqueza un 24% mientras que el 90% solamente lo hizo un 2%, según el relator de la ONU Philip Alston? Philip Alston, quizás otro robespierista para algunos de nuestros hiperrealistas. Si estas desproporciones son posibles es porque la regulación política de los mercados lo permiten. ¿Hace falta ser republicano robespierista para atreverse a poner coto a esta situación antidemocrática o simplemente con racionalidad es suficiente? ¿Hace falta ser un gran radical para regular los mercados políticamente de otra forma que invierta esta tendencia? ¿Hace falta ser un robespierista para que las políticas económicas beneficien a la gran mayoría no rica? Estamos llegando a unos extremos de papanatismo hiperrealista (quizás el “extremo centro”) que algo simplemente racional incluso en la extraordinaria situación pandémica actual parece un delirio de radicales republicanos. Así nos va.

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Público.es

El Gobierno ha decidido establecer un precio máximo a las mascarillas, a los guantes y a los geles hidroalcohólicos por ser considerados de primera necesidad en una pandemia. En el caso de las mascarillas el precio se va a fijar en 0,96 euros por unidad. Con esto se pretende que no se produzcan abusos y que todo el mundo, incluida la gente de menos renta, pueda comprarlos. Esta decisión ha recibido algunas críticas y ataques por parte de algunas personas que aseguran que no tiene ninguna lógica económica y que lo que provocará es lo contrario a lo que se persigue, es decir, que haya desabastecimiento y que mucha gente se quede sin comprar estos productos.

El problema es que los análisis que hacen la mayoría de estas personas son ridículamente simples, lo que es desgraciadamente muy habitual en la ciencia económica. Utilizan modelos muy básicos y generales para analizar cualquier fenómeno económico. Un solo modelo les sirve tanto para un roto como para un descosido. Por ejemplo, utilizan la ley de la oferta y la demanda para analizar por igual tanto el precio de una mesa, del dinero o de un salario, cuando son cosas totalmente distintas que se ajustan a dicha ley de formas también muy diferentes. Y esto les lleva a cometer errores de bulto y obtener conclusiones absurdas. No podemos olvidar que la economía es una ciencia social y como tal no puede entenderse simplemente utilizando herramientas matemáticas. Estas son útiles como apoyo, pero no pueden ser el centro del análisis. La realidad económica es muy compleja para que pueda ser abordada con cuatro números y dos gráficas.

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Artículo publicado en Contexto y Acción el 22 de febrero de 2020

La responsabilidad final de la evolución del SMI no puede delegarse en un comité técnico, sino que debe recaer en los representantes de los agentes sociales (patronal y sindicatos) y del Gobierno. Seguir leyendo…

XVII Jornadas de Economía Crítica:

Emergencias, transiciones y desigualdades socioeconómicas

Santiago de Compostela – 3 y 4 de septiembre de 2020

Las Jornadas de Economía Crítica son un espacio de encuentro abierto que se viene organizando desde hace tres décadas. En esta ocasión, tendrá lugar los días 3 y 4 de septiembre de 2020 en la Universidade de Santiago de Compostela (España), organizadas por la Asociación de Economía Crítica y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la citada Universidad.

En los últimos años, nos enfrentamos a múltiples retos que nos indican una situación altamente crítica para el futuro inmediato de la humanidad. Hacer frente a estos retos exige el diagnóstico de todas las emergencias que deben ser atendidas, además de la formulación de posibles caminos para transitar hacia un mundo en que dichos retos puedan ser superados y que, por otra parte, permitan reducir las desigualdades existentes a diferentes niveles. Por ello, las JEC constarán esta vez de tres plenarios y de las tradicionales sesiones de discusión donde se presentarán las comunicaciones, así como de espacios de diálogo de la economía con otras disciplinas, con el activismo y sobre el papel de la economía crítica en la educación (áreas transversales).

Entretanto, os animamos a enviar comunicaciones sobre los temas que tradicionalmente han sido objeto de atención en las JEC: enfoques teóricos de economía crítica, aspectos de la economía mundial, el mundo del trabajo, relaciones entre la economía y la naturaleza, economía feminista, sobre Estado de bienestar y protección social, políticas económicas, etc. En todo caso, serán bienvenidas todas las comunicaciones que analicen asuntos económicos de interés desde una perspectiva crítica. Asimismo, os animamos a realizar propuestas para las mencionadas áreas transversales.

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ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Entre las propuestas más radicales que tuvieron lugar durante la pasada campaña electoral encontramos la eliminación de las autonomías y volver a la recentralización del Estado. Una solución con la que, en palabras de quien la propone, nos ahorraríamos alrededor de 24.000 millones de euros de “gasto político” innecesario que se podría destinar a pensiones o a reforzar otros derechos de los ciudadanos.

Estos 24.000 millones son una cantidad nada desdeñable. Equivalen al rescate estratosférico de Bankia, o al coste del programa Artemis con el que la NASA se ha propuesto volver a pisar la luna en 2024. Por lo que si en España tiene lugar semejante despilfarro las estadísticas deberían arrojar algo de luz. Eurostat permite hacer una comparación con los países vecinos. Bajo la rúbrica “gasto en servicios públicos de interés general” se recoge lo que cada Estado en sus diferentes niveles (central, Lander, provincias, CCAA, municipios…) destina a:

1. Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos.
2. Servicios públicos generales. Gastos dedicados a planificar, coordinar e implementar las políticas de la Administración, que como los anteriores también contarían como gasto político.

El resto de las partidas no se corresponderían a lo que se puede describir como gasto político. Estas serían:

1. Ayuda económica al exterior.
2. Investigación básica.
3. Investigación al desarrollo.
4. Operaciones de deuda pública.
5. Transferencias de carácter general entre distintos niveles de gobierno.

Los últimos datos disponible de 2017 muestran que, en el caso de España, la cuantía total de estas partidas es de 64.892 millones de euros. De los cuáles, el 48% corresponde a operaciones de deuda pública, principalmente pago de intereses. Añadiendo 3 partidas más alcanzamos el 99% del gasto. Estas son: 1) Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos (16.512 millones), 2) Servicios públicos generales (11.439 millones), y 3) investigación básica (5.074 millones). Como hemos dicho, son gasto burocrático-político las partidas: 1) Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos, y 2) Gastos en servicios públicos generales. La suma de ambas para todas las administraciones es de poco más de 16.000 millones de euros. Resulta obvio que no hay suficiente para recortar 24.000 millones de golpe. ¿Pero es mucho gasto respecto a los países europeos?

En el siguiente gráfico comparamos el gasto en servicios públicos de interés general sobre el PIB de cada país una vez descontando el pago de intereses de la deuda. España es el séptimo país por la cola justo por delante de Polonia y Rumanía 0,9 puntos por debajo de la media europea y 1,1 por debajo de la media de la eurozona.

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El Salto (Economía para Todas)

“El ser humano es libre por naturaleza”. Bien podríamos decir que esta proposición reúne las esencias teóricas de la filosofía política liberal clásica (y neo). Sus partidarios, identifican el concepto de libertad, por un lado, con el libre albedrío, como si ésta fuese una consecuencia natural e inherente a la existencia misma, aunque con matices. Otro de los referentes tradicionales del pensamiento liberal es la divina providencia, si bien, proyectada sobre la biología (pobre biología), distribuidora última de las cualidades que distinguen a unos individuos de otros, príncipes y campesinos, listos y tontos, capitalistas y obreros, señores y esclavos, etc. Junto a estas dos premisas históricas, hay una tercera, a saber, la libertad es reductible al mero movimiento físico de las cosas y de los seres.

A partir de estos planteamientos, los partidarios de políticas liberales, neoliberales, o, como tradicionalmente son agrupadas, de derechas, se avienen a entender algo así como que la jerarquía de posiciones estructurales que ocupan los individuos en la sociedad, responde, fundamentalmente, a las características naturales de los individuos antes que a la distribución de oportunidades de las que disponen éstos y sus familias en la estructura social. Este principio esencialista, el cual, constituye la columna vertebral del cuerpo ideológico subyacente a la acción política de los partidos liberales europeos, tiene un hondo calado en la sociedad, y muchos representantes políticos, autodenominados de “izquierda”, han asumido parte de este discurso. Por ejemplo, uno de los argumentos que escuchamos para defender las políticas de becas al estudio por parte de algunas de estas figuras públicas, se basa en el denominado Talento tácito, concepto utilizado para referirse a las supuestas capacidades intelectuales especiales con las que se quiere distinguir a algunos individuos respecto de la media. Básicamente, la tesis es la siguiente: las becas al estudio permiten captar a aquellos individuos con dicho talento que por razones económicas podrían ser rechazados por el sistema educativo.

Ciertamente, en este supuesto, hay un fundamento utilitarista de la educación que, sin duda, ha resultado efectivo, al menos durante los últimos 50 años, para reducir la oposición de los liberales más radicales, partidarios de la educación elitista y la supresión de las becas públicas.

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Otra Economía

Primera

Colocar la competitividad en el epicentro de la política económica supone, por un lado, subordinar a la misma los otros planos de la economía. Imponer que las políticas públicas –por ejemplo, las relaciones laborales, las normas medioambientales, las estructuras tributarias o las regulaciones en materia de salud- se adapten a las exigencias competitivas. Por otro lado, se parte del supuesto –marcadamente ideológico y sin respaldo empírico- de que las ganancias superan a los costes, de que las economías rezagadas serán las mayores beneficiarias del proceso internacionalizador, de que los beneficios obtenidos irradiarán al conjunto de la economía y de que los perdedores encontrarán nuevas y mejores oportunidades con la intensificación de la competitividad.

Segunda

La lógica de la competitividad es la de “todos contra todos”, confiando de que de esa realidad surge un beneficio global. Se omite en este razonamiento que, precisamente, la competencia global, en un contexto de mercados crecientemente desregulados, está en el origen de la crisis. Y lo más importante, se ignora que la superación de la misma, la construcción de Otra Europa y, posiblemente, la propia supervivencia del capitalismo precisan la implementación de políticas cooperativas.

Tercera

El argumento de la competitividad apela, sin reservas, al crecimiento como motor de la actividad económica, crecer en el mercado interno y crecer asimismo en el mercado internacional. Dado que a esta receta se le supone validez universal, es, por lo tanto, aplicable a todas las economías. Se supone así –de manera explícita o no- que el planeta está en condiciones de soportar este modelo y que los problemas de sostenibilidad que provoca tienen solución con la aplicación de nuevas tecnologías. No se tiene en cuenta, por lo demás, que la naturaleza depredadora del actual sistema económico –tanto la manera de producir como la de consumir- nos ha situado desde hace tiempo en una encrucijada donde la lógica de las cantidades debe ser radicalmente cuestionada.

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BANATU Taldea y Gara-Naiz

Esta es una carta abierta al Gobierno de Navarra cuando falta 1 año para que se acabe la legislatura.

El paro es el principal problema de nuestra sociedad. Hoy son 34.519 el número de personas desempleadas en Navarra: el 10,54% de la población. Una sociedad justa e igualitaria tiene que aspirar a que todas las personas tengamos un trabajo decente para poder vivir dignamente. No es fácil conseguir este objetivo, pero, precisamente, el reparto del empleo (RDE), es una de las medidas que podríamos tomar para atajarlo eficazmente, y que solo depende de la voluntad de las personas con empleo, y de la voluntad política que ha de aprobar las medidas legales adecuadas para su decidido impulso.

El objetivo es compartir el empleo de forma solidaria con las personas que no lo tienen, mejorando así la calidad de vida de ambos colectivos. Trabajar menos para trabajar todas y vivir mejor. “Esta idea de limitar y repartir el tiempo de trabajo (de todos los trabajos, no solo del empleo) es una idea fecunda y preciosa que resulta especialmente conveniente ante el desempleo crónico que padecemos, la crisis ecológica, la dominación patriarcal y la desigualdad social”.

Las Administraciones Públicas tienen la obligación de legislar para que lo podamos hacer en condiciones razonables, en este caso, en el ámbito laboral navarro.

El Gobierno del cambio en su Acuerdo Programático adquirió los siguientes compromisos en torno al reparto del trabajo:

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Radio Euskadi

La doctora en economía Miren Etxezarreta acudió al Congreso MARX 200 AÑOS, celebrado en marzo en Bilbao. La experta asegura que hay dinero de sobra para subir las pensiones más de un 0,25%. Según su opinión, ‘el problema es que no se quiere repartir para las pensiones’.

Miren Etxezarreta, doctora en economía ha asegurado que hay dinero de sobra para subir las pensiones más de un 0,25%. Según su opinión, ‘el problema de las pensiones es cómo se reparte el dinero, y que no se quiere repartir para las pensiones’.

En este sentido ha puesto el ejemplo del gasto militar, ‘si no se elevara el gasto militar al 2% del PIB, habría dinero para las pensiones. La decisión es puramente política y social’.

Por ello, ha insistido, ‘si en lugar de gastar en armas, gastáramos en pensiones, habría dinero’.

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La Paradoja de Kaldor

Los sindicatos españoles mayoritarios llevan asumiendo durante bastantes años (incluso en la larga etapa de crecimiento económico entre 1995-2007), de manera implícita o explícita, una estrategia sindical de moderación salarial. El argumento que sustenta tal estrategia es la consideración de que la moderación salarial es la pieza clave para la consecución de otros objetivos, entre ellos, el crecimiento económico y la creación de empleo. Se trataría de una especie de “política de rentas voluntaria y/o implícita”.

La llegada de la crisis económica ha reforzado esta estrategia. El I Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado por CEOE-CEPYME, CCOO y UGT el 9 de febrero del 2010 para una vigencia de tres años (2010, 2011 y 2012), establecía un crecimiento salarial del 1% (2010), entre el 1% y 2% (2011) y entre el 1,5% y 2,5% (2012).  En el II ANEC que se firmó el 25 de enero del 2012 para otros tres años de vigencia (2012, 2013 y 2014), el compromiso de moderación salarial todavía fue mayor. Para 2012, los salarios pactados no debían exceder del 0,5%, en el 2013 el tope se fijaba en el 0,6% y para el 2014 se pactó una fórmula un poco más compleja: el aumento de los salarios pactados debía ajustarse al ritmo de la actividad de la economía española (aunque, en realidad, el objetivo se fijó en el 0,6%).

En julio de 2014, Gobierno, CEOE-CEPYME, CCOO y UGT pactaron un “Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico y el empleo” y en mayo del 2015 se llegó a un acuerdo de rentas para los años 2015, 2016 y 2017. En 2015 la subida salarial pactada fue del 1% (dejando que la subida salarial se pueda adecuar a las circunstancias de cada empresa); para el 2016 hasta el 1,5% y para 2017 la subida se dejó abierta, dependiendo de la evolución del PIB en 2016 y de las previsiones macroeconómicas del gobierno para ese año 2017. La negociación fue muy larga y difícil porque la CEOE insistía en la necesidad de mantener la moderación salarial (proponía una subida salarial del 0,6% para el 2015 y del 0,8% para el 2016 y que las subidas salariales estuvieran vinculadas a la evolución del PIB).

El crecimiento económico posterior y una cierta recuperación del empleo a partir de 2014 -aunque precario y de bajos salarios- han estimulado que los propios sindicatos reclamen una cierta subida salarial. Por ejemplo, en enero de este mismo año CCOO ha propuesto una subida salarial en torno al 3% o por encima de esta cifra (dependiendo de las empresas y sectores) y pide vincular los salarios a las previsiones de inflación, a la evolución de la productividad y a la mejora de los salarios más bajos de la economía.

La necesidad de articular una estrategia de subida salarial ha estado avalada por algunos organismos internacionales. Por ejemplo, la OIT la lleva reclamando desde hace unos años. Hasta el BCE –que, finalmente, reconoció la existencia de una crisis de demanda en la eurozona que provoca estancamiento económico y baja inflación- ha dicho que ha llegado el momento de una subida salarial.

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Los próximos 21 y 22 de febrero, en C.C. Las Sirenas, en Sevilla, tendrán lugar las II Jornadas del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, en las que hablaremos de desigualdades en la infancia, desigualdades en Andalucía o la desigualdad en el arte, el cine y la pintura, entre otros temas. Si estás interesado o interesada, no dudes en inscribirte en http://bit.ly/2EJfuT3.

Revista GALDE nº18. Junio 2017

Dossier Galde 18 en pdf, “Trabajo y empleo”

Tras participar en una de las investigaciones financiadas por el Departamento de Innovación de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre el reparto del trabajo y del empleo, entregamos tras el verano del 2015 el informe de restitución «Reparto del empleo y del tiempo de trabajo: efectos en la fiscalidad y tratamiento jurídico» (Zendoia et al., 2015), con análisis, diagnósticos y propuestas de Reducción del Tiempo de Trabajo (en adelante, RTT), que más tarde recogimos en el monográfico “La reducción del tiempo de trabajo. Una propuesta para reducir el desempleo” del nº 34 de la revista Lan Harremanak (V.V.A.A., 2016-I). Aunque con el cambio Gobierno no ha habido una valoración de las propuestas que restituimos los diferentes equipos de tres universidades vascas, aprovechamos la ocasión para reiterar la conveniencia y la viabilidad de la políticas de RTT –también desde las instituciones forales y autonómica–, además de la necesidad de abordar con urgencia una reflexión acerca del futuro del empleo, lo cual requiere diseñar estrategias transformadoras en materia laboral y fiscal que reconduzcan la actual situación de crisis y ajuste permanente.

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