Economía Crítica y Crítica de la Economía

Entrevista realizada para El Diario. es el 18 de junio de 2020

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Alberto Garzón (Logroño, 1985) es economista, coordinador general de Izquierda Unida y ministro de Consumo en el primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia. En esta entrevista con eldiario.es, reflexiona sobre lo que se juega España y la Unión Europea en estas semanas en las que se decidirá el tamaño, la duración y las condiciones del fondo de recuperación de la UE para combatir las consecuencias de la pandemia.

El ministro de Consumo defiende que ese dinero debe dedicarse a reformas que pasen por la reindustrialización del país y el reequilibrio entre norte y sur de la Unión Europea. “Las reformas estructurales son necesarias, pero no en el sentido neoliberal, no en el sentido planteado en la anterior crisis. Y ese cambio estructural no lo hacen los gobiernos, lo hacen las empresas que innovan. Y el Gobierno, por supuesto, también participa, diseña los incentivos, se arriesga en actividades innovadoras”, sostiene Garzón.

Este viernes se celebra la primera cumbre para hablar de la propuesta de la Comisión Europea sobre la reconstrucción. ¿Por qué para España puede ser positiva una propuesta que es la mitad de lo que pedía España? Seguir leyendo…

Artículo de Juan Ruiz (La Paradoja de Kaldor) para Contexto y Acción publicado el 9 de abril de 2020

Quienes comparten el mando de la UE deben recordar que dirigen una de las regiones más prósperas del planeta y que mirar para otro lado les empequeñece como personas, envilece la comunidad internacional y merma las alianzas e influencia de la propia Unión Seguir leyendo…

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Llevan tiempo gobernándonos y cualquiera podría recitarlos como quien tararea una canción conocida. Toda Europa comparte los temas centrales del Pacto de Estabilidad: déficit por debajo del 3% del PIB y deuda por debajo del 60% del PIB. En España, a partir del año que viene, estos límites adquirirán la naturaleza más alta que pueden tener en nuestro ordenamiento jurídico, la de principio constitucional, tras la vergonzosa reforma de 2011, y la de estar desarrollados por una férrea ley orgánica: la ley de estabilidad presupuestaria de 2012.

Cabe preguntarse qué va a significar la aplicación plena de estos límites que tan rígidamente condicionan ya toda política económica. A tal fin, es interesante repasar la gravedad con que el artículo 135 de la Constitución y la ley de estabilidad prohíben sobrepasarlos y proponen duras medidas de ajuste que, por cierto, pueden acabar en la aplicación del también famoso artículo 155.

Hasta ahora, el reiterado incumplimiento de los umbrales por los presupuestos de Montoro (los únicos que ha habido desde la publicación de estas normas) no ha tenido grandes repercusiones. Una vez entren en vigor con su nueva y prístina naturaleza, su incumplimiento podrá impugnarse en el Tribunal Constitucional y, probablemente, el temor a la aplicación de este recurso y a la declaración de inconstitucional de la ley de presupuestos conllevará la sumisión completa de los mismos.

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El Confidencial

La creación del euro, como tantas otras decisiones en el ámbito de la eurozona, estuvo condicionada por Alemania. Esta impuso que la institución que gobierna el euro, el BCE, debía crearse a imagen y semejanza del Bundesbank, lo que implicaba dos decisiones políticas claves: que debía ser lo más independiente posible del poder político y que su objetivo debía ser exclusivamente controlar la inflación. La herencia de la hiperinflación de la República de Weimar y su contribución a la llegada al poder del nacionalsocialismo justificaban la posición germana y acabaron por impregnar los estatutos del BCE y, por extensión, la de todos los bancos centrales de la Eurozona.

Esta decisión política no se limitaba a lo institucional sino que tenía importantes derivadas sobre el diseño de la política económica en la eurozona. No solo representaba la transferencia de soberanía sobre su política monetaria por parte de cada Estado miembro sino que también se le daba a la política monetaria una preeminencia excesiva sobre la política fiscal en el ‘mix’ de política económica de cada Estado por una doble vía.

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s difícil encontrar otra región del mundo donde, durante la última década, las condiciones de vida hayan empeorado en mayor medida que en países como España, Grecia o Portugal. El sentido común dicta que ese deterioro es consecuencia de las políticas de austeridad fiscal. Sin embargo, aunque resulte contraintuitivo, la capacidad redistributiva del Estado ha aumentado de facto en esos países. A pesar de los intensos recortes del gasto público, el efecto contrarrestante de los “estabilizadores automáticos” (la activación, al llegar la recesión, de transferencias sociales como las prestaciones por desempleo) ha reducido el impacto de la crisis sobre la desigualdad. Dada la insuficiencia de los Estados de bienestar mediterráneos, eso no ha bastado para impedir la dramática extensión de la pobreza monetaria y la exclusión social. No obstante, nos obliga a buscar las razones del aumento de la desigualdad en otra dimensión: la de la distribución de la renta en el ámbito productivo, denominada “desigualdad primaria” o “de mercado”.

Desde que Kaldor estableciese su famosa paradoja, un número cada vez mayor de economistas cuestiona la relevancia de los costes laborales para explicar la competitividad externa de las economías. Dichos costes son sólo una parte del total (que incluye materias primas, suministros, transporte, costes financieros, etc); y, en muchos casos, los márgenes de beneficios influyen más en la determinación de los precios de venta. Además, los costes laborales se miden en relación a la productividad. Dada la importancia de las cadenas globales de producción, esa productividad depende de las decisiones tomadas por las empresas transnacionales acerca de dónde localizar cada una de las fases del proceso productivo. Ofrecer menores salarios se encuentra lejos de asegurar una atracción de las actividades de mayor valor añadido. Más bien al contrario. De hecho, las empresas concentran esas actividades en sus casas matriz. Por descontado, entre ellas se incluyen las de innovación tecnológica, que también se ve desincentivada por las estrategias de costes bajos.

A pesar ello, la Troika ha insistido en promover una “devaluación interna” en las economías periféricas de la Eurozona. Se ha argumentado que, dada la imposibilidad de llevar a cabo devaluaciones del tipo de cambio (debido a la pertenencia al euro), la reducción de los precios domésticos era la única manera de disminuir los déficit comerciales crónicos de esas economías. Aunque también se podría haber actuado sobre los beneficios, esa reducción de precios se ha tratado de lograr mediante el ajuste salarial. Entre otras medidas, se ha rebajado la protección frente al despido, se han recortado las prestaciones por desempleo, y, sobre todo, se han debilitado los mecanismos de negociación colectiva. Cada vez hay más evidencias (ver, por ejemplo, aquí y aquí) que demuestran el fracaso de esta estrategia. Las economías en las que se han puesto en marcha esas reformas laborales son las que más tarde han salido de la crisis. Pero, además, en ellas la devaluación salarial se ha convertido en uno de los principales motores del empeoramiento de la distribución de la renta.

Las reformas laborales aprobadas han generado un fenómeno muy llamativo: una divergencia en la evolución de la participación salarial de las economías periféricas respecto a la seguida en el conjunto la Eurozona. Esa participación mide el porcentaje de la renta nacional que va a parar a los salarios de los/as trabajadores/as (incluida una estimación de los ingresos considerados laborales de los/as autónomos/as). Cuando ese porcentaje se reduce es porque se ha producido una brecha entre la mejora de la productividad de los/as trabajadores/as y la de sus salarios. Esto no siempre tiene que ir acompañado de una caída de los sueldos en términos absolutos, pero en este caso sí que ha sido así. El hecho es que, mientras en las economías centrales de la Eurozona la masa salarial aumentaba su participación en la renta, en la mayoría de las periféricas (Chipre, España, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta y Portugal) las medidas de devaluación interna han hecho que continuase empeorando, incluso en plena recuperación del PIB.

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El Confidencial

Estos días atrás se han sucedido dos anuncios en materia monetaria que están íntimamente entrelazados aunque pudiera no parecerlo.

Por un lado, el anuncio del Gobierno italiano de su intención de poner en circulación una moneda paralela a la que llaman mini-bot. Por otro lado, el anuncio de Facebook de que en 2020 pondrá en circulación, junto con otras grandes corporaciones, su propia moneda, la libra, vinculada a una Blockchain descentralizada y a una plataforma de contratos inteligentes, según reza su Libro Blanco.

Aunque en apariencia se trata de cuestiones muy distintas, no lo son tanto si reflexionamos sobre ellas tomando como eje vertebrador un principio político básico vinculado a la moneda: la soberanía.

Así, el Gobierno italiano pretende emitir los mini-bots para superar el restrictivo marco monetario y fiscal del euro y contar con un instrumento monetario para la financiación de su política fiscal. Su intención es crear una moneda paralela de naturaleza fiscal que pondría en circulación como pago de prestaciones o salarios del sector público, circularía como medio de cambio en los intercambios privados si es capaz de generar la confianza necesaria entre las partes —o, en su defecto, si el Estado italiano impone su curso legal— y se destruiría en el pago de impuestos.

Por su parte, Facebook, aparentemente y bajo la pantalla de la inclusión financiera, trata de penetrar en negocios que hasta ahora habían estado mediados por operadores bancarios y financieros tradicionales y que, en la mayor parte de los casos, exigen la titularidad de una cuenta bancaria para realizarse (pagos, envío de remesas, etc.). Bien es cierto que, probablemente, el negocio no resida tanto en los ingresos derivados de las transacciones que usen la nueva moneda y su plataforma sino del acceso a los datos que, de forma consentida o no, podrá obtener de sus usuarios. En cualquier caso, es de prever que su extensión generalizada, más allá de los países menos desarrollados, a los que en principio parece estar circunscrita, tendrá un potente impacto sobre la industria financiera.

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ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Digámoslo claro desde un primer momento: la construcción de las reglas fiscales europeas, las fuertes limitaciones al uso de las políticas presupuestarias y el intervencionismo extremo de Bruselas en las decisiones fiscales de los gobiernos y parlamentos nacionales no se derivan de una teoría económica sólida e incontrovertida. La seguridad con que se exige el cumplimiento de toda la maraña de requisitos que limitan lo que los gobiernos pueden o no hacer, so pena de someter supuestamente a las economías europeas a graves catástrofes, reflejan en buena medida posiciones políticas con un fuerte contenido ideológico, y prejuicios en contra de la intervención pública. Los límites impuestos a la deuda y al déficit (60% y 3% del PIB) son completamente arbitrarios, como lo es la exigencia a todos los países de ritmos preestablecidos de reducción del déficit estructural, que ni siquiera puede medirse sin grandes dosis de incertidumbre.

La experiencia de estos años nos enseña que mantenerse dentro de este marco no asegura que los resultados económicos mejoren (al contrario, las políticas de austeridad aplicadas en mitad de la recesión sobre la base de estas ideas no hicieron más que empeorar la situación, como el propio Draghi acaba de reconocer). Y tampoco es cierto que salirse de él sea equivalente a poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Muchos economistas heterodoxos llevamos tiempo afirmando esto –con un “éxito relativo” para lograr cambios reales, seamos sinceros– aunque recientemente hay cada vez más economistas mainstreams que empiezan a reclamar también un papel más activo de la política presupuestaria, incluso desbordando el actual marco fiscal. Como seguramente acabarán resultando más convincentes –son “personas serias”– conviene estar atentos a lo que dicen y, si es posible, aprovecharlo para lograr un mayor consenso político en torno a este objetivo de “resucitar” la política fiscal.

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Hace unas semanas, el Instituto Alemán de Análisis Económico (DIW Berlin) publicaba uno de sus informes semanales, que titulaba “El sector de bajos salarios en Alemania es mayor de lo que se creía” (traducción propia)¹. El informe llama la atención sobre lo que pocas veces se destaca cuando se mira desde fuera hacia el país y que constituye uno de sus grandes problemas económicos y de cohesión social: el fuerte aumento de la desigualdad salarial y, en general, de las condiciones de trabajo.

Este título hubiera sido impensable unas décadas atrás, cuando Alemania se distinguía por la existencia de unas instituciones que fomentaban unas condiciones de trabajo homogéneas y  un buen desempeño económico, esto es, bajo desempleo, alta productividad y competitividad en los sectores industriales avanzados. Hasta los noventa, la incidencia del empleo atípico era muy reducida y el nivel de protección de los contratos estándar (de duración indefinida y a tiempo completo) era de los más altos de Europa. La negociación colectiva, organizada a nivel sectorial y regional, cubría a una elevada proporción de los asalariados (más del 80%) y garantizaba una reducida dispersión salarial. Además, la tradicional orientación cooperativa de los comités de empresa, con derechos de consulta, información y codeterminación, facilitaba la implementación de medidas de flexibilidad interna en las empresas, sorteando ciertas “rigideces” del marco institucional. Desde la economía política y la sociología se ha reivindicado que esa combinación entre instituciones y buenos resultados económicos no era casualidad, sino que, precisamente, eran las primeras las que habían conducido a las empresas manufactureras alemanas a instalarse en estrategias no cortoplacistas y de alto valor añadido, explicando parcialmente el éxito económico y social del modelo alemán.

Sin embargo, desde la reunificación, en 1990, la economía sufrió un periodo de lento crecimiento económico, con una incapacidad casi crónica para crear empleo. Las horas de trabajo se estancaron y la tasa de desempleo no dejó de crecer hasta 2006, cuando superó el 11%, un récord histórico. Como respuesta, se llevaron a cabo varias reformas laborales, que facilitaron el uso de los contratos temporales (1997), a tiempo parcial (2001) y que liberalizaron la actividad de las agencias de empleo temporal (1997 y 2002). Paralelamente, a lo largo de la década se dio un proceso acelerado de descentralización de la negociación colectiva, que ha continuado hasta hoy. Por un lado, la tasa de cobertura de los convenios colectivos ha caído 31 puntos porcentuales, y  en la actualidad es del 56% de los asalariados. Por el otro, la propia negociación sectorial se ha ido vaciando de contenido, ya que las cláusulas de descuelgue, ideadas para casos excepcionales, son empleadas recurrentemente incluso por empresas que declaran estar en buena situación económica. Además, la toma de decisiones sobre salarios y otras condiciones de trabajo se ha desplazado de forma predominante a los centros de trabajo, donde los comités de empresa han tendido a intercambiar medidas de flexibilidad interna y ajuste salarial a cambio de protección en el empleo. Sin embargo, la cobertura de los comités de empresa también ha sufrido un retroceso muy elevado (10 puntos porcentuales, y ha quedado en el 47% de los empleados, según un reciente trabajo de Oberfitchner y Schnabel, 2019²), dejando a una parte importante de la fuerza de trabajo ante una negociación salarial totalmente individualizada.

La última etapa de esta senda liberalizadora fueron las conocidas reformas Hartz (2003-2005), que consistieron en cuatro paquetes de medidas: (1) La completa liberalización de las agencias de empleo temporal (Hartz I); (b) la abolición del máximo de 15 horas a la semana de los contratos marginales (empleos sujetos a reducidas contribuciones sociales y sin derecho a seguro por desempleo o seguro médico), creando los famosos minijobs y midijobs (cuyos salarios son de un máximo de 450€ y 850€/mes, respectivamente) (Hartz II); (c) la implementación de políticas activas de empleo (Hartz III) y (d) la reducción de la duración de las prestaciones por desempleo y la aplicación de ayudas sociales no contributivas (SGB II) para desempleados, pero condicionadas a la búsqueda activa de empleo, con el objetivo de reducir el salario de reserva y de obligar a sus receptores a aceptar cualquier tipo de empleo para continuar recibiéndola (Hartz IV).

Gráfico 1. Tasa de desempleo y reformas institucionales en Alemania

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Viento Sur
Las elecciones europeas, el 26 de Mayo, se celebrarán en el Estado español a escondidas entre varios comicios. El panorama político europeo atraviesa una fuerte mutación ante una crisis irresuelta y la sombra de numerosas amenazas. Nada puede ser más desaconsejable que contemplar esta consulta como una rutina o experimento, más allá de que los poderes del Parlamento Europeo estén capitidisminuidos.  La discusión sobre los asuntos públicos ha saltado a la arena comunicativa como pocas veces. Si bien, las noticias-mercancía, no equivalen a información ni un diálogo deliberatorio, y muchas veces se convierten en ruido. La política se ha convertido en un teatro que nos consterna, alarma y, en última instancia, nos resigna y nos cansa, a merced de los algoritmos y la agenda mediática.  Ya advertía Aristóteles en La política que la demagogia destruye las virtudes de la democracia y su legitimidad, abono para el acecho de los buitres. Aquellos proclaman que solo “hablen los mejores”, o “que vuElva” el líder carismático. Cuando la política se pulveriza y deviene en politicismo-espectáculo, los juegos de personajes, el tacticismo y la posverdad sustituyen los debates y propuestas sobre los conflictos de fondo. Y en ese terreno la involución cobra ventaja. En este plural tratamos de contribuir con uno de los momentos fundamentales de la política: el de la elaboración de propuestas. Si bien el debate político no se agota aquí, sin propuestas las discusiones quedan en mera pugna por el sillón, o mera palabrería aspirante a la persuasión del electorado.
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Público.es

Este jueves 4 de abril se aprobó en el Parlamento Europeo el denominado “Producto paneuropeo de pensiones individuales” (PEPP) gracias a los votos a favor de los liberales y los populares (PP, Ciudadanos, PNV, UPyD, PdCaT…) y con la abstención de los socialistas (el motivo aludido es que “no era un verdadero enfoque paneuropeo”). El bloque de la izquierda unitaria y los verdes (Podemos, Izquierda Unida, Equo, ERC…) votaron en contra y además presentaron una enmienda para retirar esta medida, pero no prosperó (en parte debido al voto en contra de los eurodiputados socialistas, que en esta ocasión curiosamente no se abstuvieron). ¿A qué se debe esta diversidad en los votos? ¿En qué consiste el PEPP?

En realidad esta medida llevaba tiempo perfilándose en las instituciones europeas: la Comisión Europea ya le dio el visto bueno hace casi dos años. Su objetivo siempre ha sido explícito: “los productos paneuropeos de pensiones individuales servirán para fomentar la competencia entre los proveedores de pensiones, otorgando a los consumidores más posibilidades de elección a la hora de colocar sus ahorros”. Se busca la “uniformidad de las normas a nivel nacional y de la UE”, para lograr “el desarrollo de un mercado de pensiones a escala de la UE competitivo y de gran dimensión”. Estos planes de pensiones “podrán ser ofertados por una amplia gama de proveedores, tales como compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión y gestores de activos”. Por último, “se anima a los Estados miembros a conceder a los PEPP el mismo trato fiscal que actualmente se dispensa a los productos nacionales análogos que ya existen”.

En román paladín, por si a alguien se le escapa lo que subyace en todo esto: este plan paneuropeo marca el inicio de una serie de reformas legislativas en los parlamentos nacionales que favorecerán y ampliarán el negocio de las entidades financieras que hacen negocio con los fondos privados de pensiones. Nada nuevo bajo el sol, porque nuestros Estados ya dan facilidades y bonificaciones fiscales a estos productos, pero lo llamativo de este asunto es que ahora el trato privilegiado a este segmento del sector privado se articulará y coordinará desde a nivel europeo, lo que no hará sino intensificar las ventajas que tienen las entidades financieras a la hora de lucrarse con los ahorros de la gente. El texto aprobado lo deja claro: “los proveedores podrán desarrollar PEPP en varios Estados miembros, agrupar activos más eficazmente y lograr economías de escala”.

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Kaos en la Red

La Unión Europea está a las puertas de atravesar otros de sus recurrentes malos momentos. La crisis empieza a parecer su estado natural. No es sólo el Brexit, que, pese a todo, puede acabar resolviéndose de una manera favorable para la permanencia del Reino Unido en la UE, vía nuevo referéndum, o para la implementación un nuevo estatus de asociación de los británicos, al estilo noruego, que les dejaría atados al mercado común. No son, tampoco, sólo los crecientes nubarrones que se anuncian para las próximas elecciones europeas de mayo, en las que las fuerzas populistas de extrema derecha pueden alcanzar cerca de un tercio de los escaños en el Parlamento Europeo, dando por finiquitado el bipartidismo de facto en la Europa de los mercaderes, e iniciando una era de conflictos en el seno de las propias clases dirigentes europeas.

Es que, además, el crecimiento económico de la zona euro está, en estos momentos, cerca del estancamiento. Existe un elevado riesgo de recesión y deflación. El business as usual no puede implementarse como acostumbra. Los problemas se acumulan en la Casa de Común de los europeos, desde hace tiempo ya convertida en la Casa Común de los negocios para una élite ultraliberal que, embutida en diversos ropajes, ya vestidos de socialdemócratas, ya disfrazados de liberales-conservadores o de populistas, han entendido la unidad de Europa como un asunto, fundamentalmente, de libertad para los grandes flujos de capitales.

Las autoridades económicas europeas temen un estancamiento a la japonesa en el continente. La crisis nunca se resolvió del todo. La flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo no se va a poder abandonar en ningún escenario plausible. El BCE sigue inundando de liquidez a la banca y no tiene claro cuándo podrá subir los tipos de interés, ante la atonía productiva. Esa especie de “keynesianismo al revés” del BCE que. lejos de impulsar con gasto público productivo la demanda agregada generando igualdad y crecimiento, lo que hizo (y hace) fue reanimar los ímpetus especulativos de unas entidades financieras liberadas de activos tóxicos gracias a una fenomenal transfusión de rentas de los contribuyentes (en puridad, los trabajadores) hacia sus balances, no puede evitar lo inevitable: con una desigualdad y precariedad crecientes, la demanda se resiente, y la presunta locomotora del crecimiento europeo no llega ni a ponerse en marcha.

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Blog de Econonuestra en Público.es

El carrusel de noticias sobre el BREXIT (la salida del Reino Unido de la Unión Europea, UE) gira y gira sin parar… un nuevo referéndum, convocatoria de elecciones generales, ampliación de los plazos acordados con Bruselas, renegociación del acuerdo ya existente. Como casi siempre en los debates políticos -con algunas clamorosas excepciones (quiero destacar la reciente intervención de mi compañero Pablo Bustinduy en el Congreso de Diputados, https://www.youtube.com/watch?v=Y0Vbp8UdWSM)-, el anecdotario, los grandes titulares y el rifirrafe, ocupan el lugar de los problemas de fondo. Algunos ejemplos.

No he leído ni una sola palabra sobre la formidable regresión salarial experimentada por el Reino Unido. De acuerdo con Eurostat (la Oficina Estadística de la Unión Europea), La compensación real por trabajador ocupado era en 2018 un 3,7% inferior a la existente en 2007; el cuarto país de la UE que ha conocido un retroceso más pronunciado. Los economistas nos hemos cansado de hablar de la década perdida latinoamericana, ¿qué nombre le ponemos a esto?

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Otra mirada social y económica es posible

En 2008 la Unión Europea se vio atravesada por la crisis económica y financiera más dura desde los años 70. Tras más de una década los problemas de fondo permanecen, sino se han incrementado. La Unión Europea dio una respuesta equivalente a darle una patada adelante a los problemas, escarmentando mientras tanto a las clases populares y trabajadoras europeas y a los pueblos de la periferia.

Desde entonces, mediante recortes y sistemas fiscales más regresivos los poderes públicos rescataron a parte del sistema bancario, a costa de la mayoría, y emprendieron una política decidida de socialización de las deudas privadas, cargando al erario público los costes de la crisis y, por consiguiente, a la ciudadanía y el mundo del trabajo.
En Mayo de 2010, se creaba el mecanismo de Facilidad de Estabilidad Financiera Europea, para realizar préstamos a países en crisis, como Irlanda o Portugal, por un desembolso global de 47,7 mil millones de Euros. Este mecanismo también prestó a Grecia un importante volumen. También coincidía con una presión política de primera magnitud que llevó al gobierno socialista de Zapatero a modificar el artículo 135 de la Constitución que priorizaba el pago de la deuda frente a cualquier otra prioridad. La crisis desencadenó una fuerte destrucción de empleo, mientras que el sistema bancario se reestructuraba, concentraba y reformulaba, contando con sustanciales rescates para reestablecer su solvencia. También el Banco Central Europeo profundizaba su política monetaria ultraexpansiva de privilegio a la banca privada.
El Mecanismo de Estabilidad Financiera sustituyó al FEFE en 2012, proporcionando entre entonces y 2018 un total de 109,5 mil millones, a Grecia, España y Chipre, para que pudieran hacer frente a su crisis bancaria, imponiendo una condicionalidad que supuso un fortísimo ajuste estructural en sus políticas públicas y mercado de trabajo.
El Mecanismo de Estabilidad es un fuerte instrumento financiero que cuenta con 704,8 mil millones de capital suscrito, con una capacidad de préstamo máximo de 500 mil millones de euros, y ahora actualmente de 410 mil millones. Su potente capacidad tanto de préstamo como de condicionamiento de la soberanía económica y la orientación de la política económica es indudable, como se constatará durante décadas en países emblemáticos de la UE.
Hasta la fecha ha funcionado fuera del marco legal de la UE. Ante una previsible nueva crisis bancaria y financiera, cuyos posibles epicentros pueden estallar en Italia y Alemania, la UE ha ideado un conjunto de reformas económicas, menos ambiciosas que los federalistas neoliberales deseaban, pero con un corte ordoliberal indudable.
El popularizado Presupuesto para la Eurozona, antes Mecanismo de Estabilidad Financiera, al que se le deseaba pomposamente denominar Fondo Monetario Europeo, quizá no alcance el lustre pretendido. Sin embargo, los grandes países del Euro pueden lograr su propósito de sostener un gobierno bajo los principios de la Troika, y el Fondo Monetario Internacional a la cabeza, con el poder decisorio de quien paga manda, y una garantía para afianzar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en los países en crisis, como medida de disciplina. Asimismo, este Fondo Monetario Europeo, o Mecanismo de Estabilidad reformado, consolidará su vocación de respaldo ante crisis bancarias, con el mismo contenido acostumbrado: los préstamos los devuelven los Estados, aplicando políticas que austeridad social, aumento de impuestos regresivos, y generosidad con los bancos, que se cargan a las mayorías productivas.

Sin embargo, salvo menciones que aluden a sempiternos procesos bloqueados, no consigue avanzar en un sistema de garantía de depósitos que proteja a los pequeños ahorradores. Ahí funciona aquello de que cada palo aguante su vela. No habrá mecanismos de amortiguación automáticos, ni estabilizadores antícíclicos, ni transferencias redistributivas interiores. En cambio, los diferentes mecanismos de reforma económica, entre los que está el Fondo Monetario Europeo, el Fondo de Estabilización de las Inversiones, InvestEU o el Programa de Apoyo a las Reformas admitirá transferencias de fondos de cohesión y de otras fuentes para reforzar estos mecanismos.
En nuestra opinión, esto no da respuesta a las necesidades de las clases trabajadoras y populares. No afronta los problemas de la crisis económica que puede volver a extenderse ante el ascenso del peso de la deuda privada, y también ahora pública, debido a las políticas de conversión de la deuda privada en pública, y responde a una presumible crisis bancaria con fórmulas de disciplina. Primero a la ciudadanía, con memorandos de entendimiento que atarán de pies y manos y gobierno y sacrificarán a la mayoría. Segundo, empujando a los países fuera de la zona euro a acatar la moneda única, sin corregir la nefasta arquitectura sobre la que se levanta.
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eldiario.es

Cada día queda más claro que el Reino Unido se encuentra en una ratonera con el Brexit. Y cada vez que leo las noticias me pregunto dónde estará el hombre que convocó el referéndum buscando afianzar su poder y liderazgo dentro del seno de su partido. Obviamente, no soy la única en preguntarme dónde está David Cameron. Hace unas semanas las redes se llenaron de esa pregunta, y la respuesta que encontraron los británicos les cabreó sobremanera. Cameron, visiblemente bronceado, acababa de volver con su familia de unas vacaciones en Costa Rica, donde se alojó en un resort que cuesta 1.728 libras esterlinas la noche.

La indignación de gran parte de los británicos con sus élites políticas es más que palpable. Una de las estrategias más visibles para expresar esta indignación es la que desarrolla un grupo pro permanencia en la Unión Europea, Led By Donkeys, cuyo nombre proviene del eslogan “leones liderados por burros” que, tras la Primera Guerra Mundial, se utilizó para denunciar la irresponsabilidad de los líderes británicos al conducir durante el conflicto a cientos de miles de ciudadanos a auténticos mataderos. Este grupo está pagando anuncios en vallas publicitarias de las principales ciudades del país. En estas vallas se reproducen, a tamaño gigante, tweets publicados hace un par de años por los líderes políticos etnopopulistas que impulsaron el referéndum y defendieron el Brexit. En ellos puede leerse lo fácil que iba a ser llegar a un acuerdo comercial con la UE, o la promesa de un segundo referéndum para ratificar el acuerdo final con la UE, o cómo con el Brexit no habría ningún empeoramiento de la situación económica, sino una ostensible y clara mejoría.

Allí donde un día hay un anuncio de colonia o de lencería, al día siguiente aparecen esos tweets reproducidos para evidenciar la hipocresía y las mentiras que en su día dijeron los líderes pro Brexit y los compromisos que adquirieron con sus votantes. Nada de lo que dijeron se está cumpliendo y, en cambio, están sucediendo cosas de una gravedad que la ciudadanía británica no debería dejar pasar por alto si quiere seguir dándonos lecciones sobre la bondad de sus instituciones democráticas. Y cuando hablo de que pasan cosas, no me refiero sólo al empeoramiento de algunas cifras macroeconómicas o a la huida de bancos y empresas del país o a las alarmas de desabastecimiento de algunos productos; me refiero a auténticos atropellos de los derechos fundamentales de las personas.

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Blog de Econonuestra en Público.es

Existe una generalizada y comprensible inquietud por el ascenso de la extrema derecha, en buena parte de los países europeos y también en España. ¿Qué hacer para frenar y revertir esta deriva? No hay respuestas fáciles para un problema complejo, que, sin duda alguna, urge abordar.

Un aspecto importante, que ha menudo queda oculto, es que las políticas económicas y sociales que han impulsado las instituciones comunitarias y también los partidos y gobiernos conservadores han sido uno de los principales combustibles de la extrema derecha. Otro tanto ha ocurrido con la mayor parte de la socialdemocracia europea, que ha sido corresponsable, cuando no principal impulsora, de esas políticas.

El escenario generado por las mismas, sobre el que justamente hay que actuar, ha sido el caldo de cultivo propicio para el surgimiento y consolidación de la extrema derecha, que ha sabido canalizar una parte de la desafección y el descontento. Encuentro en el apoyo a esos partidos rechazo, hartazgo y desconcierto, antes que indignación activa, politizada y comprometida de la población.

En estas coordenadas, si de verdad se quiere frenar el ascenso de la derecha xenófoba y populista, ofrecer más de lo mismo o reformas de escaso calado que mantienen en lo fundamental el actual estado de cosas es claramente el camino equivocado. Y tampoco es una alternativa apelar a más Europa. Porque, en realidad, más Europa significa dar por bueno el papel prominente de los mercados financieros y las corporaciones transnacionales, someterse a los dictados austeritarios de Bruselas y del Fondo Monetario Internacional, pretender acorazar las fronteras comunitarias ante la llegada de personas migrantes y refugiados, aumentar el gasto militar y proteger los paraísos fiscales. Esto y no otra cosa es la Europa realmente existente; y la que preservan y fortalecen las tímidas y sesgadas reformas en la arquitectura institucional introducidas por las elites políticas y económicas.

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La Marea

eldiario.es

Revista Crisis

El pasado sábado 8 de diciembre, cerca del mediodía, la policía francesa informaba que había efectuado cerca de 700 detenciones en relación con las movilizaciones de los llamados “Chalecos amarillos”. El día amaneció tenso y frío en París, una capital donde se habían retirado más de 2.000 elementos del mobiliario urbano para que no pudieran ser utilizados como armas por los manifestantes, donde los museos, centros culturales, gimnasios y mercadillos habían sido cerrados por las autoridades, así como cerca de una veintena de estaciones de Metro, y donde la Asistencia Pública de los Hospitales de París había preparado un “dispositivo de vigilancia reforzada” por lo que pudiera suceder. El país entero ha sido tomado por más de 89.000 policías.

Las movilizaciones recurrentes de los llamados “chalecos amarillos” han sacudido Francia en los últimos meses, poniendo contra las cuerdas al gobierno neoliberal de Emmanuel Macron (que ha suspendido por seis meses la subida del precio de los carburantes que desató la brutal ola de manifestaciones y disturbios) y haciendo aparecer en las calles una amplia amalgama de manifestantes airados de diversos sectores (agricultores, transportistas, estudiantes, sindicatos, trabajadores de la salud…) que parecen a punto de reeditar la enorme sacudida que significó la revuelta de mayo de 1968, en una sociedad francesa en la que las encuestas afirman que más del 80 % de la población apoya a los manifestantes, pese a la dura violencia que ha acompañado en algunas ocasiones (no en todas) a sus reivindicaciones.

La orgullosa Francia que presiona a Alemania en busca de una mayor unidad europea y que provoca a Donald Trump hablando de la posibilidad de construir un ejército comunitario independiente, parece a punto de plantearse la necesidad de declarar el estado de emergencia y la limitación de las libertades civiles, mientras las imágenes de detenciones colectivas de estudiantes secundarios, tratados por la policía como en la más amarga guerra colonial, recorren las televisiones del mundo entero. Entonces, ¿cómo se ha llegado hasta aquí?

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Sin Permiso

La política y los discursos se quedan en nada si no se materializan en prácticas y recursos con un sentido concreto.

El Marco Financiero Plurianual de la UE nos recuerda, con frialdad, el lado material de la política. En él, se retrata la vocación práctica de la UE en su política concreta, al encuadrar, delimitar en volumen y transferencias internas los capítulos presupuestarios a medio plazo. No se trata, como suele presentarse, de un ejercicio de planificación presupuestaria para siete años, sino precisamente lo contrario: un corsé para limitar la acción política de la Unión, cuanto menos en lo que concierne a las políticas prácticas.

La Unión Europea es, en resumidas cuentas y, sobre todo, un espacio de concertación y de legitimación de las políticas de las clases dirigentes europeas. Unas políticas que sobre todo se aplican a nivel nacional, y la Unión establece el paraguas para facilitar la implantación de políticas neoliberales.

Como decimos, el Marco Financiero Plurianual impone al menos dos techos a la expansión de los presupuestos europeos, y lo hace para un plazo de 7 años, nada menos.

El primer techo es el de los recursos propios con los que se dota de medios la Unión. El endeudamiento no está contemplado.

El segundo, son precisamente los techos de gasto que se establecen para el conjunto de los presupuestos anuales y para cada gran encabezado presupuestario.

Aunque, hay otros muros que son mucho más importantes: Unos tratados europeos que blindan la naturaleza neoliberal de la Unión; un Consejo que debe decidir por unanimidad cualquier modificación y que está liderado y bloqueado sistemáticamente por los grandes países; y un marco institucional y una arquitectura económica que sólo está al servicio de las grandes corporaciones transnacionales y en especial de la industria energética y financiera.

Nuestra acción política debe mostrar las contradicciones del proyecto europeo. Y cabe hacer dos cosas, sabiendo que a esta UE sólo se la puede cambiar fuera de los cauces que sus instituciones establecen: o refugiarnos en el Estado Nación, o, si somos internacionalistas, reivindicar Otra Europa. Lo primero no permite afrontar la violencia del capitalismo global, pues el Estado-Nación tiene herramientas limitadas por sí solo. Lo segundo, es al menos un ejercicio pedagógico, y que, sin duda no nos van a regalar si queremos construirlo. Cuando la gente vea que lo socialmente justo y razonable no cabe en sus instituciones, ensancharemos la legitimidad para que, sin abandonar nuestras aspiraciones de internacionalismo solidario, podamos construir proyectos alternativos. Posiblemente a pesar y seguramente teniendo en contra a esta UE, a sabiendas de que la Unión Europea es el principal enemigo de las clases populares europeas, y no sólo las europeas. Un proyecto que habrá de constituirse necesariamente con otras instituciones, y con el soporte de pueblos soberanos, coincidan o no con el club actual de Estados Miembros; con marcos democráticos reales en el que los parlamentos cuenten con primacía; con una arquitectura económica favorable a la convergencia socioeconómica real, y con políticas económicas socialmente progresistas y ecológicamente sostenibles.

El todavía en vigor MFP 2014-2020 ya supuso un primer recorte respecto a MFP anteriores. El techo se estableció en el 1% de la Renta Nacional Bruta Europea.

Ahora la Comisión plantea un crecimiento hasta el 1,08% de la RNB (un 1,11% si incluimos el Fondo de Desarrollo Europeo). Y el Parlamento propone un ascenso tímido hasta apenas el 1,3% de la RNB, para el MFP 2021-2027. El Consejo es aún más terco y pretende contenerlo aún más. Como señal, las tensiones vividas con la negociación del presupuesto para 2019, en el que reclama fuertes recortes en el programa Horizon 2020, cuyo principal beneficiario es el Reino Unido, y con pretensiones de reducir el presupuesto europeo al 0,8% de la RNB de la UE. Posiblemente, para marcar la pauta en las actuales negociaciones para el próximo MFP.

En términos de peso macroeconómico todas estas propuestas son sencillamente ridículas. Informes poco sospechosos de progresistas, como el que redactaron Werner o McDougal en los años 70, ya indicaban que una economía de mercado sin al menos un peso compensatorio de un sector público, con políticas redistributivas, que alcance al menos un peso del 7% del PIB, sólo puede conducir a agudizar las desigualdades y divergencias. Esta tendencia no puede más que intensificarse, con la arquitectura económica que soporta la moneda única desde comienzos de milenio, que entraña un mecanismo de transferencia de las crisis económicas del centro a las periferias y un esquema que favorece a los países superavitarios, como es el caso de Alemania.

Las grandes líneas para el nuevo marco presupuestario nos resultan no sólo austeritarias, sino también reaccionarias, más allá que algunas medidas que crecen sean, dentro de un peso en el peso global menor, fáciles de vender. El Parlamento ha definido su posición, y defenderá medidas que no tienen objeción: en materia de investigación e innovación, la Garantía infantil, COSME, LIFE+, la iniciativa juvenil de empleo o Erasmus+, que, como decimos, representan un porcentaje menor dentro de la estructura de los presupuestos europeos. Decimos que va a tener una impronta reaccionaria porque el Consejo apela a una reducción brutal de la política de Cohesión y la Política Agraria Común; la Comisión también apuesta por reducir sustancialmente la PAC en un 16%, coincidiendo con el Consejo; pero también el Parlamento coincide con ellas, en fortalecer la política de control de fronteras, de control de los flujos migratorios o de defensa, proponiendo un crecimiento enorme en estas líneas.

A este respecto, tenemos que hacer mención que la PAC representa a día de hoy en torno al 39% de los presupuestos europeos. Aunque necesita reforma en su distribución -que se concentra en grandes terratenientes y debiera llegar al pequeño productor, así como potenciar la agricultura de proximidad ecológica-, parece que de lo que se trata, para las instituciones europeas, es simplemente de quitarle recursos para llevarlos a sus nuevas prioridades.  Las políticas que también tienen un propósito de cohesión podrían ascender hasta un 34% del total. Se está produciendo una ola conservadora para ir condicionando la provisión de fondos sociales al cumplimiento de políticas de ajuste, y el trasvase lento de parte de estos fondos para financiar nuevas políticas de financiación de la inversión que ahora se están discutiendo que vendrían acompañadas de una condicionalidad austeritaria si se solicitan en caso de crisis. Es con estos fondos, especialmente recortando en la PAC, con los que se plantea una nueva adaptación austeritaria, esto es, autoritaria y neoliberal del presupuesto de la Unión Europea, y por tanto de su política económica concreta.

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La Marea

El término “austeridad” –tramposo y equívoco como pocos–, aplicado a los salarios, hace referencia a las políticas destinadas a moderar o reducir las retribuciones de los trabajadores con el objetivo de activar la inversión, mejorando los márgenes de beneficio de las empresas, y promover la competitividad, ajustando los precios de los bienes y servicios colocados en los mercados doméstico, europeo y global.

No entraré a valorar los resultados de estas políticas, que han sido, en el mejor de los casos, discretos, o, directamente, negativos. Pero sí quiero llamar la atención del lector sobre una dimensión de la represión salarial –¡llamemos a las cosas por su nombre!– que trasciende los datos estadísticos sobre la evolución seguida por los salarios nominales y reales. Esta información es, por supuesto, muy necesaria, pero resulta claramente insuficiente para tener una visión cabal de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo.

La Sexta Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo 2015 elaborada por Eurofound aporta una batería de indicadores, de naturaleza más bien cualitativa, que da cuenta de la verdadera magnitud del ajuste salarial. Dos de las preguntas contenidas en el apartado denominado “Intensidad del trabajo” hacen referencia a las condiciones en que los asalariados realizan su trabajo: a) ¿Su puesto de trabajo conlleva trabajar a gran velocidad?, y b) ¿Su puesto conlleva trabajar con plazos muy ajustados? El valor añadido proporcionado por estos y otros indicadores que aparecen en el cuestionario es que abren la “caja negra” de las empresas, para preguntarse qué está sucediendo con las condiciones laborales de los que han conservado su empleo o han conseguido uno nuevo.

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Público.es

El derecho a la vivienda sigue en entredicho. Las organizaciones sociales que emergieron con las cenizas de la burbuja inmobiliaria española a principios de la década, deben seguir luchando por sus derechos, y los del resto de la población, a acceder a una vivienda digna a un precio razonable. Estos movimientos, que comenzaron poniendo la atención en las hipotecas de viviendas de compra deben hacerlo ahora en los precios del alquiler en las ciudades.

La Plataforma de Afectados y Afectadas por las Hipotecas y los recientes Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas han marcado una parte importante de la agenda política española de los últimos diez años. Desde fuera de las instituciones públicas han visibilizado un problema y una parte de la población olvidados, han generado una serie de consensos sociales alrededor de este derecho, han contribuido definitivamente a la creación de una conciencia social, e incluso de clase, y han conseguido influir determinantemente en la modificación de parte de la legislación.

Se puede decir que las consecuencias sociales y políticas de este movimiento han ido más allá de los márgenes del sector inmobiliario. Por una parte, algunos de sus miembros tienen ahora responsabilidades institucionales en gobiernos municipales, en parlamentos autonómicos o en el parlamento del Estado, abarcando ámbitos mucho más amplios e influyendo en las políticas públicas. Y por otra parte, este movimiento por la vivienda ha contribuido a diluir en algunos aspectos el avance de posiciones ultraderechistas en nuestro país que, sin embargo, se están convirtiendo en una grave amenaza en el conjunto del continente europeo.

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Público.es

Siempre resulta morboso asistir al paseo de una canciller alemana por Alsacia. Aún más cuando acaban de cumplirse 100 años del final de la Gran Guerra. Y más aún todavía si es una de sus primeras comparecencias públicas después de haber anunciado que no volverá a postularse ni a dirigir su partido ni a gobernar su país. Hoy Angela Merkel visita el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo como invitada en el debate sobre el futuro de Europa que mensualmente sirve de tribuna y photocall rotativo para dirigentes nacionales de la Unión.

Seguramente escucharemos bonitas palabras mezcladas con advertencias sobre el futuro, en un cóctel trufado de referencias al trabajo hecho y a los desafíos pendientes. Pero, como casi siempre ocurre, lo importante estará en los silencios y en las insinuaciones. Escondidas entre las líneas y los tonos escucharemos recados, si bien, como siempre también, la mayoría quedará fuera de los focos, resguardado en los despachos donde se cuece la política europea de espaldas a las mayorías. Porque por encima de la pompa oficial, Merkel deja tras de sí un legado y, tras su partida, bastantes cosas bien atadas.

Más superviviente y gestora que estadista visionaria. Más pragmática que ideóloga. Tan sobria en las ideas como en las formas. Angela Merkel ha sobrevivido 13 años al frente de la Cancillería alemana, 18 liderando la CDU y más de una década impulsando la profundización tecnocrática y ordoliberal de la UE. Las actuales cuitas internas en su partido y con sus socios bávaros de la CSU, y las caídas en las sucesivas elecciones y en los sondeos son procesos que se retroalimentan. Bien es sabido que al calor del poder las tensiones se ablandan, pero que en su escasez anunciada afloran los cuchillos. Hay que alejarse para ver la película completa más allá de los últimos fotogramas.

Porque desde hace años la UE vive el mayor conjunto de crisis múltiples desde su nacimiento. Y Merkel ha sido la dirigente nacional con mayor capacidad de decisión sobre el devenir del proyecto europeo durante los años en los que se han fraguado y agrandado todas esas grietas. Años en los que se ha dedicado a surfear la ola del tsunami de la crisis multidimensional, asegurando las posiciones de los grupos sociales a los que representan y gestionando el terremoto para que no agrietase el palacio de los de siempre.

Pero por eso mismo ha fracasado a la hora de afrontar los verdaderos desafíos de nuestra época. Esos que no requieren de tecnocracia pragmática, sino de liderazgo valiente, luces largas y perspectiva histórica. Aunque tampoco le íbamos a pedir peras al olmo. Sí cabría sin embargo haber exigido algo más que el mero papel de comparsa a sus socios de la Grosse Koalition y pieza fundamental de las contra-reformas antisociales y neoliberales que han asolado Europa durantes las últimas dos décadas: el SPD, caricatura del naufragio electoral e ideológico que viven las organizaciones aún autodenominadas socialdemócratas en el continente.

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Cuarto Poder

La anécdota la ha contado Varoufakis y no tiene desperdicio. Corría el año 2015 y el Gobierno de Syriza, elegido en las elecciones del 25 de enero, se estrenaba en los foros europeos. El flamante ministro de Finanzas de Grecia acudió a la primera reunión del Eurogrupo el día 11 de febrero, con la intención de exponer ante sus colegas el programa económico de su gobierno. Allí estaban, entre otros, Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), y Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE). Varoufakis transmitió al Eurogrupo el compromiso de Grecia con la divisa europea y explicó el programa de reformas que se disponían a implementar, subrayando el mandato democrático surgido de las urnas el 25 de enero: renegociar los términos del rescate financiero acordado por el gobierno de Samarás. Cuando hubo terminado su intervención, pidió la palabra el entonces ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, que empezó su alocución con una frase lapidaria: “unas elecciones no pueden cambiar la política económica”.

Algunos años más tarde, otro gobierno europeo elegido en las urnas ha recibido la misma respuesta por parte de las instituciones comunitarias. Lo anunciaba este martes Pierre Moscovici en una atribulada rueda de prensa: la Comisión Europea ha rechazado el borrador presupuestario presentado por Italia y ha instado a las autoridades del país transalpino a modificarlo en el plazo máximo de tres semanas. Poco importa que su economía esté sumida en la recesión y el estancamiento desde hace casi diez años debido a las políticas de austeridad europeas. O que su renta per cápita sea hoy más baja que antes de la introducción del euro. O que el desempleo juvenil se haya disparado con la crisis, superando ampliamente el 40 por ciento en algunas zonas del sur del país. Nada de esto parece importarle a las instituciones europeas. La Comisión considera que el proyecto de presupuesto de Italia para 2019 supone un incumplimiento grave de los objetivos económicos fijados por la Unión Europea (UE), especialmente en materia de déficit público, y conmina a su gobierno a ajustarse a las obligaciones que establece el Pacto de Estabilidad.

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Kaos en la Red

¿CÓMO ES EN ESTE MOMENTO LA SITUACIÓN SOCIAL EN ITALIA?

La crisis económica mundial, de la cual, Italia no ha salido completamente, las dificultades en el terreno laboral, el factor de la inmigración desde África y desde Oriente Medio, junto a las carencias estructurales no resueltas (incluso agravadas) de los gobiernos precedentes, han despertado el miedo en una clase social media-baja, empobrecida en gran medida por los efectos de la crisis económica y financiera, que ha optado por dar un giro en la elección política.

El ascenso del Movimiento 5 estrellas (representante de las pequeñas empresas, de las corporaciones, de las asociaciones profesionales y de autónomos, de profesionales liberales) junto a la LIGA (representante de una clase trabajadora y de sectores obreros, asustados por los efectos dañinos de la crisis y de la inseguridad social, así como de una derecha latente desde siempre y presente en nuestro país), han permitido la gestación y el posterior éxito de un gobierno que es de facto, de centro derecha.

Todo esto hay que enmarcarlo en un momento de gran dificultad por la situación social, en donde no se aprecian cambios reales positivos, sino solo promesas electorales que no pueden llevarse a cabo sin aplicar grandes recortes en las partidas sociales, como en educación, en sanidad o en investigación científica. Todo esto se ve agravado por la privatización reciente sobre sectores estratégicos y obras de relevancia pública (ver la propuesta de una “renta básica” que se financiaría con maniobras de recortes en servicios y sectores sujetos a inversión pública, con el objetivo de satisfacer a una parte del electorado del gobierno actual).

Nos hallamos ante una campaña electoral del M5S y la Lega, que parece no acabar nunca, con declaraciones y promesas que distraen la atención de la población de las clases obreras, hacia objetivos poco creíbles, que reflejan la imagen del gobierno y el parlamento actuales.

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