Viento Sur
Antes de sugerir una serie de medidas, es preciso abordar una tarea preliminar que consista en esbozar una hoja de ruta estratégica, de cara a darles un sentido político emancipatorio. Esta contribución está redactada desde el ángulo de una crítica de la economía política, abordada para un marco internacional. Definir lo que se necesita hacer a nivel nacional y a nivel supranacional, y cómo lograr estos dos niveles de acción política es crucial para ese propósito emancipador.
1. La economía política de la Europa del capital
Nuestro enfoque parte del supuesto de que la UE es una institución intergubernamental bastante particular. La UE es una alianza jerárquica de Estados Nación que ha creado el marco institucional de un mercado único que promueve implacablemente el neoliberalismo. Las instituciones de la UE organizan los puntos clave de la agenda política de sus Estados miembros, aunque las principales competencias son gestionadas por aquellos. El marco de la UE se basa en el blindaje de los Tratados de la UE, cuya legislación central resulta imposible de cambiar en la práctica (unanimidad o normas de mayorías calificadas). Los Tratados de la UE establecen una arquitectura económica determinada, y un conjunto de acuerdos y pactos políticos que definen los límites de la economía política de los gobiernos, en lo que denomina como gobernanza económica. En suma, este marco de la UE se lleva a cabo en el contexto de un neoliberalismo predominante, aplicado de manera asimétrica por un club de Estados, muy comprometido con la construcción de un mercado único europeo o, en otras palabras, una Europa del capital.
En cuanto a la arquitectura económica de la Eurozona, esta funciona con la moneda única, el Euro, respaldada y orientada por el Banco Central Europeo. Este banco central es bastante especial y, con certeza, ni neutral ni realmente independiente de los intereses del capital transnacional europeo. El BCE establece una política monetaria expansiva singular diseñada para proporcionar un conjunto de ventajas a las grandes empresas privadas, más particularmente, al sistema bancario privado y las corporaciones transnacionales. Esto se hace a través de su política monetaria, de hecho, aplicando tasas reales negativas, mediante la exclusividad del suministro de crédito para el sector bancario privado y las compras de activos privados que tienen lugar con la política de Flexibilización Cuantitativa. Un área económica así, sin mecanismos de compensación, desencadena una divergencia sistemática entre los países con superávit externo y aquellos con economías deficitarias, debido a una división internacional jerárquica de la producción y niveles de productividad diferentes, fruto precisamente de esa división. Una economía de mercado capitalistas sin unión fiscal progresiva, sin ni siquiera regímenes tributarios cooperativos, ni armonización fiscal que incluya tasas mínimas efectivas en impuestos sobre el capital en toda el área, se vuelve incapaz de corregir esta tendencia. En ausencia de políticas industriales con el fin de establecer un área económica complementaria y cooperativa, una arquitectura económica así acentúa la desigualdad entre centros y periferias. Esta arquitectura económica lastra las perspectivas de los países y regiones periféricas y fundamenta las ventajas para el capital en exigir crecientes esfuerzos a la fuerza de trabajo, así como el deterioro de los derechos sociales y los servicios públicos. Como está prohibido el control del movimiento de capitales, y la modificación del tipo de cambio de las monedas no es posible, la presión competitiva del mercado allana el camino a una devaluación fiscal y salarial constante. Si todas estas políticas no son suficientes, el Tratado de Maastricht, el Pacto de Crecimiento y Estabilidad y los acuerdos heredados a partir de aquel, o las reformas económicas previstas en el Informe de los Cinco Presidentes, se encargan de impedir cualquier tipo de reforma fiscal progresiva y expansiva, cualquier política salarial a favor del trabajo y, en consecuencia, conduce a limitar el gasto público y la inversión, como fórmula de contención del déficit público.
Esta arquitectura establece una camisa de fuerza que impide cualquier cambio progresivo que pueda poner en peligro los principales pilares económicos de la Unión Europea: el libre movimiento del capital y de mercancías en un mercado único. Los Tratados de la UE, por naturaleza, solo permiten cambios significativos en los capítulos económicos centrales si existe unanimidad política entre todos los Estados miembros. En la práctica, las grandes líneas de la gobernanza económica se pergeña en el Eurogrupo, bajo la dirección de los países centrales -principalmente los gobiernos de Alemania y Francia, y una coalición de países satélites variable a su alrededor-, concertada en el Consejo Europeo, definida y ejecutada por la Comisión Europea y avalada por el Parlamento Europeo con escasa oposición, si bien útil para dar a su proceso de toma de decisiones una aparente legitimidad. Vale decir, un marco ideal de democracia liberal para las élites.
La Unión Europea, para garantizar su gobernanza y las reformas estructurales derivadas, así como los principios de consolidación fiscal y estabilidad financiera, aplica mecanismos que supervisan la política fiscal, la evolución salarial y el nivel de déficit público. Un propósito de esto es que se aseguren las condiciones de pago de la deuda pública a los acreedores. Otros objetivos y políticas procuran proporcionar ventajas competitivas a las grandes corporaciones, con el fin de recuperar su tasa de beneficio, en contra de las condiciones laborales, los servicios públicos y los derechos sociales. El aumento de los problemas de insolvencia del sector financiero privado durante la última recesión, y la inminente que está por venir, ha sido respondida con el establecimiento de potentes instrumentos financieros, como lo es, por ejemplo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Este gran instrumento financiero, entre otros existentes, proporciona líneas de crédito a los sectores públicos nacionales para rescatar el balance de los bancos privados en riesgo. El sector público y los contribuyentes son responsables de pagar en última instancia. Lo que significa que la política económica de los Estados miembros con riesgo financiero y desequilibrios de balanza de pagos deben adaptarse a este objetivo. El Fondo Monetario Europeo podría convertirse en un mecanismo de gobernanza económica para conseguirlo, dentro de los Tratados de la Unión Europea, bajo el control directo del Presidente del Eurogrupo. El Mecanismo Único de Supervisión (MUS) prevé que los bancos en crisis apliquen un ajuste interno antes de ser rescatados, lo que afectará primero al sistema bancario periférico. Pero también este fondo habrá de cubrir a los bancos demasiado grandes para caer, con lo que en última instancia el dinero público se pondrá en juego.
Las experiencias griegas y chipriotas comportan los casos más extremos de intervención realizada por las instituciones económicas y monetarias de la UE, y que consistió en ajustar los desequilibrios macroeconómicos y la economía política de dichos países a este marco macroeconómico neoliberal. Realizaron una intervención financiera en la práctica equivalente a un golpe de Estado, para restringir la soberanía de su política económica. De todos modos, el conjunto de Estados Miembros perjudicados seriamente por esta arquitectura económica, tanto en la periferia sur como en la oriental, es bastante amplio. La intervención también se realizó en Irlanda, España y Portugal en el período de recesión, causando un gran impacto en la regulación laboral y el régimen fiscal, implementando un fuerte conjunto de medidas directas o indirectas de privatización, o recortes severos en los servicios públicos y los derechos sociales. Mientras tanto, los nuevos países del Este que acceden a la UE o están dispuestos a hacerlo en la Eurozona están sujetos a un conjunto de reformas políticas de austeridad más estrictas que las concebidas en el Tratado de Maastricht.
Esto no implica que los Estados miembros no hayan tenido margen de maniobra. Los países centrales, como ha sucedido muchas veces con Alemania o Francia, a menudo no cumplen los principios que deberían obligarlos en relación al nivel de deuda pública de déficit público admitidos, por ejemplo. Estas infracciones no impiden que ejerzan presión sobre aquellos Estados miembros económicamente menos fuertes o más dependientes, garantizando que se tomen medidas de austeridad en la periferia del mercado único. Algunos países son capaces de desobedecer principios relevantes de la Unión Europea, como sucede con Hungría o Polonia, por ejemplo, en el campo de las políticas de refugiados o de derechos humanos. Algún otro país, como sucedió recientemente con Portugal, ha llevado a cabo un tipo de economía política que no profundiza la política de austeridad, y ha sido tolerada por la Comisión Europea debido a la inestabilidad política, también favorecida por un ciclo económico estable y la presión de la izquierda portuguesa. Desde este punto de vista, otro caso extremo sería el Reino Unido, que decidió salir de la UE, aunque es preciso mencionar que no se le puede considerar como un país periférico en modo alguno.
Sin embargo, los problemas estructurales del Sistema del Euro, como ha sido definido por Michel Husson (moneda única, política del BCE y pactos de austeridad), simplemente continúan, o se han incrementado. Estos problemas se acentúan, y desencadenarán nuevos desafíos en caso de una nueva recesión, que podría presentarse más pronto que tarde. El nivel de la deuda privada, con excepción de algunos países, se ha elevado, a pesar de la firme política de convertir la deuda privada en deuda pública a través de políticas fiscales y de gasto, mediante medidas de rescate o ayudas financieras y subvenciones al sector privado, o incluso con un política monetaria expansiva a favor de los bancos privados. Un marco de bajas tasas de beneficio en el contexto de una nueva recesión combinada con una tendencia de mayor tasa de interés, una crisis financiera y una crisis energética desencadenarían nuevos conflictos sociales y políticos. La arquitectura política de la UE jugará un papel clave a favor de las élites y en contra del trabajo de todos los países europeos
Las perspectivas para los países periféricos, donde el conflicto político y económico se mostrará primero y que posiblemente se dará nuevamente bajo la forma de una UE que perseguirá disciplinar ante cualquier cambio de orientación, como ya se ha producido anteriormente, son dos:
a) Atenerse a esta hoja de ruta macroeconómica austeritaria y verse obligada por intervenciones externas financieras y económicas, como ocurrió en Grecia y Chipre. El BCE ha desempeñado esta función hasta el momento, el Fondo Monetario Europeo podría hacerlo en el futuro.
b) Desobedecer los Tratados de la UE y poner en marcha otra economía política a nivel nacional. Estas políticas económicas no deberían formar parte de una política de refugio nacional, sino que deberían proteger un paquete de medidas alternativo con la vocación de ser concertadas, ampliadas y compartidas a través de otras regiones y países de manera cooperativa y democrática. Implica abrirse a alianzas solidarias y cooperativas para avanzar hacia una construcción paciente de una nueva área socioeconómica y política internacionalista, involucrada con la democracia, la solidaridad y la soberanía popular. Primero, a través de acuerdos financieros, comerciales y de inversión común justos. Más tarde, estableciendo un cauce para que las fuerzas económicas se muevan hacia objetivos comunes, lograr una política de convergencia real y una economía cooperativa y complementaria para sus miembros y abierta a quien desee sumarse colaborando. Para extender esta nueva perspectiva, parece imprescindible trabajar políticamente junto con las clases populares y trabajadoras de todos los países, antes, durante y después de que el conflicto llegue.
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Varoufakis
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