Poder Popular
Desde la llegada en 2006 de Evo Morales al poder, la sociedad boliviana ha cambiado sustancialmente. Ha desarrollado un modelo de capitalismo andino-amazónico (Toussaint, E; 2008) basado en una mayor intervención estatal. Recuperó para el sector público los hidrocarburos y estatalizó los latifundios. Ha hecho posible una significativa redistribución que ha venido reduciendo sensiblemente los niveles de pobreza. Se ha comprometido por avanzar en el respeto e inclusión de la mayoría indígena, sus costumbres y lenguas. Durante todo este tiempo, a pesar del acoso interno de la burguesía nacional, sobre todo del Este del país, plasmada en conflictos como el territorial de Santa Cruz, en gran parte mitigado, la economía boliviana ha conseguido estabilizarse, sosteniendo un vigoroso crecimiento económico y una significativa redistribución.
Sin embargo, se observan signos de agotamiento del proyecto, dentro de su estabilización, que debieran alertar sobre la necesidad de su renovación.
El Diario Nacional de Bolivia La Razón, informaba que la economía boliviana crece en 2017 al 3,94% del PIB, un crecimiento notable salvo si lo comparamos con el vigor de la actividad de los años anteriores, en la que sólo en 2010 se creció a un ritmo menor. Realmente el ciclo boliviano se va ralentizando, posiblemente fruto de varios factores. El primero, la caída del precio de los hidrocarburos, que sólo recientemente se ha revertido. Pero también por la propia caída de la demanda de gas natural de Brasil. Algo que repercutirá en que la paga extra de Navidad, el segundo “aguinaldo”, no se repartirá este año, como ya sucedió en 2016, al no llegar al 4,5% de crecimiento de la producción exigido.
En años anteriores hemos visto como la economía boliviana se orientaba a facilitar cierto grado de redistribución, con crecimiento de los salarios reales, y una política social que ha mejorado las condiciones de vida de las clases populares.
Bolivia, ha disfrutado de un ciclo económico positivo más largo que otros países comprometidos con el modelo de desarrollo bolivariano. Ha persistido en su dinámica de desplegar una política redistributiva y antioligopólica privada. Sin embargo, apenas ha logrado modificar el modelo productivo nacional.
A este respecto, la economía boliviana sigue siendo dependiente de su explotación, casi monocultivo, de los hidrocarburos y diversas actividades agropecuarias. Mantiene una fuerte dependencia externa de las economías brasileña y argentina. Recientemente está llegado a acuerdos con Brasil para proseguir su venta de gas, y se ponen en marcha megaproyectos de presas (El Bala y Rositas) que amenazan la biodiversidad y pueden causar desplazamientos de población indígena. En suma, toda esta política incrementa su dependencia económica, sujeta a los vaivenes de países del entorno, del precio de los hidrocarburos, y se sustenta en una fuerte agresión a su medio natural.
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