Economía Crítica y Crítica de la Economía

eldiario.es

Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, ha vuelto a desmontar las trampas realizadas para esconder el rescate bancario. Esta vez le ha tocado a Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, cuya reclasificación esta semana ha situado a esta mercantil dentro del perímetro de las cuentas del sector público.

¿Qué se esconde detrás de esta “pelea de contables”?

Se trata de algo extremadamente importante, no es un tema menor. Tras la decisión de Eurostat, los 35.000 millones de euros que están todavía en el balance de Sareb, pasan a ser considerados como deuda pública y eso incrementará la misma del 117,1% del PIB en 2020 a situarse por encima del 120%. Además, el déficit de esta sociedad también computará como público. La decisión adoptada incorporará a la “mochila” del actual Ejecutivo, una deuda y un déficit relacionado directamente con las decisiones políticas de Mariano Rajoy y Luis de Guindos. Sin embargo, no tardarán los lectores en escuchar al presidente del “nuevo” Partido Popular lamentarse de la escalada de la deuda de las Administraciones Públicas.

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Artículo publicado en Diario Público el 7 de Febrero de 2020

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Un grupo de unos 100 economistas acabamos de subscribir una propuesta de reestructuración de la deuda pública que está en manos del Banco Central Europeo (aquí). La sometemos a discusión presentando las razones que nos hacen creer que es razonable, justa, legítima y legal aunque, a pesar de ello, no nos sorprende que algunos medios la presenten como una entelequia e incluso que desprecien a quienes la presentamos.

Lo chocante, sin embargo, es que altos funcionarios y autoridades entren en el debate limitándose a descalificar la propuesta sin aportar ningún tipo de razón, tal y como ha ocurrido con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el vicepresidente, Luis de Guindos.

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Artículo publicado en Diario 16, el 15 de octubre de de 2020

Se producen fuertes movimientos en el sector bancario español. “Estamos en un momento disruptivo. Y los momentos disruptivos requieren tomar decisiones”, afirma José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, mientras anuncia la inminente fusión de esta entidad financiera, rescatada con dinero público tras la crisis del año 2008, con Caixabank. Pocas semanas después, salta una nueva noticia de impacto en la prensa económica: Unicaja y Liberbank inician también negociaciones para fusionarse y constituir el quinto mayor banco en España.

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Este artículo fue publicado el 7 de septiembre de 2020 en Contexto y Acción

La operación con La Caixa solo tiene sentido político: se produce cuando las acciones de la antigua caja tienen un tercio de su valor, sin un plan de negocio destinado a crecer, con gran número de duplicidades y en contra de la competencia Seguir leyendo…

Artículo publicado en prouespeculacio.org el 12 de agosto de 2020

Las empresas se endeudan hasta las cejas ante la crisis de ventas

La gente corriente no alcanzamos a ver la magnitud del desastre del millón de empleos perdidos en el segundo trimestre del 2020 en nuestro país. Una cifra nunca vista en un tiempo récord de poco más de 2 meses. La paralización de la actividad económica producida por las medidas adoptadas contra la extensión de la pandemia ha caído como un huracán en la ya muy maltrecha economía del país cuyo PIB ha dependido durante las últimas décadas de sectores tan vulnerables a las circunstancias económicas externas como son el turismo, la construcción y infraestructuras pagadas con deuda del Estado.

Sin colchón financiero y viviendo al día desde hace una década, muchos hogares han visto de golpe como las pocas entradas de dinero en la economía informal desaparecían a lo que se han sumado los cierres patronales por inactividad o los expedientes temporales o ERTE. El resultado ha sido un descenso brusco del consumo centrado en lo imprescindible que la Banca ha certificado por la caída de las retiradas de efectivo y de las operaciones comerciales de tarjetas de crédito. Para ver las múltiples caras del desastre basta ver las calles de Barcelona sin turistas o la reducción sistémica del consumo de combustibles responsables del desastre climático. Seguir leyendo…

El Consejo de Ministros acaba de dar luz verde a la tasa Google y la tasa Tobin, iniciando con ello la tramitación parlamentaria de estos dos nuevos impuestos que desearía ver en funcionamiento cuanto antes.

Ricardo Garcia Zaldivar explica, en este artículo publicado en El Salto Diario (18 de febrero), el sentido de la tasa Tobin. Asmimismo, compara
el sentido original de la tasa defendida por Attac y la propuesta del Gobierno español.

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ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre quién debía hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentado (AJD), si la banca o las personas que solicitan un crédito, se han suscitado diversos debates. Tanto desde un punto de vista judicial sobre las repercusiones que esta sentencia tenía sobre las demandas judiciales pendientes, así como análisis económicos sobre las consecuencias que tiene este impuesto en la constitución de una hipoteca.

La exposición que realizaremos a continuación está enfocada desde una perspectiva más económica que judicial. En este sentido, cabría desmontar dos argumentos económicos que se están vertiendo sobre este impuesto.

El primero de ellos afirma que el debate jurídico sobre quién tenga que pagar finalmente el impuesto es inútil porque la incidencia real de un impuesto no tiene por qué coincidir con su configuración normativa.

Aunque buena parte de esta premisa puede ser asumida, el debate sobre quién debe pagar el impuesto está más relacionado con la estructura del propio mercado de crédito y el control de los reguladores al respecto. Es evidente que el mercado hipotecario no es un mercado realmente competitivo por el lado de la oferta de crédito. Además, la concentración en el sector financiero se ha agudizado en los últimos años como consecuencia de la reestructuración bancaria. Como señala un artículo reciente publicado en la Revista de estabilidad financiera del Banco de España, el número de entidades de crédito ha descendido un 43% de 2008 a 2016. Si en 2008 las cinco mayores entidades financieras cubrían el 42% del mercado, en términos de activo total, en 2016, su cuota conjunta de mercado aumentó hasta el 61,8%. Por tanto, se refuerza el poder de imponer condiciones porque baja la competencia. Pero además, las hipotecas siempre han sido un producto de contratación masiva donde el poder de negociación está completamente del lado de la banca. Es decir, la estructura de mercado y su concentración creciente favorece el poder de mercado de la banca. Pero a pesar de todo ello, se podrían destacar varias cuestiones.

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El Salto

Este 10 de junio los suizos están convocados a un referéndum en el que deben posicionarse sobre una propuesta relacionada con la actividad bancaria. Concretamente, se somete a votación arrebatar a los bancos comerciales la posibilidad de ofrecer créditos sin tener un respaldo absoluto en dinero oficial (que es el que crea el banco central), obligándolos por lo tanto a ser simples intermediarios (trasladando el dinero del ahorrador a la persona o empresa que quiere endeudarse). En román paladino: esta propuesta impediría que los bancos creasen dinero, dejando como único creador del dinero al banco central.

Para evaluar adecuadamente esta propuesta es importante entender cómo funciona la actual operativa de los bancos cuando dan préstamos. Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, los bancos no son simples intermediarios del dinero, sino que también son creadores del mismo. Muchos creen erróneamente que cuando reciben un préstamo del banco ese dinero proviene de una persona o empresa. Pero no es así.

Cuando un banco concede un crédito a alguien lo único que hace es incrementar el saldo de su cuenta bancaria en la cantidad correspondiente. No saca el dinero de ningún sitio, sino que teclea las cifras que sean y punto (lo explica perfectamente el banco central del Reino Unido). Crea “dinero bancario”, que no es otra cosa que una promesa de pagar “dinero oficial” (el dinero que crea el banco central). De esta forma, cuando la persona que ha recibido el crédito quiera pagar algo o quiera sacar una parte en monedas y billetes, el banco tendrá que convertir ese dinero bancario en dinero oficial.

Pero la clave es que la cantidad de transacciones bancarias son tan numerosas que, normalmente, los bancos necesitan muy poco dinero oficial para respaldar todo el dinero bancario que crean. De hecho, en la Eurozona la legislación permite que los bancos puedan crear 99 euros de dinero bancario por cada euro de dinero oficial que tengan. Para un desarrollo de todo esto sugiero leer aquí y aquí.

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La Paradoja de Kaldor

Recientemente han aparecido noticias sobre la continuación en la privatización de Bankia, asunto que pone sobre la mesa, una vez más, la conveniencia de reflexionar sobre el papel del Estado en el sector bancario. Diversas aportaciones se han realizado sobre este polémico aspecto de la política económica. A favor de una banca pública activa se ha argumentado que facilitaría la circulación del crédito en la economía, en especial en periodos de crisis, que constituiría un instrumento singular de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que permitiría una mayor aproximación a la población ajustándose a sus necesidades en un periodo de reestructuración bancaria tan fuerte como el actual o sería un vector esencial en evitar la exclusión financiera de importantes segmentos de gente con ingresos reducidos. Por supuesto, los contrarios a este tipo de política responden que estas consideraciones son falaces y que la banca pública no añadiría ningún valor añadido al papel desempeñado por la privada, además de que el ámbito económico se vería entorpecido por las intervenciones unilaterales políticas. En este trabajo se pretenden aportar algunas reflexiones complementarias acerca de la relevancia de mantener algún banco importante como público y se excluyen consideraciones acerca de la nacionalización de toda la banca. En parte, en estas reflexiones se encuentra subyacente la limitada competencia que existe en el sector bancario, cuando existe, que se ha acentuado en España con la crisis económica y sobre la que pasan sigilosamente los adversarios al mantenimiento de la banca pública.

La cuestión importante en nuestras circunstancias actuales se refiere a las razones que argumentan el mantener una banca pública con un visible peso en el sector financiero y, en este caso, remite hacia una reconsideración acerca del control estatal sobre Bankia. Los ámbitos estratégicos de discusión se concentran en la fiabilidad y la volatilidad del sistema financiero (bancario) español. En concreto, la consideración es qué ocurre, a corto y medio plazo, con la estabilidad del sistema financiero y, a largo plazo, con el riesgo sistémico. No obstante, ambos problemas se encuentran relacionados.

Respecto al primero, los bancos como empresas privadas buscan la obtención de beneficios y maximizarlos. En el ámbito financiero, estas remuneraciones son mayores cuanto más elevado es el riesgo. En este sentido, cabe destacar la innovación financiera orientada hacia la creación de nuevos productos financieros que se organicen (estructuren) de manera opaca integrando productos de diversa naturaleza o aquellos orientados a clientes que no pueden responder por ellos. Estos han sido causas directas de la crisis financiera de 2008. A partir de ese momento, se frenaron las mencionadas innovaciones financieras, pero diez años después ya se han comenzado a generar productos financieros cada vez portadores de mayor riesgo. En concreto, ya se han lanzado productos financieros estructurados que cada vez son más similares a los emitidos antes de la crisis o se ha iniciado la concesión de préstamos hipotecarios por el 100 por cien de los valores de referencia. En ciertos casos, estas conductas salen a la luz, pero en otros casos quedan ocultas. El problema es que, alejándose de los problemas de 2008 y con la opción de aumentar los beneficios bancarios, esa innovación financiera de creciente riesgo ya se está acelerando. El resultado es que se están creando las bases, y cada vez más sólidas, para una nueva crisis financiera y económica.

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Pijus Economicus

El BBVA ha anunciado que en los próximos días contratará como consejero a Jaime Caruana. Se trata de otra puerta giratoria. Caruana fue gobernador del Banco de España entre 2000 y 2006 y, aunque cobraba casi 200.000 euros al año por hacer su trabajo, fue incapaz de ver venir la crisis en nuestro país. Lo que sí ha visto muy bien es cómo cobrar ahora de una entidad a la que él tenía que vigilar. No es ni de lejos el único caso. La Asociación Española de Banca, el gran lobby bancario, tiene actualmente como presidente a José María Roldán, quien fue director general de regulación del Banco de España entre 2000 y 2013. Años que también cubren la crisis. Cuando se lo eché en cara recientemente en el Congreso, ni le importó. Para ellos no es un problema, pero para nosotros sí. Como dice Eduardo Garzón, ¿no es sospechoso que un árbitro que ha pitado todos los partidos a un equipo de fútbol, y quién sabe con qué favoritismo, pase a ser el entrenador millonario de dicho equipo?

Viento Sur

La Unión Europea, tras varias conmociones económicas, geopolíticas e institucionales serias, cuyas consecuencias no se han cerrado, y tras un periodo de bloqueo y parálisis, puede estar pasando a una nueva fase de revisión de su modelo de gobernanza económica. La parálisis institucional de la UE podría estar desbloqueándose, limitadamente, en el capítulo referido a la capacidad financiera de las instituciones europeas, tras despejarse algunas incógnitas para lo que puede ser un Brexit blando y con la previsible formación de un gobierno conservador-SPD en Alemania.

La formación de gobiernos de extremo centro (Alí, Tariq; 2015), que representan, con nuevas formaciones o coaliciones, el núcleo compartido de la orientación política por los partidos neoliberales y socialiberales que han venido sustentando los regímenes políticos europeos de los últimos treinta años, en un escenario de amortiguación temporal de la crisis económica, podría conducir a la modificación de la arquitectura económica e institucional existente. Esta podría reorientar, entre otros capítulos de la gobernanza económica, los recursos de la Unión Europea, que hoy por hoy son exiguos en comparación con los que disponen los Estados miembros, irrisorios para cualquier política fiscal significativa, y que está, por ejemplo, muy por debajo del ya modesto, en términos relativos, presupuesto público de los EE UU, hacia una política más consistente en cuanto a la capacidad de exigir medidas de ajuste estructural. En aras de afianzar las políticas de disciplina fiscal, se promoverían medios –en cualquier caso, reducidos- para la estabilización del sistema financiero que pudiesen paliar una venidera crisis bancaria. Se redirigirían viejos programas de inversión, estructurales y sociales haciendo posible una limitada actuación anticíclica en países que sufran crisis, siempre y cuando hayan acatado las reformas neoliberales en su estructura económica, presupuestaria y de gasto.

Se ha producido un debate entre las élites europeas, circunscrito a la dimensión institucional, sobre las causas de la endeble estructura y dinámica económica, que ha acompañado algunas discusiones políticas existenciales del proyecto de la UE. Mientras que la agenda neoliberal, en sus diferentes formatos, achaca la crisis a la indisciplina presupuestaria y la ausencia de reformas estructurales en países menos competitivos, hay otros que atribuyen los problemas a la crisis de inversión, la hipertrofia financiera, o la desigualdad. Independientemente del diagnóstico o la perspectiva, todos partían de que una nueva crisis financiera puede poner en tela de juicio la Eurozona, y una crisis bancaria podría desencadenar una nueva y más profunda recesión. Los que son favorables a la arquitectura vigente del Sistema Euro (Husson, M.; 2012), tanto los neoliberales del extremo centro como los ordoliberales alemanes, toman la iniciativa para tratar de consolidarla, para que la UE no se desarticule y siga sirviendo a las oligarquías financieras y las corporaciones transnacionales europeas.

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Público.es

“Continuaremos la privatización de Bankia cuanto antes”, ha manifestado el Ministro de Economía Luis de Guindos en referencia a la reanudación de la desinversión de la entidad por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), entidad propietaria del 67,2% del capital. El Gobierno se sube encantado a la línea marcada por el Fondo Monetario Internacional que muestra especial interés por acelerar la salida del sector público de Bankia.

Parece necesario recordar que fue el Gobierno presidido por el señor Rajoy el que nacionalizó BFA-Bankia en mayo de 2012 para evitar que quebrara y, tras salvarla con una enorme cantidad de dinero público, comenzó a privatizarla. De hecho, el Fondo de Reestructuración Bancaria ya enajenó el 7,5% de Bankia entre inversores institucionales por un importe de 1.300 millones de euros en febrero de 2014. Su intención es seguir desprendiéndose del resto de las acciones  con la excusa de recuperar el dinero público empleado en evitar la desaparición de la entidad pero es imprescindible mirar detrás del velo para descubrir quién gana y quién pierde con la privatización de Bankia. Porque nacionalizarla ha costado 22.424 millones de euros pero las ayudas públicas que Bankia ha recibido y recibe son muy superiores. Además de ese capital inyectado en la entidad, no se pueden olvidar que hay otros instrumentos como avales, adquisición de activos por parte del Sareb (el “banco malo”), compra de títulos, créditos fiscales y préstamos del Banco Central Europeo (BCE).

Por eso no podemos permitir más trampas. La privatización no garantizará que el Estado recupere el dinero empleado en sanearla ni tampoco que se acaben las ayudas públicas, sino que éstas seguirán siendo imprescindibles para que la entidad sea rentable para sus accionistas. Tampoco se evitarán nuevos riesgos poniéndola en manos privadas, más bien todo lo contrario. ¿Y qué volverá a ocurrir si existe quebranto? Pues ya lo sabemos todos y todas. Que este recaerá sobre las espaldas del pueblo en forma de rescate de esos que “no costarán ni un euro” y que terminarán siendo abonados por la gente a través del presupuesto a costa de recortes en servicios públicos.

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El Salto

En los siglos XI-XIV, los banqueros venecianos financiaban las cruzadas y prestaban dinero a los poderosos de Europa, pero de una manera más hábil que la Orden de los Templarios. En Venecia, se apoderaron de la cabeza del Estado dándole la forma de república. Financiaron la transformación de Venecia, ciudad-Estado, en un verdadero imperio que comprendía Chipre, Eubea (Negrepont) y Creta. Adoptaron una estrategia imparable para enriquecerse y garantizar el reembolso de sus créditos: ellos endeudaron al Estado veneciano con sus propios bancos. Ellos mismo definieron los términos de los préstamos, ya que eran propietarios de los bancos y dirigentes del país. El Estado veneciano devolvió hasta la última moneda de aquella deuda.

Por otro lado, estos banqueros tuvieron la idea de crear títulos de la deuda pública que podían circular de un banco a otro. Los mercados financieros comenzaban a ponerse en pie. Este tipo de préstamo es el precursor del sistema de endeudamiento de los países tal y como se conoce hoy. Siete siglos más tarde, los banqueros de Europa, igual que sus predecesores venecianos o genoveses, no tienen por qué sentirse inquietos ante los gobiernos actuales.

Los Estados actuales, y el protoestado de la Unión Europea, son quizás más complejos y sofisticados que las repúblicas de Venecia (o de Génova) de los siglos XIII al XVI, pero son con igual crudeza los órganos de ejercicio del poder de la clase dominante, el 1% opuesto al 99%. Mario Draghi, antiguo responsable de Goldman Sachs en Europa, dirige el Banco Central Europeo. Los banqueros privados han colocado a sus representantes o a sus aliados en puestos clave en los gobiernos y las administraciones.

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El Salto

Mario Draghi acaba de reconocer que los bancos centrales de los países miembros de la zona euro obtuvieron 7.800 millones de euros de beneficios gracias a los títulos griegos. Títulos que el BCE compró durante los años 2010-2012 en el marco del programa SMP (Securities Markets Programme). A esas ganancias se agregan otras sumas, de las que el presidente del BCE no habla: los beneficios realizados por esos mismos bancos centrales en el marco de las compras denominadas «ANFA» (Agreement on Net Financial Assets).

También hay que añadir lo conseguido por los 14 países de la zona euro que concedieron préstamos bilaterales a Grecia, en 2010, con unos tipos de interés abusivos de cerca del 5%. Por ejemplo, Alemania logró más de 1.300 millones de beneficios gracias a su préstamo bilateral a Grecia. Por su parte, Francia no se quedó atrás. Sería necesario contabilizar también las economías realizadas por los países dominantes de la zona euro en la refinanciación de sus deudas públicas: la crisis que golpeó a Grecia y a otros países de la periferia produjo una fuga de prestamistas, quienes privilegiaron a los países más ricos de la zona euro, que, por consiguiente, consiguieron una rebaja en el coste de sus deudas. En el caso de Alemania, entre 2010 y 2015, las economías llegarían a los 100.000 millones de euros. Finalmente, el BCE compró en el marco del Quantitative easing (QE) títulos soberanos alemanes por 400.000 millones de euros, la mayoría de las veces con un rendimiento nulo o negativo. El BCE compró también títulos soberanos franceses por un monto un poco inferior. Estas adquisiciones de títulos alemanes y franceses no le reditúan nada, mientras que los títulos griegos que posee con un valor diez veces inferior le aportaron 7.800 millones de euros de beneficio. Cualquiera puede responder a la pregunta de a quién beneficia esa política del BCE.

La mecánica es implacable: todas las veces que una parte de los beneficios del BCE obtenidos de los títulos griegos se transfirió a Atenas, ese dinero fue inmediatamente repartido entre los acreedores para pagar la deuda. Hay que terminar con ese saqueo. Los beneficios del BCE obtenidos a costa del pueblo griego deben ser devueltos a Grecia y utilizados, íntegramente, en gastos sociales para remediar los dramáticos efectos de las políticas dictadas por la Troika y lograr el relanzamiento del empleo. La deuda reclamada a Grecia debe ser anulada ya que es ilegítima, odiosa, ilegal e insostenible. Es lo que demostró la Comisión para la verdad sobre la deuda griega instaurada por la presidenta del Parlamento griego en 2015. El memorando en curso debe ser derogado.

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La Marea

El Banco de España ha publicado esta semana su informe anual en el que estima el coste de las ayudas públicas a la banca. Este documento, con datos correspondientes al 31 de diciembre de 2016, eleva las ayudas en forma de capital otorgadas por el FROB (organismo del Estado) a 54.353 millones de euros, de los cuales solo se han recuperado 3.873 millones, lo que supone el 7,1%. Para que nos hagamos una idea de esta cantidad, desde 2010 hasta 2015 se han recortado 78.000 millones de euros en educación, sanidad, vivienda, desempleo, cultura e investigación.

La institución estima que se espera recuperar un total de 14.275 millones de euros. Sin embargo, hace apenas un año, el FROB fijaba esta cifra en 16.000 millones, lo que demuestra que las expectativas son aún peores, y no sabemos cuánto más pueden empeorar. Tampoco debemos olvidar que las ayudas a la banca no solo han tenido la forma de capital, por lo que el dinero público comprometido ha sido muy superior al de las cantidades citadas.

De hecho, recientemente el Tribunal de Cuentas cuantificó el volumen total de dinero público que hemos comprometido todos los ciudadanos: 251.563 millones de euros, una cantidad astronómica equivalente a la cuarta parte de lo que genera la economía española en un año. Esta cantidad incluye no solo las aportaciones de capital (dinero entregado a la banca con la intención de que sea permanente), sino también los avales (respaldo de lo público en caso de que las cosas se le pongan feas a la banca), garantías por la compra de entidades y determinados créditos extraordinarios en algunos procesos de reestructuración. Si bien parte de ese dinero ha sido devuelto y no supondrá pérdidas, llama la atención que ninguna otra empresa privada haya recibido un trato similar.

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eldiario.es

Recientemente el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, el presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, e incluso el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri se han mostrado contrarios a la creación de una banca pública en España. “La experiencia es mala. Puede existir alguno que funcione bien, pero no es probable”, afirmó Linde. “No conozco ningún banco público que sea sostenible en el tiempo”, dijo el ejecutivo vizcaíno.

Causa estupor que algunas de las personas que en nuestro país más deberían saber sobre el sistema bancario sean unos absolutos legos en lo que sucede en otros países europeos. ¿O tal vez sea que las orejeras ideológicas no les permiten percibir toda la realidad?

El propio Banco Mundial reconoce en su informe Repensando el papel del Estado en las finanzas: “El positivo papel que han jugado los bancos públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito (…) compensando parcialmente la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados”, así como: “La evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis”.

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Diario Sur

Este lunes hemos tenido la oportunidad de escuchar en Málaga al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, hablar sobre su visión de la situación actual de la economía española.

Como siempre, escuchar a este ministro resulta de singular interés, tanto por lo que dice como por lo que no dice o por los balones que echa fuera llegado el momento, como ocurre con el tema de la liquidación del Banco Popular.

En cualquier caso, al terminar la intervención y a instancias de un pregunta desde el público, el ministro se refirió a mi persona y resaltó que en ocasiones estamos de acuerdo y que, es más, incluso podría llegar a apoyar algunas de sus propuestas.

No seré yo quien diga que no. Más que nada porque no me caracterizo por sostener posiciones dogmáticas sin fundamento y pudiera darse esa situación. De hecho, ésta ocurrió, aunque en sentido inverso, cuando el grupo parlamentario del Partido Popular votó a favor de una proposición no de ley que llevé en el pleno para promover la creación de una cuenta bancaria básica que permitiera luchar contra la exclusión financiera. En esa ocasión fue el ministro De Guindos, a través del grupo parlamentario popular, el que nos apoyó. Así que nada es descartable.

Sin embargo, no quisiera dejar de pasar la ocasión para aclarar un par de cuestiones.

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El Confidencial

Recientemente el Banco de España ha presentado su ‘Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España’, haciendo balance del impacto de la crisis en nuestro sistema financiero. El informe condensa algunas enseñanzas significativas, pero también olvida otras muy relevantes. Entre las lecciones que olvida el regulador, y que convendría tener presentes para el futuro y para las decisiones de política económica que están por tomar, conviene destacar cinco:

Primera lección: una década después de la quiebra del Northern Rock, la crisis aún no ha terminado, como demuestra el reciente colapso del Banco Popular. La estrategia de ocultar y enmascarar los activos tóxicos en los balances bancarios ha prolongado innecesariamente la crisis.

Segunda lección: en contra de lo que sostiene el interesado discurso liberal, no han sido solo las cajas de ahorros las que han sufrido la crisis. De hecho, las cajas supuestamente más ‘politizadas’ (las tres vascas, BBK, Vital Kutxa y Kutxa, o la catalana La Caixa) han sobrellevado mucho mejor que otras las tensiones de este periodo, sin requerir ayudas públicas. La razón de la crisis radicó en la sobreexposición de las entidades —tanto públicas como privadas— al crédito inmobiliario, y no en su titularidad. Recordemos que el Banco Popular, en vísperas de su quiebra, acumulaba 36.000 millones de euros en activos inmobiliarios tóxicos.

Tercera lección: los mecanismos de supervisión financiera no funcionaron antes de la crisis, y tampoco lo han hecho ‘a posteriori’. El Banco Popular superó los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria Europea en 2014, lo que evidencia que los procedimientos de evaluación de activos no han mejorado. La laxitud de la regulación, la opacidad y en muchas ocasiones el fraude continúan siendo la tónica en nuestro sistema financiero. Nadie podrá sorprenderse por tanto de los futuros episodios de inestabilidad financiera que estén por venir.

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ctxt.es

Los responsables políticos, los supervisores y los agentes privados que participaron en el proceso de liquidación de la entidad deben responder a una serie de cuestiones para disipar las sospechas de una bancarrota fraudulenta.

1. La noche del 6 de junio el Banco Popular, una de las entidades financieras más antiguas del Estado fue vendida por un euro al Banco Santander después de dos semanas de desgaste en los mercados bursátiles y de huidas de depósitos que acabaron con su liquidez.

2. La caída del Popular y venta a su competidor el Santander está llena de aspectos extraordinarios que nos dejan muchas preguntas sin resolver.

3. El primero es que es difícil comprender cómo un banco que pasó los test de estrés de la Asociación Bancario Europea publicados en julio de 2016 con bastante comodidad con un ratio de capital CET1 del 13,1% y un ratio CET1 en escenario adverso del 7,01% (cabe recordar que el mínimo requerido es del 4,5%) pudo sufrir tal desgaste en los mercados los últimos doce meses. Además de superar estas pruebas, el banco llevó a cabo una ampliación de capital en mayo de 2016 de 2.500 millones de euros.

4. Sin embargo a pesar de estos resultados en el segundo semestre del mismo año empezaron a surgir rumores de que el banco no iba bien y que quizás debía ser vendido. Su entonces presidente, Ángel Ron, afirmaba por activa y por pasiva –y continúa haciéndolo– que el banco era solvente y fue solvente hasta el día de su liquidación y que estos rumores, según él surgidos del mismo consejo, eran malintencionados e interesados (ABC, 11/06). Afirmaciones en este mismo sentido fueron hechas por el Gobernador del Banco de España Linde hace pocos días (El Confidencial, 20/6). Esos rumores hicieron que el valor de la acción iniciara una tendencia bajista en bolsa. En diciembre del mismo año Ron fue destituido.

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eldiario.es

Artículo publicado en eldiario.es el 22 de enero de 2017

El pasado viernes 20 de enero el Gobierno aprobó, con la colaboración de PSOE y Ciudadanos, un real decreto para crear un procedimiento extrajudicial que permita agilizar la devolución del dinero que muchos bancos cobraron de más a los hipotecados afectados por las cláusulas suelo abusivas. Aunque el objetivo declarado es facilitar y acelerar la devolución de este dinero y reducir carga de trabajo a los tribunales, lo cierto es que esta medida beneficia claramente a los bancos al, de una parte, exonerarlos de pagar las costas judiciales que se derivarían de todos los litigios en los que perdieran (que serían casi todos) y, de otra, dejar en sus manos la determinación, extrajudicial, de si ha existido o no un cobro abusivo e indebido.

Como es sabido, el pasado 27 de diciembre el Tribunal de la Unión Europea dictaminó que los bancos españoles debían devolver todo el dinero cobrado indebidamente como aplicación de cláusulas suelo ilegales y abusivas. Unas cláusulas que permitían a los bancos cobrar más intereses de lo que les correspondería en un entorno de tipos de interés reducidos, sin que los hipotecados hubiesen sido convenientemente informados de ello. En definitiva, uno de los mayores fraudes a los consumidores que se ha realizado en nuestro país.

Sin embargo, la devolución de ese dinero cobrado indebidamente no es automática, sino que el afectado debe denunciar en los juzgados y ganar el caso (algo bastante sencillo porque ningún tribunal va a llevarle la contraria al Tribunal de la Unión Europea). Pero el Gobierno, en vez de aprobar un decreto para obligar a los bancos a devolver todo el dinero cobrado a través de este masivo engaño, lo ha hecho para librar a la banca de pagar las costas judiciales. Un Gobierno que legisla para proteger los intereses de la banca en vez de para proteger los derechos de los consumidores.

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La Marea

1.155.461.239.000 euros. Ésa es la astronómica cantidad de dinero que ha creado el Banco Central Europeo (BCE) desde el 9 de marzo del año pasado a través de sus programas de compra de activospara intentar estimular el crédito, y con él la actividad económica y la inflación. Los últimos datos publicados revelan que el balance total de la institución monetaria supera los 1,6 billones de euros, lo que supone haber casi triplicado la cantidad que registraba hace año y medio.

En el gráfico se puede observar cómo, gracias a la citada escalada, esta nueva operación monetaria conforma la inmensa mayoría del balance del Eurosistema, a pesar de que hace tan sólo siete años ni siquiera existía. Entramos en un nuevo ciclo de política monetaria que nunca habíamos vivido.

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Saque de Esquina

El Estado español rescató la quebrada Bankia en 2012. Para ello ha utilizado hasta la fecha 24.628 millones de dinero público (mucho más que su patrimonio actual) sólo en recapitalización, aunque otras estimaciones (como las de ATTAC) elevan estas ayudas públicas a unos 147.000 millones (¡casi un 15% del PIB! -el déficit público del Estado es del 5%-).

En 2014 el Estado vendió un 7,5% de Bankia, obteniendo solamente un 5% de todo lo que costó el rescate en recapitalización (y un 0,6% de todas las ayudas otorgadas). Ahora, la Unión Europea ha enviado un comunicado al gobierno español para que venda cuanto antes el resto de Bankia y también de Banco Mare Nostrum.

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Viento Sur

En las últimas décadas se nos había venido insistiendo en que el neoliberalismo consistía en una doctrina que idolatraba la eficiencia prácticamente automática del mercado. Se afirmaba que esta institución de intercambio facilitaba una asignación apropiada de los recursos, que era el canal mediante el cual era posible el crecimiento de la renta, la creación de empleo y de la riqueza de las naciones. Durante mucho tiempo, se nos aseguró que el capitalismo funcionaba gracias a la iniciativa innovadora y emprendedora (Schumpeter, 1942)/1, virtud sólo al alcance de capitanes de industria, que revigorizaba cada ciclo de negocio con su arrojo y asunción del riesgo, por lo cual recababan un merecido beneficio. En su defecto, la concentración de capital en grandes colosos transnacionales acumularía economías de escala y diversidad que promoverían el desarrollo. Primero desde focos de creación, después diseminando sus logros a todos aquellos que tomaran las mejores prácticas de eficiencia en términos competitivos (Rostow, 1963)/2. No queda más que un borrón en el texto de aquellas apelaciones a la competencia para permitir escoger a los mejores. Básicamente porque nadie se cree que la economía capitalista funcione así, ni pueda hacerlo. Ha quedado muy lejos la consideración de que el Estado era un monstruo que encorsetaba el margen de maniobra y la asignación apropiada que realizan las grandes corporaciones en un marco de economía de mercado.

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