Economía Crítica y Crítica de la Economía

Artículo publicado en ‘Contexto y Acción‘ por Daniel Carralero (La Paradoja de Kaldor)

“Reducir el peso y la potencia de los automóviles supondría un importante ahorro de combustible y un notable descenso de las emisiones de CO2.”

En la década que comienza, tendremos que afrontar colectivamente, como sociedad industrial transnacional, una transición de modelo productivo muy profunda si queremos mantenernos dentro del límite de 1.5-2°C de calentamiento global medio sobre niveles preindustriales que el consenso científico ha establecido como límite de seguridad para evitar los peores efectos del cambio climático. Cuando tratamos de imaginar esta transición, inevitablemente vienen a la mente campos llenos de aerogeneradores y ciudades cubiertas de paneles solares proporcionando, libre de dióxido de carbono, la energía que necesita nuestra civilización hipertecnológica.

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El País

Ha llegado el momento de pasar de la efervescencia electoral al debate de fondo. ¿Qué grandes transformaciones económicas debemos impulsar en esta nueva legislatura?

Tano Santos y Jesús Fernández-Villaverde empujaban recientemente este debate. Algunos diagnósticos son compartidos: el nulo crecimiento de la productividad dificulta la convergencia con nuestros socios europeos, la complejidad tecnológica de nuestras exportaciones es limitada y nuestro sistema financiero está preocupantemente concentrado y poco capitalizado. Sin embargo, entre los desafíos que señalan nuestros colegas hay omisiones relevantes y debates pendientes.

En primer lugar, los economistas no podemos seguir olvidando por más tiempo la actual emergencia climática. Debemos situar en el centro de la agenda la descarbonización de nuestra economía, impulsando un programa de inversiones en energías renovables, rehabilitación inmobiliaria y movilidad eléctrica. Estas inversiones ayudarían además a sortear la desaceleración internacional, apuntalando la creación de buenos empleos.

En segundo lugar, este plan de inversiones verdes debe tener también un componente morado, que impulse infraestructuras sociales de las que carecemos y que son esenciales para avanzar en la igualdad de género. Universalizar la educación de cero a tres años, y desarrollar un verdadero sistema de dependencia, permitiría elevar la tasa de empleo de la economía y reducir la brecha salarial que sufren las mujeres.

Sorprende, en tercer lugar, que Santos y Fernández-Villaverde no hagan referencia en su artículo a la necesidad de reducir la desigualdad: ninguna transformación económica será social y políticamente sostenible si no camina de la mano de una mayor equidad. Los costes de vivir en sociedades tan desiguales están muy documentados: la desigualdad conlleva una insuficiencia estructural de demanda —con pérdidas de crecimiento potencial—, polarización política y desafección social. Contamos con instrumentos diversos, pero la profundidad del problema exige un planteamiento integral: por un lado, necesitamos cambios en las políticas de redistribución —con la articulación de un auténtico sistema de ingresos mínimos y una mayor progresividad fiscal. Pero, además, debemos transformar nuestro modelo de predistribución —con un reequilibrio de la negociación colectiva en el mercado laboral.

Esto nos lleva a un cuarto reto, que nuestros colegas tampoco mencionan: urge terminar con la precariedad, que dificulta los proyectos vitales de muchas personas y daña la productividad de nuestras empresas. La reforma laboral no ha corregido la altísima temporalidad que arrastramos desde antes de la crisis. De hecho, hoy la situación es aún peor: los contratos temporales duran 30 días menos que en 2008 y los indefinidos se han precarizado (el 40% no alcanza el año de duración).

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El Confidencial

Pagar la factura de la luz se ha convertido en algo muy complicado para millones de familias: entre 2006 y 2016, la factura del consumidor medio ha subido un 70% en nuestro país. Y en los últimos meses, el ritmo de esta subida se ha acelerado tanto —un 11%, entre agosto de 2017 y agosto de 2018— que la situación se ha hecho ya insostenible.

Con el invierno aproximándose, el nuevo Gobierno adoptó el pasado 5 de octubre medidas urgentes en un real decreto ley. Algunas de ellas —por ejemplo, la eliminación del ‘impuesto al sol’— eran muy necesarias desde hace tiempo. Sin embargo, el Gobierno dejó pasar una buena oportunidad para proteger a los consumidores. Por un lado, las modificaciones en el bono social eléctrico y las medidas aprobadas para luchar contra la pobreza energética fueron muy limitadas. Por otro, la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica no solo tendrá un impacto pequeño en la factura de la luz, sino que además ignora las raíces del problema.

Hace falta tomar medidas inmediatas, en eso no se equivoca el Gobierno. Pero estas deben ser eficaces y, al mismo tiempo, deben abordar el problema de fondo, que no es otro que la disfuncionalidad del mercado eléctrico y la actuación en régimen de oligopolio de las grandes empresas del sector.

El reciente acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos incluye una medida que cumple estos requisitos —ser eficaz para atajar hoy mismo la subida de la luz y útil para frenar las prácticas oligopólicas—. Se trata de la fijación de un límite máximo al precio al que las centrales hidroeléctricas y nucleares pueden cobrar la electricidad en el mercado. La diferencia entre el precio de mercado y ese límite se consideraría un ingreso del sistema eléctrico y sería destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores. Seguir leyendo…

Radicales Libres

La ciudad de Madrid, vapuleada y esquilmada durante más de dos décadas de gobiernos del PP, ha empezado a disfrutar de una hermosa primavera desde 2015.

Para el Partido Popular las administraciones públicas, y particularmente el Ayuntamiento de Madrid, se habían convertido en un lugar de donde extraer enormes plusvalías para sus amiguetes a costa del deterioro de los servicios de los madrileños, de los derechos y salarios de los trabajadores que tenían que realizar esos servicios. Generaron un enorme endeudamiento, que lastraba la capacidad de afrontar las inversiones que realmente necesita nuestra ciudad.

El equipo de Manuela Carmena ha hecho mucho trabajo en la penumbra durante estos dos años cuyos resultados ahora estamos empezando a ver, y disfrutar, los madrileños.

Las restricciones presupuestarias que ha sufrido el Ayuntamiento de Madrid debido a las herencias de la nefasta gestión de Gallardón y Botella, y el cerco fiscal al que le ha sometido Montoro, no han permitido desarrollar más iniciativas, pero ahora es el momento de empezar a pensar qué ciudad queremos seguir construyendo a partir de 2019: Madrid, la capital europea de la energía solar.

Las ciudades son verdaderos sumideros de energía, representan el 75% de la demanda total. Sin embargo cada vez más ciudades están apostando por incentivar la producción de energía eléctrica a escala local, ya que es una estrategia que crea valor añadido local, que garantiza el suministro eléctrico e incrementa el ahorro al reducirse sustancialmente las pérdidas en la red de distribución. ¿Donde se puede producir energía en Madrid?

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Blog de Econonuestra en Público.es

Cada año, con la llegada del buen tiempo, las noticias de barcos hundidos en el Mediterráneo atestados de inmigrantes se suceden en una atroz escalada. Las razones que mueven a esas personas a arriesgar sus vidas son bien conocidas: pobreza extrema, hambrunas, guerras, etc. Poco se puede añadir a lo ya escrito en un sinfín de lugares, pero es posible enfocar el problema de manera complementaria. Es lo que me propongo hacer en este artículo, en el que analizo las migraciones desde los países pobres a los ricos bajo otro punto de vista: el relacionado con la escasez del consumo energético.

Puesto que en este artículo voy a hablar de energía, resulta imprescindible definir las unidades que voy a utilizar para contabilizarla. Aquí usaré únicamente dos, las que expresan la energía que contienen los alimentos (kcal) y las de las diversas fuentes de energía primaria no alimenticia, para las que emplearé el kilovatio por hora (kWh); ambas se relacionan mediante la equivalencia 1 kWh = 860 kcal.

El ser humano es un consumidor de energía de primer orden, esencialmente porque depende de ella para subsistir. Los alimentos contienen, en proporciones diversas, tres combustibles: hidratos de carbono, proteínas y grasas que al ingerirlos se oxidan en el organismo, liberando la energía necesaria para el mantenimiento de los procesos vitales. Una dieta normal requiere un aporte diario de estos nutrientes, además de vitaminas, minerales y agua, que estrictamente hablando no son combustibles. El consumo energético que una persona debe realizar cada día para sobrevivir consta de dos partes: el de subsistencia o basal (alrededor de una kcal por cada hora y kg. de peso) y el debido al esfuerzo físico y/o mental, más difícil de cuantificar, pero que puede cifrarse en 150 kcal/hora para una actividad mental y 600 kcal/hora para una actividad física intensa (un deportista, un minero,…)

Dependiendo del tipo e intensidad de la actividad realizada, las necesidades energéticas de los seres humanos oscilan por término medio entre las 2.000 y las 3.000 kcal/día. Expresadas esas cantidades de energía en unidades de kWh mediante la equivalencia indicada anteriormente, una persona debe consumir a diario entre 2.000/860 = 2,3 kWh y 3.000/860 = 3,5 kWh. Debe entenderse que esta equivalencia es meramente comparativa. Evidentemente nadie “come” kWh, pero es muy recomendable destacar esa equivalencia para la discusión que sigue en los próximos párrafos.

En la gráfica siguiente se muestran, en el eje vertical, el consumo diario de energía primaria no alimenticia per cápita para los 90 países más poblados de la tierra, lo que representa aproximadamente la mitad de los estados existentes y el 90% de la población total. Los datos se expresan en kWh. En el eje horizontal se muestra el PIB per cápita de los mismos países, expresado en dólares. Ambos conjuntos de datos son valores “promedio” y hay que tener mucho cuidado con los “promedios” pues mediante ellos se uniformizan casuísticas muy diversas. No obstante, no disponemos de otra herramienta mejor para analizar datos de la magnitud de los expuestos en la figura:

Fuentes: International Energy Statistics para el consumo energético (2011) y Fondo Monetario Internacional para el PIB (2013). Las escalas de ambos ejes son logarítmicas. La línea roja indica un consumo energético de 3.5 kWh al día.

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Público.es

En principio, las centrales nucleares españolas están diseñadas para tener una vida útil de 40 años. Sin embargo, desde hace tiempo se viene desarrollando una estrategia por parte del Gobierno del PP y de las eléctricas del oligopolio para renovar los permisos de explotación de las centrales aunque se hayan cumplido esos 40 años. Las próximas semanas son clave al respecto, pues la fecha límite para que la central de Almaraz I (la más antigua de las que están en funcionamiento) solicite la renovación llega en la primera mitad de junio (legalmente, la solicitud ha de realizarse tres años antes de que expire el permiso, lo cual ocurre en junio de 2020 en el caso de Almaraz). A continuación, de forma progresiva, sería previsible que llegase la solicitud de renovación de los permisos del resto de centrales nucleares.

Es interesante recapitular y explicar brevemente algunos pasos significativos en esta operación de alargamiento de la vida de las nucleares. La desconexión de la red de la central de Santa María de Garoña es un buen punto de partida para la historia. Los 40 años de vida de esta central se cumplían en 2011. En 2009, el Gobierno del PSOE amplió el permiso de operación hasta 2013. Sin embargo, en diciembre de 2012 la central de Garoña dejó de funcionar por decisión de la empresa propietaria, Nuclenor (participada al 50% por Iberdrola y Endesa), que adujo que no era económicamente rentable mantener abierta la central.

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eldiario.es

La instalación de renovables en España está prácticamente detenida desde la publicación del Real Decreto Ley 1/2012. Al mismo tiempo, hemos de cumplir el compromiso con la Unión Europea: el 20% de nuestra energía final debe tener origen renovable en 2020. Según Eurostat, en 2015 este porcentaje fue del 16,2% y la comparación con los datos de 2014 muestra un estancamiento. Si bien durante la crisis económica el consumo de energía descendió, el probable ascenso del mismo en los próximos años complica que lleguemos al objetivo del 20% a menos que el incremento en la generación renovable sea sustancial. Por todo ello, hay gran expectación ante la subasta que determinará qué plantas renovables podrán instalarse recibiendo una prima en el marco de un esquema retributivo estable (que debería ser estable, es más preciso decir). En esta subasta, que se celebrará el 17 de mayo, se seleccionarán proyectos hasta una potencia total de 2.000 MW, ampliables bajo ciertas circunstancias.

El diseño de una subasta de energías renovables implica establecer una serie de criterios sobre diversas cuestiones: ¿se remunera la generación de electricidad o la potencia instalada?, ¿participan todas las tecnologías o solo algunas?, ¿se evalúan las ofertas según el precio exclusivamente o se incluyen otros factores? Aunque “la subasta perfecta” no existe, la experiencia internacional ilustra las ventajas e inconvenientes que se derivan de cada decisión, señalando en algunos casos qué prácticas están más extendidas porque garantizan un mejor resultado. El problema, que ya viene siendo habitual en el sector eléctrico, es que el Gobierno del PP se empeña en establecer procedimientos terriblemente complejos y opuestos a los utilizados en el resto del mundo, que podrían desembocar en resultados distintos de los que teóricamente se persiguen.

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Blog de Econonuestra en Público.es

El término “windfall profits” (beneficios caídos del cielo) se ha hecho relativamente popular en nuestro país a raíz de la controvertida liberalización del sector eléctrico en 1997. En general, los beneficios caídos cielo hacen referencia a los ingresos extra recibidos a causa de circunstancias inesperadas, como por ejemplo un cambio en el marco regulatorio. Así sucedió con las centrales eléctricas (principalmente hidroeléctricas y nucleares) que ya estaban instaladas cuando se produjo la liberalización del sector.

Centrémonos en las nucleares. Efectivamente, el marco regulatorio previo a la liberalización (denominado Marco Legal Estable) establecía un plan de ingresos regulados (inicialmente considerando una vida útil de 25 años, bastante menos que los 40 actuales) que les garantizaba a las empresas del sector tanto la recuperación de las elevadas inversiones en ese tiempo como unos beneficios considerados razonables por el regulador. Pues bien, el paso al libre mercado les ha permitido aumentar estos beneficios por encima de los estipulados previamente. Hablamos entonces de beneficios caídos del cielo porque esos ingresos extra son sobrevenidos: ni las empresas han competido por ellos ni se derivan de decisiones arriesgadas de inversión. Curiosamente, el tipo de cosas contrarias a los argumentos esgrimidos para impulsar la liberalización.

En los últimos tiempos, la posibilidad de que el Gobierno autorice la extensión de la vida útil de las centrales nucleares se ha convertido en un escenario muy plausible. Dicha extensión representaría un abultado incremento de los beneficios caídos del cielo para sus propietarios. En este artículo daremos una estimación de esta cifra asumiendo que la vida útil se amplía desde los 40 años actuales hasta los 60 años, detallando las principales hipótesis empleadas en el cálculo, con el objetivo de poner en un contexto económico el debate de la extensión de la vida útil de las nucleares.

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Presentación del libro de la mano de su autor, Manuel Casal Lodeiro. Presentado por Joseba Azkarraga Etxagibel, autor de Euskal Harriak : Trantsizio sozio-ekologikorako gogoetak

¿Crecimiento? ¿Pleno empleo? ¿Estado del Bienestar? ¿Crecimiento sostenible? Este ensayo defiende que las pretensiones de las izquierdas políticas y sociales mayoritarias son inviables en un contexto de irremediable colapso civilizatorio. La cuestión energética no dará tregua a nuestra civilización. Y solo unos pocos movimientos, aún muy minoritarios, han tomado plena consciencia de ese rumbo suicida del que nos viene alertando la ciencia cada vez con más urgencia. El colapso puede ser catastrófico.

Esta obra quiere representar una llamada urgente para la conversión de las izquierdas en fuerzas que contribuyan a alcanzar un desenlace alternativo al brusco declive que se nos presenta. En una nueva fuerza capaz de defender un nuevo modelo de civilización: mucho más simple, mucho más local y mucho más justo.

La Marea

El sector eléctrico vuelve a estar en el candelero tras la enésima subida sospechosa del precio de la electricidad. Regresa con ello a los debates televisivos y rara vez falta el tertuliano que clama a la defensiva que las eléctricas pierden dinero en España y que, si sobreviven, es gracias a sus negocios en el extranjero. Esto es sencillamente falso.

Resulta legítimo que las empresas que participan en el sistema eléctrico español obtengan beneficios derivados de su actividad. Esto es válido en principio para cooperativas, pequeñas compañías o grandes multinacionales. Pero es también legítimo preguntarnos si estos beneficios son razonables.  Al fin y al cabo, las compañías eléctricas operan en un sector estratégico regulado (aunque no lo suficientemente y además mal) por el Estado y que determina el acceso de los consumidores a la electricidad, un bien básico que hasta hace unos años era considerado un servicio público.

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Este monográfico, titulado “Medio Ambiente y Sociedad”, pretende ampliar los enfoques tradicionales que se han venido desarrollando en torno a las crísis ecológicas como objeto de estudio, y que han tendido a separar las Ciencias Sociales de las Ciencias Ambientales.

Boletín ECOS, nº 37 – dic. 2016-feb. 201, FUHEM-Ecosocial

Calidad de vida, vida buena, bienestar, Buen Vivir… son conceptos relacionados aunque diferentes que se entrecruzan y se complementan. Las firmas invitadas en este Boletín ECOS exploran distintos ángulos del tema. Santiago Álvarez Cantalapiedra analiza distintos aspectos de la calidad de vida y, en concreto, sobre su relación con los recursos económicos; Maria Ángeles Durán examina las intersecciones entre el tiempo/los tiempos y la calidad de vida; Carolina del Olmo pone el acento en la reconstrucción de los vínculos, necesarios para una vida que merezca la pena ser vivida; y Mauricio León Guzmán aporta un sugerente análisis del Buen Vivir en clave polanyiana como base para un cambio de la matriz económica. Este boletín se completa con una entrevista a Joaquim Sempere, que reflexiona sobre las dimensiones de calidad de vida, además de una selección de recursos sobre la cuestión y las habituales secciones de Actualidad y En red.

Boletín ECOS – boletinecos@fuhem.es
ISSN – 1989-8495

Los números anteriores del Boletín ECOS están disponibles aquí.

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Blog El Prismático de Aragón en eldiario.es

Blog de Econonuestra en Público.es

Durante casi toda la legislatura que acaba de finalizar, hemos oído en repetidas ocasiones por parte de los responsables del Ministerio de Industria que una de las principales razones causantes del encarecimiento del recibo de la luz eran las primas a las energías renovables, razonamiento que he desmontado en un artículo publicado en este blog. Sin embargo, en ningún momento hemos tenido la menor noticia de las generosísimas subvenciones que recibe la producción de energía basada en combustibles fósiles. Será casualidad, pero la práctica totalidad de las centrales basadas en esas fuentes pertenecen a las cinco grandes compañías eléctricas nacionales que, a efectos prácticos, funcionan como un auténtico oligopolio. En este artículo analizaré con detalle cuáles son esas subvenciones. Y si no quieren llamarlo subvenciones, llámenlo privilegios.

Las cinco grandes compañías del sector eléctrico. Agrupan alrededor del 90% de las ventas a clientes finales y alrededor del 60% de las ventas en el mercado mayorista.

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Antes del debate final del bipartidismo hubo otra posibilidad de ver a los dos partidos que nos llevan gobernando, desde que la mayoría recordamos, en acción. Y pudimos verles, no sólo consigo mismos, echando mano de todos sus trucos, sino que tuvimos la suerte de poder verles al lado de la nueva política que ha venido para sustituirles. El programa Salvados del domingo pasado fue mucho más interesante que el debate “Cara a Cara” que se celebró al día siguiente; mucho más interesante para poder confrontar el pasado y el futuro de este país en el mismo plano, para poder comparar y para poder elegir. Al fin y al cabo, el debate Cara a Cara no dejó de ser un teatrillo en el que dos candidatos fosilizados en otro tiempo que ya se ha ido se lanzaban argumentos preparadísimos por sus asesores durante días; argumentos trillados y que ya hemos sufrido durante años. En todo caso Pedro Sánchez salió a matar y casi mató, lo cual no era muy difícil encontrándose ante una persona de una mediocridad intelectual comprobada y ante el jefe del partido más corrupto de la democracia española. Ahora entendemos lo del plasma. Pero eso fue lo único que hizo Pedro Sánchez, abatir a Rajoy, lo que casi hubiera hecho cualquier persona con dos dedos de frente.

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A punto de finalizar la cumbre sobre el cambio climático en París y a diez días de celebrarse elecciones generales, España se enfrenta a grandes retos, uno de los cuales es la redefinición del modelo energético que queremos para paliar los principales problemas y limitaciones del actual. Ofrecer soluciones viables es una de las principales tareas que deberán abordar los futuros gobernantes que salgan de las próximas elecciones del 20-D. Por cierto, resultó asombroso comprobar que ninguno de los protagonistas del debate del lunes pasado dijera ni media palabra respecto a este asunto. Mal empezamos.

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eldiario.es

Cada pocos meses y de manera recurrente la subida del precio de la electricidad se convierte en noticia. El incremento acumulado es tal que en 2015 el consumidor doméstico medio paga un 76% más que hace diez años, lo cual representa una enorme carga para el presupuesto de los hogares. Además, una parte importante de la electricidad se genera mediante tecnologías no renovables, contribuyendo, por un lado, a un cambio climático potencialmente catastrófico, y por otro al menoscabo de nuestra soberanía energética. El panorama no tiene visos de cambiar, y no lo hará mientras no llevemos a término las reformas estructurales necesarias para modificar profundamente el funcionamiento del sistema eléctrico vigente en España.

Este artículo busca propiciar un debate que resulta cada vez más ineludible, presentando diez medidas para revertir la situación actual. Aparte de frenar el ascenso del precio de la electricidad, la implementación de estas propuestas nos permitiría caminar hacia un escenario donde el sistema eléctrico respondiese a las necesidades de la sociedad; un escenario que hiciese posible un sistema eléctrico más sostenible, menos contaminante y más equitativo. Estas medidas, en la mayoría de los casos, no implican coste económico sino simplemente el desarrollo de una legislación adecuada, de manera que el único requisito para aplicarlas es voluntad política para superar el statu quo y la resistencia de aquellos que tanto se benefician de él.

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Centro Buendía – Universidad de Valladolid

Del 22 al 25 de septiembre

Coordinadores: Margarita Mediavilla y Fernando Frechoso

Presentación

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La semana pasada, el centro de investigación privado Economics for Energy (entre cuyos socios se encuentran Iberdrola y Gas Natural Fenosa, como puede leerse en su web) publicó su Informe “Pobreza Energética en España”. Enseguida, algunos medios de comunicación se hicieron eco de una de sus conclusiones más destacadas: con los nuevos indicadores y metodología propuestos en el informe, “solo” el 9,9% de los hogares españoles se encontraría en situación de pobreza energética. Este resultado contrasta con el estudio de referencia en este asunto, el de la Asociación de Ciencias Ambientales, que afirma que el 18,2% de la población española se halla en tal situación.

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“Nos encontramos ante un tema de enorme trascendencia para el sector eléctrico”. Con estas palabras comienza Juan Ignacio Unda, antiguo consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), un informe sobre el déficit de tarifa publicado nada menos que en junio de 2002. Por aquel entonces, la deuda rondaba los 1.200 millones de euros (M€). Más de doce años después, lejos de ser un problema resuelto, esta supera los 30.000 M€, más de 600 € por habitante en España. La gravedad de esta situación, inédita en los países de nuestro entorno, pasa desapercibida para la mayoría de la población y, sin embargo, ha sido el principal (por no decir único) argumento (por no decir excusa) para poner en marcha profundas reformas en un sector estratégico que han tenido y tendrán un gran impacto en términos económicos, sociales y medioambientales.

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