Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Adiós al sinsentido de la regla de gasto

Autor: Segundo Gonzalez y Ricardo Molero Simarro

Público.es

El anuncio de la injustificada intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda ha llamado la atención de mucha gente sobre el sinsentido de la denominada “regla de gasto”. Aunque parece compleja por las consecuencias absurdas que conlleva, la regla es en realidad fácil de entender: impide que los entes locales puedan incrementar su gasto por encima del crecimiento, pasado y previsto, del PIB, incluso aunque presenten superávit en sus cuentas y bajo nivel de deuda. Este es el caso de Madrid, que no sólo ha mantenido sus ingresos sistemáticamente por encima de los gastos, sino que ha reducido la deuda que le dejó el anterior consistorio del PP en hasta un 40% en apenas un par de años. La intervención dictada por Montoro es una intromisión sin fundamento económico, ni jurídico. No obstante, sí era esperable porque su único objetivo es evitar que los casos de gestión exitosa por parte de los ayuntamientos del cambio se conviertan en ejemplo de alternativa de país.

Uno de los principales objetivos de los últimos gobiernos ha sido convertir la austeridad fiscal, una política económica fallida, en una obligación legal. El primer paso dado en ese sentido fue la reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada por PSOE y PP en 2011, que dio prioridad al pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto público. En 2012, el Gobierno del PP aprovechó su mayoría absoluta para aprobar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en la que se concreta el mandato del 135. Todo ello ha dado lugar al establecimiento de un “techo de gasto” público cada vez más bajo para la Administración General del Estado; a una reducción forzada del déficit de las Comunidades Autónomas, que son las que tienen bajo su competencia los servicios públicos más importantes; y a una severa aplicación de la denominada “regla de gasto”, que impide que los ayuntamientos, cuyas competencias son también esenciales para el bienestar de la ciudadanía, puedan utilizar los superávit presupuestarios que han logrado en otra cosa que no sea la devolución de la deuda.

Esta priorización del pago de la deuda y, en general, de las políticas de austeridad se encuentra completamente injustificadas. Antes de la crisis, España era uno de los Estados de la Unión Europea (UE) que menor porcentaje de deuda pública tenía, un 35,6% sobre el PIB, muy por debajo del límite del 60%. El incremento de la misma que se produjo después fue consecuencia de la activación de los “estabilizadores automáticos”-la reducción automática de los ingresos públicos y aumento automático del gasto público debido a la caída de la actividad económica- así como de la carga del rescate bancario. Por otro lado, ni la reforma del artículo 135, ni la aprobación de la LOEPSF explican, como nos quiere hacer creer el Gobierno, el descenso de la prima de riesgo que ha tenido lugar durante los últimos años. Dicho descenso solo ha sido posible gracias al programa de compra de títulos de deuda pública implementado por el Banco Central Europeo. Al incrementar la demanda de estos títulos, ese programa ha reducido los tipos de intereses que soportan los estados europeos, incluido el nuestro.

A pesar de que la austeridad lo único que han conseguido es que nos convirtiésemos en uno de las economías que más tarde ha recuperado sus niveles de PIB, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro se ha obstinado en convertirse en el paladín de los recortes, poniendo en marcha una cruzada contra los ayuntamientos en la que ha utilizado la regla de gasto como principal arma. Para ello no ha dudado en amenazar con la aplicación de injustificables medidas  coercitivas y de control que la LOEPSF establece contra los ayuntamientos que la incumplan, con especial fijación en aquellos que no son de su color político.

Además, la regla de gasto es cuestionable debido a varias razones: Seguir leyendo…

Madrid, capital europea de la energía solar

Autor: Bruno Estrada Lopez

Radicales Libres

La ciudad de Madrid, vapuleada y esquilmada durante más de dos décadas de gobiernos del PP, ha empezado a disfrutar de una hermosa primavera desde 2015.

Para el Partido Popular las administraciones públicas, y particularmente el Ayuntamiento de Madrid, se habían convertido en un lugar de donde extraer enormes plusvalías para sus amiguetes a costa del deterioro de los servicios de los madrileños, de los derechos y salarios de los trabajadores que tenían que realizar esos servicios. Generaron un enorme endeudamiento, que lastraba la capacidad de afrontar las inversiones que realmente necesita nuestra ciudad.

El equipo de Manuela Carmena ha hecho mucho trabajo en la penumbra durante estos dos años cuyos resultados ahora estamos empezando a ver, y disfrutar, los madrileños.

Las restricciones presupuestarias que ha sufrido el Ayuntamiento de Madrid debido a las herencias de la nefasta gestión de Gallardón y Botella, y el cerco fiscal al que le ha sometido Montoro, no han permitido desarrollar más iniciativas, pero ahora es el momento de empezar a pensar qué ciudad queremos seguir construyendo a partir de 2019: Madrid, la capital europea de la energía solar.

Las ciudades son verdaderos sumideros de energía, representan el 75% de la demanda total. Sin embargo cada vez más ciudades están apostando por incentivar la producción de energía eléctrica a escala local, ya que es una estrategia que crea valor añadido local, que garantiza el suministro eléctrico e incrementa el ahorro al reducirse sustancialmente las pérdidas en la red de distribución. ¿Donde se puede producir energía en Madrid?

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Madrid, qué bien resistes

Autor: Bruno Estrada Lopez

El Siglo de Europa

“No te olvides que nosotros ganamos la guerra”, dijo Cristóbal Montoro a su interlocutor en una charla informal hace varios años, a la vez que se llevaba la mano a la chaqueta, a la altura de la cartera.

Al hilo de los recientes acontecimientos estas crueles palabras cobran hoy una nueva magnitud. Pareciera como si la derecha más carpetovetónica hubiera salido otra vez de las profundas cavernas a las que lo había llevado el devenir de la Historia y quisiera librar una nueva batalla de Madrid. Afortunadamente es sólo una batalla política, no es una cruenta batalla militar como la que hace ochenta años asedió y masacró nuestra ciudad.

Hoy la aviación y artillería alemana han sido sustituidas, afortunadamente, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ha permitido una intervención discrecional del Ministerio de Hacienda en nuestro ayuntamiento (discrecional porque el Ayuntamiento de Jaén, gobernado por el PP, está en una situación similar sin que haya sido intervenido). Montoro ha ignorado que Manuela Carmena ha reducido la deuda en más de 2.000 millones de euros, un 40% del total del endeudamiento al que había conducido la ruinosa gestión de los anteriores alcaldes del PP, y que se ha alcanzado un superávit presupuestario de más de 1.000 millones de euros.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria, hay que recordarlo, es el desarrollo legislativo de la reforma constitucional pactada en agosto de 2011 para modificar con nocturnidad y alevosía el artículo 135 de la Constitución (la ley fue finalmente aprobada en 2012 con los votos a favor del PP, CiU, UPyD y UPN). Esta ley elevó a rango normativo una parte importante de los componentes de la ideología neoliberal, el “déficit cero” de las administraciones públicas, cuyo principal objetivo es socavar el Estado del Bienestar. Keynes, arrojado al rincón de la Historia.

El concepto neoliberal del “déficit cero” niega al sector público lo que es un comportamiento habitual de las empresas privadas: la capacidad de financiar la compra de bienes de equipo, o gastos de I+D+i, (infraestructuras y equipamientos sociales en el caso del sector público) que requieren inversiones plurianuales y, por tanto, endeudamiento. El recurso al crédito es el pan de cada día en el mundo empresarial.

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El escándalo de Madrid Calle 30 que empobreció a ciudadanos y enriqueció a constructoras

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

Cuando el Ministerio de Fomento cedió la circunvalación M-30 al Ayuntamiento de Madrid en 2004, el gobierno de Gallardón decidió iniciar su reforma y presentarla como logro central de su mandato municipal. Pero la reforma de una infraestructura de esas características requería, en condiciones normales, un plazo de tiempo muy superior a los cuatro años, por lo que la única forma de terminar las obras a tiempo para sacar pecho de cara a las elecciones municipales era llevar a cabo prácticas excepcionales que lograran acelerar sobremanera el proceso. Estas prácticas van desde lavulneración de la legislación de protección medioambiental y de la salud (constatada por tribunales y que convierte a las obras en ilegales) hasta el incremento desorbitado de horas laborales extraordinarias que sufrieron los trabajadores (seis de ellos murieron durante el transcurso de las obras), pasando por la violación sistemática de los trámites administrativos. Todo con tal de acabar las obras a tiempo, independientemente del daño económico, social y medioambiental que pudiera generar. Una actuación abominable que no puede quedar impune.

Ni que decir tiene que este acelerón encareció extraordinariamente el proceso. Las obras de reforma se presupuestaron por 2.458 millones de euros, pero finalmente supusieron un coste de 3.508 millones de euros, un 42% más. Estamos hablando de mucho más de la mitad del presupuesto anual del ayuntamiento, lo que incrementaba la deuda hasta un nivel que no estaba permitido por las autoridades europeas. Para disimular el estropicio, Gallardón privatizó parcialmente la empresa pública encargada de reformar la M-30 y escondió ahí la deuda para que no pudiese ser achacada al ayuntamiento. Pero se pilla antes a un mentiroso que a un cojo y en 2011, tras una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, el gobierno del PP tuvo que dar marcha atrás y trasladar toda la deuda de la empresa mixta al ayuntamiento, lo que hizo que la deuda municipal se disparara hasta situar a la capital del país en la ciudad más endeudada de todas y con mucha diferencia.

Lo peor de todo es que en este mezquino intento de ocultar el cadáver bajo la alfombra, el gobierno de Gallardón volvió a vulnerar todo tipo de preceptivos legales. La normativa no contempla en ningún sitio que se pueda privatizar (ni siquiera parcialmente) la gestión de una calle pública. Esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo porque la gestión de una calle no es susceptible de ser llevada a cabo por empresarios particulares ya que no se cobra a los usuarios de la carretera y los únicos ingresos de la empresa provienen del ayuntamiento. Este extrañísimo modelo de gestión encareció la factura del Ayuntamiento, que pasó a pagar por conceptos por los que antes –cuando la empresa era 100% pública– no pagaba, como dividendos, impuestos de sociedades, IVA e intereses por el préstamo del socio privado. De hecho, desde 2005 hasta 2017 el Ayuntamiento ha pagado 597 millones de euros por estos conceptos, una cantidad que se hubiese ahorrado si la empresa hubiese sido 100% pública. Para que nos hagamos una idea de las prioridades del gobierno del PP, ese volumen es superior a lo que el equipo de gobierno del Partido Popular presupuestó para gasto social en 2015. Además, puesto que la privatización está blindada por contrato, si no cambian las cosas el Ayuntamiento tendrá que pagar hasta 2040 unos 1.250 millones de euros más por estos motivos. Un agujero en toda regla para las arcas municipales.

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Aún con palos en las ruedas, Madrid se mueve

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

El pasado viernes 17 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aceptó imponer medidas cautelares a solicitud de Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y ordenó paralizar inversiones del Ayuntamiento de Madrid por valor de 275 millones de euros. Contra esta medida el gobierno municipal va a presentar un recurso de reposición y medidas alternativas para no tener que detener ninguna de las inversiones previstas. Es una muy mala noticia que el TSJM haya aceptado la solicitud de la Delegación del Gobierno. Porque nadie, ni en Madrid ni en el Estado español puede salir ganando con la paralización de obras de mejora en la vía pública, de reformas en cementerios, de compras de nuevos autobuses, de reparaciones en mobiliario urbano, de ampliaciones en polideportivos, de plantación de árboles, de reformas en mercados municipales, de instalación de calefacción para colegios públicos, de rehabilitación de patrimonio verde, de desarrollo de servicios para centros de mayores, de habilitación de nuevas áreas infantiles y de nuevos carriles-bici y bicicletas, etc, especialmente teniendo en cuenta que el Ayuntamiento que las realiza tiene dinero de sobra para ello. Sencillamente, nadie puede entenderlo. La actuación de Delegación de Gobierno, dirigida por Concepción Dancausa parece anteponer la disputa política a los intereses de la ciudadanía madrileña.

Y es que la argumentación que ha utilizado Delegación de Gobierno para pedir estas paralizaciones tiene una base jurídica poco firme ya que se basa en repetir que las inversiones que intenta paralizar ponen el riesgo el cumplimiento de la Regla de Gasto en 2017 por parte del Ayuntamiento de Madrid. Pero eso no responde a la realidad: esas inversiones fueron aprobadas mediante una fórmula administrativa denominada “inversiones financieramente sostenibles” que viene recogida en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el apartado cuarto de la citada ley se deja bien claro que dichas inversiones no computan para la Regla de Gasto al estar financiadas con superávit del ejercicio anterior. “El importe del gasto realizado (…) no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto”, puede leerse bien claro. Por lo tanto, ni un solo euro de esos 275 millones de euros para inversiones pone en riesgo el cumplimiento de la Regla de Gasto. La argumentación se aleja de la realidad y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no ha entrado a valorar el fondo del asunto objeto de controversia, requiere medidas cautelares. Esto obliga al Ayuntamiento a adoptar medidas alternativas que permitirán el cumplimiento del auto sin que ello suponga otra cosa que dificultar el avance de dichas inversiones.

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Madrid no se toca (Concentración frente al Ministerio de Hacienda Sábado 18 Noviembre; 19h)

Autor: Plataforma Madrid No Te Cortes

eldiario.es

El Ayuntamiento de Madrid vuelve a hacer frente a las amenazantes misivas del Ministerio de Hacienda, en un segundo episodio de ‘Montoro contra Madrid’. En esta ocasión se exige a Madrid un recorte de 238 millones de euros en 2017 y 243 millones en 2018. Este conflicto se ha querido reducir a un galimatías legal donde el Ayuntamiento de Madrid aparece como incumplidor de la sacrosanta Regla de Gasto que consiste en anticipar el pago de la deuda -que los anteriores gobiernos del PP contrajeron- sin poder dedicar el superávit a gasto social o inversiones. Pero de lo que se trata en realidad es de un embate político contra otro modelo de gobernar que antepone los intereses de una mayoría social a los de los bancos. Hoy, tras esta nueva ofensiva a la autonomía municipal y la democracia, los vecinos y vecinas de Madrid tenemos un Ayuntamiento intervenido de facto que con una periodicidad semanal debe remitir sus cuentas bajo la amenaza de medidas coercitivas más lesivas aún como la imposición de multas o la propia inhabilitación del Concejal de Hacienda.

Debemos tener presente que el Ayuntamiento de Madrid se encuentra en una situación financiera inmejorable. Gracias a una buena política de ingresos el consistorio ha generado un importante superávit (más de 1.000 millones de euros sólo en el año 2016), lo que equivale al 16% del total de todas las corporaciones locales, a la vez que ha incrementado la inversión total en un 102%, y la social el 74%. También ha reducido la deuda en más de un 34%, mientras que en ese mismo período la Comunidad de Madrid la ha aumentado en 5.461 millones de euros, es decir, un 20% más en un año. Está claro que las cuentas del Ayuntamiento de Madrid no suponen un riesgo para la economía del Estado español sino todo lo contrario. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda responden a una estrategia clara: impugnar la puesta en marcha de políticas económicas alternativas al austericidio que dictamina la Troika.

Cartel de la Plataforma Madrid No Te Cortes

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Montoro saca la regla. Golpes de austeridad y el gobierno de las finanzas

Autor: Pablo Carmona y Isidro López

El Salto

Ayer martes 7 de noviembre se conoció la intervención –supervisión sería la palabra correcta–, de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministro Cristóbal Montoro. En el nombre de la Regla de Gasto, el golpe en la mesa del gobierno del PP llega en una coyuntura política marcada por la tensión territorial entre el Estado español y Cataluña. En este sentido, resulta tentador a bote pronto plantear la actuación del gobierno central como parte de una política de intervención generalizada de las entidades políticamente “incómodas” para el gobierno del PP. Siguiendo esa lógica, en el día de ayer habríamos vivido una suerte de primer episodio de la aplicación generalizada del artículo 155 de la Constitución, en este caso sobre la ciudad de Madrid.

Sin negar la arbitrariedad política de la decisión de Montoro, esta explicación en clave “nacional” y únicamente centrada en el PP se queda evidentemente corta, además de no ayudar en absoluto a la comprensión de los escenarios que se abren en el corto y medio plazo.

Todo ello obliga a recordar que la Regla de Gasto sólo juega en el campo de las imposiciones de la Unión Europea, siempre encomendada al gobierno de los poderes financieros y como desarrollo específico del artículo 135 de la Constitución que consagra el pago de la deuda como prioridad absoluta. Quizás el producto más acabado del espíritu que llevó a la reforma constitucional exprés votada por un parlamento mayoritariamente compuesto por PP y PSOE y que a duras penas se podía calificar de mínimamente representativo del “país real” en esos momentos posteriores al 15M.

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¿Cuál es el verdadero motivo que lleva a Montoro a intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid?

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

¿Cómo es posible que Montoro haya decidido intervenir las cuentas de un ayuntamiento que tiene más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido la deuda un 40% en apenas dos años? Lo lógico en principio es pensar que una intervención de las cuentas tiene sentido cuando su administración responsable tiene problemas económicos, pero no es el caso del Ayuntamiento de Madrid. ¿Entonces?

La explicación oficial del Ministerio radica en que el Ayuntamiento de Madrid, aunque tenga superávit y reduzca deuda, incumple la Regla de Gasto. Esta Regla nació en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) -que es el desarrollo del reformado artículo 135 de la Constitución Española- y su razón de ser es limitar la cantidad de gasto que puede registrar una administración pública. Ese límite no tiene nada que ver con los ingresos (como podría parecer lógico, para no gastar más de lo que se ingresa), sino que queda fijado en función del crecimiento estimado de la economía española (la estimación la realiza el Ministerio y, por cierto, raramente acierta con ella). Por lo tanto, esta Regla suele provocar que el gasto de las administraciones sea menor que los ingresos, para que así quede suficiente dinero sin gastar, engrose el superávit y pueda ser utilizado para pagar deuda a los bancos. Ése es el objetivo de la Regla de Gasto (recordemos, hija del artículo 135 de la Constitución): priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público.

Por lo tanto, lo que el Ministerio está criticando del Ayuntamiento de Madrid no es que tenga las cuentas saneadas (que a todas luces las tiene), sino que haya incrementando tanto la inversión y el gasto social y provocado por lo tanto una notable reducción del superávit y del dinero que se paga a la banca. Pero es que en esto consistía el proyecto económico que Ahora Madrid recogía en su programa electoral y que está aplicando exitosamente: priorizar -a diferencia de lo que ocurría con gobiernos del PP- la gestión honesta y eficaz de los recursos públicos con el objetivo de maximizar el bienestar de la ciudadanía madrileña. Poner la economía al servicio de la gente y no de los bancos. Para ello es preciso utilizar el dinero del Ayuntamiento en aras de incrementar las inversiones y el gasto social, que en sólo dos años han crecido un 102% y un 74%, respectivamente. Evidentemente, todo ese dinero que se utiliza en mejorar la ciudad es dinero que dejas de tener en la cuenta bancaria, que dejas de utilizar para engrosar el superávit y que dejas de utilizar para pagar deuda a los bancos.

Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid no es la única administración que incumple esta particular regla. De hecho, la administración de cuyas cuentas es responsable el ministro Montoro, la administración central, ha incumplido sistemáticamente esta regla (con la excepción de 2016, y debido a un cambio de metodología). Lo mismo ocurre con muchas comunidades autónomas y otros muchos ayuntamientos. Entonces, ¿por qué esa evidente obsesión del Ministerio con Madrid, que le ha llevado por primera vez en la historia a intervenir las cuentas de un ayuntamiento por este motivo?

Muy fácil: porque el superávit del Ayuntamiento de Madrid es el más voluminoso de todos y es el que más necesita Montoro para presentar unas cuentas bonitas en Bruselas.

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Ni nos domaron, ni nos doblaron ni nos van a domesticar

Autor: Carlos Sanchez Mato

El País

Sometemos a aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Madrid un nuevo Plan Económico Financiero, uno más, por exigencia del Ministerio de Hacienda. A ojos de cualquier observador imparcial, puede parecer paradójico que una corporación local como Madrid —que ha saneado sus cuentas y ha puesto en marcha un ambicioso plan de mejora de la ciudad— sea perseguida con saña por el gobierno del Partido Popular.

Los que tienen que pedir árnica, precisamente esta semana a Bruselas, por ser incapaces de alcanzar el objetivo de déficit pactado con la Comisión Europea, se muestran inflexibles ante un Ayuntamiento que cerró 2016 con un superávit de 1.022 millones de euros. Sin embargo, tiene toda la lógica del mundo porque Madrid está demostrando, y lo va a seguir haciendo, que es compatible potenciar las políticas públicas, tener superávit y reducir deuda. Son hechos claros los que dejan en evidencia a la derecha política y económica.

En 2014 el esfuerzo inversor del Ayuntamiento de Madrid era de 287 millones de euros mientras que en 2017 alcanzará los 581 millones de euros; solamente un aumento del 102%. La inversión en gasto social se ha multiplicado pasando de los 471 millones de euros en 2014 a los 821 millones en 2017. Es decir, se ha incrementado un 74%. Y además lo estamos haciendo mientras en ese periodo de tiempo reducimos un 40% la pesada losa de la deuda que nos dejaron quienes ahora se erigen en paladines de la estabilidad presupuestaria y que no son otra cosa que campeones de los recortes.

Por eso, tenemos que decir alto y claro que este gobierno municipal seguirá manteniendo como objetivo el fortalecimiento de las políticas y servicios públicos y que lo hará en el marco del cumplimiento de una injusta legalidad que exigimos sea modificada, pero que no frenará los compromisos que hemos asumido con el pueblo de Madrid.

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Y el mundo no se hundió

Autor: Carlos Sanchez Mato

ctxt.es

Hace exactamente dos años saltó una noticia que corrió como la pólvora por radios, televisiones, periódicos y redes sociales. El Ayuntamiento de Madrid iba a suspender los contratos que tenía suscritos con las agencias de calificación de deuda, anunciaron los medios, llevándose las manos a la cabeza. Se trataba de “un error innecesario” como titulaba su editorial un periódico de gran tirada.

La decisión fue tomada en el Área de Economía y Hacienda, de la que me encargo desde que Manuela Carmena fue nombrada alcaldesa. Y debo reconocer que nos sorprendió el enorme impacto que tuvo a nivel estatal. Simplemente habíamos decidido no renovar dos contratos con unas empresas privadas cuyos servicios eran prescindibles. Poco más de 100.000 euros al año para un ayuntamiento con un presupuesto de más de 5.000 millones.

Las agencias de calificación conforman un sector oligopolístico, se reparten el pastel entre muy pocas. Se dedican a publicar calificaciones en las que valoran el riesgo de impago y la solvencia de los potenciales emisores de deuda. Es decir, que cuando un gobierno u otra entidad quieren emitir deuda o solicitar financiación, encarga a una de esas pocas agencias que le evalúe.

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Democracia local: avances, oportunidades y limitaciones (Entrevista a Ángel Calle)

Autor: Angel Calle Collado y Jose Bellver Soroa

FUHEM-Ecosocial (José Bellver)

Angel Calle Collado es profesor de Sociología en la Universidad de Córdoba (en el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos). Sus intereses de investigación espacian de la agroecología política, a la sustentabilidad, los bienes comunes y los nuevos movimientos globales. Forma parte de Comunaria.net, espacio dedicado a la investigación aplicada en bienes comunes y del grupo motor de La Red de Investigación y Apoyo Municipalista (REDINAM) cuyo ámbito de trabajo gira alrededor de los avances y los retos del muncipalismo, y en particular de candidaturas con acento local y municipalista, en los diferentes territorios.

José Bellver (JB): «Democracia local y participación ciudadana» es una de las expresiones de mayor fortuna en la actualidad, ¿a qué crees que es debido? ¿Qué denota y en qué se ha materializado tras el ascenso de los nuevos municipalismos?

Angel Calle (AC): Creo que se debe a dos movimientos. Uno que entronca con la idea de democracias fuertes, de participar directamente, de deliberar, de autogobierno (autores como Barber o Castoriadis nos hablaron de ello). No es en realidad una idea, es una práctica, que surge en los sesenta como contestación de lo gris y autoritarios que resultan los grandes sistemas capitalistas y del socialismo “real” del siglo pasado. Al calor de este empuje social, hay lo que diríamos un intento de “recuperar” y “descafeinar”. El Banco Mundial habla de participación porque así habla de “sociedad civil” y no habla de Estado, por ejemplo. Los nuevos municipalismos, obviamente, beben de la primera corriente. Beben, pero provienen de las bases municipalistas, que en este país agrupa al movimiento anarquista y libertario, a las prácticas de los comunales o a las corrientes marxistas de matriz más movimentista y autónoma. Hoy, con la desafección política que reina entre la ciudadanía,los nuevos municipalismos son también una opción para una gente que siente que ha perdido control de sus vidas, de lo que se llaman sus instituciones, y necesita respuestas y mecanismos más palpables de participación, de pensar su ciudad, pueblo o territorio.

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¿Manuela o Cristina?

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

El Ayuntamiento de la capital, con la alcaldesa Manuela Carmena al frente, ha reducido su deuda en 2.070 millones de euros desde 2015, lo que supone una disminución del 37%. En el mismo periodo la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes la ha incrementado en 5.461 millones de euros, es decir, un 20% más que en junio de 2015. En definitiva, la Comunidad de Madrid en estos dos años acumula casi el 16% del incremento de endeudamiento del conjunto de comunidades autónomas mientras el Ayuntamiento era responsable del 96% de la reducción de deuda de las corporaciones locales con más de 300.000 habitantes.

Son datos del Banco de España, que acaba de publicar los datos de endeudamiento de las Administraciones Públicas correspondientes al segundo trimestre de 2017. Queda claramente de manifiesto la divergencia entre corporaciones locales y el resto de subsectores, porque, mientras que estas disminuyeron sus pasivos en 5.311 millones de euros –el 14%–, la administración central y comunidades autónomas siguieron incrementándola en 84.863 millones de euros, lo que supone más de un 8% de crecimiento.

Las Corporaciones Locales, que durante los años previos al estallido de la crisis tenían un exiguo déficit fiscal medio (-0,05% del PIB) entre 1999 y 2007, empeoraron durante la misma hasta el 0,8% del PIB en su momento más negativo, el año 2011. Sin embargo, la responsabilidad de las corporaciones locales en el sobreendeudamiento no es la que la gente suele comúnmente atribuir, dado que, en ese momento, el déficit del conjunto de las administraciones públicas alcanzó el 9,6% del PIB.

Al mismo tiempo que el Ayuntamiento reducía deuda, ha incrementado la inversión en la ciudad un 150% y el mal llamado gasto social en un 53%

Sin embargo, la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2012 puso en el punto de mira a los ayuntamientos como si estos fueran los responsables de la situación y estableció limitaciones absolutamente excesivas que vulneran la autonomía de las corporaciones locales consagrada en el artículo 140 de la Constitución. En concreto, el artículo 12 de la citada Ley que enuncia la conocida “regla de gasto” restringe brutalmente las políticas de las corporaciones locales. De hecho, en una situación de clara agudización de las tasas de exclusión social, que medidas según el AROPE de la última Encuesta de Condiciones de Vida alcanzan al 27,9% de la población, las administraciones públicas más cercanas a la gente reducen deuda sin poder abordar en toda su profundidad estas realidades.

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Madrid y sus gentes lo primero

Autor: Carlos Sanchez Mato

El País

Madrid está demostrando que es posible llevar a cabo las imprescindibles políticas públicas que hemos aprobado en nuestro Plan de Gobierno para mejorar la ciudad y, al mismo tiempo, generar elevados superávit y reducir deuda para finalizar la legislatura en 2.729 millones de euros (un 52% menos que la que nos encontramos). Pero no era de esperar que el Ministerio de Hacienda, que no es capaz de cumplir la estabilidad presupuestaria a nivel estatal, premiara la buena gestión y exigió al Ayuntamiento de Madrid que realizáramos acuerdos de no disponibilidad por importe de 238 millones de euros (es decir, inmovilizar del presupuesto esa cantidad para no ser utilizada). Es la primera vez que el gobierno estatal ha recurrido a una medida de tal envergadura frente a una corporación local, lo que contrasta con que el Ayuntamiento de Madrid sea precisamente una administración perfectamente saneada que presenta holgados superávits y que reduce deuda, mientras que la administración central o la propia Comunidad de Madrid tienen un elevado déficit público y una deuda pública creciente. Es el mundo al revés: la administración incumplidora sanciona a la administración que gestiona con eficacia.

Emprendimos una estrategia que pasaba por cumplir las indicaciones del Ministerio pero sin poner en riesgo ni una sola de las políticas públicas previstas. El Ministerio de Hacienda exigía inmovilizar del presupuesto 238 millones de euros y lo hicimos. Adoptamos los correspondientes acuerdos plenarios y retuvimos esa enorme cantidad de dinero. El siguiente paso fue poner en marcha mecanismos legales para incrementar el presupuesto en 303 millones a través de suplementos de crédito. Utilizamos el mecanismo legal existente que permite incorporar el superávit presupuestario del ejercicio anterior a la financiación de inversiones financieramente sostenibles de acuerdo con los requisitos legales establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Nos pedían que recortáramos 238 millones de euros y demostramos que, respetando el marco legal injusto, los recuperábamos con creces, tal y como se aprobó en los Plenos de junio y julio. De todo ello informamos puntualmente.

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La batalla entre el gobierno de Rajoy y el de Ahora Madrid se recrudece

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

Durante todo el año 2016 -primer año con presupuestos de Ahora Madrid- el Ayuntamiento hizo un gran esfuerzo en inversión social y en inversión en infraestructuras, incrementando la primera en un 31% y la segunda en más de un 150% con respecto al año anterior, y todo ello al mismo tiempo que fue capaz de generar un superávit de 1.022 millones de euros y dejar la deuda un 32% por debajo de la que había con la llegada de Ahora Madrid.

Como este éxito supone una impugnación a la política de austeridad del Partido Popular y demuestra que otras alternativas son posibles, este partido no ha dejado de intentar obstaculizar, a través de diferentes vías, las actuaciones del gobierno de Ahora Madrid. La aspiración del PP es que el Ayuntamiento de Madrid no incremente tanto la inversión en la ciudad para que pueda registrar mayor superávit y devuelva antes la deuda a los bancos (enjuagando por el camino las cuentas de las administraciones públicas para que Montoro apruebe los exámenes fiscales de Bruselas). Pero ese objetivo es una aberración porque no sólo detrae recursos que podrían ser utilizados en mejora de la ciudad sino que es antieconómico por culpa de la penalización que conllevan los tipos de préstamos que los anteriores gobernantes firmaron con las entidades financieras.

Una de esas trabas fue la exigencia que el Ministerio de Economía –incumplidor por cierto de las reglas fiscales que trata de imponer– trasladó al Ayuntamiento de Madrid de inmovilizar 238 millones de euros del presupuesto de 2017 para que no fuesen gastados. Esta exigencia fue satisfecha por el Ayuntamiento de Madrid para evitar problemas legales pero fue al mismo tiempo compensada con el incremento del presupuesto en 302 millones de euros a través de procedimientos absolutamente legales. El resultado final fue que las actuaciones planeadas por el gobierno de Ahora Madrid no se pusieron en riesgo.

No obstante, el Partido Popular ha vuelto a la carga, esta vez a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, requiriendo al Ayuntamiento que deshaga ese incremento del presupuesto de 302 millones de euros. De nuevo, otro intento de dinamitar el éxito de la política económica de Ahora Madrid.

Esta exigencia supondría la no realización de más del 50% de las inversiones que está ya ejecutando el gobierno madrileño (algunas de hecho ya han sido finalizadas y ya están en fase avanzada de realización 132 millones de euros de los 303 totales) y que afectan a múltiples ámbitos, desde promoción del transporte (como compra de nuevos autobuses), actuaciones en vías públicas y en patrimonio verde, reformas en edificios municipales (colegios, cementerios, centros de mayores, instalaciones deportivas, escuelas infantiles y de música…), etc.

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Ahora Madrid: La nueva política traspasa el umbral

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la red

Esta misma semana hemos visto dos ejemplos clarísimos de la transformación final de Ahora Madrid, del traspaso del umbral que puede convertir en políticos profesionales del sistema a sus supuestos enterradores: por una parte un desahucio en Carabanchel donde los antidisturbios de la policía municipal madrileña ha hecho acto de presencia para garantizarlo, y, por la otra, la aprobación de la Operación Chamartin Norte, el gran pelotazo urbanístico de la década que estaba esperando que llegara su momento.

Madrid, la gran esperanza del municipalismo del cambio, el ayuntamiento de Carmena y los chicos guapos, el trampolín de la “nueva política” en su larga (cada vez más larga, por lo que se ve) marcha hasta el monopolio del poder estatal, la capital de las luchas sociales del 15-M y el orgullo de la “intrépida” vanguardia podemita, amenaza con acabar convertida en un gran fiasco como modelo de alternativa política a un régimen en descomposición.

La capital de la jueza feliz y los alegres asaltantes del cielo electoral se va convirtiendo, cada día que pasa, en un sinsentido normalizado (pues eso es lo cotidiano en el devenir de este régimen funesto nacido como la normalización de un franquismo chabacano, de puro y traje gris), en un vórtice que desnuda las miserias de la “nueva política” ante las espeluznadas huestes ciudadanas que entronizaron a exmilitantes de lo social para convertirlos en navajeros maquiavélicos, feroces monopolistas de la esperanza permitida y fieles servidores del mundo del ladrillo.

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EKO 45 – Ayuntamientos del cambio #EKOAyuntamientos

Autor: EKO TV

Si te perdiste #EKOayuntamientos, el balance de los 2 años de los Ayuntamientos del Cambio, te dejamos un enlace para verlo:
https://www.youtube.com/watch?v=mj8Yg9vOt6M

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Y al final no recortamos

Autor: Carlos Sanchez Mato

ctxt.es

El año pasado fue el primer ejercicio en el que Madrid contó con un presupuesto elaborado por Ahora Madrid. Supuso un drástico giro en la forma de utilizar el dinero público en comparación con los años de gobierno del Partido Popular. Durante todo el año se hizo un gran esfuerzo en inversión social y en inversión en infraestructuras, incrementando la primera un 31% y la segunda más de un 150% con respecto al año anterior, y todo ello al mismo tiempo que fue generando suficientes ahorros como para ir reduciendo a un ritmo razonable la enorme y pesada deuda heredada.

Pero a pesar de haber conseguido darle la vuelta a unas cuentas del Ayuntamiento de Madrid que recibimos con un enorme lastre, al Ministerio de Hacienda y al señor Montoro no les parece suficiente. Es más, consideran que los esfuerzos en inversión del consistorio han ido demasiado lejos. Según su interpretación de la legislación, el Ayuntamiento de Madrid no debería haber utilizado tanto dinero en mejorar la ciudad y cubrir necesidades sociales, sino que debería haber utilizado todo el dinero que logró ahorrar para pagar a la banca ¡aunque no tocara hacerlo! Un aberrante sinsentido –fruto del artículo 135 de la Constitución Española– que el gobierno local no está dispuesto a aceptar.

En vano fueron las reuniones que celebramos con Montoro y otros responsables del Ministerio de Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo conjunto que no pusiera en riesgo las políticas públicas del Ayuntamiento: desgraciadamente el ministerio terminó por exigir al Ayuntamiento de Madrid un recorte de 238 millones de euros como castigo. Es la primera vez que el Gobierno estatal ha recurrido a una medida coercitiva de tal envergadura frente a una corporación local, lo que contrasta fuertemente con que el Ayuntamiento de Madrid sea precisamente una administración perfectamente saneada que tiene un superávit de más de 1.000 millones de euros y que reduce deuda, mientras que la administración central tiene un elevado déficit público y una deuda pública creciente. Es el mundo al revés: la administración incumplidora sanciona a la administración que gestiona con eficacia.

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Aclarando dudas y confusiones sobre los datos de empleo en la ciudad de Madrid

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

La oposición del Ayuntamiento de Madrid siempre ha afirmado que el gobierno de Ahora Madrid lastra la creación de empleo, insistiendo en que la evolución del mercado laboral es peor en la capital que la del resto del país. El ejecutivo ha respondido a las críticas mostrando otros datos en los que se evidencia que el ritmo de creación de empleo es precisamente más positivo en el caso de la ciudad de Madrid que en otras regiones del país. ¿Cómo es posible que se produzca esta divergencia tan amplia entre unas aseveraciones y otras y entre los datos que las respaldan?

Estas exposiciones contradictorias se deben fundamentalmente a que los datos que existen sobre el mercado laboral provienen de varias bases estadísticas notablemente diferentes entre sí y que además no son fáciles de interpretar, lo que da lugar a mucha confusión (y también a mucha manipulación).

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¿Quién teme a las cláusulas sociales en la contratación?

Autor: Carlos Sanchez Mato y Esther Lopez Barcelo

eldiario.es

Cuando llegamos al área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y nos sentamos a diseñar las políticas estratégicas que pretendíamos implantar, detectamos dos graves problemas en la contratación pública madrileña: el de la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras de servicios públicos prestados a través de grandes contratas; y el de la sombra de la corrupción acechando tras cada nuevo escándalo de nombre alemán o cartaginés (véase, Gürtel o Púnica). Para hacer frente a la fiscalización de la acción de gobierno anterior y evitar con normas y nuevas formas de gobierno que se pudieran volver a producir esas deplorables prácticas, pusimos en marcha una subdirección de Auditoría de la Deuda y las Políticas Públicas y una Comisión de Investigación. Sin embargo, en el ámbito de la acción positiva de transformación, uno de los retos más importantes es el de afrontar el futuro con audacia y responsabilidad, por lo que elaboramos una Estrategia de Contratación Responsable.

No se trata, ni mucho menos, de un tema baladí ya que las Administraciones Públicas adquieren bienes y servicios en cantidades muy significativas. Más del 18% del Producto Interior Bruto en el caso español, por lo que es evidente la enorme influencia positiva que puede suponer en la sociedad en su conjunto, la contratación pública responsable. Mejorar los criterios de baremación a través de los cuales se eligen a las empresas para que presten servicios a la ciudadanía, está comenzando a ser un objetivo prioritario para muchos ayuntamientos: Zaragoza, Barcelona, Avilés, Valencia… son ejemplos claros de que algo está cambiando en la forma de gestionar lo que es de todas y todos.

Nuestra hoja de ruta prevé de forma gradual la introducción de cláusulas sociales, medioambientales y éticas en los pliegos de contratación pública. Es decir, pondremos en valor estipulaciones añadidas a las del objeto del contrato que contribuyan a generar una mayor calidad de los servicios prestados: véase, “medidas específicas de igualdad de género en relación con el personal”, “presentación de un Plan de igualdad específico”, “medidas concretas de conciliación de la vida laboral y familiar”, “incorporación de un 5% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo”, “realización de sesiones formativas en materia de seguridad y salud laboral”, “condición especial de ejecución de mantener la plantilla de trabajadores y trabajadoras mínima”, “en la documentación y publicidad que aporte el licitador evitará imagen discriminatoria de mujeres o estereotipos sexistas”, etc. El objetivo de estas medidas es premiar a las empresas que contribuyen a hacer de la contratación pública, un espacio de respeto de derechos fundamentales.

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Contra la tiranía de la regla del gasto

Autor: Isidro López y Raul Camargo

eldiario.es

Desde que en 2011 la troika sometiera la población griega a la disciplina de la austeridad del primer rescate, las economías europeas han ido elevando las políticas de austeridad a rango de ley. Recordemos que estas políticas  son un viejo proyecto de las élites globales que viajaron desde África y América Latina en los años ochenta y noventa hasta el corazón de la Europa capitalista: primero a través del Tratado de Maastricht de 1992 y luego, de forma mucho más palpable para las mayorías sociales europeas, tras la crisis financiera de 2007. A lo largo de la larguísima crisis europea, los poderes financieros globales utilizaron la extorsión a través de altísimos tipos de interés para poner de rodillas a estados, gobiernos y administraciones públicas; dejando una estela de pagos pendientes a futuro que apuntaban a la sumisión permanente del poder político al poder financiero. Los rescates no fueron sino la fase más agónica de esta lógica de sumisión de las economías y las sociedades europeas al poder de las finanzas mediante la prioridad absoluta del pago de la deuda.

Las políticas de austeridad no son sino la aserción en términos políticos y legales del poder de las finanzas sobre el de las poblaciones sobre las que, en principio, descansa el poder democrático. Son un golpe de estado permanente del capital sobre la democracia. La deuda, propiedad de los grandes grupos financieros, es el instrumento utilizado para este dominio. El blindaje legal del pago prioritario de la deuda obliga a los estados y a las administraciones públicas en general a poner en segundo plano el gasto productivo o social que beneficia a las mayorías sociales. El blindaje del pago de la deuda obliga a las administraciones públicas a, primero, recortar en cualquier tipo de gasto que no sea el servicio de la deuda y sus desorbitados intereses y, luego, a privatizar o externalizar los mismos servicios públicos que el pago de la deuda ha convertido en inviables.

En el caso español, a pesar de que el Partido Popular no se cansa de cacarear que en España no ha habido  rescate, nuestro blindaje del pago de la deuda fue la modificación del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011, votado por un parlamento mayoritariamente compuesto por PP y PSOE y que a duras penas se podía calificar de mínimamente representativo del “país real” en ese momento posterior al 15M. Este artículo, un auténtico atentado contra la democracia, quedó redactado al dictado de Alemania, de tal manera que no sólo elevaba el pago de la deuda a rango constitucional, sino que establecía una suerte de intervención permanente de comunidades autónomas y ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda, para que este precepto de pago de la deuda, con sus recortes y privatizaciones asociados, fuera inamovible. Todo esto en un país que acababa de decir: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”.

La regla de gasto tal y como la interpretó el ministro Montoro es posiblemente una de las regulaciones económicas más brutales y contraproducentes de cuantas se inscriben en el de por sí irracional e injusto universo económico de la austeridad. Se trata de una norma anticíclica. Es decir, que funciona en sentido contrario a la tendencia económica general, pero que sólo produce efectos depresores del crecimiento a escala local cuando este es positivo. Cuanto más crecen los ingresos de una administración local y cuanto más alto es el superávit en las cuentas, más dinero de reserva para pago de la deuda retiene el Ministerio de Hacienda. Todo ello se calcula en relación a un modelo económico, ideológico como son todos los modelos econométricos, que calcula algo llamado el “PIB potencial”. Modelo este impuesto unilateralmente por la Comisión Europea. Aunque, y esto es importante, a diferencia de la lectura que Montoro hace de la regla de gasto, en el resto de países europeos no hay un procedimiento sancionador para los ayuntamientos y regiones que incumplan la regla de gasto, esta no deja de ser un indicador y una recomendación.

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La gran ruina de los ‘swaps’ de Gallardón

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

Una de las actuaciones del gobierno madrileño de Gallardón más ruinosas para los contribuyentes ha sido –y sigue siendo– la contratación de swaps que tuvo lugar entre los años 2005 y 2011. Los swapsson operaciones diseñadas para evitar elevados costes en determinadas inversiones financieras como los préstamos. Su naturaleza es muy parecida a la de un seguro convencional que cubre un coche o una casa: el que contrata un seguro de coche paga regularmente una cantidad de dinero para poder ser indemnizado en caso de que su vehículo sufra desperfectos. De igual forma, el que contrata un swap paga regularmente una cantidad de dinero para poder ser indemnizado en caso de que su inversión financiera sufra un perjuicio (debido a la evolución de los tipos de interés).

El caso más habitual de utilización de swaps es el siguiente: una empresa ha contraído un préstamo a tipo de interés variable, por lo que paga intereses en función de lo elevado o reducido que esté el tipo de interés, de forma que si éste sube a cotas muy altas el préstamo pasa a ser muy costoso, por lo que para evitar ese riesgo contrata un swap para protegerse de aumentos del tipo de interés, normalmente convirtiendo el tipo de interés variable en tipo fijo. En vez de pagar una cantidad variable, se comienza a pagar una cantidad fija. Así las cosas, los vaivenes del tipo de interés no afectarán al coste del préstamo, que pasa a ser totalmente fijo para la empresa que lo contrajo.

Esta conversión puede ser muy positiva para el que contrata el swap (y perjudicial para el que lo vende, el “asegurador”) si, en efecto, el tipo de interés se sitúa por encima del tipo fijo establecido. Puesto que el swap logra fijar un “suelo” al tipo de interés, los intereses que queden por encima de ese suelo no afectan al coste del préstamo. Estaríamos en el caso equivalente de que el coche asegurado hubiese sufrido desperfectos y por lo tanto la compañía aseguradora hubiese tenido que pagar. Pero puede ocurrir lo contrario: que el tipo de interés de mercado se sitúe por debajo del tipo fijo establecido, ya que el que ha contratado el swap está pagando más de lo que pagaría sin él, puesto que hay un suelo que impide beneficiarse de la caída del indicador. Acorde a nuestra analogía, sería como si el coche no hubiese sufrido desperfectos y el asegurado estuviese pagando por haber contratado el seguro.

Pues bien, el gobierno de Gallardón utilizó recurrentemente este tipo de swaps (que convierten en tipo fijo un tipo de interés variable) para algunos créditos que contrajo el Ayuntamiento. Y absolutamente todos los swaps han sido nocivos para el Ayuntamiento: se contrató un tipo fijo que ha quedado muy por encima del tipo de interés de mercado. Esto ha provocado que el Ayuntamiento esté pagando muchísimo más de lo que estaría pagando si nunca hubiese contratado esos swaps; concretamente el coste supone hasta la fecha 350 millones de euros, que es una cantidad equivalente a mucho más de la mitad del gasto social que ejecutó el consistorio en 2016. Y el coste final será muy superior porque el contrato de los swaps se mantiene hasta el vencimiento de los créditos cubiertos (establecidos entre 2018 y 2015); sin que la devolución del dinero antes de tiempo y la cancelación de los créditos sea una solución porque los contratos establecen que en ese caso el Ayuntamiento tendría que pagar una penalización que a día de hoy superaría en total los 410 millones de euros. En definitiva, estamos hablando de unos contratos blindados que le suponen al erario público un coste muy elevado e innecesario del que no se puede librar hasta que no pasen unos cuantos años, así como un beneficio fijo y muy importante para las empresas financieras que vendieron esos swaps.

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Primeros presupuestos ejecutados por Ahora Madrid: récord histórico en inversiones y gasto social

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

El año 2016 ha sido el primero en el que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido unos presupuestos elaborados y ejecutados por el gobierno de Ahora Madrid. Ahora que se ha completado la liquidación oficial del presupuesto de 2016 estamos por fin en condiciones de realizar una valoración completa y rigurosa de la gestión económica y política del actual equipo de gobierno durante un año presupuestario completo.

El presupuesto de 2016 fue aprobado inicialmente con un incremento muy notable del gasto e inversión en comparación con los presupuestos anteriores, con el objetivo de no sólo corregir los recortes que había aplicado el Partido Popular sino también incrementar la calidad y prestación de los servicios públicos de Madrid. Y, a pesar de que ejecutar un presupuesto tan ambicioso es mucho más complicado que ejecutar presupuestos menos voluminosos –especialmente cuando las leyes estatales ponen trabas a la contratación de nuevo personal y cuando la infraestructura del consistorio no está preparada para un esfuerzo inversor tan importante–, el gobierno de Ahora Madrid ha sido capaz de ejecutar el 92,9% de todo el presupuesto, lo cual supone un porcentaje superior al registrado en años anteriores como 2012 y 2015.

Pero lo importante no es el porcentaje de ejecución sino el volumen total ejecutado, ya que con un presupuesto tan voluminoso no hace falta lograr porcentajes muy elevados de ejecución para que la ciudad perciba la mejora (de la misma forma que no hace falta llenar una piscina en su totalidad para lograr que haya más agua de la que cabría en una bañera). En términos absolutos, y sin tener en cuenta el servicio de la deuda (cuya ejecución no tiene ningún mérito), la ejecución en 2016 ha sido un 15,4% superior a la de 2015, y superior en un 9% de media a los años anteriores de gobierno del Partido Popular.

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Compromiso con Madrid, compromiso con la gente

Autor: Carlos Sanchez Mato

El País

El año 2016 fue el primero en el que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido unos presupuestos elaborados y ejecutados por el gobierno de Ahora Madrid. Ha sido un año en el que se ha prestado una atención sin precedentes a los datos parciales de ejecución, mientras recordábamos que era necesario esperar al final para tener una imagen real de la gestión de gasto e inversiones. Un año de grandes esfuerzos por parte de todos los equipos de áreas de gobierno y juntas de distrito para poder cumplir con lo que prometimos a las vecinas y vecinos.

Ha llegado el momento del balance. Ayer se aprobó la liquidación del presupuesto en una Junta de Gobierno extraordinaria y el balance es contundente: superávit fiscal y reducción de deuda al mismo tiempo que se logra una ejecución global del 92,9%.

El presupuesto de 2016 fue aprobado inicialmente con un incremento muy notable en comparación con el de 2015: el gasto presupuestario total aumentó un 9,5% sin contar el pago de la deuda, el gasto social un 25,8%, las inversiones un 97,4%. Era, por tanto, un presupuesto muchísimo más ambicioso que pretendía mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los madrileños y madrileñas.

Por eso estamos satisfechos con el trabajo realizado, porque, a pesar de las dificultades que las leyes estatales ponen a la contratación de nuevo personal y aun cuando la infraestructura del Consistorio no está preparada para un esfuerzo inversor tan importante, hemos sido capaces de ejecutar prácticamente el 93% de todo el presupuesto.Se ha conseguido mientras se reducía la deuda en más de 922 millones de euros (19%) y mientras se obtenía un superávit de 1.022 millones. La inversión por habitante ha sido superior a 180 euros.

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“Hemos encontrado muchas irregularidades de la anterior gestión” (Entrevista a Eduardo Garzón)

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Nueva Revolución

Continuamos hoy con la segunda parte de la entrevista a Eduardo Garzón (Primera parte: Eduardo Garzón: “El desempleo es una decisión política”) en la que hablamos del Ayuntamiento de Madrid y de la gestión que está haciendo Ahora Madrid del mismo y que nos puede ayudar a entender un poco más como se está gestionando uno de los ayuntamientos del cambio y también uno de los más importantes de España.

La charla continua en el despacho de Eduardo y sospecho que a estas alturas ya debemos ser, si no los únicos que quedan ahí dentro, sí de los últimos. En esta segunda parte hablamos de la gestión anterior por parte del PP y de todo lo que el nuevo equipo de Gobierno se está encontrando entorno a contratos y adjudicaciones. También sobre como el equipo capitaneado por Manuela Carmena, ha conseguido reducir la deuda del Ayuntamiento desde su entrada al mismo en más de 1.793 millones de euros, lo que representa un 32% de la deuda que existía en junio de 2015 y además han conseguido hacerlo aumentando el gasto social y también las inversiones en la capital.

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Parar al PP, también en la contratación pública

Autor: Gerardo Pisarello y Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

Cuando las administraciones públicas compran bienes y servicios inciden de manera decisiva en la orientación de la economía. El contrato municipal de la luz en Barcelona, que se está resolviendo estos días, es un buen ejemplo de ello. No es lo mismo incluir cláusulas que obliguen a las empresas adjudicatarias a evitar cortes de suministros que no hacerlo. No es lo mismo dividir los contratos en lotes para abrir espacio a las pequeñas y medianas empresas o a las cooperativas, que favorecer a los oligopolios energéticos de siempre.

En diciembre del año pasado, representantes municipales y organizaciones sociales y ecologistas suscribimos la llamada Declaración de Málaga. En ella sosteníamos que la contratación pública debía ser un instrumento de transformación socioeconómica. Y que para eso era necesario superar algunas prácticas dominantes en los últimos años.

Bajo la hegemonía de los discursos neoliberales, en efecto, las administraciones han tendido a otorgar a la oferta económica más baja un papel predominante a la hora de adjudicar contratos. Con ello, el poder público ha contribuido a menudo a reforzar los peores aspectos del actual modelo económico: precarización laboral, crecimiento de la brecha salarial entre hombres y mujeres o disminución de los estándares ambientales. Y no solo eso. Con frecuencia, la opacidad que ha rodeado las prácticas de contratación ha sido caldo de cultivo para la corrupción, el trato de favor de las empresas del IBEX e incluso la financiación ilegal de los partidos tradicionales.

Conscientes de ello, ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona o Zaragoza, hemos venido impulsando nuevas guías de contratación pública para dar un giro a esta tendencia. Por ejemplo, incluyendo requisitos exigentes en materia social, laboral, ambiental o de igualdad de género. O impulsando una mayor concurrencia para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas. O prohibiendo que empresas con actividades ilícitas en paraísos fiscales contraten con la administración.

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