Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Libro “Nuevos movimientos sociales. De la calle a los ayuntamientos”

Autor: Angel Calle Collado

La era post-15M. Gente que siguió movilizándose, municipios por el cambio, caldo de cultivo para la economía social… también partidos que intentaron recoger votos de ese descontento. Y políticas públicas que han querido ser cercanas a la gente, a nuestras necesidades más básicas

De todo esto hablamos en el libro Nuevos movimientos sociales que felizmente nos coordinaron Pedro Ibarra, Mercè Cortina Oriol, Salvador Martí, Ariel Sribman.

En editorial Icaria!

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Operación Chamartín: cómo hacer negocio privado a costa del suelo público

Autor: Alberto Garzon Espinosa y Sol Sanchez

eldiario.es

Una de las puertas que se abre tras la moción de censura que ha llevado a Rajoy de Moncloa a Santa Pola es la posibilidad real de que se produzca un vuelco en las políticas opacas, corruptas y al servicio de la oligarquía financiera que el gobierno del Partido Popular ha protagonizado en los últimos años.

Hacer negocio privado a costa de lo público ha sido una constante que es imprescindible detener de manera inmediata. Por eso, los principios e instrumentos de actuación pública en materia de urbanismo fueron siempre los grandes olvidados por la derecha en nuestro país. Y un ejemplo claro es el desarrollo de la Operación Chamartín en la ciudad de Madrid que, si bien nacieron bajo el gobierno del PSOE en 1993, su deriva -siempre buscando el beneficio de los intereses privados- ha ido incrementándose con las consecuentes renovaciones de convenios y pactos entre ADIF, DCN (formada por el BBVA y la Constructora San José) y el Ayuntamiento de Madrid.

Pero las circunstancias han cambiado y la llegada al gobierno del Partido Socialista debería suponer un giro radical en las políticas que ha implementado el Partido Popular. Nadie podría entender que siguiera primando la opacidad y el lucro de las élites en vez de las necesidades de la mayoría social.

Por eso Izquierda Unida, en el marco del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, presentó la semana pasada una Proposición No de Ley pidiendo al gobierno actual la cancelación del convenio entre ADIF y DCN y emplazando, asimismo, a formalizar un convenio entre administraciones públicas que ponga solución a las necesidades de los barrios adyacentes a la estación y garantice que el suelo público es empleado con fines puramente sociales.

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Imperialismo defensivo: de populismos y migraciones (Cuaderno postcrisis: 9)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

La dinámica del capitalismo se ha basado en la expansión permanente. En términos espaciales y en términos de un creciente número de actividades  sujetas a la lógica de la rentabilidad privada.  Las sociedades capitalistas se desarrollaron dentro del proceso que el historiador Alfred Crosby llamó acertadamente de creación de “nuevas Europas”. Un proceso a través del cual Europa exportó personas, tecnologías, animales, vegetales y parásitos para tratar de reproducir en otras latitudes el mismo tipo de producción que existía en Europa. Crosby llamó acertadamente a este proceso “Imperialismo Ecológico” porque de lo que se trataba era de reproducir el hábitat productivo europeo.  Esta primera fase colonizadora incluye muchas de las características que podemos encontrar en las sucesivas fases del capitalismo:  papel crucial de la esfera pública que garantiza condiciones básicas del proceso (de la financiación de las primera exploraciones, a la construcción de infraestructuras y la garantía de los mecanismos coactivos básicos),  proyectos de enriquecimiento privado cobijados bajo esta intervención,  destrucción de las condiciones sociales y materiales que garantizaban la vida de los pueblos colonizados,  ignorancia de los impactos ambientales, recurso recurrente a la violencia tanto pública como privada. La historia posterior ha experimentado numerosas variaciones del proceso pero la tendencia a la expansión, a la reproducción de modelos productivos y sociales, no ha cesado. La globalización neoliberal del último periodo ha sido una nueva variante de un viejo proceso adaptado a las nuevas condiciones del mundo post-colonial y a las potencialidades que ofrecían las tecnologías del transporte y las comunicaciones.

Hay muchos aspectos comunes en estos procesos. En primer lugar, un olvido bastante persistente de las condiciones sociales y ambientales que sustentan la posibilidad de un proceso productivo reproducible. Esto es muy obvio en la economía extractiva de la minería (y de gran parte de la pesca) o en la destrucción de comunidades humanas generada por el esclavismo, pero su continuidad es evidente tanto en la relación que establece la economía capitalista con el mantenimiento de la vida (básicamente realizado en la esfera doméstica) como en la continuada ignorancia de los ciclos naturales y la proliferación de desastres ecológicos. En segundo lugar, la persistencia de una visión eurocéntrica, racista con respecto al resto de poblaciones con las que se interacciona. Sin este supremacismo moral hubiera sido más difícil autolegitimar  el esclavismo, la expulsión de las poblaciones indígenas, la servidumbre y la rapiña que caracterizan gran parte de nuestras relaciones con el Sur. En tercer lugar, la ya comentada colaboración público-privada, en la que el sector público garantizó los elementos de fuerza y las infraestructuras básicas de modo que empresas e individuos se limitaron a desarrollar sus “proyectos” privados dentro del contexto que los hacía viables. Y en cuarto lugar, una permanente transformación de la geografía productiva  del planeta, con tendencias a la concentración espacial de las actividades, la desertización de otros espacios, etc. Quizás la resultante más evidente es la imparable tendencia a la urbanización. Seguir leyendo…

Municipalismos: en México se piensa mucho en ti

Autor: Angel Calle Collado

El Salto

México y este país quizás compartan más de lo que piensan. Compartimos situación periférica dentro de economías y poderes políticos que nos desbordan por el Norte. Compartimos tradiciones de ida y vuelta, como lenguas, músicas y poéticas que van y vienen. Sobre México se asientan cerca de 60 culturas. Como aquí, compartimos una mal encajada diversidad política y cultural: nos movemos de forma excluyente entre distintas raíces identitarias, donde la diferencia es percibida como amenaza y no como riqueza de un Estado, por otra parte, progresivamente neoliberal y conservador.

Compartimos también búsquedas de nuevas formas de hacer política, intentando desplazar las referencias tradicionales asentadas en las últimas décadas, dentro del juego institucional representativo, en un bipartidismo de centro-derecha. Allá PAN (Partido de Acción Nacional) como remedo conservador del PRI (Partido Revolucionario Institucional), acá PP como valedor de una vieja y desigual España que encuentra apoyos en el PSOE.

En ambos países han emergido apuestas políticas que buscaban promover alternativas para canalizar el descontento. Y entre las alternativas comunes, el municipalismo es una propuesta que se enfrenta a aquellas que emergen desde la izquierda institucional.

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“Cristóbal Montoro ha sido el ministro más nocivo que ha tenido este país” (Entrevista a Carlos Sánchez Mato)

Autor: Carlos Sanchez Mato

eldiario.es (Fátima Caballero)

Carlos Sánchez Mato (Madrid, 1970) nos recibe en su despacho, ahora en la Junta municipal de Latina. Sumó la presidencia del distrito a la de Vicálvaro después de su cese al frente del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena le destituyó por su negativa a apoyar en el Pleno el plan económico pactado con el ministro Cristóbal Montoro, que incluía recortes a cambio de levantar la intervención de las cuentas municipales. A esta gestión suma su cargo como responsable económico de Izquierda Unida.

Como responsable de economía, el concejal ha sumado a la cuenta de resultados del Consistorio 1.000 millones de euros de superávit anuales y ha reducido la abultada deuda más de 2.500 millones. Los últimos datos económicos que le avalan tiene que ver con la empresa Funeraria de Madrid, que el edil remunicipalizó y que como se ha conocido este jueves ha pasado de pérdidas de 233.000 euros el último año de gestión privada, a 4,1 millones de beneficio desde que la gestión es pública bajo su supervisión como vicepresidente del consejo administrativo de la sociedad municipal.

Detrás de su escritorio hay tres clavos que antes sujetaban el retrato del Rey Felipe VI. Ahora Sánchez Mato lo tiene al lado de un mueble contra la pared. El concejal sonríe cuando se le pregunta por la caída del Gobierno de Mariano Rajoy y la de Montoro, su principal adversario como delegado de Economía y Hacienda: “Se abre una nueva etapa”, dice. También se muestra escéptico con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, los nuevos ministros no tienen el perfil más deseable para la formación a la que representa. Lo que tiene claro Sánchez Mato es qué medidas le gustaría que tomara el líder socialista para que esa desconfianza desaparezca.

¿Cómo se encuentra después de seis meses fuera del área de Economía y Hacienda y de la Junta de Gobierno?

Evidentemente fue una situación traumática, más que en lo personal por lo que políticamente supuso. Pero esa situación traumática no hunde a una persona que ya tiene unos años de experiencia política, aunque no sea en cargos institucionales. Lo que he hecho es dedicarme a las actuales tareas con el mismo empeño, con las mismas ganas y con la misma fuerza con las que he desempeñado las anteriores.

En una semana ha cambiado radicalmente el panorama político del país después de que la moción de censura de Pedro Sánchez prosperase. ¿Cómo valora la caída del Gobierno de Mariano Rajoy?

Tenemos una enorme satisfacción. Pero como dice mi coordinador federal [Alberto Garzón] también un optimismo moderado. Hemos trabajado en años anteriores con el Partido Socialista y evidentemente tenemos un elevado grado de escepticismo acerca de sus posibilidades de enfrentarse a lo que son los elementos más importantes y negativos del régimen del 78. Pero eso no quita que hay una enorme alegría. Personalmente estoy muy contento de que Rajoy y todo su equipo de Gobierno estén apartados del centro de la vida política. Era un tema de salud pública.

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La pelea por la participación democrática en Barcelona y los límites de la democracia en el capitalismo

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

Las movilizaciones del 15-M están en la base del triunfo de la “nueva izquierda” en las elecciones municipales de 2015. Por nueva izquierda me refiero a las coaliciones que auparon al poder a Manuela Carmena, Ada Colau y el resto de alcaldes y alcaldesas municipalistas, hegemonizadas por el impulso de iniciativas y movimientos que partían de una visión diferente del de la izquierda tradicional (aunque ésta se sumó con bastante entusiasmo a estas coaliciones). Se trata de una izquierda que apela a cuestiones básicas como la igualdad, la democracia y el ecologismo sin ponerla en el contexto estructural en el que se ha situado la izquierda marxista. El 15-M fue ante todo una demanda de nuevas fórmulas de participación democrática, de promoción de nuevos modelos participativos basados más en el individuo que en la colectividad. Más en el yo que en el nosotros. Donde las redes de telecomunicaciones han sustituido a los viejos proyectos de democracia consejista por modelos de participación directa individual. Más acorde con la cultura individualista de los tiempos actuales, con el desprestigio de la experiencia soviética, con la ingenuidad con la que se abordó el nuevo cambio tecnológico. Y los nuevos Ayuntamientos surgidos del cambio se aprestaron a propiciar un modelo de gestión participativa, de promoción incluso de la coproducción de políticas.

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En la punta de los dedos

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Esta semana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió a desbloquear el superávit de los ayuntamientos de todo el Estado para que estos puedan reinvertirlos en las llamadas inversiones financieramente sostenibles. Atiende así a una petición urgente de la Federación Española de Municipios y Provincias y también a la presión ejercida por Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados por medio de una proposición de ley admitida a trámite en contra de la voluntad de PP y Ciudadanos.

Es una buena noticia, que da aire a muchos municipios, y es la señal de que hay que redoblar la atención y también la presión. Debemos estar vigilantes porque el desbloqueo anunciado por Montoro aún no se ha hecho realidad. Debemos presionar para ir más allá, a lo esencial, que no es otra cosa que la imprescindible reforma de la regla de gasto. Eso es lo que verdaderamente permitirá hacer unos presupuestos municipales acordes a la realidad de ingresos y necesidades de las ciudades, lo que dará libertad de planificar todas las inversiones precisas y no solo unas concretas.

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Un posible plan de apoyo municipal al pequeño comercio de Madrid

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Uno de los objetivos que nos marcamos en el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid fue impulsar la actividad económica de los pequeños comercios madrileños. Debido a ello, decidimos estudiar medidas que cumplieran ese objetivo. Tras muchas reuniones con asociaciones de comerciantes y de economía social y solidaria, esbozamos un plan de apoyo al pequeño comercio local madrileño que permitiese al mismo tiempo dotar de mayor margen fiscal a un ayuntamiento que ya estaba siendo claramente atacado por el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro. Desgraciadamente no nos dio tiempo a terminarlo ni a poder iniciar su puesta en marcha a través de un proyecto piloto. No obstante, recojo aquí sus planteamientos básicos con la intención de que no caiga en el olvido por si en algún momento se barajara la posibilidad de recuperarlo, de mejorarlo o de imitarlo en el Ayuntamiento de Madrid o en cualquier otro ayuntamiento.

¿POR QUÉ ES NECESARIO?

En los últimos años el pequeño comercio madrileño se ha visto enormemente afectado por el efecto combinado de la crisis económica, de las políticas de austeridad y del auge de los grandes establecimientos comerciales, que han arrebatado importantes cuotas de mercado a los pequeños comercios hasta incluso llegar a provocarles el cierre a muchos de ellos. Hay estudios que señalan que por cada empleo que se origina en un gran almacén se destruyen entre 1,4 y 5 empleos en el pequeño comercio. Debido a la importancia de este tejido productivo, tan cercano al consumidor y tan rico en creación de empleo, resulta imperioso que las instituciones públicas tomen partido y apoyen su actividad.

Además, dependiendo del mayor o menor éxito del plan, el Ayuntamiento podría conseguir aumentar ligeramente su capacidad fiscal, permitiendo así incrementar moderadamente el gasto e inversión pública sin necesidad de incrementar impuestos y sin afectar a normas presupuestarias como la Regla de Gasto.

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Conferencia de Carlos Sánchez Mato en el acto inaugural del Diploma “Análisis critico del capitalismo” (MAÑANA a las 18h, Salón de Grados, Facultad CC.Económicas, UCM)

Autor: Xabier Arrizabalo Montoro y Carlos Sanchez Mato

Tenemos el agrado de invitaros al acto inaugural de la octava edición del Diploma de Formación Continua de la UCM“Análisis crítico del capitalismo (El método marxista y su aplicación al estudio de la economía mundial actual)”.

Consistirá en una conferencia de Carlos Sánchez Mato, economista y concejal del Ayuntamiento de Madrid: “Limitaciones a la gestión económica municipal por las políticas de ajuste de la UE”

​Contaremos también con la participación de Fernando Álvarez Rodríguez, economista e interventor de la administración local.


Será el próximo miércoles, día 7 a las 18h, en el Salón de Grados de la Facultad.

La asistencia es libre, ​seréis muy bienvenidos y bienvenidas. Os agradecemos la ​re​difusión de ​est​a convocatoria​.

Arbitrariedad versus Estado de derecho

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Confidencial

Madrid “no es la ciudad más incumplidora de las reglas fiscales. No es un ayuntamiento en mala situación y su evolución está siendo la correcta, no vemos por qué se tomó esa decisión del seguimiento semanal de sus cuentas”. Porque “Madrid ha elevado su contribución al superávit acumulado de las entidades locales, mientras otras la han reducido y además ha reducido su deuda en los últimos años”.

Los entrecomillados no son míos, sino de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF), que no puede considerarse precisamente una instancia de parte. Se trata de un organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno español, a iniciativa de la Unión Europea y como consecuencia del ‘Memorándum de entendimiento’ que el rescate bancario nos obligó a suscribir.

Durante la reciente presentación de su informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de 2018 de las entidades locales, los representantes de este organismo independiente apuntaron que la decisiones del Ministerio de Hacienda respecto a Madrid son inexplicables.

De hecho, en Madrid ocurre exactamente lo contrario que en los nueve ayuntamientos de todo el Estado que están en situación crítica. Acumulan deuda que llega a alcanzar el 500% con respecto a los ingresos y pagan a los proveedores a más de 600 días, frente a los siete días en los que paga Madrid. El caso más sintomático es el del Ayuntamiento de Jaén, en que fue alcalde el actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, y que bajo su mandato deterioró sensiblemente sus cuentas. Este año se prevé que su deuda superará los 462 millones de euros, más del 400% de los ingresos. Madrid estará por debajo del 60% en 2018 y cuando accedimos al gobierno el ratio era del 141%. Jaén no ha sido intervenido, Madrid sí.

Creo que estoy en condición de explicarle a la AIReF las razones de la actuación del Ministerio de Hacienda. No son otras que la arbitrariedad y la utilización del Gobierno central como ariete político contra una Administración que tiene un signo político diferente.

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Defender Madrid de Montoro y de los recortes

Autor: Pablo Carmona

La Marea

Con los últimos acontecimientos sobre el presupuesto de Madrid se demuestra que, en materia de austeridad, Madrid constituye el campo de pruebas más avanzado de nuestro país. El culebrón de tecnicismos y cifras sobre el presupuesto madrileño que ocupa la agenda pública no responde más que a una batalla política. De un lado, el gobierno del PP quiere secar las arcas municipales e intervenir sus cuentas. Del otro, el Ayuntamiento de Madrid defiende a capa y espada un presupuesto con un enorme superávit capaz de cubrir buena parte de las necesidades sociales y las inversiones que tanto demanda la ciudad.

Las reglas del juego vienen marcadas por el famoso artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como Ley Montoro. Esta ley –además de aplicarse–, ha sido interpretada y retorcida en la persecución contra Madrid desde los más amplios malabarismos políticos. De nada han valido las muestras de solvencia, e incluso las concesiones en forma de recortes no estructurales que se han hecho desde el Ayuntamiento en sus últimos documentos, todos los intentos han sido tumbados. Sencillamente, Montoro no busca un acuerdo con Madrid, sino su rendición.

Como se ha ratificado en los últimos días, son muchas las administraciones que incumplen la regla de gasto, pero los mismos criterios de estabilidad que valen para otras administraciones no son efectivos para Madrid. El propio Montoro, año tras año, tiene que pedir prórrogas a Bruselas producto de sus reiterados incumplimientos con los compromisos adquiridos en materia de déficit y deuda pública. Sin embargo, el color político del gobierno de Madrid y el de algunas comunidades autónomas o ayuntamientos, son dos muy distintos y ahí está la clave del problema. Madrid se ha convertido en objetivo político evidente.

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Entrevista a Carlos Sánchez Mato: “Tenemos que evitar que el mejor producto del PP sean Ahora Madrid y Manuela Carmena”

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Salto (YAGO ÁLVAREZ @ECONOCABREADO)

El ahora “solo” concejal del distrito de Vicálvaro recibe a El Salto en el hall del Ayuntamiento de Madrid. Sale un momento del pleno municipal para atendernos: “Normalmente hago yo el 25% o 30% de la intervenciones del pleno. Hoy no me toca nada”, explica con cara de resignación. No lleva uno de esos trajes con los que normalmente asistía al edificio de Alcalá 45 y que hicieron que Esperanza Aguirre le llamara “el díscolo de Ahora Madrid por ser el único que se pone corbata”. Hoy, parece que Aguirre acertaba, pero no por los trajes.

Carlos Sánchez Mato ha librado, desde que entró en la concejalía, una batalla política con el Ministerio de Hacienda por la interpretación de la Regla de Gasto. Tras darle la vuelta a las cifras económicas de la ciudad reduciendo su enorme deuda, al mismo tiempo que incrementaba la inversión y el gasto social, el ministro Montoro ha forzado al Ayuntamiento a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que Sánchez Mato se ha negado a apoyar, lo que le ha costado su puesto. El lunes 18 de diciembre fue destituido como delegado de Economía y Hacienda por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

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Montoro y la elección del campo de batalla

Autor: Segundo Gonzalez

ctxt.es

La regla de gasto es uno de los instrumentos más perversos y delirantes de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que desarrolló el artículo 135 de la Constitución reformado en 2012. Mediante la regla se impide que los ayuntamientos puedan utilizar los superávit presupuestarios que han logrado en financiar otra cosa que no sea la amortización de la deuda, incluso si no la tiene. Esto lleva a situaciones antieconómicas y surrealistas como que los ayuntamientos acumulen 20.000 millones de euros en depósitos de efectivo, el mayor saldo de su historia.

Dado que el nivel de déficit de España es la suma de los niveles de déficit de las diferentes administraciones –central, autonómica, local y Seguridad Social– el gobierno central necesita el superávit de los ayuntamientos para cuadrar las cuentas del conjunto del sector público y poder cumplir con los objetivos que marca Bruselas. Sólo en 2016, las cuentas locales se cerraron con un superávit del 0,6% del PIB, mientras que la Administración Central tuvo un déficit del 2,7%. El superávit de los ayuntamientos permite al Gobierno financiar su mala gestión y la política laboral que genera el déficit en la Seguridad Social. Por este motivo, el superávit de los ayuntamientos es tan importante para Montoro.

La regla de gasto, por tanto, es perversa en sí misma. Pero además, su ejecución ha sido arbitraria e irracional, incluyendo cambios de criterio a mitad de la partida con el fin de que Madrid no cumpliera la regla de gasto. Para empezar, el gasto y la inversión de cada municipio se calcula en base a una tasa de referencia del PIB que es no es observable, es decir, es un cálculo que permite mucha discrecionalidad al gobierno. En segundo lugar, su aplicación depende por completo de criterio de Hacienda, que puede cambiar en función de sus intereses: Montoro aplicó en el Ayuntamiento de Madrid unos criterios de cálculo en abril, y otros totalmente diferentes en octubre. Además, Hacienda utiliza la regla de gasto contra Madrid a pesar de que tiene 1000 millones de superávit y ha liquidado ya el 40% de la deuda que le dejó el PP, es decir en dos años ya ha reducido la misma deuda que redujo Botella durante todo su mandato. Sin embargo, permitió mucha mayor flexibilidad en la interpretación de la norma ante otros ayuntamientos, como como el de Jaén, gobernado por el PP.

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En Madrid existían alternativas a la aprobación del Plan Económico de Montoro

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

El pasado 18 de diciembre seis concejales de Ahora Madrid decidieron no votar el Plan Económico Financiero que se presentó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, motivo por el cual la alcaldesa Manuela Carmena cesó al delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, por ser uno de ellos y mostrarse en contra del citado documento. Algunas voces han señalado que aquí se dibujaban únicamente dos opciones: o aprobar un plan económico dictado por Montoro que incluye importantes recortes presupuestarios, o sucumbir a la dolorosa intervención del Ministerio de Hacienda. Pero esto no es en absoluto cierto por varios motivos que se expondrán a continuación.

Es importante recordar que el ataque realizado por Montoro sobre el Ayuntamiento de Madrid es de carácter 100% político, aunque se disfrace con tecnicismos como “Regla de Gasto” o “Plan Económico Financiero”. El gobierno de Ahora Madrid ha demostrado con creces que otra política económica es posible, puesto que en apenas dos años y medio ha incrementado la inversión social en un 74% y las inversiones en infraestructuras en un 102%, al mismo tiempo que ha reducido la deuda en más de un 40% y registrado superávit por más de 1.000 millones de euros. Toda una proeza que atenta contra el discurso manido de los fanáticos de la austeridad con el que se alega que los recortes en el gasto público son necesarios para cuadrar las cuentas. Y para que este exitoso caso de anti-austeridad no se convirtiera en ejemplo a imitar en otras zonas del país, el gobierno del PP con Montoro a la cabeza puso todo su empeño en dinamitarlo.

Para ello recurrió a la Regla de Gasto, un criterio que limita el gasto público independientemente de la cantidad de ingresos que haya. Pero lo hizo retorciendo la interpretación de esta regla hasta llevarla a un punto no recogido en la legislación, al mismo tiempo que denunció en los tribunales determinadas inversiones del consistorio. Se trató de un evidente maltrato discriminatorio, ya que a ningún otro ayuntamiento del país se le han exigido jamás tantísimos recortes ni se le ha intentado parar las inversiones. Prueba de que Montoro exigía recortes exagerados utilizando una interpretación ilegal de la Regla de Gasto es que los técnicos funcionarios del Ayuntamiento no sabían a qué normativa o instrucción atenerse para elaborar el Plan Económico exigido por el Ministerio, o que la propia plataforma informática del Ministerio rechazara la introducción de los datos del Plan, o que el propio órgano fiscalizador del sector público (AIREF) haya reconocido que Madrid tiene las cuentas saneadas y que no entiende la insistente tutela del Ministerio. Montoro quería dar un castigo ejemplar al gobierno de Ahora Madrid, y no le importaba si se saltaba sus propias leyes y normas. Por eso desde el Ayuntamiento de Madrid denunciamos en los tribunales este atropello ilegal.

La última resolución enviada en noviembre por el Ministerio instaba a realizar un plan económico que recogiera recortes de más de 552 millones de euros, pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo. Sin embargo, por alguna razón, desde el Ayuntamiento se quiso aprobar este documento inmediatamente. Así, se ordenó al área de Economía del Ayuntamiento hacer ese plan económico. El plan lo elaboraron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo. Carlos Sánchez Mato ha cumplido, con lealtad, con sus obligaciones procedimentales hasta el último día. Otra cosa son sus posicionamientos políticos, donde no se le puede obligar a apoyar algo que no comparte, que no ha elaborado y que considera un grave error político y económico, especialmente cuando ello no se ha debatido en ningún espacio de Ahora Madrid. Por eso, dada la importancia de la votación, desde Izquierda Unida solicitamos que se consultara a las bases de Ahora Madrid su opinión al respecto, pero fuimos ignorados.

Desde el equipo de Carlos Sánchez Mato proponíamos una alternativa diferente: no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la Regla de Gasto y nos librásemos así de la tutela del Ministerio. Ganar tiempo era la mejor estrategia, porque se podían ganar los recursos en los tribunales (insisto en la atrocidad en términos jurídicos cometida por el Ministerio) o se podía cambiar la Regla de Gasto en el Congreso de los Diputados gracias a una proposición de Unidos Podemos en cuyo diseño participamos.

En cualquier caso, y poniéndonos en la peor de las situaciones, acorde al segundo punto del artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la hipotética intervención de Montoro supondría el envío de funcionarios del Ministerio que aplicarían exactamente los mismos recortes que va a aplicar ahora el gobierno de Ahora Madrid. Es decir, en el peor de los casos el coste económico sería el mismo y el coste político lo sufriría únicamente el gobierno de Rajoy y no el gobierno de Ahora Madrid.

Por eso es falsa la disyuntiva presentada al comienzo de este artículo. Había opciones diferentes a la de aprobar los recortes de Montoro, todas menos dolorosas para el proyecto político de Ahora Madrid y para el bienestar de la ciudadanía madrileña.

El Plan aprobado recoge un recorte de más de 552 millones de euros, un 13% del presupuesto. Concretamente recoge un recorte bestial del 55% en inversiones. Estos datos pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento.

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Sobre la destitución de Carlos Sánchez Mato como concejal de economía del Ayuntamiento de Madrid

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

Desgraciadamente se están lanzando varios mensajes inexactos (o directamente falsos) sobre la destitución de Carlos Sánchez Mato. Como una de las personas que han vivido de ceca este episodio, me veo obligado a aclarar estas confusiones.

1) El Ayuntamiento de Madrid estaba demostrando que otra política económica es posible (incremento inversor y cuentas saneadas) y eso no podía ser permitido por el mayor fanático de la austeridad: el PP con Montoro a la cabeza.

2) En su intento por hacer fracasar el proyecto de Ahora Madrid, Montoro realizó una interpretación ILEGAL de la Regla de Gasto, y exigió recortes mucho más exagerados que los que ha pedido a otros ayuntamientos incumplidores de tal regla. Quería un castigo ejemplar.

3) Montoro cambió las reglas a mitad del partido únicamente para maltratar al gobierno de Ahora Madrid. Los técnicos del ayuntamiento (que no son de izquierdas) alucinaron con este evidente maltrato. Por eso denunciamos en los tribunales este atropello ilegal.

4) Montoro exigió la realización de un plan económico que recogiera recortes de más de 533 millones €. Una salvajada que, insisto, no se atiene a la legislación. Pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo.

5) Sin embargo, inexplicablemente a la alcaldesa le entraron prisas y ordenó al área de economía hacer ese plan económico. El plan lo hicieron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo.

6) La alternativa que proponía Carlos Sánchez Mato era no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la Regla de Gasto y nos librásemos así de la tutela del Ministerio.

7) Ganar tiempo era la mejor estrategia, porque se podían ganar los recursos en los tribunales o se podía cambiar la Regla de Gasto en el Congreso de los Diputados gracias a una proposición de Unidos Podemos en cuyo diseño participó el propio Carlos.

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Adiós al sinsentido de la regla de gasto

Autor: Segundo Gonzalez y Ricardo Molero Simarro

Público.es

El anuncio de la injustificada intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda ha llamado la atención de mucha gente sobre el sinsentido de la denominada “regla de gasto”. Aunque parece compleja por las consecuencias absurdas que conlleva, la regla es en realidad fácil de entender: impide que los entes locales puedan incrementar su gasto por encima del crecimiento, pasado y previsto, del PIB, incluso aunque presenten superávit en sus cuentas y bajo nivel de deuda. Este es el caso de Madrid, que no sólo ha mantenido sus ingresos sistemáticamente por encima de los gastos, sino que ha reducido la deuda que le dejó el anterior consistorio del PP en hasta un 40% en apenas un par de años. La intervención dictada por Montoro es una intromisión sin fundamento económico, ni jurídico. No obstante, sí era esperable porque su único objetivo es evitar que los casos de gestión exitosa por parte de los ayuntamientos del cambio se conviertan en ejemplo de alternativa de país.

Uno de los principales objetivos de los últimos gobiernos ha sido convertir la austeridad fiscal, una política económica fallida, en una obligación legal. El primer paso dado en ese sentido fue la reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada por PSOE y PP en 2011, que dio prioridad al pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto público. En 2012, el Gobierno del PP aprovechó su mayoría absoluta para aprobar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en la que se concreta el mandato del 135. Todo ello ha dado lugar al establecimiento de un “techo de gasto” público cada vez más bajo para la Administración General del Estado; a una reducción forzada del déficit de las Comunidades Autónomas, que son las que tienen bajo su competencia los servicios públicos más importantes; y a una severa aplicación de la denominada “regla de gasto”, que impide que los ayuntamientos, cuyas competencias son también esenciales para el bienestar de la ciudadanía, puedan utilizar los superávit presupuestarios que han logrado en otra cosa que no sea la devolución de la deuda.

Esta priorización del pago de la deuda y, en general, de las políticas de austeridad se encuentra completamente injustificadas. Antes de la crisis, España era uno de los Estados de la Unión Europea (UE) que menor porcentaje de deuda pública tenía, un 35,6% sobre el PIB, muy por debajo del límite del 60%. El incremento de la misma que se produjo después fue consecuencia de la activación de los “estabilizadores automáticos”-la reducción automática de los ingresos públicos y aumento automático del gasto público debido a la caída de la actividad económica- así como de la carga del rescate bancario. Por otro lado, ni la reforma del artículo 135, ni la aprobación de la LOEPSF explican, como nos quiere hacer creer el Gobierno, el descenso de la prima de riesgo que ha tenido lugar durante los últimos años. Dicho descenso solo ha sido posible gracias al programa de compra de títulos de deuda pública implementado por el Banco Central Europeo. Al incrementar la demanda de estos títulos, ese programa ha reducido los tipos de intereses que soportan los estados europeos, incluido el nuestro.

A pesar de que la austeridad lo único que han conseguido es que nos convirtiésemos en uno de las economías que más tarde ha recuperado sus niveles de PIB, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro se ha obstinado en convertirse en el paladín de los recortes, poniendo en marcha una cruzada contra los ayuntamientos en la que ha utilizado la regla de gasto como principal arma. Para ello no ha dudado en amenazar con la aplicación de injustificables medidas  coercitivas y de control que la LOEPSF establece contra los ayuntamientos que la incumplan, con especial fijación en aquellos que no son de su color político.

Además, la regla de gasto es cuestionable debido a varias razones: Seguir leyendo…

Madrid, capital europea de la energía solar

Autor: Bruno Estrada Lopez

Radicales Libres

La ciudad de Madrid, vapuleada y esquilmada durante más de dos décadas de gobiernos del PP, ha empezado a disfrutar de una hermosa primavera desde 2015.

Para el Partido Popular las administraciones públicas, y particularmente el Ayuntamiento de Madrid, se habían convertido en un lugar de donde extraer enormes plusvalías para sus amiguetes a costa del deterioro de los servicios de los madrileños, de los derechos y salarios de los trabajadores que tenían que realizar esos servicios. Generaron un enorme endeudamiento, que lastraba la capacidad de afrontar las inversiones que realmente necesita nuestra ciudad.

El equipo de Manuela Carmena ha hecho mucho trabajo en la penumbra durante estos dos años cuyos resultados ahora estamos empezando a ver, y disfrutar, los madrileños.

Las restricciones presupuestarias que ha sufrido el Ayuntamiento de Madrid debido a las herencias de la nefasta gestión de Gallardón y Botella, y el cerco fiscal al que le ha sometido Montoro, no han permitido desarrollar más iniciativas, pero ahora es el momento de empezar a pensar qué ciudad queremos seguir construyendo a partir de 2019: Madrid, la capital europea de la energía solar.

Las ciudades son verdaderos sumideros de energía, representan el 75% de la demanda total. Sin embargo cada vez más ciudades están apostando por incentivar la producción de energía eléctrica a escala local, ya que es una estrategia que crea valor añadido local, que garantiza el suministro eléctrico e incrementa el ahorro al reducirse sustancialmente las pérdidas en la red de distribución. ¿Donde se puede producir energía en Madrid?

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Madrid, qué bien resistes

Autor: Bruno Estrada Lopez

El Siglo de Europa

“No te olvides que nosotros ganamos la guerra”, dijo Cristóbal Montoro a su interlocutor en una charla informal hace varios años, a la vez que se llevaba la mano a la chaqueta, a la altura de la cartera.

Al hilo de los recientes acontecimientos estas crueles palabras cobran hoy una nueva magnitud. Pareciera como si la derecha más carpetovetónica hubiera salido otra vez de las profundas cavernas a las que lo había llevado el devenir de la Historia y quisiera librar una nueva batalla de Madrid. Afortunadamente es sólo una batalla política, no es una cruenta batalla militar como la que hace ochenta años asedió y masacró nuestra ciudad.

Hoy la aviación y artillería alemana han sido sustituidas, afortunadamente, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ha permitido una intervención discrecional del Ministerio de Hacienda en nuestro ayuntamiento (discrecional porque el Ayuntamiento de Jaén, gobernado por el PP, está en una situación similar sin que haya sido intervenido). Montoro ha ignorado que Manuela Carmena ha reducido la deuda en más de 2.000 millones de euros, un 40% del total del endeudamiento al que había conducido la ruinosa gestión de los anteriores alcaldes del PP, y que se ha alcanzado un superávit presupuestario de más de 1.000 millones de euros.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria, hay que recordarlo, es el desarrollo legislativo de la reforma constitucional pactada en agosto de 2011 para modificar con nocturnidad y alevosía el artículo 135 de la Constitución (la ley fue finalmente aprobada en 2012 con los votos a favor del PP, CiU, UPyD y UPN). Esta ley elevó a rango normativo una parte importante de los componentes de la ideología neoliberal, el “déficit cero” de las administraciones públicas, cuyo principal objetivo es socavar el Estado del Bienestar. Keynes, arrojado al rincón de la Historia.

El concepto neoliberal del “déficit cero” niega al sector público lo que es un comportamiento habitual de las empresas privadas: la capacidad de financiar la compra de bienes de equipo, o gastos de I+D+i, (infraestructuras y equipamientos sociales en el caso del sector público) que requieren inversiones plurianuales y, por tanto, endeudamiento. El recurso al crédito es el pan de cada día en el mundo empresarial.

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El escándalo de Madrid Calle 30 que empobreció a ciudadanos y enriqueció a constructoras

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

Cuando el Ministerio de Fomento cedió la circunvalación M-30 al Ayuntamiento de Madrid en 2004, el gobierno de Gallardón decidió iniciar su reforma y presentarla como logro central de su mandato municipal. Pero la reforma de una infraestructura de esas características requería, en condiciones normales, un plazo de tiempo muy superior a los cuatro años, por lo que la única forma de terminar las obras a tiempo para sacar pecho de cara a las elecciones municipales era llevar a cabo prácticas excepcionales que lograran acelerar sobremanera el proceso. Estas prácticas van desde lavulneración de la legislación de protección medioambiental y de la salud (constatada por tribunales y que convierte a las obras en ilegales) hasta el incremento desorbitado de horas laborales extraordinarias que sufrieron los trabajadores (seis de ellos murieron durante el transcurso de las obras), pasando por la violación sistemática de los trámites administrativos. Todo con tal de acabar las obras a tiempo, independientemente del daño económico, social y medioambiental que pudiera generar. Una actuación abominable que no puede quedar impune.

Ni que decir tiene que este acelerón encareció extraordinariamente el proceso. Las obras de reforma se presupuestaron por 2.458 millones de euros, pero finalmente supusieron un coste de 3.508 millones de euros, un 42% más. Estamos hablando de mucho más de la mitad del presupuesto anual del ayuntamiento, lo que incrementaba la deuda hasta un nivel que no estaba permitido por las autoridades europeas. Para disimular el estropicio, Gallardón privatizó parcialmente la empresa pública encargada de reformar la M-30 y escondió ahí la deuda para que no pudiese ser achacada al ayuntamiento. Pero se pilla antes a un mentiroso que a un cojo y en 2011, tras una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, el gobierno del PP tuvo que dar marcha atrás y trasladar toda la deuda de la empresa mixta al ayuntamiento, lo que hizo que la deuda municipal se disparara hasta situar a la capital del país en la ciudad más endeudada de todas y con mucha diferencia.

Lo peor de todo es que en este mezquino intento de ocultar el cadáver bajo la alfombra, el gobierno de Gallardón volvió a vulnerar todo tipo de preceptivos legales. La normativa no contempla en ningún sitio que se pueda privatizar (ni siquiera parcialmente) la gestión de una calle pública. Esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo porque la gestión de una calle no es susceptible de ser llevada a cabo por empresarios particulares ya que no se cobra a los usuarios de la carretera y los únicos ingresos de la empresa provienen del ayuntamiento. Este extrañísimo modelo de gestión encareció la factura del Ayuntamiento, que pasó a pagar por conceptos por los que antes –cuando la empresa era 100% pública– no pagaba, como dividendos, impuestos de sociedades, IVA e intereses por el préstamo del socio privado. De hecho, desde 2005 hasta 2017 el Ayuntamiento ha pagado 597 millones de euros por estos conceptos, una cantidad que se hubiese ahorrado si la empresa hubiese sido 100% pública. Para que nos hagamos una idea de las prioridades del gobierno del PP, ese volumen es superior a lo que el equipo de gobierno del Partido Popular presupuestó para gasto social en 2015. Además, puesto que la privatización está blindada por contrato, si no cambian las cosas el Ayuntamiento tendrá que pagar hasta 2040 unos 1.250 millones de euros más por estos motivos. Un agujero en toda regla para las arcas municipales.

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Aún con palos en las ruedas, Madrid se mueve

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

El pasado viernes 17 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aceptó imponer medidas cautelares a solicitud de Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y ordenó paralizar inversiones del Ayuntamiento de Madrid por valor de 275 millones de euros. Contra esta medida el gobierno municipal va a presentar un recurso de reposición y medidas alternativas para no tener que detener ninguna de las inversiones previstas. Es una muy mala noticia que el TSJM haya aceptado la solicitud de la Delegación del Gobierno. Porque nadie, ni en Madrid ni en el Estado español puede salir ganando con la paralización de obras de mejora en la vía pública, de reformas en cementerios, de compras de nuevos autobuses, de reparaciones en mobiliario urbano, de ampliaciones en polideportivos, de plantación de árboles, de reformas en mercados municipales, de instalación de calefacción para colegios públicos, de rehabilitación de patrimonio verde, de desarrollo de servicios para centros de mayores, de habilitación de nuevas áreas infantiles y de nuevos carriles-bici y bicicletas, etc, especialmente teniendo en cuenta que el Ayuntamiento que las realiza tiene dinero de sobra para ello. Sencillamente, nadie puede entenderlo. La actuación de Delegación de Gobierno, dirigida por Concepción Dancausa parece anteponer la disputa política a los intereses de la ciudadanía madrileña.

Y es que la argumentación que ha utilizado Delegación de Gobierno para pedir estas paralizaciones tiene una base jurídica poco firme ya que se basa en repetir que las inversiones que intenta paralizar ponen el riesgo el cumplimiento de la Regla de Gasto en 2017 por parte del Ayuntamiento de Madrid. Pero eso no responde a la realidad: esas inversiones fueron aprobadas mediante una fórmula administrativa denominada “inversiones financieramente sostenibles” que viene recogida en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el apartado cuarto de la citada ley se deja bien claro que dichas inversiones no computan para la Regla de Gasto al estar financiadas con superávit del ejercicio anterior. “El importe del gasto realizado (…) no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto”, puede leerse bien claro. Por lo tanto, ni un solo euro de esos 275 millones de euros para inversiones pone en riesgo el cumplimiento de la Regla de Gasto. La argumentación se aleja de la realidad y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no ha entrado a valorar el fondo del asunto objeto de controversia, requiere medidas cautelares. Esto obliga al Ayuntamiento a adoptar medidas alternativas que permitirán el cumplimiento del auto sin que ello suponga otra cosa que dificultar el avance de dichas inversiones.

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Madrid no se toca (Concentración frente al Ministerio de Hacienda Sábado 18 Noviembre; 19h)

Autor: Plataforma Madrid No Te Cortes

eldiario.es

El Ayuntamiento de Madrid vuelve a hacer frente a las amenazantes misivas del Ministerio de Hacienda, en un segundo episodio de ‘Montoro contra Madrid’. En esta ocasión se exige a Madrid un recorte de 238 millones de euros en 2017 y 243 millones en 2018. Este conflicto se ha querido reducir a un galimatías legal donde el Ayuntamiento de Madrid aparece como incumplidor de la sacrosanta Regla de Gasto que consiste en anticipar el pago de la deuda -que los anteriores gobiernos del PP contrajeron- sin poder dedicar el superávit a gasto social o inversiones. Pero de lo que se trata en realidad es de un embate político contra otro modelo de gobernar que antepone los intereses de una mayoría social a los de los bancos. Hoy, tras esta nueva ofensiva a la autonomía municipal y la democracia, los vecinos y vecinas de Madrid tenemos un Ayuntamiento intervenido de facto que con una periodicidad semanal debe remitir sus cuentas bajo la amenaza de medidas coercitivas más lesivas aún como la imposición de multas o la propia inhabilitación del Concejal de Hacienda.

Debemos tener presente que el Ayuntamiento de Madrid se encuentra en una situación financiera inmejorable. Gracias a una buena política de ingresos el consistorio ha generado un importante superávit (más de 1.000 millones de euros sólo en el año 2016), lo que equivale al 16% del total de todas las corporaciones locales, a la vez que ha incrementado la inversión total en un 102%, y la social el 74%. También ha reducido la deuda en más de un 34%, mientras que en ese mismo período la Comunidad de Madrid la ha aumentado en 5.461 millones de euros, es decir, un 20% más en un año. Está claro que las cuentas del Ayuntamiento de Madrid no suponen un riesgo para la economía del Estado español sino todo lo contrario. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda responden a una estrategia clara: impugnar la puesta en marcha de políticas económicas alternativas al austericidio que dictamina la Troika.

Cartel de la Plataforma Madrid No Te Cortes

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Montoro saca la regla. Golpes de austeridad y el gobierno de las finanzas

Autor: Pablo Carmona y Isidro López

El Salto

Ayer martes 7 de noviembre se conoció la intervención –supervisión sería la palabra correcta–, de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministro Cristóbal Montoro. En el nombre de la Regla de Gasto, el golpe en la mesa del gobierno del PP llega en una coyuntura política marcada por la tensión territorial entre el Estado español y Cataluña. En este sentido, resulta tentador a bote pronto plantear la actuación del gobierno central como parte de una política de intervención generalizada de las entidades políticamente “incómodas” para el gobierno del PP. Siguiendo esa lógica, en el día de ayer habríamos vivido una suerte de primer episodio de la aplicación generalizada del artículo 155 de la Constitución, en este caso sobre la ciudad de Madrid.

Sin negar la arbitrariedad política de la decisión de Montoro, esta explicación en clave “nacional” y únicamente centrada en el PP se queda evidentemente corta, además de no ayudar en absoluto a la comprensión de los escenarios que se abren en el corto y medio plazo.

Todo ello obliga a recordar que la Regla de Gasto sólo juega en el campo de las imposiciones de la Unión Europea, siempre encomendada al gobierno de los poderes financieros y como desarrollo específico del artículo 135 de la Constitución que consagra el pago de la deuda como prioridad absoluta. Quizás el producto más acabado del espíritu que llevó a la reforma constitucional exprés votada por un parlamento mayoritariamente compuesto por PP y PSOE y que a duras penas se podía calificar de mínimamente representativo del “país real” en esos momentos posteriores al 15M.

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¿Cuál es el verdadero motivo que lleva a Montoro a intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid?

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

¿Cómo es posible que Montoro haya decidido intervenir las cuentas de un ayuntamiento que tiene más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido la deuda un 40% en apenas dos años? Lo lógico en principio es pensar que una intervención de las cuentas tiene sentido cuando su administración responsable tiene problemas económicos, pero no es el caso del Ayuntamiento de Madrid. ¿Entonces?

La explicación oficial del Ministerio radica en que el Ayuntamiento de Madrid, aunque tenga superávit y reduzca deuda, incumple la Regla de Gasto. Esta Regla nació en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) -que es el desarrollo del reformado artículo 135 de la Constitución Española- y su razón de ser es limitar la cantidad de gasto que puede registrar una administración pública. Ese límite no tiene nada que ver con los ingresos (como podría parecer lógico, para no gastar más de lo que se ingresa), sino que queda fijado en función del crecimiento estimado de la economía española (la estimación la realiza el Ministerio y, por cierto, raramente acierta con ella). Por lo tanto, esta Regla suele provocar que el gasto de las administraciones sea menor que los ingresos, para que así quede suficiente dinero sin gastar, engrose el superávit y pueda ser utilizado para pagar deuda a los bancos. Ése es el objetivo de la Regla de Gasto (recordemos, hija del artículo 135 de la Constitución): priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público.

Por lo tanto, lo que el Ministerio está criticando del Ayuntamiento de Madrid no es que tenga las cuentas saneadas (que a todas luces las tiene), sino que haya incrementando tanto la inversión y el gasto social y provocado por lo tanto una notable reducción del superávit y del dinero que se paga a la banca. Pero es que en esto consistía el proyecto económico que Ahora Madrid recogía en su programa electoral y que está aplicando exitosamente: priorizar -a diferencia de lo que ocurría con gobiernos del PP- la gestión honesta y eficaz de los recursos públicos con el objetivo de maximizar el bienestar de la ciudadanía madrileña. Poner la economía al servicio de la gente y no de los bancos. Para ello es preciso utilizar el dinero del Ayuntamiento en aras de incrementar las inversiones y el gasto social, que en sólo dos años han crecido un 102% y un 74%, respectivamente. Evidentemente, todo ese dinero que se utiliza en mejorar la ciudad es dinero que dejas de tener en la cuenta bancaria, que dejas de utilizar para engrosar el superávit y que dejas de utilizar para pagar deuda a los bancos.

Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid no es la única administración que incumple esta particular regla. De hecho, la administración de cuyas cuentas es responsable el ministro Montoro, la administración central, ha incumplido sistemáticamente esta regla (con la excepción de 2016, y debido a un cambio de metodología). Lo mismo ocurre con muchas comunidades autónomas y otros muchos ayuntamientos. Entonces, ¿por qué esa evidente obsesión del Ministerio con Madrid, que le ha llevado por primera vez en la historia a intervenir las cuentas de un ayuntamiento por este motivo?

Muy fácil: porque el superávit del Ayuntamiento de Madrid es el más voluminoso de todos y es el que más necesita Montoro para presentar unas cuentas bonitas en Bruselas.

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Ni nos domaron, ni nos doblaron ni nos van a domesticar

Autor: Carlos Sanchez Mato

El País

Sometemos a aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Madrid un nuevo Plan Económico Financiero, uno más, por exigencia del Ministerio de Hacienda. A ojos de cualquier observador imparcial, puede parecer paradójico que una corporación local como Madrid —que ha saneado sus cuentas y ha puesto en marcha un ambicioso plan de mejora de la ciudad— sea perseguida con saña por el gobierno del Partido Popular.

Los que tienen que pedir árnica, precisamente esta semana a Bruselas, por ser incapaces de alcanzar el objetivo de déficit pactado con la Comisión Europea, se muestran inflexibles ante un Ayuntamiento que cerró 2016 con un superávit de 1.022 millones de euros. Sin embargo, tiene toda la lógica del mundo porque Madrid está demostrando, y lo va a seguir haciendo, que es compatible potenciar las políticas públicas, tener superávit y reducir deuda. Son hechos claros los que dejan en evidencia a la derecha política y económica.

En 2014 el esfuerzo inversor del Ayuntamiento de Madrid era de 287 millones de euros mientras que en 2017 alcanzará los 581 millones de euros; solamente un aumento del 102%. La inversión en gasto social se ha multiplicado pasando de los 471 millones de euros en 2014 a los 821 millones en 2017. Es decir, se ha incrementado un 74%. Y además lo estamos haciendo mientras en ese periodo de tiempo reducimos un 40% la pesada losa de la deuda que nos dejaron quienes ahora se erigen en paladines de la estabilidad presupuestaria y que no son otra cosa que campeones de los recortes.

Por eso, tenemos que decir alto y claro que este gobierno municipal seguirá manteniendo como objetivo el fortalecimiento de las políticas y servicios públicos y que lo hará en el marco del cumplimiento de una injusta legalidad que exigimos sea modificada, pero que no frenará los compromisos que hemos asumido con el pueblo de Madrid.

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Y el mundo no se hundió

Autor: Carlos Sanchez Mato

ctxt.es

Hace exactamente dos años saltó una noticia que corrió como la pólvora por radios, televisiones, periódicos y redes sociales. El Ayuntamiento de Madrid iba a suspender los contratos que tenía suscritos con las agencias de calificación de deuda, anunciaron los medios, llevándose las manos a la cabeza. Se trataba de “un error innecesario” como titulaba su editorial un periódico de gran tirada.

La decisión fue tomada en el Área de Economía y Hacienda, de la que me encargo desde que Manuela Carmena fue nombrada alcaldesa. Y debo reconocer que nos sorprendió el enorme impacto que tuvo a nivel estatal. Simplemente habíamos decidido no renovar dos contratos con unas empresas privadas cuyos servicios eran prescindibles. Poco más de 100.000 euros al año para un ayuntamiento con un presupuesto de más de 5.000 millones.

Las agencias de calificación conforman un sector oligopolístico, se reparten el pastel entre muy pocas. Se dedican a publicar calificaciones en las que valoran el riesgo de impago y la solvencia de los potenciales emisores de deuda. Es decir, que cuando un gobierno u otra entidad quieren emitir deuda o solicitar financiación, encarga a una de esas pocas agencias que le evalúe.

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