Economía Crítica y Crítica de la Economía

La Paradoja de Kaldor

La recuperación económica de los últimos años no ha servido para alcanzar los niveles de empleo previos a la crisis y el empleo creado es intensivo en sectores de bajo valor añadido. Estos empleos se caracterizan por bajos salarios, alta temporalidad y baja productividad, siendo muy sensibles al ciclo económico y pudiendo desaparecer con una mayor velocidad con la que se crearon si la actual desaceleración económica derivase en recesión. Por este motivo, en paralelo al impulso de la estabilidad laboral, uno de los principales retos que tiene por delante el nuevo Gobierno fruto del pacto entre el PSOE y Unidas Podemos es la modernización del tejido productivo para reorientar la actividad económica hacia sectores de mayor valor añadido.

Existe bastante consenso en que los sectores sobre los que debería pivotar esta modernización productiva de España son la transición ecológica y la digitalización, sectores cuyo desarrollo puede tener gran impacto para relanzar la economía desde una base más sólida. Así mismo, existe una visión bastante compartida en el ámbito progresista de que su impulso en nuestro país tiene que pasar necesariamente por un mayor protagonismo público bajo la lógica del Estado emprendedor.

Este planteamiento consiste en impulsar el papel del sector público como actor industrial capaz de realizar inversiones y tomar medidas proactivas para dinamizar sectores emergentes, orientando la actividad y la inversión privada hacia ellos. Esto supone un giro importante en una política industrial que lleva desde los años 80 anclada en una pasividad catastrófica y requerirá, con seguridad, de un aumento de la inversión pública en el marco de una política fiscal expansiva. Algo que por otra parte es imprescindible para frenar la desaceleración económica en un contexto de agotamiento de la política monetaria.

Las fuerzas políticas de izquierda han desgranado al detalle sus propuestas sobre cómo abordar la transición ecológica a través de propuestas programáticas, proposiciones de Ley o el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima presentado por el Gobierno a principio de año.  Sin embargo, apenas se ha esbozado cómo se debería poner en marcha una agenda de digitalización ambiciosa desde una perspectiva progresista.

El reto a nivel europeo es enorme. Siete de las diez principales empresas del mundo por capitalización son tecnológicas y ninguna de las diez principales compañías tecnológicas a nivel global es europea. Los datos son la materia prima de la economía digital, y actualmente el 90% de los que se generan en los países occidentales está en manos de empresas estadounidenses. Una estrategia digital ambiciosa planteada desde una óptica progresista tiene que tener como objetivo correr para no perder este tren, pero partiendo de un diagnóstico realista sobre en un sector económico tendiente a la concentración que privilegia enormemente a los primeros en llegar y teniendo en cuenta que las tecnologías sobre las que se asienta la economía digital, incluyendo el propio Internet, se desarrollaron en Estados Unidos con inversión y apoyo público. Esta visión contrasta con un ingenuidad del planteamiento neoliberal, que confía el futuro a que los unicornios -startups valoradas en más de 1.000 millones de dólares- salgan cualquier día de un garaje y en la competencia fiscal para atraer las migas que dejan en Europa los gigantes digitales. Este planteamiento, hasta ahora ha servido fundamentalmente para generar agujeros tributarios en la fiscalidad europea, pero ha fracasado a la hora de consolidar un ecosistema digital competitivo. Partiendo de este diagnóstico, el enfoque de la digitalización progresista debería poder conseguir los beneficios de la digitalización reviertan en el conjunto de la sociedad, limitando para ello el poder de los monopolios, garantizando los derechos de los ciudadanía en el mundo digital y evitando que nadie se quede atrás en el proceso.

En España partimos de una posición relativa respecto a los países europeos que no es del todo negativa, pero que tiene mucho margen de mejora. España ocupa el puesto número 11 de 28 en el Digital Economy and Society Index (DESI) elaborado por la Comisión Europea, 4 puntos por encima de la media europea. Sin embargo, los resultados son desiguales según el área del que se trate. Destacamos en servicios públicos digitales y conectividad, pero estamos por debajo de la media en capital humano y en uso de servicios de internet, con un éxito desigual en la integración de la tecnología digital en el tejido económico.

Fuente: Comisión Europea (2019): Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)

La secretaría de Estado para el Avance Digital constituida en mayo de este año dentro del Ministerio de Economía tiene pendiente presentar su estrategia “España, Nación Emprendedora”, pero ya ha anticipado algunas líneas de trabajo que, aunque interesantes, necesitan ser desarrollados de forma ambiciosa para que tengan el alcance necesario. España puede ser pionera en el nuevo enfoque de la digitalización. Para ello debería plantear medidas audaces en al menos tres ámbitos clave: La digitalización de la economía, la gobernanza de la digitalización y la administración digital.

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La Paradoja de Kaldor

Pese a su notable importancia, la cuestión del cambio tecnológico y sus consecuencias sobre el mercado laboral apenas ocupa un tímido espacio en la opinión pública. Cuando se aborda, es a menudo desde el anecdotismo irrelevante o el sensacionalismo interesado, dando pie a interpretaciones que caen unas veces del lado del optimismo ingenuo y otras del fatalismo poco informado. Con honrosas excepciones, rara vez se intenta ofrecer una visión más o menos sistemática fuera del entorno especializado. En las líneas que siguen procuro obedecer a tal propósito, reservando el final para advertir acerca de algunos dilemas políticos que habremos de enfrentar.

Ha de comenzarse por algún punto y comienzo destacando una obviedad. Durante el segundo tercio del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI hemos asistido a avances decisivos en computación, telecomunicaciones y robótica. Estas transformaciones no sólo han consistido en la introducción de nuevas tecnologías, cada vez con mayores funcionalidades, sino en una rebaja sustancial en el precio de las mismas que ha permitido que su accesibilidad y la extensión de su uso sea cada vez mayor. Pensemos que el primer modelo de ordenador personal de IBM costaba en torno a 4.000 dólares (en términos actuales) y estaba dotado de una capacidad de procesamiento muy inferior a la que hoy tiene cualquier equipo que cueste una quinta parte de ese precio.

Algo menos obvias resultan sus implicaciones. La más destacada y que recibe mayor acogida entre el público generalista es la vieja batalla del hombre contra la máquina. Con el cambio tecnológico, las máquinas o equipos programables ejecutan con menor coste y mayor eficiencia tareas o actividades que ya antes podían desempeñar. A su vez, operaciones hasta entonces sólo realizadas por humanos pueden ser ahora asignadas a dispositivos tecnológicos. La inminente amenaza de sustitución por el autómata es casi siempre planteada por quienes, casi a renglón seguido, sugieren la reconciliación de máquina y hombre por medio del surgimiento o crecimiento del número de puestos en profesiones y dedicaciones que, por el momento o en un futuro previsible, son asequibles a la habilidad humana pero incompatibles con el tipo de tareas ejecutables por una máquina.

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Kaos en la Red

Rediseñar la tecnología, reapropiándosela y desviando sus potencialidades para la distopía panóptica, constituye un frente de lucha, y de construcción e innovación, de máxima importancia para quienes desean levantar alternativas al constante influjo del dolor, la alienación y la desestructuración vital en que el mando capitalista en los centros de trabajo consiste.

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Kaos en la Red

La decisión de la Administración Trump de vetar a las compañías norteamericanas toda relación comercial con la tecnológica china Huawei ha saltado a la primera plana de las noticias tras la ruptura de relaciones de Google con el fabricante asiático, lo que le colocaría en la tesitura de no poder utilizar el sistema operativo Android, y todo su ecosistema de apps asociadas, en sus móviles y en sus ordenadores portátiles y tablets.

Paralelamente, y en los siguientes días, otros importantes proveedores tecnológicos e industriales y operadores de redes han roto también sus relaciones con la empresa china (como las secciones británicas de Vodafone y BT, la japonesa Softbank o los gigantes norteamericanos Intel y Qualcomm). Muy señaladamente, la ruptura ha alcanzado también a la línea de negocios de Huawei con ARM, un grupo británico muy ligado a la Universidad de Cambridge, propiedad de Softbank, que proporciona la arquitectura básica y los chips, bajo licencia, que utilizan la mayor parte de los procesadores para móviles existentes en el mercado, incluyendo el procesador Kirin, usado por Huawei, lo que, en realidad, representa un problema de más difícil solución para la tecnológica china que las dificultades para acceder al ecosistema Android.

Ya hablamos hace casi seis meses de las razones profundas del conflicto de la Administración Trump con Huawei (en el artículo Huawei y la lucha por la conectividad del futuro, disponible en la web del periódico El Salto: https://www.elsaltodiario.com/moviles/huawei-5g-estados-unidos-china). Reiteraremos algunas de esas explicaciones, profundizando en su análisis y deteniéndonos en las derivaciones abiertas por los desarrollos actuales de la situación.

Empecemos afirmando que el llamado “asunto Huawei” debe ser entendido teniendo en cuenta tres planos de análisis de creciente profundidad, como en un zoom cinematográfico:

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El Salto

La detención, el pasado 2 de diciembre, en Canadá de Meng Wanzhou, directora financiera de la tecnológica china Huawei, además de una de las hijas del fundador de la empresa, Reng Zengfei, acusada de ayudar a Huawei a soslayar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán, ha impactado fuertemente a la opinión pública. Meng, que ha sido puesta en libertad condicional, podría ser extraditada a Estados Unidos y condenada a penas de hasta 30 años de cárcel.

Es evidente que dicha detención está estrechamente relacionada con la guerra comercial desatada por Donald Trump contra China. Incluso el propio presidente norteamericano lanzó a la red un tuit, poco después del arresto, en el que venía a afirmar que un arreglo pactado del conflicto comercial contribuiría al archivo de la causa contra Meng Wanzhou, saltándose ostensiblemente todo concepto de legalidad y de separación de poderes. Es de resaltar que los aranceles norteamericanos impuestos a los productos chinos en los últimos meses se han centrado fundamentalmente en la tecnología para tratar de frenar toda posibilidad de que sea el gigante asiático quien comande la entrada en la llamada “Cuarta Revolución Industrial”. El caso de Huawei, en efecto, es una clara muestra de las crecientes tensiones entre las potencias globales que acompañan al desarrollo tecnológico de nuestros días.

China, en estos momentos, registra más patentes industriales anualmente que los Estados Unidos. Una gran transformación tecnológica, pero también en la geopolítica global, está a las puertas. Huawei, además, es una pieza clave en este teatro de operaciones en el que se dirime la arquitectura global de la infraestructura tecnológica del futuro. La clave está en el llamado 5G. La inminente llegada de las redes de conectividad 5G va a impactar en las economías industrializadas en mucha mayor medida que las tecnologías anteriores. No se trata de una simple versión actualizada y mejorada del actual 4G. El 5G aportará muchas características que determinarán que su impacto global sea exponencialmente mayor que sus antecesores. Además de aumentar enormemente la capacidad de transmisión de datos, llegando hasta los 10 gigabits por segundo en sus versiones más avanzadas, el 5G mejorará de forma disruptiva dos aspectos esenciales: la latencia (la velocidad de respuesta de la red a una interacción) y la capacidad para conectar miles de objetos simultáneamente.

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Revista Trasversales número 45 octubre 2018

Otros textos del autor en Trasversales

José Luis Carretero Miramar es profesor de Formación y Orientación Laboral. Miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA).

El mundo de la mercancía trata de colonizar el avance tecnológico y científico de la humanidad para convertirlo en una nueva fuente de plusvalor. Entre las teorías del software libre y el internet abierto de Richard Stallman y las dinámicas de captación de los flujos de valorización del trabajo en el mundo virtual por parte de magnates como Jeff Bezos o Elon Musk, hay un abismo de confrontación y conflicto. Un conflicto que puede entenderse desde un viejo concepto: lucha de clases

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ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En la actualidad existe un gran debate sobre los efectos del proceso de digitalización de la economía, el cual consiste en fomentar la “interconectividad” de las actividades de producción y distribución como resultado del abaratamiento de las tecnologías que obtienen y procesan información. Esto permite tanto automatizar en mayor medida la producción de bienes físicos como poder procesar grandes volúmenes de datos. La principal novedad consiste en la extensión de estas tecnologías a sectores que tradicionalmente habían sido intensivos en mano de obra.

Esta nueva oleada tecnológica promete incrementar la productividad en su sector de origen (la producción de Tecnologías de la Información y la Comunicación o TICs), pero, al generalizarse, puede mejorar también la productividad del resto de sectores (mediante efectos escala, aglomeración, desbordamiento, aparición de nuevos productos y mercados, etc.).

A pesar de estos posibles efectos, no deja de ser llamativo que una parte de la literatura económica actual se muestre preocupada por el “estancamiento secular”, y las moderadas tasas de crecimiento observadas en la productividad del trabajo en la mayoría de economías occidentales durante los últimos 30 años. Mientras que, a la vez, otra rama sostiene que el proceso de cambio tecnológico va a provocar mejoras muy sustanciales de la productividad, hasta el punto de reducir sensiblemente la necesidad de trabajo en las economías avanzadas.

Es cierto que la evidencia disponible es aún escasa, pero atendiendo a la adaptación de las técnicas productivas en el pasado podemos afirmar que el cambio tecnológico incluye tanto factores que acelerarán la productividad como otros que la frenarán. Centrándonos en estos últimos, podemos distinguir los siguientes:

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Público.es

El pasado 23 de mayo de 2018 el diputado de la Asamblea de Madrid y cofirmante de este artículo Eduardo Gutierrez preguntó al Gobierno Regional sobre el grado de cumplimiento del Plan de Acción en la RIS3 (Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente) de la Comunidad de Madrid.

La contestación por parte del Gobierno la realizó el Director General de Investigación e Innovación Comunidad de Madrid, que justificó el gran retraso en la RIS3 de Madrid por “la dificultad de asimilar conceptos teóricos muy académicos que nadie los íbamos a entender”. En otras palabras: “es que esto de la RIS3 es muy complejo”

Sin embargo, si repasamos la historia de la RIS3 en la región, vemos que su retraso no se explica por su complejidad académica, sino por la indolencia de los sucesivos gobiernos del PP.

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ctxt.es

Más allá del debate –relevante– de cuál es el origen de la recuperación del crecimiento económico que está registrando España desde 2014, en esta serie de artículos nos ha preocupado sobre todo el tipo de crecimiento que se está desarrollando. Y hemos llegado a dos conclusiones: el crecimiento actual no está resolviendo los problemas sociales y económicos que la crisis nos dejó –cronificándose una fuerte precariedad y desigualdad–, al tiempo que la retórica de las “reformas estructurales” orientadas al mercado no se ha traducido en un cambio productivo real.

Es necesario por ello un cambio de estrategia. Junto a medidas específicas dirigidas a corregir la precariedad laboral y la inequidad en el reparto de la renta y la riqueza, nuestra economía necesita una nueva política industrial más audaz, focalizada y proactiva. Esta nueva estrategia industrial debe ser capaz, involucrando al sector público junto al sector privado, de impulsar un crecimiento sostenible en términos medioambientales (verde), que asegure la igualdad de género (morado), y que mejore la productividad, entre otras vías a través del desarrollo del proceso de digitalización1.

El debate sobre los efectos de la digitalización está muy polarizado. Siguiendo a Dani Rodrick podríamos distinguir, por un lado, a los “tecno-optimistas”, que piensan que estamos en la antesala de una época en la que será posible observar grandes crecimientos de la productividad que permitirán un aumento de los niveles de vida sin precedentes. Normalmente, también piensan que los incentivos para que esta ola de progreso se produzca vendrán del funcionamiento de mercados desregulados y de la competencia, que son a la vez garantía de que la mejora del bienestar acabe beneficiando a la mayoría. En otro extremo, los “tecno-pesimistas” afirman que la digitalización no está produciendo los aumentos de productividad que se le atribuyen, y que es difícil que acabe ocurriendo, salvo en sectores muy específicos. Por último, los “tecno-preocupados” coinciden en que el efecto de las nuevas tecnologías sobre la productividad será de gran escala, pero piensan que, precisamente por eso y por sus características, acabarán provocando grandes pérdidas de empleo y de bienestar para una parte importante de la población.

Nuestro enfoque no se reconoce en ninguna de estas tres posiciones. Aunque aún está por ver su dimensión exacta, es previsible que este tipo de innovación acelere la productividad en los próximos años, y esta es una razón por la que España no puede quedarse atrás. Por otro lado, pensamos que no es inevitable la aparición de un desempleo tecnológico generalizado, aunque es imprescindible adoptar medidas para prevenir tal posibilidad. Finalmente, sí creemos que existe un alto riesgo de que el proceso afecte de manera desigual a los distintos grupos sociales, evidenciando la responsabilidad colectiva (y no estrictamente individual) de intervenir desde la esfera de lo público para que no aumente la polarización y las desigualdades.

En definitiva, pretendemos abordar la digitalización desde la perspectiva de la economía política, discutiendo cómo “gobernar el proceso” para asegurar no sólo que la productividad crece, sino que este aumento se reparte equitativamente a favor de la mayoría.

¿Qué efectos tendrá la digitalización sobre la productividad?

La digitalización es el resultado del abaratamiento y mejora en las tecnologías que obtienen y procesan información, y da lugar a dos grandes efectos complementarios. Por un lado, la automatización de la producción permite generar sistemas capaces de trabajar de forma autónoma y organizarse a sí mismos, reduciendo errores, actuando con más rapidez y recortando costes operativos. Esto se logra combinando tecnologías ya existentes (como los robots industriales) con la inteligencia artificial, que aporta la capacidad de interactuar en entornos cambiantes. Por otro lado, la computerización permite gestionar grandes volúmenes de datos, gracias a la mejora en la captura, tratamiento y análisis de la información digital a través de herramientas como la nube y el “Big Data”.

Aunque inicialmente parece que este tipo de procesos serían relevantes sobre todo para las manufacturas, su importancia radica precisamente en que pueden tener implicaciones en muchos sectores productivos. Por eso, se plantea en ocasiones que, como antes lo fueron la máquina de vapor y la electricidad, se trata de una nueva “tecnología de uso generalizado” (General Purpose Technology)2.

Consecuentemente, el efecto esperado es que, conforme se vaya generalizando este uso transversal y se exploten todas sus posibilidades “combinatorias”, la digitalización acabe dando lugar a una aceleración de la productividad media agregada.

La Figura 1 recoge el crecimiento de la productividad en Estados Unidos desde los años 50 (para cada año representamos la media de los últimos 10). Las líneas horizontales son las medias en los periodos 1950-1975 (2,6%), 1976-1995 (1,5%) y 1996-2008 (2,5%), y vemos que el crecimiento de la productividad se recuperó en los 15 años anteriores a la Gran Recesión, volviendo a registrar crecimientos anuales medios similares a los registrados en la “edad de oro” de las postguerra, pero sin llegar a superarlos (al menos por ahora). Después de la crisis, el crecimiento anual medio de la productividad ha vuelto a reducirse (desde 2011 no ha superado el 1%) aunque es pronto para saber si es algo más que el efecto de la propia desaceleración económica.

Los datos desagregados ofrecidos por la OCDE muestran que el crecimiento de la productividad después de la crisis no se ha ralentizado para las empresas que se encuentran en la frontera tecnológica, pero sí que lo ha hecho en aquellas que están menos avanzadas tecnológicamente (generalmente más pequeñas) y en el sector servicios. Esto apunta más bien a una menor difusión, y a la falta de demanda agregada, y no a un estancamiento de los efectos de la tecnología sobre la productividad.

Figura 1: Crecimiento de la productividad en Estados Unidos (media últimos 10 años)

Fuente: Federal Reserve Economic Data.

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eldiario.es

Los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad van mucho más allá de nuestras fronteras, pero el cómo consigamos prepararnos para combatirlos y hacerles frente, dependerá también de cómo consigamos participar en cada uno de los distintos niveles que nos gobiernan, por tanto, de la calidad de nuestra democracia.

La mayor parte de los informes que tratan de señalar cuáles son los principales desafíos coinciden en que uno de los de mayor calado y trascendencia es el cambio climático y los diversos y nocivos efectos que lo acompañan. Aunque también apuntan a otros como las guerras, los desplazamientos masivos de población, la extensión de pandemias en un mundo altamente globalizado, los desequilibrios demográficos, los inciertos efectos del cambio tecnológico, especialmente el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), o el incremento de las desigualdades en el mundo y los problemas de orden económico, social y político que le vienen asociados.

Algunos de esos riesgos globales llaman a nuestras puertas, y otros, ya han comenzado a colarse en nuestras casas. Personas especializadas en el seguimiento de las nuevas tecnologías nos informan de que la ciencia está en condiciones de dar respuesta a muchos de esos desafíos, o al menos, de comenzar a corregir algunos desequilibrios. Pero el desarrollo científico necesita de una apuesta política decidida y cualquier tecnología no es ni buena ni mala, sino que tendrá efectos virtuosos o destructivos según el uso que le demos. En cualquier caso, la variable política es clave.

De hecho, el reto real está en cómo vamos a gestionar esos riesgos a nivel global pero también en cada espacio político. Por ejemplo, ¿cómo gestionaremos los masivos movimientos de población derivados del cambio climático con territorios costeros muy poblados que quedarán bajo el agua, sin capacidad de ser sustento de vida o sin agua potable? ¿Lo haremos cerrando fronteras y construyendo muros? ¿Invirtiendo en nueva tecnología que contribuya a frenar o limitar los efectos devastadores de ese cambio climático? ¿Una tecnología que los frene para la mayoría, o como hemos visto en algunas películas de ciencia ficción, solamente para unos pocos? ¿Cómo gestionaremos ese miedo: con más democracia o con el desarrollo de regímenes autoritarios que nos vendan la salvación de nuestra comunidad a cambio de nuestra libertad?

En este sentido, cabe preguntarse qué está ocurriendo en España.

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En los últimos meses parece estar consolidándose en la opinión pública la idea de que caminamos a un escenario en el que fruto del desarrollo tecnológico una proporción nada desdeñable de la población quedará desplazada del mercado de trabajo. Más pronto que tarde, las máquinas terminarán sustituyendo a los trabajadores en cada vez más sectores productivos, sobre todo en aquellos más proclives a ser mecanizados. Se trata nada menos que del progreso tecnológico, y en consecuencia histórico, ese impulso irrefrenable que nos hace avanzar como especie, cada vez más alto, cada vez más lejos. Como Ícaro.

No obstante, existe cierto debate acerca del efecto neto que sobre el empleo pueda tener la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos. Algunos argumentan que, a pesar de que ese efecto sustitución de máquinas por trabajadores pueda darse, las nuevas tecnologías también pueden generar nuevos nichos de empleo en actividades que surgen al calor de esas nuevas invenciones tecnológicas, sectores de actividad que actualmente no existen, e incluso actividades que a día de hoy ni podemos llegar a imaginar. En este marco de debate, sin embargo, parece existir cierto consenso sobre la pérdida neta de empleos que trae consigo el desarrollo de la tecnología aplicada a la producción. Algunos organismos internacionales, como el Foro Económico Mundial, se aventuran a estimar que alrededor del 47% de la tipología de empleos que se desempeñan en la actualidad estarían en riesgo de desaparecer paulatinamente.

Pero lo cierto es que ese marco de debate se encuentra sesgado, por un lado, de una mirada occidental, y en concreto eurocéntrica; por el otro, por una falta de perspectiva histórica en el análisis. Empezando por lo segundo, el desarrollo tecnológico, como es lógico, no es algo nuevo ni reciente, sino que a lo largo del siglo XX hemos visto como el desarrollo tecnológico, la mecanización y la automatización de los procesos productivos, ha sido una constante y ha marcado los puntos de inflexión del ciclo de acumulación de capital a escala mundial en dos momentos históricos concretos.

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Aunque el miedo a la robotización y a una tecnología que presagia el fin del trabajo no es nuevo, en los últimos meses, incluso me atrevería a decir que semanas, ese miedo se ha instalado en los salones de las casas a través de la televisión y los medios de comunicación. Muy especialmente, desde que la robotización se discutiera por segundo año consecutivo en el Foro de Davos el pasado mes de enero, unido con el anuncio apocalíptico de que no habrá trabajo para todos y la posibilidad de establecer una renta básica universal.

De esa manera puede pensarse que la falta de empleo no se genera por unas políticas económicas de corte deflacionista –ahora mal llamadas de austeridad- que no buscan el pleno empleo y generan un modelo de crecimiento pro-pobre distribuyendo las ganancias de la productividad de manera cada vez más desigual, sino por culpa de las máquinas. Siempre es bueno que haya niños. Sobre todo, cuando se quieren cambiar las reglas de juego o, mejor aún, legitimar los cambios que se han dado en las décadas anteriores y que han supuesto el aumento de las desigualdades económicas, la mercantilización de las vidas de muchas personas y procesos de individualización del riesgo que dejan a muchas personas y a las que de ellas dependen, de su capacidad –siempre desigual-, de incorporarse en los distintos mercados, especialmente al de trabajo.

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Blog Economía para Pobres en Público.es

La pasada semana estallaba en los medios de comunicación el escándalo por el cambio sin conocimiento ni consentimiento en el tipo de contrato de un número indeterminado de doctorandos/as con graves repercusiones y merma de sus derechos laborales.  La Profesora de Investigación del CSIC, Alicia Durán, respaldaba de forma cruda y rigurosa la denuncia de la comunidad investigadora a consecuencia de este hecho.

En el fondo de este despropósito existen, además de víctimas concretas, también culpables,  todavía por concretar, pero sobre todo un profundo desprecio y cortoplacismo de determinadas políticas, como la científica, desde el inicio de la crisis. Y es que la precariedad y los recortes se sufren dentro, pero se construyen y reproducen fuera de los laboratorios.

Una ciencia que trabaje para tener una sociedad más justa no puede estar soportada sólo en élites pensantes, sino en equipos completos y complementarios, recursos suficientes y objetivos debatidos y consensuados. Y sin duda, el trabajo de la ciencia parte del esfuerzo y desempeño de sus trabajadores y trabajadoras (sólo el 24,9% de las profesoras de investigación del CSIC son mujeres), y sus condiciones de trabajo. Hay que señalar que el papel de los sindicatos y la negociación colectiva en la articulación de las relaciones laborales es el eje fundamental de la protección e impulso de tan necesarios equipos de trabajo.

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ublicado por FUHEM Ecosocial, el nuevo número de la revista PAPELES, titulado “Espejismos tecnológicos”, propone una visión crítica de las alternativas tecnológicas que se plantean como respuesta a los desafíos que ha de afrontar la humanidad. Los distintos artículos interpelan la visión reduccionista y “soluciona-todo” que ofrece la tecnología, sin plantear un cambio de sistema y prioridades.

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Debería ser el propio devenir social el que marcara el desarrollo de la tecnociencia y no a la inversa

Los avances tecnocientíficos en nuestras vidas abren un debate sobre si éstos van acompañados de la racionalidad necesaria que asegure su verdadera utilidad. La obligada reflexión sobre las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que influyen en el desarrollo de la tecnociencia y las relaciones que ésta establece con el poder, sacan a la luz intereses de determinados sectores que controlan su enfoque e invisibilizan sus efectos. A estas reflexiones FUHEM Ecosocial dedica el nuevo número de la revista PAPELES.

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Artículo publicado originalmente en el número 36 de La Marea

Está ampliamente extendida la idea de que el sector público es, por naturaleza, muy poco dinámico y flexible en la economía, que sirve para lo básico pero que es demasiado grande y pesado para innovar y adaptarse a cambios rápidos. Lo opuesto es atribuido al sector privado: es mucho más enérgico y ágil y por lo tanto se desenvuelve mejor en el ámbito de la innovación y del emprendimiento. No obstante, existen otras visiones al respecto que impugnan en buena medida lo anterior, y que dibujan un panorama mucho más complejo y diverso. Una de ellas viene estupendamente recogida en el libro “El Estado emprendedor” de Mariana Mazzucato, donde se detalla y explica que el sector público ha jugado en el pasado y también en la actualidad un papel clave en la investigación e innovación que permite el progreso de nuestras sociedades.

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Artículo publicado originalmente en el número 35 de La Marea

La inmensa mayoría de la gente cree que el progreso tecnológico destruye empleo. Esto es así porque es fácil percibir en determinados sectores económicos que la instalación de máquinas o robots supone automáticamente el despido de muchos trabajadores. Ya en el siglo XVIII los artesanos luditas comenzaron a destruir telares industriales por considerarlos culpables de su pérdida de trabajo. La revolución agrícola del siglo XIX también provocó la sustitución de miles de trabajadores por máquinas sembradoras fundamentalmente. En la actualidad comprobamos conmovidos cómo multitud de empleos fabriles han desaparecido debido a la progresiva mecanización y robotización de muchas instalaciones. Y la amenaza no ha terminado: los taxistas y otros conductores temen el desarrollo y generalización de los vehículos que se conducen solos, los cajeros de los supermercados rezan para que no sean sustituidos por máquinas, los guardias de seguridad están preocupados por los impresionantes avances en sistemas informáticos de vigilancia, etc.

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