Economía Crítica y Crítica de la Economía

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El Tribunal de la UE cuestiona los mecanismos de arbitraje

Autor: Adoracion Guaman

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Según los datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en inglés) existen en la actualidad unos 2.363 tratados bilaterales de inversión (TBI) en vigor y 309 tratados de libre comercio que incluyen cláusulas de protección de inversiones. Del total de TBI existentes, aproximadamente unos 1.810 han sido suscrito por algún Estado miembro de la UE o por la propia Unión Europea, con un tercer Estado, incluyendo 9 con Estados Unidos. Además, los Estados miembros de la UE tienen en vigor entre sí 196 TBI (el más antiguo es el acuerdo de inversión entre Alemania/Grecia (1961) y el más reciente es el firmado entre  Lituania/Croacia (2008). Un 90% del total de estos acuerdos contiene algún tipo de mecanismo de gestión arbitral controversias entre los inversores y los Estados del tipo ISDS.

Un TBI es un acuerdo entre dos Estados cuyo objetivo es ofrecer a los inversores plenas garantías respecto a su inversión, para lo cual contienen mecanismos específicos de protección y en particular un sistema de resolución de controversias que incluye la actuación de un tribunal de arbitraje (un mecanismo conocido como ISDS por sus siglas en inglés). Una mirada a la historia de estos acuerdos nos muestra que los mecanismos de protección de la inversión y en particular los tribunales de arbitraje (ISDS) se diseñaron para permitir a los inversores extranjeros actuar contra un Estado cuando considerasen vulnerados sus intereses en un contexto en el cual los tribunales del Estado de acogida eran percibidos como no confiables. Definiéndolo de manera sintética, podemos entender que el ISDS es un sistema que permite a los inversores extranjeros demandar a un Estado ante un tribunal privado de arbitraje y eludir el sistema judicial estatal. El inversor puede hacer uso de este sistema para proteger sus derechos de propiedad o los beneficios reales o previstos de su inversión frente a una amenaza a los mismos derivada de una actuación del Estado, como puede ser, por ejemplo, la aprobación de una normativa – relativa a temas como la salud, medio ambiente o derechos laborales– o la ejecución de una política pública que pueda aminorar los beneficios de la inversión extranjera.

Siguiendo la misma base de base de datos de la UNCTAD observamos cómo la utilización de los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y estados está experimentando un crecimiento espectacular. Entre los años 1987 y 1995 se interpusieron seis demandas, entre 2014 y la actualidad se han presentado 239. El total de casos, conocidos, entre los resueltos y los pendientes ya asciende a 817. Este cambio de tendencia también afecta al ámbito geográfico de las demandas. Es cierto que, hasta hoy, la tendencia norte-sur ha sido dominante: tres cuartas partes de las demandas solventadas o en curso ante un mecanismo de solución de controversias inversor-estado se han presentado contra países en desarrollo o contra economías emergentes. En particular, Argentina, Ecuador y Venezuela destacan por ser habitualmente demandadas. No obstante, en la actualidad, 117 de los casos conocidos han sido originados por demandas contra un Estado miembro de la UE y 35 de los mismos contra la República Checa (88 de estos casos han sido demandas interpuestas por un inversor de otro Estado miembro).

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Negociando el fin de la impunidad de las transnacionales

Autor: Adoracion Guaman

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El 3 de diciembre de 1984 se produjo una fuga de 27 toneladas de gases letales en la planta de fabricación de pesticidas de la empresa Union Carbide India Limited, situada en Bhopal (India), que convirtió a la ciudad en una cámara de gas. Las cifras de muertos y heridos son escalofriantes. Según fuentes del gobierno del Estado, murieron 5.200 personas y hubo varios miles de heridos, muchos de los cuales presentan discapacidades parciales permanentes. Otras investigaciones apuntan a 8.000 víctimas mortales y al menos 150.000 heridos; la International Campaign for Justice in Bhopal sostiene que desde aquél momento han muerto por causas relacionadas con la fuga de gas más de 22.000 personas.

El 24 de abril de 2013 el desplome del Rana Plaza, de ocho plantas, en Daca (Bangladesh) se saldó con la muerte de 1.129 personas, en su mayoría obreras textiles de grandes marcas internacionales de moda. El edificio estaba construido para albergar un centro comercial y no las cinco fábricas de ropa que alojaba dentro. El uso inadecuado provocó el rápido deterioro de la infraestructura y las miles de muertes.

La lista de casos en los que ciertas empresas y dirigentes han obtenido beneficios con la reducción de medidas de seguridad en la producción o con el empeoramiento de las condiciones de trabajo — violando los derechos humanos de personas y comunidades– es interminable. En la gran mayoría de ocasiones, los culpables de estas tragedias no han sido condenados; tampoco ha existido una efectiva reparación a las víctimas y a sus familiares.

Estos casos demuestran cómo las Empresas Transnacionales (ETN) se han convertido en una suerte de entidades intocables, en organizaciones descentralizadas, deslocalizadas, ramificadas en largas cadenas de suministro en las que se diluye la responsabilidad y se multiplican y diversifican las formas de explotación, relocalización, evasión y elusión de normas laborales o fiscales. Además, a través de la llamada captura corporativa (las formas y vías por las que la élite económica controla las decisiones de los Estados en su propio beneficio) estas empresas están consiguiendo que se adopten normas que les aseguran derechos específicos (los tratados de comercio e inversión por ejemplo, y una prueba de ella es el CETA, aprobado el viernes en el Senado) y que les permiten eludir las leyes estatales y escapar de la justicia.

Como señalan numerosos expertos en la materia, y muy particularmente el profesor Juan Hernández Zubizarreta y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se ha conformado una arquitectura jurídica de la impunidad que actúa como una armadura casi inquebrantable para blindar a estas entidades. En este sentido, el caso Chevron/Texaco sigue siendo uno de los ejemplos más paradigmáticos de cómo una empresa transnacional puede destrozar una parte de la Amazonía, ser condenada en un proceso ante la jurisdicción del Estado donde se cometió el delito y escapar impune del cumplimiento de la sentencia.

¿Es posible poner fin a esta impunidad? ¿Puede perforarse la armadura jurídica de las transnacionales para obligarlas a respetar los derechos humanos y responder ante mecanismos efectivos de recurso y reparación de las víctimas? Centenares de organizaciones sociales, miles de activistas y un buen número de países, encabezados por Ecuador, afirman que sí.

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El TTIP que viene: ni globalización ni proteccionismo, acumulación por desposesión

Autor: Adoracion Guaman y Gabriel Moreno Gonzalez

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Entre las muchas coincidencias que pueden encontrarse en el discurso electoral de Trump y Le Pen se encuentra el rechazo, al menos en el plano formal, de los Tratados de Libre Comercio de nueva generación y en concreto del TTIP y del CETA. Revestidos de una retórica calificada de “proteccionismo”, primero Trump en su campaña y ahora Le Pen han hecho suyo un discurso antitratados que ni parece que vaya a materializarse ni aporta ninguna alternativa en beneficio de las mayorías sociales.

Desde luego, es innegable que la llegada de la Administración Trump ha marcado un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos. Partiendo de esta afirmación, el interés radica en elucidar si la política comercial de Estados Unidos está dando un giro real o si la tan publicitada ruptura con el modelo anterior es un elemento más del discurso electoral/populista sin que exista un cambio real de modelo. El abandono del proceso de ratificación del Tratado Transpacífico, la paralización de las negociaciones del TTIP, la voluntad de renegociar el NAFTA han sido claros golpes de efecto destinados a mostrar un cambio de ruta del que aún no sabemos cuál es su alcance ni naturaleza exacta.

Lo cierto y verdad es que la contraposición entre “proteccionismo” y “globalización”, que tanto y tan bien explota la extrema derecha a ambos lados del Atlántico, no es una traslación automática de la lucha entre soberanía o democracia frente a neoliberalismo o libre mercado sin frenos. Aunque sea ese el relato del que Trump o Le Pen intentan aprovecharse, la dicotomía en el fondo es falsa, puesto que en ella subyace una similar estrategia de acumulación por desposesión, que se da tanto en el interior de los países que gobiernan o pretenden gobernar como en sus relaciones con el resto de regiones y Estados de la periferia.

La lectura del documento sobre la estrategia comercial de Trump, que se ha filtrado el pasado mes de marzo, nos da buena cuenta de ello. En el mismo se afirma que la nueva política significa un cambio “real” respecto de la sostenida por la Administración anterior (lo que en teoría “venden”), aunque un análisis pormenorizado de las propuestas revela el sostenimiento de una línea que nunca se ha perdido: América para los americanos, sí, pero fundamentalmente para algunos y contra la mayoría.

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El CETA destruirá puestos de trabajo (diga la Comisión Europea lo que diga)

Autor: Adoracion Guaman

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El pasado 27 marzo de 2017, la vicepresidenta del Gobierno remitió a la presidenta del Congreso la documentación relativa al Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros. Así, el CETA entraba en el Congreso de los Diputados para ser ratificado, tras su aprobación en el Parlamento Europeo y en el Consejo.

Una vez más, el Gobierno español se apresta a situarse en la vanguardia de los Estados miembros “cumplidores”. Seguimos así una senda claramente marcada por el no cuestionamiento de los designios de la UE: quisimos ser los primeros en votar a favor de aquella Constitución Europea fallida, en 2004; los primeros en reformar nuestra Constitución para limitar nuestra capacidad de endeudarnos y para dar prioridad al pago de la deuda, en 2011; los primeros, sin duda, en aplicar diligentemente y sin protestar las Recomendaciones por País de la UE traducidas en brutales reformas laborales, en 2012; y, de nuevo, los primeros en aprobar sin debate público y desde luego sin referéndum, el acuerdo comercial con Canadá que tantas reticencias está despertando entre los países vecinos, los sindicatos, los movimientos sociales y un cada vez más amplio abanico de partidos políticos. En esta ocasión, empero, se nos ha adelantado la República Checa.

Lo cierto es que el Gobierno del Partido Popular ha sido, desde el principio, un entusiasta de este acuerdo comercial. No le van a la zaga en el apoyo sin fisuras al CETA (y al TTIP) sus socios de Ciudadanos y el PSOE, los tres partidos conseguirán con sus votos la ratificación del acuerdo, escudados en un mantra que repiten sin cesar a modo de justificación absoluta: “el CETA, y en general el libre comercio, crea empleo”, más aún, incluso se atreven a decir que la liberalización del comercio va a generar, per se,una mejora de las condiciones laborales de los países implicados.

Se acoge así, a modo de acto de fe, uno de los principales argumentos que viene utilizando la Comisión Europea para defender el CETA. Un argumento por cierto nada novedoso, es el mismo que fue en su día utilizado por Clinton para defender el NAFTA (acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México), que esgrimió Obama para promover la negociación del TTIP y que, en términos generales, ha acompañado el argumentario de defensa de la creación de la enorme red de tratados de comercio e inversión hoy en día en vigor o en fase de negociación.

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Razones para oponerse al CETA más allá de las predicciones económicas

Autor: Adoracion Guaman

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En los últimos meses el debate acerca del CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá) ha ido subiendo de tono. El creciente rechazo ciudadano, expresado en redes y calles, ha provocado una reacción desde el establishment en forma de amplias campañas de propaganda para impulsar una aprobación que está siendo todo menos pacífica. Tras un agrio debate en el seno del Consejo de la Unión –durante el enfrentamiento con la Región Valona–, y tras la aprobación del tratado por el Parlamento Europeo el 15 de febrero, en una sesión con una gran confrontación entre los parlamentarios y marcada por la crisis interna del grupo de los socialdemócratas, el CETA se enfrenta ya a su ratificación por los Estados miembros. Esta circunstancia no va a impedir que gran parte del acuerdo entre en vigor. De hecho, la aprobación por los Estados, un trámite obligatorio, ha sido “superada” temporalmente por el mecanismo de aplicación provisional que se pone en marcha tras el Sí del Parlamento Europeo.

En este escenario el tono de acusaciones entre defensores y detractores del tratado se ha endurecido de tal manera que muchos de los argumentos que esgrimen ambos bandos han perdido rigor. Tan inexacto es afirmar que “el CETA nos va a obligar a comer pollo lavado con cloro” como sostener que “el CETA va a asegurar que las pymes europeas accedan al mercado canadiense”; tan improbable es que el CETA provoque la privatización de la sanidad pública o la reducción de las pensiones, como que de su firma se derive la creación de empleos o la mejora de los derechos laborales. Ambas afirmaciones son hipérboles que buscan provocar una reacción del lector en contra o a favor del acuerdo. No obstante, no conviene poner al mismo nivel las probabilidades de que las predicciones se conviertan en realidad.

Muchas de las consecuencias negativas que se pronostican son ya una realidad. De hecho, la reducción de derechos sociales no sólo forma parte del propio ADN de la Unión Europea, sino que se ha convertido en una constante recomendación de la Comisión a los Estados miembros. En cambio, el crecimiento económico que se anuncia como principal logro del CETA es imposible de asegurar en esta fase de incertidumbre económica que atravesamos. Además, lo que demuestra la experiencia del conjunto de tratados de comercio anteriores es que, cuando hay crecimiento económico, los beneficios no se reparten a las mayorías sociales.

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Algunas preguntas sobre las inversiones extranjeras directas

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Mucho se habla y se escribe sobre los beneficios de las entradas de capital extranjero en forma de inversión directa. Aquí planteo algunas cuestiones que sería necesario tener en cuenta para una valoración razonada de su impacto en las economías de acogida.

¿La inversión extranjera directa (IED) consiste en la creación de una nueva capacidad productiva o en la adquisición de un activo ya existente? ¿Cuál es el grado de complejidad y sofisticación de la fase del ciclo del producto donde se materialice la inversión foránea? ¿Crea un nuevo empleo o se moviliza uno ya existente? ¿Se desarrollan redes locales de aprovisionamiento o este se realiza a través de las importaciones? ¿La posición de los proveedores locales en la cadena de creación de valor es central o periférica? ¿La IED agrava o corrige los desequilibrios territoriales? ¿La posición de mercado de los grupos foráneos les sitúa en posiciones de privilegio respecto de las empresas locales? ¿El proceso productivo es intensivo en capital o en trabajo? ¿La corporación reinvierte los beneficios en la subsidiaria o en la economía donde opera, o, por el contrario, los repatria? ¿La subsidiaria paga sus impuestos o, aplicando una estrategia de ingeniería contable, traslada los beneficios a territorios donde la carga impositiva es inferior o nula? ¿Qué impacto tienen las entradas de capital en la tasa de inflación y en la posición cambiaria del país? ¿La inversión recibida es fácilmente deslocalizable? ¿Las IED suponen una entrada neta de capital en el país receptor de la inversión o tiene un efecto adverso en la balanza de pagos? ¿Es posible el ejercicio de los derechos laborales y ciudadanos en las empresas controladas por los capitales extranjeros? ¿Qué consecuencias ecológicas tienen las IED?

Inversiones extranjeras: un caso ejemplar de sesgo informativo @edugaresp

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

El pasado martes 20 de septiembre el Ministerio de Economía y Competitividad publicó los datos deInversiones Extranjeras Directas (IED) correspondientes al segundo trimestre de 2016. En menos de 24 horas han aparecido numerosas noticias en la prensa que dan cuenta de estos datos. Sin embargo, llama la atención que la interpretación de esos datos objetivos varía (y mucho) en función del emisor, llegando a encontrar el público hasta lecturas diametralmente opuestas entre sí. En este artículo recopilamos los ejemplos más característicos.

Antes de ello es necesario hacer dos puntualizaciones importantes para entender a qué se debe esta facilidad para torturar los datos hasta que digan lo que uno quiere oír. Las IED son extremadamente volátiles y responden fundamentalmente a las estrategias empresariales de los agentes compradores, sin que las actuaciones políticas influyan mucho en las mismas, por lo que ni siquiera un hipotético gobierno estatal o regional dedicado exclusivamente a acabar con las IED podría conseguirlo fácilmente, y mucho menos a corto plazo. Además, las IED no son inmediatas; tardan tiempo en ejecutarse, de forma que es muy difícil atribuir la responsabilidad de las mismas a una actuación política determinada y puntual.

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Invocando al rigor a la hora de hablar de inversiones extranjeras en Madrid @edugaresp

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

En el debate de investidura celebrado ayer Rajoy echó en cara a la formación de Unidos Podemos que en los ayuntamientos del cambio hubiese ahora peores condiciones económicas que en el pasado. Frente a ese alegato, Pablo Iglesias respondió defendiendo la gestión de los gobiernos del cambio, para lo cual afirmó, entre otras cosas, que la inversión extranjera directa (IED) había aumentado en ciudades como Madrid o Barcelona. Hoy constatamos a través de todo tipo de medios de comunicación la reacción de los voceros de la élite económica y política, intentando dibujar -de una forma muy lamentable en la mayor parte de los casos- una imagen desastrosa o cuanto menos negativa de los ayuntamientos del cambio en materia de recepción de IED. Puesto que en su intento de difamar a toda costa las patadas al rigor son extremadamente espectaculares, escribo este artículo para llamar a la objetividad y a la sensatez con la esperanza de atenuar en la medida de lo posible la toxicidad que desprenden los citados mensajes. Para ello me centraré en el caso de la capital del país.

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Cuidado con sobrevalorar las inversiones extranjeras directas

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

Los últimos datos referentes a las Inversiones Extranjeras Directas (IED) en España revelaron que en el tercer trimestre de 2015 la economía registró una muy importante entrada de este tipo de operaciones, superando los 6.700 millones de euros. Esto es algo que siempre suena bien y de lo que el Gobierno español en funciones ha sacado bastante pecho. Sin embargo, es importante mirar la letra pequeña para poder hacernos una idea más exacta de cuán positiva puede ser esta noticia. Seguir leyendo…

TiSA, un tratado para privatizar los servicios públicos

Autor: Adoracion Guaman

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Transportes, telecomunicaciones, construcción, enseñanza, sanidad o salud y por supuesto los servicios financieros son, entre otras muchas, las actividades catalogadas bajo el amplio concepto de “servicios” cuyo volumen, en términos económicos, supera en la actualidad los dos tercios del producto interno bruto (PIB) mundial. En realidad, cada vez son más actividades imprescindibles para la vida las que se catalogan como servicios comercializables y privatizables y cuya (des)regulación se ha convertido en el objetivo político de las grandes potencias comerciales mundiales.

En el ámbito de la Unión Europea y en términos cuantitativos, es innegable la importancia de los servicios: el valor de las exportaciones de este sector se ha duplicado en dos años y ha alcanzado en 2014 los 728.000 millones de euros. Ocupa al 70% de la mano de obra en la UE y está previsto que llegue a concentrar hasta el 90% del empleo en los próximos años. Con estos valores, no es de extrañar que la regulación del comercio internacional de los servicios sea una de las cuestiones centrales de la política comercial de la Unión, cuyo particular impulso en los últimos años ha avivado el debate entre los defensores y detractores del mantra de la liberalización y de la necesidad de maximizarla, en el ámbito estatal y el supranacional, como camino fundamental hacia la “recuperación económica”.

La idea de liberalizar al máximo el comercio internacional de servicios no es nueva en absoluto. En realidad, el último gran acuerdo sobre servicios, conocido como GATS (General Agreement on Trade in Services), se aprobó en el seno de la Organización Mundial del Comercio  (OMC) en 1995 y sigue en vigor vinculando a 140 países. Sin embargo, las negociaciones de esta organización internacional no han sido favorables a los intereses de las grandes potencias que han visto como las exigencias que los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han dificultado la expansión del contenido del GATS, encaminado hacia una mayor liberalización. Con el objetivo de sortear estas dificultades para negociar en el seno de la OMC, diversos países, liderados fundamentalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, han impulsado los acuerdos bilaterales o regionales. En concreto, la UE decidió ya en 2006 dar un giro a su política comercial exterior y lanzarse en pos de la firma de una serie de acuerdos comerciales y de inversión “de nueva generación” con distintos países o grupos de países. Muchos de estos acuerdos, aprobados o en curso de negociación, han pasado inadvertidos (el ya ratificado con Corea del Sur, Colombia, Perú o Centroamérica o los que se están negociando con Ucrania, Singapur, China, Japón, India… Otros tratados están despertando una creciente atención como el TTIP (UE-EEUU) el CETA (UE-Canadá) y el TiSA (Trade in Service Agreement), que es sin duda el de mayor envergadura y el menos transparente de los señalados.

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Los nuevos escenarios del TTIP

Autor: Adoracion Guaman

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2015 no ha sido fácil para el TTIP. A medida que avanzaba el año, las negociaciones sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés) fueron encontrando obstáculos importantes que han puesto en entredicho las posibilidades de que un tratado de la magnitud del inicialmente planteado pueda aprobarse en los plazos estimados en el principio de las negociaciones. Es evidente que la pretensión de finalizar la negociación del TTIP en 2015 para conseguir someter el texto a la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo en abril o mayo de 2016 –y así asegurar su entrada en vigor en enero de 2017, coincidiendo con el fin de la presidencia de Obama– es ya imposible, pero tampoco parece probable que 2016 allane el camino para conseguir cerrar las negociaciones del Tratado, al menos no de uno igualmente ambicioso.

Las dificultades con las que se ha venido enfrentando el TTIP son diversas y se mantienen in crescendo. Por un lado, el rechazo ciudadano sigue aumentando y, tras la demostración de fuerza que se escenificó con la presentación el 7 de octubre de la Iniciativa Ciudadana Europea auto-organizada contra el TTIP y el CETA [el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá] respaldada por 3.284.289 firmas recogidas en un año, las campañas Stop TTIP han incrementado las acciones en el conjunto de la UE. Este rechazo creciente está llevando a la Comisión a realizar un esfuerzo considerable en publicitar las virtudes que, según diversos informes, van a derivarse del Tratado. Esta publicidad, sin embargo, está encontrando una respuesta tanto en el ámbito de la sociedad civil como en el universitario y político/sindical.

En concreto para el caso español, la Comisión ha publicado como textos clave para entender el TTIP un informe titulado El impacto en la economía española de la firma de la asociación transatlántica sobre comercio e inversión (TTIP) con EE.UU., financiado por la CEOE, y el documento titulado TTIP: una gran oportunidad para las pymes españolas. En la misma línea que otros informes anteriores encargados por la Comisión Europea, el realizado por el centro de estudios CEPR por ejemplo, y utilizando el mismo método, el primer documento pronostica un efecto del TTIP que podría llegar a suponer una elevación del PIB de más de 36.000 millones de euros o la creación de más de 334.000 puestos de trabajo. No obstante, y como han afirmado otros expertos, el informe español financiado por la patronal y por la Cámara de Comercio, y adoptado como “oficial” por la Comisión, adolece de las mismas carencias que los informes de ámbito europeo. Entre otras razones, distintos académicos han indicado que el modelo utilizado realiza predicciones excesivamente optimistas que descansan en la asunción de que tanto la UE como EE.UU. son capaces de eliminar las normas o regulaciones que obstaculizan el comercio sin oposición política, lo cual no es en absoluto probable. Además, ni los estudios de ámbito europeo ni el español computan los potenciales efectos negativos que tendría una desregulación como la que se propone. También pasa por alto que las distintas herramientas incluidas en el Tratado para conseguir la cooperación reguladora probablemente causarían un descenso de los estándares laborales, sociales y medioambientales. En sentido contrario, otros estudios han pronosticado graves consecuencias en el ámbito económico y, desde luego, son numerosos los y las autoras que señalan el posible impacto del TTIP en el ámbito socio-laboral.

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