Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Los planes privados de pensiones no son seguros, ni rentables, ni accesibles a todo el mundo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

El lobby de la banca, utilizando todos los medios que tiene a su alcance (económicos, comunicativos, políticos, publicitarios, etc), lleva décadas tratando de sembrar dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Inicialmente su estrategia sólo tuvo un relativo impacto en la sociedad española porque las cifras eran tercas y mostraban año tras año un superávit en la Seguridad Social que ahuyentaba cualquier duda sobre su fortaleza. Sin embargo, la crisis económica iniciada en el año 2008 fue la excusa perfecta en la que se apoyó el lobby de la banca para extender por fin la idea de que algo había que hacer si se querían asegurar las pensiones en el futuro. Los gobiernos del PSOE y del PP interiorizaron la falsa preocupación y se pusieron manos a la obra: el primero diseñó en 2011 una reforma que incluía un retraso en la edad de jubilación y un recorte en la pensión media que alcanza el 20%, mientras que el segundo ideó una reforma que programa un recorte de la pensión media que podría llegar a ser del 15%, todo según estimaciones de Funcas. Si a eso le sumamos las bonificaciones a los planes privados de pensiones que ya se aprobaron antes de la crisis (y que, por cierto, provocan una pérdida de recaudación pública de aproximadamente 2.000 millones de euros cada año), tenemos el caldo de cultivo perfecto para que la gente corra con pavor a contratar planes de pensiones para evitar tener una pensión ridícula en el futuro. Objetivo de la banca cumplido.

Los anuncios sobre planes de pensiones privados están por todos los lados. Siempre muestran una supuesta fórmula de inversión segura, rentable y al alcance de todo el mundo. Pero lo cierto es que no cumple ninguna de esas tres características, ni de lejos. No podemos olvidar en qué consiste básicamente la contratación de un plan de pensiones privado: se trata de depositar dinero en un banco, para que éste trate de rentabilizarlo en los mercados financieros, de forma que si logra su objetivo se quedará con buena parte de la ganancia y trasladará una pequeña parte al ahorrador, mientras que si no logra su objetivo el ahorrador perderá parte del dinero.

No es una inversión segura porque ya ha habido casos en los que personas que habían depositado su dinero con toda la ilusión, descubrieron que habían perdido parte del mismo cuando fueron a retirarlo. No es una inversión rentable porque la mayoría de los fondos ofrecen una rentabilidad inferior a la de la bolsa o incluso a la de los bonos públicos (según el estudio titulado “Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 2002-2017”, de entre los 356 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo 4 superaron la rentabilidad del IBEX 35 y 47 la de los bonos del Estado a 15 años). Y no es una inversión al alcance de todos porque para poder contratar un plan es necesario tener capacidad de ahorro, algo de lo que carece una buena parte de la población española.

No hay datos exactos sobre la capacidad de ahorro de las familias pero sí hay estimaciones. La más optimista es la de Fintonic, que pone de manifiesto que sólo 4 de cada 10 personas pueden ahorrar en nuestro país. La más pesimista es la de los técnicos del Ministerio de Hacienda, que señala que el 86,6% de la ciudadanía española no tiene capacidad de ahorro.

Pero lo más importante, ¿quiénes tienen capacidad de ahorro? Cabría suponer que sobre todo las personas con más renta. Y así es. Lo podemos corroborar observando quiénes son los que contratan planes privados de pensiones. Según datos del Banco de España, en el año 2014 (últimos datos disponibles) sólo el 26,1% de la ciudadanía había acudido a una de estas fórmulas de ahorro, siendo mayoritaria la que tiene un elevado nivel adquisitivo. Por ejemplo, si nos centramos en el 20% más pobre de la población, sólo el 5% había inyectado dinero en algún plan privado de pensiones. En cambio, si nos centramos en el 10% más rico, lo había hecho el 60,5%. Y esta relación se mantiene a lo largo de todos los estratos: cuanta más renta, más se utilizan los planes privados de pensiones.

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La brecha de género muestra todo su esplendor en las pensiones

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 59 de La Marea

El pasado 8 de marzo vivimos una histórica jornada de reivindicación feminista. Ese día muchos fueron conscientes por primera vez de que en nuestras sociedades la mujer se encuentra en una situación de subordinación e inferioridad con respecto al hombre, mientras que quienes eran ya conscientes de ello reforzaron sus convicciones y se empoderaron aún más. Esta situación de desigualdad tiene sus raíces en una división sexual del trabajo, que empuja al colectivo femenino a ocuparse del trabajo reproductivo y de cuidados mientras que el colectivo masculino tiende a acaparar los trabajos productivos.

Este reparto del trabajo tiene una repercusión clara y notable en términos económicos, sociales y culturales. Las actividades que se suelen encomendar a las mujeres no están reconocidas siquiera como “trabajo” o “empleo” sino que se consideran “tareas” o “labores”, no están remuneradas o lo están de manera insuficiente, y no gozan de prestigio social (está mejor visto trabajar para una empresa –se dedique a lo que se dedique– que cuidar a un anciano dependiente en casa). Todo esto explica que las mujeres cobren de media un 23% que los hombres y que estén relegadas socialmente a un segundo plano.

Pero a pesar de que la raíz de la injusticia se encuentra en el reparto del trabajo, la brecha de género no desaparece cuando finaliza la época laboral, sino que ocurre todo lo contrario: ¡se agudiza! Esto es así porque nuestro modelo económico vincula las pensiones a la remuneración obtenida en un puesto de trabajo. Puesto que el trabajo asociado históricamente a las mujeres está mal remunerado o no lo está, ellas reciben menos pensiones que ellos y además de cuantía inferior.

A pesar de ser muchas más que los hombres, sólo el 37% de las pensiones de jubilación son para mujeres. Además, ellas cobran un 36% menos que ellos: la pensión media de las mujeres es de 797,5 euros mensuales frente a los 1.247,46 euros que reciben de media los hombres. Lo mismo ocurre con las pensiones por incapacidad permanente: ellas reciben menos número de prestaciones que ellos (339.125 frente a 609.250) y además de menor cuantía (835,16 euros mensuales frente a 998,40 euros).

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Otra solución al problema de las pensiones: cerrando el círculo

Autor: Alberto Ruiz Villaverde

Pedaleando

En la primera entrada de esta serie que trata sobre las pensiones defendí que el problema de las pensiones no es de índole técnica; al contrario, se trata de un problema ideológico que requiere de una solución política. En la segunda entrada traté, brevemente, de explicar y criticar la propuesta de privatización de las pensiones y (posible) implantación del sistema de capitalización.

A continuación se trata de ser algo más constructivo y explicar alguna propuesta seria y convincente que pueda afrontar de una manera solvente la cuestión de las pensiones. Y es que resulta que el “envejecimiento de la población”, eso sí de cumplirse las proyecciones demográficas, es un fenómeno que merece ser debatido desde las diferentes alternativas políticas en relación a la sostenibilidad del pago del sistema público de las pensiones de nuestro país.

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Una “solución” al problema de las pensiones: la privatización o implantación del sistema de capitalización

Autor: Alberto Ruiz Villaverde

Pedaleando

En la entrada anterior traté de explicar -sucinta y sencillamente- que el problema de sostenibilidad del pago de las pensiones no es un problema técnico; antes al contrario, se trata de un problema ideológico que pone de manifiesto un interés de clase.

Bajo este prisma, la solución que se proponga favorecerá los intereses de una clase social sobre la otra o a la inversa. Se pone así de manifiesto el conflicto de intereses latente en la forma de organización social de la economía capitalista.

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El problema de las pensiones: un problema ideológico

Autor: Alberto Ruiz Villaverde

Pedaleando

La entrada que publico a continuación tiene cómo objetivo desenmascarar que el problema de las pensiones no es un problema de índole técnica; sino, que se trata de un problema ideológico, como todos los problemas que tratamos de resolver desde el análisis económico.

Permítanme que antes de empezar me apoye en el “criterio del experto”:

«Las soluciones de los problemas económicos nunca son económicas sino políticas. No hay oscuras fórmulas técnicas que permitan resolver las dificultades en un clima de gabinete».

Lección magistral del profesor Enrique Fuentes Quintana en TVE, año 1977, vísperas de los Pactos de la Moncloa

(ver a partir del 1:30)

El sistema de pensiones en España

Sucintamente, debemos entender que el sistema de pensiones español está fundamentado y diseñado bajo un principio de gestión colectiva. Los trabajadores/as en activo contribuyen, a través de sus cotizaciones a la seguridad social, a un fondo que se utilizada para pagar las pensiones de los trabajadores/as que están en situación de retiro de sus puestos de trabajo.

De forma más rigurosa, cinco principios rigen el funcionamiento de este sistema (ver mas extensamente aquí): (i) el principio de reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones existentes en ese momento; (ii) el principio de proporcionalidad contributiva: la cuantía de las prestaciones guardará relación directa con las cantidades aportadas al sistema público y al periodo de cotizaciones efectuadas; (iii) el principio de universalidad: aquellos que no hayan contribuido al sistema podrán acceder al nivel no contributivo de prestaciones para poder cubrir las necesidades más básicas; (iv) el principio de gestión pública: el sistema de la Seguridad Social estará gestionado y financiado por entidades públicas. (v) el principio de suficiencia de prestaciones: la cuantía de las prestaciones debe ser suficiente para asegurar las necesidades protegidas.

A lo que hay que añadir que de esta manera se cumplen otros dos principios: un principio de solidaridad intergeneracional; y, un principio de  solidaridad interregional, que garantiza que todos los ciudadanos del Estado español tengan derecho a su pensión por jubilación, independientemente de la región en la que vivan.

Vaya por delante una opinión preliminar, es todo un logro y una paradoja que en el modo de producción capitalista exista un vestigio de estas características. Es decir, una forma de gestión colectiva, con todos sus aciertos y defectos, frente a las soluciones individualistas y auto-interesadas más propias del capitalismo. Es decir, la norma en el capitalismo (la cual rige en otros países) es optar por planes de pensiones privados e individuales. Entendiéndose lo individual y propio como más “justo”.

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Universidad y pensiones: la derrota de lo público

Autor: Lina Galvez

eldiario.es

Mientras en España los dirigentes del PP disimulaban las mentiras de la presidenta de la CAM atacando a la universidad pública y cientos de miles de personas salían a la calle en defensa de una pensión digna, en el Reino Unido se estaba viviendo una huelga sin precedentes en protesta por el deterioro de la universidad pública. Una huelga provocada, precisamente, por el recorte de las pensiones del personal universitario porque se supone que el plan de pensiones de las universidades no es sostenible.

Los salarios universitarios en el Reino Unido, aunque sensiblemente mejores que los españoles, nunca han sido para tirar cohetes, sobre todo en ciudades donde el precio de la vivienda es muy elevado. Además, desde 2009, han sufrido un recorte del 16%.

Aún recuerdo cuando hace veinte años, tras defender mi tesis doctoral, obtuve una plaza en una universidad británica. Mi salario de entonces era solo algo más bajo del que tengo ahora, pero notablemente inferior al que obtenían mis compañeros de doctorado que, en su mayoría, habían optado por continuar su carrera profesional en el sector privado. Todos me consolaban diciendo que lo bueno estaba por venir porque, en realidad, lo mejor del salario de los universitarios británicos era el plan de pensiones. Y tenían razón.

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¿El aumento de la productividad del trabajo fortalece las pensiones?

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

El aumento de la productividad del trabajo no mejora necesariamente la sostenibilidad de las pensiones.

Soy consciente de que esta afirmación puede resultar, como poco, desconcertante, pues parece negar la evidencia de que, precisamente, el crecimiento de la productividad debería proporcionar los recursos que necesita el fondo público de pensiones. Si la economía española consiguiera mejorar los estándares de productividad, aumentarían tanto los salarios de los trabajadores como los beneficios de los empresarios; sin necesidad de incrementar la presión fiscal, sería posible transferir recursos desde la población activa ocupada, que crea riqueza, en dirección a la población inactiva receptora de las pensiones, situada fuera de los circuitos productivos y en continuo crecimiento fruto del envejecimiento demográfico. Así de lineal y de tramposo es el discurso dominante.

¿Qué ha sucedido con la productividad del trabajo desde que gobierna el Partido Popular (PP)? Este indicador relaciona el Producto Interior Bruto (PIB) con el número de trabajadores o de horas trabajadas. Pues bien, si se toma como referencia el empleo en el período que nos ocupa, entre 2011 y 2017, El PIB real por trabajador ha experimentado un aumento global del 5,1%; si en lugar del empleo se pone el foco en el número de horas trabajadas, su progresión ha sido del 4,3%. En estos años, no obstante, la “hucha” de las pensiones (el fondo de reserva) se ha vaciado y los jubilados han visto cómo se reducía su capacidad adquisitiva.

Para entender esta aparente paradoja hay que analizar los factores que están determinando los avances en la productividad del trabajo. Me centro en las reflexiones que siguen en el denominador de la ratio, esto es, en el volumen de empleo y en las horas trabajadas.

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EKO TV: Pensiones

Autor: EKO TV, Ivan H. Ayala y Maria Pazos Moran

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El pasado jueves debatimos sobre la sostenibilidad de las pensiones con:

-María Pazos (economista)
-Norberto Marchesano (economista)
-Carlos Bravo (Secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO).

¿No lo pudiste ver? No te preocupes, os dejamos el enlace:

http://www.publico.es/publico-tv/eko/programa/663491/pensiones

El truco contable de Rajoy para no incrementar las pensiones al ritmo del IPC

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

La Seguridad Social lleva desde 2012 en claro déficit, es decir, ingresando bastante menos de lo que gasta. Desde entonces el gobierno ha ido rellenando ese vacío con los fondos de la hucha de las pensiones.

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Pero en 2017 el gobierno ya había utilizado el 90% de la hucha, y como no quería vaciarla por completo (por el coste político que implicaría) recurrió a compensar el déficit de otra forma: prestándole dinero. En 2017 el Estado prestó 10.193 millones de euros a la Seguridad Social. En 2018 ocurrirá lo mismo: este lunes el gobierno anunció que este año el préstamo será de unos 15.000 millones.

Pero, ¿por qué el Estado presta dinero a la Seguridad Social en vez de transferírselo directamente? Al fin y al cabo las dos son cuentas del conjunto de las administraciones públicas, por lo que sería como pasarse el dinero de un monedero a otro. Ninguna persona se presta dinero a sí misma, ¿por qué el sector público sí lo está haciendo?

Pues porque si en vez de un préstamo hiciera una transferencia, el déficit de la Seguridad Social desaparecería. Acorde a las normas contables, el dinero transferido computa como ingreso no financiero mientras que el dinero recibido a través de un préstamo no. La modificación del artículo 48 de la Ley de Seguridad Social llevada a cabo por el gobierno de Rajoy en 2013, en su apartado 3 establece que “Para el cálculo (…) se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 en gastos y 1 a 7 en ingresos del Presupuesto de la Seguridad Social)”. Y una transferencia es capítulo 4, por lo que se incluiría como ingreso y reduciría el déficit, mientras que un préstamo es capítulo 8 y quedaría al margen, manteniendo el déficit intacto.

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Mentiras y algoritmos del relato (neo) liberal de las pensiones

Autor: Manolo Garí

ctxt.es

Los poderes financieros en la sombra, la CEOE y el club Ibex 35, sus medios de comunicación, su director del Banco de España y los partidos que financian (PP y Cs) no cejan en proclamar la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Para legitimar su discurso se han financiado comisiones de expertos formadas por conspicuos representantes de las puertas giratorias existentes entre las aseguradoras, los fondos de inversión y la política. Sus conclusiones coinciden, ¡qué casualidad!, con las que mantienen firmas y asociaciones empresariales del mundo de los fondos de pensiones y las aseguradoras como INVERCO y UNESPA.

El objetivo perseguido es evidente: la deconstrucción por demolición del sistema público de pensiones para poner en mano de los mercados privados el 45% del monto del gasto social total español. Ello dejaría el sistema de pensiones público reducido a la marginalidad con un estricto carácter asistencial (para evitar la explosividad social). Y, a su vez, se abriría una triple brecha entre pensionistas. Por un lado, quienes tienen derechos a percibir y quienes ni siquiera cumplen las condiciones mínimas que se exigen y, por otro, entre quienes tienen ingresos suficientes e incluso altos y quienes reciben migajas; inequidades que se sumarían a la estructural brecha de género originada por la diferencia en las carreras profesionales y percepciones salariales de mujeres y hombres.

Con ello se pretende convertir necesidades y derechos de la población en mercancía y ganancia privada. Para conseguirlo no han dudado en atacar con todo. Han falseado los datos al ocultar por qué se ha saqueado el Fondo de Reserva. Han “tapado” por qué han disminuido las aportaciones a la Seguridad Social a causa de la drástica disminución de la masa salarial tras el aumento del paro, la bajada de sueldos (selectiva pues policía y guardia civil verán aumentar los suyos) y la precarización del trabajo, fruto todo ello de las Reformas Laborales y las políticas de austeridad impuestas desde la Unión Europea. Los gobernantes del PP han eludido explicar la dedicación del dinero público para rescatar locas y lucrativas operaciones en infraestructuras o gestiones bancarias delictivas. Y, lo que es más grave e irresponsable: han intentado meter miedo a la sociedad –“el colapso es inminente”– y estimulado el individualismo para afrontar el futuro –“ahorre usted y suscriba una pensión”– frente a la búsqueda de soluciones reales y colectivas del conjunto de la comunidad protegiendo a sus miembros.

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Cuatro comentarios sobre el debate de las pensiones (Cuaderno de postcrisis: 6)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

El debate sobre el futuro de las pensiones es un tema crucial para el futuro de la sociedad, uno de los campos de batalla donde se dirime nuestro modelo social. Y al que en años recientes tenemos que volver en una u otra ocasión. Esta nota es por tanto complementaria de la de Francesc Bayo que publicamos en este mismo número, y de otras anteriores en la que hemos abordado la cuestión. Simplemente trato de discutir cuatro cuestiones que considero claves para el debate y para construir un discurso alternativo a la vez sólido y realista. No entro en una de las cuestiones en la que han incidido los defensores del sistema público, el de que detrás de su demolición están los intereses del sector financiero, su voluntad de participar del pastel en base a desarrollar los planes de pensiones. Y no entro porque por una parte la cuestión es obvia y ya está bien explicada por mucha gente (Miren Echezarreta y la gente de Taifa ha publicado buenos trabajos en esta dirección). Pero, también, porque creo que más allá de este punto hay cuestiones cruciales que merecen por sí mismas atención y propuestas.

1. Pensiones y demografía

El elemento más usado por los defensores de aplicar un recorte fundamental al sistema de pensiones, el que ha justificado la reforma del PP, es la demografía. Tiene la ventaja, para sus defensores, que aparece como un problema “natural”, fácil de explicar y de asimilar por mucha gente. El argumento ha sido repetido hasta la saciedad: en los próximos años se va a jubilar mucha gente, quedará mucha menos gente en el mercado laboral y por tanto los empleados del futuro deberán soportar una carga insoportable para mantener a esta masa de gente ociosa que cada vez vive más años.

El argumento demográfico tiene su parte de verdad y su parte de falacia. La parte de verdad es que va a haber una masa creciente de jubilados que requerirá renta y atenciones. Y que plantea por sí misma dos retos: la necesidad de transferir renta para su sustento y, al mismo tiempo, fuerza de trabajo para garantizar buenos cuidados a una parte de esta misma población.

Lo que en cambio resulta falaz es que la base laboral quede disminuida por el simple efecto de las jubilaciones masivas y la llegada de cohortes poco numerosas al mercado laboral. Este escenario solo es posible en un mundo sin inmigración (o si el mismo proceso se diera a escala planetaria). Hasta ahora siempre, que se ha producido un estrechamiento del mercado laboral a escala local, regional o nacional ha tenido lugar una masiva inmigración, y no hay razones para pensar que ahora las cosas van a ser distintas. Pensar que ahora no se va a dar implicaría suponer, por ejemplo, que los hoteles cerrarán por falta de personal. Esto no quiere decir que la respuesta vaya a ser sencilla. Un proceso masivo de inmigración requiere cuando menos de tres políticas combinadas: educativo- laboral (para garantizar un buen reemplazo de las capacidades laborales), de políticas sociales en un sentido amplio (para acoger adecuadamente a la gente) y político- cultural (para evitar que el proceso dé lugar al rebrote de xenofobias y racismo).

Negar que hay un elemento demográfico que planea sobre el debate de las pensiones me parece estúpido. Denunciar su uso abusivo y falaz no puede llevarnos a “tirar el niño con el agua del baño”. Lo que hay que explicar a la gente es que una sociedad envejecida tiene un enorme potencial de atraer personal, y que cuanto mejor se organice este proceso migratorio mejor y de manera más justa se garantizará el buen funcionamiento social.

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“No hay ninguna razón política ni económica para que sean sólo los trabajadores los que mantengan a los pensionistas” (Entrevista a Miren Etxezarreta)

Autor: Miren Etxezarreta

Intervenció de Miren Etxezarreta al programa Preguntes freqüents de TV3 del 10/03/2018

Hem passat dels joves indignats als avis indignats? Com pot viure un pensionista avui en dia a l’estat espanyol? Quin futur tenen les pensions privades? Hem comentat la situació actual de les pensions amb Domiciano Sandoval, portaveu de la Marea Pensionista, i la Miren Etxezarreta, catedràtica emèrita d’Economia Aplicada.

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-frequents/parlem-de-pensions-amb-avis-indignats/video/5747004/

El recorte silencioso de las pensiones: Rajoy no ha entendido nada

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Con un discurso incomprensible para la mayoría de la gente, el presidente del Gobierno ha intentado capear el temporal generado por sus políticas en materia de pensiones. Y lo ha hecho con anuncios de limitadas y ridículas ayudas fiscales a quienes cobran pensiones más elevadas e inconcretas mejoras para las mínimas y de viudedad.

Es una nueva tomadura de pelo a quienes se han movilizado por el claro incumplimiento constitucional que está perpetrando el Partido Popular: al mismo tiempo que está pidiendo confianza y tranquilidad a las víctimas de sus reformas, sigue profundizando en las mismas con dos elementos profundamente lesivos para el sistema de pensiones.

Rajoy sigue defendiendo la aplicación del factor de sostenibilidad, que se activará en 2019, y que recortará las nuevas pensiones, al menos un 0,5% justificándolo en el incremento de la esperanza de vida.  Cuantos más años prevea el PP que vaya a vivir una persona, menor será su pensión para limitar el incremento del gasto. Y luego nos anuncia que dará una “limosna” fiscal a partir de los 80 años…

Pero además, hay que llamar la atención sobre la congelación de la base máxima de cotización a la Seguridad Social en 2018. Este movimiento ha pasado muy desapercibido pero tiene una trascendencia importante: repercute negativamente sobre los ingresos de la Seguridad Social al mismo tiempo que sienta las bases para que las pensiones del futuro no crezcan. Este doble combo del gobierno del Partido Popular se suma a todas las maniobras que está llevando a cabo para dinamitar y sembrar dudas sobre el sistema público de pensiones, entre las que destaca vaciar el Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones), aprobar bonificaciones a las cotizaciones de los empresarios y a quienes contraten planes privados de pensiones, y realizar declaraciones vertiendo dudas sobre la sostenibilidad del sistema público y animando a buscar alternativas de ahorro privado.

Para entender en qué consiste este nuevo movimiento es necesario comprender cómo funciona el mecanismo de cotizaciones sociales. La mayoría de las personas trabajadoras están obligadas a cotizar a la Seguridad Social, y lo hacen en función del salario que reciben: a mayor salario, mayor cotización. La cantidad cotizada se tiene en cuenta para calcular las prestaciones futuras que recibirá esa persona cuando deje de trabajar (en caso de desempleo, de incapacidad laboral, de jubilación, etc), de forma que cuanto más se cotice, más elevada será esa prestación futura. No obstante, hay límites a las cantidades que se pueden aportar como cotizaciones, tanto por arriba como por abajo. El límite por abajo lo determina la base mínima de cotización, que es la referencia para calcular la cantidad mínima que hay que aportar a la Seguridad Social; el límite por arriba lo determina la base máxima de cotización, que es la referencia para calcular la cantidad máxima que se puede aportar a la Seguridad Social.

La base mínima de cotización es coincidente con el salario mínimo, porque se supone que nadie puede cobrar menos (aunque ocurre, en parte porque hay muchos trabajos a tiempo parcial cuyo salario mensual es inferior al mínimo legal). Su evolución ha sido idéntica al del salario mínimo: prácticamente congelado desde 2011 hasta 2016, y elevado en 2017 y 2018 un 8% y un 4%, respectivamente. La base máxima de cotización es de 3.751,20 euros. Esto quiere decir que aunque haya una persona que cobre 5.000 euros por su trabajo, solo cotizará a la Seguridad Social por los 3.751,20 euros, quedando el resto exento de cotizaciones (en muchos países esta limitación no existe). Su evolución ha sido diferente: ha tenido una tendencia creciente –más acentuada en 2013 y 2014– salvo en 2018 que se ha detenido.

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Falacias, trampas y canalladas del relato neoliberal de las pensiones

Autor: Manolo Garí

Viento Sur

Estamos viviendo momentos críticos del ataque de la burguesía, sus partidos y sus medios de comunicación contra los derechos sociales de las y los trabajadores del Estado español. Pero también de esperanza porque la reacción del movimiento de pensionistas ha sido contundente.

La burguesía está interesada en impulsar fondos privados de pensiones para encontrar nuevos nichos de negocio y saqueo de las clases trabajadoras. Fondos que en muchos casos han significado la ruina de pensionistas por la quiebra de dichos fondos: ahí están los ejemplos de Chile, laboratorio gracias a la dictadura pinochetista de las políticas neoliberales de los Chicago Boys durante décadas, Argentina, donde el gobierno en los años ochenta tuvo que rescatar con dinero público los fondos privados y volver a organizar un modesto sistema público o de los diferentes incidentes –en realidad, estafas – en el Reino Unido, cuna de los ataques contra la sociedad de la nefasta Margaret Tatcher.

La oligarquía financiera autóctona (e internacional) y la CEOE vienen proclamando desde hace décadas la insostenibilidad del sistema público de pensiones en un titánico esfuerzo por lograr que la profecía se autocumpla. Contra viento y marea, y a pesar de los tozudos datos macro económicos, su discurso no ha variado y, para fortalecerlo, han organizado, en connivencia con el Partido Popular, Comisiones de Expertos formadas por ejemplares representantes de las puertas giratorias entre aseguradoras y fondos de inversión y la política con la participación de supuestos especialistas en la elaboración de mágicos algoritmos. La voz cantante sobre las pensiones en los medios de comunicación la llevan Inverco y Unespa y no la representación política popular o las organizaciones sociales afectadas.

El objetivo perseguido es muy claro: la deconstrucción por demolición del sistema público de pensiones para poner en mano de los mercados privados el 45 % del monto del gasto social total español, dejando el sistema público de pensiones como un elemento marginal de la protección de naturaleza meramente asistencial para evitar que la olla social explote. Ello comportaría la agudización de la desigualdad en el monto de las percepciones de las y los pensionistas, sean por motivo de jubilación o por otros motivos (incapacidad, viudedad, etc.)

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“Para sostener las pensiones hace falta una reforma fiscal integral” (Entrevista a Miren Etxezarreta)

Autor: Miren Etxezarreta

eldiario.es

Las reclamaciones de los pensionistas españoles que llenan las calles llegaron finalmente al Congreso esta semana. Para la catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Miren Etxezarreta (Ordicia, Gipuzkoa, 1936) las propuestas esbozadas hasta ahora el Gobierno son parches que no abordan la reforma en profundidad que requiere el sistema de pensiones.

Etxezarreta, jubilada tras más de tres décadas en la academia y que ya analizó el futuro de los pensionistas en Qué pensiones, qué futuro (Icària, 2010), se muestra muy crítica con los planes de pensiones privados y apuesta por una amplia reforma fiscal que grave los capitales para sostener las pensiones y el conjunto de servicios públicos. Apuesta además por desligar los derechos sociales como las pensiones del trabajo: “Son un derecho de ciudadanía, hayas trabajado o no”.

El presidente del Gobierno volvió a rechazar subir las pensiones según el IPC. ¿Es un error?

Era de esperar y quien pensase que iba a ser distinto comete un error de análisis. El PP está preocupado por lo que pueda pasar con los pensionistas, pero lo que no puede hacer es demostrarlo. Políticamente no puede mostrar que los pensionistas le asustan y tomar medidas inmediatas. Seguro que de aquí a la campaña electoral el Gobierno hace algo, pero no lo puede decir hoy.

El Ejecutivo ha esbozado rebajas fiscales para las pensiones más bajas, pero lo ha condicionado a la aprobación de nuevos presupuestos.

Si el Gobierno hace algo irá en esa dirección porque no responde al quid de la cuestión: valorizar las pensiones como hay que valorizarlas. El Gobierno pretende encontrar un camino tortuoso por el que parezca que hace algo pero que en realidad cueste muy poco dinero. La  propuesta de rebajar el IRPF a los pensionistas mayores de 80 años significa no hacer prácticamente nada. Muchos pensionistas no llegan a tributar, gente de ochenta años no hay tanta y favorecería a los que pagan más IRPF. Es una reforma que le vendrá muy bien a un señor que tenga una pensión máxima y que además tenga ingresos por capital.

¿Es un parche regresivo, pues?

Totalmente, porque es disminuir la tributación de los que más cobran.

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¿Cómo que no hay dinero, Rajoy? Basta de mentiras

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

La semana pasada el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que no hay dinero para subir las pensiones. Aludir a una falta de dinero es el típico mantra que utiliza la derecha para calmar toda aspiración de lograr mayor justicia social. Es la forma más efectiva de evadir el debate: si no hay dinero para cambiar las cosas entonces no es necesario aportar argumentos para convencer al interlocutor de que no hay que cambiar las cosas. La insuficiencia del dinero zanja cualquier debate, y ¡qué casualidad! Siempre lo hace a favor del statu quo y de los poderosos.

Mienten. Consciente o inconscientemente mienten. Este manido mensaje de la falta de dinero es absolutamente falso desde la primera hasta la última letra. El dinero se inventó para facilitar las relaciones económicas, pero al contrario de lo que la gente suele creer erróneamente, el dinero no es algo físico; es una ficción del ser humano, al igual que lo son los números o los kilogramos, y por lo tanto no tiene sentido hablar de su escasez o de su abundancia. ¿Alguien se imagina a un profesor de matemáticas diciendo que no puede dar clase porque no tiene suficientes números? ¿O a un frutero diciendo que no puede pesar la fruta porque no tiene suficientes kilogramos? No tiene sentido, ¿verdad? Pues tampoco lo tiene que un presidente del gobierno diga no tener suficiente dinero para aumentar las pensiones (o para cualquier otra cosa).

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Eliminar la brecha de género para garantizar las pensiones

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

infolibre.es

La movilización feminista de la semana pasada y las manifestaciones en defensa de unas pensiones públicas dignas tienen mucho en común. Para empezar, ambas reflejan los límites de un modelo de desarrollo que, incluso cuando presenta tasas de crecimiento elevadas, no atiende a las necesidades de la mayoría: ¿para qué sirve crecer al 3% si no se traduce en mejoras de las condiciones de vida de sectores importantes de la población, que incluso ven cómo se deteriora su capacidad adquisitiva?

Pero hay otra conexión muy relevante sobre la que queremos llamar la atención: garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres también significa garantizar las pensiones futuras. Más aún, cerrar la brecha de género es imprescindiblepara lograr el crecimiento en el empleo y los salarios que asegura la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Los partidarios de recortar las pensiones lo argumentan por el envejecimiento de la población española, que hará que en las próximas décadas aumente el número de mayores de 65 años en relación con las personas en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). Según Eurostat, este cociente pasará del 30% actual al 60% en 2050, y los partidarios de los recortes concluyen de esta cifra que “no se podrán pagar las pensiones si no se recortan”.

Sin embargo, lo que debemos medir no es esta ratio entre personas mayores y personas en edad de trabajar, sino la relación entre todas las personas dependientes y aquellas personas que participan efectivamente en la producción. En el numerador, por tanto, debemos poner no sólo a los jubilados y jubiladas, sino también a las personas en edad de trabajar que permanecen inactivas o paradas, mientras que en el denominador deberíamos contar solo a las personas con empleo.

Esto es muy importante, porque pone el foco en la evolución del empleo (y los salarios) para garantizar las pensiones.Quienes, con la renta que generan, deben sostener económicamente no solo las pensiones, sino a todas las personas que no están ocupadas en un momento determinado, son exclusivamente las personas que tienen un empleo. Y España tiene aquí un gran margen de mejora, puesto que su tasa de empleo puede aumentar sustancialmente.
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Actualizar las pensiones es posible (y no hacerlo es insostenible)

Autor: Nacho Álvarez Peralta, Jorge Uxo y Alberto Montero Soler

El Mundo

Si hay un punto en el que existe unanimidad entre todos los que analizan la situación de la Seguridad Social en España es que la aplicación del “índice de revalorización” impuesto por el Partido Popular en 2013 supondrá una importante erosión de la pensión que cobrarán las y los pensionistas. Así lo han dicho instituciones oficiales como el Banco de España o la AIReF, fundaciones privadas como FEDEA, numerosos trabajos académicos y, hace solo una semana, la Comisión Europea en su informe sobre España (página 26).

Sobre esto no hay debate porque, digámoslo claro, es lo que persigue en realidad la aplicación de este índice: su objetivo es reducir el déficit de la Seguridad Social por la vía rápida de recortar el gasto en pensiones. Para lograrlo, la aplicación de este índice supondrá la casi congelación de las pensiones (el famoso 0,25%) durante años, por lo que con una tasa de inflación que se acerque al 2% (el objetivo de inflación del BCE) cada uno de estos años la pensión perderá un 1,75% de capacidad adquisitiva. Una persona que se haya jubilado en 2017 y viva 20 años acabará (mal)viviendo con una pensión que valdrá casi un 30% menos.

Pero no hay ninguna razón para someter a las personas mayores a este empobrecimiento progresivo, si se adoptan las medidas adecuadas. Por ejemplo, actualizar las pensiones este año costaría 2.300 millones de euros, un 0,2% del PIB. Una cifra similar a las bonificaciones y reducciones que el gobierno ha venido aplicando a las cotizaciones sociales, supuestamente para incentivar la contratación, pero con nula eficacia; o similar también al coste del rescate de las autopistas, según el último plan presupuestario enviado a Bruselas.

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El futur de les pensions (Entrevista a Miren Etxezarreta)

Autor: Miren Etxezarreta

Entrevista en Els Matins de TV3 – 22 de gener de 2018

Discutim el futur de les pensions amb dues economistes: Miren Etxezarreta, doctora en Economia de la London School of Economics i la UAB, i Concepció Patxot, professora de Teoria Econòmica de la UB. Les dues han analitzat la proposta de la ministra Fátima Báñez per ampliar la base de càlcul de la pensió a tota la vida laboral del treballador. També han donat algunes de les claus que expliquen el buidatge de la guardiola del fons de reserva de les pensions i quin serà el seu futur. De fet, les dues coincideixen que les pensions disminuiran perquè cada vegada vivim més anys i el fons de reserva de la Seguretat Social es buida, mentre els jubilats perden poder adquisitiu.

Per veure el vídeo clica aquí.

El timo de la bolita para privatizar las pensiones

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo escrito originalmente en el número 55 de La Marea

“¡Peligro! ¡La Seguridad Social está en déficit! Así que no se pueden mantener las pensiones; hay que reformar el sistema y la mejor forma de hacerlo es privatizando parcialmente el sistema público de pensiones”. Esta es la cantinela de siempre, una mentira mastodóntica que incluso mucha gente con sensibilidad de izquierdas se come con patatas. Pero hagamos un ejercicio comparativo para evidenciar lo absurdo de ese razonamiento: “¡Peligro! ¡La administración estatal está en déficit! Así que no se puede mantener la Corona; hay que reformar el sistema y la mejor forma de hacerlo es acabar directamente con ella”. Es exactamente el mismo razonamiento. Cámbiese Corona por Defensa, Justicia, lucha contra el terrorismo, ayudas a la banca, etc. y nos daremos cuenta de lo falso y sesgado que es el razonamiento.

No me cansaré de decirlo: la situación habitual –¡incluso deseable por regla general!- de las economías es estar en déficit público, y eso jamás debe ser óbice para recortar o privatizar algún elemento del sector público. España ha tenido déficit público casi toda su historia democrática (excepto tres años) y sólo han empezado a recortar con fuerza en los últimos 7 años (y por una cuestión política, no técnica). Japón lleva con déficit público más de 30 años y con la mayor deuda pública del planeta y no por eso tiene que recortar nada.

Pero se utiliza constantemente la falacia de la falsa analogía entre un hogar o una empresa y el Estado para hacer creer a la gente que los Estados no pueden estar permanentemente en números rojos (ya que las familias y las empresas no pueden estarlo). Pero en realidad sí pueden, y de hecho es conveniente que lo hagan a menudo. Este engaño masivo se ha aprovechado, entre otras cosas, para atacar con fuerza al sistema público de pensiones. El truco es muy sencillo: como la Seguridad Social (SS) siempre ha tenido superávit y no parece creíble que haya que recortar pensiones públicas, lo que se hace es provocarle un déficit público.

La mejor forma de hacerlo es hundiendo los recursos de la SS y trasladando parte del superávit al resto de las administraciones públicas. De esta forma la Seguridad Social entrará en números rojos, y de camino el déficit público del resto de administraciones mejorará. En realidad es exactamente lo mismo que vaciar un monedero, con ese dinero llenar un poco una cartera, y alegar luego que el monedero está en pésima situación. La cartera estará mejor pero eso no importa porque lo que se busca es señalar lo mal que está el monedero. Y es una cuestión política, porque ni hay necesidad de vaciar el monedero, ni nadie te impide que lo rellenes con dinero proveniente de otra parte. Es el timo de la bolita: hacer pensar que el déficit está en un sitio donde realmente no tiene por qué estarlo.

El gráfico evidencia este timo. La SS se mantuvo en superávit o ligeramente en déficit hasta 2011, a pesar de que el paro ya se había disparado y superaba los 5 millones. Fue solamente a partir de 2012, con la llegada del PP al poder, cuando de golpe la SS superó el punto porcentual del PIB en déficit. ¿Cómo es posible que el saldo se deteriorase tanto de la noche a la mañana? Fácil: porque Rajoy redujo las cotizaciones sociales a algunos empresarios en un intento –absolutamente fallido- por reactivar el empleo, porque se eliminaron las cotizaciones a una parte de los parados, porque se aprobó una reforma laboral que abarató el despido y que redujo los salarios (y por lo tanto también las cotizaciones sociales), y porque se vació la hucha de las pensiones reduciendo con ello los ingresos a la SS. Fueron decisiones políticas, no inevitabilidades técnicas.

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Los ‘millennials’ y el sistema público de pensiones que queremos

Autor: Carlos Gutierrez Calderon

nuevatribuna.es

Durante los últimos meses hemos vivido diferentes movilizaciones de los pensionistas a raíz de una mísera revalorización de las pensiones, el 0,25%, resultado de la reforma unilateral que realizó el Partido Popular en 2013. Aquella reforma supuso desvincular el crecimiento anual de las pensiones del incremento de los precios, con el efecto que ahora se hace evidente: los pensionistas actuales están perdiendo poder de compra. Pero esta no es la única consecuencia en la que hay que detenerse. La introducción también en 2013 del llamado “factor de sostenibilidad”, vinculado a la esperanza de vida, derivará a partir de 2019 en pensiones más bajas. En la práctica, se han situado las pensiones en la senda de una devaluación progresiva y constante que afecta a los pensionistas de hoy, pero también y de forma más profunda a las generaciones que se jubilen en las próximas décadas. Y este es el elemento crucial sobre el que hay que incidir para incorporar a la juventud al debate sobre qué sistema público de pensiones queremos y cómo ha de financiarse.

Los pensionistas se mueven. Las marchas por unas pensiones dignas convocadas por CCOO y UGT iniciaron su andadura en septiembre del pasado año y finalizaron en una gran movilización de pensionistas en Madrid. Además, el movimiento sindical -junto a diversas plataformas y asociaciones de pensionistas- han venido convocando desde entonces concentraciones descentralizadas en las capitales de provincia de nuestro país. El último hito fue el pasado día 22 de febrero, cuando la indignación de decenas de miles de pensionistas se expresó con contundencia en las calles de toda España. El salto cuantitativo -quizá también cualitativo- resulta ya innegable.

Esta creciente inflamación social entre los pensionistas es perfectamente comprensible. Durante los duros años de la crisis económica, y aún en la actualidad, ha sido la pensión del abuelo o de la abuela el único sustento para muchas familias. El sistema público de pensiones ha resistido bien el azote de la crisis económica y se convirtió en uno de los pilares amortiguadores de situaciones dramáticas que han sufrido numerosos trabajadores. La familia como sustento ante el infradesarrollo de nuestro Estado de Bienestar. Este esfuerzo de las familias y los pensionistas en la tan cacareada recuperación económica no se ha visto recompensado. Así, mientras el crecimiento a nivel macro está alrededor de un 3%, se supera el nivel de producción de bienes y servicios que teníamos antes de esta década de crisis económica y los beneficios empresariales aumentan de forma notable, las pensiones se revalorizan sólo un 0,25%. Estamos ante el gran problema de España en la actualidad: una recuperación económica que no mejora las condiciones salariales de los trabajadores ni las pensiones de los pensionistas. ¡Es la distribución, estúpido!

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Pensionistas rodeando el Congreso

Autor: Alberto Garzon Espinosa

Pijus Economicus

El pasado 22 de febrero los alrededores del Congreso se llenaron de manifestantes, la inmensa mayoría jubilados y jubiladas, exigiendo pensiones dignas. La convocatoria pública la había realizado la Coordinadora de Pensionistas en Defensa del Sistema Público de Pensiones, y fue todo un éxito. Es más, el resultado ha sido tan importante que pilló descolocado al propio Gobierno. Aunque seguro que no sólo al Gobierno. Obsérvese un detalle al respecto.

Normalmente el Gobierno no permite ese tipo de concentraciones, entre otras cosas por la existencia de un controvertido artículo 494 del código penal que amenaza con penas de prisión a los que se manifiesten ante las sedes del Congreso de los Diputados. Sin embargo, es habitual que se permitan pequeñas concentraciones de no más de una decena de personas en la plaza de las Cortes, justo enfrente de los «leones». De estas hay muchas cada semana. Probablemente el Gobierno esperara encontrarse con algo de este tipo, pues jamás habría permitido que miles de personas desbordaran los alrededores del Congreso evocándonos las manifestaciones de 2012. El impacto simbólico de rodear un Congreso como protesta por la política del Gobierno o de su sistema político es enorme, y un Gobierno en minoría no puede permitirse ese lujo.

De hecho, cuando bajé a la manifestación me encontré con un panorama similar al de las manifestaciones del 2012. Entre los manifestantes había de todos los perfiles políticos. Muchos votantes de IU, PCE y de Podemos, pero también del PSOE. Incluso algunos me confirmaron que eran votantes del PP, aunque probablemente no estuvieran ya muy convencidos de repetir. Había personas muy politizadas, que eran militantes de nuestra organización, pero también personas que era la primera vez que bajaban a una manifestación. Había personas con pensiones medias y altas, y también personas que disfrutaban de una pensión ridícula. Hubo un señor que se me acercó llorando y que me dijo, casi sin poder articular las frases, que lo estaba pasando muy mal y que teníamos que hacer algo. Su cara, su forma de expresarse y sus palabras eran propias de alguien que estaba al límite.

Las pensiones es uno de los derechos más importantes que tenemos conquistado en nuestro país. En realidad es parte de nuestro salario. Forman parte de lo que se llama salario social y que incluye el salario directo (nuestra nómina), el salario indirecto (los servicios públicos financiados con impuestos) y el salario diferido (las pensiones). En nuestro país el sistema es además un ejemplo de solidaridad generacional, ya que disfrutamos del llamado «sistema de reparto» que permite que las cotizaciones sociales de las personas que trabajan hoy sean las que financian las pensiones de las personas jubiladas hoy. Y mueve una gran cantidad de dinero que es también un codiciado tesoro para las entidades financieras, motivo por el cual desde hace décadas promueven la privatización parcial o total del sistema. Una privatización que conllevaría el empobrecimiento de los pensionistas más pobres pero también, muy probablemente, el del resto de los jubilados puesto que su sistema se basa en el rendimiento de inversiones que no siempre salen bien.

Sobre todo esto ya escribimos hace ya ocho años un libro de acceso gratuito titulado «¿Están en peligro las pensiones públicas?» y que tuvo un enorme éxito de difusión. Pero entonces, a partir de 2010, todos los intentos que habíamos puesto en marcha desde las organizaciones políticas de izquierdas para movilizar al conjunto de pensionistas habían sido en vano. Iniciamos varias campañas políticas que apenas se tradujeron en pequeñas concentraciones públicas y bastantes actos para hacer pedagogía. El sector de mayor edad de nuestra población se mostraba aparentemente pasivo ante los recortes que bien se venían encima o que bien directamente se produjeron con las reformas de 2011 (PSOE) y de 2013 (PP). Algunos analistas achacaban al carácter conservador de este sector poblacional la causa de este comportamiento. Aun hoy, y según el CIS, de los votantes mayores de 65 años el 28,8% vota PP, el 19% PSOE, el 10,9% a Ciudadanos y sólo un 3% vota a Podemos, IU y las confluencias. Un importante contraste con los votantes entre 18 a 24 años (6,3% PP, 11,5% PSOE, 8,4% Ciudadanos y 23% Podemos, IU y las confluencias).

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Entrevista a Miren Etxezarreta: “El sistema financiero global está detrás de la crisis de las pensiones”

Autor: Miren Etxezarreta

La Sexta

La economista Miren Etxezarreta denuncia en El Intermedio que el sistema público de pensiones “tal y como está planteado ahora no hay ningún interés en que sea viable” y asegura que “no existe tal problema de las pensiones” ya que “separar el gasto de las pensiones del resto de gastos colectivos” del Estado es inviable. Apuesta por financiar las pensiones a través de los impuestos como el resto de gastos del Estado.

Para ver la entrevista pincha aquí.

Vivimos más pero con peor salud: retrasar la edad de jubilación es una gran crueldad

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

En el año 2011 el gobierno del PSOE decretó el retraso progresivo de la edad de jubilación desde los 65 años hasta los 67. En 2018 la edad de jubilación ya va por los 65 años y medio, a no ser que se hayan cotizado más de 36 años y medio. El argumento central que se utilizó para defender esta medida se basaba en que los seres humanos cada vez vivimos más tiempo y por lo tanto es razonable que nos jubilemos más tarde.

Este argumento tiene dos vertientes: una de carácter económico y otra de carácter moral. Atendiendo a la primera se sostiene que para poder pagarle la pensión a una persona que cada vez vive más tiempo es necesario disponer de más recursos, por lo que una forma de resolver el problema es reducir el tiempo que hay que estar pagando la pensión (al mismo tiempo que incrementas los recursos porque esa persona tendrá una vida laboral más larga). En cambio, el argumento de carácter moral es bien diferente: puesto que la persona en cuestión va a vivir más tiempo es de justicia que se mantenga la proporción de tiempo de trabajo y de tiempo de jubilación, de forma que se acabe disfrutando aproximadamente el mismo tiempo de descanso que antes.

Hay innumerables formas de refutar el argumento citado en cualquiera de sus dos vertientes. En esta ocasión no me voy a detener en criticar la primera faceta del argumento, la económica. Baste señalar al respecto que en nuestras sociedades cada vez más tecnológicas y avanzadas tenemos cada vez más posibilidades de producir lo mismo con menos tiempo de trabajo, de forma que podemos permitirnos disfrutar de una época de jubilación más prolongada manteniendo el mismo nivel de vida. Ahora me interesa más desmontar la otra cara del argumento, la de tipo moral o ético.

Es cierto que los seres humanos vivimos, de media, cada vez más. Así lo atestigua el indicador de Esperanza de Vida (EV), que en España ha aumentando 10 años en las últimas cuatro décadas, pasando desde los 73 años a los 83 años desde 1975 hasta 2015. Sin embargo, este indicador nos dice cuánto vivimos (siempre en promedio), pero no cómo vivimos. No es lo mismo vivir 83 años con una salud excelente durante casi toda la vida que hacerlo con graves enfermedades buena parte de la misma. Para eso se creó el indicador Años de Vida Saludable (AVS), que nos viene a mostrar cuántos años vivimos sin sufrir una discapacidad importante.

Pues bien, si miramos ambos indicadores para el caso de España, observamos lo siguiente. Desde 2004 la EV a partir de los 65 años era de 17,2 años en el caso de los hombres y de 21,4 en el caso de las mujeres. Once años más tarde, en 2015, el indicador ha aumentado hasta los 19 años y 23, respectivamente. No obstante, la evolución de los AVS no ha sido similar ni mucho menos. En el año 2004 se esperaba que un hombre de 65 años viviese 9,8 años más sin sufrir limitaciones de salud importantes, y 9,6 años en el caso de una mujer de la misma edad. Once años más tarde, se espera que ambos vivan menos tiempo sin sufrir incapacidades importantes: 9,5 años en el caso de los hombres y 8,9 en el caso de las mujeres.

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No hay ninguna necesidad de crear un impuesto para asegurar las pensiones

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

El pasado lunes 8 de enero el PSOE volvió a la carga con su ya conocida propuesta de creación de un impuesto para poder financiar las pensiones como respuesta al déficit que tiene la Seguridad Social y alegando que países como Francia aplican medidas similares. Muchos han caracterizado esta propuesta de izquierdas, ya que pone el acento en el aumento de ingresos en vez de hacerlo en la disminución de los gastos como marca la receta de la derecha (por cierto, aplicada también en las pensiones por el PSOE durante el gobierno de Zapatero). Sin embargo, esta interpretación es presa precisamente de los postulados económicos que utiliza la derecha, ya que comparte con ella la obsesión de acabarcon el déficit público –en este caso de la Seguridad Social–, como si fuese una enfermedad que hay que extirpar lo antes posible. En realidad, una interpretación verdaderamente de izquierdas debe basarse en una rigurosa y adecuada comprensión de la naturaleza y funcionamiento de los saldos fiscales, dejando de lado los mitos económicos de la derecha que demonizan el déficit público y entendiendo que éste no es más que una herramienta económica que se debe utilizar en beneficio de la mayoría social.

El sistema público de la Seguridad Social ingresa actualmente menos de lo que gasta. Bien, ¿y qué? Si aislásemos los ingresos y gastos de la sanidad pública –al igual que hacemos hoy arbitrariamente con las pensiones públicas-, a ésta le ocurriría exactamente lo mismo: estaría en déficit (los pacientes no pagan directamente todo el coste del servicio), y no veo a nadie por ahí diciendo que hay que crear un impuesto finalista para financiar la sanidad. Pasa igual con la educación pública y con otros servicios públicos: aisladamente del resto de las finanzas públicas se encontrarían en déficit, lo que ocurre es que logramos la financiación a través de vías que no tienen nada que ver con su respectivo ámbito, de forma que financiamos servicios públicos como la sanidad con el dinero que, por ejemplo, paga alguien por IVA cuando compra un coche de lujo. Ponemos toda la riqueza y renta de nuestra economía al servicio de la financiación de todo lo público.

¿De todo? No. De las pensiones no. Así se decidió en 1996 con el Pacto de Toledo, alegando que separar la financiación de las pensiones del resto de la finanzas públicas impediría a los gobernantes de turno recortarlas a través de los presupuestos generales del Estado. Pero esto hoy solo se puede ver como una broma de mal gusto, ya que tanto el gobierno de Zapatero como el de Rajoy han recortado sustancialmente las pensiones públicas con las reformas de los últimos años (aumentando la edad de jubilación, congelando su revalorización o desvinculándola del crecimiento de los precios, ajustándola a la esperanza de vida, etc). Si el aislamiento de la financiación de las pensiones no ha impedido que los gobiernos les peguen un tijeretazo, ¿para qué sirve entonces?

Ya lo digo yo: para nada que no sea reforzar una falsa imagen de insostenibilidad. Una vez las pensiones están aisladas, es fácil señalarlas si tienen déficit y gritar a los cuatro vientos que hay un problema que solucionar (momento hábilmente aprovechado por la banca para proponer planes privados de pensiones). Vuelvo a lo de antes ¿qué pasaría si aislásemos la sanidad pública del resto de finanzas públicas? Veríamos un déficit enorme y la élite de turno saldría en banda a clamar su privatización. Pero no lo hace de forma tan agresiva porque el déficit de la sanidad pública se diluye en el conjunto de las finanzas públicas y el hipotéticoproblema no se explicita tan claramente.

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