Economía Crítica y Crítica de la Economía

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¿Quién teme a las cláusulas sociales en la contratación?

Autor: Carlos Sanchez Mato y Esther Lopez Barcelo

eldiario.es

Cuando llegamos al área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y nos sentamos a diseñar las políticas estratégicas que pretendíamos implantar, detectamos dos graves problemas en la contratación pública madrileña: el de la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras de servicios públicos prestados a través de grandes contratas; y el de la sombra de la corrupción acechando tras cada nuevo escándalo de nombre alemán o cartaginés (véase, Gürtel o Púnica). Para hacer frente a la fiscalización de la acción de gobierno anterior y evitar con normas y nuevas formas de gobierno que se pudieran volver a producir esas deplorables prácticas, pusimos en marcha una subdirección de Auditoría de la Deuda y las Políticas Públicas y una Comisión de Investigación. Sin embargo, en el ámbito de la acción positiva de transformación, uno de los retos más importantes es el de afrontar el futuro con audacia y responsabilidad, por lo que elaboramos una Estrategia de Contratación Responsable.

No se trata, ni mucho menos, de un tema baladí ya que las Administraciones Públicas adquieren bienes y servicios en cantidades muy significativas. Más del 18% del Producto Interior Bruto en el caso español, por lo que es evidente la enorme influencia positiva que puede suponer en la sociedad en su conjunto, la contratación pública responsable. Mejorar los criterios de baremación a través de los cuales se eligen a las empresas para que presten servicios a la ciudadanía, está comenzando a ser un objetivo prioritario para muchos ayuntamientos: Zaragoza, Barcelona, Avilés, Valencia… son ejemplos claros de que algo está cambiando en la forma de gestionar lo que es de todas y todos.

Nuestra hoja de ruta prevé de forma gradual la introducción de cláusulas sociales, medioambientales y éticas en los pliegos de contratación pública. Es decir, pondremos en valor estipulaciones añadidas a las del objeto del contrato que contribuyan a generar una mayor calidad de los servicios prestados: véase, “medidas específicas de igualdad de género en relación con el personal”, “presentación de un Plan de igualdad específico”, “medidas concretas de conciliación de la vida laboral y familiar”, “incorporación de un 5% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo”, “realización de sesiones formativas en materia de seguridad y salud laboral”, “condición especial de ejecución de mantener la plantilla de trabajadores y trabajadoras mínima”, “en la documentación y publicidad que aporte el licitador evitará imagen discriminatoria de mujeres o estereotipos sexistas”, etc. El objetivo de estas medidas es premiar a las empresas que contribuyen a hacer de la contratación pública, un espacio de respeto de derechos fundamentales.

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Parar al PP, también en la contratación pública

Autor: Gerardo Pisarello y Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

Cuando las administraciones públicas compran bienes y servicios inciden de manera decisiva en la orientación de la economía. El contrato municipal de la luz en Barcelona, que se está resolviendo estos días, es un buen ejemplo de ello. No es lo mismo incluir cláusulas que obliguen a las empresas adjudicatarias a evitar cortes de suministros que no hacerlo. No es lo mismo dividir los contratos en lotes para abrir espacio a las pequeñas y medianas empresas o a las cooperativas, que favorecer a los oligopolios energéticos de siempre.

En diciembre del año pasado, representantes municipales y organizaciones sociales y ecologistas suscribimos la llamada Declaración de Málaga. En ella sosteníamos que la contratación pública debía ser un instrumento de transformación socioeconómica. Y que para eso era necesario superar algunas prácticas dominantes en los últimos años.

Bajo la hegemonía de los discursos neoliberales, en efecto, las administraciones han tendido a otorgar a la oferta económica más baja un papel predominante a la hora de adjudicar contratos. Con ello, el poder público ha contribuido a menudo a reforzar los peores aspectos del actual modelo económico: precarización laboral, crecimiento de la brecha salarial entre hombres y mujeres o disminución de los estándares ambientales. Y no solo eso. Con frecuencia, la opacidad que ha rodeado las prácticas de contratación ha sido caldo de cultivo para la corrupción, el trato de favor de las empresas del IBEX e incluso la financiación ilegal de los partidos tradicionales.

Conscientes de ello, ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona o Zaragoza, hemos venido impulsando nuevas guías de contratación pública para dar un giro a esta tendencia. Por ejemplo, incluyendo requisitos exigentes en materia social, laboral, ambiental o de igualdad de género. O impulsando una mayor concurrencia para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas. O prohibiendo que empresas con actividades ilícitas en paraísos fiscales contraten con la administración.

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