Economía Crítica y Crítica de la Economía

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Del total de personas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social en febrero de 2019 (14,9 millones), solo la mitad tenía un contrato indefinido ordinario a tiempo completo, o lo que la OIT define como un contrato estándar. En el caso de jóvenes menores de 30 años, solo una de cada cuatro personas afiliadas tenía este tipo de contrato. El resto tenía un contrato “atípico” (temporal o a tiempo parcial, o ambas situaciones simultáneamente). En ese mismo mes, de hecho, solo un 21% de las nuevas afiliaciones –de todas las edades– se hicieron con contratos indefinidos a tiempo completo.

Este dato confirma de nuevo una de las características estructurales más sobresalientes de nuestro sistema productivo: la cronificación de la precariedad laboral. Más aún, si antes de la crisis España ya destacaba por la elevada tasa de temporalidad, muy por encima de la media europea, el periodo de recuperación del crecimiento económico que se inicia en 2014 viene acompañado por otros dos factores que agravan la situación: el fuerte aumento de la rotación y la menor duración de los contratos indefinidos.

En un reciente artículo, Luis Cárdenas analizaba la evolución de la contratación estándar y atípica desde el inicio de la recuperación y mostraba no solo el aumento del peso del empleo atípico, situándose incluso por encima de las cifras anteriores a la crisis, sino también la alarmante reducción de la duración media de los contratos.

En 2018, se firmaron 22,3 millones de contratos de trabajo, de los cuales 20 millones son contratos temporales (9 de cada 10), aunque el incremento neto del empleo fue de 503.000 personas ocupadas (media anual, datos EPA). Para hacernos una idea mejor de lo que esto significa, en el año 2007 el empleo aumentó bastante más (641.000 personas) pero se firmaron muchos menos contratos (17,8 millones). La causa principal de este aumento del número de contratos que hay que firmar por cada nuevo empleo neto creado se explica, claramente, porque la duración de estos contratos es cada vez menor.

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ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

El ajuste salarial vivido en la economía española es uno de los factores más importantes que explican la creciente desigualdad de la renta existente en nuestra sociedad. La pérdida de peso de los salarios respecto a la renta nacional tiene un doble origen: por un lado, la caída directa de las remuneraciones como consecuencia, entre otras cuestiones, del debilitamiento de la negociación colectiva; y, por el otro, la falta de calidad del empleo creado desde que comenzó la recuperación como resultado de las crecientes temporalidad y parcialidad, hechas posible por las sucesivas reformas laborales. Ambos fenómenos han alimentado los márgenes de beneficio, generando recursos para que las empresas se hayan desendeudado, al mismo tiempo que han mantenido e, incluso, incrementado los dividendos repartidos entre sus accionistas. De este modo, las políticas de devaluación interna han contribuido a ensanchar las disparidades entre aquellas familias cuyos ingresos dependen fundamentalmente del trabajo y aquellas otras para las que las rentas del capital suponen buena parte de sus ingresos. Al mismo tiempo, esas políticas están generando también importantes bolsas de subempleo y pobreza laboral, asociadas a una precariedad severa.

Como muestran los datos del Índice de Precios del Trabajo (IPT), publicados la semana pasada por el INE, el ajuste de los salarios está siendo –el IPT seguía cayendo en 2016– generalizado, ya que está afectando a prácticamente todos los sectores de actividad, categorías profesionales, tamaño de las empresas, género, edad, nacionalidad y, también, comunidades autónomas. No obstante, la intensidad del ajuste ha sido desigual. En concreto, la devaluación salarial ha golpeado de manera especial a los/as jóvenes. La extensión del desempleo juvenil, que llegó a alcanzar al 55,5%, y que aún se encuentra en el 38,6% de la población activa menor de 25 años; la mayor exposición a los contratos basura y, peor aún, a su contratación como falsos autónomos, especialmente en la denominada “economía de plataforma”; y los menores salarios de partidas recibidos, a pesar de los mayores niveles de formación media que detentan, han provocado, entre otros factores, que sus ingresos laborales se hayan deteriorado más aún de lo que lo han hecho los del resto de trabajadores/as.

En términos reales, frente al 4% de caída de la ganancia anual media, los ingresos salariales de quienes tienen entre 20 y 24 años se han reducido un 23% (con sesgo de género, ya que la brecha entre hombres y mujeres ha aumentado más de 2 puntos en este tramo de edad); los de quienes tienen entre 25 y 29 años, un 17%; los de entre 30 y 34 años, un 15%; y de 35 a 39 años, un 10%. En consecuencia, la ganancia anual de los/as trabajadores/as de entre 20 y 24 años ha pasado a suponer menos del 50% de la del conjunto de trabajadores/as; y la de los/as de entre 25 a 29 años apenas 2/3. No sólo eso, sino que sus tasas de pobreza laboral son 5 puntos mayores que la ya sustancialmente alta media.

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nuevatribuna.es

Durante los últimos meses hemos vivido diferentes movilizaciones de los pensionistas a raíz de una mísera revalorización de las pensiones, el 0,25%, resultado de la reforma unilateral que realizó el Partido Popular en 2013. Aquella reforma supuso desvincular el crecimiento anual de las pensiones del incremento de los precios, con el efecto que ahora se hace evidente: los pensionistas actuales están perdiendo poder de compra. Pero esta no es la única consecuencia en la que hay que detenerse. La introducción también en 2013 del llamado “factor de sostenibilidad”, vinculado a la esperanza de vida, derivará a partir de 2019 en pensiones más bajas. En la práctica, se han situado las pensiones en la senda de una devaluación progresiva y constante que afecta a los pensionistas de hoy, pero también y de forma más profunda a las generaciones que se jubilen en las próximas décadas. Y este es el elemento crucial sobre el que hay que incidir para incorporar a la juventud al debate sobre qué sistema público de pensiones queremos y cómo ha de financiarse.

Los pensionistas se mueven. Las marchas por unas pensiones dignas convocadas por CCOO y UGT iniciaron su andadura en septiembre del pasado año y finalizaron en una gran movilización de pensionistas en Madrid. Además, el movimiento sindical -junto a diversas plataformas y asociaciones de pensionistas- han venido convocando desde entonces concentraciones descentralizadas en las capitales de provincia de nuestro país. El último hito fue el pasado día 22 de febrero, cuando la indignación de decenas de miles de pensionistas se expresó con contundencia en las calles de toda España. El salto cuantitativo -quizá también cualitativo- resulta ya innegable.

Esta creciente inflamación social entre los pensionistas es perfectamente comprensible. Durante los duros años de la crisis económica, y aún en la actualidad, ha sido la pensión del abuelo o de la abuela el único sustento para muchas familias. El sistema público de pensiones ha resistido bien el azote de la crisis económica y se convirtió en uno de los pilares amortiguadores de situaciones dramáticas que han sufrido numerosos trabajadores. La familia como sustento ante el infradesarrollo de nuestro Estado de Bienestar. Este esfuerzo de las familias y los pensionistas en la tan cacareada recuperación económica no se ha visto recompensado. Así, mientras el crecimiento a nivel macro está alrededor de un 3%, se supera el nivel de producción de bienes y servicios que teníamos antes de esta década de crisis económica y los beneficios empresariales aumentan de forma notable, las pensiones se revalorizan sólo un 0,25%. Estamos ante el gran problema de España en la actualidad: una recuperación económica que no mejora las condiciones salariales de los trabajadores ni las pensiones de los pensionistas. ¡Es la distribución, estúpido!

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