Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Alcoa, entre Mazzucato y Solchaga

Autor: Segundo Gonzalez

eldiario.es

Quedan pocos días para el desenlace del conflicto de Alcoa que mantiene en vilo a 700 trabajadores directos, a más de 2.000 entre indirectos e inducidos y a las comunidades de Asturias y Galicia. Si el Gobierno central no adopta medidas antes del 15 de enero, finalizará el periodo de consultas del ERE y la empresa estará en condiciones de iniciar los despidos de las plantillas de Avilés y A Coruña.

Desde que el 17 de octubre anunció su intención de cerrar las plantas, la multinacional ha dado sobradas señales de que la amenaza va en serio. La empresa tiene órdenes de su central en Pittsburgh de desmantelar las fábricas para deslocalizar la producción hacia sus plantas de Arabia Saudí. Alcoa no está dispuesta a poner nada de su parte para mantener la actividad ni para facilitar que otros la mantengan, a sabiendas de que una vez que cese la producción retomarla resulta muy costoso debido a las características específicas de la generación de aluminio primario. Por ello, desde ese día en que quedó clara la voluntad de la empresa, quedó también claro que la pelota rebotaba en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las plantillas y algunos grupos políticos llevamos semanas insistiendo en que la única salida posible pasa por la intervención pública en la empresa a través de la SEPI para evitar el cierre mientras se realizan las reformas necesarias en el marco energético de las industrias electrointensivas para asegurar un suministro competitivo y predecible, rectificando el ineficaz modelo de pagos no condicionados al mantenimiento de la actividad. Sin embargo, este planteamiento tuvo dos reacciones oficiales. Por un lado, la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, cuya respuesta ante la pregunta de si barajaba el Gobierno la participación pública en Alcoa fue que “no estamos en un país comunista”. Por otro, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, que con otras palabras vino a decir lo mismo. Su única reacción fue un decreto de medidas para la industria que la ministra de Industria reconoció que no sirve para solucionar el problema de Alcoa, aunque tampoco la perjudica.

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Renta Básica Universal: mejor en especie que en metálico

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en Alternativas Económicas en abril de 2017

La propuesta de Renta Básica Universal (RBU) más conocida –una renta de aproximadamente 650 euros a todo individuo independientemente de su condición–presenta una característica que merma su elevado potencial y que la aleja en cierto sentido del objetivo que pretende alcanzar: es monetaria. Al entregarse la RBU en dinero se originan una serie de situaciones que debilitan la medida.

En primer lugar, la RBU monetaria no distingue el nivel de vida que existe en cada región en la que vive su beneficiario. Evidentemente no es lo mismo disponer de 650 euros en pleno centro de la capital del país que hacerlo en un pequeño pueblo rural de Almería: en el primer caso la RBU permite comprar menos bienes y servicios que en el segundo caso. Esto puede conducir a que una RBU de 650 euros quizás permitiría satisfacer las necesidades más básicas (que es el objetivo principal de la medida) en un caso, pero podría no lograrlo en otro, o incluso resultar relativamente generosa en un tercer caso (por ejemplo, imaginando en el citado pueblo rural a varios individuos compartiendo alquiler y otros gastos fijos; como frecuentemente se encarga de recordar la derecha cuando critica la RBU). Es cierto que este defecto de la medida podría considerarse menor, especialmente comparado con las ventajas que podría deparar, pero en cualquier caso también es cierto que puede corregirse. ¿Cómo? Entregando la RBU en especie, ya fuese de forma total o parcial.

Una renta en especie es una retribución en bienes y servicios y no en dinero. En vez de percibir cada individuo 650 euros para comprar productos en el mercado, el Estado podría garantizar a cada persona determinados bienes y servicios considerados esenciales. Esto es precisamente lo que ocurre con la educación y sanidad públicas: el Estado no nos entrega dinero para pagar los servicios de educación y sanidad en el mercado, sino que nos ofrece la posibilidad de recibir esos servicios en un colegio o en un hospital sin necesidad de que haya pago de por medio. Ni el profesor ni el médico nos piden dinero por educarnos o atendernos. Lo mismo podría ocurrir con una RBU que garantizase al receptor una vivienda, un consumo básico de energía, de transporte, de cuidados, de alimentación, de vestimenta, etc. No habría necesidad de utilizar esos 650 euros para alquilar una vivienda, comprar alimentos, comprar ropa, desplazarse, adquirir servicios de cuidados, etc, sino que simplemente por el hecho de nacer tendríamos garantizadas esas necesidades básicas. No todo el pago de la RBU tendría por qué ser en especie, se podría, por ejemplo, garantizar alojamiento, energía, cuidados y desplazamiento, y también ofrecer 200 euros para comprar alimentos y vestimenta. Las combinaciones son infinitas, pero en cualquier caso lo importante es entender que de esta forma se resuelve el problema que habíamos detectado: ya no se produciría discriminación entre un residente del centro de Madrid y uno de un pueblo rural de Almería, porque ambas personas podrían cubrir las mismas necesidades independientemente del nivel de precios de cada región.

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Documental La Piel del Jerte (online y descarga)

Autor: Angel Calle Collado

Ya puedes ver y descargarte el Documental “La Piel del Jerte”. Se trata de una mirada sobre el ayer y los retos de las comarcas extremeñas, sobre crisis del medio rural y deseos de un mundo rural vivo.

https://vimeo.com/lapieldeljerte

Realizado a lo largo del año pasado, refleja el trabajo y la voluntad de cambios de personas que desarrollan su vida en él.

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Tiempo de descuento

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

La aprobación este jueves del objetivo de estabilidad presupuestaria da el definitivo pistoletazo de salida al trámite para la discusión de los Presupuestos Generales del Estado.

Como es sabido, estos presupuestos llegan al Congreso respaldados por un acuerdo previo entre Unidos Podemos y el Gobierno con el que se empieza a dejar atrás la austeridad. Los principales pilares de ese acuerdo son ya públicos: el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, una reducción de las tasas universitarias a los niveles previos a la crisis, la eliminación de los copagos y un aumento importante del presupuesto en dependencia.

Asimismo, se incrementa la prestación por hijo a cargo, progresa la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, y se impulsa la educación entre los 0-3 años, tan necesaria para la igualdad de género. Estos avances serán financiados con una fiscalidad más justa —se eliminan algunos privilegios que favorecen a las rentas más altas—, y vienen además rubricados por una subida del SMI a 900 euros mensuales.

Pasar la página de una austeridad que ha dañado la cohesión social y el crecimiento potencial de la economía —dejando profundas cicatrices— es sin duda necesario. Pero la importancia de los Presupuestos que se van a discutir a partir de enero va mucho más allá.

Estamos en el tiempo de descuento de la legislatura actual. En el caso de que estos Presupuestos no se aprueben, las reformas anteriores no echarán a andar. Y estaremos además abocados a un adelanto electoral que bien podría ofrecer un resultado similar al que ha tenido lugar en Andalucía.

El problema de que un resultado análogo se produzca en el conjunto del país no es “que ganen las derechas”, algo evidentemente democrático y legítimo. El problema es que ganarían unas derechas hoy por hoy secuestradas por la extrema derecha, lo que conllevaría riesgos evidentes de involución democrática en nuestro país.

Precisamente por ello, quienes defendemos la idea de que el ciclo político que se abrió con el 15-M debe terminar alumbrando un proceso de profundización democrática —basado en el fortalecimiento de los derechos sociales y en la convivencia plurinacional— tenemos un reto enorme. O se consolida la mayoría política y social que se articuló en torno a la moción de censura, o se aborta el proceso de cambio.

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Serenidad, firmeza y proyecto alternativo

Autor: Hector Illueca Ballester, Julio Anguita y Manolo Monereo

Cuarto Poder

La irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía, esperada pero no con tanta presencia, ha provocado una serie de sentimientos y actitudes que han ido desde la estupefacción hasta la inquietud, pasando por airadas reacciones. Las precipitadas y desafortunadas convocatorias para manifestarse contra estos resultados no solo le han hecho un flaco favor a la democracia, sino que le han proporcionado a este partido una excusa para asignarse la palma del martirio. Más protagonismo regalado a dicha fuerza política por quienes se reclaman de un frentismo antifascista.

Creemos que debemos acercarnos a este asunto con la serenidad necesaria para la reflexión, que si es imprescindible siempre, en el asunto que nos ocupa lo es más aún.

La ultraderecha: el voto productivista contra el mundo

Autor: Angel Calle Collado

eldiario.es

Me resisto a presentar el ascenso electoral de la ultraderecha como un síntoma o como una coyuntura. La irrupción de Vox, la elección de Bolsonaro o de Trump, el ímpetu racista de Salvini o de Orbán son más bien un oleaje producto de un mar de fondo. Una marea inhóspita que viene cobrando fuerza en las últimas décadas. La ultraderecha es un producto mediáticamente refinado por sectores neoliberales (empresariales, financieros, mediáticos) que han alzado su vuelo con alas muy conservadoras, comprometidas con la defensa de un orden y de unos privilegios.

Bolsonaro es hijo del grupo parlamentario de la BBB, como dicen por Brasil: bala, buey y biblia, correspondiendo a tres bancadas parlamentarias que se identifican con quienes medran a la sombra de la militarización del país, la defensora del agronegocio y la proveniente del sector evangélico. Vienen siendo mayoría en el Congreso brasileño. No dudaron en apoyar el golpe de Estado frente a Dilma Rousseff. En Brasil, como en otros lugares del mundo, esta ultraderecha se benefició de las promesas no cumplidas y las corruptelas no señaladas por una izquierda cómoda en la cogestión de grandes parcelas del neoliberalismo. Pero sobre todo adquirieron aire con los poderosos grupos mediáticos evangelistas y sus acólitos (Iglesia Universal del Reino de Dios, televisiones como Record TV, periódicos, canales en youtube) a los que bombardearon con su subpolítica de los memes: aquella que sólo caricaturiza y promueve el odio como fundamento político, siguiendo la doctrina Bannon.

De la misma manera, para entender a Trump hay que hablar de élites y de una cultura derechizante reconocida como la Alt-Right: publicaciones en internet como Breitbart, youtubers y canales volcados con la magnificación de sucesos de inseguridad y la propaganda racista, televisiones como Fox, etc. Compañías eléctricas, petroleras y automovilísticas vieron en Trump un camino contrario a Obama y directo para frenar directivas contra el cambio climático, otras que impidieran el control de emisiones tóxicas de sus centrales y prospecciones o que pusiera fin a los sobornos en países que dan el visto bueno a sus negativos impactos ambientales.

¿Y Vox? Crece alrededor de discursos racistas, denuncias contra la “ideología de género” o promesas de bajadas de impuestos para empresarios y grandes fortunas. Militancia que, como la de Ciudadanos, proviene de participantes y simpatizantes del ala dura del Partido Popular. Y del ala afortunada de este país, pues según encuesta realizada en Octubre pasado, sólo uno de cada ocho posibles votantes percibía más de 800 euros, mientras que los pueblos y barrios de renta más alta han sido caladero de votos para esta formación.

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Francia arde: los “Chalecos Amarillos”

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Revista Crisis

El pasado sábado 8 de diciembre, cerca del mediodía, la policía francesa informaba que había efectuado cerca de 700 detenciones en relación con las movilizaciones de los llamados “Chalecos amarillos”. El día amaneció tenso y frío en París, una capital donde se habían retirado más de 2.000 elementos del mobiliario urbano para que no pudieran ser utilizados como armas por los manifestantes, donde los museos, centros culturales, gimnasios y mercadillos habían sido cerrados por las autoridades, así como cerca de una veintena de estaciones de Metro, y donde la Asistencia Pública de los Hospitales de París había preparado un “dispositivo de vigilancia reforzada” por lo que pudiera suceder. El país entero ha sido tomado por más de 89.000 policías.

Las movilizaciones recurrentes de los llamados “chalecos amarillos” han sacudido Francia en los últimos meses, poniendo contra las cuerdas al gobierno neoliberal de Emmanuel Macron (que ha suspendido por seis meses la subida del precio de los carburantes que desató la brutal ola de manifestaciones y disturbios) y haciendo aparecer en las calles una amplia amalgama de manifestantes airados de diversos sectores (agricultores, transportistas, estudiantes, sindicatos, trabajadores de la salud…) que parecen a punto de reeditar la enorme sacudida que significó la revuelta de mayo de 1968, en una sociedad francesa en la que las encuestas afirman que más del 80 % de la población apoya a los manifestantes, pese a la dura violencia que ha acompañado en algunas ocasiones (no en todas) a sus reivindicaciones.

La orgullosa Francia que presiona a Alemania en busca de una mayor unidad europea y que provoca a Donald Trump hablando de la posibilidad de construir un ejército comunitario independiente, parece a punto de plantearse la necesidad de declarar el estado de emergencia y la limitación de las libertades civiles, mientras las imágenes de detenciones colectivas de estudiantes secundarios, tratados por la policía como en la más amarga guerra colonial, recorren las televisiones del mundo entero. Entonces, ¿cómo se ha llegado hasta aquí?

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Unas notas sobre qué deberíamos hacer

Autor: Alberto Garzon Espinosa

Pijus Economicus

Al grave problema que supone la ola reaccionaria que ha entrado en Andalucía hay que sumar la rabia que da ver que entre todos predijésemos este escenario y no hayamos sabido o podido evitarlo. Aunque, a decir verdad, la irrupción de la extrema derecha era hasta cierto punto inevitable porque como espacio político estaba incrustada en las entrañas del PP y sólo necesitaba de ciertas condiciones para emanciparse. El problema real lo tenemos en que ese hecho ha coincidido con una desmovilización muy notable de votantes de izquierdas que prefirieron la abstención a votar a nuestra candidatura o a la de otras organizaciones progresistas. Eso es enteramente culpa nuestra, y ahora nos toca acción, mucha acción, para revertir este panorama.

No obstante, reconozco que me preocupa la actitud que ha tomado una parte de la izquierda, al menos en redes sociales. La expiación de culpa es un fenómeno que no me atrae, pues me parece más útil la autocrítica y la propuesta. Lo de estos días alguien lo definió anoche como “navajeo” y no me parece una metáfora desencaminada. En vez de eso lo que necesitamos es unidad, claridad y mucha acción. Y si bien como coordinador federal de una organización comprometida con una sociedad con justicia social puedo garantizar que desde esta casa haremos todo lo posible, también tengo que pedir que nos pongamos todos a la altura. Y claro, pensando en por qué hay tanta crispación en este lado del eje, creí que una pequeña explicación sobre cuál es la propuesta de IU podría ayudar.

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Construir un colchón fiscal

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España insisten últimamente en la necesidad de volver a ajustar el gasto público, ahora para disponer de un “colchón fiscal” para cuando llegue la próxima crisis. Sin embargo, construir este margen fiscal siguiendo el camino que marcan estas instituciones impedirá afrontar dos retos económicos ineludibles. El primero tiene que ver con la necesidad de modificar el patrón de salida de la crisis que estamos experimentando: el crecimiento económico no termina de llegar a millones de hogares —a pesar de la creación de empleo—, las desigualdades se mantienen en niveles elevados y se refuerza nuestra especialización en sectores poco productivos. El segundo reto viene dado por la paulatina desaceleración internacional que se espera para los próximos trimestres, y que podría complicar la situación económica. Volver a ajustar a la baja el gasto público no hará sino agravar ambos problemas.

Hay no obstante otra vía alternativa para construir el colchón fiscal que la economía necesita: iniciar las primeras fases de una reforma tributaria que sirva para aumentar los ingresos del sector público. Esta segunda vía, al no cargar los ajustes sobre el gasto, permitirá enfrentar con más garantías los dos retos mencionados. Por un lado, facilitará recursos para poner la política fiscal al servicio de la lucha contra la desigualdad —reforzando el Estado del bienestar—. Además, los nuevos ingresos ayudarán a financiar políticas de inversión que permitan sostener la actividad económica y modernizar el tejido productivo.

El reciente acuerdo alcanzado entre Unidos Podemos y el Gobierno pretende abrir esta segunda vía, realizando un esfuerzo para aproximar nuestra recaudación tributaria a la de los países de la eurozona. En España, los ingresos del sector público suponen el 38% de nuestro PIB, mientras que dicha ratio se eleva hasta el 46% para la media de la eurozona. No obstante, el problema de nuestro sistema fiscal no radica en que tengamos tipos nominales muy inferiores a los que existen en los países de nuestro entorno. Son fundamentalmente el fraude, la elusión y toda una panoplia de deducciones y exenciones las causas que en buena medida explican la menor recaudación, y que llevan a una desfiscalización de las rentas más elevadas.

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Hagamos más justo el pago de cotizaciones sociales de los autónomos

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

En las últimas semanas se ha abierto un debate entre el gobierno del PSOE y Unidos Podemos en torno a la modificación de las cotizaciones que pagan los autónomos a la Seguridad Social. Resulta que en el acuerdo presupuestario firmado entre ambas partes se incluyó la siguiente medida: “Reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja”. Se trata de una redacción imprecisa que da pie a varias interpretaciones, porque, aunque queda claro que se pretende bajar el pago a los autónomos de menores ingresos, no queda especificado qué ocurre con los que tienen más ingresos, ya que de la literalidad de la redacción cabría suponer que ellos sí tendrían que pagar más, puesto que ingresan realmente más.

Pero en las últimas semanas Unidos Podemos ha aclarado su posición: quieren reducir las cotizaciones a los autónomos de menos ingresos pero no aumentárselas al resto. Así lo ha expresado varias veces el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, al insistir en que acorde al pacto firmado “no se le podía subir ni un euro a la cuota de los autónomos”. El pasado martes 30 de octubre el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro fue incluso más específico al expresar que “los autónomos de más ingresos no se verán perjudicados”.

En cambio, el gobierno de Pedro Sánchez adopta otra postura: no sólo es que plantea subir las cotizaciones a aquellos autónomos que más ingresan, sino que además está barajando tres escenarios de subidas de cotizaciones a los autónomos de menos ingresos. Esto es en parte consecuencia del acordado incremento del salario mínimo interprofesional, que eleva por defecto la base de cotización mínima provocando en principio que los autónomos de menos ingresos tengan que pagar más. Resalto por defecto y en principio porque el gobierno tiene muchas opciones para evitar que esto ocurra. Bastaría, por ejemplo, con incluir en el BOE que este incremento del salario mínimo no provocaría un aumento en la base mínima de cotización, ya que es perfectamente legal hacerlo. Pero parece que el gobierno está optando por la vía de respetar las características de nuestro sistema de cotizaciones, y lo máximo a lo que está dispuesto es a suavizar el incremento en el pago, pero no a evitarlo.

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¿Por qué nuestro Estado de bienestar apenas redistribuye?

Autor: Luis Buendía y Ricardo Molero Simarro

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

La sociedad española se ha convertido en una de las más desiguales de toda la Unión Europea y una de las que mantiene los mayores niveles de vulnerabilidad económica de las familias, muy por encima de lo que nos correspondería por nivel de renta, tal y como alerta el Informe sobre Bienestar Económico y Material publicado por el Observatorio Social de La Caixa hace un par de semanas. Buena parte de esa desigualdad y vulnerabilidad se han generado en el mercado de trabajo, no sólo como consecuencia del paro, sino también de las políticas de devaluación salarial, que explican que ni la reciente creación de empleo haya servido para reducir el índice de Gini. Otra parte ha sido consecuencia de los consabidos recortes de gasto público que han afectado a los servicios públicos y las transferencias sociales. No obstante, los problemas vienen, en realidad, de lejos y se encuentran relacionados con el histórico infradesarrollo de nuestro Estado de Bienestar.

El grado de desigualdad de una economía se explica fundamentalmente por dos dimensiones: una, la de lo que ocurre en el mercado, es decir, cómo se reparte la renta generada en el ámbito productivo entre beneficios y salarios y cómo de desigual es el reparto de ambos; y, dos, la de la redistribución pública, es decir, cómo el Estado es capaz de alterar esa desigualdad primaria (también llamada “predistribución”) mediante los impuestos recaudados para financiar el gasto público. Aunque este gasto genera una mayor redistribución (hasta cuatro quintas partes de ella, en función del país), el reparto que se lleva a cabo de los impuestos también tiene un impacto directo sobre la desigualdad, además de ser el vehículo para financiar la reducción de las desigualdades vía gasto.

Tradicionalmente la economía española ha presentado menores niveles relativos de desigualdad de mercado (acordes a su más bajo perfil técnico), pero la redistribución de la renta mediante políticas públicas también ha sido escasa. La crisis alteró temporalmente ese esquema. La destrucción de empleo y el ajuste salarial nos pusieron entre los países europeos que peor predistribución tienen, pero, paradójicamente, la extensión del número de personas solicitante de prestaciones de desempleo y de pensiones aumentaron la capacidad redistributiva del Estado. No obstante, al recortarse su montante y perder muchas de ellas el derecho a recibirlas, en la salida de la crisis hemos pasado a tener el cuarto sector público que menos redistribuye de la eurozona, sólo por detrás de los de Letonia, Estonia y Lituania. Y, lo que es peor, las políticas públicas se han mostrado absolutamente incapaces de proteger frente a la situación de riesgo de pobreza o exclusión en la que vive casi un tercio de las familias de nuestro país. ¿Por qué?

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El FMI pide continuidad, pero España necesita cambio

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Hay dos motivos para estar preocupados por el momento actual de la economía española, y que nos invitan a compartir algunas reflexiones sobre la necesidad de un cambio de rumbo de las políticas económicas.

En primer lugar, todos los indicadores, y las previsiones de los organismos oficiales o los institutos privados, coinciden en señalar que las tasas de crecimiento próximas al 3% registradas por la economía española desde 2015 tocan a su fin, y que es probable que estemos entrando en un periodo de “desaceleración”. Esto es preocupante, porque aún tenemos tasas de paro próximas al 16% (media anual) y muchas personas todavía no han recuperado los niveles de renta anteriores a la crisis. Si España reduce significativamente su crecimiento, estas dos situaciones se mantendrán en los próximos años. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook, octubre 2018) prevé que la tasa de paro española se estabilice en el 14% entre 2020 y 2023, una situación que no podemos asumir.

Pero más allá del cambio de ciclo que se aproxima, hay un segundo motivo para la preocupación, aún más importante. Contrariamente a lo que se dice, la recuperación del crecimiento a partir de 2014 reproduce muchas de las debilidades tradicionales de nuestra economía y viene acompañada de algunos rasgos ciertamente negativos para la mayoría: está basado en la cronificación de la precariedad laboral y el estancamiento salarial; precisamente por ello, y por el desmantelamiento del Estado de Bienestar ocurrido durante los peores años de la austeridad, la desigualdad se ha agrandado primero y estancado después, rompiéndose el vínculo entre crecimiento y progreso social; se está reproduciendo la especialización en sectores que lastran el crecimiento de la productividad; y no se están abordando con suficiente decisión dos retos tan importantes como la brecha de género, en todas sus manifestaciones, y la lucha contra el cambio climático.

Constatar estas dos preocupaciones nos lleva a plantear dos retos inmediatos para la política económica. En primer lugar, es necesario “sostener el crecimiento” –con medidas que contrarresten la desaceleración y permitan reducir rápidamente el desempleo–. Pero además, es imprescindible tomar medidas para empezar a “transformar el crecimiento” y lograr que nuestra economía cambie su modelo de desarrollo. El reciente acuerdo firmado entre Unidos Podemos y el Gobierno es precisamente un primer paso en esta dirección.

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Nueva agenda económica

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

La reciente visita del FMI a nuestro país ha servido para que sus funcionarios vuelvan a insistir, una vez más, en su particular “narrativa de la recuperación” española: según ellos, esta es el fruto de exitosas reformas estructurales que no solo hay que preservar, sino también ampliar.

Sin embargo, cuando el FMI dice que “la mayor flexibilidad laboral, fruto de la reforma del mercado de trabajo, ha sustentado la recuperación”, lo hace sin suficiente soporte empírico. Se trata de una mera afirmación ideológica.

Porque la realidad es que la reforma laboral de 2012 no ha modificado la relación entre empleo y PIB: la evolución del empleo desde 2014 ha respondido al crecimiento del PIB en la misma proporción que en otros periodos expansivos de la economía española. Eso sí, gracias a esa reforma el empleo que ahora se crea es precario y mal pagado.

El mayor crecimiento del empleo en España no lo explican las reformas laborales ni la devaluación salarial, sino nuestra mayor sensibilidad al ciclo. Todas las recuperaciones de las últimas décadas se han producido con un ritmo de crecimiento económico y de creación de empleo superior al de los países de nuestro entorno. De hecho, este es un rasgo preocupante de nuestra estructura: crecemos más en las expansiones y destruimos más en las recesiones.

Pero además de sus viejas “ideas zombie” –esas que, según Krugman, uno mata muchas veces porque son nocivas, pero siguen reapareciendo para hacer daño–, el FMI nos dejó un nuevo recado. Dado el elevado nivel de endeudamiento público de España, y la inminente desaceleración internacional, nuestro país debe intensificar el ajuste presupuestario mediante medidas de mayor contención del gasto público. El Partido Popular y Ciudadanos se apuntan también a esta nueva exigencia de austeridad.

Bien al contrario, lo que necesita la economía española no es persistir en el error de las recetas que durante esta década perdida han profundizado la recesión y han retrasado la recuperación. Nuestro país precisa una nueva agenda de política económica, que marque un punto de inflexión con el pasado y abra un nuevo camino, como el que hemos iniciado con el reciente acuerdo entre Unidos Podemos y el Gobierno.

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Beneficios que nos dejan a oscuras

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El Confidencial

Pagar la factura de la luz se ha convertido en algo muy complicado para millones de familias: entre 2006 y 2016, la factura del consumidor medio ha subido un 70% en nuestro país. Y en los últimos meses, el ritmo de esta subida se ha acelerado tanto —un 11%, entre agosto de 2017 y agosto de 2018— que la situación se ha hecho ya insostenible.

Con el invierno aproximándose, el nuevo Gobierno adoptó el pasado 5 de octubre medidas urgentes en un real decreto ley. Algunas de ellas —por ejemplo, la eliminación del ‘impuesto al sol’— eran muy necesarias desde hace tiempo. Sin embargo, el Gobierno dejó pasar una buena oportunidad para proteger a los consumidores. Por un lado, las modificaciones en el bono social eléctrico y las medidas aprobadas para luchar contra la pobreza energética fueron muy limitadas. Por otro, la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica no solo tendrá un impacto pequeño en la factura de la luz, sino que además ignora las raíces del problema.

Hace falta tomar medidas inmediatas, en eso no se equivoca el Gobierno. Pero estas deben ser eficaces y, al mismo tiempo, deben abordar el problema de fondo, que no es otro que la disfuncionalidad del mercado eléctrico y la actuación en régimen de oligopolio de las grandes empresas del sector.

El reciente acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos incluye una medida que cumple estos requisitos —ser eficaz para atajar hoy mismo la subida de la luz y útil para frenar las prácticas oligopólicas—. Se trata de la fijación de un límite máximo al precio al que las centrales hidroeléctricas y nucleares pueden cobrar la electricidad en el mercado. La diferencia entre el precio de mercado y ese límite se consideraría un ingreso del sistema eléctrico y sería destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores. Seguir leyendo…

Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado: Luces y sombras

Autor: Fernando Luengo y Manolo Garí

Blog de Econonuestra en Público.es

El documento “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: Presupuestos para un estado social” suscrito entre el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos/ En Comú Podem/ En Marea supondrá, si se lleva a cabo, una mejora de las condiciones de vida, en algunos aspectos importante, para amplios sectores de la población. Son varias las trabas que todavía tienen que superarse para sustanciarse realmente en los Presupuestos Generales (PPGG): el visto bueno de la Comisión Europea, lograr el apoyo de las fuerzas nacionalistas e independistas vascas y catalanas y mantener la presión (social y política) vigilante para que esas cuentas no se desvíen y, aún más, para que realmente sean un primer paso seguido de otros muchos.

El Acuerdo supone el anuncio de un punto de inflexión en la tendencia antisocial, austeritaria y autoritaria que ha presidido la economía y la política los últimos diez años en nuestro país. Contiene medidas presupuestables, acuerdos de naturaleza política ajenos al campo de los PPGG y una suma de intenciones cuya concreción y desarrollo se deja a futuro. Todo lo planteado es necesario, pero ni es suficiente ni agota el espacio de lo posible.

Sin ánimo de ser exhaustivos -pues no es necesario repetir lo que ha sido debidamente publicitado- podemos destacar varios y valiosos elementos de los acuerdos. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) va a afectar directamente a un 12% de los trabajadores, tiene un importante significado político al dar la importancia debida a la necesidad de la recuperación salarial, lo que tendrá un efecto inmediato en las condiciones de vida de millones de personas, el aumento de su capacidad adquisitiva, lo que redundará positivamente en la economía y puede abrir las puertas a mayores aumentos salariales en la negociación colectiva. Igualmente cabe destacar el propósito de indexar la subida de las pensiones a la evolución del IPC, el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, eliminar la precariedad y estafa asociados a la extensión de los falsos autónomos, las mejoras del sistema para las empleadas de hogar y las cotizaciones de las horas extraordinarias o la extensión y consolidación de los permisos de paternidad y maternidad y las ayudas a la dependencia.

Sin negar lo anterior y reconociendo la importancia de estos avances, hay que reconocer asimismo que estas medidas debemos y podemos seguir mejorándolas. Si comparamos el SMI, 900 euros, con los de otros países de la UE, es claro que se puede seguir avanzado: Luxemburgo 1.922,96 €, Bélgica 1.501,82 €, Irlanda 1.461,85 €, Holanda 1.501,80 €, Francia 1.457,52 €, Gran Bretaña 1.378,87 €. Y en lo referido a las pensiones el movimiento de pensionistas demanda que el monto de la mínima sea de 1.040 €, y el Acuerdo no concreta cuál será la cuantía mínima de las mismas. En cuanto al importante aumento a la ayuda de la dependencia, los sectores afectados plantean la insuficiencia de la cuantía. En lo conseguido queda mucho por conseguir.

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Presupuestos 2019: Giro social en España

Autor: Hector Illueca Ballester, Julio Anguita y Manolo Monereo

Cuarto Poder

Los Presupuestos Generales del Estado son una especie de mapa que refleja las prioridades y objetivos de los poderes públicos. Nos permiten saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Pues bien, a la vista del “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado-2019” suscrito por el Gobierno de España y Unidos Podemos (“Acuerdo”, en adelante), parece que en nuestro país se está produciendo un importante giro social con respecto a las políticas que se han venido aplicando desde que empezó la crisis económica. El Acuerdo constituye un auténtico programa de gobierno que afecta a aspectos muy sensibles para el bienestar de la ciudadanía, tales como sanidad, vivienda, dependencia, empleo y protección social… Pero, si hemos de destacar dos cuestiones a fin de calibrar su importancia, éstas son, sin duda, las medidas y compromisos adoptados en materia de pensiones y salario mínimo interprofesional (SMI). En los párrafos siguientes nos referiremos a estos aspectos, tratando de precisar su significado y alcance en el contexto político que atravesamos.

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Xenofobia, conservadurismo y catalanofobia: el avance de la ultraderecha en España

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Pulso Noticias

El pasado fin de semana el partido ultraderechista Vox reunió más de 10.000 personas en un impactante mitin en el polideportivo de Vistalegre, en Madrid. Otros varios miles más se quedaron fuera, al haberse superado el aforo del acto. Las últimas encuestas electorales, tozudamente, coinciden en anunciar un  fuerte avance del voto a este partido xenófobo, autoritario, anticatalanista, enormemente conservador y que reivindica sin complejos la herencia política de la dictadura franquista. ¿Es la hora de la reemergencia de la ultraderecha en España?

Hemos de aclarar en primer lugar que en España, la ultraderecha nunca se fue ni desapareció. La famosa transición a la democracia de los años 70 consistió realmente en un pacto para la reforma de la dictadura franquista en el que la simbología del régimen fue retirada del escenario, pero no las personas más destacadas, ni los tics más rutinarios del funcionamiento del poder. La oligarquía económica de la España franquista, así como los altos cuadros de la administración o del ejército y las fuerzas de seguridad, no fueron retirados de la circulación, sino que se reconvirtieron en demócratas de la noche a la mañana con un suave lavado de cara. El poder esencial seguía residiendo en las mismas familias y en los mismos conglomerados sociales, mientras se daba entrada a una cierta pluralidad controlada en el escenario político. Eso explica la continuidad de espectáculos que deberían ser escandalosos en una democracia, pero que no lo son en la española, como la reciente presencia de un notorio torturador franquista, con una causa penal abierta en Argentina, en una celebración oficial del día de la policía en una comisaría madrileña.

Sin embargo, la ultraderecha como vertiente organizada, es decir, los partidos declaradamente ultraderechistas, vivieron tras la transición su particular travesía del desierto. La decadente simbología del régimen franquista fue escondida en los armarios. Había varias razones para ello:

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Qué significa la irrupción pública de Vox

Autor: Alberto Garzon Espinosa

eldiario.es

Uno de los riesgos colaterales que tiene la irrupción pública de un partido de extrema derecha en nuestro país es que puede llevar a las izquierdas a enfrentamientos poco fructíferos. Presenciamos estos días un reguero de acusaciones acerca de qué corriente teórica u organización política tiene más la culpa del crecimiento de la extrema derecha, y la verdad es que creo que esto no sirve de mucho. Más conveniente sería, en todo caso, que estemos dispuestos a abandonar aquellas ideas preconcebidas que carezcan de respaldo empírico y tratar, entre todas, de articular una ofensiva que sea, al mismo tiempo, un muro de contención frente a esta noche oscura.

1. No es fascismo, o no sólo

El fascismo es un producto histórico que no se ajusta del todo bien al fenómeno actual de irrupción de la extrema derecha. Tras la derrota del eje germano-italiano en la II Guerra Mundial y la construcción de las democracias europeas a partir de un espíritu antifascista, los partidos que se declaraban herederos de los regímenes fascistas del período de entreguerras nunca tuvieron una gran presencia electoral. La excepción fue el Movimiento Social Italiano (MSI), que se declaraba neofascista y que llegó a recibir hasta tres millones de votos –un 9%- en los setenta. Pero en la década de los ochenta empezaron a surgir nuevos partidos que se cuidaron mucho de no emplear las simbologías y terminologías fascistas. Estas nuevas organizaciones asumían parte de la ideología y programa de sus competidores directos, pero con nuevas tácticas para evitar la estigmatización pública. Gracias a ello, fueron desplazándolos de la arena política. En Alemania fue sintomática la irrupción de Die Republicaner en 1983 y de Alternative für Deutschland en 2013, mientras que en Italia la fundación de la Liga Norte en 1989 terminó por hundir al MSI. También paradigmática fue la fundación en los setenta del Frente Nacional en Francia, constituida a partir de pequeñas organizaciones fascistas, y su conversión ideológica y generacional en 2011 con la llegada al liderazgo de Marine Le Pen.

Uno de los rasgos clave de esta «nueva extrema derecha», y que lo diferencia de sus antecesores, es que son capaces de llegar a una base social mucho más amplia, menos ideologizada y, en consecuencia, más «normal». Los estereotipos y caricaturas no suelen funcionar con estos productos políticos, tampoco para estigmatizarlos, debido a que su apoyo no es ya en clave nostálgico-ideológica sino por motivaciones políticas presentes. Digamos que el «tapón antisfascista» de 1945 se ha desgastado.

2. Son, sobre todo, reaccionarios

De la misma forma que puede entenderse el fascismo como una reacción a la modernidad, y en especial al desafío que ésta suponía para los valores tradicionales, la nueva extrema derecha es también una reacción a elementos de la llamada posmodernidad. En gran medida estos movimientos reaccionan frente al auge de los nuevos movimientos sociales que, surgidos a partir de los setenta y ochenta, proclaman pacifismo, libertad sexual, igualdad de género, ecologismo radical, políticas de identidad, democracia radical, multiculturalismo, integración étnica, etc. Los nuevos partidos de extrema derecha son autoritarios, nacionalistas y reaccionarios, si bien sus formas concretas dependen de sus contextos específicos (así, el Frente Nacional en Francia es un nacionalismo centralista mientras que Vlaams Belang en Bélgica es un nacionalismo independentista).

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Como se puede observar en el gráfico anterior, lo que une a los partidos de extrema derecha no es su proyecto económico, en el que van desde el estatismo de Amanecer Dorado en Grecia hasta el neoliberalismo de Alternativa para Alemania. La unión, el rasgo común, es su componente de reacción cultural y política.

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Libro “Nuevos movimientos sociales. De la calle a los ayuntamientos”

Autor: Angel Calle Collado

La era post-15M. Gente que siguió movilizándose, municipios por el cambio, caldo de cultivo para la economía social… también partidos que intentaron recoger votos de ese descontento. Y políticas públicas que han querido ser cercanas a la gente, a nuestras necesidades más básicas

De todo esto hablamos en el libro Nuevos movimientos sociales que felizmente nos coordinaron Pedro Ibarra, Mercè Cortina Oriol, Salvador Martí, Ariel Sribman.

En editorial Icaria!

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Sobre la “izquierda nacional” y sus limitaciones

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

El Salto

Anguita, Monereo e Illueca nos cantan las alabanzas a una futura “izquierda nacional”. Curioso epílogo para los líderes prácticos e intelectuales del eurocomunismo legalista que ha dominado la izquierda institucional de nuestro país durante mucho tiempo.

Su propuesta se centra en la idea de recuperar la vertiente protectora del Estado nacional frente a una Unión Europea matriz del dominio neoliberal sobre nuestras sociedades y génesis de todos los desafueros. En su discurso, la oposición entre globalismo europeísta funcional al capitalismo y gestión democrática a escala nacional se afirma como la llave fundamental de comprensión de la realidad y de construcción de alternativas encaminadas a un etéreo “bien común” interclasista y populista.

Es esa oposición que está en el núcleo de su narrativa la que no terminamos de compartir en este escrito: el fundamento de la gobernanza neoliberal en Europa y en el mundo no está únicamente localizado en la Unión y en las instituciones internacionales. Eso es una visión estrecha y limitada. Una Unión Europea constitucionalmente neoliberal (por obra de los mismos tratados constitutivos) se ve complementada (y no limitada ni contestada) por la gestión política descentralizada, a nivel nacional o incluso regional y municipal, de la vida cotidiana de sus súbditos.

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Soberanía, democracia y socialismo

Autor: Hector Illueca Ballester, Manolo Monereo y Julio Anguita

Cuarto Poder

Desde que Bodino escribiera Los seis libros de la República en 1576, el concepto de soberanía ha recorrido un largo camino. En un principio se asociaba al Estado absolutista e implicaba la potestad de expedir y derogar leyes y obtener la obediencia de los súbditos sin necesidad de su consentimiento. Sin embargo, no será hasta bien entrado el siglo XVIII, tras un arduo conflicto social y político, que se reconozca al pueblo como verdadero titular de la soberanía y se afirme el papel de la ley como expresión de la voluntad popular. Había hecho su aparición Rousseau. Desde entonces, la idea de soberanía ha sido desarrollada y matizada por innumerables pensadores, generalmente en el sentido de establecer límites al poder del Estado e introducir garantías frente a la arbitrariedad. Pero conservando siempre aquella sustancia que había identificado Rousseau y que está en la base de la democracia: la capacidad de los pueblos de autogobernarse y decidir el modelo social, económico y político en el que desean vivir.

Pues bien, la Unión Europea es la negación de la soberanía y de la democracia. Lo hemos dicho en el pasado y no vamos a insistir mucho en ello. La Europa neoliberal ha exacerbado la competencia entre países, ha liquidado los derechos sociales y está corrompiendo los valores cívicos de las sociedades europeas. Aún más, el neoliberalismo ha dividido el continente europeo en un núcleo de países industrializados dirigido por Alemania y una periferia cada vez más dependiente desde el punto de vista económico. En el espacio europeo no hay lugar para las políticas redistributivas; aquí lo único que cabe es un neomercantilismo feroz e inmisericorde que, en el mejor de los casos, genera crecimiento empobreciendo a las mayorías sociales. Los ciudadanos europeos empiezan a entender el significado de la lex mercatoria que impera en Europa: voten lo que voten, siempre es lo mismo. Y si alguien osa desafiar la autoridad de Bruselas, los mercados le hacen entrar en razón desencadenando ataques especulativos hasta provocar un corralito bancario. Primero fue Grecia. Ahora, tal vez, Italia.

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¡Plan para la justicia de género ya!

Autor: Carmen Castro

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Diez años ya y el resultado más contrastado es el empobrecimiento de una gran parte de la población y el mayor músculo que ha agarrado el capitalismo con el nuevo (des)orden neoliberal impuesto.

Aún tenemos anotado, en la lista de tareas pendientes, gran parte del contenido del nuevo ideario, feminista y progresista, empezando por aquello de construir una economía que responda a las necesidades de las personas, dando sentido a la justicia redistributiva social, de género y ecológica. Por más que la lógica de la sostenibilidad de la vida se haya ido incorporando en algunos discursos sigue alejada del corazón de la agenda política, económica y energética. Las causas hay que buscarlas en el rearme capitalista y el embrutecimiento de la reacción patriarcal; debido a esta última también ha emergido con fuerza una versión vintage del imaginario simbólico de la naturalización de lo reproductivo como una responsabilidad femenina junto al mito de separación de las esferas de producción y reproducción.

Íbamos a cambiarlo todo, sin embargo, la beligerancia neoliberal ha encontrado vías de expansión los negocios transnacionales. De todos los que han proliferado, hay tres que considero especialmente preocupantes. En primer lugar, la arquitectura de la impunidad creada por la globalización financiera, y muy especialmente los servicios de arbitraje previstos en los tratados neoliberales de inversión (TTIP, TISA, CETA); en base a éstos, se han asegurado la prevalencia del interés oligopolista y corporativo capitalista sobre el interés general, público y común de sostenibilidad de la vida. En segundo lugar, la militarización creciente y el refuerzo de los mecanismos de represión de las libertades civiles, alentados en un contexto de geopolítica económica basada en la masculinidad hegemónica patriarcal. Y, en tercer lugar, la expansión de la mercantilización de capacidades, tiempos y recursos naturales. Con capacidades me refiero a la capacidad humana de producción (vía trabajo asalariado, atomizado y precarizado), reproducción (desde eufemismos como el alquiler de úteros y la donación de óvulos, a la compra de novias o esposas) y la de satisfacer los deseos de otras personas (con un amplio catálogo de casuísticas entre las que se incluyen el matrimonio infantil, la gestación subrogada y la prostitución). Esta tercera se vale de las contrageografías de la globalización, de las que habla Saskia Sassen, conformada por los mecanismos institucionales, flujos transfronterizos y mercados globales que se ponen a disposición para otra finalidad diferente a la que impulsó su creación; en este caso, para el gran negocio global de la mercantilización de personas. Sin ánimo de diferenciar ni entrar a debatir cuánto de dichos flujos provienen de las redes de trata o de tráfico, lo que me interesa es destacar, en primer término lo que constituye el objeto de mercadeo en sí mismo: la compra-venta de personas, de seres humanos, ya sea como un todo o al despiece. Algo huele a podrido en todo esto, por mucho que se pretenda esconder el hedor tras la falacia de la ‘libre elección’ y el refuerzo de la ideología individualista; probablemente sea uno de los mayores triunfos neoliberales, porque le va estupendamente al boyante desarrollo de la industria de explotación sexual y laboral. Se llama deshumanización, y es el proceso por el cual dejan de percibirnos como personas para percibirnos como cosas, mercancias, productos sustituibles o complementarios en el intercambio económico.

Todo lo anterior está ahí, conformando parte del nuevo esquema global que llega como un eco lejano a nuestra realidad cotidiana, afectada por la expropiación gradual del sistema de protección social y los derechos económicos.

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Por qué las necesidades materiales importan

Autor: Alberto Garzon Espinosa

Blog Economía para Pobres en Público.es

El crecimiento de la extrema derecha en toda Europa y la paradójica realidad de que las clases populares y las familias trabajadoras no son el sector mayoritario entre los votantes de las organizaciones de izquierdas nos empuja a la reflexión acerca de cómo deberíamos intervenir en la arena política y social. En este artículo desarrollo un argumento que justifica la atención específica a las demandas materiales de la población golpeada por la crisis, y tras examinar cómo en las últimas décadas las izquierdas españolas han tratado esta cuestión defiendo también la importancia de ir más allá de lo discursivo.

Necesidades humanas y cambio social

En los años cuarenta del siglo XX el psicólogo estadounidense Abraham Maslow presentó una teoría que describía las necesidades humanas de forma jerárquica. Como si habláramos de una pirámide, en la que se asciende desde lo elemental hasta lo más sofisticado, las necesidades que conformarían la base serían las fisiológicas (respirar, alimentar…), a las que siguen las necesidades de seguridad (física, de empleo, de salud…), las de afiliación (amistad, afecto…), las de reconocimiento (respeto, éxito…) y finalmente las de autorrealización (creatividad, espontaneidad…).

Basándose en dicha teoría, el sociólogo Ronald Inglehart desarrolló en los setenta una tesis con la que trataba de explicar el cambio social. Según Inglehart, cualquier sociedad busca saciar sus necesidades de supervivencia antes que otro tipo de necesidades, de tal manera que en su desarrollo primero predominan los valores materiales (fundamentalmente económicos) y después los post-materiales. Usando este marco, Inglehart predijo que debido al desarrollo del Estado Social, la paz y la política keynesiana de posguerra las generaciones nacidas tras la IIGM serían post-materialistas y, como resultado del cambio generacional, las sociedades en su conjunto tenderían hacia el predominio de valores post-materiales. Además, Inglehart también predijo que todo ello cambiaría la forma de participación política, facilitaría la constitución de nuevos partidos adaptados a esos valores y alteraría el voto de clase.

En el fondo, se trata de una tesis sobre el «aburguesamiento», o así lo vio Inglehart ya en los setenta cuando analizó el mayo francés de 1968. Desde mucho antes la sociología había evidenciado que el voto tenía un alto componente de clase, y que en consecuencia era esperable que la clase obrera votara a los partidos de izquierdas. Según Inglehart, el mayo del 68 modificó estas lealtades. En las elecciones subsiguientes a la revuelta francesa la clase media se había desplazado hacia los partidos de izquierdas mientras que la clase trabajadora lo había hecho hacia la derecha que representaba de Gaulle. ¿Por qué? Varios años antes un trabajo muy famoso del sociólogo Seymour M. Lipset había puesto de relieve que la clase trabajadora tenía valores más autoritarios que la llamada clase media, así que Inglehart entendió que la clase obrera, en la disyuntiva de elegir entre jóvenes estudiantes con extrañas demandas post-materiales y la política del orden del general francés… se quedó con este último. En cambio, los jóvenes de clase media, y los jóvenes en general, defendían ahora valores postmateriales (necesidades de pertenencia, estéticas e intelectuales) y se inclinaban hacia una izquierda que entendía esas demandas como parte del cambio social. En suma, el proceso de desclasamiento estaba ya en marcha.

En uno de sus últimos trabajos Inglehart recoge un gráfico en el que se puede observar cómo los partidos políticos de las sociedades occidentales han ido modificando sus prioridades políticas, medidas a partir de sus programas electorales. Hasta la década de los setenta las mayores preocupaciones de los partidos habían sido de carácter económico, es decir, materiales. Sin embargo, desde entonces y sobre todo a partir de los ochenta los partidos han dado mayor peso a las demandas no-económicas en sus ofertas políticas. Inglehart ve aquí una ratificación de su tesis, pues reflejaría que actualmente la mayoría de los partidos dan más importancia a los conflictos culturales (en los que incluye la inmigración, el terrorismo, el matrimonio homosexual, el aborto, las identidades de género, etc.) que a los económicos.

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Municipalismo para no exportar Extremadura

Autor: Angel Calle Collado

Saltamos Extremadura

Varios fantasmas recorren Extremadura: la emigración de las personas más jóvenes, la precariedad social, el deterioro ambiental, una creciente desigualdad interna y un aumento de la misma con respecto a regiones de nuestro entorno. Son todos viejos, pero no por más sabidos dan menos susto. Y tienen que ver principalmente con la exportación de Extremadura. Sí, sí, con una economía centrada en la exportación de la propia Extremadura. No de productos elaborados en ella sino de las mismas bases de producción y reproducción sociales: nuestros ecosistemas y los seres humanos que la habitamos. Es decir, perdemos fertilidad y degradamos bienes naturales por un lado; y por el otro lado, no cesa la amenaza constante de despoblamiento de zonas rurales y aumento de la emigración de nuestros jóvenes.

¿Soluciones? Complejas, de corto, medio y largo plazo. Pero sin duda la diversificación productiva, la inversión en sectores pujantes que tengan que ver con economías más sostenibles y la creación de mercados más locales y directos es parte del camino. Y para asfaltar, sembrar mejor dicho ante el previsible encarecimiento del petróleo en la próxima década, el municipalismo puede jugar un papel importante. Por municipalismo entiendo en este artículo el desarrollo de políticas de proximidad. Política realizada por ayuntamientos, por ciudadanía activa, por asociaciones locales y por cooperativas o por tejido empresarial que atiende a las necesidades locales y que cuida de su entorno.

Para hablar de ello en Extremadura estamos impulsando un Encuentro por un Municipalismo transformador. Será en Carcaboso, los días 5 y 6 de Octubre. Para compartir experiencias, miradas y tratar de impulsar agendas que vayan más allá de consideraciones ideológicas. Muchas de estas apuestas están ya en vigor, pero son desconocidas para la ciudadanía o para la clase política. En este artículo paso a desarrollar la crítica y las alternativas a dichos fantasmas, puntos que pueden servir de antesala a los debates y construcciones que por allí impulsaremos.

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Armas o puestos de trabajo. Un dilema inaceptable

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

“Producir y vender armas o más desempleo y menos ingresos en concepto de exportación”. Este es el dilema, en apariencia ineludible, al que nos enfrenta la dura y exigente realidad, a cuenta de los contratos de suministro de diferente material militar comprometidos por nuestro gobierno con el de Arabia Saudita.

Las grandes corporaciones y los lobbies empresariales que conforman la industria militar lo tienen claro (y no quieren ningún debate público al respecto): seguir, con la complicidad del poder político con el formidable negocio de la producción y venta de armamento. Para ello necesitan mercados, que estos grupos encuentran y alimentan en los numerosos conflictos militares, que sufren principalmente los países pobres, en los gobiernos represivos y en las redes que articulan el terrorismo internacional.

Es de sobra conocido, aunque no suficientemente denunciado, que estos mercados los sostienen -sin remilgos y sin escrúpulos– estos intereses; promoviendo y manteniendo guerras, comerciando con todas las partes en conflicto, suscribiendo contratos de aprovisionamiento con regímenes dictatoriales y eludiendo o ignorando todas las disposiciones internacionales.

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