Economía Crítica y Crítica de la Economía

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“Que Guindos vaya al BCE es una mala noticia” (Entrevista a Nacho Álvarez)

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El Siglo de Europa (Manuel Capilla)

Nacho Álvarez es el ‘cerebro’ tras los Presupuestos Generales alternativos que Podemos ha presentado en sociedad. Unas cuentas públicas que recogen una profunda reforma fiscal para aumentar el gasto en más de 24.000 millones de euros y sostener medidas como la Renta Mínima Garantizada, la gratuidad de las escuelas infantiles o la revalorización de las pensiones en línea con la inflación. Este profesor de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid, explica a El Siglo que “lo que podría ser una buena noticia, que un español ocupe la Vicepresidencia del BCE, se torna en una mala noticia porque es premiar y llevar a Europa a quien ha sido responsable de durísimos recortes en nuestro país”.


ALEX PUJOL

¿De qué se siente más satisfecho de los Presupuestos alternativos que han presentado?
Son capaces de poner en el centro los grandes problemas económico-sociales de nuestro país. En primer lugar, la igualdad entre hombres y mujeres. Son unos presupuestos que plantean educación de cero a tres años, permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles y medidas de dependencia. Estos tres elementos son un bloque muy importante para corregir la desigualdad, que sobre todo tiene un componente laboral. Garantizan carreras laborales y menos discontinuas en las mujeres y, por tanto, acercar la brecha salarial. Hay un segundo bloque, muy potente, que tiene que ver con  transformar el crecimiento económico en clave de sostenibilidad. El Plan de Transición Energética va precisamente en ese sentido, en garantizar que el crecimiento se hace compatible con una reducción significativa de las emisiones de CO2. El tercer bloque tiene que ver con atajar el fracaso que supone que la recuperación no llegue al bienestar de la mayoría social. Y, por último, el cuarto busca mejorar la productividad de nuestro tejido productivo, fijando la I+D+i como referente y haciendo de la digitalización algo posible pero sin que entrañe mayor precarización.

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V Jornadas Otra Economía está en marcha

Autor: Economistas Sin Fronteras

Como todos los años en Economistas sin Fronteras vamos a organizar las jornadas de Otra Economía está en Marcha

en Madrid los días 9 y 10 de marzo

Si eres estudiante,

puedes inscribirte

antes del 27 de febrero aquí



Habrá becas de desplazamiento y alojamiento y se están tramitando créditos de libre configuración o ECTS


Más información en nuestra web

Hacia una reactivación de las políticas económicas estructurales en España

Autor: Antonio Sanchez Andres

La Paradoja de Kaldor

Desde hace ya tiempo en diversos foros y desde distintos puntos de vista se ha argumentado acerca de los límites en el uso de las políticas coyunturales. Respecto a la política presupuestaria, los desequilibrios en las cuentas públicas avalan estas consideraciones. En aquello que atañe a la política monetaria, ésta es ajena al gobierno español debido a la traslación de sus competencias al nivel de gobierno de la Unión Europea. Este tipo de consideraciones, entre otras, ya desde hace años apuntan hacia una uso activo de las políticas estructurales.

Ciertos enfoques han identificado, por omisión o por excesivo interés en otros aspectos, las políticas estructurales con las laborales (además en el sentido de flexibilizaciones unilaterales en las regulaciones) o con las financieras (concesión de ayudas y aceptación de fusiones en el sector bancario). La alusión a otras políticas estructurales se ha ido omitiendo, pero las decisiones se han ido adoptando, de manera relativamente silenciosa y, en especial, en contra del interés general. Los resultados de la aplicación de esas políticas estructurales han manifestado unos resultados perniciosos para el conjunto de la sociedad española.

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Desafíos globales: menos desigualdades y más democracia

Autor: Lina Galvez

eldiario.es

Los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad van mucho más allá de nuestras fronteras, pero el cómo consigamos prepararnos para combatirlos y hacerles frente, dependerá también de cómo consigamos participar en cada uno de los distintos niveles que nos gobiernan, por tanto, de la calidad de nuestra democracia.

La mayor parte de los informes que tratan de señalar cuáles son los principales desafíos coinciden en que uno de los de mayor calado y trascendencia es el cambio climático y los diversos y nocivos efectos que lo acompañan. Aunque también apuntan a otros como las guerras, los desplazamientos masivos de población, la extensión de pandemias en un mundo altamente globalizado, los desequilibrios demográficos, los inciertos efectos del cambio tecnológico, especialmente el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), o el incremento de las desigualdades en el mundo y los problemas de orden económico, social y político que le vienen asociados.

Algunos de esos riesgos globales llaman a nuestras puertas, y otros, ya han comenzado a colarse en nuestras casas. Personas especializadas en el seguimiento de las nuevas tecnologías nos informan de que la ciencia está en condiciones de dar respuesta a muchos de esos desafíos, o al menos, de comenzar a corregir algunos desequilibrios. Pero el desarrollo científico necesita de una apuesta política decidida y cualquier tecnología no es ni buena ni mala, sino que tendrá efectos virtuosos o destructivos según el uso que le demos. En cualquier caso, la variable política es clave.

De hecho, el reto real está en cómo vamos a gestionar esos riesgos a nivel global pero también en cada espacio político. Por ejemplo, ¿cómo gestionaremos los masivos movimientos de población derivados del cambio climático con territorios costeros muy poblados que quedarán bajo el agua, sin capacidad de ser sustento de vida o sin agua potable? ¿Lo haremos cerrando fronteras y construyendo muros? ¿Invirtiendo en nueva tecnología que contribuya a frenar o limitar los efectos devastadores de ese cambio climático? ¿Una tecnología que los frene para la mayoría, o como hemos visto en algunas películas de ciencia ficción, solamente para unos pocos? ¿Cómo gestionaremos ese miedo: con más democracia o con el desarrollo de regímenes autoritarios que nos vendan la salvación de nuestra comunidad a cambio de nuestra libertad?

En este sentido, cabe preguntarse qué está ocurriendo en España.

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En defensa de una nueva política de rentas

Autor: Carlos Ochando

La Paradoja de Kaldor

Los sindicatos españoles mayoritarios llevan asumiendo durante bastantes años (incluso en la larga etapa de crecimiento económico entre 1995-2007), de manera implícita o explícita, una estrategia sindical de moderación salarial. El argumento que sustenta tal estrategia es la consideración de que la moderación salarial es la pieza clave para la consecución de otros objetivos, entre ellos, el crecimiento económico y la creación de empleo. Se trataría de una especie de “política de rentas voluntaria y/o implícita”.

La llegada de la crisis económica ha reforzado esta estrategia. El I Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado por CEOE-CEPYME, CCOO y UGT el 9 de febrero del 2010 para una vigencia de tres años (2010, 2011 y 2012), establecía un crecimiento salarial del 1% (2010), entre el 1% y 2% (2011) y entre el 1,5% y 2,5% (2012).  En el II ANEC que se firmó el 25 de enero del 2012 para otros tres años de vigencia (2012, 2013 y 2014), el compromiso de moderación salarial todavía fue mayor. Para 2012, los salarios pactados no debían exceder del 0,5%, en el 2013 el tope se fijaba en el 0,6% y para el 2014 se pactó una fórmula un poco más compleja: el aumento de los salarios pactados debía ajustarse al ritmo de la actividad de la economía española (aunque, en realidad, el objetivo se fijó en el 0,6%).

En julio de 2014, Gobierno, CEOE-CEPYME, CCOO y UGT pactaron un “Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico y el empleo” y en mayo del 2015 se llegó a un acuerdo de rentas para los años 2015, 2016 y 2017. En 2015 la subida salarial pactada fue del 1% (dejando que la subida salarial se pueda adecuar a las circunstancias de cada empresa); para el 2016 hasta el 1,5% y para 2017 la subida se dejó abierta, dependiendo de la evolución del PIB en 2016 y de las previsiones macroeconómicas del gobierno para ese año 2017. La negociación fue muy larga y difícil porque la CEOE insistía en la necesidad de mantener la moderación salarial (proponía una subida salarial del 0,6% para el 2015 y del 0,8% para el 2016 y que las subidas salariales estuvieran vinculadas a la evolución del PIB).

El crecimiento económico posterior y una cierta recuperación del empleo a partir de 2014 -aunque precario y de bajos salarios- han estimulado que los propios sindicatos reclamen una cierta subida salarial. Por ejemplo, en enero de este mismo año CCOO ha propuesto una subida salarial en torno al 3% o por encima de esta cifra (dependiendo de las empresas y sectores) y pide vincular los salarios a las previsiones de inflación, a la evolución de la productividad y a la mejora de los salarios más bajos de la economía.

La necesidad de articular una estrategia de subida salarial ha estado avalada por algunos organismos internacionales. Por ejemplo, la OIT la lleva reclamando desde hace unos años. Hasta el BCE –que, finalmente, reconoció la existencia de una crisis de demanda en la eurozona que provoca estancamiento económico y baja inflación- ha dicho que ha llegado el momento de una subida salarial.

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Jornades ATTAC Catalunya “El treball em mata” (Barcelona, 16 i 17 febrer)

Autor: Endika Alabort Amundarain

ATTAC Catalunya organiza las jornadas ”El treball em mata” el 16 y 17 de febrero. El viernes 16 comenzarán  a las 18:00 con la presentación de las jornadas debatiendo sobre el trabajo y su crítica como forma de dominación. El sábado por la mañana serán tres los debates. El primero se tratará desde cuando el trabajo es trabajo, seguido de la conferencia taller Desmontando el mito del esfuerzo. Para finalizar, habrá una mesa redonda que tratará las alternativas al trabajo productivo asalariado, en la que participará ICEA.
Las jornadas serán en el Casal del Barri Pou de la Figuera (c/ Sant Pere Més Baix 70, Barcelona, salida metro Urquinaona).

Fondo Monetario Europeo: ¿cortafuegos de la crisis bancaria?

Autor: Daniel Albarracin

Viento Sur

La Unión Europea, tras varias conmociones económicas, geopolíticas e institucionales serias, cuyas consecuencias no se han cerrado, y tras un periodo de bloqueo y parálisis, puede estar pasando a una nueva fase de revisión de su modelo de gobernanza económica. La parálisis institucional de la UE podría estar desbloqueándose, limitadamente, en el capítulo referido a la capacidad financiera de las instituciones europeas, tras despejarse algunas incógnitas para lo que puede ser un Brexit blando y con la previsible formación de un gobierno conservador-SPD en Alemania.

La formación de gobiernos de extremo centro (Alí, Tariq; 2015), que representan, con nuevas formaciones o coaliciones, el núcleo compartido de la orientación política por los partidos neoliberales y socialiberales que han venido sustentando los regímenes políticos europeos de los últimos treinta años, en un escenario de amortiguación temporal de la crisis económica, podría conducir a la modificación de la arquitectura económica e institucional existente. Esta podría reorientar, entre otros capítulos de la gobernanza económica, los recursos de la Unión Europea, que hoy por hoy son exiguos en comparación con los que disponen los Estados miembros, irrisorios para cualquier política fiscal significativa, y que está, por ejemplo, muy por debajo del ya modesto, en términos relativos, presupuesto público de los EE UU, hacia una política más consistente en cuanto a la capacidad de exigir medidas de ajuste estructural. En aras de afianzar las políticas de disciplina fiscal, se promoverían medios –en cualquier caso, reducidos- para la estabilización del sistema financiero que pudiesen paliar una venidera crisis bancaria. Se redirigirían viejos programas de inversión, estructurales y sociales haciendo posible una limitada actuación anticíclica en países que sufran crisis, siempre y cuando hayan acatado las reformas neoliberales en su estructura económica, presupuestaria y de gasto.

Se ha producido un debate entre las élites europeas, circunscrito a la dimensión institucional, sobre las causas de la endeble estructura y dinámica económica, que ha acompañado algunas discusiones políticas existenciales del proyecto de la UE. Mientras que la agenda neoliberal, en sus diferentes formatos, achaca la crisis a la indisciplina presupuestaria y la ausencia de reformas estructurales en países menos competitivos, hay otros que atribuyen los problemas a la crisis de inversión, la hipertrofia financiera, o la desigualdad. Independientemente del diagnóstico o la perspectiva, todos partían de que una nueva crisis financiera puede poner en tela de juicio la Eurozona, y una crisis bancaria podría desencadenar una nueva y más profunda recesión. Los que son favorables a la arquitectura vigente del Sistema Euro (Husson, M.; 2012), tanto los neoliberales del extremo centro como los ordoliberales alemanes, toman la iniciativa para tratar de consolidarla, para que la UE no se desarticule y siga sirviendo a las oligarquías financieras y las corporaciones transnacionales europeas.

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Cataluña, balanzas fiscales y solidaridad

Autor: Ricardo Molero Simarro

ctxt.es

En el agrio debate sobre el proceso independentista catalán se ha dado por descontada su dimensión económica, extendiéndose una confusión interesada: la creencia de que la distribución de la renta en una economía depende de su dimensión territorial y, en concreto, de las aportaciones que unas y otras Comunidades Autónomas (CCAA) realizan a la Hacienda común.

Utilizando un argumento similar al de los defensores del Brexit, el independentismo catalán ha basado en buena medida su propuesta en la promesa de recuperación de la aportación neta que realiza a las balanzas fiscales autonómicas. En el otro extremo, el nacionalismo español ha acusado de profundamente insolidario al movimiento independentista por querer negarse a seguir realizando las contribuciones que, dada la mayor riqueza de la economía catalana, supuestamente le correspondería hacer.

Ni una, ni otra posición quieren comprender que, en realidad, el proceso de redistribución de renta se da, principalmente, entre hogares (sólo indirectamente entre CCAA); y que los desequilibrios territoriales de una economía como la española se deben, principalmente, a nuestro desestructurado modelo productivo (únicamente en el largo plazo al destino de la inversión pública en infraestructuras).

Sobre las balanzas fiscales se ha escrito mucho. En resumen, se trata de un cálculo de la diferencia, mediada por el sistema de financiación autonómica (SFA), entre lo que aportan las personas residentes en una CC.AA. vía impuestos y lo que reciben vía gasto público. Habitualmente esa diferencia se interpreta como la disparidad entre las aportaciones de unas y otras CC.AA., entendidas éstas como entes con capacidad propia de pagar impuestos y recibir gasto público, pero esa es una interpretación errónea. En realidad, las balanzas fiscales muestran la diferencia entre las aportaciones de los hogares de unas y otras CC.AA., no de las Comunidades en sí mismas. Es una sutil, pero importante distinción, en especial en lo que tiene que ver con cómo funciona la tan manida “solidaridad”.

Como explican la mayoría de expertos, lo lógico es que aquellas comunidades cuya renta per cápita es más alta sean las que más aporten a las balanzas en términos netos, en primer lugar, porque mayores son los ingresos de sus ciudadanos, así como los beneficios de las empresas allí domiciliadas; y, en segundo lugar, porque, a priori, menor es el número de personas que tienen necesidad de recibir prestaciones sociales, o al menos aquellas prestaciones que dependen del nivel de renta.

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Por qué el nuevo crecimiento tiene que ser verde y morado, y cómo conseguirlo

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

ctxt.es

Una idea esencial de los artículos anteriores de esta serie es que España crece, sí, pero sin resolver los problemas sociales y económicos que condicionan el futuro de la mayoría. Buena parte del nuevo empleo es muy precario, temporal y con bajos salarios. El resultado de esto, y de que no se hayan revertido los recortes al Estado de Bienestar, es que se ha cronificado un insoportable nivel de desigualdad. Así, crecimiento económico y progreso social son fenómenos que en este momento parecen conjugarse en tiempos distintos: la “recuperación” tiene un carácter ciertamente regresivo y ya no garantiza la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social del país.

Es necesario, por tanto, no sólo asegurar que el crecimiento se mantiene, sino también transformarlo. Sabemos además que las “reformas estructurales orientadas al mercado” no han propiciado un cambio productivo: siguen predominando los sectores de contenido tecnológico medio, e incluso medio-bajo; la actividad está creciendo sobre todo en sectores tradicionales como la hostelería, el turismo, el comercio minorista y la actividad inmobiliaria; y la mejora de la balanza externa no responde tanto a un avance en la capacidad de penetración de las exportaciones españolas como al abaratamiento de la factura energética importada.

Apuntalar y, simultáneamente, transformar el crecimiento de nuestra economía exige una estrategia industrial más audaz y proactiva que, involucrando al sector público junto al sector privado, sea capaz de fijar prioridades sobre qué sectores pueden servir de palanca para esa transformación, y poner en marcha medidas para impulsar su desarrollo. En concreto, nos parece que España requiere una estrategia que impulse un crecimiento sostenible en términos medioambientales (verde), que asegure la igualdad de género (morado), y que mejore la productividad a través del desarrollo del proceso de digitalización. Consagramos el resto del artículo a perfilar los dos primeros vectores, y dejamos el tercero para el siguiente artículo.

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La trampa de Tucídides y el futuro del Euro

Autor: Fernando Esteve

La Paradoja de Kaldor

Existe un acuerdo unánime de que China está en su fase ascendente en la escala del poder económico y militar. Menos acuerdo hay respecto a la cuestión de si la hegemonía norteamericana está ya en declive. En cualquier caso, el escenario geopolítico en las próximas décadas se augura complejo y marcado por esa doble circunstancia. Hay quienes anticipan el riesgo de que el mundo se vea abocado a lo que se conoce como Trampa de Tucídides y, al igual que Esparta ante el ascenso de Atenas desencadenó una guerra preventiva -la Guerra del Peloponeso-  antes de que la expansión de su rival amenazara su hegemonía, EE.UU. haga lo mismo con China. Hay quienes, por el contrario,   prevén un futuro pacífico definido por una hegemonía compartida chino-americana. Sea cual sea ese futuro, lo que parece hoy por hoy claro es que en su construcción la Unión Europea  nada parece contar. Europa es hoy por hoy un convidado de piedra en la escena geopolítica mundial.

No debiera ser así. Pero la realidad es que la Unión Europea no ha podido convertir su peso económico en poder económico ni tampoco sus valores políticos y culturales en poder político  en la esfera de las relaciones internacionales a escala mundial. La Unión es, por así decirlo,  autista, en el sentido de que todas sus energías las dirige hacia sí misma. Es como esos enfermos a los que la gravedad y urgencia de sus dolencias les llevan a desinteresarse de todo cuanto sucede en su entorno. Y la razón de ello es que el “corazón” de la Unión, la eurozona,  no funciona como sería de desear y se preveía en sus orígenes, hace una quincena de años.  Y no funciona porque adolece de una enfermedad “genética”, porque de salida, desde su concepción, su “corazón”: el euro,  estaba mal diseñado y se ha convertido en una fuente incesante de problemas.

Cierto que no era fácil construir una moneda única a partir de un conjunto heterogéneo de países que no conformaban una área monetaria óptima. Pero el diseño que se siguió a la hora de hacerlo, lo que se puede denominar como  “modelo neoliberal” de moneda única en la medida que, ante los inevitables desequilibrios comerciales y fiscales y sus consecuencias que tendría el establecimiento de una moneda única y una política monetaria común del Banco Central Europeo en los países de la eurozona dada su diversidad de situaciones y “culturas” económicas nacionales, sólo preveía para corregirlos de un mismo mecanismo: la puesta en práctica de políticas de ajuste  y de reformas estructurales, sobre todo de los mercados de trabajo, así como la imposición de sanciones a quienes no cumpliesen unos criterios en buena medida arbitrarios.

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Una propuesta para el debate sobre la transformación social planteado por Alasbarricadas

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

Sólo nos queda, pues, saludar la emergencia de un nuevo debate, el planteado por los compañeros de Alasbarricadas, de una confrontación de ideas que demuestra que algo sigue vivo en el movimiento libertario. Después de haberos presentado esta propuesta permitidme que os haga una confesión: no quiero ser seguido sino escuchado. Esta es una propuesta individual y el pensamiento fuerte es siempre colectivo.

“Un revolucionario, para merecer tal título, debe dominar la economía, la dialéctica, la política y la estrategia; cargarse de paciencia; defenderse con la ironía y emplear la acción a su debido tiempo” (Abraham Guillén. Desafío al Pentágono)

Una estrategia revolucionaria es una estrategia que apuesta por el cambio acelerado, por una transformación social que vaya más allá de las tendencias evolutivas, por la apertura de un proceso que encauce las mutaciones que vive nuestra economía y nuestra política en la dirección deseada por los revolucionarios.

La izquierda española no tiene un proyecto de ese tipo. Y el anarquismo ibérico, ahora mismo, tampoco. Las distintas sectas y grupúsculos del mundillo alternativo vegetan en la adoración acrítica de unas tradiciones idealizadas y, con ello, arrancadas de todo lo que les daba vida y pegada. Si el marxismo se ha convertido en un marasmo indistinguible de la socialdemocracia y el podemismo ha llevado a la oleada de luchas del 15M a su naufragio, el municipalismo no sabe muy bien adónde dirigirse ante la agresividad demostrada por los nuevos mandarines institucionales de la izquierda y el movimiento libertario se difumina en una miríada de propuestas autorreferenciales que basculan entre la pura repetición burocrática de lo mismo de siempre y la adoración de lo estrafalario, el vértigo de la imposible involución que se pretende hacer pasar por ecologismo o el sectarismo más estrecho y asfixiante.

¿Caben alternativas? ¿Hay propuestas revolucionarias para el día de hoy, en pleno siglo XXI, en un mundo cada vez más multipolar y más acosado por la aceleración de las transformaciones productivas, tecnológicas y culturales? ¿Es el pensamiento libertario un antídoto posible al transhumanismo, al ultraliberalismo, al ecofascismo y al nuevo feudalismo ultraderechista que ganan adeptos cada día que pasa?

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El bitcoin: ¿oro digital o fraude colosal?

Autor: Bruno Estrada Lopez

ctxt.es

El bitcoin la criptomoneda más famosa y más utilizada en el mundo fue creada hace solo ocho años, en 2009. Una criptomoneda es un medio digital de intercambio que no está respaldado por ningún activo, su valor intrínseco es cero, se basa en la confianza que millones de personas dan a un sistema descentralizado de creación de dinero.

No hay ningún Banco Central de un gran país detrás de su creación, ni ninguna entidad financiera global, ni ninguna gran empresa. Son miles de “mineros” los que están continuamente creando esta moneda en base a unos códigos que aseguran las transacciones.

Su creación se hace de forma conjunta por un sistema competitivo descentralizado de estos “mineros” digitales. Para que estos nuevos bitcoins, estas nuevas transacciones, sean confirmados es necesario que se incluyan en un bloque con una prueba de trabajo matemático. Dichas pruebas son muy difíciles de calcular ya que la única manera de pasarlas es intentando hacer miles de millones de cálculos por segundo.

Cuando los bloques son validados por el universo de “mineros” entonces el “minero” creador recibe una propina en bitcoins, propina que se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Los “apolojetas” del bitcoin dicen que esto es democratizar la creación de dinero.

Inicialmente, en la “época romántica” del bitcoin, los mineros eran personas individuales que, armados con un cierto conocimiento de electrónica e informática y un potente ordenador generaban esos bloques. Ante el aumento de valor de esta criptomoneda su producción se ha ido industrializando. Actualmente hay “granjas de servidores” trabajando permanentemente para calcular el valor de un nuevo bloque.

Su creciente éxito como instrumento de intercambio plantea dos graves problemas: su insostenibilidad financiera y medioambiental.

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Bruselas, ¿imposición o pretexto?

Autor: Fernando Luengo

infolibre.es

El discurso político y mediático del gobierno del Partido Popular (PP) está instalado en el pretexto. Apela continuamente a la necesidad de seguir la hoja de ruta marcada por Bruselas –sin cuestionarla, por supuesto–, deslizando el mensaje de que las políticas aplicadas dentro responden fielmente a las exigencias comunitarias en materia de ajuste presupuestario. Con esa falacia, pretenden salir libres de polvo y paja de una gestión de la crisis –de la cual el PP es en buena parte responsable– tan ineficiente como costosa en términos sociales y productivos.

Este mismo pretexto también ha sido sacado a pasear por el gobierno de Rajoy a través de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para cargar contra los “ayuntamientos del cambio”, exigiéndoles que introduzcan más y más recortes en las políticas sociales y en las inversiones. Presión que, además de inaceptable, resulta incomprensible, pues estos ayuntamientos han conseguido, con una gestión eficiente y transparente, sanear las cuentas públicas y al mismo tiempo mejorar el bienestar de la ciudadanía. Lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid desvela los verdaderos intereses del PP: debilitar y fracturar Ahora Madrid, poner contra las cuerdas a los concejales más comprometidos con las políticas antiausteridad, meter al Ayuntamiento en la lógica de los recortes y trasladar a la opinión pública la percepción de que sólo hay una política económica posible. Lo cierto, sin embargo, es que existía y existe en el estado español un margen de maniobra que, sobre todo por falta absoluta de voluntad política, no ha sido utilizado.

El contraejemplo está en Portugal, donde sí encontramos el compromiso político que ha estado clamorosamente ausente en nuestro país. En este país, desde que gobierna la coalición de izquierdas, se ha reducido de manera sustancial el desempleo y han mejorado los salarios; en paralelo, se ha reducido la deuda y el déficit públicos.

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Defender Madrid de Montoro y de los recortes

Autor: Pablo Carmona

La Marea

Con los últimos acontecimientos sobre el presupuesto de Madrid se demuestra que, en materia de austeridad, Madrid constituye el campo de pruebas más avanzado de nuestro país. El culebrón de tecnicismos y cifras sobre el presupuesto madrileño que ocupa la agenda pública no responde más que a una batalla política. De un lado, el gobierno del PP quiere secar las arcas municipales e intervenir sus cuentas. Del otro, el Ayuntamiento de Madrid defiende a capa y espada un presupuesto con un enorme superávit capaz de cubrir buena parte de las necesidades sociales y las inversiones que tanto demanda la ciudad.

Las reglas del juego vienen marcadas por el famoso artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como Ley Montoro. Esta ley –además de aplicarse–, ha sido interpretada y retorcida en la persecución contra Madrid desde los más amplios malabarismos políticos. De nada han valido las muestras de solvencia, e incluso las concesiones en forma de recortes no estructurales que se han hecho desde el Ayuntamiento en sus últimos documentos, todos los intentos han sido tumbados. Sencillamente, Montoro no busca un acuerdo con Madrid, sino su rendición.

Como se ha ratificado en los últimos días, son muchas las administraciones que incumplen la regla de gasto, pero los mismos criterios de estabilidad que valen para otras administraciones no son efectivos para Madrid. El propio Montoro, año tras año, tiene que pedir prórrogas a Bruselas producto de sus reiterados incumplimientos con los compromisos adquiridos en materia de déficit y deuda pública. Sin embargo, el color político del gobierno de Madrid y el de algunas comunidades autónomas o ayuntamientos, son dos muy distintos y ahí está la clave del problema. Madrid se ha convertido en objetivo político evidente.

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Entrevista a Carlos Sánchez Mato: “Tenemos que evitar que el mejor producto del PP sean Ahora Madrid y Manuela Carmena”

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Salto (YAGO ÁLVAREZ @ECONOCABREADO)

El ahora “solo” concejal del distrito de Vicálvaro recibe a El Salto en el hall del Ayuntamiento de Madrid. Sale un momento del pleno municipal para atendernos: “Normalmente hago yo el 25% o 30% de la intervenciones del pleno. Hoy no me toca nada”, explica con cara de resignación. No lleva uno de esos trajes con los que normalmente asistía al edificio de Alcalá 45 y que hicieron que Esperanza Aguirre le llamara “el díscolo de Ahora Madrid por ser el único que se pone corbata”. Hoy, parece que Aguirre acertaba, pero no por los trajes.

Carlos Sánchez Mato ha librado, desde que entró en la concejalía, una batalla política con el Ministerio de Hacienda por la interpretación de la Regla de Gasto. Tras darle la vuelta a las cifras económicas de la ciudad reduciendo su enorme deuda, al mismo tiempo que incrementaba la inversión y el gasto social, el ministro Montoro ha forzado al Ayuntamiento a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que Sánchez Mato se ha negado a apoyar, lo que le ha costado su puesto. El lunes 18 de diciembre fue destituido como delegado de Economía y Hacienda por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

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Una política industrial activa para un crecimiento diferente

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es

Nuestros dos artículos anteriores en esta serie de “radiografías de la recuperación” (aquíaquí) han dejado un mensaje claro: el crecimiento económico que España está registrando desde 2014 no está generando “progreso social”. No consigue mejorar de una forma sustancial la situación de la mayoría, y la elevada desigualdad se ha instalado como una “característica estructural” de nuestra sociedad. La precariedad del empleo que se está creando, la devaluación salarial y la disminución de la capacidad distributiva de las políticas públicas –por los recortes llevados a cabo en los años anteriores– explican en buena medida estos resultados. Por ello, proponíamos en dichos artículos algunas medidas orientadas a mejorar la calidad del empleo, promover el crecimiento de los salarios y disminuir la desigualdad.

En este artículo queremos ampliar nuestra radiografía de la situación económica actual con tres nuevas ideas. En primer lugar, España crece, pero no por el “éxito” de las políticas de austeridad. En segundo lugar, estas políticas no han alumbrado un “nuevo modelo” de crecimiento. En tercer lugar, España requiere transformar la forma que tiene de crecer, y esto sólo puede lograrse con una política industrial que potencie activamente algunos sectores estratégicos.

El crecimiento no se deriva de las políticas de austeridad y devaluación salarial

Es de sobra conocido y generalmente aceptado que los recortes fiscales y salariales prolongaron innecesariamente la crisis, al reforzar sus efectos depresivos. Fue precisamente su implementación lo que provocó la segunda recesión (2011-2013) por la reducción de la demanda interna. Se ha comprobado que la hipótesis de la “austeridad expansiva” era falsa.

A pesar de esto, sus partidarios siguen presentando el crecimiento actual como la prueba del “éxito” de este modelo de política económica, argumentando que los recortes fiscales y las “reformas estructurales” han mejorado nuestra competitividad, y que esto ha dado lugar a un modelo de crecimiento más robusto y basado en la fortaleza de las exportaciones.

Sin embargo, esta interpretación no se corresponde con la realidad. La austeridad fiscal no fue lo que consiguió frenar la subida de la prima de riesgo española, que se elevó en 400 puntos básicos entre mediados de 2010 y mediados de 2012, a pesar de los intensos recortes del periodo. No fue hasta el verano de 2012, cuando se produjo la intervención del Banco Central Europeo (BCE) anunciando su programa de compra de bonos, cuando la prima de riesgo efectivamente comenzó a reducirse y se restableció la financiación.

Por otro lado, la devaluación salarial y la reducción de los costes laborales unitarios sólo se han trasladado de forma muy parcial a los precios de las exportaciones. Entre 2009 y 2016, el tipo de cambio efectivo real de la economía española se depreció un 15%, pero si lo medimos utilizando los precios finales de las exportaciones –de los que de verdad depende la competitividad precio– esta mejora fue sólo del 4%.

De hecho, el principal motor del crecimiento del PIB desde 2014 ha sido la demanda interna, no la demanda externa (gráfico 1). La demanda externa tiene un comportamiento muy anticíclico en España, por la elevada elasticidad renta de sus importaciones (especialmente, bienes de capital y energía). Por ello, la contribución de las exportaciones netas al crecimiento fue particularmente positiva durante los años de la recesión, pero esto se debió al hundimiento de las importaciones, y no a un cambio de tendencia de las exportaciones derivado de aumentos de la competitividad (gráfico 2). En este mismo gráfico vemos que, si bien la recuperación de las exportaciones es una noticia muy positiva, su tasa de crecimiento en los últimos años es prácticamente igual a la registrada en el anterior periodo de expansión. Por eso mismo, el aumento de su peso en el PIB se explica principalmente por el desplome de la demanda interna, que de hecho sigue siendo inferior a 2007.

Gráfico 1. Contribuciones al Crecimiento del PIB real. Fuente: Ameco.

Gráfico 1. Contribuciones al Crecimiento del PIB real. Fuente: Ameco.

Gráfico 2. Exportaciones e importaciones . (1999q4=100) precios corrientes. Fuente: Eurostat.

Gráfico 2. Exportaciones e importaciones . (1999q4=100) precios corrientes. Fuente: Eurostat.

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Montoro y la elección del campo de batalla

Autor: Segundo Gonzalez

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La regla de gasto es uno de los instrumentos más perversos y delirantes de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que desarrolló el artículo 135 de la Constitución reformado en 2012. Mediante la regla se impide que los ayuntamientos puedan utilizar los superávit presupuestarios que han logrado en financiar otra cosa que no sea la amortización de la deuda, incluso si no la tiene. Esto lleva a situaciones antieconómicas y surrealistas como que los ayuntamientos acumulen 20.000 millones de euros en depósitos de efectivo, el mayor saldo de su historia.

Dado que el nivel de déficit de España es la suma de los niveles de déficit de las diferentes administraciones –central, autonómica, local y Seguridad Social– el gobierno central necesita el superávit de los ayuntamientos para cuadrar las cuentas del conjunto del sector público y poder cumplir con los objetivos que marca Bruselas. Sólo en 2016, las cuentas locales se cerraron con un superávit del 0,6% del PIB, mientras que la Administración Central tuvo un déficit del 2,7%. El superávit de los ayuntamientos permite al Gobierno financiar su mala gestión y la política laboral que genera el déficit en la Seguridad Social. Por este motivo, el superávit de los ayuntamientos es tan importante para Montoro.

La regla de gasto, por tanto, es perversa en sí misma. Pero además, su ejecución ha sido arbitraria e irracional, incluyendo cambios de criterio a mitad de la partida con el fin de que Madrid no cumpliera la regla de gasto. Para empezar, el gasto y la inversión de cada municipio se calcula en base a una tasa de referencia del PIB que es no es observable, es decir, es un cálculo que permite mucha discrecionalidad al gobierno. En segundo lugar, su aplicación depende por completo de criterio de Hacienda, que puede cambiar en función de sus intereses: Montoro aplicó en el Ayuntamiento de Madrid unos criterios de cálculo en abril, y otros totalmente diferentes en octubre. Además, Hacienda utiliza la regla de gasto contra Madrid a pesar de que tiene 1000 millones de superávit y ha liquidado ya el 40% de la deuda que le dejó el PP, es decir en dos años ya ha reducido la misma deuda que redujo Botella durante todo su mandato. Sin embargo, permitió mucha mayor flexibilidad en la interpretación de la norma ante otros ayuntamientos, como como el de Jaén, gobernado por el PP.

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En Madrid existían alternativas a la aprobación del Plan Económico de Montoro

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

El pasado 18 de diciembre seis concejales de Ahora Madrid decidieron no votar el Plan Económico Financiero que se presentó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, motivo por el cual la alcaldesa Manuela Carmena cesó al delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, por ser uno de ellos y mostrarse en contra del citado documento. Algunas voces han señalado que aquí se dibujaban únicamente dos opciones: o aprobar un plan económico dictado por Montoro que incluye importantes recortes presupuestarios, o sucumbir a la dolorosa intervención del Ministerio de Hacienda. Pero esto no es en absoluto cierto por varios motivos que se expondrán a continuación.

Es importante recordar que el ataque realizado por Montoro sobre el Ayuntamiento de Madrid es de carácter 100% político, aunque se disfrace con tecnicismos como “Regla de Gasto” o “Plan Económico Financiero”. El gobierno de Ahora Madrid ha demostrado con creces que otra política económica es posible, puesto que en apenas dos años y medio ha incrementado la inversión social en un 74% y las inversiones en infraestructuras en un 102%, al mismo tiempo que ha reducido la deuda en más de un 40% y registrado superávit por más de 1.000 millones de euros. Toda una proeza que atenta contra el discurso manido de los fanáticos de la austeridad con el que se alega que los recortes en el gasto público son necesarios para cuadrar las cuentas. Y para que este exitoso caso de anti-austeridad no se convirtiera en ejemplo a imitar en otras zonas del país, el gobierno del PP con Montoro a la cabeza puso todo su empeño en dinamitarlo.

Para ello recurrió a la Regla de Gasto, un criterio que limita el gasto público independientemente de la cantidad de ingresos que haya. Pero lo hizo retorciendo la interpretación de esta regla hasta llevarla a un punto no recogido en la legislación, al mismo tiempo que denunció en los tribunales determinadas inversiones del consistorio. Se trató de un evidente maltrato discriminatorio, ya que a ningún otro ayuntamiento del país se le han exigido jamás tantísimos recortes ni se le ha intentado parar las inversiones. Prueba de que Montoro exigía recortes exagerados utilizando una interpretación ilegal de la Regla de Gasto es que los técnicos funcionarios del Ayuntamiento no sabían a qué normativa o instrucción atenerse para elaborar el Plan Económico exigido por el Ministerio, o que la propia plataforma informática del Ministerio rechazara la introducción de los datos del Plan, o que el propio órgano fiscalizador del sector público (AIREF) haya reconocido que Madrid tiene las cuentas saneadas y que no entiende la insistente tutela del Ministerio. Montoro quería dar un castigo ejemplar al gobierno de Ahora Madrid, y no le importaba si se saltaba sus propias leyes y normas. Por eso desde el Ayuntamiento de Madrid denunciamos en los tribunales este atropello ilegal.

La última resolución enviada en noviembre por el Ministerio instaba a realizar un plan económico que recogiera recortes de más de 552 millones de euros, pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo. Sin embargo, por alguna razón, desde el Ayuntamiento se quiso aprobar este documento inmediatamente. Así, se ordenó al área de Economía del Ayuntamiento hacer ese plan económico. El plan lo elaboraron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo. Carlos Sánchez Mato ha cumplido, con lealtad, con sus obligaciones procedimentales hasta el último día. Otra cosa son sus posicionamientos políticos, donde no se le puede obligar a apoyar algo que no comparte, que no ha elaborado y que considera un grave error político y económico, especialmente cuando ello no se ha debatido en ningún espacio de Ahora Madrid. Por eso, dada la importancia de la votación, desde Izquierda Unida solicitamos que se consultara a las bases de Ahora Madrid su opinión al respecto, pero fuimos ignorados.

Desde el equipo de Carlos Sánchez Mato proponíamos una alternativa diferente: no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la Regla de Gasto y nos librásemos así de la tutela del Ministerio. Ganar tiempo era la mejor estrategia, porque se podían ganar los recursos en los tribunales (insisto en la atrocidad en términos jurídicos cometida por el Ministerio) o se podía cambiar la Regla de Gasto en el Congreso de los Diputados gracias a una proposición de Unidos Podemos en cuyo diseño participamos.

En cualquier caso, y poniéndonos en la peor de las situaciones, acorde al segundo punto del artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la hipotética intervención de Montoro supondría el envío de funcionarios del Ministerio que aplicarían exactamente los mismos recortes que va a aplicar ahora el gobierno de Ahora Madrid. Es decir, en el peor de los casos el coste económico sería el mismo y el coste político lo sufriría únicamente el gobierno de Rajoy y no el gobierno de Ahora Madrid.

Por eso es falsa la disyuntiva presentada al comienzo de este artículo. Había opciones diferentes a la de aprobar los recortes de Montoro, todas menos dolorosas para el proyecto político de Ahora Madrid y para el bienestar de la ciudadanía madrileña.

El Plan aprobado recoge un recorte de más de 552 millones de euros, un 13% del presupuesto. Concretamente recoge un recorte bestial del 55% en inversiones. Estos datos pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento.

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Nueva política económica y cambio climático

Autor: Nacho Álvarez Peralta

(Artículo publicado en El Siglo de Europa)

La economía española presenta hoy enormes retos. La recuperación económica está consolidando un perfil de crecimiento muy preocupante: es cierto, la economía crece y lo hace a una tasa que duplica el crecimiento en la Eurozona, pero este crecimiento viene de la mano de una creación de empleo de muy mala calidad, que generaliza la precariedad, los contratos temporales y los bajos salarios. El 29% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, la recuperación está apuntalando nuevamente una especialización basada en sectores de baja productividad (hostelería, turismo, actividades inmobiliarias), y se mantiene nuestra tradicional dependencia de las importaciones de combustibles fósiles.

Estos son enormes desafíos para la política económica en nuestro país. Pero hay uno todavía mayor: el cambio climático. Tradicionalmente los economistas han analizado las diferentes alternativas de política económica sin hacerse cargo de las restricciones ecológicas existentes en la biosfera. Hoy ya no es posible pensar la política fiscal, distributiva o industrial sin considerar simultáneamente la urgencia global por reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. De poco servirá crear empleo de calidad, reducir las desigualdades o mejorar la especialización productiva de nuestra economía, si esto no contribuye a afrontar el mayor desafío que tenemos delante: frenar el calentamiento global para evitar la catástrofe medioambiental.

Esto no sólo obliga a pensar en las implicaciones medioambientales de las políticas económicas propuestas (para evitar tirarnos piedras en nuestro propio tejado). También exige trasversalizar el objetivo de reducción de emisiones al conjunto de políticas económicas diseñadas.

Así, por ejemplo, el fin de la austeridad fiscal debe ponerse al servicio de la transición energética y de la modernización de nuestro tejido productivo. La inversión pública –hoy 30.000 millones de euros inferior a la de 2009– debe servir para impulsar el desarrollo de las energías renovables en nuestro país, para estimular la electrificación del parque automovilístico y favorecer el transporte colectivo, y para desarrollar profundas reformas inmobiliarias que mejoren la eficiencia energética de nuestros edificios e instalaciones. De acuerdo al estudio realizado por el conocido economista Robert Pollin (Un programa equitativo de inversión en energías limpias para España), un plan de inversión de estas características equivalente al 1,5% del PIB, sostenido durante los próximos años, podría crear 400.000 empleos de calidad, reducir un 80% el consumo de combustibles fósiles y disminuir las emisiones de CO2 hasta un 75%.

Una nueva política económica debe contribuir igualmente a desplazar la especialización de nuestro tejido productivo hacia actividades menos intensivas en el consumo de energía y materiales, como son la economía de los cuidados y los servicios personales (dependencia, o atención a la infancia).

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Sobre la destitución de Carlos Sánchez Mato como concejal de economía del Ayuntamiento de Madrid

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

Desgraciadamente se están lanzando varios mensajes inexactos (o directamente falsos) sobre la destitución de Carlos Sánchez Mato. Como una de las personas que han vivido de ceca este episodio, me veo obligado a aclarar estas confusiones.

1) El Ayuntamiento de Madrid estaba demostrando que otra política económica es posible (incremento inversor y cuentas saneadas) y eso no podía ser permitido por el mayor fanático de la austeridad: el PP con Montoro a la cabeza.

2) En su intento por hacer fracasar el proyecto de Ahora Madrid, Montoro realizó una interpretación ILEGAL de la Regla de Gasto, y exigió recortes mucho más exagerados que los que ha pedido a otros ayuntamientos incumplidores de tal regla. Quería un castigo ejemplar.

3) Montoro cambió las reglas a mitad del partido únicamente para maltratar al gobierno de Ahora Madrid. Los técnicos del ayuntamiento (que no son de izquierdas) alucinaron con este evidente maltrato. Por eso denunciamos en los tribunales este atropello ilegal.

4) Montoro exigió la realización de un plan económico que recogiera recortes de más de 533 millones €. Una salvajada que, insisto, no se atiene a la legislación. Pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo.

5) Sin embargo, inexplicablemente a la alcaldesa le entraron prisas y ordenó al área de economía hacer ese plan económico. El plan lo hicieron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo.

6) La alternativa que proponía Carlos Sánchez Mato era no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la Regla de Gasto y nos librásemos así de la tutela del Ministerio.

7) Ganar tiempo era la mejor estrategia, porque se podían ganar los recursos en los tribunales o se podía cambiar la Regla de Gasto en el Congreso de los Diputados gracias a una proposición de Unidos Podemos en cuyo diseño participó el propio Carlos.

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El bitcoin está destinado al fracaso

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

Cada vez se habla más de las criptomonedas, y especialmente de la más famosa y utilizada de todas: el bitcoin. Este tipo de monedas, creadas desde el sector privado, se caracterizan esencialmente por ser digitales y por regirse a través de un software informático complejo que conecta a todos sus usuarios de forma que se origina para cada transacción un modelo de contabilidad distribuida. La forma de emitir nueva moneda se lleva a cabo a través de la resolución de un algoritmo informático que cada vez se va complejizando más y en el que puede participar cualquier usuario. En el caso del bitcoin, la emisión de la moneda está limitada a un máximo de 21 millones de unidades.

El bitcoin se creó en el año 2009, en plena crisis económica mundial, y desde entonces su utilización ha ido en aumento. Empleada en un primer momento en muy pocas regiones y sólo en determinados sectores económicos, se ha ido extendiendo cada vez más hasta llegar a nuevos países y a nuevas ramas económicas. Y, aunque hoy día sigue siendo una moneda con una utilización marginal a nivel mundial, llama muchísimo la atención la importancia que ha alcanzado una moneda creada por el sector privado, ya que ha registrado un éxito que no tiene parangón alguno en la historia.

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¿Cómo conseguir que las ganancias de productividad se conviertan en más empleo?

Autor: Fernando Luengo

eldiario.es

La coexistencia de aumentos en la productividad del trabajo y relativamente altos niveles de desempleo nos emplaza a un debate alrededor de la pregunta que encabeza el texto. Este debate, de alcance europeo, cobra especial relevancia y actualidad en la economía española, cuando vemos que, en los últimos años, los indicadores de productividad y empleo han evolucionado en direcciones opuestas; el sustancial aumento del primero ha ido de la mano de una masiva destrucción de puestos de trabajo.

Para el relato dominante, el de los poderosos, el nexo entre productividad y empleo está garantizado, siempre que las fuerzas del mercado actúen sin trabas ni interferencias; en esas condiciones, se da una secuencia virtuosa entre la productividad, los beneficios, la inversión y el empleo. Según esta secuencia, los aumentos de productividad tienen una incidencia positiva sobre los márgenes empresariales, que, al activar la inversión productiva, aumentan los niveles de ocupación de la economía.

Una primera e importante fisura en esta hoja de ruta es la evidente desaceleración, observada en las últimas décadas, en el ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo. Una evidencia empírica que obliga a preguntarse por los factores estructurales, más allá de la coyuntura de la crisis, que explican los magros resultados obtenidos en materia de productividad y las consecuencias que todo ello tiene en materia de crecimiento y bienestar. En las líneas que siguen, retomando la pregunta inicial, me centro en otro asunto, no menos importante: identificar algunos mecanismos que podrían establecer un nexo sólido entre productividad y empleo.

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Que España funcione

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Hay algo en España que no funciona, que debemos arreglar. Se ha roto el vínculo entre crecimiento económico y progreso social. Nuestro país crece en este momento por encima de la media europea, y sin embargo el 70% de los hogares, según el Informe FOESSA, no percibe efectos positivos de la recuperación de la actividad económica. Es más, a 13 millones de personas (el 28% de la población española) este crecimiento no les dice nada: siguen en riesgo de pobreza o exclusión social.

En esta brecha entre lo que el gobierno subraya (el PIB crece y se crea empleo) y lo que la mayoría experimenta (mi situación no mejora), hay dos cuestiones clave: la calidad del empleo y la evolución de los salarios. Ambas dimensiones se han visto profundamente erosionadas por las “políticas estructurales” aplicadas durante la crisis, con la excusa de favorecer la recuperación.

Sin embargo, la devaluación salarial (que ha aumentado la desigualdad y la pobreza) no es la causa del crecimiento actual, como sugiere el gobierno. El Informe Anual del Banco de España identifica los principales determinantes de este crecimiento: la política monetaria del BCE, los precios del petróleo, el tirón del turismo y una política fiscal tímidamente expansiva en 2015-2016 explican más de dos terceras partes. Las exportaciones también están contribuyendo al crecimiento, pero no más que en la anterior fase expansiva, ni como consecuencia de la reducción de los costes laborales (que se han trasladado de forma limitada a los precios).

La investigación académica apunta más bien en sentido contrario: los estudios que han analizado el “crecimiento impulsado por los salarios” prueban repetidamente que un aumento del peso de los salarios en el PIB no sólo no pondría en peligro el crecimiento y la creación de empleo, sino que los reforzaría. Un buen ejemplo es el trabajo de Onaran y Obst Wage-led growth in the EU15 member-states: the effects of income distribution on growth, investment, trade balance and inflation, publicado en el Cambridge Journal of Economics en 2016.

Los salarios son un coste para las empresas, pero también son el origen principal de su demanda, especialmente si las subidas salariales se concentran en los salarios bajos, con mayor propensión marginal al consumo. Los mencionados estudios evidencian que los efectos positivos de las subidas salariales superan en la mayoría de países —incluido España— a los posibles efectos negativos sobre la competitividad y las exportaciones, o sobre los beneficios empresariales y la inversión. De hecho, ésta crecería, porque una potente razón de las empresas para ampliar su capacidad productiva es una demanda estable. El problema de los salarios en España no es por tanto que su aumento ponga en peligro la creación de empleo, sino su bajo crecimiento.

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Madrid, capital europea de la energía solar

Autor: Bruno Estrada Lopez

Radicales Libres

La ciudad de Madrid, vapuleada y esquilmada durante más de dos décadas de gobiernos del PP, ha empezado a disfrutar de una hermosa primavera desde 2015.

Para el Partido Popular las administraciones públicas, y particularmente el Ayuntamiento de Madrid, se habían convertido en un lugar de donde extraer enormes plusvalías para sus amiguetes a costa del deterioro de los servicios de los madrileños, de los derechos y salarios de los trabajadores que tenían que realizar esos servicios. Generaron un enorme endeudamiento, que lastraba la capacidad de afrontar las inversiones que realmente necesita nuestra ciudad.

El equipo de Manuela Carmena ha hecho mucho trabajo en la penumbra durante estos dos años cuyos resultados ahora estamos empezando a ver, y disfrutar, los madrileños.

Las restricciones presupuestarias que ha sufrido el Ayuntamiento de Madrid debido a las herencias de la nefasta gestión de Gallardón y Botella, y el cerco fiscal al que le ha sometido Montoro, no han permitido desarrollar más iniciativas, pero ahora es el momento de empezar a pensar qué ciudad queremos seguir construyendo a partir de 2019: Madrid, la capital europea de la energía solar.

Las ciudades son verdaderos sumideros de energía, representan el 75% de la demanda total. Sin embargo cada vez más ciudades están apostando por incentivar la producción de energía eléctrica a escala local, ya que es una estrategia que crea valor añadido local, que garantiza el suministro eléctrico e incrementa el ahorro al reducirse sustancialmente las pérdidas en la red de distribución. ¿Donde se puede producir energía en Madrid?

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4 minutos que acabarán con la regla de gasto

Autor: Alberto Garzon Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Un despiste de cuatro minutos en el Alcázar parlamentario del PP ha supuesto un logro sin precedentes del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en esta legislatura: la posibilidad de debatir y aprobar una modificación de la regla de gasto que asfixia a ayuntamientos impidiendo que utilicen su dinero en la mejora del bienestar de sus habitantes.

En el año de legislatura que llevamos, el Gobierno ha paralizado 70 iniciativas legislativas de la oposición. Para ello, ha vetado en la Cámara el debate con el argumento, no siempre cierto, de que estas medidas afectan a los Presupuestos Generales del Estado, prerrogativa ésta que la Constitución otorga en exclusiva al Gobierno. Se están obstaculizando leyes que hubieran permitido mejorar la vida de las personas y reconocer derechos sociales. Bajo esta excusa de evitar un aumento presupuestario se esconde una vara de medir tramposa que no hace otra cosa que utilizar la vieja táctica de llevarse el balón cuando van perdiendo el partido.

En efecto, no es muy democrático utilizar el veto para impedir que se debatan leyes en el Congreso de los diputados. Por eso es indispensable modificar los artículos 111 y 126 del Reglamento para establecer un protocolo claro que refleje los requisitos formales a los que debe someterse el Gobierno para justificar su disconformidad con la tramitación de una proposición de ley.  Y es que parece que cuando pierden la mayoría en las instituciones, desaparece también el interés en lo que pueda hacerse en su seno.  “Si no os gustan las leyes, cambiadlas”. Eso estamos intentando, y es entonces cuando aparece un nuevo obstáculo: el veto.  Pero esta vez el Gobierno llegó cuatro minutos tarde.

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