Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Jornadas #OtraEconomíaEstáEnMarcha 2019 (con becas para alumnado de fuera de Madrid) ¡Inscríbete y difunde!

Autor: ECONOMISTAS SIN FRONTERAS y Ricardo Molero Simarro

Economistas Sin Fronteras

El 16 de noviembre 2019, Economistas sin Fronteras junto a la UNED de Tudela,  organiza la sexta edición de las jornadas Otra Economía Está en Marcha, un espacio de encuentro, diálogo y debate entre personas que desde un enfoque crítico, apuestan por poner la economía al servicio de la sociedad y del planeta.

Este año la temática girará en torno a las formas alternativas de medir el desarrollo. Para ello contaremos con la presencia de José Manuel Naredo, economista y militante ecologista, que será quien abra las jornadas en la conferencia inaugural La taxonomía del Lucro.

Seguidamente tendrá lugar la presentación del Indice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS) 2019, una herramienta que mide, evalúa y compara el compromiso de los países con un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo y que tiene como objetivo el ofrecer una alternativa a la hegemónica y limitada visión de los indicadores que habitualmente se usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto (PIB).

Contaremos también con 3 interesantes talleres "Más allá del PIB. Propuestas y experiencias sobre formas alternativas de medir".

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¿Despido gratis? Los efectos de la mochila austríaca

Autor: Luis Cardenas

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En las recientes propuestas electorales han vuelto a la actualidad el fondo de capitalización para las indemnizaciones por despido, popularmente denominado “mochila austríaca”. Como es conocido, esta medida consiste en la introducción de un fondo (equivalente a uno de pensiones) donde la empresa aporta un porcentaje del sueldo del trabajador al cual se tiene acceso en caso de despido o jubilación.

Aunque este porcentaje podría añadirse al sueldo y a las cotizaciones del trabajador, en realidad no se ha plantado así en nuestro país. En la propuesta del PSOE recogida en la Reforma Laboral de 2010 (“Disposición Final Segunda. Fondo de Capitalización”) se establece de manera explícita que no se subirán las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, lo cual también parece evidenciarse en el acuerdo de gobierno al que llegaron el PSOE y Ciudadanos en 2016, así como en la propuesta legislativa más reciente de C’s. En definitiva, esto supone que los recursos del fondo saldrían del salario indirecto que reciben los trabajadores en forma de contribuciones a la Seguridad Social, a cargo de la empresa.

En teoría, el primer problema que pretende resolver esta medida es la falta de movilidad de los trabajadores con mayor antigüedad por miedo a perder su indemnización por despido. Si bien no existe una evidencia clara sobre este tema, dado que, aparte de la indemnización, la antigüedad en la empresa otorga otra serie de derechos (como complementos al sueldo derivados de la antigüedad), y la cada vez menor duración de los contratos, es difícil que exista un colectivo muy grande de gente que pudiendo cambiarse de trabajo no lo haga por miedo a perder la indemnización. Además, de ser el caso, pueden buscarse alternativas para ese colectivo específico, por ejemplo, reformando el FOGASA para ampliar las condiciones en las cuales se puede acceder a la indemnización por extinción voluntaria con causa justa sin tener que reducir los derechos del conjunto de trabajadores.

El otro problema que pretende resolver la “mochila austriaca” es la rotación e inestabilidad que sufre un colectivo cada vez más amplio de trabajadores (la mitad de los afiliados al Régimen General de la Seguridad Social tienen contratos atípicos). De acuerdo a los defensores de esta medida, la rotación se debe al excesivo coste de despido que tienen los contratos indefinidos a tiempo completo con cierta antigüedad (en ocasiones denominados insiders) frente al resto de trabajadores (nombrados como outsiders). Reducir el “exceso de protección” que supone esa barrera de salida es un objetivo central de sus proponentes.

De hecho, bonificar los despidos ya fue una estrategia del PSOE. Durante el período 2011-2013 se utilizó el FOGASA para pagar 8 de los 20 días de salario por año trabajado en las empresas de menos de 25 trabajadores en despidos objetivos y en despido colectivo (ERE), sin que esto repercutiera en una menor dualidad o inestabilidad.

Aunque los partidos que la proponen (PSOE y C’s) no han llegado a establecer cuál sería el porcentaje del salario que se destinaría al fondo, si tomamos como referencia el caso austríaco se trataría de una indemnización de 5,5 días por año trabajado (un 1.53% de 365 días), frente a las indemnizaciones por despido actualmente existentes de 12 días (temporales), 20 días (indefinidos procedente) y 33 días (indefinidos improcedente).

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Reducir la jornada laboral: Repartir los trabajos para vivir mejor

Autor: Bibiana Medialdea Garcia

Agenda Pública

Una de las mejores cosas que ha traído a España el ciclo político nacido en las plazas hace ya casi nueve años es que reivindicaciones clave pero hasta entonces muy marginales saltaron, aún modestamente, a la agenda pública. Se rompieron tabúes importantes para el avance de programas de mejora social; entre ellos, el de la reducción de la jornada laboral.

Es un avance sustantivo que dentro de la izquierda haya consenso en incluir la reducción de jornada entre las reivindicaciones y programas. Entre otras cosas, es una medida fundamental e insustituible para afrontar uno de nuestros mayores retos: reorganizar el sistema de cuidados. La forma en la que actualmente distribuimos la ingente cantidad de cuidados que precisamos está en la base de gran parte de nuestros problemas individuales y colectivos. El concepto de régimen de bienestar nos sirve precisamente para analizar cómo cada sociedad reparte estos trabajos entre el Estado (servicios públicos, fundamentalmente), el mercado (para quien pueda pagarlo) y las familias.

Los manuales dicen familias, pero la economía feminista desvela el cinismo del eufemismo: en realidad, son muy mayoritariamente las mujeres quienes, de forma invisible, no remunerada y sin derechos asociados se responsabilizan de estos trabajos en los hogares. Esto sigue siendo así también en países como España: según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres dedican a tareas domésticas y familiares más del doble del tiempo que los hombres.

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Economía capitalista: conflicto y poder sindical

Autor: Lluís Rodríguez Algans y Jon Las Heras Cuenca

El Salto (Economía para Todas)

No hay que fiarse de los discursos económicos dominantes

Si al estudiantado de economía se le pide que defina conceptos como explotación, capitalismo, sistemas económicos, crisis económica, poder económico o clases sociales nos encontraremos con un gesto de total confusión, si no de indiferencia: “pero si a mí solo me enseñan a hacer derivadas ¿de qué me hablas?” Con toda probabilidad las estudiantes desconocerán corrientes de análisis económico y corrientes de la economía política alternativa o radical: las perspectivas kaleckiana y postkeynesiana, regulacionista, institucionalista, ecologista y feminista, las múltiples formas de entender el marxismo o las concepciones de economía socialista y autogestionaria, impulsadas por economistas de ámbito nacional e internacional [1].

Esto es, sin duda, una muy mala noticia. Sin embargo, y pese a la tenaz voluntad de quienes detentan el poder académico y político por marginar, esconder y silenciar dichas corrientes, la realidad es que la economía capitalista real y, desde luego, las relaciones laborales existentes se entienden principalmente con los conceptos antedichos. Estos conceptos también han dado lugar a cursos de introducción a la economía política como base de planes de estudios e investigación alternativos pero, y a pesar de la necesidad de ampliar las miras, el sistema económico dominante y sus aparatos políticos e ideológicos se reproducen a través de lo que algunos autores denominan como la “dimensión vertical” o el “poder de clase”.

El poder de clase en el capitalismo puede entenderse como la autoridad y poder que ejercen desde las empresas, propietarios, directivos o perfiles de supervisores y responsables sobre trabajadoras con, por ejemplo, la amenaza de sanción o despido; la forma en la que intelectuales y tecnócratas de diversa índole argumentan para deliberadamente desposeer a personas “no expertas” de cualquier conciencia crítica, evitar preguntas indeseadas, siquiera realizar propuestas alternativas; así como el poder institucional de la patronal, gobiernos y, eventualmente, algunas organizaciones obreras conservadoras sobre el resto de segmentos de la clase trabajadora, en contraposición con aquella más combativa y organizada en sindicatos de contrapoder, a la hora de establecer el “modelo de país”. Todos estos aspectos condicionan y determinan las decisiones sobre la organización del trabajo y la producción, el intercambio o comercio, la inversión, la explotación, el excedente y los procedimientos a seguir para distribuir ese valor económico producido entre salarios y beneficios. En definitiva, no hay que fiarse de los discursos económicos dominantes, porque la ideología y política liberales determinan la forma en la que nuestra sociedad capitalista se reproduce materialmente y ésta condiciona, a su vez, nuestra forma de pensar e interactuar con el prójimo.

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Ecuador: La Comuna de Quito y la insurrección popular. Entrevista a Carlos Pazmiño

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

Todos, Chile, Perú, Colombia, todos los presidentes de estos países han expresado públicamente su solidaridad con Moreno, pero son regímenes que se encuentran interconectados políticamente. Respecto a Pedro Sánchez no sé que decirte, me parece que es un exabrupto y es un error terrible expresar el apoyo a un presidente como Lenin Moreno.

Entrevistamos a Carlos Pazmiño, editor de la revista on line Crisis (www.revistacrisis.com), un espacio de contrainformación ecuatoriano vinculado con los movimientos de base y las luchas populares, en el que he tenido el honor de escribir algunos artículos, sobre el paro nacional que se está desarrollando en el país y que ha acaparado la atención global en los últimos días.

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Invertir en futuro

Autor: Nacho Álvarez Peralta, Jorge Uxo y Alberto Montero Soler

El País

En las próximas elecciones se dilucida una cuestión fundamental: ¿el nuevo Gobierno que elijamos va a gestionar la desaceleración económica —que ya está aquí— de la misma manera que la última crisis, o esta vez haremos las cosas de otra forma, pensando en la mayoría social?

Los signos de enfriamiento de la economía son evidentes, y preocupantes: en 2018 crecimos al 2,4%, y Funcas prevé que lo hagamos al 1,9% en 2019 y al 1,5% en 2021. Esto va a significar menor creación de empleo, cuando la tasa de paro todavía sigue duplicando la media europea. Y además esta desaceleración llega cuando aún hay millones de españoles que no se han recuperado del vendaval de la última crisis, y que sufren graves problemas de inestabilidad laboral amplificados por la reforma del mercado de trabajo.

Que las causas de la desaceleración sean principalmente externas no significa que no debamos reaccionar cuanto antes para contrarrestar sus efectos. Pedro Sánchez resta importancia a la situación y Casado la exagera para alarmar. Ni una cosa ni la otra: lo que debemos hacer es aprender de la última crisis y gestionar esta de forma distinta a como lo hicieron el PSOE y el PP. Esto supone impulsar una estrategia que priorice tres objetivos: actuar con rapidez para amortiguar la ralentización, con planes de inversión pública; construir un escudo social para los más vulnerables, y utilizar esta oportunidad para abordar retos estructurales que siguen pendientes o que nos acechan (cambio climático, digitalización, necesidad de elevar la productividad, igualdad de género, desequilibrios interterritoriales…).

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El camino del laborismo a la reducción de jornada

Autor: Luis Cardenas

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En artículos anteriores defendimos la reducción de jornada como una vía hacia la igualdad. Aunque esta propuesta había perdido protagonismo en el debate público, cada vez hay más iniciativas en este sentido. La última ha sido la del Partido Laborista del Reino Unido que, en palabras de su candidato a ministro de Economía y Hacienda (John McDonnell), se compromete a conseguir una jornada laboral semanal a tiempo completo de 32 horas en el plazo de una década y sin reducción salarial.

La estrategia laborista para conseguirlo se basa en tres puntos. En primer lugar, eliminar la posibilidad de descuelgue de la directiva europea sobre el tiempo de trabajo, la cual incluye elementos básicos como el límite de 48 horas de trabajo semanal (incluyendo horas extraordinarias), un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas cada 24 horas y de 24 horas de descanso semanal, el derecho a pausa en las jornadas superiores a las 6 horas o al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. A ello se suma la promesa de añadir cuatro días festivos más al calendario laboral.

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¿Vamos a proponer algo ante una nueva recesión? (Cuaderno de augurios: 2)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

Los indicadores que apuntan a una recesión siguen en aumento, y los comentarios de instituciones que alegan que es sólo una desaceleración alarman más que tranquilizan. El Brexit unilateral es una de las posibilidades de que las cosas vayan mal (lo de Thomas Cook puede haber sido un pequeño aperitivo), o puede que un Trump cercado por el impeachment trate de desviar la atención con una nueva medida que añada más incertidumbres. La economía capitalista mundial se mantiene en equilibrio sobre unos cimientos tan frágiles e inestables que cualquier movimiento inesperado puede provocar un desastre. Había un tiempo en que los expertos calmaban a la gente afirmando que “los fundamentos son sólidos”, pero tras la crisis de 2008 casi nadie es capaz de explicar cuáles son esos datos fundamentales que dan confianza.

Situémonos en el peor escenario, que la recesión estalla con fuerza, que se aceleran la destrucción de empleo, las quiebras empresariales y la sensación de caos. La pregunta para mí crucial es qué propuestas se van a plantear desde los espacios alternativos, qué batallas habrá que tratar de ganar.

Una respuesta clásica es acusar al capitalismo de provocar la crisis y exigir que la pague él. Es obvio que el capitalismo en general, y el capitalismo especulativo actual en particular, son los principales responsables del problema, pero señalar al culpable no significa buscar soluciones. Pensar que la denuncia llevará fácilmente a una revolución social está fuera de lugar. Las sociedades capitalistas actuales han configurado una estructura social tan compleja, un modelo civilizatorio tan consolidado, que a corto plazo la idea de un cambio radical sólo la mantienen algunas minorías. Y, por otra parte, tras los sucesivos fracasos de las experiencias anticapitalistas anteriores es dudoso que mucha gente se lance de inmediato a una transformación que le suscita miedos e incertidumbres enormes. Si queremos cambios profundos estamos obligados a plantearnos dos cosas: qué movimientos vamos a construir de inmediato y cómo pensamos que tendría que ser la sociedad futura (lo que supone aprender de los fracasos del pasado y analizar el potencial de cambio de lo existente en la actualidad). Como el segundo objetivo es muy complejo y el tiempo apremia, me limito a efectuar algunos comentarios sobre las respuestas a corto plazo.

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Consecuencias económicas de la repetición electoral que no verás en los relatos

Autor: Segundo Gonzalez y Alberto Montero Soler

eldiario.es

Era febrero de 2019, aunque parezca que hace casi un siglo, y el Congreso se disponía a tramitar los presupuestos más sociales de las últimas décadas. Unos presupuestos que tras una relativamente larga negociación entre PSOE y Unidos Podemos pretendían dejar atrás la política económica de Montoro y sus años de austeridad.

Aquellas cuentas incluían medidas sociales como el incremento en un 60% de la financiación de atención a la dependencia o la prestación para desempleados para mayores de 52 años; medidas destinadas a luchar contra la burbuja del alquiler, como el impulso de la vivienda pública en alquiler social; medidas feministas que impulsaban la igualdad real entre hombres y mujeres, como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad; partidas para modernizar el modelo productivo, como el incremento de la inversión en I+D+i; o medidas de justicia fiscal como el establecimiento de tipo mínimo en el impuesto de sociedades para grandes empresas o la reducción del IVA de algunos productos de primera necesidad.

Esas medidas y otras muchas contenidas en aquellos presupuestos, aunque modestas en su alcance, iban en la senda de lo que este país necesita en materia económica: impulsar la demanda interna mediante una política fiscal -tímidamente- expansiva cuando los nubarrones de la desaceleración ya eran más que evidentes, incidiendo sobre la reducción de las desigualdades generadas por la anterior crisis y apostando por la paulatina transformación del modelo productivo. La financiación de esta expansión fiscal se producía en estos presupuestos de incrementos de ingresos aprovechando el margen fiscal que da la brecha de 8 puntos en recaudación sobre el PIB que nos separa de la media de nuestros socios europeos.

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La Teoría Monetaria Moderna no consiste en lo que los medios señalan

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

No falla: cada vez que la Teoría Monetaria Moderna (TMM) hace aparición en los medios, se inicia toda una cascada de intervenciones que tratan de caricaturizarla y ridiculizarla utilizando mensajes sacados de contexto. Es una falta de honestidad intelectual grave. Lo explico:

La TMM señala que los Estados que emiten su propia moneda no están constreñidos a la hora de financiar sus políticas económicas. Esto es absolutamente incuestionable e irrefutable. Es sólo una descripción (fijaos que no se está diciendo que sea bueno o malo que así sea).

Sin embargo, muchos deducen erróneamente de esa frase que la TMM propone que los Estados deben crear dinero sin ton ni son como si no hubiese consecuencias. Muchos lo hacen a maldad para desprestigiar la teoría; otros simplemente caen en el error por ignorancia; otros repiten.

La TMM es muy consciente de que crear dinero puede tener consecuencias. La aportación novedosa (que queda ocultada por los deshonestos ataques) es que hay margen para crear dinero sin que se generen desequilibrios económicos (como la inflación).

La enseñanza de la TMM es que un Estado debe aprovechar ese margen y crear el dinero NECESARIO para crear empleo y dinamizar la economía. El necesario; no más porque crearía inflación, y no menos porque crearía desempleo y pobreza (como ocurre en la actualidad).

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No esperen al BCE

Autor: Alberto Garzon Espinosa

El Confidencial

En las últimas semanas, se ha extendido la idea de que estamos abocados a una nueva crisis económica. No solo leemos ese pronóstico en la prensa especializada, sino que también lo hemos visto en las negociaciones para formar Gobierno en Italia y en España. Y a buen seguro ha sido uno de los temas abordados en la pasada reunión del G-7. Muchas miradas se dirigen ahora hacia el Banco Central Europeo, con la esperanza de que su presidente obre de nuevo un milagro que aleje esos horizontes sombríos, y tranquilice de paso a las empresas, gobiernos, inversores, familias y otros actores de nuestro mundo económico.

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Sobre el Rojipardismo y la clase obrera mestiza

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

Toca pensar en una integración de los de abajo contra la desintegración programada que nos imponen los de arriba, pero una integración que no es política vertical autoritaria de Estado sino práctica de solidaridad y de construcción de lo común, respetando las diferencias.

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“Cada grupo de personas debería crear organizaciones para luchar contra lo que no le gusta”

Autor: Miren Etxezarreta

www.mirenetxezarreta.net

La economista Miren Etxezarreta fue la encargada de inaugurar las intervenciones del Foro “Enciende la Tierra” CajaCanarias 2019, el pasado 21 de marzo. Acompañada por el filósofo eslovaco Slavoj ZiZek, la catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona analizó el contexto actual y el futuro más inmediato en esta charla, que tuvo como título “Pedir lo imposible”. En particular, Etxezarreta se preguntó sobre el camino a recorrer si se quiere construir un sistema más justo e igualitario, abordando la diferentes opciones socioeconómicas, tomando como punto de partida el interrogante central del Foro “Enciende la Tierra” CajaCanarias 2019: ¿Llegará el colapso?

Puedes ver la intervención aquí

¿A quién vota la clase trabajadora en España?

Autor: Alberto Garzon Espinosa

La U

Cada cierto tiempo la clase social es asesinada por los investigadores, los políticos y hasta los medios de comunicación. En efecto, eventualmente un investigador de renombre clausura las divisiones de clase de nuestras sociedades y anuncia el fin de la importancia de este actor colectivo, con lo que se arma un buen debate que, con el tiempo, se salda con la resurrección, de una u otra forma, del enterrado.

Así sucedió cuando a finales de los noventa proliferaron en sociología trabajos como el de Jan Pakulski y Malcom Waters, titulado significativamente The Death of Class, o los de Seymour Martin Lipset o Anthony Giddens. Este último autor, por cierto, sirvió en aquellos años de referencia ideológica para la transición del partido laborista inglés hacia la llamada tercera vía, la cual propugnaba, y no por casualidad, la necesidad de concentrar el foco político en las clases medias y no en la clase trabajadora. El debate es muy rico y no ha lugar aquí a abordarlo, pero baste decir que en absoluto estuvo limitado al espectro ideológico liberal. Por el contrario, el posmarxismo de autores como André Gorz o Ernesto Laclau también transitó hacia lugares similares, aunque desde presupuestos epistemológicos distintos. Las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que estaban teniendo lugar, y que implicaban, entre otras cosas, la desindustrialización de las economías occidentales, los cambios en el consumo de las clases trabajadoras, la emergencia de nuevas demandas políticas como las ecologistas o la revigorización de la agenda feminista, etc. fueron el telón de fondo sobre el que se produjo el debate sobre el final de la clase.

Aunque en realidad nunca murió, la clase social en España ha parecido tener una nueva oportunidad a raíz de la última crisis económica. Desde entonces no sólo ha crecido el interés por las cuestiones económicas y la desigualdad, sino que, de hecho, se ha producido una creciente literatura vinculada directamente a la clase social. Así, en estas mismas páginas los artículos de Juan Ponte, Juan Andrade o X. López han puesto de manifiesto la actualidad de esta cuestión, mientras que editoriales como Akal o Siglo XXI llevan años editando buenos títulos al respecto.

Sin embargo, la irrupción de nuevos partidos en 2014 y 2015 por un momento pareció difuminar esta trayectoria. Tanto Podemos como Ciudadanos se definieron, a su manera, como partidos transversales o, en la jerga académica, catch-all, es decir, partidos interclasistas que tienden a disputar el centro del tablero político. Esto sería así al menos por dos razones. La primera, porque se presupone que es ahí donde se concentra más población y, por tanto, más posibilidades de lograr mayorías. La segunda, y relacionada con la anterior, porque la atención a grupos sociales específicos y minoritarios no permite en modo alguno lograr esas mayorías y, por ende, convierte la participación electoral en un mero juego carente de posibilidades. Como notó ya en los ochenta Adam Przeworski[1], es el dilema electoral que enfrentaron los partidos socialdemócratas ya a principios del siglo XX, cuando todavía eran comunistas, y que llevó a muchos de ellos a cambiar el discurso hacia fórmulas populistas que apelaban más al pueblo que a la clase. Otros autores, como Geoff Evans y James Tilley[2] han apuntado que este tipo de cambios refuerzan, a su vez, la pérdida de conciencia de la clase trabajadora. Sea como sea, el debate sobre la transversalidad era y es, en cierta medida, un debate sobre el desclasamiento.

Al mismo tiempo, y al calor de la ola reaccionaria mundial, en los últimos años ha tenido bastante apoyo la tesis según la cual el ascenso de la extrema derecha es responsabilidad de la clase trabajadora. Esta idea está extendida especialmente entre pensadores estadounidenses que, como Jim Goad o Mark Lilla, han visto en esta clase social el apoyo fundamental en la victoria de Donald Trump. A pesar de que investigaciones recientes como las de Ronald Inglehart[3] han mostrado claramente que dicha tesis es incorrecta, el mismo planteamiento ha sido importado a nuestro país como posible explicación de la irrupción de la extrema derecha.

Por estas razones nuestro interés reside en contrastar empíricamente dos hipótesis. En primer lugar, queremos conocer si el comportamiento electoral de la población española en 2015, 2016 y 2019 sufrió algún tipo de desclasamiento. En segundo lugar, queremos averiguar si la clase trabajadora se encuentra detrás del ascenso de Vox o, al menos, de las derechas españolas. En ambos casos usaremos algunos resultados de la investigación, más amplia, que se publicará en ¿Quién vota a la derecha? en la editorial Península en otoño de este año.

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Green New Deal: ¿keynesianismo “verde” o ruptura con el capitalismo?

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

El Salto

Ya nadie niega la existencia de una fuerte contradicción entre el despliegue histórico real de la economía capitalista y el equilibrio del medio natural que sirve de soporte para la vida en nuestro planeta. Resulta imposible negar que el desarrollo del proceso de industrialización y mercantilización de las relaciones sociales, en el marco capitalista, llevado a cabo en los últimos siglos está empujando a una crisis ecológica que, en conjunción con otra serie de procesos paralelos e interdependientes —la creciente inestabilidad financiera y económica, la devastación cultural y social generada por el neoliberalismo, la tendencial ruptura del escenario geoestratégico que constituía el armazón de las relaciones entre el centro y la periferia del sistema, etc.— ha hecho emerger una serie de derivas caóticas que marcan el inicio de una crisis civilizacional, que pone en cuestión nuestra forma de vivir, producir y relacionarnos, entre nosotros y con el ecosistema del que formamos parte.

No podía ser de otra manera. El sistema capitalista es un sistema de clases, basado en el funcionamiento del supuesto “libre juego” de la competencia económica entre actores que tienen la posibilidad de explotar la fuerza de trabajo ajena, partiendo de la garantía de la propiedad privada de los medios de producción.

La competencia implica algo innegable: hay ganadores y perdedores. Y ser un perdedor en la sociedad del capital es algo realmente serio. La pobreza, la explotación, el sufrimiento, esperan al perdedor, despojado de los medios de producción y, muchas veces, incluso de los recursos imprescindibles para solventar sus necesidades básicas. Así que hay que procurar ganar. Seguir leyendo…

¿Una globalización a la china?

Autor: Ricardo Molero Simarro

Espacio Público (NQLP)

La guerra comercial lanzada por Donald Trump contra China ha multiplicado los debates acerca de un posible conflicto abierto con Estados Unidos. Después de años de sinergia y dependencia mutua (productiva, comercial y financiera) de sus modelos de crecimiento, las referencias a la denominada “Trampa de Tucídides” se multiplican en los medios de comunicación. Sin embargo, buena parte de esos análisis se encuentran sesgados por la tendencia a asignar mecánicamente a China las inercias del expansionismo occidental. Históricamente, la política exterior china se ha orientado más a asegurar su posición geopolítica, habitualmente hegemónica, que a desarrollar un dominio de carácter imperialista. El proyecto político del Partido Comunista Chino se encuentra en la intersección entre el socialismo, el desarrollismo y el nacionalismo. No en vano, gran parte del apoyo popular que sigue, en buena medida, manteniendo se basa en su capacidad de haber dado respuesta al sentimiento de humillación nacional que se generó en el siglo que va desde el final de la primera Guerra del Opio en 1842, al de la invasión japonesa de China en 1945. De modo que los recientes movimientos externos e internos (incluida la campaña de claros tintes nacionalistas acerca de “El sueño chino”, lanzada por Xi Jinping) deben interpretarse como una nueva fase en el intento de reforzamiento de la soberanía del país asiático. Algo para lo que el logro de una creciente independencia económica se considera fundamental.

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La Revolución española: The making of (II)

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Revista Crisis

Julio de 1936. La Revolución ha estallado. Barcelona está en poder de los obreros. Los patronos fascistas han huido a la zona sublevada. Los republicanos burgueses catalanistas no se atreven aún a mostrarse demasiado en público, paralizados ante la potencia creativa y la capacidad para la violencia de las masas. El Partido Comunista aún no es nada en la Ciudad Condal, fuertemente dominada por las “patrullas de control” organizadas por los comités revolucionarios de los barrios obreros, nacidos de las redes territoriales del anarcosindicalismo y nutridos de jóvenes de las bases del sindicato mayoritario: la CNT.

Los obreros tienen el poder y empiezan a ejercerlo. Se abre una dinámica que generará el proceso de transformación social más profundo que ha visto la Península Ibérica en su historia. En términos de participación directa de las masas, quizás una de las revoluciones más radicales de la Historia global, pero también un proceso débil, sometido a grandes contradicciones, en gran medida desarticulado y espontáneo, que será finalmente derrotado antes, incluso, (y esto es importante) de la derrota de la República en la Guerra Civil.

La Revolución empieza por la colectivización de la industria: los patronos han huido, las fábricas son tomadas por los trabajadores. Los servicios, también. La CNT llevaba décadas anticipando este momento en su propaganda y en las ponencias de sus congresos. Pero no se había limitado a la declamación y al dibujo de programas utópicos. Había hecho mucho más: había “doblado” la estructura productiva con las formas de autoorganización obrera y había estudiado en detalle la organización del proceso productivo. El sindicato era, en la concepción traída del sindicalismo revolucionario francés, el futuro gestor de la economía sin patronos. Tenía que estar preparado para hacerlo. En los congresos confederales anteriores a la guerra, no sólo se reproducían las odas a la anarquía o al “mundo nuevo”, sino también los llamamientos, enormemente prosaicos, a que los sindicatos recopilasen toda la información económica, contable, tecnológica, posible sobre el proceso productivo en sus respectivos sectores. A que contactasen con los técnicos, para atraerlos al sindicato. A que estudiasen como sustituir al patrono en breve plazo, como gestionar las empresas.

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La Revolución española: The making of (I)

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Revista Crisis

Es 19 de julio de 1936. Un calor asfixiante en la ciudad portuaria e industrial de Barcelona. Tras un cruento asalto al cuartel de Atarazanas y fuertes enfrentamientos armados por toda la ciudad, las masas obreras han detenido la tentativa de golpe de estado militar fascista que, sin embargo, ha tenido éxito en otros lugares de España. Los trabajadores son los dueños de la situación. En medio de un enorme vacío de poder, con el Estado republicano en pleno shock y las fuerzas burguesas y liberales escondidas y paralizadas, los sindicatos y sus estructuras de acción barrial (las famosas patrullas de control) se transforman en la única arquitectura institucional operativa. Los obreros toman el poder o, quizás mejor, lo disuelven y sustituyen por sus propias formas de hacer, basadas en la autogestión y la autoorganización proletaria.

Comienza la llamada “Revolución Española”, un proceso de autoorganización obrera y campesina de una profundidad sin precedentes, pero también con sus claro-oscuros, limitaciones y errores. Una deriva incompleta y tremendamente espontánea, pero también fuertemente creativa y constructiva, que se convertirá en un marco de referencia ineludible para quienes, a partir de entonces, quieren transformar el mundo.

En la segunda parte de este texto, nos detendremos en las formas que adopta el poder popular que se construye a partir de julio de 1936, en el llamado proceso colectivizador. Sin embargo, vamos a intentar desentrañar cómo alcanzó ese punto. Cómo se construyeron las bases materiales de ese poder popular que el 18 de julio irrumpió, ya maduro, en la escena, para cambiarlo todo. ¿Cómo se llegó hasta allí?

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Economía feminista, sin eufemismos, para articular transiciones justas

Autor: Carmen Castro Garcia

eldiario.es

La urgencia de las transiciones ecosociales se anuncia con cada evidencia científica de los grandes cambios que ya están en marcha: el ecológico, con el colapso del planeta en ciernes; el demográfico, con el proceso acelerado de envejecimiento; y el tecnológico, con el proceso de robotización y la digitalización de la economía. Todos ellos van mostrando ya realidades distorsionadas que auguran un futuro escasamente deseable para gran parte de la población. No es casual que las primeras emergencias conduzcan al abordaje de los cuidados como una necesidad social y a la redistribución de tiempos, trabajos y rentas desde criterios de justicia de género, social y medioambiental.

El discurso sobre la necesidad de articular la agenda en torno a la sostenibilidad de la vida (tanto de los ecosistemas como de las personas) ha ido sumando voces, a veces incluso a riesgo de su banalización; por ello, creo que es importante poder llegar a atisbar el bosque en su conjunto, desmontando para ello los relatos en los que no es posible identificar de qué vida hablamos, a quién afecta, en qué condiciones y a cambio de qué. En la era de los eufemismos, las trampas neoliberales avanzan cada vez con mayores dosis de misoginia institucionalizada y edulcorada por la parafernalia de los mercados. Sin embargo, no son tiempos para medias tintas. Jugar actualmente a la ambigüedad conceptual, si bien puede ser una táctica para conseguir un determinado rédito electoral, es muy discutible que dicha práctica pueda identificarse como un ejercicio honesto de compromiso real con la transformación social. Esto viene a cuento también por el hecho de cómo a veces se elude nombrar a la economía feminista aún a costa de perder lo que se quería comunicar y de que sea su propia particularidad crítica, la feminista, la que da sentido y coherencia a las transiciones económicas que propone.

Y es que la economía feminista aboga por el sostenimiento de una vida digna para todas las personas, desde la igualdad de género, en una amplia dimensión en la que confluyen diversidades sexuales, de identidades, raciales y procedencias en un sistema relacional de interdependencia que busca reconciliarse con la naturaleza, de manera inaplazable, sabiendo que el momento es ya. Hablamos de la vida atravesada por las desigualdades estructurales y de la necesidad de posibilitar escenarios de justicia redistributiva, garantizando condiciones dignas para las mayorías sociales, esto es, alimentos, educación, salud, vivienda, tiempo para una misma, tiempo social, corresponsabilidad en los cuidados, etc. Hablamos de equilibrios y de autonomía relacional, hablamos de plenitud a lo largo del ciclo de vida, hablamos de repensarnos y construirnos desde otro paradigma, desmontando las asimetrías jerárquicas existentes por cuestión de género. Hablamos de subvertir el (des)orden patriarcal y neoliberal. Hablamos de la vida en común, de la colectividad, de la empatía social, invitando a repensarlo y reconfigurarlo todo a través de un proyecto ético para la transformación social, por el que nos replanteemos qué producimos, en qué condiciones, a cambio de qué y sobre todo, qué necesitamos realmente para vivir bien.

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Devaluación interna y desigualdad en la Eurozona

Autor: Ricardo Molero Simarro

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

s difícil encontrar otra región del mundo donde, durante la última década, las condiciones de vida hayan empeorado en mayor medida que en países como España, Grecia o Portugal. El sentido común dicta que ese deterioro es consecuencia de las políticas de austeridad fiscal. Sin embargo, aunque resulte contraintuitivo, la capacidad redistributiva del Estado ha aumentado de facto en esos países. A pesar de los intensos recortes del gasto público, el efecto contrarrestante de los “estabilizadores automáticos” (la activación, al llegar la recesión, de transferencias sociales como las prestaciones por desempleo) ha reducido el impacto de la crisis sobre la desigualdad. Dada la insuficiencia de los Estados de bienestar mediterráneos, eso no ha bastado para impedir la dramática extensión de la pobreza monetaria y la exclusión social. No obstante, nos obliga a buscar las razones del aumento de la desigualdad en otra dimensión: la de la distribución de la renta en el ámbito productivo, denominada “desigualdad primaria” o “de mercado”.

Desde que Kaldor estableciese su famosa paradoja, un número cada vez mayor de economistas cuestiona la relevancia de los costes laborales para explicar la competitividad externa de las economías. Dichos costes son sólo una parte del total (que incluye materias primas, suministros, transporte, costes financieros, etc); y, en muchos casos, los márgenes de beneficios influyen más en la determinación de los precios de venta. Además, los costes laborales se miden en relación a la productividad. Dada la importancia de las cadenas globales de producción, esa productividad depende de las decisiones tomadas por las empresas transnacionales acerca de dónde localizar cada una de las fases del proceso productivo. Ofrecer menores salarios se encuentra lejos de asegurar una atracción de las actividades de mayor valor añadido. Más bien al contrario. De hecho, las empresas concentran esas actividades en sus casas matriz. Por descontado, entre ellas se incluyen las de innovación tecnológica, que también se ve desincentivada por las estrategias de costes bajos.

A pesar ello, la Troika ha insistido en promover una “devaluación interna” en las economías periféricas de la Eurozona. Se ha argumentado que, dada la imposibilidad de llevar a cabo devaluaciones del tipo de cambio (debido a la pertenencia al euro), la reducción de los precios domésticos era la única manera de disminuir los déficit comerciales crónicos de esas economías. Aunque también se podría haber actuado sobre los beneficios, esa reducción de precios se ha tratado de lograr mediante el ajuste salarial. Entre otras medidas, se ha rebajado la protección frente al despido, se han recortado las prestaciones por desempleo, y, sobre todo, se han debilitado los mecanismos de negociación colectiva. Cada vez hay más evidencias (ver, por ejemplo, aquí y aquí) que demuestran el fracaso de esta estrategia. Las economías en las que se han puesto en marcha esas reformas laborales son las que más tarde han salido de la crisis. Pero, además, en ellas la devaluación salarial se ha convertido en uno de los principales motores del empeoramiento de la distribución de la renta.

Las reformas laborales aprobadas han generado un fenómeno muy llamativo: una divergencia en la evolución de la participación salarial de las economías periféricas respecto a la seguida en el conjunto la Eurozona. Esa participación mide el porcentaje de la renta nacional que va a parar a los salarios de los/as trabajadores/as (incluida una estimación de los ingresos considerados laborales de los/as autónomos/as). Cuando ese porcentaje se reduce es porque se ha producido una brecha entre la mejora de la productividad de los/as trabajadores/as y la de sus salarios. Esto no siempre tiene que ir acompañado de una caída de los sueldos en términos absolutos, pero en este caso sí que ha sido así. El hecho es que, mientras en las economías centrales de la Eurozona la masa salarial aumentaba su participación en la renta, en la mayoría de las periféricas (Chipre, España, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta y Portugal) las medidas de devaluación interna han hecho que continuase empeorando, incluso en plena recuperación del PIB.

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¿Podemos resucitar la política fiscal en Europa?

Autor: Jorge Uxo

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Digámoslo claro desde un primer momento: la construcción de las reglas fiscales europeas, las fuertes limitaciones al uso de las políticas presupuestarias y el intervencionismo extremo de Bruselas en las decisiones fiscales de los gobiernos y parlamentos nacionales no se derivan de una teoría económica sólida e incontrovertida. La seguridad con que se exige el cumplimiento de toda la maraña de requisitos que limitan lo que los gobiernos pueden o no hacer, so pena de someter supuestamente a las economías europeas a graves catástrofes, reflejan en buena medida posiciones políticas con un fuerte contenido ideológico, y prejuicios en contra de la intervención pública. Los límites impuestos a la deuda y al déficit (60% y 3% del PIB) son completamente arbitrarios, como lo es la exigencia a todos los países de ritmos preestablecidos de reducción del déficit estructural, que ni siquiera puede medirse sin grandes dosis de incertidumbre.

La experiencia de estos años nos enseña que mantenerse dentro de este marco no asegura que los resultados económicos mejoren (al contrario, las políticas de austeridad aplicadas en mitad de la recesión sobre la base de estas ideas no hicieron más que empeorar la situación, como el propio Draghi acaba de reconocer). Y tampoco es cierto que salirse de él sea equivalente a poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Muchos economistas heterodoxos llevamos tiempo afirmando esto –con un “éxito relativo” para lograr cambios reales, seamos sinceros– aunque recientemente hay cada vez más economistas mainstreams que empiezan a reclamar también un papel más activo de la política presupuestaria, incluso desbordando el actual marco fiscal. Como seguramente acabarán resultando más convincentes –son “personas serias”– conviene estar atentos a lo que dicen y, si es posible, aprovecharlo para lograr un mayor consenso político en torno a este objetivo de “resucitar” la política fiscal.

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El nuevo informe “El Estado del Poder” alerta del creciente poder de las finanzas y plantea alternativas

Autor: FUHEM ECOSOCIAL

Se publica la octava edición de El Estado del Poder

Este informe, publicado en inglés por el TNI y cuya edición española corre a cargo del Transnational Institute (TNI), FUHEM Ecosocial y ATTAC España y examina las dimensiones y dinámicas del poder financiero, y cómo los movimientos ciudadanos podrían recuperar el control sobre el dinero y las finanzas.

Las investigaciones demuestran que el protagonismo y el aumento del poder financiero ha aumentado la desigualdad, ha ralentizado la inversión en la producción ‘real’, ha incrementado la presión sobre las personas y los hogares endeudados y ha dado lugar a una merma de la responsabilidad democrática. A pesar de causar en 2008 la peor crisis financiera en décadas, el sector financiero ha emergido aún más fuerte.

El Estado del Poder 2019: Finanzas incluye nueve ensayos y dos entrevistas. Además, el informe ofrece seis Infografías que ilustran aspectos cruciales del poder financiero en el mundo: los actores principales, la geografía del poder, la concentración de riqueza, los lobbies, los crímenes de las grandes empresas y el papel de las finanzas alternativas.

Como lectura complementaria se ha editado una guía divulgativa que apoyándose en casos prácticos, explica con un lenguaje accesible qué es la financierización y los efectos que este proceso tiene sobre la economía, la sociedad, la alimentación y la naturaleza, las fuerzas que lo impulsan y las resistencias.

Esta edición del Estado del Poder, titulado ‘Finanzas’, incluye los Ensayos y Entrevistas:

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Reorientar la brújula

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

El País

Ha llegado el momento de pasar de la efervescencia electoral al debate de fondo. ¿Qué grandes transformaciones económicas debemos impulsar en esta nueva legislatura?

Tano Santos y Jesús Fernández-Villaverde empujaban recientemente este debate. Algunos diagnósticos son compartidos: el nulo crecimiento de la productividad dificulta la convergencia con nuestros socios europeos, la complejidad tecnológica de nuestras exportaciones es limitada y nuestro sistema financiero está preocupantemente concentrado y poco capitalizado. Sin embargo, entre los desafíos que señalan nuestros colegas hay omisiones relevantes y debates pendientes.

En primer lugar, los economistas no podemos seguir olvidando por más tiempo la actual emergencia climática. Debemos situar en el centro de la agenda la descarbonización de nuestra economía, impulsando un programa de inversiones en energías renovables, rehabilitación inmobiliaria y movilidad eléctrica. Estas inversiones ayudarían además a sortear la desaceleración internacional, apuntalando la creación de buenos empleos.

En segundo lugar, este plan de inversiones verdes debe tener también un componente morado, que impulse infraestructuras sociales de las que carecemos y que son esenciales para avanzar en la igualdad de género. Universalizar la educación de cero a tres años, y desarrollar un verdadero sistema de dependencia, permitiría elevar la tasa de empleo de la economía y reducir la brecha salarial que sufren las mujeres.

Sorprende, en tercer lugar, que Santos y Fernández-Villaverde no hagan referencia en su artículo a la necesidad de reducir la desigualdad: ninguna transformación económica será social y políticamente sostenible si no camina de la mano de una mayor equidad. Los costes de vivir en sociedades tan desiguales están muy documentados: la desigualdad conlleva una insuficiencia estructural de demanda —con pérdidas de crecimiento potencial—, polarización política y desafección social. Contamos con instrumentos diversos, pero la profundidad del problema exige un planteamiento integral: por un lado, necesitamos cambios en las políticas de redistribución —con la articulación de un auténtico sistema de ingresos mínimos y una mayor progresividad fiscal. Pero, además, debemos transformar nuestro modelo de predistribución —con un reequilibrio de la negociación colectiva en el mercado laboral.

Esto nos lleva a un cuarto reto, que nuestros colegas tampoco mencionan: urge terminar con la precariedad, que dificulta los proyectos vitales de muchas personas y daña la productividad de nuestras empresas. La reforma laboral no ha corregido la altísima temporalidad que arrastramos desde antes de la crisis. De hecho, hoy la situación es aún peor: los contratos temporales duran 30 días menos que en 2008 y los indefinidos se han precarizado (el 40% no alcanza el año de duración).

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Los amigos de las desigualdades (Cuaderno de postcrisis: 18)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

El debate sobre las desigualdades se ha reanimado en los últimos años. Más o menos, mucha gente intuía que la pobreza y las desigualdades estaban creciendo, pero durante largo tiempo la cuestión había sido ignorada por las elites intelectuales. Pero, tanto las valiosas aportaciones de científicos como Richard Wilkinson y Kate Pickett, Branko Milanovic, Thomas Piketty, James K. Galbraith o Felipe Palma ―por destacar autores punteros―, como la creciente evidencia estadística, han obligado a reconocer la gravedad de la cuestión. Incluso instituciones tan conservadoras como la OCDE o el Banco Mundial han realizado estudios que toman cuenta de la situación y abogan por hacerle frente.

Sin embargo, reconocer un problema no es lo mismo que tratar de resolverlo. Es, en todo caso, sólo un primer paso, pues cuando un problema no se ve resulta claro que va quedar marginado (por eso el lobby petrolero ha tratado de forma deliberada de evitar que se reconozca el calentamiento global). Pero una vez reconocido, hace falta adoptar un plan de acción para hacerle frente. Todo plan de acción requiere un buen diagnóstico de las causas que provocan el problema y el diseño de un plan de medidas para hacerle frente. Ello no es siempre posible, como bien sabemos para el tratamiento de muchas enfermedades. Es más fácil detectarlas, acotar su diagnóstico, que explicar cómo se producen y encontrar un tratamiento eficaz. A menudo hace falta mucha investigación hasta llegar a entender los procesos y encontrar las respuestas adecuadas. Se requieren recursos humanos y materiales, se requiere partir de un enfoque teórico adecuado.

Y sabemos que el desarrollo científico y tecnológico está cuajado de sesgos, caminos equivocados. Unas veces porque las teorías disponibles no son adecuadas. Otras porque faltan los recursos, o porque las interferencias políticas o burocráticas bloquean el trabajo. El trabajo científico no es una actividad de individuos libres en busca de la verdad (aunque bastante de ello hay en la mejor ciencia). Es una actividad que se desarrolla en instituciones que tienen sus propias tradiciones, sus jerarquías, sus fuentes de financiación, su organización, y esas instituciones a veces interfieren y otras veces favorecen la obtención de unos determinados resultados. Y la conversión de conocimiento en respuesta práctica depende de otro complejo sistema de instituciones y personas que decidirán apoyar uno u otro desarrollo en función de sus propias lógicas, intereses, ideologías. En el caso de las empresas, el criterio de rentabilidad es crucial. En el caso de instituciones públicas, influyen otras cuestiones. Pero, en todo caso, el resultado final dependerá de esta conjunción entre producción científica, intereses públicos y privados, instituciones. Tomarlo en consideración nos ayuda a entender por qué se habla tanto de desigualdad y se hace tan poco para combatirla.

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“La política industrial del Gobierno Vasco es nefasta, fraudulenta y, en el mejor de los casos, negligente” (Entrevista a Jon Bernat Zubiri Rey)

Autor: Jon Bernat Zubiri Rey

Alda

Jon Bernat Zubiri Rey, doctor en Economía y profesor de la facultad de Relaciones Laborales de la UPV

Asistimos al proceso de liquidación de La Naval. ¿Hay alternativas al cierre?

Inequívocamente sí. Una primera opción es que los gobiernos intervengan en dos fases: por un lado, comprando los activos industriales (terrenos, construcciones e instalaciones) por medio de un fondo público, blindándolos ante especuladores, mientras en una fase en paralelo, impulsan una empresa pública vasca desarrollando un plan de viabilidad industrial a medio plazo recuperando la carga de trabajo que tenía La Naval antes de entrar en concurso. No hay limitación europea a que haya capital mayoritario público mientras exista un plan de viabilidad industrial a medio plazo (3-5 años de carga de trabajo/pedidos).

La segunda opción sería que la empresa pública “Navantia” recuperase la negociación de la draga y, alquilando a la administración concursal las instalaciones del astillero, retomara la actividad. Son alternativas factibles desde todos los puntos de vista (legal-juridico, económico-financiero y laboral), pero exigen la implicación del sector público, algo que tanto PNV como PSOE han rechazado.

¿Qué razones esgrimen para su inacción?

Es una cuestión de modelo. La Consejería de Industria ha apostado por liquidar la actividad de manera que la empresa pueda ser más atractiva a un capital que no busque el relanzamiento de la actividad a nivel local, sino que busque absorber a la empresa en sus bienes intangibles. Esta opción es claramente antisocial y profundiza el desmantelamiento del tejido industrial de la comarca.

El cierre de esta emblemática empresa vuelve a poner en la palestra el imparable proceso de desindustrialización que sufre la Margen Izquierda, Zona Minera y Encartaciones… ¿Qué diagnóstico haces de la situación?

Esta comarca forma parte de un país que ha vivido un proceso de desindustrialización muy fuerte durante las últimas décadas. La situación de la industria vizcaína es muy grave. Según datos del INE, en los dos últimos años -con crecimiento económico- se han destruido más de 13.000 empleos industriales; y Ezkerraldea está muy insertada en esa caída del tejido industrial.

Un dato que refleja claramente la desindustrialización que sufre el país: la industria de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba ha pasado de suponer un 49% del Producto Interior Bruto en 1977, a un 29% en 2007; situándose en el 24% en 2018. El empleo industrial ha ido reduciéndose de manera imparable: de 423.000 empleos en 1975, a 274.000 en 1986, y a 188.000 en marzo de 2019.

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