Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Avanzar con decisión

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Las políticas de austeridad fiscal del Partido Popular nos han dejado un maltrecho Estado de bienestar. Sin embargo, la moción de censura ha creado una oportunidad para recuperar el terreno perdido, y el acuerdo alcanzado entre Sánchez e Iglesias empieza a materializar dicha posibilidad.

Todo proceso de reconstrucción lleva su tiempo, por eso, el camino debe iniciarse con decisión. La restauración de los servicios públicos, la restitución de los derechos perdidos —y también su extensión— deben ser auténticas, no pueden quedarse en meros giros discursivos. Por eso, Podemos exigió en julio una verdadera negociación sobre las políticas económicas y presupuestarias, antes de discutir y aprobar el techo de gasto.

Ahora esa negociación empieza a dar sus frutos. Hemos acordado ya una hoja de ruta para derogar los reales decretos con los que Rajoy asestó en 2012 duros recortes a la sanidad, la educación o la dependencia. Igualmente, nuestra agenda común contempla volver a indexar el crecimiento de las pensiones con la inflación y eliminar el copago farmacéutico. También avanzar en derechos de nueva creación, como la educación de cero a tres años, o la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.

Pero para que esto se haga efectivo España debe dejar de ser “el país del 38%”. Dicha cifra representa nuestra ratio de ingresos públicos respecto al PIB: ocho puntos por debajo de la eurozona. Si España recaudase con la eficiencia media con la que recaudan los países de nuestro entorno, las arcas públicas dispondrían anualmente de 80.000 millones de euros adicionales. Recaudar, sin embargo, como recaudan los países bálticos o los balcánicos conlleva que la reducción del déficit público se fíe sistemáticamente a la contención de un gasto que ya se sitúa seis puntos del PIB por debajo de la media de la eurozona.

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Curso: La autogestión: una alternativa para otra sociedad

Autor: Consejo de Redacción

ClassOnLive

La autogestión, es decir, la democracia económica, consiste en la colectivización de las unidades productivas y de consumo y distribución para que sean gestionadas directamente por los trabajadores. Se trata de una alternativa de conjunto a un sistema capitalista cada vez más caótico y generador de miseria y sufrimiento para las mayorías sociales. En este curso vamos a aproximarnos a esta alternativa, que conforma la base de la propuesta económica y social del movimiento sindical libertario.

Imagen del curso

Sobre este curso

La autogestión, es decir, la democracia económica, consiste en la colectivización de las unidades productivas y de consumo y distribución para que sean gestionadas directamente por los trabajadores. Se trata de una alternativa de conjunto a un sistema capitalista cada vez más caótico y generador de miseria y sufrimiento para las mayorías sociales. En este curso vamos a aproximarnos a esta alternativa, que conforma la base de la propuesta económica y social del movimiento sindical libertario.

Qué aprenderás

-Difundir y divulgar la alternativa autogestionaria.

-Formar a los trabajadores para que sean capaces de tomar directamente la gestión de todos los aspectos de sus vidas.

Dirigido a

-Afiliados a Solidaridad Obrera.

-Trabajadores y trabajadoras en general.

-Estudiantes, parados, jubilados.

-Cualquier persona interesada en la construcción de alternativas democráticas a la economía capitalista

Qué necesitarás

No son necesarios conocimientos previos.

Pedro Sánchez y el trilema de la voluntad política

Autor: Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es

En la década de 1960, los economistas Robert Mundell y Marcus Fleming desarrollaron una hipótesis que rápidamente se convertiría en piedra angular de la macroeconomía abierta: una economía no puede mantener simultáneamente tipos de cambio fijos, libre movilidad de capitales y una política monetaria autónoma. Esta “trinidad imposible” señalaba que era inviable alcanzar al mismo tiempo los tres objetivos, y uno debía descartarse.

Años después, Dani Rodrik, el conocido economista de Harvard, volvía a utilizar esta metáfora para referirse al “trilema de la globalización”. No se puede optar al mismo tiempo por la globalización económica, la soberanía nacional y la democracia política, de forma que la búsqueda simultánea de las tres alternativas conlleva necesariamente el debilitamiento de alguna de ellas.

Según Rodrik, conservar niveles elevados de soberanía nacional y democracia interna exige una integración selectiva y parcial en la globalización. A la inversa, un país plenamente integrado en la globalización económica tendrá que sacrificar elementos cruciales de su soberanía o, peor aún, de su democracia.

Algunos autores han querido entender a partir de este trilema la crisis que atraviesa la socialdemocracia desde hace varias décadas. Parte de razón no les falta: las fuerzas desatadas por la mundialización del capital y la libre movilidad financiera han dificultado el avance, e incluso la continuidad, de políticas de corte socialdemócrata.

Sin embargo, comprender la crisis que atraviesa hoy la socialdemocracia exige pensar, al menos, en otro trilema adicional: el trilema de la voluntad política. Este trilema quizá podría formularse –en términos de Economía Política Internacional– del siguiente modo: en los países periféricos de la zona euro no parece viable satisfacer al mismo tiempo las exigencias de la ciudadanía, las exigencias de las élites nacionales y las exigencias financieras internacionales (cristalizadas en las normas de Bruselas). Hay que elegir y descartar, al menos, uno de estos tres vértices (o, en este trilema, incluso dos).

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Elevar el IRPF: más justicia fiscal y mayor reparto del trabajo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Una de las medidas que está negociando actualmente el Gobierno con el grupo confederal de Unidos Podemos para incorporar en los presupuestos generales del Estado de 2019 consiste en incrementar el IRPF a los contribuyentes más acaudalados. Por un lado, se está estudiando incrementar el tipo impositivo del tramo estatal (probablemente desde el 22,5% hasta el 26,5%, lo que implicaría volver a lo que teníamos en el año 2012) a aquellos contribuyentes que ganen por rentas del trabajo más de 150.000 euros anuales (120.000 en su versión más ambiciosa). Por otro lado, encima de la mesa se encuentra la posibilidad de incrementar el tipo impositivo de las rentas del ahorro para avanzar en la equiparación con los tipos de las rentas del trabajo.

En realidad no es necesario recurrir a medidas fiscales para atender desde el Estado más necesidades económicas y sociales, ya que bastaría con permitir un alza del déficit público, pero estas negociaciones se enmarcan en un contexto en el que el Gobierno ya ha pactado con la Comisión Europea los objetivos de déficit público a cumplir en los próximos años, de forma que la única vía para aumentar el gasto y la inversión pública para mejorar el bienestar de la mayoría social al mismo tiempo que se aceptan esos compromisos con Bruselas pasa necesariamente por un incremento de impuestos. Y desde un punto de vista de izquierdas y de justicia económica, ese incremento ha de recaer sobre las personas más acaudaladas, de ahí que –entre otras medidas fiscales- se estén proponiendo tales reformas en el IRPF.

Ni la cantidad de personas que se verían afectadas es importante ni los tipos máximos en el IRPF que se están barajando son descabellados. Solamente el 0,46%, 90.788 personas, de todos los declarantes verían aumentar su factura en un promedio de 4.400 euros al año. Es decir, que los más acaudalados en la lista del IRPF tendrían que aportar un 3% más de las abultadas cantidades que ganan al año. No parece que a nadie se le vayan a caer los anillos. El tipo máximo se situaría, de media, en el 50,5%, y solamente en aquellas pocas comunidades autónomas que decidieran elevarlo todo lo posible, en el 52%, muy lejos de las cotas que tuvimos en nuestro país durante años anteriores (llegamos a tener uno del 65%) y también por debajo de los niveles que hoy día se aplican en países tan avanzados e igualitarios como Suecia (57,1%), Dinamarca (55,8%), Japón (55,5%), Bélgica (53,7%), Canadá (53,5%) o Finlandia (52,6%). Y es que en la actualidad nuestro país tiene, tras la última reforma impositiva aplicada por el PP y apoyada por Ciudadanos, un tipo máximo en el IRPF (45%) que se sitúa en la parte baja del ranking por países tanto de la OCDE como de la Unión Europea, a pesar de situarse en la parte alta en términos de renta. Elevar el tipo máximo del IRPF es un imperativo para lograr mayor justicia fiscal.

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Por un sistema de permisos igualitario

Autor: Maria Pazos Moran

El País

Durante el curso que comienza tendrá lugar una reforma del sistema de permisos que, según como quede, será un avance o un retroceso para la igualdad entre hombres y mujeres. La proposición de ley actualmente en tramitación es la presentada por UP-ECP-EM, en la que se propone la reforma de los permisos igualitarios diseñada por la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA). Su objetivo es que los padres se queden al cargo de sus bebés en solitario el mismo tiempo que las madres durante el primer año. Dado que en el debate inicial del pleno del Congreso de los Diputados ningún grupo anunció desacuerdo o enmienda alguna, muchos medios pasaron a darla por prácticamente conseguida.

Pero esa imagen es engañosa. Como viene advirtiendo la PPIINA, hay presentadas otras proposiciones de ley cuyos efectos serían contrarios a ese uso igualitario, tanto por parte del PSOE como de Ciudadanos. Con ellas sobre la mesa, y con la forma de tramitación que tendrá la proposición de ley presentada por UP-ECP-EM, podría suceder que los grupos negociaran el diseño final en una ponencia cuyas sesiones no serán abiertas, de tal forma que cuando llegara al pleno ya no quedará nada por dirimir. ¿Por qué?

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Segunda oportunidad

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

En política, como en la vida, rara vez tenemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. En algunas ocasiones, sin embargo, las circunstancias nos ponen nuevamente ante la misma tesitura.

Este es precisamente el caso del techo de gasto elaborado por el Gobierno. El Congreso lo rechazó a finales de julio, con la abstención de todo el bloque que apoyó la moción de censura, salvo el PNV. Sin embargo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe remitir a las Cortes una nueva propuesta en el plazo de un mes. Debemos aprovechar esta segunda oportunidad y hacer un esfuerzo para llevar el barco a buen puerto. Pero clarifiquemos antes la situación.

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Qué debe aprender la izquierda del conflicto del taxi

Autor: Alberto Garzon Espinosa

El Confidencial

Hace unos días, Rafa Mayoral, diputado de nuestro grupo parlamentario y miembro de la dirección de Podemos, fue recibido con aplausos en la multitudinaria asamblea que los taxistas habían convocado en Barcelona para decidir los siguientes pasos en el marco de la huelga. Una huelga que ha sido secundada ya en muchas otras ciudades de España. Mayoral, además, fue invitado a intervenir en la asamblea y sus palabras fueron suscritas íntegramente por los presentes. El diputado, de hecho, había sido vitoreado previamente en la asamblea nada más se supo que iba a acudir a la Ciudad Condal como muestra de apoyo y solidaridad. Todo ello refleja, a mi juicio, que detrás de estos fenómenos hay una experiencia compartida y un trabajo bien hecho y reconocido en defensa no solo de los taxistas, sino de los propios servicios públicos.

Para entender bien las causas inmediatas de esta disputa, debemos retrotraernos un mes, cuando el Ayuntamiento de Barcelona aprobó un reglamento, con la abstención de PP y Ciudadanos, que limitaba las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Aquel hecho ocasionó que el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) recurrieran ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el cual ha acabado dándoles la razón. En consecuencia, en estos momentos, las empresas que comercian con VTC van ganando la batalla.

Estas grandes empresas, como Cabify o Uber, se han expandido enormemente en los últimos años como consecuencia de haber sabido aprovechar las licencias VTC, que ya existían previamente, por ejemplo para el uso de limusinas, como un negocio con el que competir con el sector del taxi. Como ya se ha denunciado, en realidad este nuevo nicho mercantil no es sino un espacio especulativo muy característico del capitalismo financiarizado. En primer lugar, estas grandes empresas utilizan una cuidada arquitectura financiera, que incluye el uso de paraísos fiscales, para eludir el pago de impuestos en España. En segundo lugar, aunque se disfraza con el eufemístico nombre de ‘economía colaborativa’, el negocio consiste en crear una red de conductores que han de poner su propio coche y asumir personalmente todos los riesgos laborales, y a los que conectan con los clientes que vayan solicitándolo a través de una aplicación móvil. En tercer lugar, todo lo anterior se recubre de una estética ‘cool’ y moderna que traslada un mensaje ideológico de libertad y flexibilidad para el cliente y para el trabajador. En suma, un negocio que precariza las relaciones laborales de un sector, el del transporte público, al mismo tiempo que funciona como palanca desamortizadora del Estado social en tanto que supone una notable merma de ingresos públicos. Hace tres años, el periodista Esteban Hernández ya avisaba de las amenazas de este modelo.

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IV EDICIÓN CURSO Bienes Comunes y Economías Sustentables

Autor: Angel Calle Collado

Desde COMUNARIA.net, red de personas ligadas a organizaciones académicas y sociales, lanzamos la cuarta edición de este curso semipresencial que se realiza en la UNIA Universidad Internacional de Andalucía. Para Latinoamérica puede realizarse a distancia.

En él reflexionamos sobre cómo construir economías desde abajo, más allá del Mercado y del Estado, con bases en una democratización radical de nuestras sociedades. Las economías sociales y solidarias, la economía feminista y la perspectiva ecológica de la economía forman parte de nuestra mirada crítica. Mirada que se entrecruzará con experiencias de estos nuevos comunes, con inspiración en comunales clásicos y el cooperativismo transforamador.

WEB

https://www.unia.es/oferta-academica/congresos-jornadas-encuentros-y-otras-actividades-formativas/oferta/item/bienes-comunes-y-economias-sustentables-de-la-economia-solidaria-a-la-transicion-socioambiental

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Ampliemos el espacio de lo posible

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Pronto se iniciará la discusión de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Primero, con el debate sobre el techo de gasto que el Gobierno debe llevar a las Cortes. Y, en otoño, con la discusión parlamentaria de los propios Presupuestos.

El Gobierno, y las fuerzas políticas que hemos impulsado la moción de censura, tenemos el reto de aprobar unos Presupuestos que abran una nueva etapa, con una estrategia completamente diferente de la del Partido Popular.

Entre 2012 y 2014, el PP aplicó durísimos recortes del gasto y la inversión. Durante el periodo de 2015 a 2017, los recortes se frenaron, pero no se revirtieron. En esa línea, la estrategia del último Programa de Estabilidad remitido por Rajoy a Bruselas contemplaba disminuir el déficit mediante una reducción del peso del gasto público en la economía, alejándonos aún más de la media europea.

Sería un dramático error que el Gobierno de Pedro Sánchez haga suyo este planteamiento, dado que nuestra economía necesita una estrategia fiscal que vaya en la dirección opuesta. Además, Sánchez demostraría no haber entendido el enorme impacto político que la austeridad fiscal ha tenido en Europa, y en la propia crisis de la socialdemocracia.

Nuestro país bajó un escalón como consecuencia de las políticas de austeridad, y necesitamos volver a subirlo. Ahora bien, el cambio de política económica que planteamos no pasa simplemente por “gastar más”, sino por atender a las necesidades reales de nuestra economía.

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Un presupuesto europeo para Otra Europa

Autor: Daniel Albarracin y Fernando Luengo

Público.es

Desde la creación de las Comunidades Europeas, el presupuesto gestionado desde Bruselas ha representado una pequeña parte del Producto Interior bruto (PIB) comunitario, alrededor del 1% de esa magnitud. Las brechas heredadas de un proceso de integración europea y de una unión monetaria atravesados de importantes asimetrías y una gestión de la crisis que las ha acentuado requería, entre otras cosas, un diseño presupuestario más ambicioso. Pero los responsables comunitarios han permanecido instalados –o, mejor dicho, atrincherados-, en la lógica austeritaria, que exigen a los estados del sur y se autoimponen (no así a los grandes bancos y las grandes fortunas). La reciente aprobación del presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, aunque supone un ligero aumento en la dotación de recursos, que alcanzará el 1,11 de la Renta Nacional Bruta de la UE, se mantiene en la lógica del papel subordinado y periférico de la política presupuestaria en el entramado institucional comunitario.

Además, el nuevo presupuesto, pero, sobre todo, el nuevo Marco Financiero Plurianual que ya se está perfilando, se orientan drásticamente, con el pretexto del Brexit, hacia un recorte sustancial en la política agraria común (que necesita una reforma importante, pero no un recorte) y la política de cohesión social, a favor de políticas favorables a la militarización de la UE, la securitización interna de la UE y el control de fronteras exteriores. Una política para una Europa fortaleza que, también, con su política de inversión exterior, convertirá a los países colindantes en auténticos fosos, o guardianas de fronteras, para establecer una barrera a la llegada de personas refugiadas e inmigrantes.

La ciudadanía europea y la construcción de Otra Europa precisan de una visión muy distinta de la representada por las élites. Esta visión nueva, tiene que reivindicar, frente al mercado, el papel de lo público, revestido de legitimidad democrática, como elemento vertebrador de las políticas redistributivas, que no sirva a los intereses privados, sino a los de la mayoría social.

Con estos mimbres, en nuestra opinión, la dotación del presupuesto comunitario debería tener como uno de sus objetivos prioritarios contribuir a la corrección de las disparidades productivas que atraviesan la construcción europea, en una lógica cooperativa y complementaria, de convergencia real.

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Techo de gasto: la hora de la verdad

Autor: Alberto Garzon Espinosa, Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Una de las últimas decisiones tomadas por el Partido Popular fue actualizar el programa de Estabilidad 2018-2021 enviado a la Comisión Europea en el que definía la profundización de la senda de reducción del gasto público sobre el PIB hasta llevarlo al 38,6% en 2021, el nivel más bajo en 12 años y uno de los más bajos de toda Europa. Esta reducción es incluso superior a la que ya preveía el anterior Plan de Estabilidad, que era del 39,5% en 2020.

Sería paradójico que tras la moción de censura que ha enviado a la oposición al señor Rajoy, se mantuviera la agenda de recorte y jibarización de gasto e inversión pública comunicada a la Comisión Europea y que no tiene otra consecuencia que la reducción de las políticas públicas. Antes de que finalice el mes de julio el Consejo de Ministras deberá fijar el techo de gasto público para el ejercicio 2019. Este nivel marca el máximo que podrá gastarse el sector público español durante todo el año, de ahí su nombre de “techo”. Antes del año 2010, fue aumentando progresivamente, ya que el gobierno aplicaba políticas expansivas que revertían en más inversiones, prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, desde el citado año, y como respuesta a las presiones austeritarias de la Unión Europea, el techo de gasto fue reducido de forma drástica, lo que conllevó importantes recortes en ámbitos como la educación, la sanidad, la dependencia, I+D+i, vivienda, etc, que tan bien conocemos. A pesar de una leve subida en 2013 y 2014, el gobierno continuó recortando el techo de gasto hasta 2017, momento en el que lo volvió a incrementar, aunque de forma insignificante. De hecho, el techo de gasto de 2018 se encuentra en cotas muy similares a la de su mínimo histórico en 2012, y una tercera parte por debajo de su máximo histórico en 2010, año en el que comenzaron los recortes. Pero esto sólo en términos absolutos, porque si lo comparamos con el PIB español, entonces el techo de gasto en 2018 es el más bajo de la historia reciente. En otras palabras: en comparación con las posibilidades que tiene nuestra economía, el gasto público del Estado es, en la actualidad, el más bajo en los últimos años.

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Avanzando en la medición del paro real en el País Vasco

Autor: Julen Bollain y Lluís Rodríguez Algans

Sin Permiso

el paro en la historia…

La existencia de parte de la población que estando en edad, en condiciones y en disposición de trabajar remuneradamente que carece de un empleo no es un fenómeno surgido durante el siglo XX. Ya en la Edad Media había personas que estaban desocupadas, conocidas por aquel entonces como holgazanas o vagabundas. En este sentido, John Burnett en su libro “Idle Hands: The Experience of Unemployment, 1790-1990”, explicaba ya en 1994 cómo hasta el siglo XIX analistas ingleses “identificaban a los desempleados principalmente con los ‘inadaptados’ y trotamundos que dormían a la intemperie y deambulaban de noche por las calles”.

Así, no será hasta 1881 cuando por primera vez en el Reino Unido, y aunque no de manera coherente con la definición standard actual del desempleo, será medida la tasa de desempleo. Al principio el desempleo se basó en los datos de aquellos sindicatos ingleses que pagaban prestaciones de desempleo a sus miembros.

Más adelante, el 16 de diciembre de 1911, el Parlamento Británico aprobó el llamado “National Insurance Act 1911”. Éste iba más allá de las leyes sobre los seguros contra enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez aprobadas y lideradas por Otto Von Bismarck en el Reichstag alemán entre 1883 y 1889, ya que otorgaba a los trabajadores británicos un plan nacional obligatorio de seguro contra el desempleo. De esta manera, el desempleo comenzó a medirse a raíz de datos de trabajadores registrados y que carecieran de un empleo. Pero en este artículo no entraremos a discutir los motivos que incitaron a Bismarck a llevar adelante esas leyes, ni por qué el Canciller de Hacienda y futuro primer ministro del Reino Unido, el liberal David Lloyd George, propuso el “National Insurance Act 1911” ante su Gobierno liberal, aun cuando sus políticas, a la vez de protección y legitimación social, se sustentaban en las mediciones de la situación laboral.

Dando un salto hasta el Estado español, no será hasta 1919 cuando, tras la Ley de 27 de febrero de 1908 del Instituto Nacional de Previsión (INP) y el Real Decreto de 11 de marzo de 1919 sobre intensificación de retiros obreros, se promulgue el Real Decreto de 18 de marzo de 1919 sobre el seguro de paro forzoso. Todo ello al calor de la Revolución Soviética y de las luchas sociales y sindicales que, como la huelga de “La Canadiense” en Catalunya, representaron un punto de inflexión en la efectividad sindical y en la consecución de derechos sociales como la jornada laboral de 8 horas, en la presión necesaria para la promulgación de otras leyes sociales, así como en la generación de normas protectoras del empleo por medio del conflicto, la huelga y la formalización de bases de trabajo (convenios colectivos) entre empresarios y sindicatos. Sin embargo, el sistema de los Seguros Sociales en el Estado español no se consolidó hasta la instauración de la II República Española, cuya constitución de 1931 afirmaba en su artículo 46 que “la República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, (así como) la protección de la maternidad”.

Este sistema de Seguros Sociales fue convertido finalmente en 1963 en un sistema de Seguridad Social a través de la Ley de Bases de Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963. Y fue en este marco cuando, por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística (INE) creado en 1945, realizó la primera Encuesta de Población Activa en 1964.

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¿Es posible llamar democracia al régimen político del euro?

Autor: Sergi Cutillas

ctxt.es

El BCE está obligado a comprar bonos de deuda soberana de los diferentes estados miembros partícipes en el capital del BCE en una proporción equivalente a su participación en el capital de la entidad, lo que se llama capital key o clave de capital.

La compra de bonos de Italia y España en tal programa debería ser por tanto correspondiente a su capital key, de 17,5% y 12,6% respectivamente. Sin embargo, en el mes de mayo, estas proporciones se situaron en 14,9% para Italia y en 11,7% para España. En el caso de Italia este es el porcentaje más bajo desde que se inició el programa de compras de bonos del BCE.

Porcentaje de compra de bonos por parte del BCE. Fuente: BCE.

Porcentaje de compra de bonos por parte del BCE. Fuente: BCE.

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Entrevista a José Luís Carretero de Solidaridad Obrera

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

alasbarricadas.org

Entrevistamos a José Luís Carretero, secretario del sindicato Solidaridad Obrera, que es la tercera central anarcosindicalista del estado. A menudo se trata de uno de los sindicatos menos conocido del panorama libertario (dejando a un lado sindicatos sectoriales tipo SAS y otros de ámbito local), mientras que en otras ocasiones se lo presenta como la bisagra necesaria para volver a juntar el anarcosindicalismo en una sola organización. Con la entrevista pretendemos acercarnos a su realidad más cotidiana y ver su proyección.

Además aprovechamos para conocer la militancia tan polifacética de Jose Luis, economista amateur (aunque sin diploma – suele bromear con que le van a acusar de intrusismo-) a través del ICEA o del colectivo Burbuja, profesor, divulgador (revista Crisis, editorial Queimada), cara visible de los movimientos en algunos medios internacionales (Sputnik, HispanTV) y en definitiva una cara amable que siempre se muestra dispuesto a aportar.

ALB Noticias.- Qué tipo de SO te has encontrado al asumir la secretaría?

Solidaridad Obrera es una organización pequeña, con mucha presencia en algunas empresas concretas, como el Metro de Madrid. Una organización asamblearia y muy combativa con una actividad sindical que se ha extendido en los últimos años fuera del Metro, que fue su lugar de nacimiento, para abarcar otros sectores como el telemárketing, la limpieza viaria o la Renfe. Además, la “Soli” es muy activa en el plano de las luchas sociales, participando en una innumerable cantidad de plataformas contra la represión (Plataforma por la libertad de Alfon, por la libertad de expresión, etc), por los derechos sanitarios (CAS Madrid) o por el Transporte público (Madrid en Transporte Público), por ejemplo.

Solidaridad Obrera ha apostado siempre por la unidad de acción del sindicalismo combativo y del anarcosindicalismo, y siempre hemos estado presentes en las coordinadoras y plataformas que, como el Bloque Combativo y de Clase a nivel estatal o el fenecido Bloque Unitario a nivel de Madrid, han pretendido generar espacios para el trabajo en común de todo el sindicalismo que se opone al burocratismo y oficialismo de CCOO y UGT.

Asimismo, Solidaridad Obrera es una organización que no cobra subvenciones estatales y que tampoco tiene liberados. Las horas sindicales de los delegados se disfrutan por quincenas y  todo el mundo tiene que pasar por su trabajo todos los meses. Los delegados, además, son revocables en todo momento por la asamblea de la sección sindical (aunque la justicia burguesa no siempre entiende la legitimidad democrática de esta forma de funcionamiento). Solidaridad Obrera sólo se financia con las cuotas de sus afiliados y, pese a lo que pueda parecer  en un mundo regido por los grandes donantes y las subvenciones públicas, no tiene problemas de dinero: tenemos los ingresos justos para nuestro nivel de actividad, y somos independientes de cualquier fuerza externa, ya sea el Estado, los patrones o cualquier partido político.

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Para reformar la zona euro hay que cambiar las políticas económicas

Autor: Jorge Uxo

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Al acabar este año se habrán cumplido dos décadas desde que la unión monetaria dio sus primeros pasos, cuando el BCE asumió la política monetaria única y se fijaron “irrevocablemente” los tipos de cambio de las monedas nacionales de sus primeros miembros. Y no podemos decir que esta efeméride se vaya a celebrar en un clima de euforia por su funcionamiento y por los logros obtenidos. Más bien al contrario, y ello por tres razones principales.

En primer lugar, porque los resultados económicos han sido muy insatisfactorios para la mayoría de los ciudadanos en aquellos aspectos que más influyen en su bienestar (el crecimiento de sus ingresos, la tasa de paro y la calidad del empleo, o los servicios públicos a los que tienen acceso y las políticas sociales que deberían protegerlos en caso de necesidad).

En segundo lugar, porque estos malos resultados son la consecuencia de la aplicación de unas políticas económicas equivocadas y contraproducentes –la austeridad fiscal y la devaluación salarial como respuesta a la crisis económica– que además están profundamente enraizadas en el propio diseño fundacional de la unión monetaria, como veremos enseguida.

Y, en tercer lugar, porque las principales decisiones sobre estas políticas económicas se han adoptado –e impuesto– sin que haya tenido lugar un debate genuinamente democrático sobre las opciones disponibles, y frecuentemente al margen o en contra de los propios parlamentos nacionales, representantes de la soberanía popular. Para los ciudadanos de la zona euro, recuperar la capacidad de influencia en las decisiones que afectan a su bienestar se ha convertido en un objetivo prioritario.

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Europa en la encrucijada

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Revista Transversales

(…)
Sólo este proceso de democratización política y económica puede resolver las contradicciones insolubles que atenazan el proyecto europeo de los mercaderes y los grandes financieros, permitiendo un federalismo de escala continental, municipalista y capaz de generar una ‘Organización política europea barata’, pero redistribuidora y capaz de cumplir sus promesas sociales
(…)

Sigue leyendo el artículo en la web de Trasversales

José Luis Carretero Miramar es profesor de Formación y Orientación Laboral. Miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA).

La reforma de la Eurozona: más allá de la cosmética

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

El Mundo

Desde hace tiempo vienen sucediéndose distintas propuestas para reformar la gobernanza del euro, como las que ha formulado la Comisión Europea o a la que lanzó E. Macron en 2017, aunque su alcance se ha limitado muy sustancialmente tras el acuerdo con A. Merkel. Reconózcase abiertamente o no, lo que esto pone de manifiesto es una profunda insatisfacción por los resultados cosechados desde la creación de la unión monetaria, particularmente después de la crisis y de las políticas aplicadas durante esta “década perdida”.

España ha tardado diez años en recuperar el PIB que tenía en 2007, la economía griega se ha reducido un 25% e Italia presenta hoy un PIB per cápita inferior al que tenía antes de entrar en el euro. Las tasas de desempleo han alcanzado niveles estratosféricos, la calidad del nuevo empleo creado es muy deficiente -fruto de las reformas laborales impuestas- y los servicios públicos fundamentales se han erosionado.

Millones de ciudadanos europeos -particularmente en los países periféricos, pero no sólo- han constatado que la austeridad fiscal y la contención salarial son políticas económicas profundamente enraizadas en la propia unión monetaria. Más aún, como ilustra el último libro de Yanis Varoufakis, las principales decisiones se han adoptado -e impuesto- sin un debate genuinamente democrático sobre las opciones disponibles, y frecuentemente al margen o en contra de los propios parlamentos nacionales, representantes de la soberanía popular.

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Reforma de los permisos: una batalla crucial

Autor: Maria Pazos Moran

eldiario.es

Por fin el Pleno del Congreso de los Diputados va a debatir la reforma de los permisos propuesta por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) y recogida en una Proposición de Ley por Unidos Podemos-En Comu-Podem-En Marea. La reforma es una demanda social y aparentemente no tiene detractores. Pero en la tramitación se evidenciará el modelo de sociedad que defiende cada partido, y de la atención pública a esas diferencias depende el resultado.

Tradicionalmente, bajo la asunción de que a nosotras se nos da de maravilla y a ellos se les da fatal, se nos ha adjudicado a las mujeres la tarea de “criar ciudadanos” (Rousseau); y por supuesto la ciudadanía plena a los hombres. Hoy hemos comprendido que, si queremos una sociedad de personas sustentadoras y cuidadoras en igualdad, debemos potenciar que los hombres cuiden tanto como las mujeres. Y para ello es crucial un sistema de permisos que se lo permita. No estamos hablando de obligar (cada persona es libre) sino de permitir. Permitir a los hombres ser corresponsables por encima de las presiones sociales, educacionales y empresariales que hoy empujan a las mujeres a ser las principales cuidadoras y a los hombres a ser “ayudantes”.

En nuestro país todos los partidos políticos reconocen de palabra estos principios, y ahí están las ya numerosas votaciones en el Congreso de los Diputados, algunas por unanimidad, en las que se ha admitido el principio propuesto por la PPIINA: los permisos deben ser, para cada persona progenitora, iguales, intransferibles y remunerados al 100% del salario. Hasta el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo al respecto.

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Juntos somos fuertes, juntos nos cuidamos

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

alasbarricadas.org

El pasado 24 de marzo, desde Solidaridad Obrera organizamos un acto en la librería madrileña Traficantes de Sueños. Lo titulamos “Sindicalismo combativo y sindicalismo social”. Invitamos a gentes de CNT, CGT, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid Centro y Baladre. El tono y la motivación del acto estaban claros: tender puentes, construir espacios de articulación entre el sindicalismo de base y entre este y los movimientos sociales más combativos, como el de la vivienda o el de los parados. Lo cierto es que el acto salió extremadamente bien para haberse organizado un sábado por la mañana en un fin de semana que, para mucha gente, era la puerta de entrada para las vacaciones de semana santa. El local se llenó, pero, lo que fue aún más importante, el debate fue enormemente interesante y fluido y mucha gente propuso que siguiéramos con este tipo de iniciativas.

El éxito de este acto demuestra que ha llegado el momento de plantearnos avanzar en la constitución de un movimiento de movimientos articulado y coherente. Desde las perspectivas de la construcción de base y la democracia directa, de la auto-organización popular, del empoderamiento de la clase trabajadora en todos los ámbitos de su vida en sociedad (desde el trabajo, a la vivienda; desde las relaciones de género, al equilibrio con el medio natural); es la hora de que el movimiento obrero combativo de la península ibérica salga de su crisálida y apueste decididamente por la generación de una alternativa de masas, plural, global e internacionalista. Por un sindicalismo unido, reconstruido y que abarque también las luchas de base y se articule con los movimientos sociales.

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Imaginando lo posible: permisos por nacimiento y transformación social

Autor: Carmen Castro

eldiario.es

El desigual reparto de las responsabilidades de cuidados está en el origen de las desigualdades de género existentes, y aún así, en el debate en torno a los cuidados y, específicamente, en el de los permisos por nacimiento, se dan contradicciones y tensiones discursivas que discurren desde el reclamo auspiciado desde el binomio mujer-madre a la necesidad de implicación efectiva de los hombres en el cuidado infantil. De dicho debate salen propuestas y alternativas diversas, ni todas conducen a una transformación social, ni mucho menos a situaciones de justicia redistributiva -de género, social y ecológica-. La cuestión a dirimir es si estamos realmente en condiciones de imaginar una organización socioeconómica más allá del ‘orden de género’ que conforma el estatus quo patriarcal y, en cuyo caso, cómo articular dicho cambio para subvertir la división sexual del trabajo.

Durante estos 10 años de crisis-estafa ha ido permeando la trampa patriarcal de privatización de los cuidados. El enfoque neoliberal de las políticas y el mayor calado de su mito de la libre elección explican que muchas mujeres hayan asumido el coste asociado a la realización de los trabajos en los hogares, esto es, cuidados, actividades domésticas, relaciones psicosociales, etc. Hay quien dice hacerlo porque quiere y/o porque así lo ha elegido, ya sea por satisfacción, amor, gratitud, reciprocidad o culpabilidad; sin embargo, las situaciones individualizadas no deberían servir de excusa para obviar el trasfondo real. Las necesidades de cuidado no se resuelven por sí solas ni existen ‘manos invisibles’ que se encarguen de hacerlo. Cuando se cierran los servicios públicos, se minoran las plazas de educación infantil, se reducen los salarios o la falta de ingresos no permite acceder a contratar un servicio de proximidad, alguien del entorno familiar -más o menos extensa- tendrá que dedicar tiempo y afecto para atender al bebé, a la abuela con alzheimer o a quien sea la persona que necesita cuidados; la tendencia de que todo esto recaiga exclusivamente sobre las mujeres es debida a la inercia aprendida de los roles de género, más que una supuesta subversión elegida.

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Municipalismos: en México se piensa mucho en ti

Autor: Angel Calle Collado

El Salto

México y este país quizás compartan más de lo que piensan. Compartimos situación periférica dentro de economías y poderes políticos que nos desbordan por el Norte. Compartimos tradiciones de ida y vuelta, como lenguas, músicas y poéticas que van y vienen. Sobre México se asientan cerca de 60 culturas. Como aquí, compartimos una mal encajada diversidad política y cultural: nos movemos de forma excluyente entre distintas raíces identitarias, donde la diferencia es percibida como amenaza y no como riqueza de un Estado, por otra parte, progresivamente neoliberal y conservador.

Compartimos también búsquedas de nuevas formas de hacer política, intentando desplazar las referencias tradicionales asentadas en las últimas décadas, dentro del juego institucional representativo, en un bipartidismo de centro-derecha. Allá PAN (Partido de Acción Nacional) como remedo conservador del PRI (Partido Revolucionario Institucional), acá PP como valedor de una vieja y desigual España que encuentra apoyos en el PSOE.

En ambos países han emergido apuestas políticas que buscaban promover alternativas para canalizar el descontento. Y entre las alternativas comunes, el municipalismo es una propuesta que se enfrenta a aquellas que emergen desde la izquierda institucional.

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Unos nuevos comunales para el campo

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

El Salto

Pese a los impactantes episodios represivos de estas últimas semanas no está mal dedicarle algún tiempo a la ensayística de fondo, la que te hace crecer intelectualmente, la que te genera preguntas y te obliga a investigaciones propias. En mis manos ha caído un libro de ese tipo. Corto, vibrante, pero con mucha miga. Se trata de La defensa de los comunales de César Roa Llamazares, publicado por Catarata.

El libro es un texto serio, riguroso, breve y directo. Combina la erudición y la bonhomía que acompañan a César allí donde va. Y, sobre todo, nos obliga a plantearnos elementos centrales de nuestra comprensión clásica del mundo rural desde una perspectiva fundamentada y no acríticamente idealizadora.

El hilo conductor del libro son las resistencias opuestas en el siglo XIX a la destrucción de los regímenes de propiedad rural comunal en todo el mundo. La emergencia de determinadas líneas políticas y sociales vinculadas con el llamado “populismo agrario”, representado por figuras como Henry George, Herzen o Joaquín Costa que enfrentaron, de manera dispersa pero decidida, el proceso de expolio de los comunales, una forma de gestión colectiva de determinados recursos rurales que se habían convertido, en el previo escenario del Antiguo Régimen, en elementos estratégicos para la supervivencia de las comunidades campesinas.

El proceso de los enclosures (el cercamiento de las tierras en manos de la producción familiar de subsistencia junto al expolio acelerado de los comunales) dio lugar al éxodo rural en dirección a las ciudades que garantizó en estas la mano de obra jurídicamente libre y hambrienta que permitió, junto al creciente excedente agrícola y comercial dispuesto a ser invertido, el nacimiento del modo de producción capitalista. Este proceso vino acompañado, en el Estado Español, de las llamadas desamortizaciones, que pusieron masivamente la tierra y los recursos de las comunidades aldeanas en manos de algunos elementos de la naciente clase burguesa, así como de las familias aristocráticas.

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Biosindicalismo alimentario

Autor: Angel Calle Collado

Blog Última Llamada en eldiario.es

¿Cómo tendríamos que organizarnos para alimentarnos de otra forma? El reciente Congreso Internacional de Agroecología celebrado en Córdoba, en el que se encontraron cerca de 500 personas de 12 países distintos, nos propuso (re)politizar nuestros sistemas agroalimentarios. Asumir la alimentación como un hecho social del que depende la reproducción de nuestras vidas, nuestra cultura, nuestros territorios. No es, por tanto, reducible a un nuevo nicho de consumo, a una producción crecientemente industrializada o a una búsqueda reducida a facilitar (cada vez para menos gente y en condiciones menos saludables) una ingestión diaria de dos mil y pico calorías.

La falta de (re)politización alimentaria impone varios cercamientos a los habitantes del Sur global y crea una situación de crisis al conjunto de la humanidad. Son cercamientos físicos los monopolios de campos para alimentar la dieta hipercárnica de una minoría. Son cercamientos políticos la intensificación productiva con apoyos públicos; o la “ayuda” alimentaria que propicia un control social de quienes son situados más abajo en nuestras sociedades duales. También sabemos de cercamientos económicos: tendrás que beber de paquetes tecnológicos cada vez más costosos, ajenos e “inteligentes” y venderás a la gran distribución como única salida. No faltan los cercamientos transversales: fundamentalmente mujeres y mayoritariamente las campesinas y campesinos lejanos a las grandes urbes habrán de sostener las cadenas que van de la siembra a la mesa para que los cuerpos y sus lazos sigan sosteniéndose. Y quienes habitamos algún Norte, algún espacio social con ciertas condiciones para la elección y el acceso regular a comida, también recibiremos nuestra parte de la plaga: nutrición no adecuada, participación en un consumo que no para de retroalimentar el cambio climático; desinformación mediática y publicitaria que nos impide destejer el negocio de la comida, alejándonos del derecho a una alimentación saludable, a un medio rural que nos sostenga, y a tecnologías no basadas en los intereses exclusivos de élites y pseudociencia.

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Alternativas para un sindicalismo de combate

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

La situación social en el Estado Español está lejos de haber mejorado para las clases populares, después de la brutal andanada contra la clase trabajadora que ha representado la crisis iniciada en el año 2007. Los salarios por hora en España se redujeron un 7,6% entre los años 2008 y 2015 (último dato disponible). Teniendo en cuenta la evolución de la jornada de trabajo, factor clave en la precarización de la condición obrera, la caída de los salarios por trabajador alcanza el 12% en ese período. Si, además, atendemos al tipo de contrato, la devaluación salarial ha sido mucho más marcada para los trabajadores temporales que sufrieron un recorte del 13,5% a lo largo de estos siete años.

Así, mientras los precios han subido un 13,7 %, no ha dejado de aumentar la parte de la renta nacional en poder de los capitalistas: uno de cada dos euros se va a remunerar al capital. Se han perdido 30.000 millones en salarios y los beneficios han aumentado en 14.000 millones durante la crisis.

En cuanto al salario indirecto, en la forma de prestaciones sociales públicas, la situación es cada vez más insostenible: cierre de grupos y aumento de ratios de alumnos por aula en los centros escolares, hacinamiento combinado con infrautilización de los hospitales y centros de salud, un desmedido aumento de las listas de espera quirúrgica, diagnóstica y de consultas (concretamente la lista de espera quirúrgica se ha disparado, pasando de 362.762 personas en 2006 a 614.101 -un 69,28% más- en 2016), lo que ha llevado a muchas personas a contratar pólizas de seguros privados.

Además, en este momento hay ya 14 millones de trabajadores pobres (que, pese a tener un empleo, no consiguen salir de la miseria, los llamados working poors). Desde 2011 se mantienen más de 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en el paro, una tasa de cobertura de la prestación de desempleo que no llega al 56 % y una tasa de pobreza de más del 22 % de la población. Y, por supuesto, todo ello ha venido acompañado de ataques decididos contra el derecho de huelga y de una represión acrecentada en la esfera pública, en la calle y en los puestos de trabajo, que está normalizando las condenas penales por hacer uso de la libertad de expresión y está construyendo un discurso autoritario de negación de los derechos más elementales (como el de asociación o el de reunión) para las organizaciones de las clases populares.

Es la hora, pues, de que la clase trabajadora tome cartas en el asunto, se auto-organice, se movilice y de la vuelta a la situación mediante la lucha y la presión social. Es la hora de un sindicalismo de combate, asentado en la participación protagónica de la clase y en la acción sin intermediarios.

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Por qué la propuesta sobre los bancos del referéndum suizo es una pésima idea

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Este 10 de junio los suizos están convocados a un referéndum en el que deben posicionarse sobre una propuesta relacionada con la actividad bancaria. Concretamente, se somete a votación arrebatar a los bancos comerciales la posibilidad de ofrecer créditos sin tener un respaldo absoluto en dinero oficial (que es el que crea el banco central), obligándolos por lo tanto a ser simples intermediarios (trasladando el dinero del ahorrador a la persona o empresa que quiere endeudarse). En román paladino: esta propuesta impediría que los bancos creasen dinero, dejando como único creador del dinero al banco central.

Para evaluar adecuadamente esta propuesta es importante entender cómo funciona la actual operativa de los bancos cuando dan préstamos. Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, los bancos no son simples intermediarios del dinero, sino que también son creadores del mismo. Muchos creen erróneamente que cuando reciben un préstamo del banco ese dinero proviene de una persona o empresa. Pero no es así.

Cuando un banco concede un crédito a alguien lo único que hace es incrementar el saldo de su cuenta bancaria en la cantidad correspondiente. No saca el dinero de ningún sitio, sino que teclea las cifras que sean y punto (lo explica perfectamente el banco central del Reino Unido). Crea “dinero bancario”, que no es otra cosa que una promesa de pagar “dinero oficial” (el dinero que crea el banco central). De esta forma, cuando la persona que ha recibido el crédito quiera pagar algo o quiera sacar una parte en monedas y billetes, el banco tendrá que convertir ese dinero bancario en dinero oficial.

Pero la clave es que la cantidad de transacciones bancarias son tan numerosas que, normalmente, los bancos necesitan muy poco dinero oficial para respaldar todo el dinero bancario que crean. De hecho, en la Eurozona la legislación permite que los bancos puedan crear 99 euros de dinero bancario por cada euro de dinero oficial que tengan. Para un desarrollo de todo esto sugiero leer aquíaquí.

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