Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Entrevista a Alberto Garzón: «Necesitamos un modelo de más alta intensidad tecnológica»

Autor: Alberto Garzon Espinosa

Entrevista realizada por Mercedes Serraller para Expansión

2 de junio de 2020Archivo:Wiki alberto garzon.jpg - Wikipedia, la enciclopedia libre

Alberto Garzón (Logroño, 1985), al frente del primer Ministerio de Consumo, advierte de que el impuesto a las grandes fortunas que programa Podemos no será suficiente para cubrir todo el gasto previsto, con lo que el Gobierno maneja un pack o pool de medidas que incluyen, pero no agotan, el impuestos a las grandes fortunas y que se dirigen en primer lugar a que paguen más grandes empresas y grandes tenedores de patrimonio. Seguir leyendo…

Cultivar sociedad y conciencia de especie

Autor: Angel Calle Collado

Artículo publicado en Última Llamada, en El Diario, el 29 de abril de 2020

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La salida neoliberal nos ofrece deteriorar nuestro bienestar, incrementar las posibilidades de pandemia y encerrarnos aún más en el perverso círculo de la deuda. ¿Es posible cuestionar este modelo o por el contrario saldrá reforzado bajo la tormenta planetaria del coronavirus?

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Nueva crisis: evitar los viejos errores

Autor: Varios firmantes

250 economistas académicos y otros científicos sociales suscriben este Manifiesto para reflexionar sobre la situación actual:

La pandemia del coronavirus ha supuesto una amenaza que, de golpe, ha cambiado las prioridades en una gran parte del mundo. Las medidas adoptadas para proteger la vida y la salud habrían sido impensables hace tan solo unas semanas. Ésta es una de las enseñanzas de esta crisis: cuando hay voluntad política y consciencia social de un grave problema, las cosas pueden cambiar radicalmente. Seguir leyendo…

Taller de búsqueda de ideas para el sindicalismo social y combativo (15 de Febrero)

Autor: Escuela Sindical Nacho Cabanas Solidaridad Obrera

Sábado, 15. Febrero 2020 – De 11:30 hasta 13:30
Lugar: Librería Traficantes de Sueños
(Calle del Duque de Alba, 13, 28012 Madrid)

-Entrada libre
-Aforo limitado
-Espacio accesible

Organiza:
Escuela Sindical Nacho Cabañas Solidaridad Obrera

Usando las metodologías lean y desing thinking, vamos a buscar ideas innovadoras contra la precariedad y la explotación, sacudiendo el vetusto modelo de la charla-debate sindical. Vente dispuesta a hablar y compartir.
Dinamiza : José Luis Carretero, secretario General de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera.

Cuadrar el círculo (Cuaderno de augurios: 6)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

Un programa es casi siempre una lista de buenas intenciones. Cualquiera que haya participado alguna vez en un proceso programático lo sabe. Cuanto más grande es la organización, cuanta más diversidad tiene, más probabilidades hay de que se engorde la lista de propuestas para que quepan todas las sensibilidades. Nunca se hace el ejercicio de evaluar la coherencia y la viabilidad financiera de los programas. Esto llevaría tiempo y abriría debates que posiblemente acabarían por poner en riesgo la unidad de acción necesaria para llevar a cabo la movilización que se persigue con el programa (campaña electoral, plan de trabajo, etc.). Si se analizan con lupa, los programas suelen estar llenos de incoherencias y definiciones ambiguas, y lo que ocurre en cada organización vale sin duda para la constitución de un proyecto de Gobierno de coalición, donde se deben conjugar culturas políticas diferentes y donde el tiempo apremia el cierre de un acuerdo.

Para los puristas de cualquier bando esta realidad es intolerable. El programa debería ser un acuerdo rígido, un compromiso inalterable y bien articulado que redujera la acción de gobierno a la aplicación estricta de lo que se ha acordado. Pero un mínimo de realismo muestra que un programa es casi siempre una elaboración en el vacío, ideológica, voluntarista. Y la realidad en la que se actúa —sea un partido en el Gobierno o cualquier organización que impulsa un movimiento— impone restricciones, obliga a adecuar propuestas, hace inevitables los rodeos. Más que a la aplicación estricta de un programa, a lo que debe aspirarse es a evitar las iniciativas que violen principios esenciales de una formación política, a explicar y analizar las razones que conducen a introducir cambios respecto del programa inicial, y a revisar el propio programa en función de las dificultades de su aplicación. Más que un contrato cerrado, un programa debe ser un proyecto sometido a una revisión y reflexión continuas, un mapa orientador, sobre todo cuando se trata de un programa que pretende intervenir en una realidad compleja y difícil de aprehender con sencillez. Entre las líneas rojas que no hay que cruzar y la acción práctica hay muchos niveles. La fidelidad a líneas éticas y principios esenciales es fundamental, y la adaptación del proyecto a la realidad, inevitable. Una buena organización es la que sabe mantener lo primero y reflexionar colectivamente sobre el resto. Seguir leyendo…

Colectivo Ronda colabora en un protocolo para la conversión de empresas en cooperativas

Autor: Colectivo Ronda

cronda.coop

Con el objetivo de poner en valor las cooperativas como fórmula empresarial para dar continuidad a potenciales proyectos empresariales que estén en crisis, la Generalitat de Cataluña en colaboración con algunos Ateneos Cooperativos y técnicos de Colectivo Ronda, ha editado un protocolo para poder acompañar estos procesos y dar las pautas necesarias para hacerlo possible.

El documento se titula “Protocolo de actuación para el acompañamiento en un proceso de recuperación de empresas por parte de personas trabajadoras”y tiene también una versión reducidaen formato de breve manual (Relevo Cooperativo). La edición de ambos documentos parte de la apuesta de la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector y las Cooperativas para la promoción de la soberanía económica territorial de los Ateneos Cooperativos, que tienen como eje principal la detección precoz de posibles proyectos de continuidad empresarial, ya sea por crisis como por posible jubilación o fallecimiento de la propiedad.

Ambos documentos parten de una experiencia real, el acompañamiento de personas trabajadoras de la empresa Galletas Virginias, que inició un concurso de acreedores el año 2018. Los dos ateneos que detectaron y coordinaron el caso, por ubicación, fueron Ponent Coopera y CoopCamp, que crearon un equipo con la participación de Coop57 y técnicos de economía social de Colectivo Ronda. El protocolo es una abstracción a partir de la experiencia, haciéndolo exportable en otros casos en que se quiera acompañar a personas trabajadoras para la recuperación o reconversión de sociedades mercantiles en cooperativas.

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Hacia la huelga general del 30 de Enero en Euskal Herria

Autor: Jon Las Heras Cuenca y Lluís Rodríguez Algans

El Salto

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE, Etxalde, Hiru, CNT y organizaciones juveniles, feministas, ecologistas y de pensionistas convocan a sus 200.000 militantes y al conjunto de la clase trabajadora a una huelga general ofensiva sobre “pensiones, salarios y vida digna”. SINDIKALAGENDA : Urtarrilaren 28tik aurrera. Seguir leyendo…

Nuevo gobierno en España. Escenario y límites

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

Ha sido investido un nuevo gobierno en España. Es un gobierno de coalición entre los dos partidos principales de la izquierda a nivel estatal (PSOE y Podemos). La primera coalición gobernante desde la Guerra Civil, y la primera vez que un partido a la izquierda del PSOE llega a participar del gobierno. Parecería que podemos echar las campanas al vuelo. Pero lo cierto es que se impone la prudencia. Nuestro gobierno, débil y acosado, no va a ser nada más que otra criatura de la vieja estirpe europea del social-liberalismo.

El PSOE, que tiene absoluta hegemonía en el nuevo gobierno, es un partido social-liberal desde hace ya muchos años. Además, el presidente Pedro Sánchez ha procurado que las carteras ministeriales clave (como Economía o Seguridad Social) queden en manos de tecnócratas vinculados muy estrechamente con la burocracia europea que gestiona el control del déficit de los países de la Unión, para garantizar el cumplimiento del neoliberal Tratado de Maastricht. El acuerdo con Podemos impone el cumplimiento futuro de este límite de déficit público, lo cual implica, en un país que aún mantiene un déficit excesivo según este patrón, un aumento de ingresos o un recorte en los gastos.

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Deslizándose sobre hielo fino. Los límites del gobierno de coalición y el proyecto de transformación pendiente

Autor: Daniel Albarracin

Viento Sur

1. Coalición de gobierno y metamorfosis del tablero político.

La inestabilidad política del sistema de partidos europeo sigue su curso y tiene un nuevo episodio singular en el Estado español. Tras varias elecciones y sucesivos intentos fallidos finalmente se formó un gobierno de coalición entre PSOE y Unidos Podemos. La sucesión de elecciones ha aminorado el apoyo a ambas formaciones que, aún con todo, han sumado, exiguamente, números para poder formar gobierno con el apoyo o admisión de fuerzas nacionalistas y otras formaciones pequeñas cuyos votos han sido necesarios.

El inédito gobierno de coalición se forma desde el inicio acosado por un bloque conservador que fortalece su flanco extremista y antidemocrático, que opta por utilizar su implantación en el sistema judicial para condicionar el desarrollo político del país. Una oposición que incluso amenaza con el no reconocimiento del gobierno, caracterizándolo incluso de ilegítimo y vendepatrias, abriendo un chantaje soterrado de carácter pre-golpista. Con esta declaración de intenciones resulta hasta cierto punto humanamente comprensible que la sociedad española se haya sentido aliviada. Sin embargo, no podemos abandonarnos a las emociones ni a una perspectiva parcial, y conviene abordar el análisis de la metamorfosis que ha sufrido el tablero político en su conjunto, y que es el responsable de la configuración de un tipo de hegemonía política u otro.

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Tras el fracaso de la COP25: política y economía (Cuaderno de augurios: 5)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

La cumbre del clima celebrada en Madrid ha colmado las expectativas de los más realistas: ha acabado en fracaso, una muestra más de que ante una catástrofe anunciada predominan la inercia y la parálisis frente a la acción. En este sentido poco hay que discutir. Más cuestionable es, como han hecho bastantes comentaristas, considerar la falta de voluntad de los gobiernos como casi la única causa del fracaso. Se trata de una forma de entender la realidad, bastante habitual en los últimos tiempos, que presenta a los gobiernos y a los políticos como perversos y malvados y a la ciudadanía (o la sociedad civil) como un colectivo particularmente bondadoso y bienintencionado. Además de ser falso, ello conduce a errores estratégicos de bulto. Si el movimiento ecologista quiere tener éxito (algo por otra parte totalmente necesario para la supervivencia de la civilización humana), necesita huir de este tipo de interpretaciones y abordar en serio los problemas estructurales que subyacen a los continuos fracasos de los foros del clima (y de la mayoría de los que abordan alguna cuestión ecológica).

La mayoría de los gobiernos no son entes puramente autónomos. Están condicionados, cuando menos, por dos tipos de relaciones clave: por una parte, los intereses económicos dominantes, con los que a menudo mantienen relaciones estrechas, y, por otra, las opiniones del electorado, y en ambos terrenos hay problemas evidentes.

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Derogar la reforma: sobre la política laboral del nuevo gobierno

Autor: Daniel Herrero

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

La salida a la luz del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos generó un importante revuelo mediático. Uno de los puntos más polémicos del documento ha sido el dedicado al mercado de trabajo, por el compromiso adquirido por ambos partidos de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores y derogar algunos aspectos importantes de la Reforma Laboral.

Desde el ámbito académico y de la evaluación de políticas públicas, las discrepancias con el documento han surgido por considerar las medidas anunciadas como excesivamente políticas y totalmente al margen de la evidencia científica. La razón es que, según estas voces, la reforma de 2012 se ha mostrado efectiva a la hora de acabar con las debilidades estructurales del mercado laboral español, tales como el alto desempleo, la rigidez salarial o el alto nivel de empleo atípico. Sin embargo, hay evidencia disponible que apunta en un sentido contrario: la reforma no solo no acabó con estos problemas, sino que minó la capacidad negociadora de los trabajadores y sus condiciones laborales. Por tanto, y a falta de que se concrete cuáles serán exactamente las líneas de intervención, la política laboral del nuevo Gobierno parece una buena noticia.

La intención declarada de la reforma del 2012 era la de revertir las rigideces del mercado laboral español, que impedían a los agentes económicos ajustar sus comportamientos a la coyuntura económica, generando un elevado desempleo y un mercado de trabajo dual. A grandes rasgos, el fundamento teórico que había tras ella era que (1) la negociación colectiva estaba excesivamente centralizada y no se adaptaba a las necesidades individuales de las empresas, y (2) que la regulación del mercado de trabajo era inadecuada por ser demasiado protectora con los trabajadores indefinidos y a tiempo completo, aumentando el salario de equilibrio (el que equilibra oferta y demanda) y obligando a los empleadores a recurrir a formas de empleo atípicas.

El razonamiento de la reforma era que la estructura de la negociación colectiva española impedía la internalización de los problemas que generaban las demandas sindicales y de la patronal, en la que priman los intereses de las grandes empresas. En un contexto en el que la tasa de afiliación sindical es muy baja y la cobertura de los convenios colectivos muy elevada, los sindicatos tendrían mucho poder para que sus demandas se extiendan al conjunto de la economía y sus afiliados rara vez se verían afectados por los efectos negativos de esas exigencias (un previsible aumento del desempleo), ya que normalmente se trata de empleados con contratos laborales protegidos, y, por tanto, no tendrían incentivos para flexibilizarlas. Este sistema rígido sería particularmente nocivo ante shocks económicos, porque impedía los ajustes salariales en el corto plazo o la reorganización de los recursos internos de las empresas, obligándolas a despedir trabajadores.

Así, la reforma del 2012 introdujo importantes medidas que profundizaron en las implementados por la de 2010, que facilitaban la actuación discrecional de la empresa al margen de los convenios y deterioraban la capacidad negociadora de los trabajadores. Algunos de estos cambios fueron las facilidades para la inaplicación temporal de los convenios colectivos, la prioridad aplicativa del convenio de empresa, la posibilidad de renegociar el convenio antes del final de su vigencia o la eliminación del principio de ultraactividad (extensión automática del convenio preexistente en caso de que los agentes sociales no llegasen a un nuevo acuerdo).

Sin embargo, su eficacia es cuestionable. Como muestra el gráfico 1, la relación entre el incremento salarial pactado en los convenios colectivos y la tasa de desempleo antes y después de la reforma sufre un importante cambio. Antes de la reforma ya se estaban dando signos de moderación salarial, mostrando que la negociación colectiva sí era sensible al incremento del desempleo. Además, la moderación del salario nominal siempre estuvo presente en la concertación social, tal y como muestran los sucesivos Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC I, II y III), en donde se pactan incrementos máximos de entre el 0,5% y el 1,5%. No obstante, a partir de 2013 se observa cierta desconexión entre ambas variables, indicando que la recuperación económica a partir de 2014 ha repercutido muy débilmente en lo negociado en los convenios. Dicho de otro modo, más que avanzar hacia una negociación colectiva flexible, la reforma ha debilitado la capacidad de los trabajadores de negociar por sus salarios, haciéndolos rígidos al alza e impidiendo su recuperación en momentos de coyuntura económica favorable.

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Gastar más para ingresar más: la salvaguarda del Estado del Bienestar en el pacto de Gobierno

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

En los últimos días se han escuchado algunas voces alertando de que el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluye muchas medidas políticas que aumentan el gasto y muy pocas que aumentan los ingresos, de forma que su materialización empeoraría las cuentas públicas. Un corolario que se deriva de la anterior reflexión (y repetida incluso por personas de izquierdas) es que el Estado debería aumentar sus ingresos públicos para poder cuadrar sus cuentas y permitirse mayores niveles de gasto público, al igual que ocurriría en otros países vecinos donde el Estado del Bienestar es muy superior porque -en teoría- ingresarían más. Pues bien, aunque estos razonamientos puedan parecer intuitivos, en realidad son contrarios a la evidencia empírica y carecen de solidez científica.

Desgraciadamente en el imaginario colectivo sigue imperando la –absolutamente–falsa idea de que las cuentas del Estado funcionan como las de una familia o empresa, (y esto a pesar de que hace ya casi un siglo muchos economistas como Kalecki y Keynes refutaron dicha creencia con contundente solvencia). Existen dos factores fundamentales que explican que las cuentas públicas tengan una naturaleza radicalmente diferente a las privadas. El primero es que las decisiones de una empresa o familia no afectan significativamente al resto de la economía, mientras que las de un Estado sí lo hacen. Cuando una unidad familiar deja de gastar, logrará mejorar su situación financiera y todo ello sin perjudicar a la economía. En cambio, cuando un Estado deja de gastar, las familias y empresas que eran beneficiarias de dicho gasto verán sus ingresos disminuir. El segundo factor tiene que ver con que el dinero que se utiliza en nuestras economías avanzadas está expresado en una unidad de cuenta creada por el propio Estado. Esto hace que el dinero sea un monopolio del sector público: todo el dinero que tienen las familias y las empresas ha sido creado y regulado por las autoridades públicas. Si estas no crean dinero, el sector privado no puede tenerlo en sus bolsillos. Es así de sencillo y de irrefutable aunque a muchos les chirríe dicha apreciación.

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Posible agenda política para una digitalización progresista

Autor: Segundo Gonzalez

La Paradoja de Kaldor

La recuperación económica de los últimos años no ha servido para alcanzar los niveles de empleo previos a la crisis y el empleo creado es intensivo en sectores de bajo valor añadido. Estos empleos se caracterizan por bajos salarios, alta temporalidad y baja productividad, siendo muy sensibles al ciclo económico y pudiendo desaparecer con una mayor velocidad con la que se crearon si la actual desaceleración económica derivase en recesión. Por este motivo, en paralelo al impulso de la estabilidad laboral, uno de los principales retos que tiene por delante el nuevo Gobierno fruto del pacto entre el PSOE y Unidas Podemos es la modernización del tejido productivo para reorientar la actividad económica hacia sectores de mayor valor añadido.

Existe bastante consenso en que los sectores sobre los que debería pivotar esta modernización productiva de España son la transición ecológica y la digitalización, sectores cuyo desarrollo puede tener gran impacto para relanzar la economía desde una base más sólida. Así mismo, existe una visión bastante compartida en el ámbito progresista de que su impulso en nuestro país tiene que pasar necesariamente por un mayor protagonismo público bajo la lógica del Estado emprendedor.

Este planteamiento consiste en impulsar el papel del sector público como actor industrial capaz de realizar inversiones y tomar medidas proactivas para dinamizar sectores emergentes, orientando la actividad y la inversión privada hacia ellos. Esto supone un giro importante en una política industrial que lleva desde los años 80 anclada en una pasividad catastrófica y requerirá, con seguridad, de un aumento de la inversión pública en el marco de una política fiscal expansiva. Algo que por otra parte es imprescindible para frenar la desaceleración económica en un contexto de agotamiento de la política monetaria.

Las fuerzas políticas de izquierda han desgranado al detalle sus propuestas sobre cómo abordar la transición ecológica a través de propuestas programáticas, proposiciones de Ley o el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima presentado por el Gobierno a principio de año.  Sin embargo, apenas se ha esbozado cómo se debería poner en marcha una agenda de digitalización ambiciosa desde una perspectiva progresista.

El reto a nivel europeo es enorme. Siete de las diez principales empresas del mundo por capitalización son tecnológicas y ninguna de las diez principales compañías tecnológicas a nivel global es europea. Los datos son la materia prima de la economía digital, y actualmente el 90% de los que se generan en los países occidentales está en manos de empresas estadounidenses. Una estrategia digital ambiciosa planteada desde una óptica progresista tiene que tener como objetivo correr para no perder este tren, pero partiendo de un diagnóstico realista sobre en un sector económico tendiente a la concentración que privilegia enormemente a los primeros en llegar y teniendo en cuenta que las tecnologías sobre las que se asienta la economía digital, incluyendo el propio Internet, se desarrollaron en Estados Unidos con inversión y apoyo público. Esta visión contrasta con un ingenuidad del planteamiento neoliberal, que confía el futuro a que los unicornios -startups valoradas en más de 1.000 millones de dólares- salgan cualquier día de un garaje y en la competencia fiscal para atraer las migas que dejan en Europa los gigantes digitales. Este planteamiento, hasta ahora ha servido fundamentalmente para generar agujeros tributarios en la fiscalidad europea, pero ha fracasado a la hora de consolidar un ecosistema digital competitivo. Partiendo de este diagnóstico, el enfoque de la digitalización progresista debería poder conseguir los beneficios de la digitalización reviertan en el conjunto de la sociedad, limitando para ello el poder de los monopolios, garantizando los derechos de los ciudadanía en el mundo digital y evitando que nadie se quede atrás en el proceso.

En España partimos de una posición relativa respecto a los países europeos que no es del todo negativa, pero que tiene mucho margen de mejora. España ocupa el puesto número 11 de 28 en el Digital Economy and Society Index (DESI) elaborado por la Comisión Europea, 4 puntos por encima de la media europea. Sin embargo, los resultados son desiguales según el área del que se trate. Destacamos en servicios públicos digitales y conectividad, pero estamos por debajo de la media en capital humano y en uso de servicios de internet, con un éxito desigual en la integración de la tecnología digital en el tejido económico.

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Fuente: Comisión Europea (2019): Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)

La secretaría de Estado para el Avance Digital constituida en mayo de este año dentro del Ministerio de Economía tiene pendiente presentar su estrategia “España, Nación Emprendedora”, pero ya ha anticipado algunas líneas de trabajo que, aunque interesantes, necesitan ser desarrollados de forma ambiciosa para que tengan el alcance necesario. España puede ser pionera en el nuevo enfoque de la digitalización. Para ello debería plantear medidas audaces en al menos tres ámbitos clave: La digitalización de la economía, la gobernanza de la digitalización y la administración digital.

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¿Hacia un nuevo Estado del bienestar dinamizador e inversor?: el nuevo riesgo social del cambio climático

Autor: Carlos Ochando

La Paradoja de Kaldor

Las propuestas de reforma del Estado del bienestar son casi tan antiguas como la existencia del propio Estado del bienestar. Casi desde su nacimiento, se viene hablando de la necesidad de aplicar reformas. Los argumentos son muy variados: la necesidad de sostenibilidad, la justicia y la equidad, el daño al crecimiento económico y la eficiencia, la adaptación a las nuevas necesidades y riesgos sociales, la falta de legitimidad y un largo etcétera que han servido para que el Estado del bienestar estuviera en el punto de mira de sus críticos. Este argumentario crítico ha alimentado reformas -más o menos profundas- del Estado del bienestar tal y como se empezó a construir después de la II Guerra Mundial.

Ahora bien, si bien el Estado del bienestar no se ha desmantelado -como proponía, desde finales de los años setenta, el pensamiento neoliberal y la Economía de la Oferta-, ni ha llegado a una crisis fiscal irresoluble como vaticinaban los autores marxistas, sí que, en los últimos años, está sufriendo una permanente reestructuración.

A las tradicionales argumentaciones teóricas, se suman los efectos de una larga crisis económica que comenzó en 2007-2008 y cuyas secuelas alcanzan hasta la actualidad. Este fenómeno no es novedoso. El debate sobre la necesidad de reformar el Estado del bienestar se acentúa en los periodos de crisis económica. Muchos analistas y expertos (tanto del mundo académico, político y mediático), cuando se produce una merma considerable de los recursos públicos disponibles -resultado de la propia crisis económica- cuestionan la viabilidad financiera, económica y política de los regímenes de protección social. Lo suelen hacer a partir de proyecciones demográficas y económicas con una alta probabilidad de error, ya que las variables utilizadas, sobre todo económicas, son altamente impredecibles y sujetas a una elevada incertidumbre.  La argumentación más extendida es que la crisis económica y la pirámide demográfica someten a cualquier Estado del bienestar a una presión financiera en forma de “tijera” (los ingresos públicos disminuyen mientras que los gastos públicos crecen). El resultado, desde esta perspectiva meramente contable, es la inviabilidad económica futura de los sistemas públicos sanitarios y de pensiones, pilares centrales del Estado del bienestar. Y es cierto que una crisis económica duradera y persistente, sí que puede reducir los recursos fiscales y sí que puede mermar a medio y largo plazo las bases de financiación de los gastos públicos sociales (al margen del cambio de las prioridades y preferencias políticas que puede ocasionar), pero este argumento nos parece extremadamente simple.

¿La supervivencia en el tiempo del Estado del bienestar significa que no son necesarias reformas? Evidentemente, la respuesta debería ser negativa. Como realidad institucional que es, requiere de cambios y reformas que lo adapten a las nuevas realidades sociales. Hacen falta reformas, pero no las que se han llevado a cabo que, únicamente, persiguen la moderación o reducción del gasto público social. La última crisis económica ha alimentado unas propuestas de reforma del Estado del bienestar cuyos objetivos finales han sido la reducción del gasto público, la deslegitimación de las políticas redistributivas, el recorte de los derechos sociales de ciudadanía, la reducción de la intensidad protectora y la disminución de la cobertura de las prestaciones sociales.

¿Y por qué creemos que hacen falta reformas? Primero porque el Estado del bienestar siempre ha sido una realidad institucional dinámica y cambiante. Y segundo, porque, en el momento actual, las transformaciones económicas y sociales se desarrollan a una velocidad de vértigo. En ese sentido, creemos que hay que adoptar reformas institucionales creativas e innovadoras que afronten los nuevos retos y desafíos de las nuevas realidades sociales y económicas. Estas recetas no pueden ser las que sirvieron en el pasado porque la realidad económica, política y social ha cambiado. Creemos que hay que hacer un esfuerzo de innovación social creativa que nos permita adaptar institucionalmente el Estado del bienestar a esta nueva realidad del siglo XXI. Pero esa revisión no debe pasar por su disminución, sino por todo lo contrario: por su universalización y profundización con fórmulas innovadoras, creativas y eficientes.

¿En qué puede estar basada esta nueva arquitectura del Estado del bienestar en el siglo XXI? Las nuevas acciones estratégicas del Estado del bienestar están justificadas por la aparición de los llamados “nuevos riesgos” y por una cierta incapacidad de la vieja arquitectura del Estado del bienestar tradicional en dar una respuesta eficaz e innovadora a los mismos. En este contexto de permanente reconfiguración del Estado del bienestar, algunos autores y analistas han repensado las líneas estratégicas de este “nuevo Estado del bienestar”. Su estructura institucional ha recibido diferentes denominaciones: “Estado de inversión social”, “Estado social activo”, “Estado social inversor”, “Tercera Vía” o, a veces y de manera simplificada, “Sociedad del bienestar”. Otros autores hablan de “Estado Dinamizador” con un nuevo “pilar de emancipación” (Mulas-Granados, C., 2010 : 60). En él se incluirían las respuestas a estas nuevas situaciones de vulnerabilidad y riesgos que el nuevo Estado del bienestar debería atender: familias monoparentales, la emancipación de los jóvenes, los problemas de integración laboral en la madurez (55 a 64 años), los parados de larga duración y en riesgo de exclusión, etc. En esta misma línea Aigenger y Leoni (2010 : 82) señalan tres piedras angulares de una estrategia de éxito: 1) flexibilidad gestionada y equilibrada; 2) prudencia fiscal más calidad del presupuesto y 3) inversión a futuro (investigación, educación, formación continua, tecnologías en TIC, biotecnología, etc.).

Este enfoque teórico conecta con la literatura económica y sociológica sobre la “pre-distribución” y de “la inversión social”.  Desde este marco teórico se defiende la necesidad de repensar la función social del Estado, rediseñándolo hacia un Estado del bienestar “preventivo”, “proactivo” que enfatice en la inversión en el capital humano y que haga frente a los “nuevos riesgos sociales” por medio de una mayor inversión social  (Zalakain y Barragué, 2017).

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Entrevista a Carlos Sánchez Mato y Eduardo Garzón: “El Gobierno de Ahora Madrid sirvió para enfrentar el mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía”

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

El 13 de junio de 2015, la candidatura popular pilotada por Manuela Carmena llegaba al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y acababa con 24 años de gobiernos del Partido Popular. Junto a Carmena, aterrizaban en la institución otros 19 concejales que provenían de diversos espacios profesionales, sociales y políticos. Esta mezcla personal e ideológica que representó Ahora Madrid fue recibida con hostilidad por la gran mayoría de los medios y por toda la derecha, al igual que ha ocurrido ahora con el pacto de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Uno de esos concejales (y también uno de los más polémicos) fue Carlos Sánchez Mato. Dirigente estatal de Izquierda Unida y economista, a Sánchez Mato le tocó estar al frente de una de las áreas más complicadas y que más recelo generó, la Concejalía de Economía y Hacienda, desde donde se enfrentó al ministro Cristóbal Montoro que ejerció oposición a toda su gestión. En esa andadura que terminó el 18 de diciembre de 2017, cuando Carmena lo cesó de ese cargo, estuvo también Eduardo Garzón, uno de sus asesores.

Ambos acaban de publicar su libro ’919 días, ¡sí se podía! Cómo el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de la gente’, un relato en el que Sánchez Mato y Garzón recorren su más de año y medio al frente del área económica de la ciudad que más presupuesto gestiona, desde la que sanearon unas cuentas arruinadas mientras aumentaban la inversión social. Desde la rebaja del IBI a las clases más desfavorecidas mientras tomaban atajos legales para subir este impuesto a las grandes superficies, hasta el enfrentamiento con Montoro y las presiones internas que terminaron con su salida, este libro es un relato de las dificultades pero también de los logros que ahora ambos autores quieren que sirvan de ejemplo para el primer ejecutivo estatal de coalición de la historia de la democracia.

En el libro hablan de las dificultades que se encontró el Gobierno de Ahora Madrid, tanto por el trato mediático que recibió como por el empleado por el Gobierno de Mariano Rajoy a cuenta de la regla de gasto. Este martes, PSOE y Unidas Podemos firmaron un pacto al que ahora se podrán sumar a otros partidos. ¿Creen que lo tendrán también difícil?

Carlos Sánchez Mato: Creo que se repiten cosas que tanto Eduardo como yo vivimos en nuestras propias carnes. En 2015, después del acceso al Gobierno de Ahora Madrid, prácticamente lo que se anunció fue el apocalipsis: nada iba a funcionar en la ciudad, la ciudad no iba a ser susceptible de ser mirada con interés por la inversión internacional, íbamos a arruinar las cuentas… Todas esas cosas fueron objeto de editoriales en los medios más importantes de este país. Y en el libro demostramos que no solamente era posible actuar de otra manera, sino que los resultados de nuestras políticas económicas son exitosos. Desgraciadamente, lo que no hubo posteriormente a la realización de nuestro programa de gobierno en materia económica fue desmentidos por parte de quienes habían anunciado la hecatombe.

Eduardo Garzón: De hecho es uno de los motivos por los que escribimos el libro: dar a conocer una experiencia que ha estado sometida a una presión bestial por parte de los medios económicos y los poderes fácticos más importantes, con la idea de aprender de los errores, de las limitaciones que uno tiene. Nosotros lo aclarábamos en la introducción, que la idea es que esto pueda servir para un momento en el que se vuelvan a presentar situaciones parecidas. Que un gobierno progresista con ganas de cambiar la sociedad llegue al gobierno y ser conocedores de las limitaciones que hay.

En función de ese aprendizaje, ¿qué consejos dan al nuevo gobierno de coalición?

CSM: Lo dijo Pablo Iglesias y lo confirmaba Alberto Garzón después: hay que combinar una forma muy concreta de actuación del Partido Socialista con nuestra audacia en el sentido más literal del término. No podemos conformarnos en el gobierno con la situación de extrema precariedad, de enorme desigualdad, de injusticia fiscal que existe en nuestro país. Lo sencillo sería simplemente aceptar el statu quo y no intentar buscar formas de ir más allá. Humildemente, nosotros demostramos en Madrid que mover esos márgenes requiere de un esfuerzo enorme, titánico, y que incluso puede salir mal.

¿Les aconsejan aguantar las presiones, por ejemplo?

CSM: Cuando hablamos de audacia, hablamos en este caso de la capacidad de vencer esas presiones. No hablamos de cruzar la calle con el semáforo rojo, hablamos de no dejarnos influir por las presiones absolutamente desmedidas que se producen. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses creados. Hay demasiada gente pensando y creyendo que el gobierno, también el de la nación, tiene que estar al servicio de sus intereses pequeñitos. Y claro, nosotros venimos a otra cosa.

¿Se arrepienten de haber mantenido el pulso con Montoro por la regla de gasto que propició su salida y les dejó fuera de una de las concejalías más importantes para seguir llevando a cabo políticas sociales?

CSM: Había que recortar 550 millones y hemos visto los resultados que ha tenido desde el punto de vista político. Cuando en el último año de mandato, que es cuando los gobiernos se ponen bonitos y terminan inaugurando el fruto del esfuerzo de la primera parte de la legislatura, tú lo que haces son recortes, lo que ocurre es que tu gente, tus votantes, la ciudadanía en general, no ven los frutos de tu acción. No era un capricho intentar seguir manteniendo nuestra senda presupuestaria: era la forma de culminar de manera adecuada un proyecto que había tenido la herramienta presupuestaria como algo fundamental. Hacer un recorte de 550 millones de euros ha tenido como resultado la abstención en los barrios de la periferia de Madrid, donde fue 20 puntos superior a los barrios en los que habitualmente gana la derecha. Eso es lo que impidió que no tuviera éxito una confluencia con un resultado mayoritario de la izquierda en la ciudad de Madrid.

El mejor combate contra la abstención es de verdad ser audaces en la realización de las políticas públicas y es un aprendizaje para el futuro. Pero no solamente para las elecciones locales, también para las autonómicas y para las generales. Hay una enorme oportunidad que se abre ahora con un posible gobierno de PSOE y Unidas Podemos a nivel del Estado que hay que aprovechar para que le mejore la vida a la gente, no para que le mejoren las grandes corporaciones del sector energético, que para eso ya tienen a otros partidos.

Este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que ejercerá de contrapeso a ese Gobierno. ¿Tiene mecanismos el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad para desestabilizarlo?

EG: Desestabilizar es una palabra demasiado fuerte. Pero está claro que oposición política van a hacer y los portavoces de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y también de la capital van a tener bastante eco. Esto es algo que nos esperábamos. Nosotros vivimos algo parecido dentro del Gobierno de Ahora Madrid, en el cual, por ser precisamente la capital del país tenía muchísimo eco y todo el mundo se enteraba incluso de alguna medida como el traje de los Reyes Magos cuando apenas tenía importancia. Entonces sí, seguramente habrá presión, era de esperar y no tiene por qué ser tampoco un drama.

¿Pero pueden usar las instituciones como hizo el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar su acción de gobierno?

EG: Tenemos un sistema institucional que centraliza las competencias desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, medidas institucionales así a bote pronto es más difícil.

Señor Garzón, cuando se conoció el pacto de gobierno, publicó un tuit en el que aseguró que no le había gustado la parte de la estabilidad presupuestaria…

EG: Son simplemente dos palabras que aparecen en el documento y sobre las que apenas se puede inferir una de ellas, pero sí que revela una especie de obsesión que tiene en este caso la élite económica europea, que es la de que todos los estados y las administraciones públicas tengan que tener superávit público o equilibrio presupuestario, pase lo que pase. Y es simplemente una mención a que el futuro gobierno tenga en cuenta, que antes que lograr el saneamiento de las cuentas públicas está el bienestar de la gente y que uno no puede poner por encima precisamente un objetivo fiscal frente al objetivo de mejorar la vida de la gente.

¿Qué balance hacen del Gobierno de Carmena? ¿Qué creen que recordará la gente?

CSM: Para muchos quedarán polémicas como la del traje los Reyes Magos, pero creo que lo que se construyó desde el punto de vista de acción económica es suficientemente sólido como para merecer no solamente nuestro libro, sino la atención de la gente. Creo que demostramos de una manera muy clara que había otra forma de gestionar, con el marco hostil existente, las cuentas públicas en una ciudad tan grande como Madrid. Incrementando de una manera muy importante la inversión en infraestructuras y equipamientos y la inversión social. Los compañeros del PSOE en el Gobierno central lo podrán visualizar en la realidad que llevamos a cabo en Madrid, también pactando con ellos, porque este tipo de actuaciones fueron el resultado del diálogo con el Partido Socialista en esa etapa.

EG: Sirvió como potente argumento para enfrentar al típico mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía. Con nuestra participación, dentro de que no hicimos la revolución socialista ni mucho menos, y sabiendo que tuvimos una limitación importante, fuimos capaces de hacer algo que nunca la derecha había sido capaz de hacer: mejorar la inversión social y mejorar la calidad de vida de la gente, al mismo tiempo que se cuadraban las cuentas haciéndolo posible desde postulados de izquierda pensando en el bienestar de la gente y no en el de los negocios.

"El Gobierno de Ahora Madrid sirvió para enfrentar el mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía"

Al principio del libro hablan mucho de la deuda, de cómo la encontraron y de la gestión que se hizo sobre la misma. ¿No es un poco raro, desde un gobierno de izquierdas, presumir de la reducción de la deuda en una ciudad que tenía y tiene tantas necesidades?

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Codecisión y fondos de inversión de los asalariados: los casos de Alemania y Suecia

Autor: Mario del Rosal y Sara Lafuente

ctxt.es

“La democracia no puede detenerse a las puertas de las fábricas.”

Ernst Wigforss.1


Introducción

Desde los inicios de la revolución industrial, se han buscado soluciones concretas para responder a la contradicción estructural del capitalismo entre ideal democrático de igualdad y la concentración de poder y riqueza.  En mayor o menor medida, todos los países europeos reconocieron en el último siglo fórmulas de participación de los trabajadores en la economía y en la empresa de alcance y contenido variados, a través de derechos de participación en la gestión organizativa, en el capital como mecanismos de redistribución, derechos colectivos de información y consulta, concertación social, diálogo social tripartito, negociación colectiva, etc. Sin embargo, pese al establecimiento y práctica formal de estos y otros mecanismos democráticos, el capitalismo triunfante lacera gradualmente su contenido y calidad, conllevando una pérdida creciente en el contenido de las democracias existentes.

En la idea de ampliar hoy los límites de la democracia, teniendo en cuenta las limitadas ventanas de oportunidad que ofrece el contexto político y económico del capitalismo global imperante, cobra especial relevancia volver la mirada hacia los debates sobre la democracia económica y su puesta en práctica. La democracia económica, aun siendo un concepto complejo que admite distintas interpretaciones, nos habla de la posibilidad de que seamos los ciudadanos quienes tomemos las decisiones sobre las tres preguntas clásicas de la economía: qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Para ello, en el marco del capitalismo resulta irrenunciable, al menos, el logro de un mayor grado de participación de los trabajadores en la propiedad y en el gobierno de las empresas.

En este artículo presentamos brevemente dos fórmulas de participación gestadas en las socialdemocracias alemana y sueca: la participación en el gobierno empresarial a través de un sistema de codecisión (a menudo conocida como “cogestión”), y la participación en el capital empresarial a través de fondos colectivos de inversión de los asalariados. Estas dos propuestas no son excluyentes y podría coexistir desde un punto de vista teórico. Sin embargo, surgieron en contextos históricos, sociales, políticos y nacionales determinados. A continuación, explicamos el surgimiento de estos sistemas de participación como propuesta institucional, en qué consistían, y en qué devinieron. Podremos así evaluar el potencial y límites de estas propuestas como impulsoras de democracia económica y objetivos democráticos más exigentes en el marco de la economía capitalista global.

La participación financiera a través de fondos de inversión colectiva

Entre las estrategias reformistas favorables a los objetivos de la democracia económica tal y como la hemos definido se puede encontrar una que, a nuestro juicio, ofrece más posibilidades que otras alternativas2. Se trata de los fondos de inversión de los asalariados, un sistema de acumulación gradual de capital en varias empresas a través de instrumentos de inversión colectiva bajo la propiedad de los trabajadores y gestionados por sus sindicatos. A través de estos fondos de inversión, la clase trabajadora en su conjunto podría conseguir una participación creciente en la propiedad de las empresas, de modo que lograría un doble objetivo: la socialización paulatina del capital y una mayor influencia en su gestión. Esta estrategia, aun siendo reformista, asume un carácter de clase, lo que implica una visión del modo de producción capitalista próxima a las tesis más clásicas de la socialdemocracia y del sindicalismo.

Estos fondos pueden presentarse en distintas modalidades según diversos criterios: la forma de financiación, el sistema de titularidad, el destino de los rendimientos, los criterios de inversión, el modo de gestión, el ámbito de aplicación, los posibles límites de participación en la propiedad y los colectivos de trabajadores involucrados. En este texto, no vamos a analizar estas modalidades3, sino que vamos a centrarnos en el caso más paradigmático que se ha dado a lo largo de la historia: el de los fondos de inversión de los asalariados instaurados en Suecia en los años ochenta.

Este proyecto, conocido como Plan Meidner4 e inspirado en una idea originalmente alemana, se gestó en los años setenta en el seno de la poderosa Confederación de Sindicatos (LO). Su diseño original era francamente radical, sobre todo teniendo en cuenta el tradicional pragmatismo reformista que siempre ha caracterizado a la socialdemocracia escandinava. En pocas palabras, obligaba a la mayoría de las empresas suecas a emitir cada año un número de acciones nuevas equivalente al 20% de sus beneficios a nombre de un fondo de inversión gestionado por un consejo de administración formado mayoritariamente por cuadros sindicales y, en menor medida, por representantes del gobierno y las empresas. Los réditos obtenidos por estos fondos serían usados exclusivamente para comprar nuevas acciones o para financiar programas de formación en gestión para los trabajadores. Dado que no se contemplaba ninguna forma de titularidad individual de los valores adquiridos ni su venta, el proyecto asumía un principio estricto de propiedad colectiva.

De haberse puesto en marcha, el Plan Meidner habría tenido un impacto dramático sobre la propiedad corporativa en el país. Según sus normas de funcionamiento, cuanto más rentable fuera una empresa, más rápidamente pasaría su propiedad a manos de los sindicatos por medio de un proceso de dilución de la propiedad anterior debido a las sucesivas ampliaciones de capital a favor del fondo5. Esto llevaría a un proceso de socialización democrática no estatal del capital sin parangón en ninguna otra economía capitalista desarrollada. La siguiente tabla muestra varios ejemplos relacionando el número de años que tardaría una empresa en pertenecer en más de un 50% a los fondos de inversión de los asalariados en función de la tasa de ganancia anual, suponiéndola constante.

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Jornadas #OtraEconomíaEstáEnMarcha 2019 (con becas para alumnado de fuera de Madrid) ¡Inscríbete y difunde!

Autor: ECONOMISTAS SIN FRONTERAS y Ricardo Molero Simarro

Economistas Sin Fronteras

El 16 de noviembre 2019, Economistas sin Fronteras junto a la UNED de Tudela,  organiza la sexta edición de las jornadas Otra Economía Está en Marcha, un espacio de encuentro, diálogo y debate entre personas que desde un enfoque crítico, apuestan por poner la economía al servicio de la sociedad y del planeta.

Este año la temática girará en torno a las formas alternativas de medir el desarrollo. Para ello contaremos con la presencia de José Manuel Naredo, economista y militante ecologista, que será quien abra las jornadas en la conferencia inaugural La taxonomía del Lucro.

Seguidamente tendrá lugar la presentación del Indice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS) 2019, una herramienta que mide, evalúa y compara el compromiso de los países con un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo y que tiene como objetivo el ofrecer una alternativa a la hegemónica y limitada visión de los indicadores que habitualmente se usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto (PIB).

Contaremos también con 3 interesantes talleres "Más allá del PIB. Propuestas y experiencias sobre formas alternativas de medir".

INSCRÍBETE AQUÍ,

y si eres ESTUDIANTE UNIVERSITARI@ inscríbete AQUÍ.

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¿Despido gratis? Los efectos de la mochila austríaca

Autor: Luis Cardenas

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En las recientes propuestas electorales han vuelto a la actualidad el fondo de capitalización para las indemnizaciones por despido, popularmente denominado “mochila austríaca”. Como es conocido, esta medida consiste en la introducción de un fondo (equivalente a uno de pensiones) donde la empresa aporta un porcentaje del sueldo del trabajador al cual se tiene acceso en caso de despido o jubilación.

Aunque este porcentaje podría añadirse al sueldo y a las cotizaciones del trabajador, en realidad no se ha plantado así en nuestro país. En la propuesta del PSOE recogida en la Reforma Laboral de 2010 (“Disposición Final Segunda. Fondo de Capitalización”) se establece de manera explícita que no se subirán las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, lo cual también parece evidenciarse en el acuerdo de gobierno al que llegaron el PSOE y Ciudadanos en 2016, así como en la propuesta legislativa más reciente de C’s. En definitiva, esto supone que los recursos del fondo saldrían del salario indirecto que reciben los trabajadores en forma de contribuciones a la Seguridad Social, a cargo de la empresa.

En teoría, el primer problema que pretende resolver esta medida es la falta de movilidad de los trabajadores con mayor antigüedad por miedo a perder su indemnización por despido. Si bien no existe una evidencia clara sobre este tema, dado que, aparte de la indemnización, la antigüedad en la empresa otorga otra serie de derechos (como complementos al sueldo derivados de la antigüedad), y la cada vez menor duración de los contratos, es difícil que exista un colectivo muy grande de gente que pudiendo cambiarse de trabajo no lo haga por miedo a perder la indemnización. Además, de ser el caso, pueden buscarse alternativas para ese colectivo específico, por ejemplo, reformando el FOGASA para ampliar las condiciones en las cuales se puede acceder a la indemnización por extinción voluntaria con causa justa sin tener que reducir los derechos del conjunto de trabajadores.

El otro problema que pretende resolver la “mochila austriaca” es la rotación e inestabilidad que sufre un colectivo cada vez más amplio de trabajadores (la mitad de los afiliados al Régimen General de la Seguridad Social tienen contratos atípicos). De acuerdo a los defensores de esta medida, la rotación se debe al excesivo coste de despido que tienen los contratos indefinidos a tiempo completo con cierta antigüedad (en ocasiones denominados insiders) frente al resto de trabajadores (nombrados como outsiders). Reducir el “exceso de protección” que supone esa barrera de salida es un objetivo central de sus proponentes.

De hecho, bonificar los despidos ya fue una estrategia del PSOE. Durante el período 2011-2013 se utilizó el FOGASA para pagar 8 de los 20 días de salario por año trabajado en las empresas de menos de 25 trabajadores en despidos objetivos y en despido colectivo (ERE), sin que esto repercutiera en una menor dualidad o inestabilidad.

Aunque los partidos que la proponen (PSOE y C’s) no han llegado a establecer cuál sería el porcentaje del salario que se destinaría al fondo, si tomamos como referencia el caso austríaco se trataría de una indemnización de 5,5 días por año trabajado (un 1.53% de 365 días), frente a las indemnizaciones por despido actualmente existentes de 12 días (temporales), 20 días (indefinidos procedente) y 33 días (indefinidos improcedente).

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Librecambismo y Proteccionismo en la revisión de la globalización capitalista Un planteamiento alternativo

Autor: Daniel Albarracin

Viento Sur

El proceso de globalización capitalista asiste a su estancamiento. Esto conduce al recrudecimiento de procesos habituales de este modelo socioeconómico al encontrarse claros límites en la disponibilidad de nuevos mercados o posibilidades de ascenso de la productividad, condiciones sine qua non para su expansión. El camino al que nos lleva, para sostener la vitalidad del sistema, conduce, por un lado, a medidas de intensificación del trabajo, degradación de las condiciones de empleo y trabajo y vulnerabilidad de las garantías y, por otro, a la intensificación de la competencia comercial en varias de sus facetas: guerra de tipos de interés, de divisas y de rivalidad comercial por la vía arancelaria.

Esto se traduce en una redefinición del formato de globalización capitalista. El periodo de multilateralismo a favor del libre comercio (entre grandes compañías transnacionales) se revisa por un modelo que regresa, en una fase decadente, a un bilateralismo de nuevo cuño, una vez que los grandes mercados regionales están consolidados y estancados, atestiguado por un crecimiento del comercio mundial es cada vez más lento.

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Nuevo libro: «919 días. Sí se podía. Cómo el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de la gente»

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

¡Muy contento de anunciar la publicación de un nuevo libro!

Escrito junto con Carlos Sánchez Mato, prologado por la siempre brillante Yayo Herrero, y presentado por Pascual Serrano, en este libro contamos la trepidante experiencia que vivimos formando parte de un fantástico equipo que estuvo al mando del área de economía del Ayuntamiento de Madrid durante casi 3 años (919 días).

Explicamos de una forma pedagógica y accesible a todo el mundo cómo dimos la vuelta a todas las prácticas irregulares del PP, cómo disparamos la inversión social y en pequeñas infraestructuras al mismo tiempo que reducíamos la deuda pública, y cómo hicimos más justo el sistema tributario. También contamos cómo la derecha mediática y política utilizó todos los medios posibles para intentar pararnos los pies y que no cundiera nuestro ejemplo, hasta llegar a conseguirlo gracias al apoyo de parte del gobierno de Ahora Madrid, que no resistió tanta presión.

La derecha se ha encargado siempre de difundir la idea de que la izquierda no sabe gestionar bien la economía. Bueno, pues este libro es una contundente demostración de que eso es categóricamente falso. La economía se puede poner al servicio de la gente; es lo que hicimos y es lo que seguiremos haciendo. Cualquier proyecto político de izquierdas que ponga en riesgo los privilegios de la élite tendrá que afrontar importantes dificultades. Conocerlas es el primer paso para superarlas cuando dicha oportunidad vuelva a presentarse.

Reducir la jornada laboral: Repartir los trabajos para vivir mejor

Autor: Bibiana Medialdea Garcia

Agenda Pública

Una de las mejores cosas que ha traído a España el ciclo político nacido en las plazas hace ya casi nueve años es que reivindicaciones clave pero hasta entonces muy marginales saltaron, aún modestamente, a la agenda pública. Se rompieron tabúes importantes para el avance de programas de mejora social; entre ellos, el de la reducción de la jornada laboral.

Es un avance sustantivo que dentro de la izquierda haya consenso en incluir la reducción de jornada entre las reivindicaciones y programas. Entre otras cosas, es una medida fundamental e insustituible para afrontar uno de nuestros mayores retos: reorganizar el sistema de cuidados. La forma en la que actualmente distribuimos la ingente cantidad de cuidados que precisamos está en la base de gran parte de nuestros problemas individuales y colectivos. El concepto de régimen de bienestar nos sirve precisamente para analizar cómo cada sociedad reparte estos trabajos entre el Estado (servicios públicos, fundamentalmente), el mercado (para quien pueda pagarlo) y las familias.

Los manuales dicen familias, pero la economía feminista desvela el cinismo del eufemismo: en realidad, son muy mayoritariamente las mujeres quienes, de forma invisible, no remunerada y sin derechos asociados se responsabilizan de estos trabajos en los hogares. Esto sigue siendo así también en países como España: según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres dedican a tareas domésticas y familiares más del doble del tiempo que los hombres.

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Economía capitalista: conflicto y poder sindical

Autor: Lluís Rodríguez Algans y Jon Las Heras Cuenca

El Salto (Economía para Todas)

No hay que fiarse de los discursos económicos dominantes

Si al estudiantado de economía se le pide que defina conceptos como explotación, capitalismo, sistemas económicos, crisis económica, poder económico o clases sociales nos encontraremos con un gesto de total confusión, si no de indiferencia: “pero si a mí solo me enseñan a hacer derivadas ¿de qué me hablas?” Con toda probabilidad las estudiantes desconocerán corrientes de análisis económico y corrientes de la economía política alternativa o radical: las perspectivas kaleckiana y postkeynesiana, regulacionista, institucionalista, ecologista y feminista, las múltiples formas de entender el marxismo o las concepciones de economía socialista y autogestionaria, impulsadas por economistas de ámbito nacional e internacional [1].

Esto es, sin duda, una muy mala noticia. Sin embargo, y pese a la tenaz voluntad de quienes detentan el poder académico y político por marginar, esconder y silenciar dichas corrientes, la realidad es que la economía capitalista real y, desde luego, las relaciones laborales existentes se entienden principalmente con los conceptos antedichos. Estos conceptos también han dado lugar a cursos de introducción a la economía política como base de planes de estudios e investigación alternativos pero, y a pesar de la necesidad de ampliar las miras, el sistema económico dominante y sus aparatos políticos e ideológicos se reproducen a través de lo que algunos autores denominan como la “dimensión vertical” o el “poder de clase”.

El poder de clase en el capitalismo puede entenderse como la autoridad y poder que ejercen desde las empresas, propietarios, directivos o perfiles de supervisores y responsables sobre trabajadoras con, por ejemplo, la amenaza de sanción o despido; la forma en la que intelectuales y tecnócratas de diversa índole argumentan para deliberadamente desposeer a personas “no expertas” de cualquier conciencia crítica, evitar preguntas indeseadas, siquiera realizar propuestas alternativas; así como el poder institucional de la patronal, gobiernos y, eventualmente, algunas organizaciones obreras conservadoras sobre el resto de segmentos de la clase trabajadora, en contraposición con aquella más combativa y organizada en sindicatos de contrapoder, a la hora de establecer el “modelo de país”. Todos estos aspectos condicionan y determinan las decisiones sobre la organización del trabajo y la producción, el intercambio o comercio, la inversión, la explotación, el excedente y los procedimientos a seguir para distribuir ese valor económico producido entre salarios y beneficios. En definitiva, no hay que fiarse de los discursos económicos dominantes, porque la ideología y política liberales determinan la forma en la que nuestra sociedad capitalista se reproduce materialmente y ésta condiciona, a su vez, nuestra forma de pensar e interactuar con el prójimo.

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Ecuador: La Comuna de Quito y la insurrección popular. Entrevista a Carlos Pazmiño

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

Todos, Chile, Perú, Colombia, todos los presidentes de estos países han expresado públicamente su solidaridad con Moreno, pero son regímenes que se encuentran interconectados políticamente. Respecto a Pedro Sánchez no sé que decirte, me parece que es un exabrupto y es un error terrible expresar el apoyo a un presidente como Lenin Moreno.

Entrevistamos a Carlos Pazmiño, editor de la revista on line Crisis (www.revistacrisis.com), un espacio de contrainformación ecuatoriano vinculado con los movimientos de base y las luchas populares, en el que he tenido el honor de escribir algunos artículos, sobre el paro nacional que se está desarrollando en el país y que ha acaparado la atención global en los últimos días.

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Invertir en futuro

Autor: Nacho Álvarez Peralta, Jorge Uxo y Alberto Montero Soler

El País

En las próximas elecciones se dilucida una cuestión fundamental: ¿el nuevo Gobierno que elijamos va a gestionar la desaceleración económica —que ya está aquí— de la misma manera que la última crisis, o esta vez haremos las cosas de otra forma, pensando en la mayoría social?

Los signos de enfriamiento de la economía son evidentes, y preocupantes: en 2018 crecimos al 2,4%, y Funcas prevé que lo hagamos al 1,9% en 2019 y al 1,5% en 2021. Esto va a significar menor creación de empleo, cuando la tasa de paro todavía sigue duplicando la media europea. Y además esta desaceleración llega cuando aún hay millones de españoles que no se han recuperado del vendaval de la última crisis, y que sufren graves problemas de inestabilidad laboral amplificados por la reforma del mercado de trabajo.

Que las causas de la desaceleración sean principalmente externas no significa que no debamos reaccionar cuanto antes para contrarrestar sus efectos. Pedro Sánchez resta importancia a la situación y Casado la exagera para alarmar. Ni una cosa ni la otra: lo que debemos hacer es aprender de la última crisis y gestionar esta de forma distinta a como lo hicieron el PSOE y el PP. Esto supone impulsar una estrategia que priorice tres objetivos: actuar con rapidez para amortiguar la ralentización, con planes de inversión pública; construir un escudo social para los más vulnerables, y utilizar esta oportunidad para abordar retos estructurales que siguen pendientes o que nos acechan (cambio climático, digitalización, necesidad de elevar la productividad, igualdad de género, desequilibrios interterritoriales…).

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El camino del laborismo a la reducción de jornada

Autor: Luis Cardenas

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En artículos anteriores defendimos la reducción de jornada como una vía hacia la igualdad. Aunque esta propuesta había perdido protagonismo en el debate público, cada vez hay más iniciativas en este sentido. La última ha sido la del Partido Laborista del Reino Unido que, en palabras de su candidato a ministro de Economía y Hacienda (John McDonnell), se compromete a conseguir una jornada laboral semanal a tiempo completo de 32 horas en el plazo de una década y sin reducción salarial.

La estrategia laborista para conseguirlo se basa en tres puntos. En primer lugar, eliminar la posibilidad de descuelgue de la directiva europea sobre el tiempo de trabajo, la cual incluye elementos básicos como el límite de 48 horas de trabajo semanal (incluyendo horas extraordinarias), un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas cada 24 horas y de 24 horas de descanso semanal, el derecho a pausa en las jornadas superiores a las 6 horas o al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. A ello se suma la promesa de añadir cuatro días festivos más al calendario laboral.

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