Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Construir un colchón fiscal

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España insisten últimamente en la necesidad de volver a ajustar el gasto público, ahora para disponer de un “colchón fiscal” para cuando llegue la próxima crisis. Sin embargo, construir este margen fiscal siguiendo el camino que marcan estas instituciones impedirá afrontar dos retos económicos ineludibles. El primero tiene que ver con la necesidad de modificar el patrón de salida de la crisis que estamos experimentando: el crecimiento económico no termina de llegar a millones de hogares —a pesar de la creación de empleo—, las desigualdades se mantienen en niveles elevados y se refuerza nuestra especialización en sectores poco productivos. El segundo reto viene dado por la paulatina desaceleración internacional que se espera para los próximos trimestres, y que podría complicar la situación económica. Volver a ajustar a la baja el gasto público no hará sino agravar ambos problemas.

Hay no obstante otra vía alternativa para construir el colchón fiscal que la economía necesita: iniciar las primeras fases de una reforma tributaria que sirva para aumentar los ingresos del sector público. Esta segunda vía, al no cargar los ajustes sobre el gasto, permitirá enfrentar con más garantías los dos retos mencionados. Por un lado, facilitará recursos para poner la política fiscal al servicio de la lucha contra la desigualdad —reforzando el Estado del bienestar—. Además, los nuevos ingresos ayudarán a financiar políticas de inversión que permitan sostener la actividad económica y modernizar el tejido productivo.

El reciente acuerdo alcanzado entre Unidos Podemos y el Gobierno pretende abrir esta segunda vía, realizando un esfuerzo para aproximar nuestra recaudación tributaria a la de los países de la eurozona. En España, los ingresos del sector público suponen el 38% de nuestro PIB, mientras que dicha ratio se eleva hasta el 46% para la media de la eurozona. No obstante, el problema de nuestro sistema fiscal no radica en que tengamos tipos nominales muy inferiores a los que existen en los países de nuestro entorno. Son fundamentalmente el fraude, la elusión y toda una panoplia de deducciones y exenciones las causas que en buena medida explican la menor recaudación, y que llevan a una desfiscalización de las rentas más elevadas.

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Hagamos más justo el pago de cotizaciones sociales de los autónomos

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

En las últimas semanas se ha abierto un debate entre el gobierno del PSOE y Unidos Podemos en torno a la modificación de las cotizaciones que pagan los autónomos a la Seguridad Social. Resulta que en el acuerdo presupuestario firmado entre ambas partes se incluyó la siguiente medida: “Reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja”. Se trata de una redacción imprecisa que da pie a varias interpretaciones, porque, aunque queda claro que se pretende bajar el pago a los autónomos de menores ingresos, no queda especificado qué ocurre con los que tienen más ingresos, ya que de la literalidad de la redacción cabría suponer que ellos sí tendrían que pagar más, puesto que ingresan realmente más.

Pero en las últimas semanas Unidos Podemos ha aclarado su posición: quieren reducir las cotizaciones a los autónomos de menos ingresos pero no aumentárselas al resto. Así lo ha expresado varias veces el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, al insistir en que acorde al pacto firmado “no se le podía subir ni un euro a la cuota de los autónomos”. El pasado martes 30 de octubre el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro fue incluso más específico al expresar que “los autónomos de más ingresos no se verán perjudicados”.

En cambio, el gobierno de Pedro Sánchez adopta otra postura: no sólo es que plantea subir las cotizaciones a aquellos autónomos que más ingresan, sino que además está barajando tres escenarios de subidas de cotizaciones a los autónomos de menos ingresos. Esto es en parte consecuencia del acordado incremento del salario mínimo interprofesional, que eleva por defecto la base de cotización mínima provocando en principio que los autónomos de menos ingresos tengan que pagar más. Resalto por defecto y en principio porque el gobierno tiene muchas opciones para evitar que esto ocurra. Bastaría, por ejemplo, con incluir en el BOE que este incremento del salario mínimo no provocaría un aumento en la base mínima de cotización, ya que es perfectamente legal hacerlo. Pero parece que el gobierno está optando por la vía de respetar las características de nuestro sistema de cotizaciones, y lo máximo a lo que está dispuesto es a suavizar el incremento en el pago, pero no a evitarlo.

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¿Por qué nuestro Estado de bienestar apenas redistribuye?

Autor: Luis Buendía y Ricardo Molero Simarro

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

La sociedad española se ha convertido en una de las más desiguales de toda la Unión Europea y una de las que mantiene los mayores niveles de vulnerabilidad económica de las familias, muy por encima de lo que nos correspondería por nivel de renta, tal y como alerta el Informe sobre Bienestar Económico y Material publicado por el Observatorio Social de La Caixa hace un par de semanas. Buena parte de esa desigualdad y vulnerabilidad se han generado en el mercado de trabajo, no sólo como consecuencia del paro, sino también de las políticas de devaluación salarial, que explican que ni la reciente creación de empleo haya servido para reducir el índice de Gini. Otra parte ha sido consecuencia de los consabidos recortes de gasto público que han afectado a los servicios públicos y las transferencias sociales. No obstante, los problemas vienen, en realidad, de lejos y se encuentran relacionados con el histórico infradesarrollo de nuestro Estado de Bienestar.

El grado de desigualdad de una economía se explica fundamentalmente por dos dimensiones: una, la de lo que ocurre en el mercado, es decir, cómo se reparte la renta generada en el ámbito productivo entre beneficios y salarios y cómo de desigual es el reparto de ambos; y, dos, la de la redistribución pública, es decir, cómo el Estado es capaz de alterar esa desigualdad primaria (también llamada “predistribución”) mediante los impuestos recaudados para financiar el gasto público. Aunque este gasto genera una mayor redistribución (hasta cuatro quintas partes de ella, en función del país), el reparto que se lleva a cabo de los impuestos también tiene un impacto directo sobre la desigualdad, además de ser el vehículo para financiar la reducción de las desigualdades vía gasto.

Tradicionalmente la economía española ha presentado menores niveles relativos de desigualdad de mercado (acordes a su más bajo perfil técnico), pero la redistribución de la renta mediante políticas públicas también ha sido escasa. La crisis alteró temporalmente ese esquema. La destrucción de empleo y el ajuste salarial nos pusieron entre los países europeos que peor predistribución tienen, pero, paradójicamente, la extensión del número de personas solicitante de prestaciones de desempleo y de pensiones aumentaron la capacidad redistributiva del Estado. No obstante, al recortarse su montante y perder muchas de ellas el derecho a recibirlas, en la salida de la crisis hemos pasado a tener el cuarto sector público que menos redistribuye de la eurozona, sólo por detrás de los de Letonia, Estonia y Lituania. Y, lo que es peor, las políticas públicas se han mostrado absolutamente incapaces de proteger frente a la situación de riesgo de pobreza o exclusión en la que vive casi un tercio de las familias de nuestro país. ¿Por qué?

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El FMI pide continuidad, pero España necesita cambio

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Hay dos motivos para estar preocupados por el momento actual de la economía española, y que nos invitan a compartir algunas reflexiones sobre la necesidad de un cambio de rumbo de las políticas económicas.

En primer lugar, todos los indicadores, y las previsiones de los organismos oficiales o los institutos privados, coinciden en señalar que las tasas de crecimiento próximas al 3% registradas por la economía española desde 2015 tocan a su fin, y que es probable que estemos entrando en un periodo de “desaceleración”. Esto es preocupante, porque aún tenemos tasas de paro próximas al 16% (media anual) y muchas personas todavía no han recuperado los niveles de renta anteriores a la crisis. Si España reduce significativamente su crecimiento, estas dos situaciones se mantendrán en los próximos años. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook, octubre 2018) prevé que la tasa de paro española se estabilice en el 14% entre 2020 y 2023, una situación que no podemos asumir.

Pero más allá del cambio de ciclo que se aproxima, hay un segundo motivo para la preocupación, aún más importante. Contrariamente a lo que se dice, la recuperación del crecimiento a partir de 2014 reproduce muchas de las debilidades tradicionales de nuestra economía y viene acompañada de algunos rasgos ciertamente negativos para la mayoría: está basado en la cronificación de la precariedad laboral y el estancamiento salarial; precisamente por ello, y por el desmantelamiento del Estado de Bienestar ocurrido durante los peores años de la austeridad, la desigualdad se ha agrandado primero y estancado después, rompiéndose el vínculo entre crecimiento y progreso social; se está reproduciendo la especialización en sectores que lastran el crecimiento de la productividad; y no se están abordando con suficiente decisión dos retos tan importantes como la brecha de género, en todas sus manifestaciones, y la lucha contra el cambio climático.

Constatar estas dos preocupaciones nos lleva a plantear dos retos inmediatos para la política económica. En primer lugar, es necesario “sostener el crecimiento” –con medidas que contrarresten la desaceleración y permitan reducir rápidamente el desempleo–. Pero además, es imprescindible tomar medidas para empezar a “transformar el crecimiento” y lograr que nuestra economía cambie su modelo de desarrollo. El reciente acuerdo firmado entre Unidos Podemos y el Gobierno es precisamente un primer paso en esta dirección.

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Nueva agenda económica

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

La reciente visita del FMI a nuestro país ha servido para que sus funcionarios vuelvan a insistir, una vez más, en su particular “narrativa de la recuperación” española: según ellos, esta es el fruto de exitosas reformas estructurales que no solo hay que preservar, sino también ampliar.

Sin embargo, cuando el FMI dice que “la mayor flexibilidad laboral, fruto de la reforma del mercado de trabajo, ha sustentado la recuperación”, lo hace sin suficiente soporte empírico. Se trata de una mera afirmación ideológica.

Porque la realidad es que la reforma laboral de 2012 no ha modificado la relación entre empleo y PIB: la evolución del empleo desde 2014 ha respondido al crecimiento del PIB en la misma proporción que en otros periodos expansivos de la economía española. Eso sí, gracias a esa reforma el empleo que ahora se crea es precario y mal pagado.

El mayor crecimiento del empleo en España no lo explican las reformas laborales ni la devaluación salarial, sino nuestra mayor sensibilidad al ciclo. Todas las recuperaciones de las últimas décadas se han producido con un ritmo de crecimiento económico y de creación de empleo superior al de los países de nuestro entorno. De hecho, este es un rasgo preocupante de nuestra estructura: crecemos más en las expansiones y destruimos más en las recesiones.

Pero además de sus viejas “ideas zombie” –esas que, según Krugman, uno mata muchas veces porque son nocivas, pero siguen reapareciendo para hacer daño–, el FMI nos dejó un nuevo recado. Dado el elevado nivel de endeudamiento público de España, y la inminente desaceleración internacional, nuestro país debe intensificar el ajuste presupuestario mediante medidas de mayor contención del gasto público. El Partido Popular y Ciudadanos se apuntan también a esta nueva exigencia de austeridad.

Bien al contrario, lo que necesita la economía española no es persistir en el error de las recetas que durante esta década perdida han profundizado la recesión y han retrasado la recuperación. Nuestro país precisa una nueva agenda de política económica, que marque un punto de inflexión con el pasado y abra un nuevo camino, como el que hemos iniciado con el reciente acuerdo entre Unidos Podemos y el Gobierno.

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Beneficios que nos dejan a oscuras

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El Confidencial

Pagar la factura de la luz se ha convertido en algo muy complicado para millones de familias: entre 2006 y 2016, la factura del consumidor medio ha subido un 70% en nuestro país. Y en los últimos meses, el ritmo de esta subida se ha acelerado tanto —un 11%, entre agosto de 2017 y agosto de 2018— que la situación se ha hecho ya insostenible.

Con el invierno aproximándose, el nuevo Gobierno adoptó el pasado 5 de octubre medidas urgentes en un real decreto ley. Algunas de ellas —por ejemplo, la eliminación del ‘impuesto al sol’— eran muy necesarias desde hace tiempo. Sin embargo, el Gobierno dejó pasar una buena oportunidad para proteger a los consumidores. Por un lado, las modificaciones en el bono social eléctrico y las medidas aprobadas para luchar contra la pobreza energética fueron muy limitadas. Por otro, la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica no solo tendrá un impacto pequeño en la factura de la luz, sino que además ignora las raíces del problema.

Hace falta tomar medidas inmediatas, en eso no se equivoca el Gobierno. Pero estas deben ser eficaces y, al mismo tiempo, deben abordar el problema de fondo, que no es otro que la disfuncionalidad del mercado eléctrico y la actuación en régimen de oligopolio de las grandes empresas del sector.

El reciente acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos incluye una medida que cumple estos requisitos —ser eficaz para atajar hoy mismo la subida de la luz y útil para frenar las prácticas oligopólicas—. Se trata de la fijación de un límite máximo al precio al que las centrales hidroeléctricas y nucleares pueden cobrar la electricidad en el mercado. La diferencia entre el precio de mercado y ese límite se consideraría un ingreso del sistema eléctrico y sería destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores. Seguir leyendo…

Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado: Luces y sombras

Autor: Fernando Luengo y Manolo Garí

Blog de Econonuestra en Público.es

El documento “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: Presupuestos para un estado social” suscrito entre el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos/ En Comú Podem/ En Marea supondrá, si se lleva a cabo, una mejora de las condiciones de vida, en algunos aspectos importante, para amplios sectores de la población. Son varias las trabas que todavía tienen que superarse para sustanciarse realmente en los Presupuestos Generales (PPGG): el visto bueno de la Comisión Europea, lograr el apoyo de las fuerzas nacionalistas e independistas vascas y catalanas y mantener la presión (social y política) vigilante para que esas cuentas no se desvíen y, aún más, para que realmente sean un primer paso seguido de otros muchos.

El Acuerdo supone el anuncio de un punto de inflexión en la tendencia antisocial, austeritaria y autoritaria que ha presidido la economía y la política los últimos diez años en nuestro país. Contiene medidas presupuestables, acuerdos de naturaleza política ajenos al campo de los PPGG y una suma de intenciones cuya concreción y desarrollo se deja a futuro. Todo lo planteado es necesario, pero ni es suficiente ni agota el espacio de lo posible.

Sin ánimo de ser exhaustivos -pues no es necesario repetir lo que ha sido debidamente publicitado- podemos destacar varios y valiosos elementos de los acuerdos. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) va a afectar directamente a un 12% de los trabajadores, tiene un importante significado político al dar la importancia debida a la necesidad de la recuperación salarial, lo que tendrá un efecto inmediato en las condiciones de vida de millones de personas, el aumento de su capacidad adquisitiva, lo que redundará positivamente en la economía y puede abrir las puertas a mayores aumentos salariales en la negociación colectiva. Igualmente cabe destacar el propósito de indexar la subida de las pensiones a la evolución del IPC, el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, eliminar la precariedad y estafa asociados a la extensión de los falsos autónomos, las mejoras del sistema para las empleadas de hogar y las cotizaciones de las horas extraordinarias o la extensión y consolidación de los permisos de paternidad y maternidad y las ayudas a la dependencia.

Sin negar lo anterior y reconociendo la importancia de estos avances, hay que reconocer asimismo que estas medidas debemos y podemos seguir mejorándolas. Si comparamos el SMI, 900 euros, con los de otros países de la UE, es claro que se puede seguir avanzado: Luxemburgo 1.922,96 €, Bélgica 1.501,82 €, Irlanda 1.461,85 €, Holanda 1.501,80 €, Francia 1.457,52 €, Gran Bretaña 1.378,87 €. Y en lo referido a las pensiones el movimiento de pensionistas demanda que el monto de la mínima sea de 1.040 €, y el Acuerdo no concreta cuál será la cuantía mínima de las mismas. En cuanto al importante aumento a la ayuda de la dependencia, los sectores afectados plantean la insuficiencia de la cuantía. En lo conseguido queda mucho por conseguir.

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Presupuestos 2019: Giro social en España

Autor: Hector Illueca Ballester, Julio Anguita y Manolo Monereo

Cuarto Poder

Los Presupuestos Generales del Estado son una especie de mapa que refleja las prioridades y objetivos de los poderes públicos. Nos permiten saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Pues bien, a la vista del “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado-2019” suscrito por el Gobierno de España y Unidos Podemos (“Acuerdo”, en adelante), parece que en nuestro país se está produciendo un importante giro social con respecto a las políticas que se han venido aplicando desde que empezó la crisis económica. El Acuerdo constituye un auténtico programa de gobierno que afecta a aspectos muy sensibles para el bienestar de la ciudadanía, tales como sanidad, vivienda, dependencia, empleo y protección social… Pero, si hemos de destacar dos cuestiones a fin de calibrar su importancia, éstas son, sin duda, las medidas y compromisos adoptados en materia de pensiones y salario mínimo interprofesional (SMI). En los párrafos siguientes nos referiremos a estos aspectos, tratando de precisar su significado y alcance en el contexto político que atravesamos.

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Xenofobia, conservadurismo y catalanofobia: el avance de la ultraderecha en España

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Pulso Noticias

El pasado fin de semana el partido ultraderechista Vox reunió más de 10.000 personas en un impactante mitin en el polideportivo de Vistalegre, en Madrid. Otros varios miles más se quedaron fuera, al haberse superado el aforo del acto. Las últimas encuestas electorales, tozudamente, coinciden en anunciar un  fuerte avance del voto a este partido xenófobo, autoritario, anticatalanista, enormemente conservador y que reivindica sin complejos la herencia política de la dictadura franquista. ¿Es la hora de la reemergencia de la ultraderecha en España?

Hemos de aclarar en primer lugar que en España, la ultraderecha nunca se fue ni desapareció. La famosa transición a la democracia de los años 70 consistió realmente en un pacto para la reforma de la dictadura franquista en el que la simbología del régimen fue retirada del escenario, pero no las personas más destacadas, ni los tics más rutinarios del funcionamiento del poder. La oligarquía económica de la España franquista, así como los altos cuadros de la administración o del ejército y las fuerzas de seguridad, no fueron retirados de la circulación, sino que se reconvirtieron en demócratas de la noche a la mañana con un suave lavado de cara. El poder esencial seguía residiendo en las mismas familias y en los mismos conglomerados sociales, mientras se daba entrada a una cierta pluralidad controlada en el escenario político. Eso explica la continuidad de espectáculos que deberían ser escandalosos en una democracia, pero que no lo son en la española, como la reciente presencia de un notorio torturador franquista, con una causa penal abierta en Argentina, en una celebración oficial del día de la policía en una comisaría madrileña.

Sin embargo, la ultraderecha como vertiente organizada, es decir, los partidos declaradamente ultraderechistas, vivieron tras la transición su particular travesía del desierto. La decadente simbología del régimen franquista fue escondida en los armarios. Había varias razones para ello:

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Qué significa la irrupción pública de Vox

Autor: Alberto Garzon Espinosa

eldiario.es

Uno de los riesgos colaterales que tiene la irrupción pública de un partido de extrema derecha en nuestro país es que puede llevar a las izquierdas a enfrentamientos poco fructíferos. Presenciamos estos días un reguero de acusaciones acerca de qué corriente teórica u organización política tiene más la culpa del crecimiento de la extrema derecha, y la verdad es que creo que esto no sirve de mucho. Más conveniente sería, en todo caso, que estemos dispuestos a abandonar aquellas ideas preconcebidas que carezcan de respaldo empírico y tratar, entre todas, de articular una ofensiva que sea, al mismo tiempo, un muro de contención frente a esta noche oscura.

1. No es fascismo, o no sólo

El fascismo es un producto histórico que no se ajusta del todo bien al fenómeno actual de irrupción de la extrema derecha. Tras la derrota del eje germano-italiano en la II Guerra Mundial y la construcción de las democracias europeas a partir de un espíritu antifascista, los partidos que se declaraban herederos de los regímenes fascistas del período de entreguerras nunca tuvieron una gran presencia electoral. La excepción fue el Movimiento Social Italiano (MSI), que se declaraba neofascista y que llegó a recibir hasta tres millones de votos –un 9%- en los setenta. Pero en la década de los ochenta empezaron a surgir nuevos partidos que se cuidaron mucho de no emplear las simbologías y terminologías fascistas. Estas nuevas organizaciones asumían parte de la ideología y programa de sus competidores directos, pero con nuevas tácticas para evitar la estigmatización pública. Gracias a ello, fueron desplazándolos de la arena política. En Alemania fue sintomática la irrupción de Die Republicaner en 1983 y de Alternative für Deutschland en 2013, mientras que en Italia la fundación de la Liga Norte en 1989 terminó por hundir al MSI. También paradigmática fue la fundación en los setenta del Frente Nacional en Francia, constituida a partir de pequeñas organizaciones fascistas, y su conversión ideológica y generacional en 2011 con la llegada al liderazgo de Marine Le Pen.

Uno de los rasgos clave de esta «nueva extrema derecha», y que lo diferencia de sus antecesores, es que son capaces de llegar a una base social mucho más amplia, menos ideologizada y, en consecuencia, más «normal». Los estereotipos y caricaturas no suelen funcionar con estos productos políticos, tampoco para estigmatizarlos, debido a que su apoyo no es ya en clave nostálgico-ideológica sino por motivaciones políticas presentes. Digamos que el «tapón antisfascista» de 1945 se ha desgastado.

2. Son, sobre todo, reaccionarios

De la misma forma que puede entenderse el fascismo como una reacción a la modernidad, y en especial al desafío que ésta suponía para los valores tradicionales, la nueva extrema derecha es también una reacción a elementos de la llamada posmodernidad. En gran medida estos movimientos reaccionan frente al auge de los nuevos movimientos sociales que, surgidos a partir de los setenta y ochenta, proclaman pacifismo, libertad sexual, igualdad de género, ecologismo radical, políticas de identidad, democracia radical, multiculturalismo, integración étnica, etc. Los nuevos partidos de extrema derecha son autoritarios, nacionalistas y reaccionarios, si bien sus formas concretas dependen de sus contextos específicos (así, el Frente Nacional en Francia es un nacionalismo centralista mientras que Vlaams Belang en Bélgica es un nacionalismo independentista).

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Como se puede observar en el gráfico anterior, lo que une a los partidos de extrema derecha no es su proyecto económico, en el que van desde el estatismo de Amanecer Dorado en Grecia hasta el neoliberalismo de Alternativa para Alemania. La unión, el rasgo común, es su componente de reacción cultural y política.

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Libro “Nuevos movimientos sociales. De la calle a los ayuntamientos”

Autor: Angel Calle Collado

La era post-15M. Gente que siguió movilizándose, municipios por el cambio, caldo de cultivo para la economía social… también partidos que intentaron recoger votos de ese descontento. Y políticas públicas que han querido ser cercanas a la gente, a nuestras necesidades más básicas

De todo esto hablamos en el libro Nuevos movimientos sociales que felizmente nos coordinaron Pedro Ibarra, Mercè Cortina Oriol, Salvador Martí, Ariel Sribman.

En editorial Icaria!

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Sobre la “izquierda nacional” y sus limitaciones

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

El Salto

Anguita, Monereo e Illueca nos cantan las alabanzas a una futura “izquierda nacional”. Curioso epílogo para los líderes prácticos e intelectuales del eurocomunismo legalista que ha dominado la izquierda institucional de nuestro país durante mucho tiempo.

Su propuesta se centra en la idea de recuperar la vertiente protectora del Estado nacional frente a una Unión Europea matriz del dominio neoliberal sobre nuestras sociedades y génesis de todos los desafueros. En su discurso, la oposición entre globalismo europeísta funcional al capitalismo y gestión democrática a escala nacional se afirma como la llave fundamental de comprensión de la realidad y de construcción de alternativas encaminadas a un etéreo “bien común” interclasista y populista.

Es esa oposición que está en el núcleo de su narrativa la que no terminamos de compartir en este escrito: el fundamento de la gobernanza neoliberal en Europa y en el mundo no está únicamente localizado en la Unión y en las instituciones internacionales. Eso es una visión estrecha y limitada. Una Unión Europea constitucionalmente neoliberal (por obra de los mismos tratados constitutivos) se ve complementada (y no limitada ni contestada) por la gestión política descentralizada, a nivel nacional o incluso regional y municipal, de la vida cotidiana de sus súbditos.

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Soberanía, democracia y socialismo

Autor: Hector Illueca Ballester, Manolo Monereo y Julio Anguita

Cuarto Poder

Desde que Bodino escribiera Los seis libros de la República en 1576, el concepto de soberanía ha recorrido un largo camino. En un principio se asociaba al Estado absolutista e implicaba la potestad de expedir y derogar leyes y obtener la obediencia de los súbditos sin necesidad de su consentimiento. Sin embargo, no será hasta bien entrado el siglo XVIII, tras un arduo conflicto social y político, que se reconozca al pueblo como verdadero titular de la soberanía y se afirme el papel de la ley como expresión de la voluntad popular. Había hecho su aparición Rousseau. Desde entonces, la idea de soberanía ha sido desarrollada y matizada por innumerables pensadores, generalmente en el sentido de establecer límites al poder del Estado e introducir garantías frente a la arbitrariedad. Pero conservando siempre aquella sustancia que había identificado Rousseau y que está en la base de la democracia: la capacidad de los pueblos de autogobernarse y decidir el modelo social, económico y político en el que desean vivir.

Pues bien, la Unión Europea es la negación de la soberanía y de la democracia. Lo hemos dicho en el pasado y no vamos a insistir mucho en ello. La Europa neoliberal ha exacerbado la competencia entre países, ha liquidado los derechos sociales y está corrompiendo los valores cívicos de las sociedades europeas. Aún más, el neoliberalismo ha dividido el continente europeo en un núcleo de países industrializados dirigido por Alemania y una periferia cada vez más dependiente desde el punto de vista económico. En el espacio europeo no hay lugar para las políticas redistributivas; aquí lo único que cabe es un neomercantilismo feroz e inmisericorde que, en el mejor de los casos, genera crecimiento empobreciendo a las mayorías sociales. Los ciudadanos europeos empiezan a entender el significado de la lex mercatoria que impera en Europa: voten lo que voten, siempre es lo mismo. Y si alguien osa desafiar la autoridad de Bruselas, los mercados le hacen entrar en razón desencadenando ataques especulativos hasta provocar un corralito bancario. Primero fue Grecia. Ahora, tal vez, Italia.

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¡Plan para la justicia de género ya!

Autor: Carmen Castro

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Diez años ya y el resultado más contrastado es el empobrecimiento de una gran parte de la población y el mayor músculo que ha agarrado el capitalismo con el nuevo (des)orden neoliberal impuesto.

Aún tenemos anotado, en la lista de tareas pendientes, gran parte del contenido del nuevo ideario, feminista y progresista, empezando por aquello de construir una economía que responda a las necesidades de las personas, dando sentido a la justicia redistributiva social, de género y ecológica. Por más que la lógica de la sostenibilidad de la vida se haya ido incorporando en algunos discursos sigue alejada del corazón de la agenda política, económica y energética. Las causas hay que buscarlas en el rearme capitalista y el embrutecimiento de la reacción patriarcal; debido a esta última también ha emergido con fuerza una versión vintage del imaginario simbólico de la naturalización de lo reproductivo como una responsabilidad femenina junto al mito de separación de las esferas de producción y reproducción.

Íbamos a cambiarlo todo, sin embargo, la beligerancia neoliberal ha encontrado vías de expansión los negocios transnacionales. De todos los que han proliferado, hay tres que considero especialmente preocupantes. En primer lugar, la arquitectura de la impunidad creada por la globalización financiera, y muy especialmente los servicios de arbitraje previstos en los tratados neoliberales de inversión (TTIP, TISA, CETA); en base a éstos, se han asegurado la prevalencia del interés oligopolista y corporativo capitalista sobre el interés general, público y común de sostenibilidad de la vida. En segundo lugar, la militarización creciente y el refuerzo de los mecanismos de represión de las libertades civiles, alentados en un contexto de geopolítica económica basada en la masculinidad hegemónica patriarcal. Y, en tercer lugar, la expansión de la mercantilización de capacidades, tiempos y recursos naturales. Con capacidades me refiero a la capacidad humana de producción (vía trabajo asalariado, atomizado y precarizado), reproducción (desde eufemismos como el alquiler de úteros y la donación de óvulos, a la compra de novias o esposas) y la de satisfacer los deseos de otras personas (con un amplio catálogo de casuísticas entre las que se incluyen el matrimonio infantil, la gestación subrogada y la prostitución). Esta tercera se vale de las contrageografías de la globalización, de las que habla Saskia Sassen, conformada por los mecanismos institucionales, flujos transfronterizos y mercados globales que se ponen a disposición para otra finalidad diferente a la que impulsó su creación; en este caso, para el gran negocio global de la mercantilización de personas. Sin ánimo de diferenciar ni entrar a debatir cuánto de dichos flujos provienen de las redes de trata o de tráfico, lo que me interesa es destacar, en primer término lo que constituye el objeto de mercadeo en sí mismo: la compra-venta de personas, de seres humanos, ya sea como un todo o al despiece. Algo huele a podrido en todo esto, por mucho que se pretenda esconder el hedor tras la falacia de la ‘libre elección’ y el refuerzo de la ideología individualista; probablemente sea uno de los mayores triunfos neoliberales, porque le va estupendamente al boyante desarrollo de la industria de explotación sexual y laboral. Se llama deshumanización, y es el proceso por el cual dejan de percibirnos como personas para percibirnos como cosas, mercancias, productos sustituibles o complementarios en el intercambio económico.

Todo lo anterior está ahí, conformando parte del nuevo esquema global que llega como un eco lejano a nuestra realidad cotidiana, afectada por la expropiación gradual del sistema de protección social y los derechos económicos.

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Por qué las necesidades materiales importan

Autor: Alberto Garzon Espinosa

Blog Economía para Pobres en Público.es

El crecimiento de la extrema derecha en toda Europa y la paradójica realidad de que las clases populares y las familias trabajadoras no son el sector mayoritario entre los votantes de las organizaciones de izquierdas nos empuja a la reflexión acerca de cómo deberíamos intervenir en la arena política y social. En este artículo desarrollo un argumento que justifica la atención específica a las demandas materiales de la población golpeada por la crisis, y tras examinar cómo en las últimas décadas las izquierdas españolas han tratado esta cuestión defiendo también la importancia de ir más allá de lo discursivo.

Necesidades humanas y cambio social

En los años cuarenta del siglo XX el psicólogo estadounidense Abraham Maslow presentó una teoría que describía las necesidades humanas de forma jerárquica. Como si habláramos de una pirámide, en la que se asciende desde lo elemental hasta lo más sofisticado, las necesidades que conformarían la base serían las fisiológicas (respirar, alimentar…), a las que siguen las necesidades de seguridad (física, de empleo, de salud…), las de afiliación (amistad, afecto…), las de reconocimiento (respeto, éxito…) y finalmente las de autorrealización (creatividad, espontaneidad…).

Basándose en dicha teoría, el sociólogo Ronald Inglehart desarrolló en los setenta una tesis con la que trataba de explicar el cambio social. Según Inglehart, cualquier sociedad busca saciar sus necesidades de supervivencia antes que otro tipo de necesidades, de tal manera que en su desarrollo primero predominan los valores materiales (fundamentalmente económicos) y después los post-materiales. Usando este marco, Inglehart predijo que debido al desarrollo del Estado Social, la paz y la política keynesiana de posguerra las generaciones nacidas tras la IIGM serían post-materialistas y, como resultado del cambio generacional, las sociedades en su conjunto tenderían hacia el predominio de valores post-materiales. Además, Inglehart también predijo que todo ello cambiaría la forma de participación política, facilitaría la constitución de nuevos partidos adaptados a esos valores y alteraría el voto de clase.

En el fondo, se trata de una tesis sobre el «aburguesamiento», o así lo vio Inglehart ya en los setenta cuando analizó el mayo francés de 1968. Desde mucho antes la sociología había evidenciado que el voto tenía un alto componente de clase, y que en consecuencia era esperable que la clase obrera votara a los partidos de izquierdas. Según Inglehart, el mayo del 68 modificó estas lealtades. En las elecciones subsiguientes a la revuelta francesa la clase media se había desplazado hacia los partidos de izquierdas mientras que la clase trabajadora lo había hecho hacia la derecha que representaba de Gaulle. ¿Por qué? Varios años antes un trabajo muy famoso del sociólogo Seymour M. Lipset había puesto de relieve que la clase trabajadora tenía valores más autoritarios que la llamada clase media, así que Inglehart entendió que la clase obrera, en la disyuntiva de elegir entre jóvenes estudiantes con extrañas demandas post-materiales y la política del orden del general francés… se quedó con este último. En cambio, los jóvenes de clase media, y los jóvenes en general, defendían ahora valores postmateriales (necesidades de pertenencia, estéticas e intelectuales) y se inclinaban hacia una izquierda que entendía esas demandas como parte del cambio social. En suma, el proceso de desclasamiento estaba ya en marcha.

En uno de sus últimos trabajos Inglehart recoge un gráfico en el que se puede observar cómo los partidos políticos de las sociedades occidentales han ido modificando sus prioridades políticas, medidas a partir de sus programas electorales. Hasta la década de los setenta las mayores preocupaciones de los partidos habían sido de carácter económico, es decir, materiales. Sin embargo, desde entonces y sobre todo a partir de los ochenta los partidos han dado mayor peso a las demandas no-económicas en sus ofertas políticas. Inglehart ve aquí una ratificación de su tesis, pues reflejaría que actualmente la mayoría de los partidos dan más importancia a los conflictos culturales (en los que incluye la inmigración, el terrorismo, el matrimonio homosexual, el aborto, las identidades de género, etc.) que a los económicos.

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Municipalismo para no exportar Extremadura

Autor: Angel Calle Collado

Saltamos Extremadura

Varios fantasmas recorren Extremadura: la emigración de las personas más jóvenes, la precariedad social, el deterioro ambiental, una creciente desigualdad interna y un aumento de la misma con respecto a regiones de nuestro entorno. Son todos viejos, pero no por más sabidos dan menos susto. Y tienen que ver principalmente con la exportación de Extremadura. Sí, sí, con una economía centrada en la exportación de la propia Extremadura. No de productos elaborados en ella sino de las mismas bases de producción y reproducción sociales: nuestros ecosistemas y los seres humanos que la habitamos. Es decir, perdemos fertilidad y degradamos bienes naturales por un lado; y por el otro lado, no cesa la amenaza constante de despoblamiento de zonas rurales y aumento de la emigración de nuestros jóvenes.

¿Soluciones? Complejas, de corto, medio y largo plazo. Pero sin duda la diversificación productiva, la inversión en sectores pujantes que tengan que ver con economías más sostenibles y la creación de mercados más locales y directos es parte del camino. Y para asfaltar, sembrar mejor dicho ante el previsible encarecimiento del petróleo en la próxima década, el municipalismo puede jugar un papel importante. Por municipalismo entiendo en este artículo el desarrollo de políticas de proximidad. Política realizada por ayuntamientos, por ciudadanía activa, por asociaciones locales y por cooperativas o por tejido empresarial que atiende a las necesidades locales y que cuida de su entorno.

Para hablar de ello en Extremadura estamos impulsando un Encuentro por un Municipalismo transformador. Será en Carcaboso, los días 5 y 6 de Octubre. Para compartir experiencias, miradas y tratar de impulsar agendas que vayan más allá de consideraciones ideológicas. Muchas de estas apuestas están ya en vigor, pero son desconocidas para la ciudadanía o para la clase política. En este artículo paso a desarrollar la crítica y las alternativas a dichos fantasmas, puntos que pueden servir de antesala a los debates y construcciones que por allí impulsaremos.

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Armas o puestos de trabajo. Un dilema inaceptable

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

“Producir y vender armas o más desempleo y menos ingresos en concepto de exportación”. Este es el dilema, en apariencia ineludible, al que nos enfrenta la dura y exigente realidad, a cuenta de los contratos de suministro de diferente material militar comprometidos por nuestro gobierno con el de Arabia Saudita.

Las grandes corporaciones y los lobbies empresariales que conforman la industria militar lo tienen claro (y no quieren ningún debate público al respecto): seguir, con la complicidad del poder político con el formidable negocio de la producción y venta de armamento. Para ello necesitan mercados, que estos grupos encuentran y alimentan en los numerosos conflictos militares, que sufren principalmente los países pobres, en los gobiernos represivos y en las redes que articulan el terrorismo internacional.

Es de sobra conocido, aunque no suficientemente denunciado, que estos mercados los sostienen -sin remilgos y sin escrúpulos– estos intereses; promoviendo y manteniendo guerras, comerciando con todas las partes en conflicto, suscribiendo contratos de aprovisionamiento con regímenes dictatoriales y eludiendo o ignorando todas las disposiciones internacionales.

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Más demanda para más crecimiento, ¿este es el camino?

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Desde la economía crítica a menudo se reivindican las políticas de demanda -expansivas- frente a las de oferta -contractivas-. Como si el núcleo del debate para dejar atrás la crisis estuviera situado alrededor del dilema expansión-contracción de la actividad económica. Con esta limitada perspectiva se postula otra combinación de políticas económicas donde tengan un mayor protagonismo las fiscales, basadas en el aumento del gasto público.

Es cierto que hay que superar las denominadas “políticas de oferta”, cuyo pilar es la represión salarial. No sólo porque tienen un efecto procíclico -agravan la recesión cuando se llevan a cabo en contextos de débil demanda e inversión-, siendo un factor de contracción de la demanda agregada. También, y muy especialmente, porque erosiona la capacidad de negociación de los trabajadores y promueve una cultura empresarial conservadora y socialmente depredadora, además de ser la piedra angular de una formidable concentración de la renta y la riqueza en muy pocas manos.

Resulta evidente, asimismo, que hay que activar la demanda, dados los todavía elevados niveles de desempleo, los efectos deflacionistas de las medidas de contención salarial y la necesidad de reforzar la inversión pública y privada.

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Avanzar con decisión

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Las políticas de austeridad fiscal del Partido Popular nos han dejado un maltrecho Estado de bienestar. Sin embargo, la moción de censura ha creado una oportunidad para recuperar el terreno perdido, y el acuerdo alcanzado entre Sánchez e Iglesias empieza a materializar dicha posibilidad.

Todo proceso de reconstrucción lleva su tiempo, por eso, el camino debe iniciarse con decisión. La restauración de los servicios públicos, la restitución de los derechos perdidos —y también su extensión— deben ser auténticas, no pueden quedarse en meros giros discursivos. Por eso, Podemos exigió en julio una verdadera negociación sobre las políticas económicas y presupuestarias, antes de discutir y aprobar el techo de gasto.

Ahora esa negociación empieza a dar sus frutos. Hemos acordado ya una hoja de ruta para derogar los reales decretos con los que Rajoy asestó en 2012 duros recortes a la sanidad, la educación o la dependencia. Igualmente, nuestra agenda común contempla volver a indexar el crecimiento de las pensiones con la inflación y eliminar el copago farmacéutico. También avanzar en derechos de nueva creación, como la educación de cero a tres años, o la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.

Pero para que esto se haga efectivo España debe dejar de ser “el país del 38%”. Dicha cifra representa nuestra ratio de ingresos públicos respecto al PIB: ocho puntos por debajo de la eurozona. Si España recaudase con la eficiencia media con la que recaudan los países de nuestro entorno, las arcas públicas dispondrían anualmente de 80.000 millones de euros adicionales. Recaudar, sin embargo, como recaudan los países bálticos o los balcánicos conlleva que la reducción del déficit público se fíe sistemáticamente a la contención de un gasto que ya se sitúa seis puntos del PIB por debajo de la media de la eurozona.

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Curso: La autogestión: una alternativa para otra sociedad

Autor: Consejo de Redacción

ClassOnLive

La autogestión, es decir, la democracia económica, consiste en la colectivización de las unidades productivas y de consumo y distribución para que sean gestionadas directamente por los trabajadores. Se trata de una alternativa de conjunto a un sistema capitalista cada vez más caótico y generador de miseria y sufrimiento para las mayorías sociales. En este curso vamos a aproximarnos a esta alternativa, que conforma la base de la propuesta económica y social del movimiento sindical libertario.

Imagen del curso

Sobre este curso

La autogestión, es decir, la democracia económica, consiste en la colectivización de las unidades productivas y de consumo y distribución para que sean gestionadas directamente por los trabajadores. Se trata de una alternativa de conjunto a un sistema capitalista cada vez más caótico y generador de miseria y sufrimiento para las mayorías sociales. En este curso vamos a aproximarnos a esta alternativa, que conforma la base de la propuesta económica y social del movimiento sindical libertario.

Qué aprenderás

-Difundir y divulgar la alternativa autogestionaria.

-Formar a los trabajadores para que sean capaces de tomar directamente la gestión de todos los aspectos de sus vidas.

Dirigido a

-Afiliados a Solidaridad Obrera.

-Trabajadores y trabajadoras en general.

-Estudiantes, parados, jubilados.

-Cualquier persona interesada en la construcción de alternativas democráticas a la economía capitalista

Qué necesitarás

No son necesarios conocimientos previos.

Pedro Sánchez y el trilema de la voluntad política

Autor: Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es

En la década de 1960, los economistas Robert Mundell y Marcus Fleming desarrollaron una hipótesis que rápidamente se convertiría en piedra angular de la macroeconomía abierta: una economía no puede mantener simultáneamente tipos de cambio fijos, libre movilidad de capitales y una política monetaria autónoma. Esta “trinidad imposible” señalaba que era inviable alcanzar al mismo tiempo los tres objetivos, y uno debía descartarse.

Años después, Dani Rodrik, el conocido economista de Harvard, volvía a utilizar esta metáfora para referirse al “trilema de la globalización”. No se puede optar al mismo tiempo por la globalización económica, la soberanía nacional y la democracia política, de forma que la búsqueda simultánea de las tres alternativas conlleva necesariamente el debilitamiento de alguna de ellas.

Según Rodrik, conservar niveles elevados de soberanía nacional y democracia interna exige una integración selectiva y parcial en la globalización. A la inversa, un país plenamente integrado en la globalización económica tendrá que sacrificar elementos cruciales de su soberanía o, peor aún, de su democracia.

Algunos autores han querido entender a partir de este trilema la crisis que atraviesa la socialdemocracia desde hace varias décadas. Parte de razón no les falta: las fuerzas desatadas por la mundialización del capital y la libre movilidad financiera han dificultado el avance, e incluso la continuidad, de políticas de corte socialdemócrata.

Sin embargo, comprender la crisis que atraviesa hoy la socialdemocracia exige pensar, al menos, en otro trilema adicional: el trilema de la voluntad política. Este trilema quizá podría formularse –en términos de Economía Política Internacional– del siguiente modo: en los países periféricos de la zona euro no parece viable satisfacer al mismo tiempo las exigencias de la ciudadanía, las exigencias de las élites nacionales y las exigencias financieras internacionales (cristalizadas en las normas de Bruselas). Hay que elegir y descartar, al menos, uno de estos tres vértices (o, en este trilema, incluso dos).

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Elevar el IRPF: más justicia fiscal y mayor reparto del trabajo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Una de las medidas que está negociando actualmente el Gobierno con el grupo confederal de Unidos Podemos para incorporar en los presupuestos generales del Estado de 2019 consiste en incrementar el IRPF a los contribuyentes más acaudalados. Por un lado, se está estudiando incrementar el tipo impositivo del tramo estatal (probablemente desde el 22,5% hasta el 26,5%, lo que implicaría volver a lo que teníamos en el año 2012) a aquellos contribuyentes que ganen por rentas del trabajo más de 150.000 euros anuales (120.000 en su versión más ambiciosa). Por otro lado, encima de la mesa se encuentra la posibilidad de incrementar el tipo impositivo de las rentas del ahorro para avanzar en la equiparación con los tipos de las rentas del trabajo.

En realidad no es necesario recurrir a medidas fiscales para atender desde el Estado más necesidades económicas y sociales, ya que bastaría con permitir un alza del déficit público, pero estas negociaciones se enmarcan en un contexto en el que el Gobierno ya ha pactado con la Comisión Europea los objetivos de déficit público a cumplir en los próximos años, de forma que la única vía para aumentar el gasto y la inversión pública para mejorar el bienestar de la mayoría social al mismo tiempo que se aceptan esos compromisos con Bruselas pasa necesariamente por un incremento de impuestos. Y desde un punto de vista de izquierdas y de justicia económica, ese incremento ha de recaer sobre las personas más acaudaladas, de ahí que –entre otras medidas fiscales- se estén proponiendo tales reformas en el IRPF.

Ni la cantidad de personas que se verían afectadas es importante ni los tipos máximos en el IRPF que se están barajando son descabellados. Solamente el 0,46%, 90.788 personas, de todos los declarantes verían aumentar su factura en un promedio de 4.400 euros al año. Es decir, que los más acaudalados en la lista del IRPF tendrían que aportar un 3% más de las abultadas cantidades que ganan al año. No parece que a nadie se le vayan a caer los anillos. El tipo máximo se situaría, de media, en el 50,5%, y solamente en aquellas pocas comunidades autónomas que decidieran elevarlo todo lo posible, en el 52%, muy lejos de las cotas que tuvimos en nuestro país durante años anteriores (llegamos a tener uno del 65%) y también por debajo de los niveles que hoy día se aplican en países tan avanzados e igualitarios como Suecia (57,1%), Dinamarca (55,8%), Japón (55,5%), Bélgica (53,7%), Canadá (53,5%) o Finlandia (52,6%). Y es que en la actualidad nuestro país tiene, tras la última reforma impositiva aplicada por el PP y apoyada por Ciudadanos, un tipo máximo en el IRPF (45%) que se sitúa en la parte baja del ranking por países tanto de la OCDE como de la Unión Europea, a pesar de situarse en la parte alta en términos de renta. Elevar el tipo máximo del IRPF es un imperativo para lograr mayor justicia fiscal.

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Los ultrarricos y la justicia fiscal

Autor: Carlos Sanchez Mato

El País

Después de 10 años de crisis, ya tenemos ganadores. Acabamos de conocer que el número de ultrarricos en España que declaran patrimonios superiores a los 30 millones de euros casi se triplicó entre 2006 y 2016. Y, en paralelo, nos satisface escuchar al nuevo Gobierno del PSOE afirmar que los recortes en gasto e inversión pública han terminado. Lástima que, al mismo tiempo, se haya comprometido con la Comisión Europea a seguir manteniendo una senda de reducción del déficit incompatible con las necesidades sociales. Algo no cuadra.

El Gobierno está presumiendo de aumentar el techo de gasto 5.230 millones respecto a 2018, pero oculta que son 4.000 menos que los que el PP fijó en 2015. Entonces, tanto Izquierda Unida como el propio PSOE se opusieron. Y, analizando las partidas por separado, la propuesta del Gobierno resulta inaceptable: el presupuesto de 2018 en Educación es un 21% inferior al de 2010; el de Sanidad, un 31% inferior; el de Fomento cae un 54%… Desde Izquierda Unida y nuestros socios parlamentarios en Unidos Podemos y las confluencias, creemos que no hay excusa para no incrementar y desarrollar nuestro exiguo Estado social.

Si se quiere dar la vuelta a las políticas austericidas y eso es lo que dice buscar el nuevo Gobierno del PSOE, entonces el techo de gasto del año próximo debe elevarse sustancialmente. Sólo así podrían incluirse en los presupuestos del Estado los recursos necesarios para recuperar todo lo que nos ha sido arrebatado en los últimos años.

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Decreto dignidad: ¿Fascismo en Italia? Una respuesta

Autor: Miguel Urban y Brais Fernandez

Cuarto Poder

Hace un par de días, leíamos en este medio un artículo titulado “¿Fascismo en Italia? Decreto dignidad”. El artículo estaba firmado por tres pesos pesados de la izquierda española: Manuel Monereo, Héctor Illueca y Julio Anguita. El texto hacía una valoración positiva del “decreto dignidad” aprobado por el Gobierno italiano y lo pone como ejemplo de una posible política antineoliberal, descartando que haya fascismo en Italia justamente por la aprobación de este decreto.

Lo primero que sorprende del artículo es que se mueve en unos niveles de concreción y abstracción que no se relacionan entre sí. El texto analiza el “decreto dignidad” como una medida concreta, separada de la política general del Gobierno italiano. Es un método analítico que no compartimos: de lo que se trata es de ser capaz de armar un análisis que relacione y explique una medida concreta dentro del marco general, esto es, dentro del proyecto político y de clase del actual gobierno italiano. Leyendo el artículo es imposible saber quién gobierna en Italia y en qué dirección: da la impresión de que es posible analizar una medida concreta al margen del proyecto de conjunto de la Liga y del M5S. Y, de repente, tras ese análisis del “decreto dignidad” sin relacionarlo con el proyecto del actual Gobierno italiano, aparece de forma brusca la conclusión final: el Gobierno italiano no es un gobierno fascista.

Esa conclusión, así dicha, puede ser correcta. El Gobierno italiano no es todavía (1) un gobierno fascista. Todavía no ha prohibido y ni aniquilado las organizaciones civiles, aunque sostiene una política fuertemente anti-sindical y contra otro tipo de estructuras que mantienen espacios autónomos en la sociedad civil, como los centros sociales o las asociaciones en apoyo a las personas migrantes. Todavía no ha abolido las libertades formales ni reconstruido un nuevo tipo de Estado en el que encuadre al conjunto de la sociedad. Es, por caracterizarlo con precisión, un Gobierno populista autoritario, con una impronta fuerte de la extrema derecha, una base social compuesta en su mayoría por las clases medias depauperadas y, al contrario de lo que propone el artículo, profundamente neoliberal.

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¿Fascismo en italia? Decreto dignidad

Autor: Hector Illueca Ballester, Julio Anguita y Manolo Monereo

Cuarto Poder

La aprobación del llamado “Decreto Dignidad” por parte del gobierno italiano ha provocado furibundas reacciones en diversos círculos políticos y empresariales. La multinacional alemana Foodora abandona Italia. Lejos de toda prudencia, las principales organizaciones patronales amenazan con despidos masivos. El día de su aprobación en el Senado, los representantes del Partido Demócrata exhibieron carteles en los que podía leerse #ByeBye lavoro (“Adiós trabajo”), lo que motivó que la presidenta de la cámara los llamara al orden. Periodistas a sueldo de las finanzas han emprendido una campaña sin precedentes contra el artífice de la norma, Luigi di Maio, el joven ministro de Trabajo y vicepresidente del país transalpino. Hasta los sindicatos han manifestado su oposición al Decreto, aunque en este caso por motivos muy distintos a los anteriores. Lo cierto es que el Decreto Dignidad ha abierto un intenso debate en la sociedad italiana sobre los parámetros que rigen las relaciones laborales y, más allá, sobre las políticas sociales y económicas aplicadas en Europa desde la aprobación del Tratado de Maastricht.

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