Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Deslizándose sobre hielo fino. Los límites del gobierno de coalición y el proyecto de transformación pendiente

Autor: Daniel Albarracin

Viento Sur

1. Coalición de gobierno y metamorfosis del tablero político.

La inestabilidad política del sistema de partidos europeo sigue su curso y tiene un nuevo episodio singular en el Estado español. Tras varias elecciones y sucesivos intentos fallidos finalmente se formó un gobierno de coalición entre PSOE y Unidos Podemos. La sucesión de elecciones ha aminorado el apoyo a ambas formaciones que, aún con todo, han sumado, exiguamente, números para poder formar gobierno con el apoyo o admisión de fuerzas nacionalistas y otras formaciones pequeñas cuyos votos han sido necesarios.

El inédito gobierno de coalición se forma desde el inicio acosado por un bloque conservador que fortalece su flanco extremista y antidemocrático, que opta por utilizar su implantación en el sistema judicial para condicionar el desarrollo político del país. Una oposición que incluso amenaza con el no reconocimiento del gobierno, caracterizándolo incluso de ilegítimo y vendepatrias, abriendo un chantaje soterrado de carácter pre-golpista. Con esta declaración de intenciones resulta hasta cierto punto humanamente comprensible que la sociedad española se haya sentido aliviada. Sin embargo, no podemos abandonarnos a las emociones ni a una perspectiva parcial, y conviene abordar el análisis de la metamorfosis que ha sufrido el tablero político en su conjunto, y que es el responsable de la configuración de un tipo de hegemonía política u otro.

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Derogar la reforma: sobre la política laboral del nuevo gobierno

Autor: Daniel Herrero

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

La salida a la luz del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos generó un importante revuelo mediático. Uno de los puntos más polémicos del documento ha sido el dedicado al mercado de trabajo, por el compromiso adquirido por ambos partidos de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores y derogar algunos aspectos importantes de la Reforma Laboral.

Desde el ámbito académico y de la evaluación de políticas públicas, las discrepancias con el documento han surgido por considerar las medidas anunciadas como excesivamente políticas y totalmente al margen de la evidencia científica. La razón es que, según estas voces, la reforma de 2012 se ha mostrado efectiva a la hora de acabar con las debilidades estructurales del mercado laboral español, tales como el alto desempleo, la rigidez salarial o el alto nivel de empleo atípico. Sin embargo, hay evidencia disponible que apunta en un sentido contrario: la reforma no solo no acabó con estos problemas, sino que minó la capacidad negociadora de los trabajadores y sus condiciones laborales. Por tanto, y a falta de que se concrete cuáles serán exactamente las líneas de intervención, la política laboral del nuevo Gobierno parece una buena noticia.

La intención declarada de la reforma del 2012 era la de revertir las rigideces del mercado laboral español, que impedían a los agentes económicos ajustar sus comportamientos a la coyuntura económica, generando un elevado desempleo y un mercado de trabajo dual. A grandes rasgos, el fundamento teórico que había tras ella era que (1) la negociación colectiva estaba excesivamente centralizada y no se adaptaba a las necesidades individuales de las empresas, y (2) que la regulación del mercado de trabajo era inadecuada por ser demasiado protectora con los trabajadores indefinidos y a tiempo completo, aumentando el salario de equilibrio (el que equilibra oferta y demanda) y obligando a los empleadores a recurrir a formas de empleo atípicas.

El razonamiento de la reforma era que la estructura de la negociación colectiva española impedía la internalización de los problemas que generaban las demandas sindicales y de la patronal, en la que priman los intereses de las grandes empresas. En un contexto en el que la tasa de afiliación sindical es muy baja y la cobertura de los convenios colectivos muy elevada, los sindicatos tendrían mucho poder para que sus demandas se extiendan al conjunto de la economía y sus afiliados rara vez se verían afectados por los efectos negativos de esas exigencias (un previsible aumento del desempleo), ya que normalmente se trata de empleados con contratos laborales protegidos, y, por tanto, no tendrían incentivos para flexibilizarlas. Este sistema rígido sería particularmente nocivo ante shocks económicos, porque impedía los ajustes salariales en el corto plazo o la reorganización de los recursos internos de las empresas, obligándolas a despedir trabajadores.

Así, la reforma del 2012 introdujo importantes medidas que profundizaron en las implementados por la de 2010, que facilitaban la actuación discrecional de la empresa al margen de los convenios y deterioraban la capacidad negociadora de los trabajadores. Algunos de estos cambios fueron las facilidades para la inaplicación temporal de los convenios colectivos, la prioridad aplicativa del convenio de empresa, la posibilidad de renegociar el convenio antes del final de su vigencia o la eliminación del principio de ultraactividad (extensión automática del convenio preexistente en caso de que los agentes sociales no llegasen a un nuevo acuerdo).

Sin embargo, su eficacia es cuestionable. Como muestra el gráfico 1, la relación entre el incremento salarial pactado en los convenios colectivos y la tasa de desempleo antes y después de la reforma sufre un importante cambio. Antes de la reforma ya se estaban dando signos de moderación salarial, mostrando que la negociación colectiva sí era sensible al incremento del desempleo. Además, la moderación del salario nominal siempre estuvo presente en la concertación social, tal y como muestran los sucesivos Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC I, II y III), en donde se pactan incrementos máximos de entre el 0,5% y el 1,5%. No obstante, a partir de 2013 se observa cierta desconexión entre ambas variables, indicando que la recuperación económica a partir de 2014 ha repercutido muy débilmente en lo negociado en los convenios. Dicho de otro modo, más que avanzar hacia una negociación colectiva flexible, la reforma ha debilitado la capacidad de los trabajadores de negociar por sus salarios, haciéndolos rígidos al alza e impidiendo su recuperación en momentos de coyuntura económica favorable.

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Gastar más para ingresar más: la salvaguarda del Estado del Bienestar en el pacto de Gobierno

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

En los últimos días se han escuchado algunas voces alertando de que el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluye muchas medidas políticas que aumentan el gasto y muy pocas que aumentan los ingresos, de forma que su materialización empeoraría las cuentas públicas. Un corolario que se deriva de la anterior reflexión (y repetida incluso por personas de izquierdas) es que el Estado debería aumentar sus ingresos públicos para poder cuadrar sus cuentas y permitirse mayores niveles de gasto público, al igual que ocurriría en otros países vecinos donde el Estado del Bienestar es muy superior porque -en teoría- ingresarían más. Pues bien, aunque estos razonamientos puedan parecer intuitivos, en realidad son contrarios a la evidencia empírica y carecen de solidez científica.

Desgraciadamente en el imaginario colectivo sigue imperando la –absolutamente–falsa idea de que las cuentas del Estado funcionan como las de una familia o empresa, (y esto a pesar de que hace ya casi un siglo muchos economistas como Kalecki y Keynes refutaron dicha creencia con contundente solvencia). Existen dos factores fundamentales que explican que las cuentas públicas tengan una naturaleza radicalmente diferente a las privadas. El primero es que las decisiones de una empresa o familia no afectan significativamente al resto de la economía, mientras que las de un Estado sí lo hacen. Cuando una unidad familiar deja de gastar, logrará mejorar su situación financiera y todo ello sin perjudicar a la economía. En cambio, cuando un Estado deja de gastar, las familias y empresas que eran beneficiarias de dicho gasto verán sus ingresos disminuir. El segundo factor tiene que ver con que el dinero que se utiliza en nuestras economías avanzadas está expresado en una unidad de cuenta creada por el propio Estado. Esto hace que el dinero sea un monopolio del sector público: todo el dinero que tienen las familias y las empresas ha sido creado y regulado por las autoridades públicas. Si estas no crean dinero, el sector privado no puede tenerlo en sus bolsillos. Es así de sencillo y de irrefutable aunque a muchos les chirríe dicha apreciación.

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Posible agenda política para una digitalización progresista

Autor: Segundo Gonzalez

La Paradoja de Kaldor

La recuperación económica de los últimos años no ha servido para alcanzar los niveles de empleo previos a la crisis y el empleo creado es intensivo en sectores de bajo valor añadido. Estos empleos se caracterizan por bajos salarios, alta temporalidad y baja productividad, siendo muy sensibles al ciclo económico y pudiendo desaparecer con una mayor velocidad con la que se crearon si la actual desaceleración económica derivase en recesión. Por este motivo, en paralelo al impulso de la estabilidad laboral, uno de los principales retos que tiene por delante el nuevo Gobierno fruto del pacto entre el PSOE y Unidas Podemos es la modernización del tejido productivo para reorientar la actividad económica hacia sectores de mayor valor añadido.

Existe bastante consenso en que los sectores sobre los que debería pivotar esta modernización productiva de España son la transición ecológica y la digitalización, sectores cuyo desarrollo puede tener gran impacto para relanzar la economía desde una base más sólida. Así mismo, existe una visión bastante compartida en el ámbito progresista de que su impulso en nuestro país tiene que pasar necesariamente por un mayor protagonismo público bajo la lógica del Estado emprendedor.

Este planteamiento consiste en impulsar el papel del sector público como actor industrial capaz de realizar inversiones y tomar medidas proactivas para dinamizar sectores emergentes, orientando la actividad y la inversión privada hacia ellos. Esto supone un giro importante en una política industrial que lleva desde los años 80 anclada en una pasividad catastrófica y requerirá, con seguridad, de un aumento de la inversión pública en el marco de una política fiscal expansiva. Algo que por otra parte es imprescindible para frenar la desaceleración económica en un contexto de agotamiento de la política monetaria.

Las fuerzas políticas de izquierda han desgranado al detalle sus propuestas sobre cómo abordar la transición ecológica a través de propuestas programáticas, proposiciones de Ley o el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima presentado por el Gobierno a principio de año.  Sin embargo, apenas se ha esbozado cómo se debería poner en marcha una agenda de digitalización ambiciosa desde una perspectiva progresista.

El reto a nivel europeo es enorme. Siete de las diez principales empresas del mundo por capitalización son tecnológicas y ninguna de las diez principales compañías tecnológicas a nivel global es europea. Los datos son la materia prima de la economía digital, y actualmente el 90% de los que se generan en los países occidentales está en manos de empresas estadounidenses. Una estrategia digital ambiciosa planteada desde una óptica progresista tiene que tener como objetivo correr para no perder este tren, pero partiendo de un diagnóstico realista sobre en un sector económico tendiente a la concentración que privilegia enormemente a los primeros en llegar y teniendo en cuenta que las tecnologías sobre las que se asienta la economía digital, incluyendo el propio Internet, se desarrollaron en Estados Unidos con inversión y apoyo público. Esta visión contrasta con un ingenuidad del planteamiento neoliberal, que confía el futuro a que los unicornios -startups valoradas en más de 1.000 millones de dólares- salgan cualquier día de un garaje y en la competencia fiscal para atraer las migas que dejan en Europa los gigantes digitales. Este planteamiento, hasta ahora ha servido fundamentalmente para generar agujeros tributarios en la fiscalidad europea, pero ha fracasado a la hora de consolidar un ecosistema digital competitivo. Partiendo de este diagnóstico, el enfoque de la digitalización progresista debería poder conseguir los beneficios de la digitalización reviertan en el conjunto de la sociedad, limitando para ello el poder de los monopolios, garantizando los derechos de los ciudadanía en el mundo digital y evitando que nadie se quede atrás en el proceso.

En España partimos de una posición relativa respecto a los países europeos que no es del todo negativa, pero que tiene mucho margen de mejora. España ocupa el puesto número 11 de 28 en el Digital Economy and Society Index (DESI) elaborado por la Comisión Europea, 4 puntos por encima de la media europea. Sin embargo, los resultados son desiguales según el área del que se trate. Destacamos en servicios públicos digitales y conectividad, pero estamos por debajo de la media en capital humano y en uso de servicios de internet, con un éxito desigual en la integración de la tecnología digital en el tejido económico.

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Fuente: Comisión Europea (2019): Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)

La secretaría de Estado para el Avance Digital constituida en mayo de este año dentro del Ministerio de Economía tiene pendiente presentar su estrategia “España, Nación Emprendedora”, pero ya ha anticipado algunas líneas de trabajo que, aunque interesantes, necesitan ser desarrollados de forma ambiciosa para que tengan el alcance necesario. España puede ser pionera en el nuevo enfoque de la digitalización. Para ello debería plantear medidas audaces en al menos tres ámbitos clave: La digitalización de la economía, la gobernanza de la digitalización y la administración digital.

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¿Hacia un nuevo Estado del bienestar dinamizador e inversor?: el nuevo riesgo social del cambio climático

Autor: Carlos Ochando

La Paradoja de Kaldor

Las propuestas de reforma del Estado del bienestar son casi tan antiguas como la existencia del propio Estado del bienestar. Casi desde su nacimiento, se viene hablando de la necesidad de aplicar reformas. Los argumentos son muy variados: la necesidad de sostenibilidad, la justicia y la equidad, el daño al crecimiento económico y la eficiencia, la adaptación a las nuevas necesidades y riesgos sociales, la falta de legitimidad y un largo etcétera que han servido para que el Estado del bienestar estuviera en el punto de mira de sus críticos. Este argumentario crítico ha alimentado reformas -más o menos profundas- del Estado del bienestar tal y como se empezó a construir después de la II Guerra Mundial.

Ahora bien, si bien el Estado del bienestar no se ha desmantelado -como proponía, desde finales de los años setenta, el pensamiento neoliberal y la Economía de la Oferta-, ni ha llegado a una crisis fiscal irresoluble como vaticinaban los autores marxistas, sí que, en los últimos años, está sufriendo una permanente reestructuración.

A las tradicionales argumentaciones teóricas, se suman los efectos de una larga crisis económica que comenzó en 2007-2008 y cuyas secuelas alcanzan hasta la actualidad. Este fenómeno no es novedoso. El debate sobre la necesidad de reformar el Estado del bienestar se acentúa en los periodos de crisis económica. Muchos analistas y expertos (tanto del mundo académico, político y mediático), cuando se produce una merma considerable de los recursos públicos disponibles -resultado de la propia crisis económica- cuestionan la viabilidad financiera, económica y política de los regímenes de protección social. Lo suelen hacer a partir de proyecciones demográficas y económicas con una alta probabilidad de error, ya que las variables utilizadas, sobre todo económicas, son altamente impredecibles y sujetas a una elevada incertidumbre.  La argumentación más extendida es que la crisis económica y la pirámide demográfica someten a cualquier Estado del bienestar a una presión financiera en forma de “tijera” (los ingresos públicos disminuyen mientras que los gastos públicos crecen). El resultado, desde esta perspectiva meramente contable, es la inviabilidad económica futura de los sistemas públicos sanitarios y de pensiones, pilares centrales del Estado del bienestar. Y es cierto que una crisis económica duradera y persistente, sí que puede reducir los recursos fiscales y sí que puede mermar a medio y largo plazo las bases de financiación de los gastos públicos sociales (al margen del cambio de las prioridades y preferencias políticas que puede ocasionar), pero este argumento nos parece extremadamente simple.

¿La supervivencia en el tiempo del Estado del bienestar significa que no son necesarias reformas? Evidentemente, la respuesta debería ser negativa. Como realidad institucional que es, requiere de cambios y reformas que lo adapten a las nuevas realidades sociales. Hacen falta reformas, pero no las que se han llevado a cabo que, únicamente, persiguen la moderación o reducción del gasto público social. La última crisis económica ha alimentado unas propuestas de reforma del Estado del bienestar cuyos objetivos finales han sido la reducción del gasto público, la deslegitimación de las políticas redistributivas, el recorte de los derechos sociales de ciudadanía, la reducción de la intensidad protectora y la disminución de la cobertura de las prestaciones sociales.

¿Y por qué creemos que hacen falta reformas? Primero porque el Estado del bienestar siempre ha sido una realidad institucional dinámica y cambiante. Y segundo, porque, en el momento actual, las transformaciones económicas y sociales se desarrollan a una velocidad de vértigo. En ese sentido, creemos que hay que adoptar reformas institucionales creativas e innovadoras que afronten los nuevos retos y desafíos de las nuevas realidades sociales y económicas. Estas recetas no pueden ser las que sirvieron en el pasado porque la realidad económica, política y social ha cambiado. Creemos que hay que hacer un esfuerzo de innovación social creativa que nos permita adaptar institucionalmente el Estado del bienestar a esta nueva realidad del siglo XXI. Pero esa revisión no debe pasar por su disminución, sino por todo lo contrario: por su universalización y profundización con fórmulas innovadoras, creativas y eficientes.

¿En qué puede estar basada esta nueva arquitectura del Estado del bienestar en el siglo XXI? Las nuevas acciones estratégicas del Estado del bienestar están justificadas por la aparición de los llamados “nuevos riesgos” y por una cierta incapacidad de la vieja arquitectura del Estado del bienestar tradicional en dar una respuesta eficaz e innovadora a los mismos. En este contexto de permanente reconfiguración del Estado del bienestar, algunos autores y analistas han repensado las líneas estratégicas de este “nuevo Estado del bienestar”. Su estructura institucional ha recibido diferentes denominaciones: “Estado de inversión social”, “Estado social activo”, “Estado social inversor”, “Tercera Vía” o, a veces y de manera simplificada, “Sociedad del bienestar”. Otros autores hablan de “Estado Dinamizador” con un nuevo “pilar de emancipación” (Mulas-Granados, C., 2010 : 60). En él se incluirían las respuestas a estas nuevas situaciones de vulnerabilidad y riesgos que el nuevo Estado del bienestar debería atender: familias monoparentales, la emancipación de los jóvenes, los problemas de integración laboral en la madurez (55 a 64 años), los parados de larga duración y en riesgo de exclusión, etc. En esta misma línea Aigenger y Leoni (2010 : 82) señalan tres piedras angulares de una estrategia de éxito: 1) flexibilidad gestionada y equilibrada; 2) prudencia fiscal más calidad del presupuesto y 3) inversión a futuro (investigación, educación, formación continua, tecnologías en TIC, biotecnología, etc.).

Este enfoque teórico conecta con la literatura económica y sociológica sobre la “pre-distribución” y de “la inversión social”.  Desde este marco teórico se defiende la necesidad de repensar la función social del Estado, rediseñándolo hacia un Estado del bienestar “preventivo”, “proactivo” que enfatice en la inversión en el capital humano y que haga frente a los “nuevos riesgos sociales” por medio de una mayor inversión social  (Zalakain y Barragué, 2017).

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Entrevista a Carlos Sánchez Mato y Eduardo Garzón: “El Gobierno de Ahora Madrid sirvió para enfrentar el mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía”

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

El 13 de junio de 2015, la candidatura popular pilotada por Manuela Carmena llegaba al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y acababa con 24 años de gobiernos del Partido Popular. Junto a Carmena, aterrizaban en la institución otros 19 concejales que provenían de diversos espacios profesionales, sociales y políticos. Esta mezcla personal e ideológica que representó Ahora Madrid fue recibida con hostilidad por la gran mayoría de los medios y por toda la derecha, al igual que ha ocurrido ahora con el pacto de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Uno de esos concejales (y también uno de los más polémicos) fue Carlos Sánchez Mato. Dirigente estatal de Izquierda Unida y economista, a Sánchez Mato le tocó estar al frente de una de las áreas más complicadas y que más recelo generó, la Concejalía de Economía y Hacienda, desde donde se enfrentó al ministro Cristóbal Montoro que ejerció oposición a toda su gestión. En esa andadura que terminó el 18 de diciembre de 2017, cuando Carmena lo cesó de ese cargo, estuvo también Eduardo Garzón, uno de sus asesores.

Ambos acaban de publicar su libro ’919 días, ¡sí se podía! Cómo el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de la gente’, un relato en el que Sánchez Mato y Garzón recorren su más de año y medio al frente del área económica de la ciudad que más presupuesto gestiona, desde la que sanearon unas cuentas arruinadas mientras aumentaban la inversión social. Desde la rebaja del IBI a las clases más desfavorecidas mientras tomaban atajos legales para subir este impuesto a las grandes superficies, hasta el enfrentamiento con Montoro y las presiones internas que terminaron con su salida, este libro es un relato de las dificultades pero también de los logros que ahora ambos autores quieren que sirvan de ejemplo para el primer ejecutivo estatal de coalición de la historia de la democracia.

En el libro hablan de las dificultades que se encontró el Gobierno de Ahora Madrid, tanto por el trato mediático que recibió como por el empleado por el Gobierno de Mariano Rajoy a cuenta de la regla de gasto. Este martes, PSOE y Unidas Podemos firmaron un pacto al que ahora se podrán sumar a otros partidos. ¿Creen que lo tendrán también difícil?

Carlos Sánchez Mato: Creo que se repiten cosas que tanto Eduardo como yo vivimos en nuestras propias carnes. En 2015, después del acceso al Gobierno de Ahora Madrid, prácticamente lo que se anunció fue el apocalipsis: nada iba a funcionar en la ciudad, la ciudad no iba a ser susceptible de ser mirada con interés por la inversión internacional, íbamos a arruinar las cuentas… Todas esas cosas fueron objeto de editoriales en los medios más importantes de este país. Y en el libro demostramos que no solamente era posible actuar de otra manera, sino que los resultados de nuestras políticas económicas son exitosos. Desgraciadamente, lo que no hubo posteriormente a la realización de nuestro programa de gobierno en materia económica fue desmentidos por parte de quienes habían anunciado la hecatombe.

Eduardo Garzón: De hecho es uno de los motivos por los que escribimos el libro: dar a conocer una experiencia que ha estado sometida a una presión bestial por parte de los medios económicos y los poderes fácticos más importantes, con la idea de aprender de los errores, de las limitaciones que uno tiene. Nosotros lo aclarábamos en la introducción, que la idea es que esto pueda servir para un momento en el que se vuelvan a presentar situaciones parecidas. Que un gobierno progresista con ganas de cambiar la sociedad llegue al gobierno y ser conocedores de las limitaciones que hay.

En función de ese aprendizaje, ¿qué consejos dan al nuevo gobierno de coalición?

CSM: Lo dijo Pablo Iglesias y lo confirmaba Alberto Garzón después: hay que combinar una forma muy concreta de actuación del Partido Socialista con nuestra audacia en el sentido más literal del término. No podemos conformarnos en el gobierno con la situación de extrema precariedad, de enorme desigualdad, de injusticia fiscal que existe en nuestro país. Lo sencillo sería simplemente aceptar el statu quo y no intentar buscar formas de ir más allá. Humildemente, nosotros demostramos en Madrid que mover esos márgenes requiere de un esfuerzo enorme, titánico, y que incluso puede salir mal.

¿Les aconsejan aguantar las presiones, por ejemplo?

CSM: Cuando hablamos de audacia, hablamos en este caso de la capacidad de vencer esas presiones. No hablamos de cruzar la calle con el semáforo rojo, hablamos de no dejarnos influir por las presiones absolutamente desmedidas que se producen. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses creados. Hay demasiada gente pensando y creyendo que el gobierno, también el de la nación, tiene que estar al servicio de sus intereses pequeñitos. Y claro, nosotros venimos a otra cosa.

¿Se arrepienten de haber mantenido el pulso con Montoro por la regla de gasto que propició su salida y les dejó fuera de una de las concejalías más importantes para seguir llevando a cabo políticas sociales?

CSM: Había que recortar 550 millones y hemos visto los resultados que ha tenido desde el punto de vista político. Cuando en el último año de mandato, que es cuando los gobiernos se ponen bonitos y terminan inaugurando el fruto del esfuerzo de la primera parte de la legislatura, tú lo que haces son recortes, lo que ocurre es que tu gente, tus votantes, la ciudadanía en general, no ven los frutos de tu acción. No era un capricho intentar seguir manteniendo nuestra senda presupuestaria: era la forma de culminar de manera adecuada un proyecto que había tenido la herramienta presupuestaria como algo fundamental. Hacer un recorte de 550 millones de euros ha tenido como resultado la abstención en los barrios de la periferia de Madrid, donde fue 20 puntos superior a los barrios en los que habitualmente gana la derecha. Eso es lo que impidió que no tuviera éxito una confluencia con un resultado mayoritario de la izquierda en la ciudad de Madrid.

El mejor combate contra la abstención es de verdad ser audaces en la realización de las políticas públicas y es un aprendizaje para el futuro. Pero no solamente para las elecciones locales, también para las autonómicas y para las generales. Hay una enorme oportunidad que se abre ahora con un posible gobierno de PSOE y Unidas Podemos a nivel del Estado que hay que aprovechar para que le mejore la vida a la gente, no para que le mejoren las grandes corporaciones del sector energético, que para eso ya tienen a otros partidos.

Este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que ejercerá de contrapeso a ese Gobierno. ¿Tiene mecanismos el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad para desestabilizarlo?

EG: Desestabilizar es una palabra demasiado fuerte. Pero está claro que oposición política van a hacer y los portavoces de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y también de la capital van a tener bastante eco. Esto es algo que nos esperábamos. Nosotros vivimos algo parecido dentro del Gobierno de Ahora Madrid, en el cual, por ser precisamente la capital del país tenía muchísimo eco y todo el mundo se enteraba incluso de alguna medida como el traje de los Reyes Magos cuando apenas tenía importancia. Entonces sí, seguramente habrá presión, era de esperar y no tiene por qué ser tampoco un drama.

¿Pero pueden usar las instituciones como hizo el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar su acción de gobierno?

EG: Tenemos un sistema institucional que centraliza las competencias desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, medidas institucionales así a bote pronto es más difícil.

Señor Garzón, cuando se conoció el pacto de gobierno, publicó un tuit en el que aseguró que no le había gustado la parte de la estabilidad presupuestaria…

EG: Son simplemente dos palabras que aparecen en el documento y sobre las que apenas se puede inferir una de ellas, pero sí que revela una especie de obsesión que tiene en este caso la élite económica europea, que es la de que todos los estados y las administraciones públicas tengan que tener superávit público o equilibrio presupuestario, pase lo que pase. Y es simplemente una mención a que el futuro gobierno tenga en cuenta, que antes que lograr el saneamiento de las cuentas públicas está el bienestar de la gente y que uno no puede poner por encima precisamente un objetivo fiscal frente al objetivo de mejorar la vida de la gente.

¿Qué balance hacen del Gobierno de Carmena? ¿Qué creen que recordará la gente?

CSM: Para muchos quedarán polémicas como la del traje los Reyes Magos, pero creo que lo que se construyó desde el punto de vista de acción económica es suficientemente sólido como para merecer no solamente nuestro libro, sino la atención de la gente. Creo que demostramos de una manera muy clara que había otra forma de gestionar, con el marco hostil existente, las cuentas públicas en una ciudad tan grande como Madrid. Incrementando de una manera muy importante la inversión en infraestructuras y equipamientos y la inversión social. Los compañeros del PSOE en el Gobierno central lo podrán visualizar en la realidad que llevamos a cabo en Madrid, también pactando con ellos, porque este tipo de actuaciones fueron el resultado del diálogo con el Partido Socialista en esa etapa.

EG: Sirvió como potente argumento para enfrentar al típico mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía. Con nuestra participación, dentro de que no hicimos la revolución socialista ni mucho menos, y sabiendo que tuvimos una limitación importante, fuimos capaces de hacer algo que nunca la derecha había sido capaz de hacer: mejorar la inversión social y mejorar la calidad de vida de la gente, al mismo tiempo que se cuadraban las cuentas haciéndolo posible desde postulados de izquierda pensando en el bienestar de la gente y no en el de los negocios.

"El Gobierno de Ahora Madrid sirvió para enfrentar el mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía"

Al principio del libro hablan mucho de la deuda, de cómo la encontraron y de la gestión que se hizo sobre la misma. ¿No es un poco raro, desde un gobierno de izquierdas, presumir de la reducción de la deuda en una ciudad que tenía y tiene tantas necesidades?

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Codecisión y fondos de inversión de los asalariados: los casos de Alemania y Suecia

Autor: Mario del Rosal y Sara Lafuente

ctxt.es

“La democracia no puede detenerse a las puertas de las fábricas.”

Ernst Wigforss.1


Introducción

Desde los inicios de la revolución industrial, se han buscado soluciones concretas para responder a la contradicción estructural del capitalismo entre ideal democrático de igualdad y la concentración de poder y riqueza.  En mayor o menor medida, todos los países europeos reconocieron en el último siglo fórmulas de participación de los trabajadores en la economía y en la empresa de alcance y contenido variados, a través de derechos de participación en la gestión organizativa, en el capital como mecanismos de redistribución, derechos colectivos de información y consulta, concertación social, diálogo social tripartito, negociación colectiva, etc. Sin embargo, pese al establecimiento y práctica formal de estos y otros mecanismos democráticos, el capitalismo triunfante lacera gradualmente su contenido y calidad, conllevando una pérdida creciente en el contenido de las democracias existentes.

En la idea de ampliar hoy los límites de la democracia, teniendo en cuenta las limitadas ventanas de oportunidad que ofrece el contexto político y económico del capitalismo global imperante, cobra especial relevancia volver la mirada hacia los debates sobre la democracia económica y su puesta en práctica. La democracia económica, aun siendo un concepto complejo que admite distintas interpretaciones, nos habla de la posibilidad de que seamos los ciudadanos quienes tomemos las decisiones sobre las tres preguntas clásicas de la economía: qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Para ello, en el marco del capitalismo resulta irrenunciable, al menos, el logro de un mayor grado de participación de los trabajadores en la propiedad y en el gobierno de las empresas.

En este artículo presentamos brevemente dos fórmulas de participación gestadas en las socialdemocracias alemana y sueca: la participación en el gobierno empresarial a través de un sistema de codecisión (a menudo conocida como “cogestión”), y la participación en el capital empresarial a través de fondos colectivos de inversión de los asalariados. Estas dos propuestas no son excluyentes y podría coexistir desde un punto de vista teórico. Sin embargo, surgieron en contextos históricos, sociales, políticos y nacionales determinados. A continuación, explicamos el surgimiento de estos sistemas de participación como propuesta institucional, en qué consistían, y en qué devinieron. Podremos así evaluar el potencial y límites de estas propuestas como impulsoras de democracia económica y objetivos democráticos más exigentes en el marco de la economía capitalista global.

La participación financiera a través de fondos de inversión colectiva

Entre las estrategias reformistas favorables a los objetivos de la democracia económica tal y como la hemos definido se puede encontrar una que, a nuestro juicio, ofrece más posibilidades que otras alternativas2. Se trata de los fondos de inversión de los asalariados, un sistema de acumulación gradual de capital en varias empresas a través de instrumentos de inversión colectiva bajo la propiedad de los trabajadores y gestionados por sus sindicatos. A través de estos fondos de inversión, la clase trabajadora en su conjunto podría conseguir una participación creciente en la propiedad de las empresas, de modo que lograría un doble objetivo: la socialización paulatina del capital y una mayor influencia en su gestión. Esta estrategia, aun siendo reformista, asume un carácter de clase, lo que implica una visión del modo de producción capitalista próxima a las tesis más clásicas de la socialdemocracia y del sindicalismo.

Estos fondos pueden presentarse en distintas modalidades según diversos criterios: la forma de financiación, el sistema de titularidad, el destino de los rendimientos, los criterios de inversión, el modo de gestión, el ámbito de aplicación, los posibles límites de participación en la propiedad y los colectivos de trabajadores involucrados. En este texto, no vamos a analizar estas modalidades3, sino que vamos a centrarnos en el caso más paradigmático que se ha dado a lo largo de la historia: el de los fondos de inversión de los asalariados instaurados en Suecia en los años ochenta.

Este proyecto, conocido como Plan Meidner4 e inspirado en una idea originalmente alemana, se gestó en los años setenta en el seno de la poderosa Confederación de Sindicatos (LO). Su diseño original era francamente radical, sobre todo teniendo en cuenta el tradicional pragmatismo reformista que siempre ha caracterizado a la socialdemocracia escandinava. En pocas palabras, obligaba a la mayoría de las empresas suecas a emitir cada año un número de acciones nuevas equivalente al 20% de sus beneficios a nombre de un fondo de inversión gestionado por un consejo de administración formado mayoritariamente por cuadros sindicales y, en menor medida, por representantes del gobierno y las empresas. Los réditos obtenidos por estos fondos serían usados exclusivamente para comprar nuevas acciones o para financiar programas de formación en gestión para los trabajadores. Dado que no se contemplaba ninguna forma de titularidad individual de los valores adquiridos ni su venta, el proyecto asumía un principio estricto de propiedad colectiva.

De haberse puesto en marcha, el Plan Meidner habría tenido un impacto dramático sobre la propiedad corporativa en el país. Según sus normas de funcionamiento, cuanto más rentable fuera una empresa, más rápidamente pasaría su propiedad a manos de los sindicatos por medio de un proceso de dilución de la propiedad anterior debido a las sucesivas ampliaciones de capital a favor del fondo5. Esto llevaría a un proceso de socialización democrática no estatal del capital sin parangón en ninguna otra economía capitalista desarrollada. La siguiente tabla muestra varios ejemplos relacionando el número de años que tardaría una empresa en pertenecer en más de un 50% a los fondos de inversión de los asalariados en función de la tasa de ganancia anual, suponiéndola constante.

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Jornadas #OtraEconomíaEstáEnMarcha 2019 (con becas para alumnado de fuera de Madrid) ¡Inscríbete y difunde!

Autor: ECONOMISTAS SIN FRONTERAS y Ricardo Molero Simarro

Economistas Sin Fronteras

El 16 de noviembre 2019, Economistas sin Fronteras junto a la UNED de Tudela,  organiza la sexta edición de las jornadas Otra Economía Está en Marcha, un espacio de encuentro, diálogo y debate entre personas que desde un enfoque crítico, apuestan por poner la economía al servicio de la sociedad y del planeta.

Este año la temática girará en torno a las formas alternativas de medir el desarrollo. Para ello contaremos con la presencia de José Manuel Naredo, economista y militante ecologista, que será quien abra las jornadas en la conferencia inaugural La taxonomía del Lucro.

Seguidamente tendrá lugar la presentación del Indice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS) 2019, una herramienta que mide, evalúa y compara el compromiso de los países con un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo y que tiene como objetivo el ofrecer una alternativa a la hegemónica y limitada visión de los indicadores que habitualmente se usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto (PIB).

Contaremos también con 3 interesantes talleres "Más allá del PIB. Propuestas y experiencias sobre formas alternativas de medir".

INSCRÍBETE AQUÍ,

y si eres ESTUDIANTE UNIVERSITARI@ inscríbete AQUÍ.

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¿Despido gratis? Los efectos de la mochila austríaca

Autor: Luis Cardenas

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En las recientes propuestas electorales han vuelto a la actualidad el fondo de capitalización para las indemnizaciones por despido, popularmente denominado “mochila austríaca”. Como es conocido, esta medida consiste en la introducción de un fondo (equivalente a uno de pensiones) donde la empresa aporta un porcentaje del sueldo del trabajador al cual se tiene acceso en caso de despido o jubilación.

Aunque este porcentaje podría añadirse al sueldo y a las cotizaciones del trabajador, en realidad no se ha plantado así en nuestro país. En la propuesta del PSOE recogida en la Reforma Laboral de 2010 (“Disposición Final Segunda. Fondo de Capitalización”) se establece de manera explícita que no se subirán las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, lo cual también parece evidenciarse en el acuerdo de gobierno al que llegaron el PSOE y Ciudadanos en 2016, así como en la propuesta legislativa más reciente de C’s. En definitiva, esto supone que los recursos del fondo saldrían del salario indirecto que reciben los trabajadores en forma de contribuciones a la Seguridad Social, a cargo de la empresa.

En teoría, el primer problema que pretende resolver esta medida es la falta de movilidad de los trabajadores con mayor antigüedad por miedo a perder su indemnización por despido. Si bien no existe una evidencia clara sobre este tema, dado que, aparte de la indemnización, la antigüedad en la empresa otorga otra serie de derechos (como complementos al sueldo derivados de la antigüedad), y la cada vez menor duración de los contratos, es difícil que exista un colectivo muy grande de gente que pudiendo cambiarse de trabajo no lo haga por miedo a perder la indemnización. Además, de ser el caso, pueden buscarse alternativas para ese colectivo específico, por ejemplo, reformando el FOGASA para ampliar las condiciones en las cuales se puede acceder a la indemnización por extinción voluntaria con causa justa sin tener que reducir los derechos del conjunto de trabajadores.

El otro problema que pretende resolver la “mochila austriaca” es la rotación e inestabilidad que sufre un colectivo cada vez más amplio de trabajadores (la mitad de los afiliados al Régimen General de la Seguridad Social tienen contratos atípicos). De acuerdo a los defensores de esta medida, la rotación se debe al excesivo coste de despido que tienen los contratos indefinidos a tiempo completo con cierta antigüedad (en ocasiones denominados insiders) frente al resto de trabajadores (nombrados como outsiders). Reducir el “exceso de protección” que supone esa barrera de salida es un objetivo central de sus proponentes.

De hecho, bonificar los despidos ya fue una estrategia del PSOE. Durante el período 2011-2013 se utilizó el FOGASA para pagar 8 de los 20 días de salario por año trabajado en las empresas de menos de 25 trabajadores en despidos objetivos y en despido colectivo (ERE), sin que esto repercutiera en una menor dualidad o inestabilidad.

Aunque los partidos que la proponen (PSOE y C’s) no han llegado a establecer cuál sería el porcentaje del salario que se destinaría al fondo, si tomamos como referencia el caso austríaco se trataría de una indemnización de 5,5 días por año trabajado (un 1.53% de 365 días), frente a las indemnizaciones por despido actualmente existentes de 12 días (temporales), 20 días (indefinidos procedente) y 33 días (indefinidos improcedente).

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Librecambismo y Proteccionismo en la revisión de la globalización capitalista Un planteamiento alternativo

Autor: Daniel Albarracin

Viento Sur

El proceso de globalización capitalista asiste a su estancamiento. Esto conduce al recrudecimiento de procesos habituales de este modelo socioeconómico al encontrarse claros límites en la disponibilidad de nuevos mercados o posibilidades de ascenso de la productividad, condiciones sine qua non para su expansión. El camino al que nos lleva, para sostener la vitalidad del sistema, conduce, por un lado, a medidas de intensificación del trabajo, degradación de las condiciones de empleo y trabajo y vulnerabilidad de las garantías y, por otro, a la intensificación de la competencia comercial en varias de sus facetas: guerra de tipos de interés, de divisas y de rivalidad comercial por la vía arancelaria.

Esto se traduce en una redefinición del formato de globalización capitalista. El periodo de multilateralismo a favor del libre comercio (entre grandes compañías transnacionales) se revisa por un modelo que regresa, en una fase decadente, a un bilateralismo de nuevo cuño, una vez que los grandes mercados regionales están consolidados y estancados, atestiguado por un crecimiento del comercio mundial es cada vez más lento.

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Nuevo libro: «919 días. Sí se podía. Cómo el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de la gente»

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

¡Muy contento de anunciar la publicación de un nuevo libro!

Escrito junto con Carlos Sánchez Mato, prologado por la siempre brillante Yayo Herrero, y presentado por Pascual Serrano, en este libro contamos la trepidante experiencia que vivimos formando parte de un fantástico equipo que estuvo al mando del área de economía del Ayuntamiento de Madrid durante casi 3 años (919 días).

Explicamos de una forma pedagógica y accesible a todo el mundo cómo dimos la vuelta a todas las prácticas irregulares del PP, cómo disparamos la inversión social y en pequeñas infraestructuras al mismo tiempo que reducíamos la deuda pública, y cómo hicimos más justo el sistema tributario. También contamos cómo la derecha mediática y política utilizó todos los medios posibles para intentar pararnos los pies y que no cundiera nuestro ejemplo, hasta llegar a conseguirlo gracias al apoyo de parte del gobierno de Ahora Madrid, que no resistió tanta presión.

La derecha se ha encargado siempre de difundir la idea de que la izquierda no sabe gestionar bien la economía. Bueno, pues este libro es una contundente demostración de que eso es categóricamente falso. La economía se puede poner al servicio de la gente; es lo que hicimos y es lo que seguiremos haciendo. Cualquier proyecto político de izquierdas que ponga en riesgo los privilegios de la élite tendrá que afrontar importantes dificultades. Conocerlas es el primer paso para superarlas cuando dicha oportunidad vuelva a presentarse.

Reducir la jornada laboral: Repartir los trabajos para vivir mejor

Autor: Bibiana Medialdea Garcia

Agenda Pública

Una de las mejores cosas que ha traído a España el ciclo político nacido en las plazas hace ya casi nueve años es que reivindicaciones clave pero hasta entonces muy marginales saltaron, aún modestamente, a la agenda pública. Se rompieron tabúes importantes para el avance de programas de mejora social; entre ellos, el de la reducción de la jornada laboral.

Es un avance sustantivo que dentro de la izquierda haya consenso en incluir la reducción de jornada entre las reivindicaciones y programas. Entre otras cosas, es una medida fundamental e insustituible para afrontar uno de nuestros mayores retos: reorganizar el sistema de cuidados. La forma en la que actualmente distribuimos la ingente cantidad de cuidados que precisamos está en la base de gran parte de nuestros problemas individuales y colectivos. El concepto de régimen de bienestar nos sirve precisamente para analizar cómo cada sociedad reparte estos trabajos entre el Estado (servicios públicos, fundamentalmente), el mercado (para quien pueda pagarlo) y las familias.

Los manuales dicen familias, pero la economía feminista desvela el cinismo del eufemismo: en realidad, son muy mayoritariamente las mujeres quienes, de forma invisible, no remunerada y sin derechos asociados se responsabilizan de estos trabajos en los hogares. Esto sigue siendo así también en países como España: según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres dedican a tareas domésticas y familiares más del doble del tiempo que los hombres.

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Economía capitalista: conflicto y poder sindical

Autor: Lluís Rodríguez Algans y Jon Las Heras Cuenca

El Salto (Economía para Todas)

No hay que fiarse de los discursos económicos dominantes

Si al estudiantado de economía se le pide que defina conceptos como explotación, capitalismo, sistemas económicos, crisis económica, poder económico o clases sociales nos encontraremos con un gesto de total confusión, si no de indiferencia: “pero si a mí solo me enseñan a hacer derivadas ¿de qué me hablas?” Con toda probabilidad las estudiantes desconocerán corrientes de análisis económico y corrientes de la economía política alternativa o radical: las perspectivas kaleckiana y postkeynesiana, regulacionista, institucionalista, ecologista y feminista, las múltiples formas de entender el marxismo o las concepciones de economía socialista y autogestionaria, impulsadas por economistas de ámbito nacional e internacional [1].

Esto es, sin duda, una muy mala noticia. Sin embargo, y pese a la tenaz voluntad de quienes detentan el poder académico y político por marginar, esconder y silenciar dichas corrientes, la realidad es que la economía capitalista real y, desde luego, las relaciones laborales existentes se entienden principalmente con los conceptos antedichos. Estos conceptos también han dado lugar a cursos de introducción a la economía política como base de planes de estudios e investigación alternativos pero, y a pesar de la necesidad de ampliar las miras, el sistema económico dominante y sus aparatos políticos e ideológicos se reproducen a través de lo que algunos autores denominan como la “dimensión vertical” o el “poder de clase”.

El poder de clase en el capitalismo puede entenderse como la autoridad y poder que ejercen desde las empresas, propietarios, directivos o perfiles de supervisores y responsables sobre trabajadoras con, por ejemplo, la amenaza de sanción o despido; la forma en la que intelectuales y tecnócratas de diversa índole argumentan para deliberadamente desposeer a personas “no expertas” de cualquier conciencia crítica, evitar preguntas indeseadas, siquiera realizar propuestas alternativas; así como el poder institucional de la patronal, gobiernos y, eventualmente, algunas organizaciones obreras conservadoras sobre el resto de segmentos de la clase trabajadora, en contraposición con aquella más combativa y organizada en sindicatos de contrapoder, a la hora de establecer el “modelo de país”. Todos estos aspectos condicionan y determinan las decisiones sobre la organización del trabajo y la producción, el intercambio o comercio, la inversión, la explotación, el excedente y los procedimientos a seguir para distribuir ese valor económico producido entre salarios y beneficios. En definitiva, no hay que fiarse de los discursos económicos dominantes, porque la ideología y política liberales determinan la forma en la que nuestra sociedad capitalista se reproduce materialmente y ésta condiciona, a su vez, nuestra forma de pensar e interactuar con el prójimo.

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Ecuador: La Comuna de Quito y la insurrección popular. Entrevista a Carlos Pazmiño

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

Todos, Chile, Perú, Colombia, todos los presidentes de estos países han expresado públicamente su solidaridad con Moreno, pero son regímenes que se encuentran interconectados políticamente. Respecto a Pedro Sánchez no sé que decirte, me parece que es un exabrupto y es un error terrible expresar el apoyo a un presidente como Lenin Moreno.

Entrevistamos a Carlos Pazmiño, editor de la revista on line Crisis (www.revistacrisis.com), un espacio de contrainformación ecuatoriano vinculado con los movimientos de base y las luchas populares, en el que he tenido el honor de escribir algunos artículos, sobre el paro nacional que se está desarrollando en el país y que ha acaparado la atención global en los últimos días.

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Invertir en futuro

Autor: Nacho Álvarez Peralta, Jorge Uxo y Alberto Montero Soler

El País

En las próximas elecciones se dilucida una cuestión fundamental: ¿el nuevo Gobierno que elijamos va a gestionar la desaceleración económica —que ya está aquí— de la misma manera que la última crisis, o esta vez haremos las cosas de otra forma, pensando en la mayoría social?

Los signos de enfriamiento de la economía son evidentes, y preocupantes: en 2018 crecimos al 2,4%, y Funcas prevé que lo hagamos al 1,9% en 2019 y al 1,5% en 2021. Esto va a significar menor creación de empleo, cuando la tasa de paro todavía sigue duplicando la media europea. Y además esta desaceleración llega cuando aún hay millones de españoles que no se han recuperado del vendaval de la última crisis, y que sufren graves problemas de inestabilidad laboral amplificados por la reforma del mercado de trabajo.

Que las causas de la desaceleración sean principalmente externas no significa que no debamos reaccionar cuanto antes para contrarrestar sus efectos. Pedro Sánchez resta importancia a la situación y Casado la exagera para alarmar. Ni una cosa ni la otra: lo que debemos hacer es aprender de la última crisis y gestionar esta de forma distinta a como lo hicieron el PSOE y el PP. Esto supone impulsar una estrategia que priorice tres objetivos: actuar con rapidez para amortiguar la ralentización, con planes de inversión pública; construir un escudo social para los más vulnerables, y utilizar esta oportunidad para abordar retos estructurales que siguen pendientes o que nos acechan (cambio climático, digitalización, necesidad de elevar la productividad, igualdad de género, desequilibrios interterritoriales…).

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El camino del laborismo a la reducción de jornada

Autor: Luis Cardenas

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En artículos anteriores defendimos la reducción de jornada como una vía hacia la igualdad. Aunque esta propuesta había perdido protagonismo en el debate público, cada vez hay más iniciativas en este sentido. La última ha sido la del Partido Laborista del Reino Unido que, en palabras de su candidato a ministro de Economía y Hacienda (John McDonnell), se compromete a conseguir una jornada laboral semanal a tiempo completo de 32 horas en el plazo de una década y sin reducción salarial.

La estrategia laborista para conseguirlo se basa en tres puntos. En primer lugar, eliminar la posibilidad de descuelgue de la directiva europea sobre el tiempo de trabajo, la cual incluye elementos básicos como el límite de 48 horas de trabajo semanal (incluyendo horas extraordinarias), un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas cada 24 horas y de 24 horas de descanso semanal, el derecho a pausa en las jornadas superiores a las 6 horas o al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. A ello se suma la promesa de añadir cuatro días festivos más al calendario laboral.

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¿Vamos a proponer algo ante una nueva recesión? (Cuaderno de augurios: 2)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

Los indicadores que apuntan a una recesión siguen en aumento, y los comentarios de instituciones que alegan que es sólo una desaceleración alarman más que tranquilizan. El Brexit unilateral es una de las posibilidades de que las cosas vayan mal (lo de Thomas Cook puede haber sido un pequeño aperitivo), o puede que un Trump cercado por el impeachment trate de desviar la atención con una nueva medida que añada más incertidumbres. La economía capitalista mundial se mantiene en equilibrio sobre unos cimientos tan frágiles e inestables que cualquier movimiento inesperado puede provocar un desastre. Había un tiempo en que los expertos calmaban a la gente afirmando que “los fundamentos son sólidos”, pero tras la crisis de 2008 casi nadie es capaz de explicar cuáles son esos datos fundamentales que dan confianza.

Situémonos en el peor escenario, que la recesión estalla con fuerza, que se aceleran la destrucción de empleo, las quiebras empresariales y la sensación de caos. La pregunta para mí crucial es qué propuestas se van a plantear desde los espacios alternativos, qué batallas habrá que tratar de ganar.

Una respuesta clásica es acusar al capitalismo de provocar la crisis y exigir que la pague él. Es obvio que el capitalismo en general, y el capitalismo especulativo actual en particular, son los principales responsables del problema, pero señalar al culpable no significa buscar soluciones. Pensar que la denuncia llevará fácilmente a una revolución social está fuera de lugar. Las sociedades capitalistas actuales han configurado una estructura social tan compleja, un modelo civilizatorio tan consolidado, que a corto plazo la idea de un cambio radical sólo la mantienen algunas minorías. Y, por otra parte, tras los sucesivos fracasos de las experiencias anticapitalistas anteriores es dudoso que mucha gente se lance de inmediato a una transformación que le suscita miedos e incertidumbres enormes. Si queremos cambios profundos estamos obligados a plantearnos dos cosas: qué movimientos vamos a construir de inmediato y cómo pensamos que tendría que ser la sociedad futura (lo que supone aprender de los fracasos del pasado y analizar el potencial de cambio de lo existente en la actualidad). Como el segundo objetivo es muy complejo y el tiempo apremia, me limito a efectuar algunos comentarios sobre las respuestas a corto plazo.

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Consecuencias económicas de la repetición electoral que no verás en los relatos

Autor: Segundo Gonzalez y Alberto Montero Soler

eldiario.es

Era febrero de 2019, aunque parezca que hace casi un siglo, y el Congreso se disponía a tramitar los presupuestos más sociales de las últimas décadas. Unos presupuestos que tras una relativamente larga negociación entre PSOE y Unidos Podemos pretendían dejar atrás la política económica de Montoro y sus años de austeridad.

Aquellas cuentas incluían medidas sociales como el incremento en un 60% de la financiación de atención a la dependencia o la prestación para desempleados para mayores de 52 años; medidas destinadas a luchar contra la burbuja del alquiler, como el impulso de la vivienda pública en alquiler social; medidas feministas que impulsaban la igualdad real entre hombres y mujeres, como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad; partidas para modernizar el modelo productivo, como el incremento de la inversión en I+D+i; o medidas de justicia fiscal como el establecimiento de tipo mínimo en el impuesto de sociedades para grandes empresas o la reducción del IVA de algunos productos de primera necesidad.

Esas medidas y otras muchas contenidas en aquellos presupuestos, aunque modestas en su alcance, iban en la senda de lo que este país necesita en materia económica: impulsar la demanda interna mediante una política fiscal -tímidamente- expansiva cuando los nubarrones de la desaceleración ya eran más que evidentes, incidiendo sobre la reducción de las desigualdades generadas por la anterior crisis y apostando por la paulatina transformación del modelo productivo. La financiación de esta expansión fiscal se producía en estos presupuestos de incrementos de ingresos aprovechando el margen fiscal que da la brecha de 8 puntos en recaudación sobre el PIB que nos separa de la media de nuestros socios europeos.

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La Teoría Monetaria Moderna no consiste en lo que los medios señalan

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

No falla: cada vez que la Teoría Monetaria Moderna (TMM) hace aparición en los medios, se inicia toda una cascada de intervenciones que tratan de caricaturizarla y ridiculizarla utilizando mensajes sacados de contexto. Es una falta de honestidad intelectual grave. Lo explico:

La TMM señala que los Estados que emiten su propia moneda no están constreñidos a la hora de financiar sus políticas económicas. Esto es absolutamente incuestionable e irrefutable. Es sólo una descripción (fijaos que no se está diciendo que sea bueno o malo que así sea).

Sin embargo, muchos deducen erróneamente de esa frase que la TMM propone que los Estados deben crear dinero sin ton ni son como si no hubiese consecuencias. Muchos lo hacen a maldad para desprestigiar la teoría; otros simplemente caen en el error por ignorancia; otros repiten.

La TMM es muy consciente de que crear dinero puede tener consecuencias. La aportación novedosa (que queda ocultada por los deshonestos ataques) es que hay margen para crear dinero sin que se generen desequilibrios económicos (como la inflación).

La enseñanza de la TMM es que un Estado debe aprovechar ese margen y crear el dinero NECESARIO para crear empleo y dinamizar la economía. El necesario; no más porque crearía inflación, y no menos porque crearía desempleo y pobreza (como ocurre en la actualidad).

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No esperen al BCE

Autor: Alberto Garzon Espinosa

El Confidencial

En las últimas semanas, se ha extendido la idea de que estamos abocados a una nueva crisis económica. No solo leemos ese pronóstico en la prensa especializada, sino que también lo hemos visto en las negociaciones para formar Gobierno en Italia y en España. Y a buen seguro ha sido uno de los temas abordados en la pasada reunión del G-7. Muchas miradas se dirigen ahora hacia el Banco Central Europeo, con la esperanza de que su presidente obre de nuevo un milagro que aleje esos horizontes sombríos, y tranquilice de paso a las empresas, gobiernos, inversores, familias y otros actores de nuestro mundo económico.

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Sobre el Rojipardismo y la clase obrera mestiza

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

Toca pensar en una integración de los de abajo contra la desintegración programada que nos imponen los de arriba, pero una integración que no es política vertical autoritaria de Estado sino práctica de solidaridad y de construcción de lo común, respetando las diferencias.

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“Cada grupo de personas debería crear organizaciones para luchar contra lo que no le gusta”

Autor: Miren Etxezarreta

www.mirenetxezarreta.net

La economista Miren Etxezarreta fue la encargada de inaugurar las intervenciones del Foro “Enciende la Tierra” CajaCanarias 2019, el pasado 21 de marzo. Acompañada por el filósofo eslovaco Slavoj ZiZek, la catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona analizó el contexto actual y el futuro más inmediato en esta charla, que tuvo como título “Pedir lo imposible”. En particular, Etxezarreta se preguntó sobre el camino a recorrer si se quiere construir un sistema más justo e igualitario, abordando la diferentes opciones socioeconómicas, tomando como punto de partida el interrogante central del Foro “Enciende la Tierra” CajaCanarias 2019: ¿Llegará el colapso?

Puedes ver la intervención aquí

¿A quién vota la clase trabajadora en España?

Autor: Alberto Garzon Espinosa

La U

Cada cierto tiempo la clase social es asesinada por los investigadores, los políticos y hasta los medios de comunicación. En efecto, eventualmente un investigador de renombre clausura las divisiones de clase de nuestras sociedades y anuncia el fin de la importancia de este actor colectivo, con lo que se arma un buen debate que, con el tiempo, se salda con la resurrección, de una u otra forma, del enterrado.

Así sucedió cuando a finales de los noventa proliferaron en sociología trabajos como el de Jan Pakulski y Malcom Waters, titulado significativamente The Death of Class, o los de Seymour Martin Lipset o Anthony Giddens. Este último autor, por cierto, sirvió en aquellos años de referencia ideológica para la transición del partido laborista inglés hacia la llamada tercera vía, la cual propugnaba, y no por casualidad, la necesidad de concentrar el foco político en las clases medias y no en la clase trabajadora. El debate es muy rico y no ha lugar aquí a abordarlo, pero baste decir que en absoluto estuvo limitado al espectro ideológico liberal. Por el contrario, el posmarxismo de autores como André Gorz o Ernesto Laclau también transitó hacia lugares similares, aunque desde presupuestos epistemológicos distintos. Las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que estaban teniendo lugar, y que implicaban, entre otras cosas, la desindustrialización de las economías occidentales, los cambios en el consumo de las clases trabajadoras, la emergencia de nuevas demandas políticas como las ecologistas o la revigorización de la agenda feminista, etc. fueron el telón de fondo sobre el que se produjo el debate sobre el final de la clase.

Aunque en realidad nunca murió, la clase social en España ha parecido tener una nueva oportunidad a raíz de la última crisis económica. Desde entonces no sólo ha crecido el interés por las cuestiones económicas y la desigualdad, sino que, de hecho, se ha producido una creciente literatura vinculada directamente a la clase social. Así, en estas mismas páginas los artículos de Juan Ponte, Juan Andrade o X. López han puesto de manifiesto la actualidad de esta cuestión, mientras que editoriales como Akal o Siglo XXI llevan años editando buenos títulos al respecto.

Sin embargo, la irrupción de nuevos partidos en 2014 y 2015 por un momento pareció difuminar esta trayectoria. Tanto Podemos como Ciudadanos se definieron, a su manera, como partidos transversales o, en la jerga académica, catch-all, es decir, partidos interclasistas que tienden a disputar el centro del tablero político. Esto sería así al menos por dos razones. La primera, porque se presupone que es ahí donde se concentra más población y, por tanto, más posibilidades de lograr mayorías. La segunda, y relacionada con la anterior, porque la atención a grupos sociales específicos y minoritarios no permite en modo alguno lograr esas mayorías y, por ende, convierte la participación electoral en un mero juego carente de posibilidades. Como notó ya en los ochenta Adam Przeworski[1], es el dilema electoral que enfrentaron los partidos socialdemócratas ya a principios del siglo XX, cuando todavía eran comunistas, y que llevó a muchos de ellos a cambiar el discurso hacia fórmulas populistas que apelaban más al pueblo que a la clase. Otros autores, como Geoff Evans y James Tilley[2] han apuntado que este tipo de cambios refuerzan, a su vez, la pérdida de conciencia de la clase trabajadora. Sea como sea, el debate sobre la transversalidad era y es, en cierta medida, un debate sobre el desclasamiento.

Al mismo tiempo, y al calor de la ola reaccionaria mundial, en los últimos años ha tenido bastante apoyo la tesis según la cual el ascenso de la extrema derecha es responsabilidad de la clase trabajadora. Esta idea está extendida especialmente entre pensadores estadounidenses que, como Jim Goad o Mark Lilla, han visto en esta clase social el apoyo fundamental en la victoria de Donald Trump. A pesar de que investigaciones recientes como las de Ronald Inglehart[3] han mostrado claramente que dicha tesis es incorrecta, el mismo planteamiento ha sido importado a nuestro país como posible explicación de la irrupción de la extrema derecha.

Por estas razones nuestro interés reside en contrastar empíricamente dos hipótesis. En primer lugar, queremos conocer si el comportamiento electoral de la población española en 2015, 2016 y 2019 sufrió algún tipo de desclasamiento. En segundo lugar, queremos averiguar si la clase trabajadora se encuentra detrás del ascenso de Vox o, al menos, de las derechas españolas. En ambos casos usaremos algunos resultados de la investigación, más amplia, que se publicará en ¿Quién vota a la derecha? en la editorial Península en otoño de este año.

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Green New Deal: ¿keynesianismo “verde” o ruptura con el capitalismo?

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

El Salto

Ya nadie niega la existencia de una fuerte contradicción entre el despliegue histórico real de la economía capitalista y el equilibrio del medio natural que sirve de soporte para la vida en nuestro planeta. Resulta imposible negar que el desarrollo del proceso de industrialización y mercantilización de las relaciones sociales, en el marco capitalista, llevado a cabo en los últimos siglos está empujando a una crisis ecológica que, en conjunción con otra serie de procesos paralelos e interdependientes —la creciente inestabilidad financiera y económica, la devastación cultural y social generada por el neoliberalismo, la tendencial ruptura del escenario geoestratégico que constituía el armazón de las relaciones entre el centro y la periferia del sistema, etc.— ha hecho emerger una serie de derivas caóticas que marcan el inicio de una crisis civilizacional, que pone en cuestión nuestra forma de vivir, producir y relacionarnos, entre nosotros y con el ecosistema del que formamos parte.

No podía ser de otra manera. El sistema capitalista es un sistema de clases, basado en el funcionamiento del supuesto “libre juego” de la competencia económica entre actores que tienen la posibilidad de explotar la fuerza de trabajo ajena, partiendo de la garantía de la propiedad privada de los medios de producción.

La competencia implica algo innegable: hay ganadores y perdedores. Y ser un perdedor en la sociedad del capital es algo realmente serio. La pobreza, la explotación, el sufrimiento, esperan al perdedor, despojado de los medios de producción y, muchas veces, incluso de los recursos imprescindibles para solventar sus necesidades básicas. Así que hay que procurar ganar. Seguir leyendo…

¿Una globalización a la china?

Autor: Ricardo Molero Simarro

Espacio Público (NQLP)

La guerra comercial lanzada por Donald Trump contra China ha multiplicado los debates acerca de un posible conflicto abierto con Estados Unidos. Después de años de sinergia y dependencia mutua (productiva, comercial y financiera) de sus modelos de crecimiento, las referencias a la denominada “Trampa de Tucídides” se multiplican en los medios de comunicación. Sin embargo, buena parte de esos análisis se encuentran sesgados por la tendencia a asignar mecánicamente a China las inercias del expansionismo occidental. Históricamente, la política exterior china se ha orientado más a asegurar su posición geopolítica, habitualmente hegemónica, que a desarrollar un dominio de carácter imperialista. El proyecto político del Partido Comunista Chino se encuentra en la intersección entre el socialismo, el desarrollismo y el nacionalismo. No en vano, gran parte del apoyo popular que sigue, en buena medida, manteniendo se basa en su capacidad de haber dado respuesta al sentimiento de humillación nacional que se generó en el siglo que va desde el final de la primera Guerra del Opio en 1842, al de la invasión japonesa de China en 1945. De modo que los recientes movimientos externos e internos (incluida la campaña de claros tintes nacionalistas acerca de “El sueño chino”, lanzada por Xi Jinping) deben interpretarse como una nueva fase en el intento de reforzamiento de la soberanía del país asiático. Algo para lo que el logro de una creciente independencia económica se considera fundamental.

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