Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Fondo Monetario Europeo: ¿cortafuegos de la crisis bancaria?

Autor: Daniel Albarracin

Viento Sur

La Unión Europea, tras varias conmociones económicas, geopolíticas e institucionales serias, cuyas consecuencias no se han cerrado, y tras un periodo de bloqueo y parálisis, puede estar pasando a una nueva fase de revisión de su modelo de gobernanza económica. La parálisis institucional de la UE podría estar desbloqueándose, limitadamente, en el capítulo referido a la capacidad financiera de las instituciones europeas, tras despejarse algunas incógnitas para lo que puede ser un Brexit blando y con la previsible formación de un gobierno conservador-SPD en Alemania.

La formación de gobiernos de extremo centro (Alí, Tariq; 2015), que representan, con nuevas formaciones o coaliciones, el núcleo compartido de la orientación política por los partidos neoliberales y socialiberales que han venido sustentando los regímenes políticos europeos de los últimos treinta años, en un escenario de amortiguación temporal de la crisis económica, podría conducir a la modificación de la arquitectura económica e institucional existente. Esta podría reorientar, entre otros capítulos de la gobernanza económica, los recursos de la Unión Europea, que hoy por hoy son exiguos en comparación con los que disponen los Estados miembros, irrisorios para cualquier política fiscal significativa, y que está, por ejemplo, muy por debajo del ya modesto, en términos relativos, presupuesto público de los EE UU, hacia una política más consistente en cuanto a la capacidad de exigir medidas de ajuste estructural. En aras de afianzar las políticas de disciplina fiscal, se promoverían medios –en cualquier caso, reducidos- para la estabilización del sistema financiero que pudiesen paliar una venidera crisis bancaria. Se redirigirían viejos programas de inversión, estructurales y sociales haciendo posible una limitada actuación anticíclica en países que sufran crisis, siempre y cuando hayan acatado las reformas neoliberales en su estructura económica, presupuestaria y de gasto.

Se ha producido un debate entre las élites europeas, circunscrito a la dimensión institucional, sobre las causas de la endeble estructura y dinámica económica, que ha acompañado algunas discusiones políticas existenciales del proyecto de la UE. Mientras que la agenda neoliberal, en sus diferentes formatos, achaca la crisis a la indisciplina presupuestaria y la ausencia de reformas estructurales en países menos competitivos, hay otros que atribuyen los problemas a la crisis de inversión, la hipertrofia financiera, o la desigualdad. Independientemente del diagnóstico o la perspectiva, todos partían de que una nueva crisis financiera puede poner en tela de juicio la Eurozona, y una crisis bancaria podría desencadenar una nueva y más profunda recesión. Los que son favorables a la arquitectura vigente del Sistema Euro (Husson, M.; 2012), tanto los neoliberales del extremo centro como los ordoliberales alemanes, toman la iniciativa para tratar de consolidarla, para que la UE no se desarticule y siga sirviendo a las oligarquías financieras y las corporaciones transnacionales europeas.

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Cataluña, balanzas fiscales y solidaridad

Autor: Ricardo Molero Simarro

ctxt.es

En el agrio debate sobre el proceso independentista catalán se ha dado por descontada su dimensión económica, extendiéndose una confusión interesada: la creencia de que la distribución de la renta en una economía depende de su dimensión territorial y, en concreto, de las aportaciones que unas y otras Comunidades Autónomas (CCAA) realizan a la Hacienda común.

Utilizando un argumento similar al de los defensores del Brexit, el independentismo catalán ha basado en buena medida su propuesta en la promesa de recuperación de la aportación neta que realiza a las balanzas fiscales autonómicas. En el otro extremo, el nacionalismo español ha acusado de profundamente insolidario al movimiento independentista por querer negarse a seguir realizando las contribuciones que, dada la mayor riqueza de la economía catalana, supuestamente le correspondería hacer.

Ni una, ni otra posición quieren comprender que, en realidad, el proceso de redistribución de renta se da, principalmente, entre hogares (sólo indirectamente entre CCAA); y que los desequilibrios territoriales de una economía como la española se deben, principalmente, a nuestro desestructurado modelo productivo (únicamente en el largo plazo al destino de la inversión pública en infraestructuras).

Sobre las balanzas fiscales se ha escrito mucho. En resumen, se trata de un cálculo de la diferencia, mediada por el sistema de financiación autonómica (SFA), entre lo que aportan las personas residentes en una CC.AA. vía impuestos y lo que reciben vía gasto público. Habitualmente esa diferencia se interpreta como la disparidad entre las aportaciones de unas y otras CC.AA., entendidas éstas como entes con capacidad propia de pagar impuestos y recibir gasto público, pero esa es una interpretación errónea. En realidad, las balanzas fiscales muestran la diferencia entre las aportaciones de los hogares de unas y otras CC.AA., no de las Comunidades en sí mismas. Es una sutil, pero importante distinción, en especial en lo que tiene que ver con cómo funciona la tan manida “solidaridad”.

Como explican la mayoría de expertos, lo lógico es que aquellas comunidades cuya renta per cápita es más alta sean las que más aporten a las balanzas en términos netos, en primer lugar, porque mayores son los ingresos de sus ciudadanos, así como los beneficios de las empresas allí domiciliadas; y, en segundo lugar, porque, a priori, menor es el número de personas que tienen necesidad de recibir prestaciones sociales, o al menos aquellas prestaciones que dependen del nivel de renta.

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RADIOGRAFÍAS DE LA RECUPERACIÓN (IV): Por qué el nuevo crecimiento tiene que ser verde y morado, y cómo conseguirlo

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

ctxt.es

Una idea esencial de los artículos anteriores de esta serie es que España crece, sí, pero sin resolver los problemas sociales y económicos que condicionan el futuro de la mayoría. Buena parte del nuevo empleo es muy precario, temporal y con bajos salarios. El resultado de esto, y de que no se hayan revertido los recortes al Estado de Bienestar, es que se ha cronificado un insoportable nivel de desigualdad. Así, crecimiento económico y progreso social son fenómenos que en este momento parecen conjugarse en tiempos distintos: la “recuperación” tiene un carácter ciertamente regresivo y ya no garantiza la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social del país.

Es necesario, por tanto, no sólo asegurar que el crecimiento se mantiene, sino también transformarlo. Sabemos además que las “reformas estructurales orientadas al mercado” no han propiciado un cambio productivo: siguen predominando los sectores de contenido tecnológico medio, e incluso medio-bajo; la actividad está creciendo sobre todo en sectores tradicionales como la hostelería, el turismo, el comercio minorista y la actividad inmobiliaria; y la mejora de la balanza externa no responde tanto a un avance en la capacidad de penetración de las exportaciones españolas como al abaratamiento de la factura energética importada.

Apuntalar y, simultáneamente, transformar el crecimiento de nuestra economía exige una estrategia industrial más audaz y proactiva que, involucrando al sector público junto al sector privado, sea capaz de fijar prioridades sobre qué sectores pueden servir de palanca para esa transformación, y poner en marcha medidas para impulsar su desarrollo. En concreto, nos parece que España requiere una estrategia que impulse un crecimiento sostenible en términos medioambientales (verde), que asegure la igualdad de género (morado), y que mejore la productividad a través del desarrollo del proceso de digitalización. Consagramos el resto del artículo a perfilar los dos primeros vectores, y dejamos el tercero para el siguiente artículo.

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La trampa de Tucídides y el futuro del Euro

Autor: Fernando Esteve

La Paradoja de Kaldor

Existe un acuerdo unánime de que China está en su fase ascendente en la escala del poder económico y militar. Menos acuerdo hay respecto a la cuestión de si la hegemonía norteamericana está ya en declive. En cualquier caso, el escenario geopolítico en las próximas décadas se augura complejo y marcado por esa doble circunstancia. Hay quienes anticipan el riesgo de que el mundo se vea abocado a lo que se conoce como Trampa de Tucídides y, al igual que Esparta ante el ascenso de Atenas desencadenó una guerra preventiva -la Guerra del Peloponeso-  antes de que la expansión de su rival amenazara su hegemonía, EE.UU. haga lo mismo con China. Hay quienes, por el contrario,   prevén un futuro pacífico definido por una hegemonía compartida chino-americana. Sea cual sea ese futuro, lo que parece hoy por hoy claro es que en su construcción la Unión Europea  nada parece contar. Europa es hoy por hoy un convidado de piedra en la escena geopolítica mundial.

No debiera ser así. Pero la realidad es que la Unión Europea no ha podido convertir su peso económico en poder económico ni tampoco sus valores políticos y culturales en poder político  en la esfera de las relaciones internacionales a escala mundial. La Unión es, por así decirlo,  autista, en el sentido de que todas sus energías las dirige hacia sí misma. Es como esos enfermos a los que la gravedad y urgencia de sus dolencias les llevan a desinteresarse de todo cuanto sucede en su entorno. Y la razón de ello es que el “corazón” de la Unión, la eurozona,  no funciona como sería de desear y se preveía en sus orígenes, hace una quincena de años.  Y no funciona porque adolece de una enfermedad “genética”, porque de salida, desde su concepción, su “corazón”: el euro,  estaba mal diseñado y se ha convertido en una fuente incesante de problemas.

Cierto que no era fácil construir una moneda única a partir de un conjunto heterogéneo de países que no conformaban una área monetaria óptima. Pero el diseño que se siguió a la hora de hacerlo, lo que se puede denominar como  “modelo neoliberal” de moneda única en la medida que, ante los inevitables desequilibrios comerciales y fiscales y sus consecuencias que tendría el establecimiento de una moneda única y una política monetaria común del Banco Central Europeo en los países de la eurozona dada su diversidad de situaciones y “culturas” económicas nacionales, sólo preveía para corregirlos de un mismo mecanismo: la puesta en práctica de políticas de ajuste  y de reformas estructurales, sobre todo de los mercados de trabajo, así como la imposición de sanciones a quienes no cumpliesen unos criterios en buena medida arbitrarios.

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Una propuesta para el debate sobre la transformación social planteado por Alasbarricadas

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Kaos en la Red

Sólo nos queda, pues, saludar la emergencia de un nuevo debate, el planteado por los compañeros de Alasbarricadas, de una confrontación de ideas que demuestra que algo sigue vivo en el movimiento libertario. Después de haberos presentado esta propuesta permitidme que os haga una confesión: no quiero ser seguido sino escuchado. Esta es una propuesta individual y el pensamiento fuerte es siempre colectivo.

“Un revolucionario, para merecer tal título, debe dominar la economía, la dialéctica, la política y la estrategia; cargarse de paciencia; defenderse con la ironía y emplear la acción a su debido tiempo” (Abraham Guillén. Desafío al Pentágono)

Una estrategia revolucionaria es una estrategia que apuesta por el cambio acelerado, por una transformación social que vaya más allá de las tendencias evolutivas, por la apertura de un proceso que encauce las mutaciones que vive nuestra economía y nuestra política en la dirección deseada por los revolucionarios.

La izquierda española no tiene un proyecto de ese tipo. Y el anarquismo ibérico, ahora mismo, tampoco. Las distintas sectas y grupúsculos del mundillo alternativo vegetan en la adoración acrítica de unas tradiciones idealizadas y, con ello, arrancadas de todo lo que les daba vida y pegada. Si el marxismo se ha convertido en un marasmo indistinguible de la socialdemocracia y el podemismo ha llevado a la oleada de luchas del 15M a su naufragio, el municipalismo no sabe muy bien adónde dirigirse ante la agresividad demostrada por los nuevos mandarines institucionales de la izquierda y el movimiento libertario se difumina en una miríada de propuestas autorreferenciales que basculan entre la pura repetición burocrática de lo mismo de siempre y la adoración de lo estrafalario, el vértigo de la imposible involución que se pretende hacer pasar por ecologismo o el sectarismo más estrecho y asfixiante.

¿Caben alternativas? ¿Hay propuestas revolucionarias para el día de hoy, en pleno siglo XXI, en un mundo cada vez más multipolar y más acosado por la aceleración de las transformaciones productivas, tecnológicas y culturales? ¿Es el pensamiento libertario un antídoto posible al transhumanismo, al ultraliberalismo, al ecofascismo y al nuevo feudalismo ultraderechista que ganan adeptos cada día que pasa?

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El bitcoin: ¿oro digital o fraude colosal?

Autor: Bruno Estrada Lopez

ctxt.es

El bitcoin la criptomoneda más famosa y más utilizada en el mundo fue creada hace solo ocho años, en 2009. Una criptomoneda es un medio digital de intercambio que no está respaldado por ningún activo, su valor intrínseco es cero, se basa en la confianza que millones de personas dan a un sistema descentralizado de creación de dinero.

No hay ningún Banco Central de un gran país detrás de su creación, ni ninguna entidad financiera global, ni ninguna gran empresa. Son miles de “mineros” los que están continuamente creando esta moneda en base a unos códigos que aseguran las transacciones.

Su creación se hace de forma conjunta por un sistema competitivo descentralizado de estos “mineros” digitales. Para que estos nuevos bitcoins, estas nuevas transacciones, sean confirmados es necesario que se incluyan en un bloque con una prueba de trabajo matemático. Dichas pruebas son muy difíciles de calcular ya que la única manera de pasarlas es intentando hacer miles de millones de cálculos por segundo.

Cuando los bloques son validados por el universo de “mineros” entonces el “minero” creador recibe una propina en bitcoins, propina que se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Los “apolojetas” del bitcoin dicen que esto es democratizar la creación de dinero.

Inicialmente, en la “época romántica” del bitcoin, los mineros eran personas individuales que, armados con un cierto conocimiento de electrónica e informática y un potente ordenador generaban esos bloques. Ante el aumento de valor de esta criptomoneda su producción se ha ido industrializando. Actualmente hay “granjas de servidores” trabajando permanentemente para calcular el valor de un nuevo bloque.

Su creciente éxito como instrumento de intercambio plantea dos graves problemas: su insostenibilidad financiera y medioambiental.

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Bruselas, ¿imposición o pretexto?

Autor: Fernando Luengo

infolibre.es

El discurso político y mediático del gobierno del Partido Popular (PP) está instalado en el pretexto. Apela continuamente a la necesidad de seguir la hoja de ruta marcada por Bruselas –sin cuestionarla, por supuesto–, deslizando el mensaje de que las políticas aplicadas dentro responden fielmente a las exigencias comunitarias en materia de ajuste presupuestario. Con esa falacia, pretenden salir libres de polvo y paja de una gestión de la crisis –de la cual el PP es en buena parte responsable– tan ineficiente como costosa en términos sociales y productivos.

Este mismo pretexto también ha sido sacado a pasear por el gobierno de Rajoy a través de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para cargar contra los “ayuntamientos del cambio”, exigiéndoles que introduzcan más y más recortes en las políticas sociales y en las inversiones. Presión que, además de inaceptable, resulta incomprensible, pues estos ayuntamientos han conseguido, con una gestión eficiente y transparente, sanear las cuentas públicas y al mismo tiempo mejorar el bienestar de la ciudadanía. Lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid desvela los verdaderos intereses del PP: debilitar y fracturar Ahora Madrid, poner contra las cuerdas a los concejales más comprometidos con las políticas antiausteridad, meter al Ayuntamiento en la lógica de los recortes y trasladar a la opinión pública la percepción de que sólo hay una política económica posible. Lo cierto, sin embargo, es que existía y existe en el estado español un margen de maniobra que, sobre todo por falta absoluta de voluntad política, no ha sido utilizado.

El contraejemplo está en Portugal, donde sí encontramos el compromiso político que ha estado clamorosamente ausente en nuestro país. En este país, desde que gobierna la coalición de izquierdas, se ha reducido de manera sustancial el desempleo y han mejorado los salarios; en paralelo, se ha reducido la deuda y el déficit públicos.

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Defender Madrid de Montoro y de los recortes

Autor: Pablo Carmona

La Marea

Con los últimos acontecimientos sobre el presupuesto de Madrid se demuestra que, en materia de austeridad, Madrid constituye el campo de pruebas más avanzado de nuestro país. El culebrón de tecnicismos y cifras sobre el presupuesto madrileño que ocupa la agenda pública no responde más que a una batalla política. De un lado, el gobierno del PP quiere secar las arcas municipales e intervenir sus cuentas. Del otro, el Ayuntamiento de Madrid defiende a capa y espada un presupuesto con un enorme superávit capaz de cubrir buena parte de las necesidades sociales y las inversiones que tanto demanda la ciudad.

Las reglas del juego vienen marcadas por el famoso artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como Ley Montoro. Esta ley –además de aplicarse–, ha sido interpretada y retorcida en la persecución contra Madrid desde los más amplios malabarismos políticos. De nada han valido las muestras de solvencia, e incluso las concesiones en forma de recortes no estructurales que se han hecho desde el Ayuntamiento en sus últimos documentos, todos los intentos han sido tumbados. Sencillamente, Montoro no busca un acuerdo con Madrid, sino su rendición.

Como se ha ratificado en los últimos días, son muchas las administraciones que incumplen la regla de gasto, pero los mismos criterios de estabilidad que valen para otras administraciones no son efectivos para Madrid. El propio Montoro, año tras año, tiene que pedir prórrogas a Bruselas producto de sus reiterados incumplimientos con los compromisos adquiridos en materia de déficit y deuda pública. Sin embargo, el color político del gobierno de Madrid y el de algunas comunidades autónomas o ayuntamientos, son dos muy distintos y ahí está la clave del problema. Madrid se ha convertido en objetivo político evidente.

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Entrevista a Carlos Sánchez Mato: “Tenemos que evitar que el mejor producto del PP sean Ahora Madrid y Manuela Carmena”

Autor: Carlos Sanchez Mato

El Salto (YAGO ÁLVAREZ @ECONOCABREADO)

El ahora “solo” concejal del distrito de Vicálvaro recibe a El Salto en el hall del Ayuntamiento de Madrid. Sale un momento del pleno municipal para atendernos: “Normalmente hago yo el 25% o 30% de la intervenciones del pleno. Hoy no me toca nada”, explica con cara de resignación. No lleva uno de esos trajes con los que normalmente asistía al edificio de Alcalá 45 y que hicieron que Esperanza Aguirre le llamara “el díscolo de Ahora Madrid por ser el único que se pone corbata”. Hoy, parece que Aguirre acertaba, pero no por los trajes.

Carlos Sánchez Mato ha librado, desde que entró en la concejalía, una batalla política con el Ministerio de Hacienda por la interpretación de la Regla de Gasto. Tras darle la vuelta a las cifras económicas de la ciudad reduciendo su enorme deuda, al mismo tiempo que incrementaba la inversión y el gasto social, el ministro Montoro ha forzado al Ayuntamiento a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que Sánchez Mato se ha negado a apoyar, lo que le ha costado su puesto. El lunes 18 de diciembre fue destituido como delegado de Economía y Hacienda por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

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RADIOGRAFÍAS DE LA RECUPERACIÓN (III): Una política industrial activa para un crecimiento diferente

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es

Nuestros dos artículos anteriores en esta serie de “radiografías de la recuperación” (aquíaquí) han dejado un mensaje claro: el crecimiento económico que España está registrando desde 2014 no está generando “progreso social”. No consigue mejorar de una forma sustancial la situación de la mayoría, y la elevada desigualdad se ha instalado como una “característica estructural” de nuestra sociedad. La precariedad del empleo que se está creando, la devaluación salarial y la disminución de la capacidad distributiva de las políticas públicas –por los recortes llevados a cabo en los años anteriores– explican en buena medida estos resultados. Por ello, proponíamos en dichos artículos algunas medidas orientadas a mejorar la calidad del empleo, promover el crecimiento de los salarios y disminuir la desigualdad.

En este artículo queremos ampliar nuestra radiografía de la situación económica actual con tres nuevas ideas. En primer lugar, España crece, pero no por el “éxito” de las políticas de austeridad. En segundo lugar, estas políticas no han alumbrado un “nuevo modelo” de crecimiento. En tercer lugar, España requiere transformar la forma que tiene de crecer, y esto sólo puede lograrse con una política industrial que potencie activamente algunos sectores estratégicos.

El crecimiento no se deriva de las políticas de austeridad y devaluación salarial

Es de sobra conocido y generalmente aceptado que los recortes fiscales y salariales prolongaron innecesariamente la crisis, al reforzar sus efectos depresivos. Fue precisamente su implementación lo que provocó la segunda recesión (2011-2013) por la reducción de la demanda interna. Se ha comprobado que la hipótesis de la “austeridad expansiva” era falsa.

A pesar de esto, sus partidarios siguen presentando el crecimiento actual como la prueba del “éxito” de este modelo de política económica, argumentando que los recortes fiscales y las “reformas estructurales” han mejorado nuestra competitividad, y que esto ha dado lugar a un modelo de crecimiento más robusto y basado en la fortaleza de las exportaciones.

Sin embargo, esta interpretación no se corresponde con la realidad. La austeridad fiscal no fue lo que consiguió frenar la subida de la prima de riesgo española, que se elevó en 400 puntos básicos entre mediados de 2010 y mediados de 2012, a pesar de los intensos recortes del periodo. No fue hasta el verano de 2012, cuando se produjo la intervención del Banco Central Europeo (BCE) anunciando su programa de compra de bonos, cuando la prima de riesgo efectivamente comenzó a reducirse y se restableció la financiación.

Por otro lado, la devaluación salarial y la reducción de los costes laborales unitarios sólo se han trasladado de forma muy parcial a los precios de las exportaciones. Entre 2009 y 2016, el tipo de cambio efectivo real de la economía española se depreció un 15%, pero si lo medimos utilizando los precios finales de las exportaciones –de los que de verdad depende la competitividad precio– esta mejora fue sólo del 4%.

De hecho, el principal motor del crecimiento del PIB desde 2014 ha sido la demanda interna, no la demanda externa (gráfico 1). La demanda externa tiene un comportamiento muy anticíclico en España, por la elevada elasticidad renta de sus importaciones (especialmente, bienes de capital y energía). Por ello, la contribución de las exportaciones netas al crecimiento fue particularmente positiva durante los años de la recesión, pero esto se debió al hundimiento de las importaciones, y no a un cambio de tendencia de las exportaciones derivado de aumentos de la competitividad (gráfico 2). En este mismo gráfico vemos que, si bien la recuperación de las exportaciones es una noticia muy positiva, su tasa de crecimiento en los últimos años es prácticamente igual a la registrada en el anterior periodo de expansión. Por eso mismo, el aumento de su peso en el PIB se explica principalmente por el desplome de la demanda interna, que de hecho sigue siendo inferior a 2007.

Gráfico 1. Contribuciones al Crecimiento del PIB real. Fuente: Ameco.

Gráfico 1. Contribuciones al Crecimiento del PIB real. Fuente: Ameco.

Gráfico 2. Exportaciones e importaciones . (1999q4=100) precios corrientes. Fuente: Eurostat.

Gráfico 2. Exportaciones e importaciones . (1999q4=100) precios corrientes. Fuente: Eurostat.

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Montoro y la elección del campo de batalla

Autor: Segundo Gonzalez

ctxt.es

La regla de gasto es uno de los instrumentos más perversos y delirantes de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que desarrolló el artículo 135 de la Constitución reformado en 2012. Mediante la regla se impide que los ayuntamientos puedan utilizar los superávit presupuestarios que han logrado en financiar otra cosa que no sea la amortización de la deuda, incluso si no la tiene. Esto lleva a situaciones antieconómicas y surrealistas como que los ayuntamientos acumulen 20.000 millones de euros en depósitos de efectivo, el mayor saldo de su historia.

Dado que el nivel de déficit de España es la suma de los niveles de déficit de las diferentes administraciones –central, autonómica, local y Seguridad Social– el gobierno central necesita el superávit de los ayuntamientos para cuadrar las cuentas del conjunto del sector público y poder cumplir con los objetivos que marca Bruselas. Sólo en 2016, las cuentas locales se cerraron con un superávit del 0,6% del PIB, mientras que la Administración Central tuvo un déficit del 2,7%. El superávit de los ayuntamientos permite al Gobierno financiar su mala gestión y la política laboral que genera el déficit en la Seguridad Social. Por este motivo, el superávit de los ayuntamientos es tan importante para Montoro.

La regla de gasto, por tanto, es perversa en sí misma. Pero además, su ejecución ha sido arbitraria e irracional, incluyendo cambios de criterio a mitad de la partida con el fin de que Madrid no cumpliera la regla de gasto. Para empezar, el gasto y la inversión de cada municipio se calcula en base a una tasa de referencia del PIB que es no es observable, es decir, es un cálculo que permite mucha discrecionalidad al gobierno. En segundo lugar, su aplicación depende por completo de criterio de Hacienda, que puede cambiar en función de sus intereses: Montoro aplicó en el Ayuntamiento de Madrid unos criterios de cálculo en abril, y otros totalmente diferentes en octubre. Además, Hacienda utiliza la regla de gasto contra Madrid a pesar de que tiene 1000 millones de superávit y ha liquidado ya el 40% de la deuda que le dejó el PP, es decir en dos años ya ha reducido la misma deuda que redujo Botella durante todo su mandato. Sin embargo, permitió mucha mayor flexibilidad en la interpretación de la norma ante otros ayuntamientos, como como el de Jaén, gobernado por el PP.

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En Madrid existían alternativas a la aprobación del Plan Económico de Montoro

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

El pasado 18 de diciembre seis concejales de Ahora Madrid decidieron no votar el Plan Económico Financiero que se presentó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, motivo por el cual la alcaldesa Manuela Carmena cesó al delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, por ser uno de ellos y mostrarse en contra del citado documento. Algunas voces han señalado que aquí se dibujaban únicamente dos opciones: o aprobar un plan económico dictado por Montoro que incluye importantes recortes presupuestarios, o sucumbir a la dolorosa intervención del Ministerio de Hacienda. Pero esto no es en absoluto cierto por varios motivos que se expondrán a continuación.

Es importante recordar que el ataque realizado por Montoro sobre el Ayuntamiento de Madrid es de carácter 100% político, aunque se disfrace con tecnicismos como “Regla de Gasto” o “Plan Económico Financiero”. El gobierno de Ahora Madrid ha demostrado con creces que otra política económica es posible, puesto que en apenas dos años y medio ha incrementado la inversión social en un 74% y las inversiones en infraestructuras en un 102%, al mismo tiempo que ha reducido la deuda en más de un 40% y registrado superávit por más de 1.000 millones de euros. Toda una proeza que atenta contra el discurso manido de los fanáticos de la austeridad con el que se alega que los recortes en el gasto público son necesarios para cuadrar las cuentas. Y para que este exitoso caso de anti-austeridad no se convirtiera en ejemplo a imitar en otras zonas del país, el gobierno del PP con Montoro a la cabeza puso todo su empeño en dinamitarlo.

Para ello recurrió a la Regla de Gasto, un criterio que limita el gasto público independientemente de la cantidad de ingresos que haya. Pero lo hizo retorciendo la interpretación de esta regla hasta llevarla a un punto no recogido en la legislación, al mismo tiempo que denunció en los tribunales determinadas inversiones del consistorio. Se trató de un evidente maltrato discriminatorio, ya que a ningún otro ayuntamiento del país se le han exigido jamás tantísimos recortes ni se le ha intentado parar las inversiones. Prueba de que Montoro exigía recortes exagerados utilizando una interpretación ilegal de la Regla de Gasto es que los técnicos funcionarios del Ayuntamiento no sabían a qué normativa o instrucción atenerse para elaborar el Plan Económico exigido por el Ministerio, o que la propia plataforma informática del Ministerio rechazara la introducción de los datos del Plan, o que el propio órgano fiscalizador del sector público (AIREF) haya reconocido que Madrid tiene las cuentas saneadas y que no entiende la insistente tutela del Ministerio. Montoro quería dar un castigo ejemplar al gobierno de Ahora Madrid, y no le importaba si se saltaba sus propias leyes y normas. Por eso desde el Ayuntamiento de Madrid denunciamos en los tribunales este atropello ilegal.

La última resolución enviada en noviembre por el Ministerio instaba a realizar un plan económico que recogiera recortes de más de 552 millones de euros, pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo. Sin embargo, por alguna razón, desde el Ayuntamiento se quiso aprobar este documento inmediatamente. Así, se ordenó al área de Economía del Ayuntamiento hacer ese plan económico. El plan lo elaboraron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo. Carlos Sánchez Mato ha cumplido, con lealtad, con sus obligaciones procedimentales hasta el último día. Otra cosa son sus posicionamientos políticos, donde no se le puede obligar a apoyar algo que no comparte, que no ha elaborado y que considera un grave error político y económico, especialmente cuando ello no se ha debatido en ningún espacio de Ahora Madrid. Por eso, dada la importancia de la votación, desde Izquierda Unida solicitamos que se consultara a las bases de Ahora Madrid su opinión al respecto, pero fuimos ignorados.

Desde el equipo de Carlos Sánchez Mato proponíamos una alternativa diferente: no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la Regla de Gasto y nos librásemos así de la tutela del Ministerio. Ganar tiempo era la mejor estrategia, porque se podían ganar los recursos en los tribunales (insisto en la atrocidad en términos jurídicos cometida por el Ministerio) o se podía cambiar la Regla de Gasto en el Congreso de los Diputados gracias a una proposición de Unidos Podemos en cuyo diseño participamos.

En cualquier caso, y poniéndonos en la peor de las situaciones, acorde al segundo punto del artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la hipotética intervención de Montoro supondría el envío de funcionarios del Ministerio que aplicarían exactamente los mismos recortes que va a aplicar ahora el gobierno de Ahora Madrid. Es decir, en el peor de los casos el coste económico sería el mismo y el coste político lo sufriría únicamente el gobierno de Rajoy y no el gobierno de Ahora Madrid.

Por eso es falsa la disyuntiva presentada al comienzo de este artículo. Había opciones diferentes a la de aprobar los recortes de Montoro, todas menos dolorosas para el proyecto político de Ahora Madrid y para el bienestar de la ciudadanía madrileña.

El Plan aprobado recoge un recorte de más de 552 millones de euros, un 13% del presupuesto. Concretamente recoge un recorte bestial del 55% en inversiones. Estos datos pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento.

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Nueva política económica y cambio climático

Autor: Nacho Álvarez Peralta

(Artículo publicado en El Siglo de Europa)

La economía española presenta hoy enormes retos. La recuperación económica está consolidando un perfil de crecimiento muy preocupante: es cierto, la economía crece y lo hace a una tasa que duplica el crecimiento en la Eurozona, pero este crecimiento viene de la mano de una creación de empleo de muy mala calidad, que generaliza la precariedad, los contratos temporales y los bajos salarios. El 29% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, la recuperación está apuntalando nuevamente una especialización basada en sectores de baja productividad (hostelería, turismo, actividades inmobiliarias), y se mantiene nuestra tradicional dependencia de las importaciones de combustibles fósiles.

Estos son enormes desafíos para la política económica en nuestro país. Pero hay uno todavía mayor: el cambio climático. Tradicionalmente los economistas han analizado las diferentes alternativas de política económica sin hacerse cargo de las restricciones ecológicas existentes en la biosfera. Hoy ya no es posible pensar la política fiscal, distributiva o industrial sin considerar simultáneamente la urgencia global por reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. De poco servirá crear empleo de calidad, reducir las desigualdades o mejorar la especialización productiva de nuestra economía, si esto no contribuye a afrontar el mayor desafío que tenemos delante: frenar el calentamiento global para evitar la catástrofe medioambiental.

Esto no sólo obliga a pensar en las implicaciones medioambientales de las políticas económicas propuestas (para evitar tirarnos piedras en nuestro propio tejado). También exige trasversalizar el objetivo de reducción de emisiones al conjunto de políticas económicas diseñadas.

Así, por ejemplo, el fin de la austeridad fiscal debe ponerse al servicio de la transición energética y de la modernización de nuestro tejido productivo. La inversión pública –hoy 30.000 millones de euros inferior a la de 2009– debe servir para impulsar el desarrollo de las energías renovables en nuestro país, para estimular la electrificación del parque automovilístico y favorecer el transporte colectivo, y para desarrollar profundas reformas inmobiliarias que mejoren la eficiencia energética de nuestros edificios e instalaciones. De acuerdo al estudio realizado por el conocido economista Robert Pollin (Un programa equitativo de inversión en energías limpias para España), un plan de inversión de estas características equivalente al 1,5% del PIB, sostenido durante los próximos años, podría crear 400.000 empleos de calidad, reducir un 80% el consumo de combustibles fósiles y disminuir las emisiones de CO2 hasta un 75%.

Una nueva política económica debe contribuir igualmente a desplazar la especialización de nuestro tejido productivo hacia actividades menos intensivas en el consumo de energía y materiales, como son la economía de los cuidados y los servicios personales (dependencia, o atención a la infancia).

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Sobre la destitución de Carlos Sánchez Mato como concejal de economía del Ayuntamiento de Madrid

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

Desgraciadamente se están lanzando varios mensajes inexactos (o directamente falsos) sobre la destitución de Carlos Sánchez Mato. Como una de las personas que han vivido de ceca este episodio, me veo obligado a aclarar estas confusiones.

1) El Ayuntamiento de Madrid estaba demostrando que otra política económica es posible (incremento inversor y cuentas saneadas) y eso no podía ser permitido por el mayor fanático de la austeridad: el PP con Montoro a la cabeza.

2) En su intento por hacer fracasar el proyecto de Ahora Madrid, Montoro realizó una interpretación ILEGAL de la Regla de Gasto, y exigió recortes mucho más exagerados que los que ha pedido a otros ayuntamientos incumplidores de tal regla. Quería un castigo ejemplar.

3) Montoro cambió las reglas a mitad del partido únicamente para maltratar al gobierno de Ahora Madrid. Los técnicos del ayuntamiento (que no son de izquierdas) alucinaron con este evidente maltrato. Por eso denunciamos en los tribunales este atropello ilegal.

4) Montoro exigió la realización de un plan económico que recogiera recortes de más de 533 millones €. Una salvajada que, insisto, no se atiene a la legislación. Pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo.

5) Sin embargo, inexplicablemente a la alcaldesa le entraron prisas y ordenó al área de economía hacer ese plan económico. El plan lo hicieron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo.

6) La alternativa que proponía Carlos Sánchez Mato era no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la Regla de Gasto y nos librásemos así de la tutela del Ministerio.

7) Ganar tiempo era la mejor estrategia, porque se podían ganar los recursos en los tribunales o se podía cambiar la Regla de Gasto en el Congreso de los Diputados gracias a una proposición de Unidos Podemos en cuyo diseño participó el propio Carlos.

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El bitcoin está destinado al fracaso

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

Cada vez se habla más de las criptomonedas, y especialmente de la más famosa y utilizada de todas: el bitcoin. Este tipo de monedas, creadas desde el sector privado, se caracterizan esencialmente por ser digitales y por regirse a través de un software informático complejo que conecta a todos sus usuarios de forma que se origina para cada transacción un modelo de contabilidad distribuida. La forma de emitir nueva moneda se lleva a cabo a través de la resolución de un algoritmo informático que cada vez se va complejizando más y en el que puede participar cualquier usuario. En el caso del bitcoin, la emisión de la moneda está limitada a un máximo de 21 millones de unidades.

El bitcoin se creó en el año 2009, en plena crisis económica mundial, y desde entonces su utilización ha ido en aumento. Empleada en un primer momento en muy pocas regiones y sólo en determinados sectores económicos, se ha ido extendiendo cada vez más hasta llegar a nuevos países y a nuevas ramas económicas. Y, aunque hoy día sigue siendo una moneda con una utilización marginal a nivel mundial, llama muchísimo la atención la importancia que ha alcanzado una moneda creada por el sector privado, ya que ha registrado un éxito que no tiene parangón alguno en la historia.

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¿Cómo conseguir que las ganancias de productividad se conviertan en más empleo?

Autor: Fernando Luengo

eldiario.es

La coexistencia de aumentos en la productividad del trabajo y relativamente altos niveles de desempleo nos emplaza a un debate alrededor de la pregunta que encabeza el texto. Este debate, de alcance europeo, cobra especial relevancia y actualidad en la economía española, cuando vemos que, en los últimos años, los indicadores de productividad y empleo han evolucionado en direcciones opuestas; el sustancial aumento del primero ha ido de la mano de una masiva destrucción de puestos de trabajo.

Para el relato dominante, el de los poderosos, el nexo entre productividad y empleo está garantizado, siempre que las fuerzas del mercado actúen sin trabas ni interferencias; en esas condiciones, se da una secuencia virtuosa entre la productividad, los beneficios, la inversión y el empleo. Según esta secuencia, los aumentos de productividad tienen una incidencia positiva sobre los márgenes empresariales, que, al activar la inversión productiva, aumentan los niveles de ocupación de la economía.

Una primera e importante fisura en esta hoja de ruta es la evidente desaceleración, observada en las últimas décadas, en el ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo. Una evidencia empírica que obliga a preguntarse por los factores estructurales, más allá de la coyuntura de la crisis, que explican los magros resultados obtenidos en materia de productividad y las consecuencias que todo ello tiene en materia de crecimiento y bienestar. En las líneas que siguen, retomando la pregunta inicial, me centro en otro asunto, no menos importante: identificar algunos mecanismos que podrían establecer un nexo sólido entre productividad y empleo.

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Que España funcione

Autor: Nacho Álvarez Peralta

El País

Hay algo en España que no funciona, que debemos arreglar. Se ha roto el vínculo entre crecimiento económico y progreso social. Nuestro país crece en este momento por encima de la media europea, y sin embargo el 70% de los hogares, según el Informe FOESSA, no percibe efectos positivos de la recuperación de la actividad económica. Es más, a 13 millones de personas (el 28% de la población española) este crecimiento no les dice nada: siguen en riesgo de pobreza o exclusión social.

En esta brecha entre lo que el gobierno subraya (el PIB crece y se crea empleo) y lo que la mayoría experimenta (mi situación no mejora), hay dos cuestiones clave: la calidad del empleo y la evolución de los salarios. Ambas dimensiones se han visto profundamente erosionadas por las “políticas estructurales” aplicadas durante la crisis, con la excusa de favorecer la recuperación.

Sin embargo, la devaluación salarial (que ha aumentado la desigualdad y la pobreza) no es la causa del crecimiento actual, como sugiere el gobierno. El Informe Anual del Banco de España identifica los principales determinantes de este crecimiento: la política monetaria del BCE, los precios del petróleo, el tirón del turismo y una política fiscal tímidamente expansiva en 2015-2016 explican más de dos terceras partes. Las exportaciones también están contribuyendo al crecimiento, pero no más que en la anterior fase expansiva, ni como consecuencia de la reducción de los costes laborales (que se han trasladado de forma limitada a los precios).

La investigación académica apunta más bien en sentido contrario: los estudios que han analizado el “crecimiento impulsado por los salarios” prueban repetidamente que un aumento del peso de los salarios en el PIB no sólo no pondría en peligro el crecimiento y la creación de empleo, sino que los reforzaría. Un buen ejemplo es el trabajo de Onaran y Obst Wage-led growth in the EU15 member-states: the effects of income distribution on growth, investment, trade balance and inflation, publicado en el Cambridge Journal of Economics en 2016.

Los salarios son un coste para las empresas, pero también son el origen principal de su demanda, especialmente si las subidas salariales se concentran en los salarios bajos, con mayor propensión marginal al consumo. Los mencionados estudios evidencian que los efectos positivos de las subidas salariales superan en la mayoría de países —incluido España— a los posibles efectos negativos sobre la competitividad y las exportaciones, o sobre los beneficios empresariales y la inversión. De hecho, ésta crecería, porque una potente razón de las empresas para ampliar su capacidad productiva es una demanda estable. El problema de los salarios en España no es por tanto que su aumento ponga en peligro la creación de empleo, sino su bajo crecimiento.

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Madrid, capital europea de la energía solar

Autor: Bruno Estrada Lopez

Radicales Libres

La ciudad de Madrid, vapuleada y esquilmada durante más de dos décadas de gobiernos del PP, ha empezado a disfrutar de una hermosa primavera desde 2015.

Para el Partido Popular las administraciones públicas, y particularmente el Ayuntamiento de Madrid, se habían convertido en un lugar de donde extraer enormes plusvalías para sus amiguetes a costa del deterioro de los servicios de los madrileños, de los derechos y salarios de los trabajadores que tenían que realizar esos servicios. Generaron un enorme endeudamiento, que lastraba la capacidad de afrontar las inversiones que realmente necesita nuestra ciudad.

El equipo de Manuela Carmena ha hecho mucho trabajo en la penumbra durante estos dos años cuyos resultados ahora estamos empezando a ver, y disfrutar, los madrileños.

Las restricciones presupuestarias que ha sufrido el Ayuntamiento de Madrid debido a las herencias de la nefasta gestión de Gallardón y Botella, y el cerco fiscal al que le ha sometido Montoro, no han permitido desarrollar más iniciativas, pero ahora es el momento de empezar a pensar qué ciudad queremos seguir construyendo a partir de 2019: Madrid, la capital europea de la energía solar.

Las ciudades son verdaderos sumideros de energía, representan el 75% de la demanda total. Sin embargo cada vez más ciudades están apostando por incentivar la producción de energía eléctrica a escala local, ya que es una estrategia que crea valor añadido local, que garantiza el suministro eléctrico e incrementa el ahorro al reducirse sustancialmente las pérdidas en la red de distribución. ¿Donde se puede producir energía en Madrid?

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4 minutos que acabarán con la regla de gasto

Autor: Alberto Garzon Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

Un despiste de cuatro minutos en el Alcázar parlamentario del PP ha supuesto un logro sin precedentes del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en esta legislatura: la posibilidad de debatir y aprobar una modificación de la regla de gasto que asfixia a ayuntamientos impidiendo que utilicen su dinero en la mejora del bienestar de sus habitantes.

En el año de legislatura que llevamos, el Gobierno ha paralizado 70 iniciativas legislativas de la oposición. Para ello, ha vetado en la Cámara el debate con el argumento, no siempre cierto, de que estas medidas afectan a los Presupuestos Generales del Estado, prerrogativa ésta que la Constitución otorga en exclusiva al Gobierno. Se están obstaculizando leyes que hubieran permitido mejorar la vida de las personas y reconocer derechos sociales. Bajo esta excusa de evitar un aumento presupuestario se esconde una vara de medir tramposa que no hace otra cosa que utilizar la vieja táctica de llevarse el balón cuando van perdiendo el partido.

En efecto, no es muy democrático utilizar el veto para impedir que se debatan leyes en el Congreso de los diputados. Por eso es indispensable modificar los artículos 111 y 126 del Reglamento para establecer un protocolo claro que refleje los requisitos formales a los que debe someterse el Gobierno para justificar su disconformidad con la tramitación de una proposición de ley.  Y es que parece que cuando pierden la mayoría en las instituciones, desaparece también el interés en lo que pueda hacerse en su seno.  “Si no os gustan las leyes, cambiadlas”. Eso estamos intentando, y es entonces cuando aparece un nuevo obstáculo: el veto.  Pero esta vez el Gobierno llegó cuatro minutos tarde.

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RADIOGRAFÍAS DE LA “RECUPERACIÓN” (II): Desigualdades crecientes. ¿Cómo fortalecer la cohesión social?

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es

El elevado nivel de desigualdad en la distribución de la renta que presenta nuestro país es uno de los problemas económicos más importantes de cuantos tenemos por delante.

Tras una “década perdida”, la economía española ha vuelto en 2017 a los niveles de PIB que tenía en 2007, pero con una auténtica recomposición económica que supone quebrar de hecho el “contrato social”: estamos en una economía más desigual, que no garantiza que el trabajo sea un pasaporte de ciudadanía ni de ingresos suficientes, y que deja atrás a una parte muy importante de la población. ¿Cómo podemos reducir drásticamente las desigualdades y poner en pie un nuevo contrato social?

El aumento de la desigualdad de la renta viene de lejos, pero se agrava durante la crisis

Debemos tener en cuenta que el aumento de la desigualdad no es un fenómeno que pueda circunscribirse a la crisis, ni que responda exclusivamente a lo sucedido durante esta última década. De hecho, a comienzos de la crisis, los principales organismos económicos internacionales ya alertaban de la tendencia al aumento de las desigualdades económicas y sociales (véanse los informes del FMI –World Economic Outlook, 2007–, o de la OCDE –Employment Outlook, 2007–).

Ahora bien, la crisis ha agudizado esta dinámica de “crecimiento desigual”, profundizando una distribución de la renta cada vez más inequitativa.

España es el país de la unión monetaria en donde más ha aumentado la desigualdad en la última década. Este espectacular incremento desde el inicio de la crisis se debe fundamentalmente a tres factores:

a) una fortísima destrucción de empleo durante el periodo 2008-2012, acentuada por la facilidad de despido de las personas con empleos temporales y el abuso de este tipo de contratos.

b) unos duros recortes en el gasto público, que no sólo agudizaron la crisis y la destrucción de empleo, sino que además limitaron la capacidad redistributiva de nuestro débil Estado de Bienestar.

c) la política de devaluación salarial implementada por el gobierno del Partido Popular, principalmente a través de la erosión de la negociación colectiva y el impulso de la unilateralidad de las empresas para fijar condiciones salariales y de trabajo.

La superposición de estos tres factores ha llevado a que durante esta última década se haya producido un aumento de la desigualdad de la renta en todas sus facetas: ha caído el peso de los salarios en la renta nacional, ha aumentado la diferencia entre los salarios más bajos y más altos, y ha aumentado la desigualdad en las rentas personales incluso teniendo en cuenta la actuación redistributiva del Estado mediante impuestos y transferencias.

El gráfico 1 ilustra la continuada caída que ha experimentado la participación de los salarios en la renta nacional (ajustada para incluir tanto el trabajo asalariado como el autónomo, siguiendo la metodología de AMECO). Desde 1995 estas rentas han reducido un 6% su peso en el Producto Interior Bruto. El elevado desempleo, la generalización del empleo precario y las políticas económicas impuestas por el gobierno del PP –particularmente la reforma laboral de 2012– han seguido profundizando esta tendencia en el marco de la crisis. Desde el comienzo de la crisis, la pérdida experimentada por las rentas del trabajo equivale a 2 puntos porcentuales del PIB. Si esto no hubiera ocurrido, el conjunto de trabajadores y trabajadoras habrían ingresado en 2017 unos 20.000 millones de euros más, lo que supone entre 800 y 1000 euros más por persona al año.

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DEPORTE POPULAR, UNA HERRAMIENTA CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN DEL DEPORTE

Autor: Alfredo del Rio Casarola

Blog de Econonuestra en Público.es

El deporte es en la sociedad un espacio completamente mercantilizado y del que, cada vez más, somos espectadores en lugar de participantes. Esto ha generado que sean muchas las personas que han abandonado la práctica del deporte, pero, eso sí, siguen consumiendo deporte cada día. Por tanto, propongo caracterizar este deporte, hegemónico en la sociedad actual, a través de tres aspectos principales: su influencia en la infancia, su carácter mercantil y privativo y la opresión que ejerce sobre la mujer.

La infancia es la fase vital en la que se desarrolla el proceso de enculturación, es decir, cuando los niños y niñas adquieren, tanto consciente como inconscientemente, una forma de comportarse, de pensar y de entender su entorno. En lo que se refiere al deporte, la infancia sólo recibe estímulos, a mi juicio, negativos: las victorias son lo único que se valora en lugar del propio desarrollo de una actividad física y lúdica; los enfrentamientos e insultos son muy habituales; los referentes, sólo masculinos, están muy alejados de la población común; y la ilusión de que el deporte es una actividad social simplemente meritocrática, es decir, en la que triunfan los que más se esfuerzan, está completamente extendida.

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Repartir las horas de trabajo es la mejor forma de crear empleo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Artículo publicado originalmente en el número 54 de La Marea

A pesar de que existen muchos tópicos sobre lo vagas que son las personas que viven en el sur de Europa en comparación con las del norte, lo cierto es que cuando uno observa los datos comprueba cómo son los trabajadores de los países del sur los que más horas echan en el trabajo. Por ejemplo, en Grecia el número de horas que trabaja cada empleado de media fue en 2016 de 2.045 horas, mientras que en países como Alemania fue de 1.363. Así las cosas, podríamos decir que un trabajador alemán trabaja de media un 33% menos que uno griego, lo que vendría a traducirse en unas dos horas al día menos. No está nada mal.

España no se queda atrás: el número medio de horas trabajadas por trabajador fue en 2016 de 1.695 horas, situándose en un punto intermedio entre Grecia y Alemania, pero claramente por debajo de la mayor parte de los países del norte de Europa. Un simple ejercicio nos podría ofrecer interesantes reflexiones: si tomásemos todas las horas trabajadas –remuneradas- por los empleados de España y las repartiésemos entre todos ellos incluyendo a los parados de forma que cada uno de ellos trabajase de media lo mismo que un trabajador francés, entonces la tasa de paro española caería automáticamente al 4,7%. Sin incrementar en nada el número de horas, simplemente repartiendo solidariamente todas las que ya se realizan. Interesante, ¿verdad? Pero si hiciésemos lo mismo de manera que trabajásemos de media lo mismo que un trabajador alemán, ¡entonces no tendríamos suficientes parados para repartir las horas! Necesitaríamos traer parados de otros países para poder repartir todas las horas de trabajo remuneradas que se realizan en el país.

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Unos nuevos comunales para el campo

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

El Salto

Pese a los impactantes episodios represivos de estas últimas semanas no está mal dedicarle algún tiempo a la ensayística de fondo, la que te hace crecer intelectualmente, la que te genera preguntas y te obliga a investigaciones propias. En mis manos ha caído un libro de ese tipo. Corto, vibrante, pero con mucha miga. Se trata de La defensa de los comunales de César Roa Llamazares, publicado por Catarata.

El libro es un texto serio, riguroso, breve y directo. Combina la erudición y la bonhomía que acompañan a César allí donde va. Y, sobre todo, nos obliga a plantearnos elementos centrales de nuestra comprensión clásica del mundo rural desde una perspectiva fundamentada y no acríticamente idealizadora.

El hilo conductor del libro son las resistencias opuestas en el siglo XIX a la destrucción de los regímenes de propiedad rural comunal en todo el mundo. La emergencia de determinadas líneas políticas y sociales vinculadas con el llamado “populismo agrario”, representado por figuras como Henry George, Herzen o Joaquín Costa que enfrentaron, de manera dispersa pero decidida, el proceso de expolio de los comunales, una forma de gestión colectiva de determinados recursos rurales que se habían convertido, en el previo escenario del Antiguo Régimen, en elementos estratégicos para la supervivencia de las comunidades campesinas.

El proceso de los enclosures (el cercamiento de las tierras en manos de la producción familiar de subsistencia junto al expolio acelerado de los comunales) dio lugar al éxodo rural en dirección a las ciudades que garantizó en estas la mano de obra jurídicamente libre y hambrienta que permitió, junto al creciente excedente agrícola y comercial dispuesto a ser invertido, el nacimiento del modo de producción capitalista. Este proceso vino acompañado, en el Estado Español, de las llamadas desamortizaciones, que pusieron masivamente la tierra y los recursos de las comunidades aldeanas en manos de algunos elementos de la naciente clase burguesa, así como de las familias aristocráticas.

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La sustitución del capitalismo y el cooperativismo libertario

Autor: Toni Yague

El Salto

Cuando un documento de trabajo de un organismo tan antisistema como UNICEF (espero que captéis la ironía) denuncia que…
“Las enormes asimetrías en la distribución del ingreso (…) son signos de injusticia social. (…) vivimos en un planeta donde, en su conjunto, el quintil [Nota del Autor: la quinta parte] más rico de la población disfruta de más del 70 % del ingreso total en comparación con un exiguo 2 % para el quintil más pobre (…). Vivimos también en un mundo en el que más de ocho millones de niños pequeños mueren cada año (unos 22.000 al día), y la mayoría de sus muertes son prevenibles (…). El hambre, la malnutrición y la falta de agua potable segura contribuyen a al menos la mitad de la mortalidad infantil, y su incidencia está altamente concentrada en los quintiles más pobres. La urgencia de abordar estás desigualdades no puede ser más urgente” (pp.49-50)
…es evidente que, si la especie humana conserva una mínima ética digna de tal nombre, algo se debe hacer. Y con algo quiero decir tirar a la basura todo el sistema económico que nos ha llevado a esta situación -y la perpetúa- para construir uno nuevo, no valen parches. No debería hacer falta decirlo, pero aunque pueda parecer que son sólo cifras, en realidad son personas: 22.000 niñ@s al día; al menos 11.000 por causas tan evitables como el hambre, la malnutrición (!!en un mundo que desperdicia anualmente un tercio de la comida que produce!!) o la falta de agua potable; uno cada 7 segundos, que puede ser perfectamente lo que se tarda en leer cada oración de este artículo. Uno. En el lapso de tiempo para leerlo entero habrán sido unas cuantas decenas (centenas, quizá) de ataúdes blancos los que deberían desfilar por nuestra conciencia. Otro. ¿Hace falta argumentar algo más?
Quienes nos consideramos anticapitalistas convencid@s tenemos claro que estas injustas y dramáticas disfunciones del capitalismo forman parte de su lógica estructural y que desde su mismo nacimiento era necesaria su sustitución por algún otro modelo socioeconómico más justo y respetuoso con las personas (y el medio ambiente). Y en estos momentos en que las vergüenzas del sistema están más al descubierto que nunca a ojos de la opinión pública, muchísimas otras personas estarían dispuestas a participar de la alternativa a poco que percibieran que con ella pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, sanidad, educación…, necesidades que hoy día, con el desmantelamiento del denominado Estado del Bienestar -bienestar que nunca pasó de ser el de algunas personas a costa del de otras-, no están garantizadas para la mayor parte de la población mundial. Es decir, que el momento es idóneo para crear un sistema que en un futuro a medio plazo acabe por desalojar el capitalismo de nuestras vidas.
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Terminar con la precariedad

Autor: Nacho Álvarez Peralta y Jorge Uxo

El Mundo

La excesiva temporalidad existente en el mercado de trabajo español es, junto con la parcialidad, la principal causa de la precariedad laboral, y explica en buena medida los salarios de miseria que hoy reciben millones de asalariados. Recordemos que tener un contrato temporal no significa sólo mayor inestabilidad. Significa ganar, en término medio, 8.000 euros menos al año que una persona con empleo indefinido.

El informe de otoño sobre la economía española recientemente publicado por el FMI constata el fracaso de las dos últimas reformas laborales a la hora de solucionar este problema. Entre el primer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2017 se han creado unos dos millones de puestos de trabajo, pero de ellos casi el 60% son de carácter temporal. Facilitar y abaratar el despido de los trabajadores indefinidos, aunque en su momento se dijo que ayudaría a disminuir la excesiva temporalidad de nuestra economía, sólo ha servido para erosionar la protección de los asalariados, sin que haya reducido la denominada “dualidad”.

Ante la constatación de semejante fracaso, el Gobierno y Ciudadanos planean una nueva reforma laboral que avance hacia la implantación del llamado “contrato único”. Bajo la denominación de contrato de “protección creciente”, la nueva figura contractual establecería una indemnización por despido equivalente a 12 días de salario para el primer año trabajado, 16 días para el segundo año y 20 días el tercer año.

Sin embargo, este contrato de “protección creciente” será ‘de facto’ incapaz de solucionar el grave problema de precariedad que tenemos, que está muy ligado a la ausencia de causalidad de los contratos temporales y que se concreta en una rotación laboral cada vez mayor. De hecho, la duración media de los contratos en nuestro mercado de trabajo se sitúa desde 2013 en los 53 días, lo que significa que a millones de trabajadores de nada les servirá una indemnización creciente (pues seguirán viéndose afectados por la indemnización de 12 días de salario al año que ahora tienen los contratos temporales).

¿Por qué, con el mismo nivel de indemnización y la misma facilidad de despido, un empresario mantendría más tiempo en el puesto de trabajo a un trabajador con el nuevo contrato de “protección creciente” que a un empleado temporal? La realidad es que el nivel de rotación y temporalidad abusiva se mantendría, aunque éste ya no afectaría formalmente a trabajadores “temporales”. Estadísticamente el fenómeno de la precariedad “se corregiría” al eliminarse la categoría, pero la realidad no cambiaría. Política laboral gatopardista.

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