Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Verdades y mentiras de la subida del salario mínimo

Autor: Ivan H. Ayala

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Resulta interesante el debate sobre el SMI que se está produciendo al hilo de los últimos acontecimientos políticos. La última de las aportaciones al debate fue la del gobernador del Banco de España apuntando un impacto negativo en el empleo en trabajadores menos cualificados y jóvenes en Sede Parlamentaria. En realidad, el gobernador estaba leyendo las conclusiones del informe anual de 2017 publicado en mayo del 2018, por lo que no parece que haya nada novedoso en el análisis. En dicho informe de hecho se dice que el incremento experimentado en 2017 por el SMI (8%) “estaría teniendo efectos agregados reducidos tanto sobre el empleo como sobre los salarios”. Los economistas repiten como un mantra “no hay evidencia empírica concluyente” aunque ese mantra es mentira: existe una evidencia abrumadora en economía que muestra que el salario mínimo (SM) no tiene un impacto sobre el empleo agregado de una economía. La explicación de dicha situación puede dar algunas claves interesantes que nos ayude a entender el problema.

Los contrarios a su subida (la escuela neoclásica) han argumentado tradicionalmente que la existencia de un salario mínimo introduce una rigidez que hace que el salario se sitúe por encima de la productividad del trabajo generando desempleo involuntario. Los partidarios de su incremento no lo hacen porque tenga un impacto positivo, sino por motivos de justicia social. La teoría económica respecto al SM solo provee soluciones para casos extremos. Por un lado en un mercado perfectamente competitivo, la introducción de un SM tendría un impacto negativo en el empleo al estar por encima del correspondiente al nivel de equilibrio. Por otro, un mercado monopsónico, donde el empleador tiene poder de mercado, y establece un SM inferior al de equilibrio, un incremento del mismo hasta dicho nivel puede generar un incremento del empleo. Fuera de esos dos casos extremos (es decir, en la realidad), la teoría no da elementos concluyentes, por lo que el debate respecto al papel de un SM -tan antiguo casi como el trabajo asalariado- se reproduce cada vez que se decide políticamente utilizar esta herramienta.

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La paradoja de la deuda (o cómo evitar caer de nuevo en el error de la austeridad)

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

Agenda Pública

El análisis macroeconómico nos enseña que los comportamientos que parecen razonables cuando se analizan a nivel individual pueden dar lugar a resultados distintos a los esperados cuando se generalizan en el conjunto de la economía, o cuando quien los adopta es un agente con tanta capacidad para influir en la situación global de la economía como el sector público. Normalmente, nos referimos a estas situaciones como paradojas, y el economista canadiense M. Lavoie señala siete bien conocidas (aquí). Una de ellas es la paradoja de la deuda, que aplicada al caso de la política económica nos diría que los intentos de reducir la ratio deuda/PIB congelando o reduciendo el gasto público pueden acabar, de hecho, elevándola.

Esto es mucho más que una curiosidad teórica: ha ocurrido recientemente, y puede volver a pasar en España si seguimos las recomendaciones que están haciendo instituciones como la Comisión Europea (aquí), el Fondo Monetario Internacional (aquí) o el Banco de España (aquí).  Veamos por qué.

Los cambios en el cociente de la deuda pública sobre el PIB se pueden descomponer en dos efectos. El primero está vinculado al déficit o superávit primario del Estado; es decir, a la diferencia entre el gasto público (excluido el pago por intereses de la deuda) y los ingresos públicos. Si hay déficit, el cociente deuda/PIB tiende a aumentar, porque el Gobierno tiene que emitir nuevos títulos en el mercado primario (dado que, actualmente, el banco central tiene prohibido prestar directamente al Estado). Si lo que se registra es un superávit primario, ocurre lo contrario: la ratio deuda/PIB tiende a reducirse.

Pero también hay un segundo efecto, que suele denominarse bola de nieve, y que puede ser positivo o negativo. Por un lado, el Gobierno tiene que pagar los intereses de la deuda actual, y esto eleva el gasto y la necesidad de emitir nueva deuda. En sentido contrario, si el PIB está creciendo, estos pagos supondrán un porcentaje cada vez menor de la renta. Por tanto, el efecto bola de nieve tiende a reducir el peso de la deuda pública en el PIB cuando la tasa de crecimiento de la economía es mayor que el tipo de interés, y viceversa.

Planteado de esta forma, si lo que se quiere conseguir es una reducción de la ratio deuda/PIB, la recomendación de limitar el gasto público para tener superávits primarios parece una recomendación razonable. Sin embargo, esto sólo es cierto si lo que el Gobierno decide con su política fiscal no tiene efectos en la tasa de crecimiento de la economía, o si este efecto (lo que llamamos el multiplicador del gasto público sobre el PIB) es pequeño. En caso contrario, puede ocurrir que lo que gana el Gobierno con el superávit primario (emitir menos deuda en términos nominales) lo pierda provocando un parón de la actividad económica (se reduce el denominador del cociente y hace que el efecto bola de nieve sea negativo).

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¿Modifican las reformas laborales la ley de Okun?

Autor: Luis Cardenas

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Las instituciones españolas y de la UE consideran que las recientes reformas del mercado laboral han mejorado la flexibilidad, permitiendo generar más empleo con una menor creación del PIB.

Esta relación puede analizarse mediante la conocida ley de Okun. Esta regularidad empírica establece una relación significativa, estable e inversa entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de variación del desempleo. Aunque existen múltiples versiones de esta ley (Ball, Leigh & Loungani, 2017), se suele formular en dos tipos. La versión en diferencias y la versión de brecha o gap.

La primera establece una relación negativa entre las tasas de crecimiento trimestrales de la tasa de desempleo y la del PIB en términos reales. A su vez, se compone de una formalización estática de relaciones contemporáneas y una dinámica, que incluye las variables retardadas. En el segundo caso, se realizan estimaciones mediante procedimientos de filtrado para obtener el elemento tendencial de ambas variables. Permitiendo así calcular en términos de diferencias respecto a su tendencia (componente cíclico). A pesar de que se ha desarrollado una extensísima literatura sobre formas de estimar esta regularidad, usaremos la primera formulación ya que sigue siendo la versión más intuitiva [1].

Ut = α + βYt + ωt

[1]

La tesis más común sostiene que se ha producido un cambio en la curva de Okun por lo que la economía española necesita ahora un menor crecimiento del PIB durante los períodos de expansión que durante el ciclo anterior, principalmente como consecuencia de las reformas laborales, y en concreto de la reforma del año 2012 (Cuerpo, Geli, & Herrero, 2018).

Lo cierto es que existe evidencia de este comportamiento durante la recuperación de la economía española. En el gráfico 1 se muestra la curva de Okun para el período previo al inicio de la recuperación económica (fechada en el tercer trimestre del 2013) y en el período siguiente. Como se puede observar, la curva durante la recuperación se sitúa significativamente a la izquierda, esto implica que es necesaria una menor creación del PIB para reducir el desempleo. De igual forma, la pendiente de la curva no ha variado de manera relevante, así que se reduce el desempleo aproximadamente a la misma velocidad.

Gráfico 1. Ley de Okun (1976T3-2017T3)

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Los planes privados de pensiones no son seguros, ni rentables, ni accesibles a todo el mundo

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Saque de Esquina

El lobby de la banca, utilizando todos los medios que tiene a su alcance (económicos, comunicativos, políticos, publicitarios, etc), lleva décadas tratando de sembrar dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Inicialmente su estrategia sólo tuvo un relativo impacto en la sociedad española porque las cifras eran tercas y mostraban año tras año un superávit en la Seguridad Social que ahuyentaba cualquier duda sobre su fortaleza. Sin embargo, la crisis económica iniciada en el año 2008 fue la excusa perfecta en la que se apoyó el lobby de la banca para extender por fin la idea de que algo había que hacer si se querían asegurar las pensiones en el futuro. Los gobiernos del PSOE y del PP interiorizaron la falsa preocupación y se pusieron manos a la obra: el primero diseñó en 2011 una reforma que incluía un retraso en la edad de jubilación y un recorte en la pensión media que alcanza el 20%, mientras que el segundo ideó una reforma que programa un recorte de la pensión media que podría llegar a ser del 15%, todo según estimaciones de Funcas. Si a eso le sumamos las bonificaciones a los planes privados de pensiones que ya se aprobaron antes de la crisis (y que, por cierto, provocan una pérdida de recaudación pública de aproximadamente 2.000 millones de euros cada año), tenemos el caldo de cultivo perfecto para que la gente corra con pavor a contratar planes de pensiones para evitar tener una pensión ridícula en el futuro. Objetivo de la banca cumplido.

Los anuncios sobre planes de pensiones privados están por todos los lados. Siempre muestran una supuesta fórmula de inversión segura, rentable y al alcance de todo el mundo. Pero lo cierto es que no cumple ninguna de esas tres características, ni de lejos. No podemos olvidar en qué consiste básicamente la contratación de un plan de pensiones privado: se trata de depositar dinero en un banco, para que éste trate de rentabilizarlo en los mercados financieros, de forma que si logra su objetivo se quedará con buena parte de la ganancia y trasladará una pequeña parte al ahorrador, mientras que si no logra su objetivo el ahorrador perderá parte del dinero.

No es una inversión segura porque ya ha habido casos en los que personas que habían depositado su dinero con toda la ilusión, descubrieron que habían perdido parte del mismo cuando fueron a retirarlo. No es una inversión rentable porque la mayoría de los fondos ofrecen una rentabilidad inferior a la de la bolsa o incluso a la de los bonos públicos (según el estudio titulado “Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 2002-2017”, de entre los 356 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo 4 superaron la rentabilidad del IBEX 35 y 47 la de los bonos del Estado a 15 años). Y no es una inversión al alcance de todos porque para poder contratar un plan es necesario tener capacidad de ahorro, algo de lo que carece una buena parte de la población española.

No hay datos exactos sobre la capacidad de ahorro de las familias pero sí hay estimaciones. La más optimista es la de Fintonic, que pone de manifiesto que sólo 4 de cada 10 personas pueden ahorrar en nuestro país. La más pesimista es la de los técnicos del Ministerio de Hacienda, que señala que el 86,6% de la ciudadanía española no tiene capacidad de ahorro.

Pero lo más importante, ¿quiénes tienen capacidad de ahorro? Cabría suponer que sobre todo las personas con más renta. Y así es. Lo podemos corroborar observando quiénes son los que contratan planes privados de pensiones. Según datos del Banco de España, en el año 2014 (últimos datos disponibles) sólo el 26,1% de la ciudadanía había acudido a una de estas fórmulas de ahorro, siendo mayoritaria la que tiene un elevado nivel adquisitivo. Por ejemplo, si nos centramos en el 20% más pobre de la población, sólo el 5% había inyectado dinero en algún plan privado de pensiones. En cambio, si nos centramos en el 10% más rico, lo había hecho el 60,5%. Y esta relación se mantiene a lo largo de todos los estratos: cuanta más renta, más se utilizan los planes privados de pensiones.

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El FMI pide continuidad, pero España necesita cambio

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Hay dos motivos para estar preocupados por el momento actual de la economía española, y que nos invitan a compartir algunas reflexiones sobre la necesidad de un cambio de rumbo de las políticas económicas.

En primer lugar, todos los indicadores, y las previsiones de los organismos oficiales o los institutos privados, coinciden en señalar que las tasas de crecimiento próximas al 3% registradas por la economía española desde 2015 tocan a su fin, y que es probable que estemos entrando en un periodo de “desaceleración”. Esto es preocupante, porque aún tenemos tasas de paro próximas al 16% (media anual) y muchas personas todavía no han recuperado los niveles de renta anteriores a la crisis. Si España reduce significativamente su crecimiento, estas dos situaciones se mantendrán en los próximos años. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook, octubre 2018) prevé que la tasa de paro española se estabilice en el 14% entre 2020 y 2023, una situación que no podemos asumir.

Pero más allá del cambio de ciclo que se aproxima, hay un segundo motivo para la preocupación, aún más importante. Contrariamente a lo que se dice, la recuperación del crecimiento a partir de 2014 reproduce muchas de las debilidades tradicionales de nuestra economía y viene acompañada de algunos rasgos ciertamente negativos para la mayoría: está basado en la cronificación de la precariedad laboral y el estancamiento salarial; precisamente por ello, y por el desmantelamiento del Estado de Bienestar ocurrido durante los peores años de la austeridad, la desigualdad se ha agrandado primero y estancado después, rompiéndose el vínculo entre crecimiento y progreso social; se está reproduciendo la especialización en sectores que lastran el crecimiento de la productividad; y no se están abordando con suficiente decisión dos retos tan importantes como la brecha de género, en todas sus manifestaciones, y la lucha contra el cambio climático.

Constatar estas dos preocupaciones nos lleva a plantear dos retos inmediatos para la política económica. En primer lugar, es necesario “sostener el crecimiento” –con medidas que contrarresten la desaceleración y permitan reducir rápidamente el desempleo–. Pero además, es imprescindible tomar medidas para empezar a “transformar el crecimiento” y lograr que nuestra economía cambie su modelo de desarrollo. El reciente acuerdo firmado entre Unidos Podemos y el Gobierno es precisamente un primer paso en esta dirección.

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¿Vuelve el fin del trabajo? (Cuaderno postcrisis: 11)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

I

La vida de la población trabajadora está periódicamente amenazada por una pesadilla recurrente: la del fin del trabajo provocado por el cambio tecnológico. No es que la gente esté ansiosa por deslomarse trabajando, o por vivir a las órdenes de un superior. Es que temen que la contrapartida sea el paro, la falta de ingresos, la marginación social.

El debate sobre tecnología y empleo es antiguo. La economía capitalista se caracteriza entre otras cosas por un cambio técnico constante, por desempleo recurrente y desigualdades obscenas. Por lo que sabemos de la historia del paro, los peores momentos, las crisis, tienen menos que ver con la tecnología y más con la organización de la economía y la sociedad. Pero nos dicen que ahora es distinto, porque la digitalización va a permitir no solo sustituir millones de empleos rutinarios, sino que reducirán también empleos “cualificados” porque la inteligencia artificial y la capacidad de cálculo de las máquinas resultará mucho más eficaz. O sea, que el paro no sólo es un peligro para la clase obrera tradicional, sino también para las clases medias educadas.

Los que defienden esta posición suelen ser altos empresarios o técnicos cualificados (ingenieros, científicos) en la materia. Sus opiniones reflejan tanto su percepción de los hechos como sus deseos ocultos (lo que yo llamo sus “sueños húmedos”). Para un empresario, un mundo sin obreros sería ideal. La gestión de personal es siempre una de las tareas más pesadas de cualquier actividad en general. En la empresa, donde los intereses de empresarios y trabajadores están en conflicto ―abierto o latente― esta gestión es aún más ardua. Una empresa sin trabajadores, funcionando automáticamente y dejando al propietario una renta recurrente, es el ideal que todo rentista desearía. También para los altos tecnócratas las personas son un estorbo. Muchos tienden a pensar que son las chapuceras intervenciones humanas las que provocan fallos y problemas (sólo hay que ver que casi siempre que hay un desastre se alude al fallo humano, sin pensar que a lo mejor este estaba propiciado por la tecnología empleada). Eliminando empleados se reducen los problemas potenciales (Michel Piore, un importante economista laboral, lo descubrió en una investigación hace casi 50 años; los ingenieros entrevistados le comentaron que siempre que el coste fuera soportable, recomendaban la solución que incorporaba menos empleo). Hay un sesgo capitalista y un sesgo tecnocrático en la orientación del cambio tecnológico. No es casualidad que Frederick W. Taylor aunara en su persona el ser ingeniero profesional e hijo de empresario.

Pero esta introducción del cambio tecnológico no ha supuesto hasta ahora la eliminación del trabajo por muchas y variadas razones. En primer lugar, la eficacia de la tecnología nunca es completa ni se adapta por igual a todas las actividades humanas. En segundo lugar, porque las mejoras tecnológicas han ido asociadas a un aumento en la escala de la producción, a una diversificación de los bienes y servicio. Y, en tercer lugar, porque las luchas sociales han impuesto limitaciones al uso de la fuerza de trabajo y han conseguido que en bastantes casos el aumento de productividad se tradujera en una reducción de la jornada laboral. Este razonamiento se aplica habitualmente al empleo mercantil. El reconocimiento de la importancia del trabajo doméstico muestra además otras cuestiones interesantes. La primera es que años de cambio técnico no han generado un movimiento de reducción radical del tiempo de trabajo doméstico. La segunda es que algunas de las innovaciones en bienes de consumo, más que eliminar el trabajo doméstico, lo han transformado. Un estudio de hace veinte años de la jornada laboral de las amas de casa a tiempo completo mostró que su jornada global era parecida. Lo que había cambiado era su contenido. A principios del Siglo XX, la tarea principal era la producción doméstica de pan, algo que había casi desaparecido 80 años después. A finales del siglo pasado, lo que ocupaba más tiempo era conducir, pues estas mujeres se encargaban de transportar al resto de la familia y, dado el modelo urbano estadounidense, también debían conducir para hacer compras, acudir a centros médicos etc. Y, la tercera, que las propias necesidades familiares han cambiado con el tiempo (por ejemplo, los procesos ligados al envejecimiento reclaman una enorme cantidad de cuidados que generan “un segundo ciclo de actividad” posterior al generado por el cuidado de la infancia). En suma, la tecnología es sólo uno de los factores que influyen en la carga de trabajo, y sus efectos son a menudo ambiguos, pues al mismo tiempo reducen y aumentan la carga de trabajo. Por eso, en la revisión de estudios que ha realizado la Organización Internacional de Trabajo, la previsión de lo que ocurrirá en el futuro es incierta. Depende de muchas variables.

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El salario mínimo no tiene relación con la tasa de paro

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

La teoría económica más conocida e importante –conocida como síntesis neoclásica y que desagraciadamente se sigue enseñando en las facultades– considera que los niveles salariales tienen impacto en la tasa de paro de la economía en cuestión. Estos planteamientos señalan que a medida que los salarios se elevan, la tasa de paro aumenta, y viceversa. El razonamiento de fondo –que es más ideológico que científico– es el siguiente: los salarios suponen un coste importante para los empleadores, de forma que si aquellos aumentan, estos se verían en complicaciones para seguir con su negocio; y la única forma que tendrían de no echar el cierre sería despidiendo a uno o más trabajadores. El despido reduciría los costes salariales y, de esta forma, el negocio podría continuar, aunque la parte negativa sería que la tasa de paro aumentaría. Este razonamiento se utiliza también en sentido inverso: si los salarios disminuyen los empleadores tendrán menos coste y por lo tanto más margen económico para contratar a nuevos trabajadores, de forma que la tasa de paro se reduciría.

Una recomendación política que se deriva de este razonamiento es la eliminación o reducción de los salarios mínimos que se fijan por ley: si fuese más elevado se destruiría empleo, por lo que la forma más fácil de evitar esos problemas pasaría por reducir o eliminar completamente el salario mínimo legal. De esta forma, los empleadores ajustarían los salarios a sus necesidades económicas, el negocio prosperaría sin problemas y supuestamente habría creación de empleo.

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La desvergüenza del Fondo Monetario Internacional

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Como si formáramos parte de un engranaje que gira una y mil veces alrededor del mismo eje; como si el tiempo, perezoso, se resistiera a avanzar; como si estuviéramos condenados eternamente a contemplar la misma desgastada imagen. Esta es la abrumadora sensación que tengo cuando escucho o leo los diagnósticos y las recomendaciones de los economistas y los responsables del Fondo Monetario Internacional (FMI). Inquieta pensar el enorme poder que concentra esta institución para hipotecar las políticas de los gobiernos y vencer las resistencias de los pueblos.

Digo diagnósticos y debería decir recetas de supuesta validez universal, cualquiera que sea el país y el continente donde se apliquen; y digo recomendaciones cuando resulta más apropiado decir imposiciones, pues, como es sabido, la hoja de ruta establecida por esta institución es la referencia o la excusa utilizada por los gobiernos para justificar la implementación de políticas socialmente regresivas y es la llave que abre (o cierra) el grifo de la financiación internacional.

El documento elaborado por la delegación de economistas del FMI -del que ya conocemos un breve pero sustancioso avance—se centra, sobre todo, en las pensiones y el mercado de trabajo; temas, por lo demás, (obsesivamente) recurrentes en sus informes. Sugieren “prudencia y moderación” y advierten (amenazan) sobre los peligros de desviarse de la hoja de ruta que tanto el FMI como las instituciones comunitarias, al alimón, han bendecido.

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El oscuro papel de la CNMC

Autor: Juan Ruiz

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

La preocupación por la regulación del alquiler turístico se ha convertido en una cuestión global, y son ya muchas ciudades las que han tomado medidas: Nueva York, Los Ángeles, Tokio, París, Berlín, Londres, Reikiavik o Ámsterdam. Entre estas medidas destacan la política One host, one home de Nueva York, por la que un propietario no puede publicitar más de una propiedad; o el modelo de Reikiavik, por el que se implementa un límite económico de 8.000 dólares al año para que los particulares puedan alquilar sus casas a través de estas plataformas. Como es sabido, en España algunos ayuntamientos –como el de Madrid o Barcelona– ya están adoptando también medidas en el mismo sentido, impulsando una nueva regulación del alquiler turístico que haga compatible dicha realidad con el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda. España es una gran potencia turística, el país de la OCDE donde el turismo aporta más al producto interior bruto, y el segundo con mayor afluencia turística, con 82 millones de visitas.

La CNMC publicó el pasado 19 de julio un informe sobre la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en España. En dicho informe se realiza un análisis sobre los efectos del incremento de la oferta de alquileres de viviendas de uso turístico y se dan una serie de recomendaciones a las administraciones públicas. El informe considera que no existe relación entre el aumento de los precios de los alquileres en las grandes ciudades y el éxito de las plataformas de alquileres de vivienda de uso turístico, utilizando los mismos argumentos que el lobby del sector, y obviando cualquier estudio académico que muestre la existencia de un vínculo entre el éxito de estas plataformas y la subida de precios del alquiler en las grandes ciudades. Al igual que ocurrió durante la burbuja inmobiliaria, la lectura de la CNMC es que es el mercado quien debe regular –en exclusiva– los precios, aunque esto suponga un descenso en la calidad de vida de los ciudadanos. Estas conclusiones que eluden contemplar, en su justa dimensión, las consecuencias económicas y sociales que se derivan de la desregulación total de los alquileres turísticos, así como lo sesgado del análisis, invitan a cuestionar la supuesta imparcialidad del organismo y lo que es más preocupante la captura de este por el lobby del sector.

Los efectos positivos que la CNMC recoge en su informe se pueden agrupar en los siguientes puntos que a continuación comentaremos: 1) incrementa la oferta turística, reduce costes y mejora la calidad ofertada; 2) actúa contra el aumento de precios en temporada; 3) elimina la información asimétrica; 4) permite la trazabilidad y una mayor transparencia de las transacciones económicas; 5) permite la entrada de particulares en el mercado; 6) moderniza los barrios del centro de las ciudades.

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Armas o puestos de trabajo. Un dilema inaceptable

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

“Producir y vender armas o más desempleo y menos ingresos en concepto de exportación”. Este es el dilema, en apariencia ineludible, al que nos enfrenta la dura y exigente realidad, a cuenta de los contratos de suministro de diferente material militar comprometidos por nuestro gobierno con el de Arabia Saudita.

Las grandes corporaciones y los lobbies empresariales que conforman la industria militar lo tienen claro (y no quieren ningún debate público al respecto): seguir, con la complicidad del poder político con el formidable negocio de la producción y venta de armamento. Para ello necesitan mercados, que estos grupos encuentran y alimentan en los numerosos conflictos militares, que sufren principalmente los países pobres, en los gobiernos represivos y en las redes que articulan el terrorismo internacional.

Es de sobra conocido, aunque no suficientemente denunciado, que estos mercados los sostienen -sin remilgos y sin escrúpulos– estos intereses; promoviendo y manteniendo guerras, comerciando con todas las partes en conflicto, suscribiendo contratos de aprovisionamiento con regímenes dictatoriales y eludiendo o ignorando todas las disposiciones internacionales.

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Cinco mentiras en torno a la aprobación del techo de gasto propuesto por el PSOE

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

Últimamente estoy leyendo a algunas personas –muchas de las cuales no son precisamente de derechas- asegurar que el Gobierno de Sánchez no tuvo más remedio que proponer un techo de gasto irrisorio y que la oposición -especialmente Unidos Podemos- se equivocó al no votar a favor de su aprobación. Opiniones legítimas, sin duda alguna, pero que suelen acompañarse de argumentos ridículos o, cuanto menos, fácilmente refutables. El hecho de que a veces esos alegatos vergonzantes sean arrojados por personalidades provenientes del mundo académico no hace sino confirmar las sospechas que se originan con una primera lectura superficial: parecen más una defensa a ultranza de la postura del Gobierno en base a intereses o preferencias políticas que una defensa en base a principios o cuestiones ideológicas. Como si hubiese que apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez solamente por no ser del Partido Popular y no por la utilidad de las políticas que esté aplicando. A continuación enumero y rebato los argumentos que más he visto por ahí y que más sonrojo me han provocado.

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Qué debe aprender la izquierda del conflicto del taxi

Autor: Alberto Garzon Espinosa

El Confidencial

Hace unos días, Rafa Mayoral, diputado de nuestro grupo parlamentario y miembro de la dirección de Podemos, fue recibido con aplausos en la multitudinaria asamblea que los taxistas habían convocado en Barcelona para decidir los siguientes pasos en el marco de la huelga. Una huelga que ha sido secundada ya en muchas otras ciudades de España. Mayoral, además, fue invitado a intervenir en la asamblea y sus palabras fueron suscritas íntegramente por los presentes. El diputado, de hecho, había sido vitoreado previamente en la asamblea nada más se supo que iba a acudir a la Ciudad Condal como muestra de apoyo y solidaridad. Todo ello refleja, a mi juicio, que detrás de estos fenómenos hay una experiencia compartida y un trabajo bien hecho y reconocido en defensa no solo de los taxistas, sino de los propios servicios públicos.

Para entender bien las causas inmediatas de esta disputa, debemos retrotraernos un mes, cuando el Ayuntamiento de Barcelona aprobó un reglamento, con la abstención de PP y Ciudadanos, que limitaba las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Aquel hecho ocasionó que el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) recurrieran ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el cual ha acabado dándoles la razón. En consecuencia, en estos momentos, las empresas que comercian con VTC van ganando la batalla.

Estas grandes empresas, como Cabify o Uber, se han expandido enormemente en los últimos años como consecuencia de haber sabido aprovechar las licencias VTC, que ya existían previamente, por ejemplo para el uso de limusinas, como un negocio con el que competir con el sector del taxi. Como ya se ha denunciado, en realidad este nuevo nicho mercantil no es sino un espacio especulativo muy característico del capitalismo financiarizado. En primer lugar, estas grandes empresas utilizan una cuidada arquitectura financiera, que incluye el uso de paraísos fiscales, para eludir el pago de impuestos en España. En segundo lugar, aunque se disfraza con el eufemístico nombre de ‘economía colaborativa’, el negocio consiste en crear una red de conductores que han de poner su propio coche y asumir personalmente todos los riesgos laborales, y a los que conectan con los clientes que vayan solicitándolo a través de una aplicación móvil. En tercer lugar, todo lo anterior se recubre de una estética ‘cool’ y moderna que traslada un mensaje ideológico de libertad y flexibilidad para el cliente y para el trabajador. En suma, un negocio que precariza las relaciones laborales de un sector, el del transporte público, al mismo tiempo que funciona como palanca desamortizadora del Estado social en tanto que supone una notable merma de ingresos públicos. Hace tres años, el periodista Esteban Hernández ya avisaba de las amenazas de este modelo.

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The myth of Spanish economic recovery

Autor: Jorge Uxo y Nacho Álvarez Peralta

Brave New Europe

In the international media we read repeatedly of the supposed “Spanish miracle”. The Spanish economy has been growing again for several years now, and it is growing significantly faster than other euro-zone economies.

International financial institutions and the European Commission are trying to disseminate the message that fiscal austerity and labour market flexibility have proved successful in Spain.  But that message is untrue, and it ignores some of the following fundamentals.

Firstly, the fiscal and wage cuts imposed by Brussels prolonged the economic crisis needlessly by reinforcing its depressive effect. It was precisely these cuts – as of 2010 – that determined the second phase of the crisis. The insistence, by the government of prime minister Mariano Rajoy, on policies between 2012 and 2014 that reduced the level of domestic demand, meant that Spain lost a decade of growth: it has taken ten years for the country to reach the level of GDP per capita it had before the crisis, and it has only recovered half of the jobs that were destroyed during that period.

Moreover, wage cuts and fiscal austerity have not only failed to drive the recovery, they have also deepened other problems. They have increased social inequality, eroded key public services and delayed public investment, including in research and development.

Secondly, the factors that explain the economic growth of recent years should be analysed carefully. Indeed, the Spanish economy is growing at 3% in annual terms, approximately one point above the euro-zone average. But, that is not the result of either wage cuts or fiscal austerity.

The deregulation of the labour market has supposedly boosted recovery in two ways. . According to the analyses of the European Commission and mainstream economists, lowering the cost of severance pay and cutting wages should have translated into greater job creation, boosting private consumption. Furthermore, labour reforms implemented in previous years should have increased Spain´s price-competitiveness and led to a recovery driven by the export sector.

But the reality of the Spanish economy does not confirm either of these two policies. To begin with, labour reforms have not displaced the Okun curve: the relationship between the rate of job creation and economic growth has not changed, so that in periods of economic growth our economy continues to  create jobs rapidly – of poor quality – only to destroy them just as rapidly in times of crisis. That is, there is no trade-off between employment and wages.. What has happened in recent years, however, and this is probably the main effect of the labour reform, is that collective bargaining has become rebalanced in favour of companies, and the new jobs created set wages even lower. The duration of contracts has also been greatly reduced and the quality of jobs has deteriorated.

Moreover, the idea that wage devaluation has generated competitiveness gains and an export boom cannot be substantiated. The rate of growth of exports during the period 2010-2017, although significant, is very similar to the one we had in 2000-2007, despite the fact that relative labour costs were increasing at the time. The main reason for this is that the development of exports basically depends on external demand. Wage reductions have hardly translated into a reduction in relative export prices. This reduction in wages has been squandered and simply gone to increasing the profits of exporting companies.

Other factors explain the recent rapid growth of the Spanish economy. In its Annual Report for 2017, the Bank of Spain attributes much of the faster growth in 2015-16 to the European Central Bank’s (ECB’s) monetary policy and the sharp fall in oil prices. Both factors are beyond the reach of government policy. According to the Bank of Spain these factors explain about half of the additional growth experienced by the Spanish economy during the actual recovery (Figure 1).

Figure 1: GDP in Spain and in the Euro area (Annual rates of change)

Source: Bank of Spain, Annual Report 2016, pp: 48.

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Repensar la Economía

Autor: Mercedes de Luis Lopez

efedocanalisis.com

Comenzar este texto con la famosa frase de Robinson es muy pertinente, ya que refleja el problema al que se enfrenta la formación y el estudio de esta disciplina. ¿Por qué estudiar economía? Para evitar ser engañados por los economistas. Es una frase que pudiese sonar extraña ubicada en otras profesiones, pero que, sin embargo, es una realidad en la nuestra.

Todos los alumnos y alumnas, cuando comenzamos a estudiar la carrera, escuchamos la definición de qué es la economía: La Definición en mayúsculas. Economía es la ciencia que estudia cómo asignar los recursos escasos, de manera eficiente, entre fines alternativos.

Pero, si observamos en retrospectiva este campo de estudio, veremos cómo no se ha dado una evolución lineal, al igual que en otras ciencias donde cada vez hay mayores avances y mayor conocimiento acumulado. En la enseñanza económica se han ido marginando aquellas escuelas de pensamiento económico que difiriesen en exceso con el enfoque dominante, el neoclásico, quedando así una definición parcial que, sin embargo, se presenta como una definición objetiva y aséptica. Es La Economía, en mayúsculas.

La economía es una ciencia social, no una ciencia exacta. Aplicar una política en distintos países no desemboca en consecuencias exactas. Incluso, no se llegarían a obtener los mismos resultados si se aplicase en una misma economía en contextos diferentes.

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El saqueo de Grecia, lejos de haber acabado, se va a intensificar

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

La Marea

El pasado 21 de junio el Eurogrupo decidió dar luz verde al tercer –y supuestamente último– “rescate” de Grecia, poniendo así fin a ocho años de inyecciones de dinero condicionadas a acometer recortes y reformas de todo tipo. En esta ocasión, el Estado griego recibirá 15.000 millones de euros que totalizarán la suma de 288.700 millones percibidos desde 2010. Esta noticia se ha querido vender como el fin de la intervención que ha sufrido el país heleno y, por lo tanto, como el inicio de una nueva etapa en la que el pueblo griego podrá volver a prosperar.

Pero ese mensaje no puede estar más despegado de la realidad. Quien se lo crea es porque no ha leído o entendido la letra pequeña de último rescate: Grecia queda obligada a registrar un superávit fiscal primario (sin contar los intereses de deuda) del 3,5% del PIB de forma continuada hasta 2022 y del 2,2% hasta 2060. ¿Y qué significa esto? Pues que el Estado deberá detraer muchos más recursos de las familias y empresas griegas a través de la tributación de los que les entregará luego en forma de servicios y prestaciones públicas, ¡y además debe hacerlo de forma ininterrumpida durante 41 años! Esa cantidad recaudada de más se utilizará para pagar deuda y, por lo tanto, acabará en manos de los acreedores financieros, que en su mayoría son Estados y organismos europeos. Esto solo tiene un nombre: latrocinio. La Unión Europea exprimirá a la ciudadanía griega durante 41 años. ¡Y tienen la poca vergüenza de venderlo como el inicio de una etapa esperanzadora! Cinismo en cotas legendarias.

¿Cuántos países del mundo y a lo largo de toda la historia han logrado tener superávits continuados durante 41 años? Muy fácil: ¡ninguno! Eso es absolutamente imposible, y los dirigentes europeos que han fijado las condiciones lo saben. Ninguna economía del planeta puede estar entregando a otros países un 2,2% de su PIB, ni siquiera la más rica del mundo. Cualquier Estado que pretenda lograr esa quimera destruirá tanto su economía –que inevitablemente terminará tarde o temprano revirtiendo los superávits hasta convertirlos en déficits–, amén de los brutales destrozos en términos de empleo y bienestar. Antes de cumplir el objetivo llegará un momento en el que no haya más recursos que expoliar. Esta medida no tiene ningún tipo de sentido, es la sentencia de muerte de la economía griega. No hay ningún motivo para la esperanza: si el Estado griego se empeña en intentar cumplirlo (y subrayo intentar porque jamás lo logrará), entonces el saqueo no solo continuará sino que se intensificará, y el pueblo griego seguirá condenado al desastre económico y social.

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El contrato único de Ciudadanos: arma de precariedad masiva

Autor: Eduardo Garzón Espinosa y Carlos Sanchez Mato

Público.es

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de lucha contra la precariedad laboral. Detrás de esta iniciativa legislativa no hay otra cosa que una nueva artimaña de esta formación política para blanquear su propuesta de contrato único.

Como ya es conocido, ya presentaron hace más de dos años una de sus  medidas estrella: el contrato único. Esta medida fue duramente criticada por el resto de grupos políticos y sindicales ya que, a pesar de las buenas palabras con las que venía maquillada, suponía claramente un empeoramiento de las condiciones laborales de la mayoría de las personas trabajadoras al reducir de forma generalizada las indemnizaciones por despido. Según las propias palabras del presidente de la formación, Albert Rivera, todos los contratos existentes -incluyendo los indefinidos- pasarían a tener una indemnización inicial equivalente a la de los contratos temporales actuales -12 días por año trabajado- para ir a lo largo del tiempo aumentando esa indemnización hasta equipararse a la indemnización de los contratos indefinidos actuales -20 días por año trabajado excepto en caso de improcedencia del despido-. Es decir, que en la práctica las condiciones de todos los contratos se degradarían hasta el nivel de los contratos temporales actuales, una precarización generalizada que no se podía aceptar de ninguna manera.

Una vez asumida la derrota derivada del rechazo generalizado de  esa propuesta en la que habían confiado buena parte de su alternativa económica, Ciudadanos ha vuelto a la carga de nuevo. A finales de febrero registró en el Congreso de los Diputados una ley para el mercado laboral que se ha debatido el 19 de junio en la que se incluye de nuevo el contrato único, pero esta vez con características diferentes. Puesto que el truco de precarizar todos los contratos a través de la reducción generalizada de las indemnizaciones por despido no coló, ahora intentan precarizar todos los contratos a través de otra vía: la relajación de las causas de despido. Una estratagema tan perversa como astuta ya que, al no reducir la indemnización por despido, se blindan frente a críticas del pasado y evitan hablar así de la novedad que han incorporado: una mayor facilidad para despedir a trabajadoras y trabajadores.

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Políticas que valen para un roto y un descosido

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Las políticas de rigor presupuestario tienen un largo recorrido en Europa y en el conjunto del mundo capitalista.

Desde que el neoliberalismo, en la década de los ochenta, tomó carta de naturaleza y se convirtió en el nudo gordiano del pensamiento económico dominante, la lógica de la estabilidad presupuestaria –reducir los umbrales de déficit y deuda públicos- han impregnado las políticas llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y las impulsadas por los partidos socialistas cuando llegaban al poder; con escasas diferencias unas y otras, a pesar de situarse en coordinadas ideológicas contrapuestas.

También ahora, cuando las economías europeas y muy especialmente las periféricas se han visto atrapadas en una crisis económica de proporciones históricas, se apela al ajuste de las cuentas públicas para superarla. Como si ese diseño de política económica tuviera validez universal, cualquiera que sea la coyuntura o la dimensión de los problemas estructurales que las economías deben enfrentar. No es el caso, sin embargo.

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Ocho razones para cuestionar la centralidad de la competitividad en la política económica

Autor: Fernando Luengo

Otra Economía

Primera

Colocar la competitividad en el epicentro de la política económica supone, por un lado, subordinar a la misma los otros planos de la economía. Imponer que las políticas públicas –por ejemplo, las relaciones laborales, las normas medioambientales, las estructuras tributarias o las regulaciones en materia de salud- se adapten a las exigencias competitivas. Por otro lado, se parte del supuesto –marcadamente ideológico y sin respaldo empírico- de que las ganancias superan a los costes, de que las economías rezagadas serán las mayores beneficiarias del proceso internacionalizador, de que los beneficios obtenidos irradiarán al conjunto de la economía y de que los perdedores encontrarán nuevas y mejores oportunidades con la intensificación de la competitividad.

Segunda

La lógica de la competitividad es la de “todos contra todos”, confiando de que de esa realidad surge un beneficio global. Se omite en este razonamiento que, precisamente, la competencia global, en un contexto de mercados crecientemente desregulados, está en el origen de la crisis. Y lo más importante, se ignora que la superación de la misma, la construcción de Otra Europa y, posiblemente, la propia supervivencia del capitalismo precisan la implementación de políticas cooperativas.

Tercera

El argumento de la competitividad apela, sin reservas, al crecimiento como motor de la actividad económica, crecer en el mercado interno y crecer asimismo en el mercado internacional. Dado que a esta receta se le supone validez universal, es, por lo tanto, aplicable a todas las economías. Se supone así –de manera explícita o no- que el planeta está en condiciones de soportar este modelo y que los problemas de sostenibilidad que provoca tienen solución con la aplicación de nuevas tecnologías. No se tiene en cuenta, por lo demás, que la naturaleza depredadora del actual sistema económico –tanto la manera de producir como la de consumir- nos ha situado desde hace tiempo en una encrucijada donde la lógica de las cantidades debe ser radicalmente cuestionada.

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¿Menos salarios equivalen a mayor competitividad-precio?

Autor: Paloma Villanueva

La Paradoja de Kaldor

Si el Gobierno respondiese a día de hoy a la pregunta que da título a este artículo lo tendría claro:

“Una adecuada coordinación de las reformas estructurales, que reduzca las divergencias de competitividad, ayudará a corregir los desequilibrios en la UEM y a absorber mejor las perturbaciones mediante una rápida reasignación de los factores productivos.”

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2018), Posición española sobre el fortalecimiento de la UEM, abril 2018, p. 6

Y así se ha entendido en el resto de la Unión Monetaria.

Cuando se estudian en economía los desequilibrios que han llevado a la crisis global y financiera que comenzó en 2008, una de las causas que se detecta es la acumulación de elevados déficits y superávits de las balanzas por cuenta corriente de los Estados Miembro, provocada por las divergencias en la evolución de sus costes laborales unitarios. Siguiendo este razonamiento, los países de la periferia europea, entre ellos España, han adoptado políticas de devaluación interna (bajadas salariales) con el fin de recuperar esa competitividad-precio que perdieron tras la introducción del euro.

Habiendo la economía española registrado 4 años de crecimiento positivo con un superávit por cuenta corriente, cabría preguntarse si esta política económica ha sido la responsable de la corrección de dicho desequilibrio.

Mecanismos de la devaluación interna sobre el sector exterior

El mecanismo de corrección de dicha medida que se considera habitualmente en la literatura económica (el de la competitividad-precio de las exportaciones) es el siguiente. En tanto que costes para las empresas, una caída de los costes laborales unitarios (CLUs) habría supuesto una caída de los precios de exportación. Al tornarse nuestras exportaciones más baratas frente a nuestros competidores comerciales, las exportaciones habrían crecido por encima de las importaciones, reduciendo progresivamente el saldo negativo de nuestras exportaciones neta.

Sin embargo, para que el mecanismo arriba descrito tenga efecto es necesario el cumplimiento de una condición económica y, por otro lado, existen dos efectos más que se derivan de la caída de los salarios.

La condición a la que nos referimos es la condición Marshall-Lerner y establece que para que una devaluación externa (bajada del tipo de cambio) o bien una devaluación interna (bajada de los precios nacionales) sea efectiva la suma del valor absoluto de las elasticidades-precio de las exportaciones y las importaciones sea superior a la unidad. Así, si la condición se cumple el saldo exterior negativo de una economía se reducirá hasta tornarse en positivo.

Por otra parte, existen dos mecanismos más por los que una devaluación interna puede tener influencia en el reajuste del sector exterior.

  • El primero de ellos es el efecto de sustitución de importaciones; de tal forma que una caída de los CLUs además de trasladarse a los precios de las exportaciones, se trasladaría a los precios domésticos. Frente a este abaratamiento de los bienes y servicios nacionales en relación a los importados, los agentes económicos optarían por consumir más producción nacional, lo cual reduciría las importaciones.
  • El segundo de ellos se deriva del modelo Bhaduri-Marglin, que contempla el carácter dual de los salarios (efecto demanda). Éstos no sólo suponen un coste para las empresas, sino que también son la principal fuente de ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, cambios en los CLUs, y en la cuota del trabajo, podrán aumentar o no las importaciones en función del régimen de demanda de la economía en cuestión. Si el régimen de demanda es wage-led; lo que quiere decir que el crecimiento de la economía está liderado por los salarios; una caída de la cuota salarial, deprimirá los componentes de la demanda agregada y afectará negativamente a las importaciones. Si, en cambio, el régimen de demanda es profit-led o dirigido por los beneficios, el efecto sería el contrario.

Evidencia empírica

En la siguiente figura (1), se observa cómo tanto CLUs, exportaciones y precio de la exportación han seguido tendencias totalmente dispares desde la introducción de la moneda común.

El período que abarca desde 4tr1999 hasta el estallido de la crisis; el que recoge la acumulación de la pérdida de competitividad-precio; se caracteriza por un crecimiento sostenido de las exportaciones reales, a pesar de que tanto precios de la exportación como CLUs relativos creciesen paralelamente. Una vez estalla la crisis, vemos cómo esas relaciones cambian, siguiendo cada variable una trayectoria distinta: mientras que los CLUs relativos caen, los precios relativos de las exportaciones se mantienen y las exportaciones reales recuperan su ritmo de crecimiento anterior, a excepción del 3tr2009 en que colapsó el comercio internacional.

1

En base a esta figura, resultaría difícil de sostener que las ganancias competitividad-precio derivadas de la caída de los CLUs, en tanto que no se transmiten a menores precios, hayan tenido un efecto sobre las exportaciones reales.

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¿Modifican las reformas laborales la ley de Okun?

Autor: Luis Cardenas

La Paradoja de Kaldor

Las instituciones españolas y de la UE consideran que las recientes reformas del mercado laboral han mejorado la flexibilidad, permitiendo generar más empleo con una menor creación del PIB.

Esta relación puede analizarse mediante la conocida Ley de Okun. Esta regularidad empírica establece una relación significativa, estable e inversa entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de variación del desempleo. Aunque existen múltiples versiones de esta ley (Ball, Leigh & Loungani, 2017), se suele formular en dos tipos. La versión en diferencias y la versión de brecha o gap.

La primera establece una relación negativa entre las tasas de crecimiento trimestrales de la tasa de desempleo y la del PIB en términos reales. A su vez, se compone de una formalización estática de relaciones contemporáneas y una dinámica, que incluye las variables retardadas. En el segundo caso, se realizan estimaciones mediante procedimientos de filtrado para obtener el elemento tendencial de ambas variables. Permitiendo así calcular en términos de diferencias respecto a su tendencia (componente cíclico). A pesar de que se ha desarrollado una extensísima literatura sobre formas de estimar esta regularidad, usaremos la primera formulación ya que sigue siendo la versión más intuitiva [1].

∆Ut = α + βY ̇t + ωt        [1]

La tesis más común sostiene que se ha producido un cambio en la curva de Okun por lo que la economía española necesita ahora un menor crecimiento del PIB durante los períodos de expansión de que durante el ciclo anterior, principalmente como consecuencia de las reformas laborales, y en concreto de la reforma del año 2012 (Cuerpo, Geli, & Herrero, 2018).

Lo cierto es que existe evidencia de este comportamiento durante la recuperación de la economía española. En el gráfico 1 se muestra la curva de Okun para el período previo al inicio de la recuperación económica (fechada en el tercer trimestre del 2013) y en el período siguiente. Como se puede observar, la curva durante la recuperación se sitúa significativamente a la izquierda, esto implica que es necesaria una menor creación del PIB para reducir el desempleo. De igual forma, la pendiente de la curva no ha variado de manera relevante, así que se reduce el desempleo aproximadamente a la misma velocidad.

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Una “solución” al problema de las pensiones: la privatización o implantación del sistema de capitalización

Autor: Alberto Ruiz Villaverde

Pedaleando

En la entrada anterior traté de explicar -sucinta y sencillamente- que el problema de sostenibilidad del pago de las pensiones no es un problema técnico; antes al contrario, se trata de un problema ideológico que pone de manifiesto un interés de clase.

Bajo este prisma, la solución que se proponga favorecerá los intereses de una clase social sobre la otra o a la inversa. Se pone así de manifiesto el conflicto de intereses latente en la forma de organización social de la economía capitalista.

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El problema de las pensiones: un problema ideológico

Autor: Alberto Ruiz Villaverde

Pedaleando

La entrada que publico a continuación tiene cómo objetivo desenmascarar que el problema de las pensiones no es un problema de índole técnica; sino, que se trata de un problema ideológico, como todos los problemas que tratamos de resolver desde el análisis económico.

Permítanme que antes de empezar me apoye en el “criterio del experto”:

«Las soluciones de los problemas económicos nunca son económicas sino políticas. No hay oscuras fórmulas técnicas que permitan resolver las dificultades en un clima de gabinete».

Lección magistral del profesor Enrique Fuentes Quintana en TVE, año 1977, vísperas de los Pactos de la Moncloa

(ver a partir del 1:30)

El sistema de pensiones en España

Sucintamente, debemos entender que el sistema de pensiones español está fundamentado y diseñado bajo un principio de gestión colectiva. Los trabajadores/as en activo contribuyen, a través de sus cotizaciones a la seguridad social, a un fondo que se utilizada para pagar las pensiones de los trabajadores/as que están en situación de retiro de sus puestos de trabajo.

De forma más rigurosa, cinco principios rigen el funcionamiento de este sistema (ver mas extensamente aquí): (i) el principio de reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones existentes en ese momento; (ii) el principio de proporcionalidad contributiva: la cuantía de las prestaciones guardará relación directa con las cantidades aportadas al sistema público y al periodo de cotizaciones efectuadas; (iii) el principio de universalidad: aquellos que no hayan contribuido al sistema podrán acceder al nivel no contributivo de prestaciones para poder cubrir las necesidades más básicas; (iv) el principio de gestión pública: el sistema de la Seguridad Social estará gestionado y financiado por entidades públicas. (v) el principio de suficiencia de prestaciones: la cuantía de las prestaciones debe ser suficiente para asegurar las necesidades protegidas.

A lo que hay que añadir que de esta manera se cumplen otros dos principios: un principio de solidaridad intergeneracional; y, un principio de  solidaridad interregional, que garantiza que todos los ciudadanos del Estado español tengan derecho a su pensión por jubilación, independientemente de la región en la que vivan.

Vaya por delante una opinión preliminar, es todo un logro y una paradoja que en el modo de producción capitalista exista un vestigio de estas características. Es decir, una forma de gestión colectiva, con todos sus aciertos y defectos, frente a las soluciones individualistas y auto-interesadas más propias del capitalismo. Es decir, la norma en el capitalismo (la cual rige en otros países) es optar por planes de pensiones privados e individuales. Entendiéndose lo individual y propio como más “justo”.

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Por mí y por todas mis compañeras: el ataque a la economía social y solidaria

Autor: Yayo Herrero

eldiario.es

En las últimas semanas se está produciendo un importante ataque desde dos grandes medios de comunicación, El MundoEl País, a las empresas de la Economía Social y Solidaria que trabajan con el Ayuntamiento de Madrid, así como a varios concejales, asesores y quizá de fondo a la alcaldesa. Se inventan una “trama” y sueltan nombres de personas que trabajan en la economía social o trabajaron en ella y hoy lo hacen en el Ayuntamiento. Las personas nombradas no tienen capacidad de contratación de servicios, pero se insinúa que la tienen y que usan su poder para crear una red clientelar.

No es una novedad. Desde 2015, el intento de descrédito mediático ha sido una constante. De forma recurrente, los nombres de personas y empresas de la economía social se han utilizado como arma arrojadiza contra el gobierno de Ahora Madrid.

Sin embargo, quizás porque se acercan unas nuevas elecciones, este último ataque es más intenso y, llamadme malpensada, parece estar coordinado entre varios medios de comunicación y algunos partidos políticos. Intuyo que, después de unas semanas de sacar todo tipo de información confusa e insidiosa, se terminará produciendo alguna querella infundada del PP, Ciudadanos o ambos, contra Ahora Madrid, que, como en otros casos acabará desestimada o archivada pero que generará ruido de cara a la contienda electoral. La economía social y solidaria y el cooperativismo es el terreno de combate que han elegido para poner en marcha esta estrategia.

En este marco de acoso a las cooperativas, el pasado lunes 30 de abril, se lanzaba una noticia que me afectaba a mí directamente. La escribía un periodista de El País, Luca Constantini, entregado desde hace meses a la causa de mezclar palabras, hechos y nombres en artículos venenosos de escaso rigor y calidad.

Ese lunes pude experimentar el dolor, el agobio y la rabia que da que alguien te difame en un medio de difusión masivo, y exponga una imagen distorsionada de ti ante miles de personas que no te conocen y a las que no puedes llegar para aclarar. Es curioso, pero no estuve tranquila hasta que pude comunicarme con mis hermanos y hermanas, que no son activistas, y solo se me saltaron las lágrimas cuando me expresaron su apoyo y confianza incondicional. Imagino que también se sentirán así Fernando Sabín, compañero imprescindible que, en una serie de piezas aún más delirantes que las que hablan de mí, está sufriendo un acoso tremendo por parte de periodistas de El Mundo; o Toño Hernández, el compañero de activismo y de vida más generoso.

Siento la necesidad de explicar cuáles son las falsedades y las medias verdades con las que Costantini construyó la noticia, que siguen la misma lógica del resto de noticias de este periodista contra Tangente y muy similares a las que El Mundoestá usando con otras personas y empresas de la economía social. Siento la obligación de hacerlo ante muchas personas que me conocen y a las que no tengo el derecho de exigir actos de fe ni confianza ciega.

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Presupuestos de 2018: la herramienta de las élites para imponer su ideología

Autor: Alberto Garzon Espinosa y Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

Desconfíen cuando se intenta sumergir en planteamientos técnicos y despojar de ideología algo tan aparentemente árido como los Presupuestos Generales del Estado. Nada hay más ideológico que la plasmación en las cuentas públicas de una posición política determinada. Al fin y al cabo los presupuestos determinan qué parte de la población y con qué intensidad va a verse beneficiada por las políticas públicas, cómo se va a repartir parte de la riqueza y la renta que generamos entre todos y todas, y cómo se va a definir e influir en las características del modelo productivo, social y ecológico de nuestro país.

Si algo queda claro con el Proyecto que se somete a tramitación por parte del gobierno del Partido Popular y sus aliados de Ciudadanos es la estrategia de la derecha: quieren un país en el que la importancia del estado social continúe menguando, en el que se mantengan tasas de paro muy superiores a la de nuestros vecinos, en el que la precariedad impregne, si cabe aún más, el mercado laboral afectando especialmente a mujeres y a jóvenes, en el que el nivel de desigualdad siga siendo de los más elevados de Europa, en el que los pensionistas se empobrezcan progresivamente, en el que el modelo productivo se caracterice por un bajo valor añadido y tecnológico, en el que el modelo energético siga anclado al siglo XX, en el que la vivienda sea un lujo y no un derecho, etc. Porque los presupuestos generales no los han diseñado para combatir los enormes desafíos económicos, sociales y ecológicos a los que nos enfrentamos, sino para cumplir reglas fiscales carentes de cualquier fundamento técnico que impone la Unión Europea y que han demostrado de manera evidente su inoperatividad para alcanzar los objetivos que le importan a la inmensa mayoría de la gente. Unas reglas carentes de todo sustento científico y técnico que están siendo utilizadas como excusa para deteriorar los servicios públicos y permitir más espacio de negocio a los agentes privados. No hay otra cosa que ideología detrás del disfraz de ciencia. Lo malo es que esa ideología va contra los intereses de la mayoría social. Los retos que debería abordar un presupuesto que se nos plantea al tiempo que el gobierno presume de “haber salido de la crisis” deberían pasar por abordar la realidad de los casi 4 millones de personas desempleadas, en el millón personas que viven en hogares sin ningún tipo de ingreso, en los casi 8 millones de personas que no llegan a final de mes, en la gente que tiene contratos basura. Tendría que mostrar con claridad para qué sirve la herramienta presupuestaria para la gente que sigue siendo desahuciada de sus viviendas o para los casi 13 millones de personas que viven en riesgo de pobreza.

Pero eso no lo encontrarán en estos presupuestos. No hay medidas para crear empleo, ni para reducir la precariedad laboral, ni para reducir la pobreza o la desigualdad, ni para modernizar nuestro modelo productivo y lograr así la creación de empleos de calidad, a pesar de que son las necesidades más apremiantes e importantes que tenemos. En cambio, sí podrán ver medidas que llevan a que el tamaño del Estado social -medido en gasto público sobre el PIB- sea el más bajo de los últimos diez años. Estos presupuestos consolidan los recortes que en 2010 nos dijeron que serían pasajeros: el presupuesto para educación, cultura y deporte es un 21,6% inferior al año 2010, año en el que comenzaron los recortes; el de sanidad es un 31,2% inferior, el de fomento un 54,7%… Estos presupuestos no resuelven los principales problemas que sufre la mayoría social en nuestro país e ignoran derechos básicos recogidos en la Constitución, como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, la progresividad del sistema fiscal o directamente el artículo 128, que afirma que toda la riqueza del país tiene que estar subordinada al interés general.

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Presupuestos 2018: que los pocos árboles sanos no impidan ver el bosque quemado

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

El Salto

El Gobierno ha presentado su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y lo ha hecho anunciando todo tipo de medidas y enseñando todo tipo de datos. Entre tanta información y tantas cifras mareantes es muy fácil despistarse y perder de vista la panorámica general. A eso juega claramente el Gobierno, que astutamente ha colado algunas medidas positivas de notable visibilidad para que se centre en ellas la atención y no se hable de lo negativo que es el documento en su conjunto. Esas medidas son los pocos árboles sanos que podemos encontrar en unos presupuestos que mantienen intacto el bosque que incendiaron con el fuego de la austeridad hace ya ocho años.

El dato clave es el gasto público total en comparación con la riqueza del país. No el incremento del gasto en euros con respecto al año anterior, ni el peso del gasto social, ni otras milongas que están utilizando el gobierno y sus voceros; lo importante es mirar qué parte de la tarta española se destinaría al gasto público. Porque de nada nos sirve que aumente algo el gasto público si la economía está creciendo más, porque eso significaría que nos están dando un pedazo de la tarta cada vez más pequeño. Y esto es precisamente lo que quieren que ocurra: se estima que la economía (la tarta) crezca al 2,7%, mientras que el gasto público (el pedazo de la tarta) sólo aumentaría un 1,2%. El resultado: menos recursos para el estado social en comparación con la riqueza del país. De cumplirse estos presupuestos, el gasto público se situaría en el 40,5% del PIB, un nivel no sólo más bajo que el año anterior, ¡sino el más bajo de los últimos diez años anteriores! España siempre ha gastado unos 5 puntos porcentuales del PIB menos que la media europea y unos 10 puntos menos que otros países vecinos, y en vez de mejorar ese ratio lo que propone el gobierno del Partido Popular –y lo que aprueba Ciudadanos– es reducirlo aún más.

Basta mirar las partidas presupuestarias más importantes y comparar su cuantía con las de años anteriores para constatar que estos presupuestos consolidan los recortes iniciados en 2010: si se aprueba la propuesta del gobierno este año 2018 tendríamos un 13% menos para políticas de educación que hace 8 años, un 8% menos para sanidad, un 27% menos para investigación, desarrollo e innovación, un 70% menos para políticas de acceso a la vivienda, un 35% menos para cultura, un 58% menos para inversiones en infraestructuras, etc. Y todo esto mientras en la economía española se mueve bastante más dinero que en el año 2010 ya que el PIB es superior al nivel de entonces. En aquella época nos dijeron que los recortes eran sacrificios temporales que había que hacer para salir de la crisis. Ahora nos dicen que hemos salido de la crisis pero los sacrificios siguen ahí.

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