Economía Crítica y Crítica de la Economía

La U

El principal objetivo de los sistemas modernos de Seguridad Social es ofrecer protección económica a todas aquellas personas que, debido a diferentes contratiempos (quedar desempleadas, viudas o enfermas, tener una edad avanzada, tener una edad insuficiente y no tener recursos, etc.) no están en condiciones de trabajar y recibir un ingreso por ello. De forma complementaria a este objetivo, los sistemas de Seguridad Social también se encargan de ofrecer asistencia médica a la población. Esos sistemas conforman redes de protección diseñadas y articuladas por el sector público con las cuales se pretende que ninguna persona vulnerable caiga en la más absoluta pobreza o se quede sin atención sanitaria. Antes de la aparición y desarrollo de estos modelos la gente se las tenía que ingeniar para poder salir adelante en caso de que quedaran incapacitados para trabajar y no tuvieran ningún tipo de ingresos. Podemos imaginar el estrés y agobio que sufrían todas aquellas personas que perdían a los familiares que llevaban el sustento a casa, las que tenían un accidente que las incapacitaba para trabajar, las que contraían alguna grave enfermedad que las postraba en la cama, o las que ya estaban muy mayores para poder realizar largas jornadas de trabajo. Puesto que el Estado no les ofrecía ninguna red de seguridad, no les quedaba más remedio que seguir hacia delante recurriendo a ahorros o ayudas de amigos y familiares.

Hoy día estos sistemas de Seguridad Social están muy afianzados en los países occidentales desarrollados[1] y ya prácticamente nadie cuestiona la necesidad de su existencia. La justificación no es sólo de carácter social –ayudar a los desamparados– sino también de carácter económico: esos ingresos que se les transfiere a los beneficiarios de la Seguridad Social contribuyen a estimular la actividad económica, pues es dinero que se utiliza para comprar bienes y servicios y por lo tanto para incrementar ventas y beneficios empresariales. Sin embargo, en lo que sí existe un importante y encarnizado debate es sobre el alcance y profundidad que debe tener esa red de protección social: en un extremo se situarían aquellos que piensan que el Estado sólo debe garantizar un mínimo de subsistencia a las personas que no estén capacitadas para trabajar, mientras que desde el otro extremo se aboga por la necesidad de que el Estado se encargue de regular y gestionar dichas prestaciones para que puedan ser incluso generosas y no meramente de subsistencia.

Este debate trasladado a las prestaciones por desempleo (aquellas que se reciben cuando uno abandona un puesto de trabajo) se traduciría de la siguiente forma: los del primer extremo defenderían que esos recién parados recibieran sólo un mínimo ingreso (y durante muy poco tiempo) para que tuvieran incentivos para encontrar un nuevo empleo (además de para que el Estado no tuviera un coste elevado), mientras que los del segundo extremo abogarían por unas prestaciones tan elevadas y duraderas como lo fuera su contribución social mientras trabajaban. La diferencia entre uno y otro caso es el grado de intervención del Estado en la regulación de la prestación por desempleo.

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Mientras Tanto

I

La mayoría de las personas tenemos un conocimiento limitado del mundo real. En parte porque nos faltan conocimientos técnicos para entender cuestiones especializadas. También porque la realidad es tan variopinta que es imposible abarcarla en su complejidad. Para orientarnos, tomar decisiones, necesitamos atajos, guías, orientaciones. Y para ello hacemos caso a expertos, asesores, lugares comunes que nos facilitan construir nuestra visión del mundo, adoptar decisiones con relativa facilidad.

Esto es inevitable, obedece al funcionamiento normal de nuestro cerebro, a nuestra necesidad de actuar cotidianamente. Pero ello abre grandes posibilidades para que demos por sentadas cosas irreales, para que nos cuelen pensamientos erróneos, para que en fin acabemos optando por soluciones inadecuadas o transitando hasta lugares sin salida.

En el capitalismo moderno, donde se ha desarrollado una enorme “industria de la comunicación”, donde el marketing es cada vez más sofisticado y donde las voces que representan a intereses de las élites circulan con mucha mayor profusión que los argumentos críticos, la venta de ese tipo de falacias está a la orden del día. Hay toda una legión de personas dedicadas a su producción. Algunas, manipuladores conscientes, muchas otras meros repetidores de “verdades” aprendidas acríticamente. Repetidores de mantras con los que se pretende adoctrinar al personal. A menudo sus primeros clientes son los propios políticos, siempre necesitados de mensajes simples, de respuestas cortas para llenar los valiosos minutos de presencia en campaña. Muchos líderes políticos acaban siendo, a su vez, los principales consumidores y emisores de esos lugares comunes. Y las campañas electorales, el momento de mayor uso de los mismos. Seguir leyendo…

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Resulta interesante el debate sobre el SMI que se está produciendo al hilo de los últimos acontecimientos políticos. La última de las aportaciones al debate fue la del gobernador del Banco de España apuntando un impacto negativo en el empleo en trabajadores menos cualificados y jóvenes en Sede Parlamentaria. En realidad, el gobernador estaba leyendo las conclusiones del informe anual de 2017 publicado en mayo del 2018, por lo que no parece que haya nada novedoso en el análisis. En dicho informe de hecho se dice que el incremento experimentado en 2017 por el SMI (8%) “estaría teniendo efectos agregados reducidos tanto sobre el empleo como sobre los salarios”. Los economistas repiten como un mantra “no hay evidencia empírica concluyente” aunque ese mantra es mentira: existe una evidencia abrumadora en economía que muestra que el salario mínimo (SM) no tiene un impacto sobre el empleo agregado de una economía. La explicación de dicha situación puede dar algunas claves interesantes que nos ayude a entender el problema.

Los contrarios a su subida (la escuela neoclásica) han argumentado tradicionalmente que la existencia de un salario mínimo introduce una rigidez que hace que el salario se sitúe por encima de la productividad del trabajo generando desempleo involuntario. Los partidarios de su incremento no lo hacen porque tenga un impacto positivo, sino por motivos de justicia social. La teoría económica respecto al SM solo provee soluciones para casos extremos. Por un lado en un mercado perfectamente competitivo, la introducción de un SM tendría un impacto negativo en el empleo al estar por encima del correspondiente al nivel de equilibrio. Por otro, un mercado monopsónico, donde el empleador tiene poder de mercado, y establece un SM inferior al de equilibrio, un incremento del mismo hasta dicho nivel puede generar un incremento del empleo. Fuera de esos dos casos extremos (es decir, en la realidad), la teoría no da elementos concluyentes, por lo que el debate respecto al papel de un SM -tan antiguo casi como el trabajo asalariado- se reproduce cada vez que se decide políticamente utilizar esta herramienta.

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Agenda Pública

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Las instituciones españolas y de la UE consideran que las recientes reformas del mercado laboral han mejorado la flexibilidad, permitiendo generar más empleo con una menor creación del PIB.

Esta relación puede analizarse mediante la conocida ley de Okun. Esta regularidad empírica establece una relación significativa, estable e inversa entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de variación del desempleo. Aunque existen múltiples versiones de esta ley (Ball, Leigh & Loungani, 2017), se suele formular en dos tipos. La versión en diferencias y la versión de brecha o gap.

La primera establece una relación negativa entre las tasas de crecimiento trimestrales de la tasa de desempleo y la del PIB en términos reales. A su vez, se compone de una formalización estática de relaciones contemporáneas y una dinámica, que incluye las variables retardadas. En el segundo caso, se realizan estimaciones mediante procedimientos de filtrado para obtener el elemento tendencial de ambas variables. Permitiendo así calcular en términos de diferencias respecto a su tendencia (componente cíclico). A pesar de que se ha desarrollado una extensísima literatura sobre formas de estimar esta regularidad, usaremos la primera formulación ya que sigue siendo la versión más intuitiva [1].

La tesis más común sostiene que se ha producido un cambio en la curva de Okun por lo que la economía española necesita ahora un menor crecimiento del PIB durante los períodos de expansión que durante el ciclo anterior, principalmente como consecuencia de las reformas laborales, y en concreto de la reforma del año 2012 (Cuerpo, Geli, & Herrero, 2018).

Lo cierto es que existe evidencia de este comportamiento durante la recuperación de la economía española. En el gráfico 1 se muestra la curva de Okun para el período previo al inicio de la recuperación económica (fechada en el tercer trimestre del 2013) y en el período siguiente. Como se puede observar, la curva durante la recuperación se sitúa significativamente a la izquierda, esto implica que es necesaria una menor creación del PIB para reducir el desempleo. De igual forma, la pendiente de la curva no ha variado de manera relevante, así que se reduce el desempleo aproximadamente a la misma velocidad.

Gráfico 1. Ley de Okun (1976T3-2017T3)

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Saque de Esquina

El lobby de la banca, utilizando todos los medios que tiene a su alcance (económicos, comunicativos, políticos, publicitarios, etc), lleva décadas tratando de sembrar dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Inicialmente su estrategia sólo tuvo un relativo impacto en la sociedad española porque las cifras eran tercas y mostraban año tras año un superávit en la Seguridad Social que ahuyentaba cualquier duda sobre su fortaleza. Sin embargo, la crisis económica iniciada en el año 2008 fue la excusa perfecta en la que se apoyó el lobby de la banca para extender por fin la idea de que algo había que hacer si se querían asegurar las pensiones en el futuro. Los gobiernos del PSOE y del PP interiorizaron la falsa preocupación y se pusieron manos a la obra: el primero diseñó en 2011 una reforma que incluía un retraso en la edad de jubilación y un recorte en la pensión media que alcanza el 20%, mientras que el segundo ideó una reforma que programa un recorte de la pensión media que podría llegar a ser del 15%, todo según estimaciones de Funcas. Si a eso le sumamos las bonificaciones a los planes privados de pensiones que ya se aprobaron antes de la crisis (y que, por cierto, provocan una pérdida de recaudación pública de aproximadamente 2.000 millones de euros cada año), tenemos el caldo de cultivo perfecto para que la gente corra con pavor a contratar planes de pensiones para evitar tener una pensión ridícula en el futuro. Objetivo de la banca cumplido.

Los anuncios sobre planes de pensiones privados están por todos los lados. Siempre muestran una supuesta fórmula de inversión segura, rentable y al alcance de todo el mundo. Pero lo cierto es que no cumple ninguna de esas tres características, ni de lejos. No podemos olvidar en qué consiste básicamente la contratación de un plan de pensiones privado: se trata de depositar dinero en un banco, para que éste trate de rentabilizarlo en los mercados financieros, de forma que si logra su objetivo se quedará con buena parte de la ganancia y trasladará una pequeña parte al ahorrador, mientras que si no logra su objetivo el ahorrador perderá parte del dinero.

No es una inversión segura porque ya ha habido casos en los que personas que habían depositado su dinero con toda la ilusión, descubrieron que habían perdido parte del mismo cuando fueron a retirarlo. No es una inversión rentable porque la mayoría de los fondos ofrecen una rentabilidad inferior a la de la bolsa o incluso a la de los bonos públicos (según el estudio titulado “Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 2002-2017”, de entre los 356 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo 4 superaron la rentabilidad del IBEX 35 y 47 la de los bonos del Estado a 15 años). Y no es una inversión al alcance de todos porque para poder contratar un plan es necesario tener capacidad de ahorro, algo de lo que carece una buena parte de la población española.

No hay datos exactos sobre la capacidad de ahorro de las familias pero sí hay estimaciones. La más optimista es la de Fintonic, que pone de manifiesto que sólo 4 de cada 10 personas pueden ahorrar en nuestro país. La más pesimista es la de los técnicos del Ministerio de Hacienda, que señala que el 86,6% de la ciudadanía española no tiene capacidad de ahorro.

Pero lo más importante, ¿quiénes tienen capacidad de ahorro? Cabría suponer que sobre todo las personas con más renta. Y así es. Lo podemos corroborar observando quiénes son los que contratan planes privados de pensiones. Según datos del Banco de España, en el año 2014 (últimos datos disponibles) sólo el 26,1% de la ciudadanía había acudido a una de estas fórmulas de ahorro, siendo mayoritaria la que tiene un elevado nivel adquisitivo. Por ejemplo, si nos centramos en el 20% más pobre de la población, sólo el 5% había inyectado dinero en algún plan privado de pensiones. En cambio, si nos centramos en el 10% más rico, lo había hecho el 60,5%. Y esta relación se mantiene a lo largo de todos los estratos: cuanta más renta, más se utilizan los planes privados de pensiones.

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ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Mientras Tanto

I

La vida de la población trabajadora está periódicamente amenazada por una pesadilla recurrente: la del fin del trabajo provocado por el cambio tecnológico. No es que la gente esté ansiosa por deslomarse trabajando, o por vivir a las órdenes de un superior. Es que temen que la contrapartida sea el paro, la falta de ingresos, la marginación social.

El debate sobre tecnología y empleo es antiguo. La economía capitalista se caracteriza entre otras cosas por un cambio técnico constante, por desempleo recurrente y desigualdades obscenas. Por lo que sabemos de la historia del paro, los peores momentos, las crisis, tienen menos que ver con la tecnología y más con la organización de la economía y la sociedad. Pero nos dicen que ahora es distinto, porque la digitalización va a permitir no solo sustituir millones de empleos rutinarios, sino que reducirán también empleos “cualificados” porque la inteligencia artificial y la capacidad de cálculo de las máquinas resultará mucho más eficaz. O sea, que el paro no sólo es un peligro para la clase obrera tradicional, sino también para las clases medias educadas.

Los que defienden esta posición suelen ser altos empresarios o técnicos cualificados (ingenieros, científicos) en la materia. Sus opiniones reflejan tanto su percepción de los hechos como sus deseos ocultos (lo que yo llamo sus “sueños húmedos”). Para un empresario, un mundo sin obreros sería ideal. La gestión de personal es siempre una de las tareas más pesadas de cualquier actividad en general. En la empresa, donde los intereses de empresarios y trabajadores están en conflicto ―abierto o latente― esta gestión es aún más ardua. Una empresa sin trabajadores, funcionando automáticamente y dejando al propietario una renta recurrente, es el ideal que todo rentista desearía. También para los altos tecnócratas las personas son un estorbo. Muchos tienden a pensar que son las chapuceras intervenciones humanas las que provocan fallos y problemas (sólo hay que ver que casi siempre que hay un desastre se alude al fallo humano, sin pensar que a lo mejor este estaba propiciado por la tecnología empleada). Eliminando empleados se reducen los problemas potenciales (Michel Piore, un importante economista laboral, lo descubrió en una investigación hace casi 50 años; los ingenieros entrevistados le comentaron que siempre que el coste fuera soportable, recomendaban la solución que incorporaba menos empleo). Hay un sesgo capitalista y un sesgo tecnocrático en la orientación del cambio tecnológico. No es casualidad que Frederick W. Taylor aunara en su persona el ser ingeniero profesional e hijo de empresario.

Pero esta introducción del cambio tecnológico no ha supuesto hasta ahora la eliminación del trabajo por muchas y variadas razones. En primer lugar, la eficacia de la tecnología nunca es completa ni se adapta por igual a todas las actividades humanas. En segundo lugar, porque las mejoras tecnológicas han ido asociadas a un aumento en la escala de la producción, a una diversificación de los bienes y servicio. Y, en tercer lugar, porque las luchas sociales han impuesto limitaciones al uso de la fuerza de trabajo y han conseguido que en bastantes casos el aumento de productividad se tradujera en una reducción de la jornada laboral. Este razonamiento se aplica habitualmente al empleo mercantil. El reconocimiento de la importancia del trabajo doméstico muestra además otras cuestiones interesantes. La primera es que años de cambio técnico no han generado un movimiento de reducción radical del tiempo de trabajo doméstico. La segunda es que algunas de las innovaciones en bienes de consumo, más que eliminar el trabajo doméstico, lo han transformado. Un estudio de hace veinte años de la jornada laboral de las amas de casa a tiempo completo mostró que su jornada global era parecida. Lo que había cambiado era su contenido. A principios del Siglo XX, la tarea principal era la producción doméstica de pan, algo que había casi desaparecido 80 años después. A finales del siglo pasado, lo que ocupaba más tiempo era conducir, pues estas mujeres se encargaban de transportar al resto de la familia y, dado el modelo urbano estadounidense, también debían conducir para hacer compras, acudir a centros médicos etc. Y, la tercera, que las propias necesidades familiares han cambiado con el tiempo (por ejemplo, los procesos ligados al envejecimiento reclaman una enorme cantidad de cuidados que generan “un segundo ciclo de actividad” posterior al generado por el cuidado de la infancia). En suma, la tecnología es sólo uno de los factores que influyen en la carga de trabajo, y sus efectos son a menudo ambiguos, pues al mismo tiempo reducen y aumentan la carga de trabajo. Por eso, en la revisión de estudios que ha realizado la Organización Internacional de Trabajo, la previsión de lo que ocurrirá en el futuro es incierta. Depende de muchas variables.

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La Marea

La teoría económica más conocida e importante –conocida como síntesis neoclásica y que desagraciadamente se sigue enseñando en las facultades– considera que los niveles salariales tienen impacto en la tasa de paro de la economía en cuestión. Estos planteamientos señalan que a medida que los salarios se elevan, la tasa de paro aumenta, y viceversa. El razonamiento de fondo –que es más ideológico que científico– es el siguiente: los salarios suponen un coste importante para los empleadores, de forma que si aquellos aumentan, estos se verían en complicaciones para seguir con su negocio; y la única forma que tendrían de no echar el cierre sería despidiendo a uno o más trabajadores. El despido reduciría los costes salariales y, de esta forma, el negocio podría continuar, aunque la parte negativa sería que la tasa de paro aumentaría. Este razonamiento se utiliza también en sentido inverso: si los salarios disminuyen los empleadores tendrán menos coste y por lo tanto más margen económico para contratar a nuevos trabajadores, de forma que la tasa de paro se reduciría.

Una recomendación política que se deriva de este razonamiento es la eliminación o reducción de los salarios mínimos que se fijan por ley: si fuese más elevado se destruiría empleo, por lo que la forma más fácil de evitar esos problemas pasaría por reducir o eliminar completamente el salario mínimo legal. De esta forma, los empleadores ajustarían los salarios a sus necesidades económicas, el negocio prosperaría sin problemas y supuestamente habría creación de empleo.

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Otra Economía

Como si formáramos parte de un engranaje que gira una y mil veces alrededor del mismo eje; como si el tiempo, perezoso, se resistiera a avanzar; como si estuviéramos condenados eternamente a contemplar la misma desgastada imagen. Esta es la abrumadora sensación que tengo cuando escucho o leo los diagnósticos y las recomendaciones de los economistas y los responsables del Fondo Monetario Internacional (FMI). Inquieta pensar el enorme poder que concentra esta institución para hipotecar las políticas de los gobiernos y vencer las resistencias de los pueblos.

Digo diagnósticos y debería decir recetas de supuesta validez universal, cualquiera que sea el país y el continente donde se apliquen; y digo recomendaciones cuando resulta más apropiado decir imposiciones, pues, como es sabido, la hoja de ruta establecida por esta institución es la referencia o la excusa utilizada por los gobiernos para justificar la implementación de políticas socialmente regresivas y es la llave que abre (o cierra) el grifo de la financiación internacional.

El documento elaborado por la delegación de economistas del FMI -del que ya conocemos un breve pero sustancioso avance—se centra, sobre todo, en las pensiones y el mercado de trabajo; temas, por lo demás, (obsesivamente) recurrentes en sus informes. Sugieren “prudencia y moderación” y advierten (amenazan) sobre los peligros de desviarse de la hoja de ruta que tanto el FMI como las instituciones comunitarias, al alimón, han bendecido.

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ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Otra Economía

“Producir y vender armas o más desempleo y menos ingresos en concepto de exportación”. Este es el dilema, en apariencia ineludible, al que nos enfrenta la dura y exigente realidad, a cuenta de los contratos de suministro de diferente material militar comprometidos por nuestro gobierno con el de Arabia Saudita.

Las grandes corporaciones y los lobbies empresariales que conforman la industria militar lo tienen claro (y no quieren ningún debate público al respecto): seguir, con la complicidad del poder político con el formidable negocio de la producción y venta de armamento. Para ello necesitan mercados, que estos grupos encuentran y alimentan en los numerosos conflictos militares, que sufren principalmente los países pobres, en los gobiernos represivos y en las redes que articulan el terrorismo internacional.

Es de sobra conocido, aunque no suficientemente denunciado, que estos mercados los sostienen -sin remilgos y sin escrúpulos– estos intereses; promoviendo y manteniendo guerras, comerciando con todas las partes en conflicto, suscribiendo contratos de aprovisionamiento con regímenes dictatoriales y eludiendo o ignorando todas las disposiciones internacionales.

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Entrevista amb Miren Etxezarreta a La Directa

Amb una jaqueta feta de retalls de diferents teles acolorides i un paraigua a la mà, arriba al bar on iniciarem la conversa. Miren Etxezarreta és una economista i intel·lectual radicalment crítica amb la teoria econòmica dominant. Va néixer a Ordizia, al País Basc, i des de 1968 ha transmès el seu coneixement a les aules universitàries. Precisament, per respondre a la necessitat d’habilitar esquerdes dins l’ensenyament econòmic mainstream, va ser una de les fundadores del Seminari d’Economia Crítica Taifa ja fa catorze anys. Etxezarreta subratlla que el capitalisme mai ha tingut rostre humà i que la societat s’ha d’apoderar per fer-hi front. Ella, als 82 anys, com milers de ciutadanes, es veu afectada per l’anomenada «crisi» de les pensions i acusa el sistema actual d’esprémer la població.

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El Salto

Últimamente estoy leyendo a algunas personas –muchas de las cuales no son precisamente de derechas- asegurar que el Gobierno de Sánchez no tuvo más remedio que proponer un techo de gasto irrisorio y que la oposición -especialmente Unidos Podemos- se equivocó al no votar a favor de su aprobación. Opiniones legítimas, sin duda alguna, pero que suelen acompañarse de argumentos ridículos o, cuanto menos, fácilmente refutables. El hecho de que a veces esos alegatos vergonzantes sean arrojados por personalidades provenientes del mundo académico no hace sino confirmar las sospechas que se originan con una primera lectura superficial: parecen más una defensa a ultranza de la postura del Gobierno en base a intereses o preferencias políticas que una defensa en base a principios o cuestiones ideológicas. Como si hubiese que apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez solamente por no ser del Partido Popular y no por la utilidad de las políticas que esté aplicando. A continuación enumero y rebato los argumentos que más he visto por ahí y que más sonrojo me han provocado.

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El Confidencial

Hace unos días, Rafa Mayoral, diputado de nuestro grupo parlamentario y miembro de la dirección de Podemos, fue recibido con aplausos en la multitudinaria asamblea que los taxistas habían convocado en Barcelona para decidir los siguientes pasos en el marco de la huelga. Una huelga que ha sido secundada ya en muchas otras ciudades de España. Mayoral, además, fue invitado a intervenir en la asamblea y sus palabras fueron suscritas íntegramente por los presentes. El diputado, de hecho, había sido vitoreado previamente en la asamblea nada más se supo que iba a acudir a la Ciudad Condal como muestra de apoyo y solidaridad. Todo ello refleja, a mi juicio, que detrás de estos fenómenos hay una experiencia compartida y un trabajo bien hecho y reconocido en defensa no solo de los taxistas, sino de los propios servicios públicos.

Para entender bien las causas inmediatas de esta disputa, debemos retrotraernos un mes, cuando el Ayuntamiento de Barcelona aprobó un reglamento, con la abstención de PP y Ciudadanos, que limitaba las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Aquel hecho ocasionó que el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) recurrieran ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el cual ha acabado dándoles la razón. En consecuencia, en estos momentos, las empresas que comercian con VTC van ganando la batalla.

Estas grandes empresas, como Cabify o Uber, se han expandido enormemente en los últimos años como consecuencia de haber sabido aprovechar las licencias VTC, que ya existían previamente, por ejemplo para el uso de limusinas, como un negocio con el que competir con el sector del taxi. Como ya se ha denunciado, en realidad este nuevo nicho mercantil no es sino un espacio especulativo muy característico del capitalismo financiarizado. En primer lugar, estas grandes empresas utilizan una cuidada arquitectura financiera, que incluye el uso de paraísos fiscales, para eludir el pago de impuestos en España. En segundo lugar, aunque se disfraza con el eufemístico nombre de ‘economía colaborativa’, el negocio consiste en crear una red de conductores que han de poner su propio coche y asumir personalmente todos los riesgos laborales, y a los que conectan con los clientes que vayan solicitándolo a través de una aplicación móvil. En tercer lugar, todo lo anterior se recubre de una estética ‘cool’ y moderna que traslada un mensaje ideológico de libertad y flexibilidad para el cliente y para el trabajador. En suma, un negocio que precariza las relaciones laborales de un sector, el del transporte público, al mismo tiempo que funciona como palanca desamortizadora del Estado social en tanto que supone una notable merma de ingresos públicos. Hace tres años, el periodista Esteban Hernández ya avisaba de las amenazas de este modelo.

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Brave New Europe

In the international media we read repeatedly of the supposed “Spanish miracle”. The Spanish economy has been growing again for several years now, and it is growing significantly faster than other euro-zone economies.

International financial institutions and the European Commission are trying to disseminate the message that fiscal austerity and labour market flexibility have proved successful in Spain.  But that message is untrue, and it ignores some of the following fundamentals.

Firstly, the fiscal and wage cuts imposed by Brussels prolonged the economic crisis needlessly by reinforcing its depressive effect. It was precisely these cuts – as of 2010 – that determined the second phase of the crisis. The insistence, by the government of prime minister Mariano Rajoy, on policies between 2012 and 2014 that reduced the level of domestic demand, meant that Spain lost a decade of growth: it has taken ten years for the country to reach the level of GDP per capita it had before the crisis, and it has only recovered half of the jobs that were destroyed during that period.

Moreover, wage cuts and fiscal austerity have not only failed to drive the recovery, they have also deepened other problems. They have increased social inequality, eroded key public services and delayed public investment, including in research and development.

Secondly, the factors that explain the economic growth of recent years should be analysed carefully. Indeed, the Spanish economy is growing at 3% in annual terms, approximately one point above the euro-zone average. But, that is not the result of either wage cuts or fiscal austerity.

The deregulation of the labour market has supposedly boosted recovery in two ways. . According to the analyses of the European Commission and mainstream economists, lowering the cost of severance pay and cutting wages should have translated into greater job creation, boosting private consumption. Furthermore, labour reforms implemented in previous years should have increased Spain´s price-competitiveness and led to a recovery driven by the export sector.

But the reality of the Spanish economy does not confirm either of these two policies. To begin with, labour reforms have not displaced the Okun curve: the relationship between the rate of job creation and economic growth has not changed, so that in periods of economic growth our economy continues to  create jobs rapidly – of poor quality – only to destroy them just as rapidly in times of crisis. That is, there is no trade-off between employment and wages.. What has happened in recent years, however, and this is probably the main effect of the labour reform, is that collective bargaining has become rebalanced in favour of companies, and the new jobs created set wages even lower. The duration of contracts has also been greatly reduced and the quality of jobs has deteriorated.

Moreover, the idea that wage devaluation has generated competitiveness gains and an export boom cannot be substantiated. The rate of growth of exports during the period 2010-2017, although significant, is very similar to the one we had in 2000-2007, despite the fact that relative labour costs were increasing at the time. The main reason for this is that the development of exports basically depends on external demand. Wage reductions have hardly translated into a reduction in relative export prices. This reduction in wages has been squandered and simply gone to increasing the profits of exporting companies.

Other factors explain the recent rapid growth of the Spanish economy. In its Annual Report for 2017, the Bank of Spain attributes much of the faster growth in 2015-16 to the European Central Bank’s (ECB’s) monetary policy and the sharp fall in oil prices. Both factors are beyond the reach of government policy. According to the Bank of Spain these factors explain about half of the additional growth experienced by the Spanish economy during the actual recovery (Figure 1).

Figure 1: GDP in Spain and in the Euro area (Annual rates of change)

Source: Bank of Spain, Annual Report 2016, pp: 48.

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efedocanalisis.com

Comenzar este texto con la famosa frase de Robinson es muy pertinente, ya que refleja el problema al que se enfrenta la formación y el estudio de esta disciplina. ¿Por qué estudiar economía? Para evitar ser engañados por los economistas. Es una frase que pudiese sonar extraña ubicada en otras profesiones, pero que, sin embargo, es una realidad en la nuestra.

Todos los alumnos y alumnas, cuando comenzamos a estudiar la carrera, escuchamos la definición de qué es la economía: La Definición en mayúsculas. Economía es la ciencia que estudia cómo asignar los recursos escasos, de manera eficiente, entre fines alternativos.

Pero, si observamos en retrospectiva este campo de estudio, veremos cómo no se ha dado una evolución lineal, al igual que en otras ciencias donde cada vez hay mayores avances y mayor conocimiento acumulado. En la enseñanza económica se han ido marginando aquellas escuelas de pensamiento económico que difiriesen en exceso con el enfoque dominante, el neoclásico, quedando así una definición parcial que, sin embargo, se presenta como una definición objetiva y aséptica. Es La Economía, en mayúsculas.

La economía es una ciencia social, no una ciencia exacta. Aplicar una política en distintos países no desemboca en consecuencias exactas. Incluso, no se llegarían a obtener los mismos resultados si se aplicase en una misma economía en contextos diferentes.

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La Marea

El pasado 21 de junio el Eurogrupo decidió dar luz verde al tercer –y supuestamente último– “rescate” de Grecia, poniendo así fin a ocho años de inyecciones de dinero condicionadas a acometer recortes y reformas de todo tipo. En esta ocasión, el Estado griego recibirá 15.000 millones de euros que totalizarán la suma de 288.700 millones percibidos desde 2010. Esta noticia se ha querido vender como el fin de la intervención que ha sufrido el país heleno y, por lo tanto, como el inicio de una nueva etapa en la que el pueblo griego podrá volver a prosperar.

Pero ese mensaje no puede estar más despegado de la realidad. Quien se lo crea es porque no ha leído o entendido la letra pequeña de último rescate: Grecia queda obligada a registrar un superávit fiscal primario (sin contar los intereses de deuda) del 3,5% del PIB de forma continuada hasta 2022 y del 2,2% hasta 2060. ¿Y qué significa esto? Pues que el Estado deberá detraer muchos más recursos de las familias y empresas griegas a través de la tributación de los que les entregará luego en forma de servicios y prestaciones públicas, ¡y además debe hacerlo de forma ininterrumpida durante 41 años! Esa cantidad recaudada de más se utilizará para pagar deuda y, por lo tanto, acabará en manos de los acreedores financieros, que en su mayoría son Estados y organismos europeos. Esto solo tiene un nombre: latrocinio. La Unión Europea exprimirá a la ciudadanía griega durante 41 años. ¡Y tienen la poca vergüenza de venderlo como el inicio de una etapa esperanzadora! Cinismo en cotas legendarias.

¿Cuántos países del mundo y a lo largo de toda la historia han logrado tener superávits continuados durante 41 años? Muy fácil: ¡ninguno! Eso es absolutamente imposible, y los dirigentes europeos que han fijado las condiciones lo saben. Ninguna economía del planeta puede estar entregando a otros países un 2,2% de su PIB, ni siquiera la más rica del mundo. Cualquier Estado que pretenda lograr esa quimera destruirá tanto su economía –que inevitablemente terminará tarde o temprano revirtiendo los superávits hasta convertirlos en déficits–, amén de los brutales destrozos en términos de empleo y bienestar. Antes de cumplir el objetivo llegará un momento en el que no haya más recursos que expoliar. Esta medida no tiene ningún tipo de sentido, es la sentencia de muerte de la economía griega. No hay ningún motivo para la esperanza: si el Estado griego se empeña en intentar cumplirlo (y subrayo intentar porque jamás lo logrará), entonces el saqueo no solo continuará sino que se intensificará, y el pueblo griego seguirá condenado al desastre económico y social.

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Público.es

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de lucha contra la precariedad laboral. Detrás de esta iniciativa legislativa no hay otra cosa que una nueva artimaña de esta formación política para blanquear su propuesta de contrato único.

Como ya es conocido, ya presentaron hace más de dos años una de sus  medidas estrella: el contrato único. Esta medida fue duramente criticada por el resto de grupos políticos y sindicales ya que, a pesar de las buenas palabras con las que venía maquillada, suponía claramente un empeoramiento de las condiciones laborales de la mayoría de las personas trabajadoras al reducir de forma generalizada las indemnizaciones por despido. Según las propias palabras del presidente de la formación, Albert Rivera, todos los contratos existentes -incluyendo los indefinidos- pasarían a tener una indemnización inicial equivalente a la de los contratos temporales actuales -12 días por año trabajado- para ir a lo largo del tiempo aumentando esa indemnización hasta equipararse a la indemnización de los contratos indefinidos actuales -20 días por año trabajado excepto en caso de improcedencia del despido-. Es decir, que en la práctica las condiciones de todos los contratos se degradarían hasta el nivel de los contratos temporales actuales, una precarización generalizada que no se podía aceptar de ninguna manera.

Una vez asumida la derrota derivada del rechazo generalizado de  esa propuesta en la que habían confiado buena parte de su alternativa económica, Ciudadanos ha vuelto a la carga de nuevo. A finales de febrero registró en el Congreso de los Diputados una ley para el mercado laboral que se ha debatido el 19 de junio en la que se incluye de nuevo el contrato único, pero esta vez con características diferentes. Puesto que el truco de precarizar todos los contratos a través de la reducción generalizada de las indemnizaciones por despido no coló, ahora intentan precarizar todos los contratos a través de otra vía: la relajación de las causas de despido. Una estratagema tan perversa como astuta ya que, al no reducir la indemnización por despido, se blindan frente a críticas del pasado y evitan hablar así de la novedad que han incorporado: una mayor facilidad para despedir a trabajadoras y trabajadores.

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Otra Economía

Las políticas de rigor presupuestario tienen un largo recorrido en Europa y en el conjunto del mundo capitalista.

Desde que el neoliberalismo, en la década de los ochenta, tomó carta de naturaleza y se convirtió en el nudo gordiano del pensamiento económico dominante, la lógica de la estabilidad presupuestaria –reducir los umbrales de déficit y deuda públicos- han impregnado las políticas llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y las impulsadas por los partidos socialistas cuando llegaban al poder; con escasas diferencias unas y otras, a pesar de situarse en coordinadas ideológicas contrapuestas.

También ahora, cuando las economías europeas y muy especialmente las periféricas se han visto atrapadas en una crisis económica de proporciones históricas, se apela al ajuste de las cuentas públicas para superarla. Como si ese diseño de política económica tuviera validez universal, cualquiera que sea la coyuntura o la dimensión de los problemas estructurales que las economías deben enfrentar. No es el caso, sin embargo.

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Otra Economía

Primera

Colocar la competitividad en el epicentro de la política económica supone, por un lado, subordinar a la misma los otros planos de la economía. Imponer que las políticas públicas –por ejemplo, las relaciones laborales, las normas medioambientales, las estructuras tributarias o las regulaciones en materia de salud- se adapten a las exigencias competitivas. Por otro lado, se parte del supuesto –marcadamente ideológico y sin respaldo empírico- de que las ganancias superan a los costes, de que las economías rezagadas serán las mayores beneficiarias del proceso internacionalizador, de que los beneficios obtenidos irradiarán al conjunto de la economía y de que los perdedores encontrarán nuevas y mejores oportunidades con la intensificación de la competitividad.

Segunda

La lógica de la competitividad es la de “todos contra todos”, confiando de que de esa realidad surge un beneficio global. Se omite en este razonamiento que, precisamente, la competencia global, en un contexto de mercados crecientemente desregulados, está en el origen de la crisis. Y lo más importante, se ignora que la superación de la misma, la construcción de Otra Europa y, posiblemente, la propia supervivencia del capitalismo precisan la implementación de políticas cooperativas.

Tercera

El argumento de la competitividad apela, sin reservas, al crecimiento como motor de la actividad económica, crecer en el mercado interno y crecer asimismo en el mercado internacional. Dado que a esta receta se le supone validez universal, es, por lo tanto, aplicable a todas las economías. Se supone así –de manera explícita o no- que el planeta está en condiciones de soportar este modelo y que los problemas de sostenibilidad que provoca tienen solución con la aplicación de nuevas tecnologías. No se tiene en cuenta, por lo demás, que la naturaleza depredadora del actual sistema económico –tanto la manera de producir como la de consumir- nos ha situado desde hace tiempo en una encrucijada donde la lógica de las cantidades debe ser radicalmente cuestionada.

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La Paradoja de Kaldor

Si el Gobierno respondiese a día de hoy a la pregunta que da título a este artículo lo tendría claro:

“Una adecuada coordinación de las reformas estructurales, que reduzca las divergencias de competitividad, ayudará a corregir los desequilibrios en la UEM y a absorber mejor las perturbaciones mediante una rápida reasignación de los factores productivos.”

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2018), Posición española sobre el fortalecimiento de la UEM, abril 2018, p. 6

Y así se ha entendido en el resto de la Unión Monetaria.

Cuando se estudian en economía los desequilibrios que han llevado a la crisis global y financiera que comenzó en 2008, una de las causas que se detecta es la acumulación de elevados déficits y superávits de las balanzas por cuenta corriente de los Estados Miembro, provocada por las divergencias en la evolución de sus costes laborales unitarios. Siguiendo este razonamiento, los países de la periferia europea, entre ellos España, han adoptado políticas de devaluación interna (bajadas salariales) con el fin de recuperar esa competitividad-precio que perdieron tras la introducción del euro.

Habiendo la economía española registrado 4 años de crecimiento positivo con un superávit por cuenta corriente, cabría preguntarse si esta política económica ha sido la responsable de la corrección de dicho desequilibrio.

Mecanismos de la devaluación interna sobre el sector exterior

El mecanismo de corrección de dicha medida que se considera habitualmente en la literatura económica (el de la competitividad-precio de las exportaciones) es el siguiente. En tanto que costes para las empresas, una caída de los costes laborales unitarios (CLUs) habría supuesto una caída de los precios de exportación. Al tornarse nuestras exportaciones más baratas frente a nuestros competidores comerciales, las exportaciones habrían crecido por encima de las importaciones, reduciendo progresivamente el saldo negativo de nuestras exportaciones neta.

Sin embargo, para que el mecanismo arriba descrito tenga efecto es necesario el cumplimiento de una condición económica y, por otro lado, existen dos efectos más que se derivan de la caída de los salarios.

La condición a la que nos referimos es la condición Marshall-Lerner y establece que para que una devaluación externa (bajada del tipo de cambio) o bien una devaluación interna (bajada de los precios nacionales) sea efectiva la suma del valor absoluto de las elasticidades-precio de las exportaciones y las importaciones sea superior a la unidad. Así, si la condición se cumple el saldo exterior negativo de una economía se reducirá hasta tornarse en positivo.

Por otra parte, existen dos mecanismos más por los que una devaluación interna puede tener influencia en el reajuste del sector exterior.

• El primero de ellos es el efecto de sustitución de importaciones; de tal forma que una caída de los CLUs además de trasladarse a los precios de las exportaciones, se trasladaría a los precios domésticos. Frente a este abaratamiento de los bienes y servicios nacionales en relación a los importados, los agentes económicos optarían por consumir más producción nacional, lo cual reduciría las importaciones.
• El segundo de ellos se deriva del modelo Bhaduri-Marglin, que contempla el carácter dual de los salarios (efecto demanda). Éstos no sólo suponen un coste para las empresas, sino que también son la principal fuente de ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, cambios en los CLUs, y en la cuota del trabajo, podrán aumentar o no las importaciones en función del régimen de demanda de la economía en cuestión. Si el régimen de demanda es wage-led; lo que quiere decir que el crecimiento de la economía está liderado por los salarios; una caída de la cuota salarial, deprimirá los componentes de la demanda agregada y afectará negativamente a las importaciones. Si, en cambio, el régimen de demanda es profit-led o dirigido por los beneficios, el efecto sería el contrario.

Evidencia empírica

En la siguiente figura (1), se observa cómo tanto CLUs, exportaciones y precio de la exportación han seguido tendencias totalmente dispares desde la introducción de la moneda común.

El período que abarca desde 4tr1999 hasta el estallido de la crisis; el que recoge la acumulación de la pérdida de competitividad-precio; se caracteriza por un crecimiento sostenido de las exportaciones reales, a pesar de que tanto precios de la exportación como CLUs relativos creciesen paralelamente. Una vez estalla la crisis, vemos cómo esas relaciones cambian, siguiendo cada variable una trayectoria distinta: mientras que los CLUs relativos caen, los precios relativos de las exportaciones se mantienen y las exportaciones reales recuperan su ritmo de crecimiento anterior, a excepción del 3tr2009 en que colapsó el comercio internacional.

En base a esta figura, resultaría difícil de sostener que las ganancias competitividad-precio derivadas de la caída de los CLUs, en tanto que no se transmiten a menores precios, hayan tenido un efecto sobre las exportaciones reales.

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La Paradoja de Kaldor

Las instituciones españolas y de la UE consideran que las recientes reformas del mercado laboral han mejorado la flexibilidad, permitiendo generar más empleo con una menor creación del PIB.

Esta relación puede analizarse mediante la conocida Ley de Okun. Esta regularidad empírica establece una relación significativa, estable e inversa entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de variación del desempleo. Aunque existen múltiples versiones de esta ley (Ball, Leigh & Loungani, 2017), se suele formular en dos tipos. La versión en diferencias y la versión de brecha o gap.

La primera establece una relación negativa entre las tasas de crecimiento trimestrales de la tasa de desempleo y la del PIB en términos reales. A su vez, se compone de una formalización estática de relaciones contemporáneas y una dinámica, que incluye las variables retardadas. En el segundo caso, se realizan estimaciones mediante procedimientos de filtrado para obtener el elemento tendencial de ambas variables. Permitiendo así calcular en términos de diferencias respecto a su tendencia (componente cíclico). A pesar de que se ha desarrollado una extensísima literatura sobre formas de estimar esta regularidad, usaremos la primera formulación ya que sigue siendo la versión más intuitiva [1].

∆Ut = α + βY ̇t + ωt        [1]

La tesis más común sostiene que se ha producido un cambio en la curva de Okun por lo que la economía española necesita ahora un menor crecimiento del PIB durante los períodos de expansión de que durante el ciclo anterior, principalmente como consecuencia de las reformas laborales, y en concreto de la reforma del año 2012 (Cuerpo, Geli, & Herrero, 2018).

Lo cierto es que existe evidencia de este comportamiento durante la recuperación de la economía española. En el gráfico 1 se muestra la curva de Okun para el período previo al inicio de la recuperación económica (fechada en el tercer trimestre del 2013) y en el período siguiente. Como se puede observar, la curva durante la recuperación se sitúa significativamente a la izquierda, esto implica que es necesaria una menor creación del PIB para reducir el desempleo. De igual forma, la pendiente de la curva no ha variado de manera relevante, así que se reduce el desempleo aproximadamente a la misma velocidad.

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Pedaleando

En la entrada anterior traté de explicar -sucinta y sencillamente- que el problema de sostenibilidad del pago de las pensiones no es un problema técnico; antes al contrario, se trata de un problema ideológico que pone de manifiesto un interés de clase.

Bajo este prisma, la solución que se proponga favorecerá los intereses de una clase social sobre la otra o a la inversa. Se pone así de manifiesto el conflicto de intereses latente en la forma de organización social de la economía capitalista.

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Pedaleando

La entrada que publico a continuación tiene cómo objetivo desenmascarar que el problema de las pensiones no es un problema de índole técnica; sino, que se trata de un problema ideológico, como todos los problemas que tratamos de resolver desde el análisis económico.

Permítanme que antes de empezar me apoye en el “criterio del experto”:

«Las soluciones de los problemas económicos nunca son económicas sino políticas. No hay oscuras fórmulas técnicas que permitan resolver las dificultades en un clima de gabinete».

Lección magistral del profesor Enrique Fuentes Quintana en TVE, año 1977, vísperas de los Pactos de la Moncloa

(ver a partir del 1:30)

El sistema de pensiones en España

Sucintamente, debemos entender que el sistema de pensiones español está fundamentado y diseñado bajo un principio de gestión colectiva. Los trabajadores/as en activo contribuyen, a través de sus cotizaciones a la seguridad social, a un fondo que se utilizada para pagar las pensiones de los trabajadores/as que están en situación de retiro de sus puestos de trabajo.

De forma más rigurosa, cinco principios rigen el funcionamiento de este sistema (ver mas extensamente aquí): (i) el principio de reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones existentes en ese momento; (ii) el principio de proporcionalidad contributiva: la cuantía de las prestaciones guardará relación directa con las cantidades aportadas al sistema público y al periodo de cotizaciones efectuadas; (iii) el principio de universalidad: aquellos que no hayan contribuido al sistema podrán acceder al nivel no contributivo de prestaciones para poder cubrir las necesidades más básicas; (iv) el principio de gestión pública: el sistema de la Seguridad Social estará gestionado y financiado por entidades públicas. (v) el principio de suficiencia de prestaciones: la cuantía de las prestaciones debe ser suficiente para asegurar las necesidades protegidas.

A lo que hay que añadir que de esta manera se cumplen otros dos principios: un principio de solidaridad intergeneracional; y, un principio de  solidaridad interregional, que garantiza que todos los ciudadanos del Estado español tengan derecho a su pensión por jubilación, independientemente de la región en la que vivan.

Vaya por delante una opinión preliminar, es todo un logro y una paradoja que en el modo de producción capitalista exista un vestigio de estas características. Es decir, una forma de gestión colectiva, con todos sus aciertos y defectos, frente a las soluciones individualistas y auto-interesadas más propias del capitalismo. Es decir, la norma en el capitalismo (la cual rige en otros países) es optar por planes de pensiones privados e individuales. Entendiéndose lo individual y propio como más “justo”.

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