feb 14, 2019 0
Los peligros que conllevan las reformas del Sistema de Seguridad Social
El principal objetivo de los sistemas modernos de Seguridad Social es ofrecer protección económica a todas aquellas personas que, debido a diferentes contratiempos (quedar desempleadas, viudas o enfermas, tener una edad avanzada, tener una edad insuficiente y no tener recursos, etc.) no están en condiciones de trabajar y recibir un ingreso por ello. De forma complementaria a este objetivo, los sistemas de Seguridad Social también se encargan de ofrecer asistencia médica a la población. Esos sistemas conforman redes de protección diseñadas y articuladas por el sector público con las cuales se pretende que ninguna persona vulnerable caiga en la más absoluta pobreza o se quede sin atención sanitaria. Antes de la aparición y desarrollo de estos modelos la gente se las tenía que ingeniar para poder salir adelante en caso de que quedaran incapacitados para trabajar y no tuvieran ningún tipo de ingresos. Podemos imaginar el estrés y agobio que sufrían todas aquellas personas que perdían a los familiares que llevaban el sustento a casa, las que tenían un accidente que las incapacitaba para trabajar, las que contraían alguna grave enfermedad que las postraba en la cama, o las que ya estaban muy mayores para poder realizar largas jornadas de trabajo. Puesto que el Estado no les ofrecía ninguna red de seguridad, no les quedaba más remedio que seguir hacia delante recurriendo a ahorros o ayudas de amigos y familiares.
Hoy día estos sistemas de Seguridad Social están muy afianzados en los países occidentales desarrollados[1] y ya prácticamente nadie cuestiona la necesidad de su existencia. La justificación no es sólo de carácter social –ayudar a los desamparados– sino también de carácter económico: esos ingresos que se les transfiere a los beneficiarios de la Seguridad Social contribuyen a estimular la actividad económica, pues es dinero que se utiliza para comprar bienes y servicios y por lo tanto para incrementar ventas y beneficios empresariales. Sin embargo, en lo que sí existe un importante y encarnizado debate es sobre el alcance y profundidad que debe tener esa red de protección social: en un extremo se situarían aquellos que piensan que el Estado sólo debe garantizar un mínimo de subsistencia a las personas que no estén capacitadas para trabajar, mientras que desde el otro extremo se aboga por la necesidad de que el Estado se encargue de regular y gestionar dichas prestaciones para que puedan ser incluso generosas y no meramente de subsistencia.
Este debate trasladado a las prestaciones por desempleo (aquellas que se reciben cuando uno abandona un puesto de trabajo) se traduciría de la siguiente forma: los del primer extremo defenderían que esos recién parados recibieran sólo un mínimo ingreso (y durante muy poco tiempo) para que tuvieran incentivos para encontrar un nuevo empleo (además de para que el Estado no tuviera un coste elevado), mientras que los del segundo extremo abogarían por unas prestaciones tan elevadas y duraderas como lo fuera su contribución social mientras trabajaban. La diferencia entre uno y otro caso es el grado de intervención del Estado en la regulación de la prestación por desempleo.
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