Economía Crítica y Crítica de la Economía

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La política de vivienda del gobierno español

Autor: Antonio Sanchez Andres

Categoría: Vivienda

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La Paradoja de Kaldor

El viernes 9 de marzo se aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2018-21, que constituye una pieza esencial de la política de vivienda del gobierno. Sus objetivos principales son el estímulo de los alquileres y la extensión de las rehabilitaciones de viviendas, con especial atención a personas muy precarias económicamente, jóvenes y mayores.

La aprobación del mencionado plan ha generado un aluvión de comentarios sobre las posibles subvenciones a las que se puede acceder, sin embargo, los análisis más profundos y de mayor alcance han sido escasos. En este trabajo pondremos de manifiesto algunos de los problemas serios de los que adolece esta programa y que deberían ser contemplados y, en su caso subsanados, si es que se pretende que este tipo de medidas sean más efectivas.

En primer lugar, el plan pretende resolver problemas estructurales de la economía española, vinculados a la desigualdad social y a desajustes en la estructura de viviendas del país. Pero a este tipo de retos sólo se les puede dar respuesta realmente a largo plazo. Por este motivo, antes que aprobar un programa para 4 años, siguiendo la tónica de los anteriores, aquello que debería haberse contemplado sería definir el escenario del que se pretendería disponer dentro de 10-15 años. Este constituiría un marco en el que ya se podrían ordenar objetivos y medidas descompuestas temporalmente a través de planes de cuatro años, ubicando el actual en el arranque para la transformación que se pretendería alcanzar. Sin embargo, el actual plan carece de esa horizonte de futuro , de manera que se elimina una parte esencial de su efectividad y vuelve a poner sobre la mesa el cortoplacismo y el carácter caótico en el diseño de la política económica en España.

En segundo lugar, este programa no se ha aprobado de manera precipitada, sino que ya hace casi un año salió a la luz un borrador, además de haberse contado también con un tiempo derivado de la prolongación del anterior plan de vivienda. Sin embargo, en lugar de crear una serie de foros institucionales en los que los agentes sociales implicados pudieran transmitir sus consideraciones, se ha optado por utilizar la forma usual: dar publicidad del borrador y sólo atender de manera unilateral y, en su caso, oculta a los lobbies más influyentes. El resultado es un empobrecimiento técnico del programa, un fuerte límite en su alcance al dar la espalda a propuestas de distintos grupos sociales y una basculación hacia los intereses creados más fuertes.

Desde un punto de vista más específico y destacando la perspectiva de la demanda, las ayudas se concentran en menores de 35 años, estableciendo serios límites a los que superan esa edad. Además de las modestas ayudas, el Ministerio se olvida que la crisis en España ya sentó sus cimientos hace 10 años. Como en 2010 ya se superó el 20 por ciento de paro en España, afectando masivamente a jóvenes, con un trasfondo de extensión masiva de empleo precario, debería haberse tenido presente con más cuidado que muchos de aquellos jóvenes ya son mayores de 35 años, y mantienen una delicada situación económica. Esta restricciones en edad, dadas las condiciones especiales, parecen excesiva y excluye a población que, según los supuestos objetivos de la legislación, deberían estar incluidos.

Respecto a la oferta, uno de los grandes retos del plan es la rehabilitación de viviendas. Un criterio esencial que establece la legislación es que sólo contempla a edificaciones de más de 20 años, argumento que puede ser válido para actualizaciones de fachadas, renovación de elementos de seguridad y otros similares, pero no para cuestiones de mejoras en eficiencias energéticas. Respecto a este último elemento, edificios relativamente nuevos (menos de 20 años) con frecuencia no disponen de sistemas especiales de aislamientos térmicos o incorporan el uso de energías renovables. Así pues, el plan proyecta una visión anticuada de las rehabilitaciones.

Por añadidura, en el ámbito de la rehabilitación de viviendas, este plan podría haberse constituido en el primer paso hacia transformar la rehabilitación energética en un polo de dinamismo económico. En particular, una dimensión de gran envergadura para la rehabilitación de edificios sería la promoción del autoconsumo energético, es decir fomentar la generación de energía eléctrica con fuentes renovables por parte de la propia población. Sin embargo, este plan deja de lado, de hecho, esta apuesta de futuro y no hay indicios de que vaya a ser el detonador para la adopción de medidas complementarias (en particular la reforma de la ley del sector eléctrico) que contribuya a conseguir ese importante objetivo, subrayado por el propio ministro del ramo. En definitiva, crear un plan de vivienda con ambición y perspectiva de futuro requiere, al menos, la coordinación entre varios ministerios, constituyendo un reto de gran envergadura de la Presidencia del Gobierno Español. Sin embargo, no parece que la mayor autoridad de este país se sienta aludida por estos aspectos y, en las contradicciones que suscita el plan entre las áreas de influencia de los Ministerios de Fomento y de Energía, Turismo y Agenda Digital, el primero parece que quedará subyugado a los intereses del segundo.

Un elemento estratégico que dinamizaría el plan de vivienda sería cambiar la multitud de regulaciones estatales que frenan la extensión del autoconsumo energético. Estas pasaría por anular definitivamente la tasa de respaldo, poder recuperar, al menos a precios de mercado, la energía vertida en la red general eléctrica o eliminar otras trabas especialmente impuestas para encarecer este tipo de generación de energía eléctrica (costes adicionales de legalización, obligación de instalar contadores especiales, etc.). Asimismo, sería estratégico mejorar las regulaciones para facilitar e, incluso estimular, la instalación de puntos de recarga para automóviles eléctricos. Debe observarse que gran parte de estas medidas tiene un componente regulatorio y no significarían gastos públicos, cuestión que podría ser apoyada por el Ministerio de Hacienda sin excesivos problemas.

En definitiva, se trata de un plan con ausencia de medidas de largo alcance, con una carencia de coordinación entre las consideradas, siendo éstas calificables de laxas, y con ausencia de relación con otras legislaciones . Parte de estos problemas se podrían haber solucionado si se hubiese considerado un horizonte temporal de largo plazo y si se hubiesen tenido presente las sugerencias generadas de manera institucionalizada por la sociedad civil (al tiempo que hubiese promocionado la transparencia y la sensibilidad democrática), pero esta características han sido implícitamente excluidas. Así pues, se puede avanzar que el plan, en el mejor de los casos, tendrá un impacto muy modesto respecto a los objetivos establecidos y carecerá de efectos sobre la dinámica global del país. En pocas palabras, con la aprobación un plan con las características que lo definen se pierde una oportunidad estratégica de configurar un instrumento esencial para la dinamización de la vulnerable economía española.

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Antonio Sánchez Andrés (Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia).

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