Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Privatización de la banca en España

Autor: Antonio Sanchez Andres

Categoría: Alternativas, Banca

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La Paradoja de Kaldor

Recientemente han aparecido noticias sobre la continuación en la privatización de Bankia, asunto que pone sobre la mesa, una vez más, la conveniencia de reflexionar sobre el papel del Estado en el sector bancario. Diversas aportaciones se han realizado sobre este polémico aspecto de la política económica. A favor de una banca pública activa se ha argumentado que facilitaría la circulación del crédito en la economía, en especial en periodos de crisis, que constituiría un instrumento singular de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que permitiría una mayor aproximación a la población ajustándose a sus necesidades en un periodo de reestructuración bancaria tan fuerte como el actual o sería un vector esencial en evitar la exclusión financiera de importantes segmentos de gente con ingresos reducidos. Por supuesto, los contrarios a este tipo de política responden que estas consideraciones son falaces y que la banca pública no añadiría ningún valor añadido al papel desempeñado por la privada, además de que el ámbito económico se vería entorpecido por las intervenciones unilaterales políticas. En este trabajo se pretenden aportar algunas reflexiones complementarias acerca de la relevancia de mantener algún banco importante como público y se excluyen consideraciones acerca de la nacionalización de toda la banca. En parte, en estas reflexiones se encuentra subyacente la limitada competencia que existe en el sector bancario, cuando existe, que se ha acentuado en España con la crisis económica y sobre la que pasan sigilosamente los adversarios al mantenimiento de la banca pública.

La cuestión importante en nuestras circunstancias actuales se refiere a las razones que argumentan el mantener una banca pública con un visible peso en el sector financiero y, en este caso, remite hacia una reconsideración acerca del control estatal sobre Bankia. Los ámbitos estratégicos de discusión se concentran en la fiabilidad y la volatilidad del sistema financiero (bancario) español. En concreto, la consideración es qué ocurre, a corto y medio plazo, con la estabilidad del sistema financiero y, a largo plazo, con el riesgo sistémico. No obstante, ambos problemas se encuentran relacionados.

Respecto al primero, los bancos como empresas privadas buscan la obtención de beneficios y maximizarlos. En el ámbito financiero, estas remuneraciones son mayores cuanto más elevado es el riesgo. En este sentido, cabe destacar la innovación financiera orientada hacia la creación de nuevos productos financieros que se organicen (estructuren) de manera opaca integrando productos de diversa naturaleza o aquellos orientados a clientes que no pueden responder por ellos. Estos han sido causas directas de la crisis financiera de 2008. A partir de ese momento, se frenaron las mencionadas innovaciones financieras, pero diez años después ya se han comenzado a generar productos financieros cada vez portadores de mayor riesgo. En concreto, ya se han lanzado productos financieros estructurados que cada vez son más similares a los emitidos antes de la crisis o se ha iniciado la concesión de préstamos hipotecarios por el 100 por cien de los valores de referencia. En ciertos casos, estas conductas salen a la luz, pero en otros casos quedan ocultas. El problema es que, alejándose de los problemas de 2008 y con la opción de aumentar los beneficios bancarios, esa innovación financiera de creciente riesgo ya se está acelerando. El resultado es que se están creando las bases, y cada vez más sólidas, para una nueva crisis financiera y económica.

Por supuesto, las autoridades supervisoras financieras deberían desempeñar un papel activo en evitar este tipo de problemas. Sin embargo, como demuestra la historia, su comportamiento ha dejado bastante que desear. En estas condiciones, la existencia de una banca pública importante, al estar dentro del negocio financiero, podría revelar de manera más diáfana y temprana los comportamientos arriesgados desarrollados en este sector económico. Es decir, una función relevante de la banca pública sería la generación de información que permitiese anticipar conductas que condujesen a la crisis al sector y a la economía española en su conjunto. En efecto, la adopción de las políticas concretas para limitar esas conductas se encontraría en otra dimensión, pero la información sería un factor crucial. También debe reseñarse que la banca pública, con una lógica de funcionamiento, en parte distinta de la privada, podría constituirse en un moderador de efectos de crisis. En este sentido, y adicionalmente, la banca pública también se constituiría en un instrumento del Estado para influir sobre las irregularidades en el sector que completaría a la política macroprudencial. Por supuesto, esta propuesta es rechazada por la banca privada y explicaría el gran interés dentro del sector por acelerar el proceso de privatización de Bankia puesto que sería un instrumento potente que revelaría parte de sus conductas “anómalas” y, en ciertos momentos, contrarrestarlas. En estas condiciones, mantener una banca pública resultaría un vector esencial para defender el interés general y la estabilidad de la economía española en su conjunto, así como del sector financiero en particular. La importancia de esta circunstancia argumentaría a favor de la necesidad de renegociar con la Unión Europea (Memorando de Entendimiento) las condiciones de privatización de Bankia.

El segundo problema vinculado al largo plazo es el riesgo sistémico. Este es el que normalmente se barajó para justificar a finales de la década anterior que las entidades financieras no pudiesen quebrar. Es decir, si quebraba un banco se extendería la desconfianza hacia las otras entidades del sector y se generaría una crisis de mayor envergadura. Así pues, esta consideración excluye el fenómeno disciplinario de mercado de las quiebras (bancarias) del panorama económico español. Nótese que en EE.UU. sí quebraron algunas entidades y, por tanto, sí surge la amenaza de que aquellos bancos que sobrepasen ciertos límites puedan tener lúgubres expectativas. Aquí, no. Este factor se encuentra agravado con la impunidad de que han gozado los directivos de los bancos y, por añadidura, en el caso de que la justicia haya reconocido sus irregularidades, los afectados se han visto beneficiados por la concesión de indultos gubernamentales.

Como el sino de las empresas privadas es la búsqueda del beneficio y maximizarlo, esta característica conduce a las entidades financieras a entrar progresivamente en actividades o generar productos (innovación financiera) con mayor componente de riesgo. Más aún, si el tamaño del banco es muy grande también pueden presentar interés en generar desestabilización financiera, y con los recursos económicos e informativos de que disponen, conseguir manipular las situaciones y maximizar sus beneficios (ya han aparecido casos recientemente). En cuanto al acceso a actividades de mayor riesgos se deben realizar dos consideraciones. Si tales estrategias son exitosas, entonces constituyen un drenaje de recursos de otros agentes y, por tanto, en detrimento de otros sectores económicos con el consiguiente impacto negativo sobre el tejido productivo del país. En caso de fallar y tener problemas, entonces no es grave la situación, por un lado, para las correspondientes entidades financieras, porque con los recursos de los contribuyentes se cubrirían los agujeros financieros y, por otro lado, para aquellos que tomaron las decisiones, puesto que se les respetarían los ingresos astronómicos percibidos junto con los futuros, que suelen adoptar diversos nombres. Ambas situaciones se han dado en la crisis española de 2008.

De la argumentación anterior se deriva que el riesgo sistémico se ha constituido en un problema estratégico, al menos (por aquello que nos afecta), en España. Como los bancos son entidades privadas en condiciones que (en último extremo) no se les exigen responsabilidades de mercado, aunque muchas de sus acciones puedan tener éxito, es una cuestión de tiempo que tengan resultados negativos, y provocarían una nueva crisis en España. La defensa de la competencia y de la estabilidad a largo plazo de la economía española requiere realizar intervenciones relacionadas con, en primer lugar, moderar el riesgo sistémico y, en segundo término, eliminarlo. Mantener la banca pública iría en el sentido de moderar el riesgo sistémico pues mantendría el número de agentes en juego y favorecería la competencia. Quizá para finalizar se podría argumentar que privatizar Bankia supondría la existencia del mismo número de participantes en ese mercado, pero de tipo privado. No obstante, esta última consideración presenta una limitación que transforma la situación en bien distinta. Los grandes grupos privados tienen tendencia a la colusión o a la formación de cárteles y, en caso de tratarse de una empresa pública, se resistiría de mejor manera a esta tendencia y se lograría una mejor defensa de la competencia. Así pues, la existencia de una banca pública relevante ofrecería transparencia al sector financiero y estabilidad a la economía española en su conjunto.

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Antonio Sánchez Andrés (Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia).

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