Economía Crítica y Crítica de la Economía

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¿Qué economía política aplicar en caso de que un gobierno popular alcance el poder?

Autor: Daniel Albarracin

Categoría: Alternativas, Unión Europea

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Viento Sur

Antes de sugerir una serie de medidas, es preciso abordar una tarea preliminar que consista en esbozar una hoja de ruta estratégica, de cara a darles un sentido político emancipatorio. Esta contribución está redactada desde el ángulo de una crítica de la economía política, abordada para un marco internacional. Definir lo que se necesita hacer a nivel nacional y a nivel supranacional, y cómo lograr estos dos niveles de acción política es crucial para ese propósito emancipador.

1. La economía política de la Europa del capital

Nuestro enfoque parte del supuesto de que la UE es una institución intergubernamental bastante particular. La UE es una alianza jerárquica de Estados Nación que ha creado el marco institucional de un mercado único que promueve implacablemente el neoliberalismo. Las instituciones de la UE organizan los puntos clave de la agenda política de sus Estados miembros, aunque las principales competencias son gestionadas por aquellos. El marco de la UE se basa en el blindaje de los Tratados de la UE, cuya legislación central resulta imposible de cambiar en la práctica (unanimidad o normas de mayorías calificadas). Los Tratados de la UE establecen una arquitectura económica determinada, y un conjunto de acuerdos y pactos políticos que definen los límites de la economía política de los gobiernos, en lo que denomina como gobernanza económica. En suma, este marco de la UE se lleva a cabo en el contexto de un neoliberalismo predominante, aplicado de manera asimétrica por un club de Estados, muy comprometido con la construcción de un mercado único europeo o, en otras palabras, una Europa del capital.

En cuanto a la arquitectura económica de la Eurozona, esta funciona con la moneda única, el Euro, respaldada y orientada por el Banco Central Europeo. Este banco central es bastante especial y, con certeza, ni neutral ni realmente independiente de los intereses del capital transnacional europeo. El BCE establece una política monetaria expansiva singular diseñada para proporcionar un conjunto de ventajas a las grandes empresas privadas, más particularmente, al sistema bancario privado y las corporaciones transnacionales. Esto se hace a través de su política monetaria, de hecho, aplicando tasas reales negativas, mediante la exclusividad del suministro de crédito para el sector bancario privado y las compras de activos privados que tienen lugar con la política de Flexibilización Cuantitativa. Un área económica así, sin mecanismos de compensación, desencadena una divergencia sistemática entre los países con superávit externo y aquellos con economías deficitarias, debido a una división internacional jerárquica de la producción y niveles de productividad diferentes, fruto precisamente de esa división. Una economía de mercado capitalistas sin unión fiscal progresiva, sin ni siquiera regímenes tributarios cooperativos, ni armonización fiscal que incluya tasas mínimas efectivas en impuestos sobre el capital en toda el área, se vuelve incapaz de corregir esta tendencia. En ausencia de políticas industriales con el fin de establecer un área económica complementaria y cooperativa, una arquitectura económica así acentúa la desigualdad entre centros y periferias. Esta arquitectura económica lastra las perspectivas de los países y regiones periféricas y fundamenta las ventajas para el capital en exigir crecientes esfuerzos a la fuerza de trabajo, así como el deterioro de los derechos sociales y los servicios públicos. Como está prohibido el control del movimiento de capitales, y la modificación del tipo de cambio de las monedas no es posible, la presión competitiva del mercado allana el camino a una devaluación fiscal y salarial constante. Si todas estas políticas no son suficientes, el Tratado de Maastricht, el Pacto de Crecimiento y Estabilidad y los acuerdos heredados a partir de aquel, o las reformas económicas previstas en el Informe de los Cinco Presidentes, se encargan de impedir cualquier tipo de reforma fiscal progresiva y expansiva, cualquier política salarial a favor del trabajo y, en consecuencia, conduce a limitar el gasto público y la inversión, como fórmula de contención del déficit público.

Esta arquitectura establece una camisa de fuerza que impide cualquier cambio progresivo que pueda poner en peligro los principales pilares económicos de la Unión Europea: el libre movimiento del capital y de mercancías en un mercado único. Los Tratados de la UE, por naturaleza, solo permiten cambios significativos en los capítulos económicos centrales si existe unanimidad política entre todos los Estados miembros. En la práctica, las grandes líneas de la gobernanza económica se pergeña en el Eurogrupo, bajo la dirección de los países centrales -principalmente los gobiernos de Alemania y Francia, y una coalición de países satélites variable a su alrededor-, concertada en el Consejo Europeo, definida y ejecutada por la Comisión Europea y avalada por el Parlamento Europeo con escasa oposición, si bien útil para dar a su proceso de toma de decisiones una aparente legitimidad. Vale decir, un marco ideal de democracia liberal para las élites.

La Unión Europea, para garantizar su gobernanza y las reformas estructurales derivadas, así como los principios de consolidación fiscal y estabilidad financiera, aplica mecanismos que supervisan la política fiscal, la evolución salarial y el nivel de déficit público. Un propósito de esto es que se aseguren las condiciones de pago de la deuda pública a los acreedores. Otros objetivos y políticas procuran proporcionar ventajas competitivas a las grandes corporaciones, con el fin de recuperar su tasa de beneficio, en contra de las condiciones laborales, los servicios públicos y los derechos sociales. El aumento de los problemas de insolvencia del sector financiero privado durante la última recesión, y la inminente que está por venir, ha sido respondida con el establecimiento de potentes instrumentos financieros, como lo es, por ejemplo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Este gran instrumento financiero, entre otros existentes, proporciona líneas de crédito a los sectores públicos nacionales para rescatar el balance de los bancos privados en riesgo. El sector público y los contribuyentes son responsables de pagar en última instancia. Lo que significa que la política económica de los Estados miembros con riesgo financiero y desequilibrios de balanza de pagos deben adaptarse a este objetivo. El Fondo Monetario Europeo podría convertirse en un mecanismo de gobernanza económica para conseguirlo, dentro de los Tratados de la Unión Europea, bajo el control directo del Presidente del Eurogrupo. El Mecanismo Único de Supervisión (MUS) prevé que los bancos en crisis apliquen un ajuste interno antes de ser rescatados, lo que afectará primero al sistema bancario periférico. Pero también este fondo habrá de cubrir a los bancos demasiado grandes para caer, con lo que en última instancia el dinero público se pondrá en juego.

Las experiencias griegas y chipriotas comportan los casos más extremos de intervención realizada por las instituciones económicas y monetarias de la UE, y que consistió en ajustar los desequilibrios macroeconómicos y la economía política de dichos países a este marco macroeconómico neoliberal. Realizaron una intervención financiera en la práctica equivalente a un golpe de Estado, para restringir la soberanía de su política económica. De todos modos, el conjunto de Estados Miembros perjudicados seriamente por esta arquitectura económica, tanto en la periferia sur como en la oriental, es bastante amplio. La intervención también se realizó en Irlanda, España y Portugal en el período de recesión, causando un gran impacto en la regulación laboral y el régimen fiscal, implementando un fuerte conjunto de medidas directas o indirectas de privatización, o recortes severos en los servicios públicos y los derechos sociales. Mientras tanto, los nuevos países del Este que acceden a la UE o están dispuestos a hacerlo en la Eurozona están sujetos a un conjunto de reformas políticas de austeridad más estrictas que las concebidas en el Tratado de Maastricht.

Esto no implica que los Estados miembros no hayan tenido margen de maniobra. Los países centrales, como ha sucedido muchas veces con Alemania o Francia, a menudo no cumplen los principios que deberían obligarlos en relación al nivel de deuda pública de déficit público admitidos, por ejemplo. Estas infracciones no impiden que ejerzan presión sobre aquellos Estados miembros económicamente menos fuertes o más dependientes, garantizando que se tomen medidas de austeridad en la periferia del mercado único. Algunos países son capaces de desobedecer principios relevantes de la Unión Europea, como sucede con Hungría o Polonia, por ejemplo, en el campo de las políticas de refugiados o de derechos humanos. Algún otro país, como sucedió recientemente con Portugal, ha llevado a cabo un tipo de economía política que no profundiza la política de austeridad, y ha sido tolerada por la Comisión Europea debido a la inestabilidad política, también favorecida por un ciclo económico estable y la presión de la izquierda portuguesa. Desde este punto de vista, otro caso extremo sería el Reino Unido, que decidió salir de la UE, aunque es preciso mencionar que no se le puede considerar como un país periférico en modo alguno.

Sin embargo, los problemas estructurales del Sistema del Euro, como ha sido definido por Michel Husson (moneda única, política del BCE y pactos de austeridad), simplemente continúan, o se han incrementado. Estos problemas se acentúan, y desencadenarán nuevos desafíos en caso de una nueva recesión, que podría presentarse más pronto que tarde. El nivel de la deuda privada, con excepción de algunos países, se ha elevado, a pesar de la firme política de convertir la deuda privada en deuda pública a través de políticas fiscales y de gasto, mediante medidas de rescate o ayudas financieras y subvenciones al sector privado, o incluso con un política monetaria expansiva a favor de los bancos privados. Un marco de bajas tasas de beneficio en el contexto de una nueva recesión combinada con una tendencia de mayor tasa de interés, una crisis financiera y una crisis energética desencadenarían nuevos conflictos sociales y políticos. La arquitectura política de la UE jugará un papel clave a favor de las élites y en contra del trabajo de todos los países europeos

Las perspectivas para los países periféricos, donde el conflicto político y económico se mostrará primero y que posiblemente se dará nuevamente bajo la forma de una UE que perseguirá disciplinar ante cualquier cambio de orientación, como ya se ha producido anteriormente, son dos:

a) Atenerse a esta hoja de ruta macroeconómica austeritaria y verse obligada por intervenciones externas financieras y económicas, como ocurrió en Grecia y Chipre. El BCE ha desempeñado esta función hasta el momento, el Fondo Monetario Europeo podría hacerlo en el futuro.

b) Desobedecer los Tratados de la UE y poner en marcha otra economía política a nivel nacional. Estas políticas económicas no deberían formar parte de una política de refugio nacional, sino que deberían proteger un paquete de medidas alternativo con la vocación de ser concertadas, ampliadas y compartidas a través de otras regiones y países de manera cooperativa y democrática. Implica abrirse a alianzas solidarias y cooperativas para avanzar hacia una construcción paciente de una nueva área socioeconómica y política internacionalista, involucrada con la democracia, la solidaridad y la soberanía popular. Primero, a través de acuerdos financieros, comerciales y de inversión común justos. Más tarde, estableciendo un cauce para que las fuerzas económicas se muevan hacia objetivos comunes, lograr una política de convergencia real y una economía cooperativa y complementaria para sus miembros y abierta a quien desee sumarse colaborando. Para extender esta nueva perspectiva, parece imprescindible trabajar políticamente junto con las clases populares y trabajadoras de todos los países, antes, durante y después de que el conflicto llegue.

2. Una estrategia para una política económica emancipatoria y para la construcción de un área supranacional solidaria

Dentro de la izquierda, el debate público ha estado marcado por un antagonismo. Aquellos que destacaron la importancia de la soberanía popular y una democracia económica, y aquellos que enfatizaron la posibilidad de una reforma paneuropea. Ambos esquemas, afrontados así, enfrentan algunos problemas por sí solos.

La primera orientación confunde la soberanía popular con la mera capacidad del Estado Nacional para recuperar herramientas económicas clásicas, como es el caso de la política fiscal y monetaria, incluida la moneda. Podrían estar olvidando, en algunos casos, el papel de las clases dominantes nacionales, el capitalismo global y su crisis recurrente a superar, pues simplemente limitan su intervención a tener el control sobre la política monetaria y los desequilibrios financieros como si con ello fuese suficiente.

La segunda considera que es suficiente con copar una suma de gobiernos progresistas y sentarse en más escaños en el Consejo Europeo, obteniendo cambios en las leyes a través de la negociación. Esta posición confía en la posibilidad de convencer a los países privilegiados de la UE o en el posible éxito de la presión política institucional mediante una coalición suficiente, para cambiar los Tratados y establecer una política europea alternativa en el futuro. Sin embargo, es bastante ingenuo creer en la modificación de los Tratados 1/ y confiar en seguir los pasos previstos en los Tratados de la UE. Solo una conmoción política y externa a los procedimientos previstos podría cambiar las cosas.

Sin duda, se necesita un cambio en la hegemonía ideológica, una fuerte movilización social, cambios de gobierno y una coalición progresista. Pero ni las instituciones de la UE admitirán esta alternativa de cambio, ni una política nacional estrecha nos traerá un escenario emancipatorio por sí mismo.

El principal dilema consiste en qué hacer si una fuerza progresista y popular llega al gobierno y ve que no es posible aplicar una política progresiva sin una reacción negativa y fuerte del aparato económico de la UE. ¿Tienen que adaptarse a los márgenes limitados de la gobernanza de la UE o hay que ir más allá del marco establecido?.

En nuestra opinión, la soberanía popular y un enfoque internacionalista no solo son compatibles sino también mutuamente necesarios. En este sentido, se puede imaginar una hoja de ruta política que combina las tareas políticas nacionales y populares con un punto de vista internacionalista. Esta hoja de ruta podría consistir en llevar a cabo las medidas necesarias para romper las medidas de austeridad social y, prever aquellas otras capaces de proteger esta agenda política, desobedeciendo los Tratados y los pactos neoliberales si es preciso. Al mismo tiempo, resulta necesario allanar el camino para construir una política de cooperación con respecto a otros países (dentro o fuera de la UE) dispuestos a hacer lo mismo. Esto implica centrarse en aquellas políticas en condiciones de poder extenderse más allá de la propia frontera, así como en aquellas políticas compatibles con la construcción de un área económica solidaria y alternativa en el futuro.

La arquitectura frágil e injusta de la UE no evitará las consecuencias de una nueva crisis bancaria y financiera cuando surja un nuevo ciclo depresivo. Las reformas económicas en curso, alineadas con el Informe de los Cinco Presidentes, si Alemania y otros países del norte las aceptan en cualquier de sus versiones, solo profundizarán las divergencias dentro de Europa. La cadena de esta estructura se romperá a través de sus partes más frágiles, como sucedió, vistos como casos opuestos, con Grecia y el Reino Unido. Es previsible que surjan nuevos conflictos políticos con respuestas populares contra la agenda neoliberal y tecnocrática del establishment, representada por el extremo centro de las instituciones de la UE y el fenómeno del macronismo. Este proyecto transitorio de las élites se abre paso en medio de sociedades polarizadas entre la emergente derecha autoritaria y los diferentes populismos de izquierda. La inestabilidad política, que volverá pronto, pondrá sobre la mesa nuevas oportunidades para los gobiernos de izquierda. Estos no tendrán margen para emprender soluciones progresivas en los marcos establecidos. Tendrán que decidir cómo proteger a sus pueblos a corto plazo mientras preparan las condiciones para un nuevo marco internacional de reglas económicas con otros pueblos.

Aún cuando nuestro punto de vista sea internacionalista, el conflicto presentará en escenarios nacionales, mientras las nuevas coaliciones no hagan realidad una nueva agrupación política internacional. Por lo tanto, para hacer posible una agenda de cambio, tenemos que pensar en las tareas políticas nacionales compatibles que podrían extenderse, compuestas con aquellas medidas que convengan tanto para emancipar a un pueblo como para establecer los pasos para construir una nueva área económica supranacional comprometida con la solidaridad, la cooperación, la emancipación laboral y la democracia económica y política.

Un desafío previo radica en definir qué hacer antes de llegar al gobierno. Esta primera etapa consiste en promover la movilización social y laboral, debatir honestamente en el ámbito público sobre los problemas sociales y económicos, y proporcionar criterios, ideas y propuestas útiles para ganar el debate público y político. Este documento trata de abordar un escenario apenas explorado: qué hacer si un gobierno popular alcanza el poder político, cómo manejar el conflicto con las instituciones de la UE, y la perspectiva para el momento después de que esto suceda.

2.1.1. Desafiando los Tratados. Proteger los derechos sociales, mejorar los derechos laborales… y emprender una política económica alternativa capaz de hacerlos efectivos hasta las últimas consecuencias.

Consideramos bastante excepcional el caso en que un Estado miembro pueda tener una agenda política económica general cualitativamente diferente de la acordada en el marco de la UE. Solo países fuertes pueden diferir un poco, como le sucede a menudo con Alemania, a Francia o, más claramente ahora al Reino Unido o, a partir y con motivo de la crisis bancaria, con Italia. Solo un club muy selectivo de países puede cambiar la agenda de la UE. Cuando estos no aceptan el consenso general de las élites europeas, normalmente estos países ejercen presión política para cambiar, en cierta medida, las reglas de todos los demás. Ahora, en la mayoría de los casos, cuando se plantea una nueva agenda política, las instituciones de la UE son capaces de imponer sanciones o establecer fuertes condiciones financieros, a los países menos poderosos.

La mayor parte de la población tiene una percepción directa de sus condiciones laborales y sociales, en la medida en que afectan más claramente al ámbito de sus propias vidas y la calidad de la democracia. Una agenda democrática, social y laboral política que esté a la altura de las necesidades de las clases populares y trabajadoras es en lo que hay que centrarse. Al mismo tiempo, las condiciones de progreso en estos campos, y otros tantos, dependen de las capacidades macroeconómicas del país y de la política del gobierno. La protección de los derechos laborales, la creación de empleo, la extensión de los derechos sociales y los servicios públicos exigen una economía política mayormente incompatible con los Tratados de la UE. Entonces, cuando ese gobierno de izquierda haga un llamamiento para apoyar las reformas progresivas en materia de trabajo, democracia y derechos sociales, habría de ser tanto para proporcionar condiciones de empoderamiento para las clases trabajadoras como para afianzar su cumplimiento mediante el desarrollo de un conjunto radical de reformas económicas al servicio de la mayoría, en otras palabras, las clases populares y trabajadoras, que lo hagan posible.

La agenda política no tiene por qué consistir en proclamar nada, ni ninguna salida ni cualquier promesa de palabras vanas, sino hacer que tenga lugar una agenda de desobediencia, desde el pueblo, a través de los poderes públicos, para aplicar esa agenda social, acompañada con la apertura a una hoja de ruta internacionalista común, centrada en los asuntos clave que pongan en tela de juicio la naturaleza del poder del capital.

¿Qué hacer primero cuando una fuerza del cambio llegue a un gobierno en un país?:

Por el lado de las reformas sociales y laborales:

• Elaborar una nueva reforma laboral progresiva para hacer posible la democracia dentro de los espacios productivos y de trabajo. Podría incluir las siguientes medidas:

a) Reducción del tiempo de trabajo por ley y distribución de todos los empleos y trabajos.

b) Establecer un organismo público para no solo intermediar el proceso de empleo, sino también para definir las reglas de preselección de la fuerza de trabajo, definir un marco que generalice el empleo estable, y acabar con el poder de los empresarios unilateral para despedir sin razón justificada.

• Extender la generalización de los servicios públicos universales y gratuitos en el campo de la sanidad, la educación, el cuidado de la infancia y personas mayores, el transporte colectivo y una política de vivienda que garantice su acceso con una renta social asequible (30% de los ingresos, sean cual sea estos).

• La mejora del salario mínimo y los derechos de pensión.

• Otorgar más poderes a la negociación colectiva y, particularmente, a los sindicatos.

Y, en consecuencia, una serie de medidas económicas para proteger esta agenda social y su desarrollo:

• Detener la implementación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y cualquier otra medida de austeridad social. Esto no impediría establecer medidas para hacer que las clases capitalistas sufraguen el costo de una transición ecológica, la devolución de los rescates bancarios o los costes creados por las posibles represalias externas.

• Establecer un control temporal del movimiento de capitales para evitar la fuga de capitales y perseguir la evasión fiscal.

• Abordar la cuestión de la deuda (suspender el pago de la deuda). Moratoria y Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Condonar la deuda pública y establecer un incumplimiento selectivo de los pagos, protegiendo los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones y a los pequeños ahorradores.

• Intervenir en el sistema bancario a través de una nueva regulación financiera. Reducir su tamaño, cargando a los grandes accionistas y acreedores de los costes de la reestructuración. Garantizar la función social del crédito y establecer una gestión solvente. Crear un nuevo sistema bancario público bajo control democrático y social.

• Establecer una Reforma Tributaria Progresiva (más peso de los gravámenes sobre beneficios y patrimonio) para apoyar una nueva política de inversión pública socioecológica, crear empleo bajo un modelo de transición energética, y proteger a las clases trabajadoras en caso de una disminución temporal de la renta nacional, haciendo pagar la crisis a las clases dominantes

Los próximos pasos estarían relacionados con cómo responder a la probable reacción de las instituciones de la UE.

• Preparar una Autoridad Monetaria y una moneda complementaria para garantizar las transacciones económicas internas, y tener una herramienta económica en caso de expulsión.

• Si es necesario, después de una posible represalia del BCE o lo que fuese equivalente a un Fondo Monetario Europeo, adoptar medidas para proteger el mundo del trabajo, haciendo que el sector capitalista (beneficios, riqueza, acreedores, grandes accionistas …) pague el riesgo de crisis(devaluación) de la nueva moneda, al encarecer la importación, mediante una reforma fiscal, que proteja los niveles salariales, los servicios públicos y las políticas sociales.

• Búsqueda de nuevas alianzas dentro y fuera de Europa. Proponer un nuevo marco de solidaridad enfocado en la cooperación e integración de recursos financieros, acuerdos de comercio justo, intercambio de materias primas (energía) y cooperación en inversiones. En principio, puede inspirarse en acuerdos de cooperación reforzados, pero sin seguir las restricciones de austeridad previstas en los Tratados de la UE. Podría incluir tres etapas:

a) Una cooperación política o financiera, comercial y de inversión entre varios países.

b) Una serie de medidas hacia una política de convergencia real, facilitando la transferencia de recursos, la redistribución, un marco fiscal cooperativo y armonizado, estableciendo mecanismos económicos automáticos que compensen los desequilibrios en las balanzas de pagos.

c) Una referencia de moneda común flexible, pero no necesariamente una moneda única. Europa requiere un sistema de estabilización de los tipos de cambio junto con un medio para realizar pagos entre los países. El conocimiento técnico para lograr estos objetivos existe, e incluso algunos de los mecanismos del antiguo Sistema Monetario Europeo aún están presentes. Sin embargo, no puede implementarse si no se da una política de convergencia real previa. Los indicadores establecidos pueden consistir en establecer un máximo en la tasa de desempleo, y medidas favorables a la convergencia fiscal cooperativa o un mínimo de nivel de inversión.

• Cuando la nueva moneda esté en circulación, debe ir acompañada de mecanismos macroeconómicos compensados. Por ejemplo, un presupuesto común reforzado -alrededor del 10% del PIB de la nueva área internacional- con un régimen fiscal progresivo armonizado en todos los países. – tasa impositiva efectiva mínima del impuesto de sociedades, y un sistema común de retención fiscal en origen- mecanismos macroeconómicos automáticos para obligar a los países con superávit externo a aumentar los salarios al menos alineados con la evolución real de la productividad, y una mayor contribución fiscal de impuesto de sociedades al presupuesto común para la reinversión socio-ecológica en países con déficit externo. Estos últimos países deberían invertir estos recursos bajo un plan industrial de transición ecológica para el cambio del modelo de producción.

• El establecimiento de un nuevo Banco Central capaz de desarrollar una política monetaria y una regulación bancaria de acuerdo con las necesidades de inversión pública y creación de empleo, retirando la exclusividad de la banca privada en la obtención de crédito.

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5/05/2018

Daniel Albarracín, sociólogo y economista, es miembro del Consejo Asesor de viento sur

Notas:

1/ Las decisiones en el Consejo, que el organismo que delimita la mayor parte de la legislación, coordina la acción de los Estados miembros y es el principal actor a la hora de adoptar el presupuesto europeo, se toman por mayoría cualificada. Esta regla se aplica en el 80% de la legislación de la UE. Esto requiere que las propuestas se voten por un 55% de Estados (16 de 28, hasta ahora) y, segundo, representando al menos el 65% de la población. Además, otras decisiones legislativas centrales exigen incluso la unanimidad.

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