Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Beneficios que nos dejan a oscuras

Autor: Nacho Álvarez Peralta

Categoría: Alternativas, Energía

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El Confidencial

Pagar la factura de la luz se ha convertido en algo muy complicado para millones de familias: entre 2006 y 2016, la factura del consumidor medio ha subido un 70% en nuestro país. Y en los últimos meses, el ritmo de esta subida se ha acelerado tanto —un 11%, entre agosto de 2017 y agosto de 2018— que la situación se ha hecho ya insostenible.

Con el invierno aproximándose, el nuevo Gobierno adoptó el pasado 5 de octubre medidas urgentes en un real decreto ley. Algunas de ellas —por ejemplo, la eliminación del ‘impuesto al sol’— eran muy necesarias desde hace tiempo. Sin embargo, el Gobierno dejó pasar una buena oportunidad para proteger a los consumidores. Por un lado, las modificaciones en el bono social eléctrico y las medidas aprobadas para luchar contra la pobreza energética fueron muy limitadas. Por otro, la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica no solo tendrá un impacto pequeño en la factura de la luz, sino que además ignora las raíces del problema.

Hace falta tomar medidas inmediatas, en eso no se equivoca el Gobierno. Pero estas deben ser eficaces y, al mismo tiempo, deben abordar el problema de fondo, que no es otro que la disfuncionalidad del mercado eléctrico y la actuación en régimen de oligopolio de las grandes empresas del sector.

El reciente acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos incluye una medida que cumple estos requisitos —ser eficaz para atajar hoy mismo la subida de la luz y útil para frenar las prácticas oligopólicas—. Se trata de la fijación de un límite máximo al precio al que las centrales hidroeléctricas y nucleares pueden cobrar la electricidad en el mercado. La diferencia entre el precio de mercado y ese límite se consideraría un ingreso del sistema eléctrico y sería destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores. No es difícil convencerse de la justicia de esta medida. Las centrales hidroeléctricas y nucleares fueron instaladas en un marco regulatorio anterior, previo a la liberalización del mercado eléctrico, en el que recibían unos ingresos regulados por la energía que generaban. Cuando se produjo la liberalización, a estas centrales se les reconocieron unos costes de transición a la competencia (CTC), con la finalidad de garantizar a los propietarios la recuperación de su inversión en el nuevo marco legal y retributivo determinado por el mercado eléctrico. De este modo, estos generadores cobraron los CTC y recuperaron su inversión inicial.

Sin embargo, estas centrales han continuado después operando y cobrando el precio que se fija en el mercado mayorista, que como sabemos sigue un procedimiento más que peculiar: las distintas tecnologías que participan en el mercado ofertan electricidad a precios muy diferentes y, de entre todas las centrales que son necesarias para cubrir la demanda en una hora determinada, la que ha hecho la oferta más cara marca el precio al que cobran las demás. Este precio, fijado en condiciones oligopólicas, es el que también perciben las empresas propietarias de las nucleares e hidroeléctricas. El hecho de que estas centrales hayan recuperado sobradamente sus costes de inversión y de que sus costes de generación sean bajos tiene como consecuencia que estén obteniendo ganancias sensacionales e injustificadas, conocidas como ‘beneficios caídos del cielo‘.

Estos beneficios caídos del cielo iluminan a los accionistas de las eléctricas, pero no a la sociedad. Lo lógico sería que estas centrales que cobraron CTC recibiesen ahora una retribución que simplemente les permitiese cubrir sus costes de operación y tener además un beneficio sensato. Pero la realidad es muy distinta: todos los consumidores pagaron los CTC en sus facturas, de forma que estas empresas recibieron esa retribución adicional que les garantizaba la recuperación de su inversión. Ahora que ya lo han hecho, eso no supone mejora alguna para los consumidores. En contra de lo que se prometió con profusión a la ciudadanía cuando se liberalizó el mercado eléctrico, los precios no han parado de subir.

Establecer un límite máximo al precio que las centrales hidroeléctricas y nucleares pueden cobrar la electricidad en el mercado es una propuesta perfectamente factible, y podría ponerse en marcha de forma inmediata. La urgencia está más que justificada: es fundamental atajar de forma verdaderamente efectiva la subida de la luz antes de que lleguen los meses más fríos del año.

Esta propuesta debería ir acompañada además de un cambio en profundidad del bono social eléctrico y de la creación de un bono social gasista (medidas también contempladas en el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos), que tengan por objetivo garantizar realmente el acceso de todos los ciudadanos a un consumo energético mínimo.

La transición que precisa nuestro modelo energético no solo debe perseguir la drástica reducción de sus emisiones, sino también su democratización, con una reforma del mercado eléctrico que lo convierta en una herramienta útil para los ciudadanos y no solo para el oligopolio.

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*Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid.

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