Economía Crítica y Crítica de la Economía

Icon

Nociones sobre el régimen internacional de propiedad intelectual

Autor: Jose Miguel Ahumada Franco

Categoría: Mundial

Etiquetas:

El desarrollo de una economía con una creciente influencia del conocimiento y las tecnologías como factores productivos de valorización, las redes de intercambio de información globales, los regímenes regulatorios de la propiedad de aquellas innovaciones, las paradojas que aquella “mercantilización”, ¿cómo podemos entenderlas? ¿qué aparatos teóricos nos permiten una comprensión de dichos fenómenos? La economía de corte neoclásico y neoinstitucionalista han sido, hasta ahora, los enfoques hegemónicos para afrontar el desafío de la propiedad intelectual. Centrándose en los axiomas del rational choice, y de la microeconomía tradicional, hablan de la necesidad de la propiedad intelectual como marco institucional que impide el desarrollo de los “free-riders” internacionales, ya que, en cuanto las características de bien público que posee las innovaciones, existen cada vez mayores medios para copiar el elemento innovador sin tener que pasar por el proceso inventivo. Ante esto, las instituciones que buscan fortalecer la propiedad intelectual generarían la correcta ganancia por su invención, limitando al máximo el “free rider” y generando los incentivos necesarios para el inversor de la innovación con el fin de que pueda seguir invirtiendo. Lo que en la convención económica del tema se llama beneficios dinámicos contra beneficios estáticos.
Pero aquél enfoque formalista carece de un análisis de, por citar a Braudel, más “larga duración” que permita encontrar los mecanismos que hacen que las ideas productivas se cristalicen en mercancías, se privaticen para ser intercambiadas, y que requieran que para generar el acicate de la inversión, se deba justamente limitar el alcance del bien, hacerlo artificialmente escaso, aquello que Joan Robinson llamaba “la paradoja de la patente”. En fin, el enfoque neoclásico para analizar la propiedad intelectual genera muchos puntos ciegos, y sus “cinturones protectores” (como diría Lakatos) no nos amplían la mirada, más bien la restringen.
El primer punto para acercarnos al tema es su evolución. Tal como plantean diversos autores (Deere 2008, Drahos 2002, Díaz, 2006), el tema de las patentes (parte sustancial de la propiedad intelectual, desde ahora PI) estaba, antes del acuerdo ADPIC, en manos del Estado-Nación. Cada Estado poseía la capacidad relativa de asignar la duración de la patente, en base a las exigencias del modelo de desarrollo de cada país. El Estado era soberano, en gran medida, de qué tipo de campos sociales podían estar sujetos a la norma de la patente y qué otros no.
En ese esquema, los primeros contactos del mundo periférico con el régimen de patentes fueron la Convención de Berne de derechos de autor (1886) y la Convención de París de Propiedad Industrial (1883). El centro de gravedad de aquellas convenciones fue el concepto de Trato Nacional  que implica que cada Estado debe asignar los mismos derechos y ventajas a los empresarios extranjeros que los que se le ofrece el empresariado nacional. Usando el artículo 19 de la convención de Berne (clausula colonial), se incluía en el acuerdo a la gran mayoría de los territorios conquistados por las potencias europeas.
Ante ese primer empuje por parte de los centros capitalistas en pos de ampliar el territorio de acumulación vía los acuerdos internacionales, América Latina genera una contraestrategia, centrada en generar un mecanismo de institucionalización de la PI que sea afín a sus modelos de desarrollo post-independencia. Tal como afirma Deere “Estrategias comunes desarrollados por Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú incluían control de importaciones para proteger al mercado doméstico, subsidiar los canales de inversión hacia nuevos sectores, regulación de la inversión extranjera para estimular la ingeniería reversa y transferencia tecnológica … y la reforma del régimen de PI para hacer de las modernas tecnologías más baratas …. Específicas reformas a la PI incluían restricciones a los derechos privados de (en gran parte extranjeros) poseedores de patentes y prácticas de licencias que eran más favorables a los productores locales.” (2008: 39).

Un ejemplo de esto fue el intento de la Comunidad Andina creada en 1969, por gobiernos con un modelo similar de desarrollo centrado en la industrialización autónoma. La decisión 24 explícitamente indicaba que todos los contratos que cubrían las importaciones de tecnologías, las patentes y las marcas debían pasar primero por la aprobación de los miembros. Estos mecanismos formaban las prácticas concretas de la primera resistencia del naciente empresariado nacional en pos de resguardar su capacidad de desarrollo en un contexto periférico. El “desarrollismo” latinoamericano de aquélla época puede ser entendido como el momento clímax de un consolidado bloque hegemónico entre sectores trabajadores y una naciente industria nacional (un pacto social, un compromiso que se cristaliza en un modelo de desarrollo con pretensión industrial propia y aumento del nivel de acceso de bienes de consumo de cierto sector obrero –el políticamente más activo-).

Estamos en la década de los 60-70. Pero luego de este ciclo de luchas latinoamericanas que articulan movimientos nacionalistas y antisistémicos (ver Wallerstein 2004), viene una respuesta del capital internacional que se cristaliza en intervenciones violentas y dictaduras militares en el cono sur (la violencia, el último recurso, la “determinación en última instancia” del momento en que dos proyectos hegemónicos se enfrentan). La respuesta del capital central es el neoliberalismo, tal como nos recuerdan autores tan diversos como Dúmenil y Levy (2008) y Fajnzylber (1998).
Lo anterior, junto con la “amenaza” de China y la India y sus políticas de copia tecnológica en pos de su desarrollo industrial, generan el clima y la amenaza para que la industria altamente tecnológica norteamericana comience su política de presión al aparato estatal para insertar el tema de la PI en el marco de la OMC (sobre este lobby empresarial sobre el gobierno de EEUU en los años ochenta, ver Díaz, 2006 ).

Aquí tenemos la condensación más clara en el campo de la PI, de la contrarespuesta de los países centrales ante el intento de control tecnológico por parte de las periferias latinoamericanas (también indias y asiáticas, pero me estoy centrando en América Latina) en base a un modelo de desarrollo autocentrado e introvertido.

El Acuerdo de Propiedad Intelectual y el Comercio (ADPIC), no estuvo exento de críticas. Los países latinoamericanos planteaban que el tema de la PI siguiera en manos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) tal como estaba hasta el momento, lo que implicaba mantener las normas de la PI fuera del campo de regímenes económicos, sin un aumento y rigidez que implicaba insertarlas en acuerdos multilaterales de comercio. Que la PI siguiera en manos de la OMPI implicaba que la PI no estaría sujeta a las normas de Nación Más Favorecida (NMF) ni Trato Nacional (TN), y que no se insertara en las materias que estarían sujetas a castigos económicos si no se respetaran.

Ante esa presión, EEUU y Europa plantean en la OMC el “single undertaken” (acuerdo único) que implicaba que, para aceptar los acuerdos de reducción de los aranceles en productos agrícolas por parte de EEUU y Europa, los países periféricos debían aceptar los acuerdos en materia de PI. El todo o nada. En síntesis, se aprueba el ADPIC y la PI ingresa al régimen económico internacional, bajo las normativas de la NMF y el TN, se generan plazos homogéneos internacionalmente de duración de las patentes (20 años) y el incumplimiento de los acuerdos sería llevado al mecanismo de resolución de conflictos de la OMC.

Ante un esquema homogéneo, universal, rígido y compulsivo, EEUU comienza sus políticas bilaterales de tratados de libre comercio, generando los llamados acuerdos ADPIC-plus (Roffe y Santa Cruz, 2006) que aumentan aún más los plazos de duración de patentes y aumentan los campos de mercantilización.

Tenemos por tanto, una pequeña referencia de un proceso que está lleno de conflictos, disputas, ciclos de antagonismo, etc. que modifican los plazos, extensiones, y formas de PI. Así, al parecer la PI es menos un tema sujeto a la búsqueda técnica entre beneficios estáticos versus beneficios dinámicos, entre acicate para la inversión y actitudes free-riders, como un campo de conflicto en torno a las formas de apropiación de las dinámicas creativas y productivas de las investigaciones, es, en fin, menos una temática economicista, como una problemática propia de la economía política, y es desde esa prisma desde donde hablaremos ahora.

Sobre la PI

Tal como lo define la OMPI, la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. La propiedad intelectual, por tanto, se refiere un derecho monopólico temporal sobre la determinación del disfrute y ventas de esa invención. En cuanto monopolio temporal, es un contrato social entre la apropiación privada de la invención y el uso social del mismo. El plazo de duración y la extensión de aplicabilidad son compromisos socialmente establecidos entre el “inventor” y la “comunidad”.

El concepto anterior es relevante, pero formal. A pesar de eso, es un punto de inicio. Lo interesante es observar el hecho que la PI es el mecanismo institucional, y jurídico a través del cual se mercantiliza un conocimiento. La forma vía la cual podemos hacer de un bien de características públicas, un bien escaso y excluyente –y por tanto apto para su inserción en el mercado en cuanto mercancía- es vía los aparatos de Estado que, con su poder compulsivo, logran artificialmente mercantilizar dichos bienes (ya veremos este punto). Mientras más alarguemos los plazos de duración de la PI, más mercantilizados estarán y con menos caracteres de bienes públicos. ¿Qué determina el corte? ¿existe un patrón que nos permita establecer un punto exacto, racional y objetivo que nos permita determinar cuál es el plazo de duración correcto?.

Perez Pugatch nos indica una posible respuesta, “any decision on a given term of protection, such as the current period of 20 years as stated in the TRIPs Agreement, must be arbitrary.” (2004:30). El pacto social relativo al plazo de duración de una PI es arbitrario en la medida en que es producto de una relación de fuerzas entre grupos sociales. Es un inestable compromiso social, que fluctúa en la medida en que diferentes bloques hegemónicos consolidan diferentes regímenes de acumulación. El plazo de 20 años que impone el acuerdo ADPIC no responde a un criterio objetivo relativo al plazo, sino a un aumento de la duración correlativa al desmantelamiento del intento latinoamericano de generar un modelo de crecimiento autocentrado, donde el bloque social dominante imponía determinados criterios para la mercantilización del conocimiento, desmantelamiento que viene de la mano de un nuevo modelo socioeconómico, el neoliberalismo, que aumenta los espacios de acumulación, tal como lo hemos visto en la estrategia exitosa de las empresas altamente tecnológicas de insertar el tema de las creaciones intelectuales en el campo del comercio internacional  (la OMC).

Así, entendemos que el mercado (campo de la economía en su sentido restringido) se constituye en base a la construcción de “mercancías ficticias” (factores productivos que se institucionalizan en cuanto bienes para su intercambio en el mercado) que son marcos institucionales cuyo origen son intervenciones “políticas”, o sea, relaciones de poder en el sentido de imponer complejos institucionales que determinen cómo organizar la producción y reproducción, en base  a ciertos criterios o fines sociales hegemónicos. De este modo, la práctica de las creaciones de la investigación se instituyen en base a códigos mercantiles vía acción estatal, cuyos plazos y extensiones son determinadas por acuerdos entre elites político y económicas cuyos intereses están en la base del modelo de desarrollo.
Aquí es útil hablar de la PI como “mercancías contestadas” (como plantean los economistas radicales), cuyas características de bien público entra en choque con su institucionalización como mercancía, y por lo tanto, sus límites y extensiones están sujetas a réplica, a contestación social, como ocurre en las prácticas de copia, de intercambio libre, de imitación en gran parte de la sociedad civil. En este punto, entramos directamente al rol del Estado como el “capitalista colectivo” de la PI.

El Estado como capitalista colectivo en la PI

El Estado en el campo de las creaciones intelectuales cumple una función diferente que la que cumple en otros campos de producción material. En estos últimos tendemos a ver el Estado como el regulador de prácticas propias del campo económico. El Estado resguarda prácticas económicas, siendo claramente la diferencia institucional característica del capitalismo, la separación del Estado de la producción material (ahora bajo lógicas de mercado), mientras que en el campo de las creaciones intelectuales cumple una función de constituyente de relaciones mercantiles. Ya no regula prácticas anteriores, sino que “crea” la institución fundamental de la sociedad capitalista, la mercancía (la célula básica del modo capitalista de producción, afirmaba Marx).

El Estado, por tanto, hace de capitalista colectivo en la medida en que asegura la sostenibilidad del mercado del conocimiento en el largo plazo, buscando asegurar que el conocimiento se cristalice institucionalmente como mercancía –exclusiva y escasa-. Este costo social, no lo asume el empresario privado (velar porque se respete aquella mercantilización), centrado en la ganancia a corto plazo, sino el Estado (y los acuerdos internacionales que suscribe). Así, el Estado cumple una función de “mercantilización administrativa”, tal como la denomina Claus Offe( 1990). El Estado mercantiliza, o sea,  infunde determinados marcos institucionales a una producción intelectual, vía aparatos legales. Ocupando medios extraeconómicos, el Estado crea una arbitraria mercancía de un bien con características públicas.
¿Qué hace que el Estado cumpla esta función? No su “esencia”, sino, como lo plantea Jessop (1990), el  Estado asume no las funciones que le asigna las leyes de desarrollo capitalista en abstracto(argumento mecanicista), sino el particular régimen de acumulación que construye un específico bloque hegemónico, aquella particular articulación de fuerzas sociales que construyen un proyecto global, y por lo tanto, rearticulan un aparato de Estado para dichos fines. Que gran parte de los países latinoamericanos estén dándole esa función de capitalista colectivo al Estado, ya hemos dicho, responde a la derrota política y económica de los intentos socialistas y desarrollistas de los 50-70s.

Pero hay algo más, no se trata sólo de la herencia del pasado, sino de las proyecciones en el futuro. Lo que vemos no es sólo un rol de Estado, sino una estrategia del capital de punta en adelantos tecnológicos, y es la exigencia de un nuevo cerco a los bienes públicos, y aquí vemos un nuevo proceso, sostengo de acumulación primitiva.

PI y la acumulación primitiva

El concepto de acumulación primitiva desarrollado por Marx en el primer tomo de El Capital no es un concepto cualquiera. Demuestra con ese proceso el carácter histórico (y violento!) de las realidades que categorizan la economía tradicional. Nos muestra la arbitrariedad y relaciones de dominio, control y sometimiento que tuvo que hacerse a gran parte de la población artesana y campesina para crear las situaciones sociales necesarias para la acumulación de capital. Con acumulación primitiva Marx entendía el proceso de apropiación de los medios de producción anteriormente comunes a poseídos por cada sujeto, que genera al proletariado como categoría histórica. Expropiación generalizada no sólo de los medios de producción, sino de los medios de consumo. Este proceso se genera en gran medida por fuerza de ley, por expropiaciones vía los aparatos represivos del Estado, que construyen el terreno para la acumulación de capital. Por eso el nombre de “primitivo” u “originario”, por ser el antecedente, la premisa, el territorio donde se condensa la acumulación de capital.

¿Podemos encontrar un símil entre la acumulación primitiva y las políticas de la PI desde el ADPIC? Porque mal que mal, el proceso de acumulación originaria inglesa se dio vía medios violentos, represiones generalizadas, políticas que en ningún caso fue parafraseado en los tratados de la OMC. Quizás la respuesta sea que ya los procesos violentos y represivos se dieron en los 70-80 con los golpes de Estado, la represión de los movimientos populares y la instauración de sistemas económicos liberales.

Un campo que antes del ADPIC estaba en gran manos arraigada a las exigencias racionales del Estado, a sus criterios y exigencias, era en gran medida un campo “no económico”, en el sentido de que no estaba desarraigado de dichas instituciones, no existía con independencia a los mismos. Era en cierta medida un terreno público-burocrático que distribuía según los intereses del Estado los beneficios de aquél adelanto innovativo. Ese era el fin de la Comunidad Andina en sus orígenes, como también de las políticas argentinas, mexicanas, peruanas y brasileñas respecto al control de las invenciones, y su supeditación a los criterios del proyecto nacional hegemónico (sobre este punto, ver Deere, 2008).

Aquel desarraigo del campo de las creaciones intelectuales de su anclaje anterior en el Estado desarrollista, fue generado en el marco de la OMC, al momento de estandarizar en un mismo marco institucional la materia de la PI todos los países latinoamericanos, o sea, realizando una mercantilización absoluta del campo anteriormente resguardado. Esta rearticulación del espacio público/espacio mercantil, o mejor dicho, esta colonización del campo mercantil presionando la frontera más adentro, y disminuyendo el espacio público, vía las presiones y amenazas en el marco de la OMC de los países centrales sobre las periferias, es lo que llamo este nuevo proceso de acumulación primitiva, cercamiento y expropiación de campos anteriormente colectivo, o por lo menos, arraigados en instituciones burocráticas (que, claro, no es lo mismo).

Esta idea, por cierto, no es nueva. Ya Amin (1971) habla de los mecanismos de acumulación primitiva de los centros sobre las periferias, y nos recuerda que dicho mecanismo de expropiación violenta de campos anteriormente colectivos no es un momento “originario” del modo capitalista de producción, sino que es una constante de las relaciones de los centros con las periferias. Por otro lado, y actualizando la misma idea de Amin, Harvey (2004) habla de estos procesos contemporáneos de expropiación (donde incluye a la PI) como “acumulación por desposesión”, para dar cuenta que estas prácticas no son un momento primitivo, sino permanente del capitalismo.

Una característica de la acumulación originaria es que crea el terreno para la acumulación. Crea los ensambles políticos e institucionales que dan cuenta de una particular forma de distribución de los factores productivos a lo largo del territorio permitiendo una reproducción ampliada del capital. El mercado por tanto, descansa en un espacio políticamente construido, donde los agentes productivos y sus relaciones no son naturales (como clama la economía neoclásica) sino que son socialmente instituidos, por múltiples tácticas locales y estrategias globales dirigidas en gran medida por sectores dominantes y el aparato de Estado. La economía de mercado no existe sino dentro de una sociedad de mercado nos recuerda Polanyi (2001), y como afirma Rosanvallon, “el mercado es primero un modo de representación y estructuración del espacio social; sólo secundariamente es un mecanismo de regulación descentralizado de actividades económicas por el sistema de precios.”(1999:121)

Así, el acuerdo ADPIC es mucho más que un arreglo institucional relativo a un contrato social respecto a los plazos y extensiones de la PI, es el marco político jurídico que permite (homogeneizando los criterios, imponiendo sanciones a su no respecto, haciéndolo un campo realmente global los principios de la NMF y el TN) la extensión del dominio mercantil a todo el campo de las creaciones intelectuales, una moderna empresa colonizadora no ya sobre territorios geográficos, sino sobre territorios sociales.

Contrarespuestas

Polanyi hablaba que la sociedad de mercado tenía en su propio seno un movimiento dialéctico que llamaba “doble movimiento” entre por un lado, la tendencia a aumentar el campo de las mercancías ficticias y la respuesta por parte de la población a desmercantilizar sus espacios sociales. Hoy creo que existen luces de un nuevo ciclo de respuestas por parte de gobiernos latinoamericanos por volver a hacer de las creaciones de la mente un espacio público y no mercantil.

Los llamadas del gobierno bolivariano de Venezuela a eliminar ciertas cantidades de patentes médicas, y las políticas del gobierno de Ecuador este año de eliminar las patentes farmacéuticas con el fin de producir nacionalmente medicamentos disminuyendo considerablemente su valor y haciendo frente al excedente potencial producto de las rígidas normativas de patentes en el mercado farmacéutico nos hablan de un posible nuevo frente que buscará volver a ampliar el terreno público.

El campo económico y sus fronteras no vienen dadas de antemano, ni son, por supuesto, naturales, sino que son construcciones sociales producto de estrategias hegemónicas que articulan el espacio social de forma que permita un determinado tipo de régimen de acumulación. Cada tipo de régimen de acumulación posee su propia forma de estructurar los límites del campo económico (la forma, extensión e intensidad del campo económico capitalista viene condicionado por las estrategias de acumulación de cada bloque dominante, es diferente el campo económico en América Latina del modelo de sustitución de importaciones que el modelo neoliberal exportador). El neoliberalismo como modelo de desarrollo supone la extensión del campo mercantil, mientras que otras estrategias sociales, como la que plantean los gobiernos del ALBA en mayor medida, buscan extender el campo público y arraigarlo en función de las necesidades colectivas de la población. ¿Posible desincentivo a la inversión? Los incentivos, como la estructuración del campo económico también vienen condicionados por el régimen de acumulación vigente. Existen múltiples estrategias para aumentar el bienestar colectivo, socializando las creaciones intelectuales sin desincentivar la innovación. Una puede ser que el Estado mismo genere su propio sector de innovación, donde las retribuciones no dependen de  la compra, sino que vienen aseguradas por el propio Estado (como lo plantea Perez Pugatch, 2004).

Aquella alternativa si no se articula con un cambio general del modelo de desarrollo, y un nuevo rol del Estado, está condenada a una crisis fiscal estructural. Por eso, las alternativas que amplíen el campo público en la PI no deben ser ajenas a las propuestas generales de un cambio de modelo de desarrollo, son parte de una misma estrategia, y justamente por eso, son los actuales gobiernos del ALBA los que más avanzan en América Latina en la construcción de un dominio público en materia de creaciones intelectuales, ya que sus propuestas marcan un cambio radical de régimen económica, hacia un horizonte no capitalista.

En síntesis, lo que he querido exponer en este breve artículo, son breves nociones de otras forma de mirar el tema de la PI, que nos saquen del consenso neoclásico y su marco teórico, y planteando que el tema de la PI se puede entender en forma mucho más densa, centrándolo en el constante enfrentamiento entre la mercantilización de los campos sociales por un lado, y las resistencias –a veces explícita y organizadas, otras espontáneas- que se generan en los sectores subalternos, enfrentamiento que está lejos de ser catalogado como “contrato social” –como planteaba en un comienzo-, ya que implica cierta idea de consenso, acuerdo, debate; sino que es una correlación de fuerzas, compromiso inestable entre grupos sociales con desigual poder, una lucha en el fondo, entre el valor de uso y el valor de cambio.

Bibliografía

Amin, Samir, (1979), “El comercio internacional y los flujos internacionales”, en Imperialismo y Comercio Internacional: el intercambio desigual, Amin (ed.) Editorial Siglo XXI, México, DF.
Deere, Carolyn, (2009), The Implementation Game: the TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries, Editorial Oxford, EEUU, Nueva York.
Díaz, Alvaro (2006), América Latina y El Caribe: la propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio, Publicaciones CEPAL, Santiago, Chile.
Fajnzylber, Fernando, “Sobre la reestructuración del capitalismo y sus repercusiones en América Latina” en  Labastida Martín del Campo, Julio (coord.),  Hegemonía y alternativas políticas en América Latina, Siglo XXI editores, segunda edición, 1998, México, DF.
Harvey, David (2004), El nuevo imperialismo, Editorial Akal, Madrid, España
Jessop, Robert (1990), State Theory: putting the capitalist state in its place, Editorial Polity Press, Inglaterra.
Marx, Karl (1972 [1867]), El Capital, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, DF.
Offe, Claus, (1999), Contradicciones en el Estado del Bienestar, Editorial Alianza, Madrid, España.
Perez Pugatch, Meir, 2004, The international political economy of Intellectual Property Rights, Editorial Edward Elgar, Cheltenham, UK.
Polanyi, Karl, (2001, [1957]), La Gran Transformación, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, DF.
Roffe, Pedro; Santa Cruz, Maximiliano, 2006, Los derechos de propiedad intelectual en los Acuerdos de libre comercio celebrado por los países de América Latina con los países desarrollados,  CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración.
Rosanvallon, Pierre (2006, [1979]), El capitalismo Utópico, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina.

Share and Enjoy:
  • Print
  • email
  • Twitter
  • Meneame
  • RSS
  • PDF

Leave a Reply

¡Síguenos!

Documentos

Suscríbete

Introduce tu e-mail: