Economía Crítica y Crítica de la Economía

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“La política industrial del Gobierno Vasco es nefasta, fraudulenta y, en el mejor de los casos, negligente” (Entrevista a Jon Bernat Zubiri Rey)

Autor: Jon Bernat Zubiri Rey

Categoría: Alternativas, Modelo productivo, Regional

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Alda

Jon Bernat Zubiri Rey, doctor en Economía y profesor de la facultad de Relaciones Laborales de la UPV

Asistimos al proceso de liquidación de La Naval. ¿Hay alternativas al cierre?

Inequívocamente sí. Una primera opción es que los gobiernos intervengan en dos fases: por un lado, comprando los activos industriales (terrenos, construcciones e instalaciones) por medio de un fondo público, blindándolos ante especuladores, mientras en una fase en paralelo, impulsan una empresa pública vasca desarrollando un plan de viabilidad industrial a medio plazo recuperando la carga de trabajo que tenía La Naval antes de entrar en concurso. No hay limitación europea a que haya capital mayoritario público mientras exista un plan de viabilidad industrial a medio plazo (3-5 años de carga de trabajo/pedidos).

La segunda opción sería que la empresa pública “Navantia” recuperase la negociación de la draga y, alquilando a la administración concursal las instalaciones del astillero, retomara la actividad. Son alternativas factibles desde todos los puntos de vista (legal-juridico, económico-financiero y laboral), pero exigen la implicación del sector público, algo que tanto PNV como PSOE han rechazado.

¿Qué razones esgrimen para su inacción?

Es una cuestión de modelo. La Consejería de Industria ha apostado por liquidar la actividad de manera que la empresa pueda ser más atractiva a un capital que no busque el relanzamiento de la actividad a nivel local, sino que busque absorber a la empresa en sus bienes intangibles. Esta opción es claramente antisocial y profundiza el desmantelamiento del tejido industrial de la comarca.

El cierre de esta emblemática empresa vuelve a poner en la palestra el imparable proceso de desindustrialización que sufre la Margen Izquierda, Zona Minera y Encartaciones… ¿Qué diagnóstico haces de la situación?

Esta comarca forma parte de un país que ha vivido un proceso de desindustrialización muy fuerte durante las últimas décadas. La situación de la industria vizcaína es muy grave. Según datos del INE, en los dos últimos años -con crecimiento económico- se han destruido más de 13.000 empleos industriales; y Ezkerraldea está muy insertada en esa caída del tejido industrial.

Un dato que refleja claramente la desindustrialización que sufre el país: la industria de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba ha pasado de suponer un 49% del Producto Interior Bruto en 1977, a un 29% en 2007; situándose en el 24% en 2018. El empleo industrial ha ido reduciéndose de manera imparable: de 423.000 empleos en 1975, a 274.000 en 1986, y a 188.000 en marzo de 2019.

¿Quiénes son los responsables?

En primer lugar, un empresariado vasco que se ha instalado en una posición cada vez más rentista e internacionalizada, es decir, busca rentabilidad para sus capitales de forma totalmente desligada del territorio. Esto está llevando a Euskal Herria a una desinversión muy importante. Y todo ello, con la connivencia de las instituciones vascas, con el PNV al mando.

Más allá de la responsabilidad nacional del empresariado y la clase política gobernante, hay que señalar también a los factores de contexto de la regulación neoliberal europea, las limitaciones para la política de gasto e inversión pública que se plantean desde la Troika, la ausencia de soberanía monetaria, las dificultades para proteger sectores estratégicos de nuestra economía por atentar contra la competencia…

¿Qué valoración haces de la política industrial del Gobierno Vasco?

La política industrial del Gobierno Vasco se puede calificar de nefasta, fraudulenta y, en el mejor de los casos, negligente. Hay casos paradigmáticos que nos permiten afirmar que el Gobierno Vasco no solo no interviene en los casos de empresas en dificultades donde el capital privado tiende a la desinversión y a la destrucción de empleo, sino que tampoco lo hace en los casos en que hay participación pública en el accionariado o préstamos públicos comprometidos.

Ahora mismo, la política industrial del Ejecutivo de Gasteiz no tiene rumbo, en términos de renovación del tejido productivo. Arantza Tapia no puede dar cuenta de un solo éxito en materia de política industrial.

¿Cuáles son los principales errores que está cometiendo?

Muchos: no existe un protocolo para la detección temprana de empresas en dificultades; hay poca o nula comunicación con los sindicatos; es manifiesta la descoordinación entre los propios Departamentos gubernamentales y direcciones de Industria y Trabajo; falta apoyo efectivo a las empresas en crisis; hay una supervisión y seguimiento deficiente y negligente de las empresas con participación de capital público o préstamos; vemos una tendencia a desprenderse de participaciones industriales de origen público con el visto bueno del Ejecutivo; la política de clúster no tiene una dimensión de defensa del tejido industrial en riesgo, pese al abundante dinero público que reciben; tampoco tienen un papel relevante en este cometido las Agencias de Desarrollo Local o Comarcal.

También me parece nefasta la política de internacionalizacion: se están vendiendo empresas vascas a capitales extranjeros (Gamesa y Euskaltel) y se están salvaguardando los intereses de los empresarios y de los capitalistas privados por encima de los de las plantillas de las empresas en riesgo de cierre o de ajuste.

La lista de fiascos del Ejecutivo en empresas concretas es larga…

Pondré sólo tres ejemplos. En primer lugar, es muy clara la pésima gestión realizada con Fagor Electrodomésticos y la entrega en situación de preconcurso a la compañía de 40 millones de euros, -vía fondos públicos Ekarpen y Socade- que no se han recuperado. El Departamento de Desarrollo Económico no ha jugado ningún papel para el mantenimiento del empleo ante la segunda crisis del grupo catalán CNA, que adquirió la actividad de Fagor, llevando al despido a toda la plantilla que se mantenía en producción.

Otro caso es el de Xey, de Zumaia. La mala gestión provocó el colapso de una empresa en la que el Gobierno Vasco tenía el 30% del accionariado, por valor de 2,2 millones de euros, y préstamos otorgados. El Departamento de Desarrollo Económico ni detectó ni denunció ninguna irregularidad.

Finalmente, en la papelera CEL, el Gobierno Vasco tenía la propiedad de un 40% de las acciones cuando la dirección dejó de pagar las facturas de la luz a principios de 2017, provocando el bloqueo de la actividad. En este contexto, decidió desprenderse de las acciones a un precio irrisorio. Los préstamos pendientes de cobro abocaron a la empresa al concurso de acreedores, y la administración concursal planteó un despido colectivo ante la ausencia de actividad e inversión. Finalmente, gracias a un acuerdo entre el sindicato ELA y el grupo italiano Lucart, estos se adjudicaron las plantas y retomaron la actividad con 183 empleos de inicio y una bolsa de empleo para quienes habían sido despedidos. La planta, a día de hoy, está funcionando, y no gracias precisamente al saber hacer del Gobierno Vasco.

Son sólo tres de una larga lista, la mayoría con desenlace de miles de puestos de trabajo perdidos: Arkema, Arcelor Mittal Zumarraga, BSH, Ingemar, Candy, Eaton, Laminaciones Arregui, Aernova, Gallardo Corrugados, Troquenor, Baltogar…

¿Es posible otra política industrial? ¿Cuáles deberían se sus ejes?

Es urgente la puesta en marcha de una efectiva política industrial de anticipación realizando un seguimiento real de la situación de las empresas para la determinación de ayudas, avales o préstamos posibles. Evidentemente, también hace falta control, para garantizar que esas inversiones llegan a buen puerto, se canalizan en una renovación del tejido industrial, en nuevas inversiones y en un aumento del empleo.

La captación y búsqueda de nuevos inversores industriales es también vital, sin descartar la opción de entrada en el accionariado de las empresas por parte de los gobiernos. El Gobierno Vasco actualmente hace lo contrario, cuando la participación de capital público en empresas estratégicas reduciría el poder de las multinacionales sobre la economía vasca.

También es fundamental la supervisión de los planes de viabilidad, que son la clave en todas las situaciones de crisis así como diseñar planes específicos por subramas de la industria.

Todo este apoyo gubernamental para relanzar actividades, para consolidar tejido productivo y mantener el empleo debe completarse con compromisos por parte de las empresas de devolver los créditos, de no cerrar plantas ni realizar deslocalizaciones de la producción, de mantener el empleo y garantizar unas condiciones de negociación colectiva y de relaciones con los sindicatos, que también deberían de estar en el centro de las preocupaciones del gobierno, cosa que actualmente no sucede.

Sin perder de vista, en ningún momento, que esa política industrial alternativa que los economistas de izquierdas defendemos tiene que aplicarse desde unos criterios de renovación social, ecológica y feminista del modelo productivo.

Finalmente, ¿tiene Ezkerraldea futuro industrial?

Sí. Pero hace falta un plan. Es necesario que los gobiernos hagan un diagnóstico realista de cuáles son las ramas en las cuales es posible una renovación, cuáles son las actividades estratégicas para poder seguir manteniendo y generando nuevos empleos. Sería estratégico, por ejemplo, volver al pleno rendimiento en la Acería de Bizkaia y apuntalar las empresas existentes, incluyendo La Naval, porque en un futuro de cambio climático y de agotamiento de los recursos fósiles el sector marítimo va a salir reforzado frente al transporte por carretera. Tener barcos y una industria naval con participación pública va a ser vital en las décadas futuras.

Por último, es necesario hacer un plan de choque por comarcas con dotación presupuestaria suficiente. La nueva industria que viene tiene que ser limpia y social, es decir, con participación de los trabajadores y trabajadoras y con salarios dignos. Frente al modelo de la competitividad por la devaluación salarial hay que apostar por una política de buenos salarios, por una política de inversiones suficientes y por una política de innovación político social.

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