Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Posible agenda política para una digitalización progresista

Autor: Segundo Gonzalez

Categoría: Alternativas, Industria, Tecnología

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La Paradoja de Kaldor

La recuperación económica de los últimos años no ha servido para alcanzar los niveles de empleo previos a la crisis y el empleo creado es intensivo en sectores de bajo valor añadido. Estos empleos se caracterizan por bajos salarios, alta temporalidad y baja productividad, siendo muy sensibles al ciclo económico y pudiendo desaparecer con una mayor velocidad con la que se crearon si la actual desaceleración económica derivase en recesión. Por este motivo, en paralelo al impulso de la estabilidad laboral, uno de los principales retos que tiene por delante el nuevo Gobierno fruto del pacto entre el PSOE y Unidas Podemos es la modernización del tejido productivo para reorientar la actividad económica hacia sectores de mayor valor añadido.

Existe bastante consenso en que los sectores sobre los que debería pivotar esta modernización productiva de España son la transición ecológica y la digitalización, sectores cuyo desarrollo puede tener gran impacto para relanzar la economía desde una base más sólida. Así mismo, existe una visión bastante compartida en el ámbito progresista de que su impulso en nuestro país tiene que pasar necesariamente por un mayor protagonismo público bajo la lógica del Estado emprendedor.

Este planteamiento consiste en impulsar el papel del sector público como actor industrial capaz de realizar inversiones y tomar medidas proactivas para dinamizar sectores emergentes, orientando la actividad y la inversión privada hacia ellos. Esto supone un giro importante en una política industrial que lleva desde los años 80 anclada en una pasividad catastrófica y requerirá, con seguridad, de un aumento de la inversión pública en el marco de una política fiscal expansiva. Algo que por otra parte es imprescindible para frenar la desaceleración económica en un contexto de agotamiento de la política monetaria.

Las fuerzas políticas de izquierda han desgranado al detalle sus propuestas sobre cómo abordar la transición ecológica a través de propuestas programáticas, proposiciones de Ley o el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima presentado por el Gobierno a principio de año.  Sin embargo, apenas se ha esbozado cómo se debería poner en marcha una agenda de digitalización ambiciosa desde una perspectiva progresista.

El reto a nivel europeo es enorme. Siete de las diez principales empresas del mundo por capitalización son tecnológicas y ninguna de las diez principales compañías tecnológicas a nivel global es europea. Los datos son la materia prima de la economía digital, y actualmente el 90% de los que se generan en los países occidentales está en manos de empresas estadounidenses. Una estrategia digital ambiciosa planteada desde una óptica progresista tiene que tener como objetivo correr para no perder este tren, pero partiendo de un diagnóstico realista sobre en un sector económico tendiente a la concentración que privilegia enormemente a los primeros en llegar y teniendo en cuenta que las tecnologías sobre las que se asienta la economía digital, incluyendo el propio Internet, se desarrollaron en Estados Unidos con inversión y apoyo público. Esta visión contrasta con un ingenuidad del planteamiento neoliberal, que confía el futuro a que los unicornios -startups valoradas en más de 1.000 millones de dólares- salgan cualquier día de un garaje y en la competencia fiscal para atraer las migas que dejan en Europa los gigantes digitales. Este planteamiento, hasta ahora ha servido fundamentalmente para generar agujeros tributarios en la fiscalidad europea, pero ha fracasado a la hora de consolidar un ecosistema digital competitivo. Partiendo de este diagnóstico, el enfoque de la digitalización progresista debería poder conseguir los beneficios de la digitalización reviertan en el conjunto de la sociedad, limitando para ello el poder de los monopolios, garantizando los derechos de los ciudadanía en el mundo digital y evitando que nadie se quede atrás en el proceso.

En España partimos de una posición relativa respecto a los países europeos que no es del todo negativa, pero que tiene mucho margen de mejora. España ocupa el puesto número 11 de 28 en el Digital Economy and Society Index (DESI) elaborado por la Comisión Europea, 4 puntos por encima de la media europea. Sin embargo, los resultados son desiguales según el área del que se trate. Destacamos en servicios públicos digitales y conectividad, pero estamos por debajo de la media en capital humano y en uso de servicios de internet, con un éxito desigual en la integración de la tecnología digital en el tejido económico.

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Fuente: Comisión Europea (2019): Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)

La secretaría de Estado para el Avance Digital constituida en mayo de este año dentro del Ministerio de Economía tiene pendiente presentar su estrategia “España, Nación Emprendedora”, pero ya ha anticipado algunas líneas de trabajo que, aunque interesantes, necesitan ser desarrollados de forma ambiciosa para que tengan el alcance necesario. España puede ser pionera en el nuevo enfoque de la digitalización. Para ello debería plantear medidas audaces en al menos tres ámbitos clave: La digitalización de la economía, la gobernanza de la digitalización y la administración digital.

Digitalización de la economía

La digitalización de las empresas y la adaptación de las competencias de los trabajadores a las necesidades de la transformación digital son pilares importantes sobre los que se tiene que asentar la estrategia digital del Gobierno para que realmente tenga impacto en la transformación del modelo productivo. Estos son precisamente los puntos en los que España más flaquea actualmente y en los que se debería priorizar el impulso público.  Para conseguir mejorar la posición de nuestro país en la economía digital es fundamental actuar en el fomento de las empresas de base tecnológica y en la promoción de la digitalización del resto de empresas, especialmente en las pymes por su papel protagonista en nuestro tejido empresarial.

El impulso de las startups específicamente tecnológicas debería empezar por reconocer la particularidad de este tipo de empresas, diseñando una estrategia específica para acompañarlas en su proceso de maduración y reforzando los mecanismos públicos de apoyo, financiación e inversión. En este sentido, el Estado debería poner en marcha un fondo de capital riesgo para los proyectos con más potencial y generar aceleradoras públicas aprovechando el trabajo que ya están haciendo algunas ciudades en esta materia. Es fundamental que las políticas de apoyo sean  diseñadas la mano de emprendedores y expertos que conozcan el ecosistema en profundidad para que sean verdaderamente eficaces, haciendo énfasis en la calidad y utilidad real de los programas, por encima de otras métricas que no están alineadas con las necesidades de los emprendedores. En muchos casos no se trata de inventar la pólvora, sino de tomar nota de algunas experiencias exitosas puestas en marcha por otros países europeos como Portugal, Estonia o los países escandinavos.

Un objetivo prioritario para el planteamiento progresista de la estrategia digital pasa por conseguir que los mecanismos de inversión y financiación pública sirvan para atraer inversión privada y para condicionar el mantenimiento de la sede fiscal y operativa en nuestro país una vez las empresas despegan. Son varios los casos de empresas españolas que tras tener éxito internacional acaban desplazando su sede a Estados Unidos, algo que se debe evitar a toda costa si queremos que los beneficios de la digitalización reviertan en nuestro país. España tiene condiciones para atraer talento extranjero y conseguir el retorno del expatriado, pero para conseguirlo hace falta un impulso decidido para hacer atractivo el ecosistema tecnológico en nuestro país y medidas específicas como la facilitación de la remuneración mediante stock options en empresas emergentes o la definición de entornos de pruebas regulatorios sandbox para proyectos innovadores.

No es suficiente con crear startups puramente tecnológicas, necesitamos que al mismo tiempo el conjunto de las empresas avancen con mayor agilidad en el proceso de digitalización y en el desarrollo de la industria 4.0. Nuestras pymes están por encima de la media europea en el uso de redes sociales y el e-commerce, pero muy por detrás en la implementación de tecnologías que conllevan mejoras sustanciales en la productividad. Para ello es necesario que la administración colabore en la promoción y la financiación para la implantación de técnicas digitales avanzadas como el cloud computing o la inteligencia artificial en las pequeñas y medianas empresas, fomentando la utilización de herramientas basadas en software libre siempre que sea posible. España debe destinar los recursos necesarios para el desarrollo y la regulación de estas tecnologías a través de la Estrategia Española de I+D+i en Inteligencia Artificial y participar activamente en proyectos europeos como Gaia-X para conseguir la independencia respecto a Estados Unidos en las infraestructuras de almacenamiento de datos.  La correcta aplicación de este tipo de tecnologías conlleva incrementos de productividad que, conjugados con una adecuada condicionalidad en los apoyos y una recuperación del poder de la negociación colectiva, deberían repercutir en mejores salarios y condiciones laborales

En términos generales el impacto de la robotización y la automatización en el futuro del empleo es incierto, pero lo más probable es que en el largo plazo los nuevos empleos que se generen asociados a la digitalización no vayan a ser suficientes para compensar todos los que pueden ser sustituidos por la tecnología y, si esto se ocurre, debería conllevar un replanteamiento del contrato social que inspira el Estado del Bienestar para reducir tiempo de trabajo y financiar las prestaciones sociales con cargo a los incrementos de productividad derivados de la transformación productiva.

En cualquier caso, en el corto plazo parece evidente que para generar nuevos empleos asociados a la digitalización es necesario un gran impulso formativo en competencias tecnológicas asociadas a la digitalización y conocimientos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), precisamente aquellas en las que nuestro país obtiene peores resultados en el informe PISA. Para ello hay que reforzar enormemente el sistema educativo, poniendo especial énfasis en la formación de mujeres para atajar la acuciante brecha de género existente en el sector tecnológico. La inversión en formación por parte por parte del Estado y las empresas es una gran asignatura pendiente que requiere de medidas de choque para reducir la brecha que nos separa de los países de nuestro entorno. En este sentido, el planteamiento de una reducción de la jornada laboral destinada a liberar tiempo para la formación en competencias asociadas a la transformación digital y ecológica es un primer paso necesario para avanzar y adaptar nuestro capital humano a las posibilidades que ofrecen los sectores de futuro. Las universidades españolas tienen que jugar también un papel relevante en este proceso, tanto a nivel formativo como en la canalización de la investigación y el talento hacia el impulso público de la innovación en el sector digital.

Gobernanza de la digitalización

La gobernanza de la digitalización abarcaría aquellos aspectos dirigidos a evitar los riesgos asociados a la digitalización, a proteger los derechos de los ciudadanos y a promover una transformación digital inclusiva que no deje a nadie atrás, algo que no es posible si solo se deja actuar a las fuerzas del mercado. Dentro de estas medidas podemos distinguir las orientadas a reducir la brecha y la exclusión digital, la tributación justa de las empresas digitales, la reducción del poder monopolista de los gigantes digitales, la regulación de sectores emergentes y las que van orientadas a proteger los derechos de la ciudadanía.

Tenemos que esforzarnos para que nuestro país lidere la implantación de la tecnología 5G y garantizar que la cobertura de la red de Internet de alta velocidad llegue a todos los hogares a precios mucho más asequibles que los actuales. Un Gobierno progresista debe promover que sean las empresas de telecomunicaciones las que asuman el coste de la provisión de Internet en zonas rurales aunque no sean rentables. Los laboristas ingleses ya plantearon en la campaña electoral la recuperación de una parte de la participación pública en British Telecom para alcanzar este objetivo, quizás habría que estudiar esta posibilidad en con Telefónica si no fuera suficiente con una regulación más estricta del servicio.

Otra línea de actuación imprescindible para gobernar la digitalización consiste en combatir la exclusión digital mediante planes de alfabetización dirigidos a todas aquellas personas que no tengan conocimientos que les permitan acceder a los servicios digitales, obligando también a las grandes empresas que presten servicios básicos regulados a través de Internet a que asistan presencial o telefónicamente a las personas que tengan dificultades para acceder a ellos.

Por otro lado, los vacíos legales sobre los que se asienta  la economía digital deben ser motivo de regulación urgente por parte de la administración para paliar sus efectos disruptivos y asegurar que la denominada economía colaborativa sirva para compartir y no para especular o eludir derechos y regulaciones. En este sentido debe reforzarse la legislación laboral para evitar que proliferen fenómenos de falsos autónomos como ocurre con los riders y que los empleados de las plataformas digitales sean reconocidos como trabajadores por cuenta ajena como que ya se ha hecho en California. En paralelo es imprescindible reconocer el derecho de los trabajadores a la desconexión digital en un mundo en el que la frontera entre el trabajo y el ocio es cada vez más difusa. También se debe afinar la regulación en sectores tensionados por la irrupción de plataformas digitales, definiendo claramente las diferencias entre los servicios VTC y taxi para evitar la competencia desleal o apoyando a comunidades autónomas y ayuntamientos en el control del alquiler turístico para ajustar las condiciones en las que se pueden ofrecer alojamientos en plataformas como Airbnb evitando la especulación.

Los datos son la base la economía digital y existe un gran campo de trabajo progresista para regular su uso, tanto para que los ciudadanos tengan total soberanía sobre los mismos como para que su aprovechamiento no sea coto exclusivo de unas pocas empresas.  Un Gobierno progresista puede aprovechar y ampliar las posibilidades que ofrece el Reglamento General Protección de Datos para la defensa de los derechos de los usuarios, evitando que perjudique a pymes y startups emergentes, y proteger los datos de sus ciudadanos dándoles el tratamiento de bien común que merecen. Garantizar derechos digitales también implica asegurar la neutralidad en la red y la libertad de expresión en la misma, algo a lo que el último Decreto-ley digital aprobado por el gobierno no va a ayudar con su actual redacción.

Paralelamente se debería trabajar para regular con criterios éticos el diseño de los algoritmos mediante auditorías públicas y en reducir el poder de mercado de unos monopolios tecnológicos que se benefician de economías de red en las que el ganador se lo queda todo. En este punto es interesante tomar en consideración las propuestas que está lanzando la candidata demócrata Elizabeth Warren en Estados Unidos, entre las que destaca una ley antimonopolio para impedir que una misma compañía pueda poseer una plataforma en la que se prestan servicios y ofrecer servicios en la misma.

En 2018 la facturación de los gigantes tecnológicos en España se incrementó en un 37%, superando los 1.300 millones, mientras que su tributación se redujo un 10%, quedando por debajo de los 30 millones. Un Gobierno progresista debe acabar con con este desfalco fiscal, implementando un impuesto dirigido a las grandes plataformas que extraen valor de los datos y evitando perjudicar a las pymes y a las empresas tecnológicas emergentes, en línea con las medidas propuestas por la OCDE para que la tributación de las multinacionales digitales se ajuste a los ingresos que generan en cada país. En cuanto el parlamento empiece a funcionar debería debatirse la propuesta de impuesto sobre determinados servicios digitales elaborada por el Gobierno que, aunque moderada en su planteamiento, avanzaba en la buena dirección.

Digitalización en la administración

Nuestra administración está relativamente avanzada en el proceso de digitalización, ocupando el cuarto puesto dentro de la UE en esta materia según el informe DESI. Sin embargo, existen aún multitud de oportunidades por explotar en el impulso de la digitalización dentro de las administraciones públicas, especialmente en el ámbito de las ciudades.

La administración tiene que seguir avanzando en la digitalización de los servicios y la facilitación de los trámites. España tiene aún margen para mejorar en transparencia y en la relación con los ciudadanos a través de Internet, fomentando el uso del software libre en la administración, los datos abiertos y la participación digital para la mejora y la co-creación de los servicios públicos. El IV Plan de Gobierno Abierto que tiene que desarrollarse entre 2019 y 2021 es una oportunidad para seguir dando pasos en este sentido.

Por otro lado, las ciudades deberían recibir apoyo del resto de administraciones para optimizar el uso de los datos masivos a los que tienen acceso para mejorar la movilidad, los servicios y la sostenibilidad mediante herramientas basada en big data e inteligencia artificial. Las posibilidades de las ciudades inteligentes para mejorar la vida de los ciudadanos aprovechando la digitalización son enormes, y colaborar en desarrollo tiene que ser también una prioridad para el nuevo Gobierno. Una de las medidas con más potencial disruptivo sería el impulso plataformas digitales público-cooperativas que puedan dinamizar la colaboración entre ciudadanos y la prestación de servicios de autónomos en sectores como la distribución, el transporte o el alquiler.

El momento es ahora

En conclusión, el acuerdo de coalición firmado por Unidas Podemos y PSOE, si finalmente se materializa, en la investidura de un Gobierno de coalición abre una oportunidad para situar a nuestro país a la vanguardia de la digitalización a nivel global. España podría convertirse en un  país pionero en el diseño de una apuesta ambiciosa para la materialización de un modelo de digitalización con enfoque progresista que conjugue adecuadamente una transformación digital ambiciosa con los criterios sostenibilidad e inclusividad. España podría liderar este enfoque dentro de una Unión Europea que necesita de un planteamiento propio para competir con EEUU y China.

Necesitamos dejar atrás la mentalidad fracasada de que la mejor política industrial es la que no existe y desarrollar una estrategia que permita maximizar las oportunidades de modernización del tejido productivo que ofrece la digitalización minimizando los riesgos sociales asociados. Sin una implicación suficiente por parte del sector público, la brecha generada por la concentración del poder en unas pocas empresas que extraen valor sin contrapartidas puede convertir esta oportunidad en un fracaso y hacer que la economía y la sociedad salgan perjudicadas de una transformación que ya está aquí.

Está por ver si es posible desarrollar este enfoque bajo el paraguas de una cartera económica dirigida por Nadia Calviño como ha sido hasta ahora o si hace falta que las competencias de impulso digital tengan otro tipo de articulación institucional. En cualquier caso, lo más importante es empezar a trabajar cuanto antes para recuperar el tiempo perdido  y demostrar al mundo que una transformación digital diseñada al servicio del país es posible. Aprovechemos la oportunidad.

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Segundo González (Economista, exdiputado de UP en el Congreso)

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