Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Coronavirus. Hagamos política a favor del trabajo y de la vida

Autor: Endika Alabort Amundarain, Maitane Jaio Atela y Jon Bernat Zubiri Rey

Categoría: Trabajo

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Artículo publicado en la sección Lanaren Ekonomia/Economía del Trabajo de El Salto Diario, el 8 de mayo de 2020

Los fuertes daños provocados por el estado de alarma deben hacerse frente con una política decidida a la altura de los tiempos, protegiendo a la clase trabajadora y la sostenibilidad de la vida con medidas concretas. Ponemos de nuevo en marcha nuestra Sindikalagenda.

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La crisis sanitaria, el estado de alarma y la paralización de la economía han golpeado con fuerza a la sociedad. Desde diferentes ámbitos se han ido poniendo en marcha medidas para paliar la situación, con clarioscuros evidentes en algunos niveles. En las siguientes líneas realizamos un somero análisis de la política en el ámbito del trabajo y en favor de la vida, así como destacamos dos manifiestos académicos que promulgan un cambio estructural del modelo económico.

Política en el ámbito del trabajo

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno de España desde el inicio del estado de alarma, se encuentra el decreto 8/2020 del 17 de marzo, de priorizar y agilizar los ERTE. Buscaba la reversibilidad generalizada a los puestos de trabajo tras el periodo de confinamiento, así como la minimización de la merma salarial que el parón que hemos vivido ha impuesto en el ámbito laboral. El efecto dominó se ha mostrado imparable en el mundo empresarial, siendo ya más de 250.000 personas en ERTE en Euskalerria y pasando los cuatro millones en España.en

Como cuantifica el “Programa de Estabilidad” enviado a Bruselas, así como el diagnóstico laboral recien presentado por el Gobierno, a esos ERTE hay que sumarles 1,4 millones de personas en régimen autónomo, cobrando prestaciones por cese de actividad, casi 1,4 millones de nuevas desempleadas que cobran prestación, cuyos derechos se han ampliado, y 400.000 incapacidades temporales reconocidas por la crisis sanitaria. En total suman el 31% de la Población Activa, casi un tercio de la población activa se encuentra afectada. Dada la dimensión, la medida es clave para que, al menos, la gran parte de las regulaciones temporales se vayan reincorporando a sus empresas con la vuelta progresiva a la actividad laboral.

“No nos llevemos al engaño, a pesar de la voluntad propagandística del Gobierno de dar una sensación de prohibición de despidos, éstos no se han declarado nulos”

Para facilitar esa reactivación, tras ocho semanas de confinamiento y dos de cese de toda actividad asalariada no esencial, el Gobierno de España aprobó en el mismo decreto 8/2020 medidas para facilitar el acceso al crédito con avales estatales, vía ICO para las PYME. Así como medidas de garantía de rentas a personas autónomas, nuevas desempleadas o que redujeran total o parcialmente su actividad por necesidades de cuidados a menores o dependientes.

En el decreto 9/2020 del 28 de marzo se aprobó otra medida importante en la protección del empleo. Se declara no justificativa de despido “la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción”. Esta medida coloca, de facto, muchos de los despidos efectuados estas semanas en la categoría de improcedente, encareciéndolos, en caso de ser revisados por los tribunales de lo social, a niveles previos a la última reforma laboral. Pero no nos llevemos al engaño, a pesar de la voluntad propagandística del Gobierno de dar una sensación de prohibición de despidos, éstos no se han declarado nulos. Por tanto se pueden alegar otras razones de incapacidad o rendimiento, disciplinarios u otros, siendo los datos de aumento del paro y caídas de afiliación de finales de marzo, y en menor medida de abril, la mejor prueba de que ha habido despidos y aún hay que ver como se dirimen en la vía judicial.

Por último, en ese mismo fin de semana el decreto 10/2020 del 29 de marzo implantó “un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales” que duró hasta después de la Semana Santa, lo que endureció el cese temporal de la producción, ya previamente afectada por el cierre del comercio minorista, las regulaciones de empleo, los despidos, la priorización del teletrabajo y la contracción del comercio internacional. Fruto de estas medidas, los días no trabajados quedan a disposición de las empresas para recuperarse irregularmente a lo largo de 2020, para lo que se deberá negociar el modo de hacerlo. Esta medida es una forma de no aumentar más el coste salarial asumido por la Seguridad Social, ya mermada al hacer frente a los ERTE.

Más allá de todas esas medidas, se debe seguir ampliando la política pública a favor de trabajadores y trabajadoras, para que no sean quienes paguen una vez más las consecuencias de esta crisis. Asimismo, es momento clave para abordar problemáticas laborales estructurales como una política distributiva que permita reducir las jornadas de trabajadores en activo y reemplazarlas por personas desempleadas, entre otras.

Política a favor de la vida

El primer decreto 8/2020 también sirvió para garantizar suministros básicos, prohibiendo su interrupción, y aprobar una moratoria de hipotecas condicionada a determinados supuestos. Vista la profundidad de la crisis económica se deben revisar los plazos y las condiciones de esos aplazamientos de pago, con el fin de llegar a todos los colectivos afectados. Pero la suspensión y posterior reducción de los alquileres fue la ausencia más destacada en aquel primer paquete de medidas, siendo objeto de debate en las siguientes semanas.

Finalmente, el decreto 11/2020 del 31 de marzo no cumplió con las expectativas del movimiento por la vivienda. Se podría haber generalizado la suspensión de alquileres a personas afectadas por el cese de actividad, garantizando el pago a los propietarios de renta única. Sin embargo, ese decreto se limitó a algunas medidas para evitar desahucios durante el estado de alarma, prorrogar los alquileres y ayudar a personas inquilinas y pequeñas arrendadoras a hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, se debe añadir que la prórroga de alquileres ahonda en el endeudamiento de los inquilinos, en vez de dar una solución real al problema. Todo esto ha provocado una huelga de alquileres que podría ir a más si los impactos económicos y sociales de esta primavera fatídica acaban siendo los esperados.

“Finalmente, se ha tomado el compromiso de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital para hogares sin otras fuentes de ingresos, que cobrarán la prestación en junio”

El Ingreso Mínimo Vital ha sido otra de las batallas importantes que se han dado. Finalmente, se ha tomado el compromiso de poner en marcha una renta mínima para hogares sin otras fuentes de ingresos, que cobrarán la prestación en junio. Según los primeros cálculos del propio gobierno, podría empezar llegando a un millón de hogares, compuestos por tres millones de personas. Es un buen comienzo, para paliar la situación de los 2,5 millones de personas que se encuentran en pobreza severa en España, y esperamos que se vaya ampliando hasta llegar a toda la población en riesgo de pobreza o exclusión social. Así todo, la implementación de este pilar básico de la protección social será un hito en la política española, implantando una malla pública vital de última instancia.

En Euskalerria, hace décadas que existe un sistema de rentas mínimas, que se ha ido reformando en favor de la supuesta activación laboral y mediante restricciones en cuantía y acceso. La Renta de Garantía de Ingresos vasca ha ido a menos con la última crisis, cuando más falta hacía. Se recortó el 7% en 2011 y se han ido endureciendo requisitos para restringir su acceso, a inmigrantes primero y a otros colectivos vulnerables después, llegando a desindexarse del SMI en 2017 ante su previsible aumento. Es por ello que colectivos que luchan contra la exclusión social, como Berri Otxoak de Barakaldo, han pedido que se amplíen sus coberturas, para que lleguen a ese 30-50% de personas que deberían percibirla y no lo hacen por diversas razones.

Ese aumento de las coberturas podría canalizarse sin mayor problema por los ayuntamientos, que con el apoyo del tejido social pueden detectar mejor las situaciones de necesidad. La vigorosidad con la que las redes de apoyo y cuidados están funcionando en estas semanas de confinamiento, y también aislamiento de muchas personas, es una oportunidad para una política pública de cooperación público-social que puede llevarse a otros ámbitos de cuidados. Para ello hace falta que el Gobierno Vasco y las Diputaciones planifiquen los programas y provean de recursos que puedan ser ejecutados y mejorados localmente por las instituciones, redes y colectivos existentes.

A parte de esas políticas de mínimos, es necesario tomar medidas básicas que se pueden dividir en dos bloques: colectivos invisibilizados y centrados en el cuidado de personas. En el primer grupo se encuentra la necesidad de poner en libertad a las personas presas que no han cometido delitos graves o las que deberían estar en libertad provisional, además de canalizar ayudas a la gente que vive o trabaja en la calle y proteger a las personas drogodependientes y demás colectivos vulnerables. En lo que respecta al bloque del cuidado, se debe premiar y nutrir de recursos a las cuidadoras de menores, dependientes y personas ancianas para dignificar su trabajo, además de reestructurar y realizar nuevas contrataciones en residencias, entidades públicas de cuidado y protección social comunitaria.

Manifiestos académicos

En el ámbito académico se han ido generando propuestas que abordan la situación desde un punto de vista estructural. Por un lado, se ha puesto sobre la mesa el manifiesto “Por una economía ecológica en la Euskal Herria post-COVID19” con el objetivo de enfrentar la nueva situación desde un eje socio-ecológico. Conducirnos a una sociedad más sostenible y equitativa, basada en valores positivos de respeto hacia la naturaleza y todas las personas. Proponen abandonar el modelo de desarrollo centrado en el crecimiento agregado del PIB y proponen fomentar, desde las instituciones públicas, políticas de producción, consumo e inversión que tengan en cuenta los límites ecológicos y eviten generar una deuda injusta e inasumible para las generaciones futuras, entre otras medidas.

Igualmente, desde la red de economía crítica se ha promovido el manifiesto “Nueva crisis: evitar los viejos errores”. En una línea similar al anterior, resaltan que estamos en una época de crisis civilizatoria, ecológica, social y de cuidados, derivada de un modelo económico en el que todo se subordina a la competitividad, al beneficio y al crecimiento del PIB. Marcan las líneas hacia donde debería ir la sociedad y la economía a su servicio, recordando que la crisis originariamente financiera de 2008 supuso un retroceso, algo que no debemos permitir otra vez.

La clave, en definitiva, está en la perdurabilidad del trabajo y el sostenimiento de la vida, en tener capacidad de reaccionar para que este confinamiento y su desescalada sea una palanca para mejorar. Para eso necesitamos políticas que garanticen las condiciones materiales de la clase trabajadora, la actividad y nivel de empleo de las empresas y la protección de los sectores más frágiles de la población. Más adelante necesitaremos medidas para relanzar la economía, para llevar a cabo la reconstrucción mediante un cambio de modelo que no nos aboque a una catástrofe social.

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