Economía Crítica y Crítica de la Economía

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El IMV y los vehículos para el cambio: Renta Básica Universal, Empleo Garantizado y Desmercantilización y Democratización Laboral

Autor: Daniel Albarracin

Categoría: Renta Básica

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Artículo publicado en Viento Sur, el 15 de mayo de 2020

Recolección De Sal, Vietnam, El Agua

En Junio se implementará un ingreso mínimo vital cuyo perfil definitivo aún está haciéndose, tanto en su aplicación concreta como en su alcance social, e incluso territorial, pues se ha trasladado como propuesta a las instituciones europeas.

Esta iniciativa brinda una oportunidad para contrastar diferentes vehículos de cambio. Valorar un esquema de medidas exige, al menos una doble comparación. Lo que ofrece y mueve respecto a un determinado punto de partida. Y, especialmente, hacia dónde nos lleva. Para poder evaluar apropiadamente. Debemos contrastar los diferentes vehículos disponibles, para ver cómo avanzan en cada terreno, y establecer los horizontes deseables. Sin caracterizar esos horizontes, resulta muy difícil orientarnos. No se trata de llegar a ellos en un estadio más o menos inmediato, sino, cuanto menos, concluir con un juicio cabal de si al menos nos movemos en la dirección que buscamos.

A este respecto, este documento, primero, contrastará lo que es el ingreso mínimo vital y su distancia con la Renta Básica Universal. Segundo, compararemos la RBU con los conocidos Planes de Empleo Garantizado. Tercero, compararemos ambos esquemas –en tanto que vienen asociados a medidas que comprometen a otras esferas de la política económica, social y laboral- con una solución alternativa. Aquella, en síntesis, consiste en el desarrollo de políticas de desmercantilización, la extensión de servicios públicos universales gratuitos, y la democratización de las relaciones laborales.

¿Es el Ingreso mínimo vital una renta básica universal?. ¿Se podrá financiar la RBU?

El ingreso mínimo vital es una renta reducida y condicionada para determinados colectivos en situación de pobreza severa, por no tener apenas ingresos. La cuantía prevista del ingreso mínimo vital, a falta de mayor precisión regulatoria irá desde los 462 euros para alrededor de un millón de familias, o unidades de convivencia, con muy bajos ingresos ni propiedad de vivienda por encima de 100.000 euros de valor, aunque pueda luego elevarse en función del número de miembros que tenga cada unidad de convivencia, o si se es familia monoparental. Una renta condicionada y de mínimos que en nada se parece a una Renta Básica Universal, que sería una renta general para toda la ciudadanía, que permitiría vivir sin la obligación de trabajar para poder tener una vida digna.

Algunos autores, como el equipo de Arcarons, Torrens y Raventós, han ideado fórmulas bien pergeñadas que pueden hacer la RBU asumible financieramente y fácil de aplicar. Se financiaría a través de un incremento de los tipos del IRPF, especialmente de las rentas más altas, pero bastaría con aplicar un tipo único del 49%, con una ampliación del mínimo exento. Esta fórmula permite compaginar su financiación con la redistribución. Aunque lo perciba toda la ciudadanía, el efecto neto es que el 20% de las rentas superiores financia al 80% restante, garantizando que todo el mundo tenga una renta básica mensual. Su coste administrativo es el que ya se da con el trámite tributario actual, aunque ,naturalmente, el diseño del IRPF se vería drásticamente modificado. Sería una medida financieramente viable, redistributiva y además sustentada por una reforma fiscal justa. En base a cálculos propios siguiendo los datos del equipo de Arcarons, para 2012, estimamos que el efecto neto de aplicar la RBU sería del 3,5% del PIB, al ahorrarse el pago de prestaciones sociales inferiores. El del TG sería del 4,37% al ahorrarse el pago de prestaciones de desempleo. Ambas medidas son perfectamente financiables equiparando la presión fiscal española a la media europea.

Diferencias y compatibilidades entre la RBU y los Planes de Trabajo Garantizado.

Hace unos años Eduardo Garzón y Daniel Raventós protagonizaron un debate que parecía plantear una oposición entre estas dos líneas de medidas. Fue útil aquel contraste, si bien resulta importante señalar que ambas son viables, y ambas pueden llegar a ser complementarias. Sin embargo, con eso no quiere decirse que, siendo interesantes y aun pudiendo mejorar algo las cosas, sean las mejores soluciones para los problemas que vivimos. Sobre todo, en cuanto a la consecución de una superación del modelo social de producción vigente y de la mayor parte de los problemas que este modelo causa.

Como apuntamos, la Renta Básica Universal conjuga medidas de reforma fiscal redistributivas con la provisión de una renta de ciudadanía para toda persona reconocida así. Mientras, los planes de trabajo garantizado operan como un mecanismo de amortiguación del ciclo económico creando empleo desde el sector público para reducir la tasa de paro, garantizando a todas las personas desempleadas algún tipo de puesto de trabajo.

Ambas operan en el lado de la demanda, principalmente. La RBU proporciona una renta favorable al consumo, que sobre todo llegará a las personas con bajos ingresos o sin propiedades, y promoverá la demanda efectiva porque la propensión al consumo de los que tienen bajas rentas es relativamente mayor. Los planes de trabajo garantizado se activan cuando el ciclo industrial entra en recesión causando desempleo, generando empleo público con un esquema de salario básico.

Naturalmente, son medidas completamente compatibles, si se desea implementarse de manera coordinada. Es posible realizar cambios fiscales, redistributivos y de promoción de esquemas de empleo garantizado reforzándose mutuamente.

Fijémonos que una parte de los autores postkeynesianos, sea de una subcorriente u otra, que puedan llegar a defender la RBU y el TG pueden coincidir en muchos aspectos en términos de política económica. Consideran importante reactivar la demanda efectiva a través del consumo, consideran positivas estas medidas por su capacidad de reactivar los mercados y por ser redistributivas. Esto es, consideran el gasto público como un factor de creador de demanda. Algunos otros, como la Teoría Monetaria Moderna (TMM), también consideran que no es necesaria una reforma fiscal, basta con una política monetaria apropiada de creación de dinero a través del banco central, a cargo de los impuestos futuros del Estado. Con ello se puede financiar empleos, aunque también rentas –mediante el reparto de dinero helicóptero. La política fiscal, sólo en un grupo de estas corrientes, es de importancia, pues no todos la consideran necesaria. Y en esto, lamentándolo mucho, tenemos que discrepar. Aunque el gasto público o los empleos creados podrán aliviar el ciclo negativo de la economía, generando nueva recaudación a posteriori, difícilmente retornará ese gasto si no hay medidas de inversión que los acompañen. Y sin ingresos públicos adicionales un déficit permanente causará deuda pública y consiguientes ajustes sociales a continuación. No se trata de demonizar déficit públicos o la deuda pública, pues son aconsejables en tiempos de crisis o en caso de aconsejarse una política expansiva para inversiones socialmente necesarias. Pero su permanencia y excesiva dimensión son también un mal signo que no puede traer buenas consecuencias.

La previsión de que reactivará el crecimiento y la capacidad de devolución de la deuda sobreestima la capacidad de esta política de estimular la economía y de aumentar la recaudación, e ignora las tendencias de onda larga de la acumulación capitalista. Nosotros dudamos que el sector público tenga la capacidad de alterar suficientemente el ciclo económico capitalista, sin alterar drásticamente los principios de concentración de la propiedad privada de los medios de producción, la lógica del mercado lucrativo, y la institución del trabajo asalariado, originadora de la explotación en la producción. Menos aún podrá alterar a una escala y forma digna de tal nombre, el metabolismo entre sociedad y naturaleza, porque seguiría siendo guiado el modelo de producción por la rentabilidad y la lógica de acumulación.

A su vez, nos preocupa que el tipo de empleos de los programas de trabajo garantizado sean de última instancia, que sean pagados a un nivel muy básico, o que sean creados únicamente cuando el ciclo es recesivo. No se trata de que este empleo sea rentable en sí, pero sí debe ser útil socialmente, y han de cubrirse los costes de su financiación. En este sentido, cabe preguntarse si son tan útiles y necesarios, como son los empleos de cuidados, de protección medioambiental o de limpieza del entorno, por qué van a ser únicamente desarrollados en épocas de crisis y no de una manera permanente.

Desde este punto de vista, el tipo de empleo de estos planes de trabajo garantizado está concebido de manera subordinada. Esto es, están subordinados al ciclo económico capitalista. Están peor remunerados que en el mercado privado –así que cualquier persona empleada optará por un empleo en el sector privado, descapitalizando las iniciativas públicas de los mejores profesionales-. No se desarrollan por su valor, tampoco por su utilidad social sino por la capacidad de reactivar la demanda y el crecimiento, y anteponen el consumo a cualquier priorización en el cambio del modelo productivo, en términos sostenibles. Este tipo de trabajo, que incluye trabajos de cuidados, de protección medioambiental o civil, no puede ser concebido en un rincón del sistema o de manera complementaria a un tipo de producción que sería el mayoritario, que, por otra, seguiría siendo productivista, insostenible, y dominado por la lógica del lucro, al no enmendarse su carácter capitalista.

Claro está que una baja tasa de desempleo mejora el punto de partida. Impide, a quien pueda trabajar, caer en la pobreza, pero únicamente ofrece un estímulo para un funcionamiento menos torpe del sistema capitalista, en tanto que el mercado, el lucro, el productivismo de la acumulación seguirían siendo el vector principal del desarrollo.

La RBU y los Planes de Empleo Garantizado ante el modelo general de relaciones laborales y de economía de mercado.

La RBU no opera directamente en el mercado de trabajo. Los planes de empleo garantizado lo hacen en la periferia, en el marco del sector público, en tanto que subproducto cíclico animado por las crisis de la economía de mercado. Ambas, sin embargo, influyen en las relaciones laborales generales.

La RBU es compatible con el empleo, y provee una seguridad material que mejora las condiciones de negociación de los y las trabajadoras. Sin embargo, no se propone modificar dimensiones cruciales que hacen ser nuestra sociedad como es. Ni dice nada del tipo de trabajo que tiene que haber, ni el tipo de producción que debe realizarse. La mayor parte de cómo se empleará el trabajo queda en manos de los agentes capitalistas. La RBU tampoco ofrece las condiciones para superar el trabajo asalariado, aunque facilite un espacio de actividades libres que pueden sostenerse gracias a la función redistribuidora del Estado –sin preguntarse cuál es la naturaleza del Estado y de quién lo gobierna.

El Estado no es un agente neutral. Muchos de los defensores de la RBU presuponen una situación política favorable y progresista en su gestión. Probablemente, si algún día alguna fórmula de renta de este tipo se aplica será para sustituir la panoplia de prestaciones públicas y derechos sociales existentes. Es también previsible que con esta fórmula se acompañen fórmulas de condicionamiento que, en la práctica sujeten el acceso a estas rentas al cumplimiento de exigencias del Estado que, por qué no, igual contribuyen a un sistema de servidumbre compatible con la explotación en el trabajo. Por último, la RBU no se preocupa del funcionamiento autoritario de las empresas capitalistas. En parte, no pretenden cambiar su orientación, sino generar un espacio adyacente que dé más oxígeno. Mientras persista el poder del capital, la propiedad privada de los medios estratégicos, la mercantilización de la sociedad y la naturaleza, y la relación salarial, habrá una fuente de privilegios de clase que se ejercerán también para influir en el Estado.

En relación a los planes de empleo garantizado, pueden contribuir a mitigar el desempleo y contribuir, también, a dar unas condiciones de vida menos desesperadas de cara a la negociación del tipo de empleo en el mercado privado. Ahora, igualmente, no pueden aspirar a modificar de raíz la relación de fueras del privilegio del capital, sino a una fórmula complementaria y funcional para el mercado, en la que, en definitiva, la democracia laboral no tiene por qué formar parte de la agenda de transformación del modelo social y productivo.

Tanto la RBU como la TG también tendrían una incidencia en las prácticas de reproducción social. La RBU, en las condiciones más idóneas ideadas por, por ejemplo, Raventós, permitiría que las familias puedan contar con una renta para los periodos de crianza y educación, y para tratar de otra manera las necesidades de cobertura del trabajo doméstico. Gracias a la RBU, puede jugarse bajando el tiempo de trabajo asalariado y poder dar respuesta a estas necesidades en el marco familiar.

Sin embargo, todas estas soluciones dejan pendientes algunos interrogantes sin contestar. Por ejemplo: ¿cuáles son las condiciones que garantizarían el reparto del trabajo entre hombres y mujeres? ¿Seguirían siendo las mujeres las que seguirían ejerciendo el trabajo de cuidados?; ¿Cómo se prevé que se ponga en pie en el ámbito comunitario o público servicios de cuidados compartidos o universales?.

Los planes de empleo garantizado no alteran los tipos de servicios y empleos preexistentes, aunque generan un nuevo espacio de empleo complementario. Para las personas desempleadas sólo ofrecen un trabajo remunerado, pero no una liberación de la obligación de trabajar. Ahora bien, si en los planes se prevé el desarrollo de servicios de cuidado, educación, ayuda a domicilio, podrían mejorar la cobertura de estas necesidades en la sociedad. Sin embargo, como decimos, son actividades que se despliegan en épocas de crisis, no de manera permanente. Por tanto, entrañan una solución de alivio temporal, en el mejor de los casos.

La RBU, en su mejor formato, admite liberar al menos una parte del tiempo laboral remunerado. Lo admite para poder cubrir mejor las propias necesidades, o desarrollar proyectos propios, creativos, sociales o personales. Permite unas condiciones favorables a escala individual, pero no conduce necesariamente a ningún tipo de solución colectiva o pública. A este respecto, no dice nada sobre la extensión y tipo de los servicios públicos, la regulación de los bienes comunes, o cómo desarrollar trabajos de carácter cooperativo. Tampoco dice nada de qué hacer con los trabajos desagradables, penosos y arriesgados, así como respecto a los trabajos de cuidados, en relación a quién los hará, si se repartirán o qué. Sin dar respuesta a estas cuestiones, nada modificará las tendencias históricas a la división sexual del trabajo, a las obligaciones diferenciadas que tienen las personas según su extracción social y desigual lugar en la sociedad. Tampoco habrá nada que indique, pues todo parece confiársele a la voluntad individual, sin discutirse si su agregación ofrecerá una buena solución colectiva, qué hacer con nuestra relación con el medioambiente.

Con los planes de empleo garantizado, quizá se pueda introducir actividades que respondan a necesidades sociales y medioambientales. Pero cabe recordar que las personas en riesgo de desempleo son precisamente aquellas con una extracción y trayectoria de clase más desfavorable de origen, de tal modo que, parece, los empleos reservados a estos planes, posiblemente no siempre los más valorados socialmente, acabarían desarrollándolos grupos sociales vulnerables y que cuentan con peor capital económico, social, simbólico, cultural o relacional. En la práctica, estos grupos, en épocas de paro, estarían obligados a hacer estos trabajos para conservar un salario, aunque este sea público.

Por este motivo, parece necesario abrir una nueva perspectiva que incluya un esquema más ambicioso, complejo que se alinee con otras medidas solución y que aborden retos referidos a la planificación de la economía, la democracia productiva y laboral, el reparto de todos los trabajos y la reducción del tiempo de trabajo.

Parece claro que la RBU podría modificar la dinámica económica desde el lado de la demanda promoviendo la capacidad adquisitiva, favoreciendo la dinámica de mercado. Ahora bien, nada se dice con esta medida qué se hará con los servicios públicos. Estamos convencidos de que muchos de sus defensores son amigos del Estado del Bienestar, pero el esquema de la RBU no refiere a esta dimensión.

No opera en el lado de la oferta y promueve la actividad privada, potenciando la capacidad adquisitiva ante el mercado. Así, serán las preferencias individuales expresadas monetariamente en el mercado quienes indiquen qué será comprado y qué no. Todo ello un contexto de oligopolios privado, capaces de gobernar la demanda y determinar la oferta. En este sentido, si los oligopolios o los consumidores optan por producir y comprar alimentos, ordenadores o televisiones, y no bienes y servicios sociosanitarios, o productos reabsorbibles por la biosfera, los problemas persistirán.

En suma, tenderá a promover mercancías creadas en el ámbito privado. Tampoco impulsará nada sobre los bienes comunes, porque es ciego a ese ámbito.

¿En qué consistiría una política de desmercantilización, extensión de la gratuidad y de los servicios públicos?

Hay otra línea de reflexión (Albarracín, D.: 2014), representada, por ejemplo, por intelectuales como Jorge Riechmann o Michel Husson, que pone encima de la mesa una solución que no es equivalente ni a la RBU ni al TG. Se trata del impulso al desarrollo de una política de cambio general que apueste por la extensión, la universalización y gratuidad de los servicios públicos, no sólo a los ya estandarizados como la sanidad y la educación, sino a otros campos nuevos (transporte, comedores colectivos, escuelas infantiles, atención a las personas dependientes, cultural, etcétera).

A nuestro juicio, un mejor camino consistiría en establecer una serie de cambios en el modelo socioeconómico y laboral que pasarían por el desarrollo de una política de desmercantilización que pusiese la gratuidad, la extensión y la universalidad de servicios públicos, o su accesibilidad asequible, en un contexto democrático. Naturalmente, exigiría construir una nueva institucionalidad y nuevas reglas sociales, así como dejar atrás los privilegios de una minoría y los criterios por los que se guía actualmente la economía.

Comenzaría por una socialización de medios económicos estratégicos y por una profunda reforma fiscal progresiva, capaz de financiar, en primer lugar, un plan de inversión sociosanitario y ecológico.

Claro, esto supone incluir los siguientes cambios en la ecuación, para ahondar en este camino:

  • Introducir la planificación económica de la producción estratégica, de carácter democrática y ecosocialista.
  • Tomar las decisiones sobre qué producir con criterios de viabilidad económica, utilidad social y mínimo coste medioambiental, acabando con la lógica productivista y rentabilista.
  • Proteger y regular el desarrollo de bienes comunes, bajo un espacio de trabajo comunitario y libre que fomente la cooperación social y la autogestión.

¿Es posible un modelo de trabajo libre, cooperativo y emancipado libre del yugo salarial?

Como hemos visto, la RBU o el TG, en sus mejores formatos, sólo aliviarían la presión que ejerce la relación salarial sobre la mayoría de la población que depende de ofrecer su fuerza de trabajo, tiempo y energía, para obtener un ingreso. Un modelo de sociedad libre del yugo salarial exige cambios más profundos. En particular:

  • Conquistar la democracia laboral en los espacios productivos, ahora reservada a los capitalistas y sus gestores.
  • Establecer regulaciones que reduzcan el tiempo de trabajo y repartan todos los trabajos.

Ahora, en una sociedad ecosocialista también habría que trabajar, en tanto que persistan necesidades que atender y problemas que arreglar, pero no bajo la forma salarial que opone desigualmente a una minoría que dispone de medios de producción a otra que sólo cuenta con su fuerza de trabajo, y cuyo destino es ser explotada.

El trabajo en esa nueva sociedad debiera ser mayormente libre, personal, cooperativo y comunitario. Ahora bien, habrá trabajos más agradables o menos agradables. Se trata de que los penosos, desagradables o arriesgados se minimicen, pero habrá que hacerlos. Es más, en un contexto de descenso de disponibilidad energética, puede que el trabajo manual ocupe más tiempo que anteriormente. Quizá contemos con el apoyo de tecnologías ligeras, que diferirán del modelo industrial robotizado de gran escala. También los trabajos de cuidados, de las personas y el entorno urbano o ambiental, habrá que realizarlos. De alguna manera tenemos que concebir una sociedad con miembros solidarios que asuman que una parte de su tiempo será para acometer estas tareas. Esto implicará un reparto de estos trabajos, incluyendo variables electivas en lo posible, así como de selección en función de la edad, la capacidad, la cualificación, la cercanía, etcétera. Y sólo una vez cumplidos, la actividad libre será posible y admisible, esperamos que en forma creciente.

El reparto del trabajo puede darse en un tramo de la biografía, por unas horas a la semana o unos días o meses al año. Eso dependerá de la naturaleza de la actividad o necesidad, la disponibilidad de personas y sus características, y, especialmente, la decisión democrática y colectiva que se adopte.

Esto es, se trata de que los espacios de actividad libre se incrementen, teniendo en cuenta varias cosas: hay que atender socialmente a tareas necesarias que pueden ser desagradables, difíciles o pesadas. También conviene facilitar espacios comunitarios y cooperativos para muchas actividades sociales, porque en esas condiciones se harán mejor. La libertad sólo será posible mediante la cooperación y la democracia colectiva, abierta a la emancipación de todas las personas.

Daniel Albarracín es economista, sociólogo y miembro del Consejo Asesor de viento sur

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Los “vehículos”, entendiendo por tales una serie de medidas a las que viene asociado un esquema de políticas, que vamos a evaluar serían los tres siguientes: 1, La Renta Básica Universal. Advierto: el ingreso mínimo vital no es la RBU. 2, Los Planes de Empleo Garantizado. 3, El Desarrollo de Servicios Públicos Universales Gratuitos y la Democracia Laboral.

Los horizontes emancipatorios a los que nos gustaría movernos son los siguientes:

  1. Emancipar al trabajo del yugo de la relación salarial,
  2. liberar de la mercantilización las relaciones con la naturaleza y entre las personas,
  3. promover la libertad y proveer de una base material a todas las personas para poder ejercerla y realizarse en un contexto de respeto y sin privilegios,
  4. proteger los bienes comunes,
  5. desarrollar servicios públicos en las actividades de interés general y de carácter estratégico,
  6. superar la sociedad capitalista.

La política llamada de dinero helicóptero es la que se basa en la creación de dinero desde el banco central, que agrega una cuantía a todos los ciudadanos, gracias a una operación de política monetaria. Es una medida lineal, que es progresiva, pero tiene varios problemas: no actúa en el lado de la oferta, de tal modo que no garantiza que se promuevan determinados productos y servicios necesarios a un precio razonable, como pueden ser las mascarillas, respiradores, vacunas, la alimentación, atención médica, cuidados, enseñanza a distancia, o servicios de transporte a domicilio, y sólo promoverá, bajo una lógica de mercado, aquellos producciones demandadas y proporcionadas por oligopolios privados. A su vez, esa solución, puede que con una economía amplia fuerte, moneda propia y banco central propio, pueda tener cierto recorrido a corto plazo. Además, es impracticable en economías periféricas, sin banco central o sin moneda propia, y, además, a largo plazo o sus efectos se diluyen, o pueden causar inflación o devaluación de la moneda.

El empleo garantizado también creará valor, aunque esto no es la razón por lo que la promueven estos autores. Los teóricos de estas escuelas no enfatizan nada sobre este punto, como tampoco lo hacen en el capítulo fiscal. Es una controversia particular la de si ese valor creado será mayor que en el sector privado, e inclusive si ese valor sería superior al coste de su creación. Para nosotros este tema no es menor. Ese trabajo ha de autofinanciarse con el valor nuevo creado, o bien estar cubierto con algú

En Junio se implementará un ingreso mínimo vital cuyo perfil definitivo aún está haciéndose, tanto en su aplicación concreta como en su alcance social, e incluso territorial, pues se ha trasladado como propuesta a las instituciones europeas.

Esta iniciativa brinda una oportunidad para contrastar diferentes vehículos de cambio. Valorar un esquema de medidas exige, al menos una doble comparación. Lo que ofrece y mueve respecto a un determinado punto de partida. Y, especialmente, hacia dónde nos lleva. Para poder evaluar apropiadamente. Debemos contrastar los diferentes vehículos disponibles, para ver cómo avanzan en cada terreno, y establecer los horizontes deseables. Sin caracterizar esos horizontes, resulta muy difícil orientarnos. No se trata de llegar a ellos en un estadio más o menos inmediato, sino, cuanto menos, concluir con un juicio cabal de si al menos nos movemos en la dirección que buscamos.

A este respecto, este documento, primero, contrastará lo que es el ingreso mínimo vital y su distancia con la Renta Básica Universal. Segundo, compararemos la RBU con los conocidos Planes de Empleo Garantizado. Tercero, compararemos ambos esquemas –en tanto que vienen asociados a medidas que comprometen a otras esferas de la política económica, social y laboral- con una solución alternativa. Aquella, en síntesis, consiste en el desarrollo de políticas de desmercantilización, la extensión de servicios públicos universales gratuitos, y la democratización de las relaciones laborales.

¿Es el Ingreso mínimo vital una renta básica universal?. ¿Se podrá financiar la RBU?

El ingreso mínimo vital es una renta reducida y condicionada para determinados colectivos en situación de pobreza severa, por no tener apenas ingresos. La cuantía prevista del ingreso mínimo vital, a falta de mayor precisión regulatoria irá desde los 462 euros para alrededor de un millón de familias, o unidades de convivencia, con muy bajos ingresos ni propiedad de vivienda por encima de 100.000 euros de valor, aunque pueda luego elevarse en función del número de miembros que tenga cada unidad de convivencia, o si se es familia monoparental. Una renta condicionada y de mínimos que en nada se parece a una Renta Básica Universal, que sería una renta general para toda la ciudadanía, que permitiría vivir sin la obligación de trabajar para poder tener una vida digna.

Algunos autores, como el equipo de Arcarons, Torrens y Raventós, han ideado fórmulas bien pergeñadas que pueden hacer la RBU asumible financieramente y fácil de aplicar. Se financiaría a través de un incremento de los tipos del IRPF, especialmente de las rentas más altas, pero bastaría con aplicar un tipo único del 49%, con una ampliación del mínimo exento. Esta fórmula permite compaginar su financiación con la redistribución. Aunque lo perciba toda la ciudadanía, el efecto neto es que el 20% de las rentas superiores financia al 80% restante, garantizando que todo el mundo tenga una renta básica mensual. Su coste administrativo es el que ya se da con el trámite tributario actual, aunque ,naturalmente, el diseño del IRPF se vería drásticamente modificado. Sería una medida financieramente viable, redistributiva y además sustentada por una reforma fiscal justa. En base a cálculos propios siguiendo los datos del equipo de Arcarons, para 2012, estimamos que el efecto neto de aplicar la RBU sería del 3,5% del PIB, al ahorrarse el pago de prestaciones sociales inferiores. El del TG sería del 4,37% al ahorrarse el pago de prestaciones de desempleo. Ambas medidas son perfectamente financiables equiparando la presión fiscal española a la media europea.

Diferencias y compatibilidades entre la RBU y los Planes de Trabajo Garantizado.

Hace unos años Eduardo Garzón y Daniel Raventós protagonizaron un debate que parecía plantear una oposición entre estas dos líneas de medidas. Fue útil aquel contraste, si bien resulta importante señalar que ambas son viables, y ambas pueden llegar a ser complementarias. Sin embargo, con eso no quiere decirse que, siendo interesantes y aun pudiendo mejorar algo las cosas, sean las mejores soluciones para los problemas que vivimos. Sobre todo, en cuanto a la consecución de una superación del modelo social de producción vigente y de la mayor parte de los problemas que este modelo causa.

Como apuntamos, la Renta Básica Universal conjuga medidas de reforma fiscal redistributivas con la provisión de una renta de ciudadanía para toda persona reconocida así. Mientras, los planes de trabajo garantizado operan como un mecanismo de amortiguación del ciclo económico creando empleo desde el sector público para reducir la tasa de paro, garantizando a todas las personas desempleadas algún tipo de puesto de trabajo.

Ambas operan en el lado de la demanda, principalmente. La RBU proporciona una renta favorable al consumo, que sobre todo llegará a las personas con bajos ingresos o sin propiedades, y promoverá la demanda efectiva porque la propensión al consumo de los que tienen bajas rentas es relativamente mayor. Los planes de trabajo garantizado se activan cuando el ciclo industrial entra en recesión causando desempleo, generando empleo público con un esquema de salario básico.

Naturalmente, son medidas completamente compatibles, si se desea implementarse de manera coordinada. Es posible realizar cambios fiscales, redistributivos y de promoción de esquemas de empleo garantizado reforzándose mutuamente.

Fijémonos que una parte de los autores postkeynesianos, sea de una subcorriente u otra, que puedan llegar a defender la RBU y el TG pueden coincidir en muchos aspectos en términos de política económica. Consideran importante reactivar la demanda efectiva a través del consumo, consideran positivas estas medidas por su capacidad de reactivar los mercados y por ser redistributivas. Esto es, consideran el gasto público como un factor de creador de demanda. Algunos otros, como la Teoría Monetaria Moderna (TMM), también consideran que no es necesaria una reforma fiscal, basta con una política monetaria apropiada de creación de dinero a través del banco central, a cargo de los impuestos futuros del Estado. Con ello se puede financiar empleos, aunque también rentas –mediante el reparto de dinero helicóptero. La política fiscal, sólo en un grupo de estas corrientes, es de importancia, pues no todos la consideran necesaria. Y en esto, lamentándolo mucho, tenemos que discrepar. Aunque el gasto público o los empleos creados podrán aliviar el ciclo negativo de la economía, generando nueva recaudación a posteriori, difícilmente retornará ese gasto si no hay medidas de inversión que los acompañen. Y sin ingresos públicos adicionales un déficit permanente causará deuda pública y consiguientes ajustes sociales a continuación. No se trata de demonizar déficit públicos o la deuda pública, pues son aconsejables en tiempos de crisis o en caso de aconsejarse una política expansiva para inversiones socialmente necesarias. Pero su permanencia y excesiva dimensión son también un mal signo que no puede traer buenas consecuencias.

La previsión de que reactivará el crecimiento y la capacidad de devolución de la deuda sobreestima la capacidad de esta política de estimular la economía y de aumentar la recaudación, e ignora las tendencias de onda larga de la acumulación capitalista. Nosotros dudamos que el sector público tenga la capacidad de alterar suficientemente el ciclo económico capitalista, sin alterar drásticamente los principios de concentración de la propiedad privada de los medios de producción, la lógica del mercado lucrativo, y la institución del trabajo asalariado, originadora de la explotación en la producción. Menos aún podrá alterar a una escala y forma digna de tal nombre, el metabolismo entre sociedad y naturaleza, porque seguiría siendo guiado el modelo de producción por la rentabilidad y la lógica de acumulación.

A su vez, nos preocupa que el tipo de empleos de los programas de trabajo garantizado sean de última instancia, que sean pagados a un nivel muy básico, o que sean creados únicamente cuando el ciclo es recesivo. No se trata de que este empleo sea rentable en sí, pero sí debe ser útil socialmente, y han de cubrirse los costes de su financiación. En este sentido, cabe preguntarse si son tan útiles y necesarios, como son los empleos de cuidados, de protección medioambiental o de limpieza del entorno, por qué van a ser únicamente desarrollados en épocas de crisis y no de una manera permanente.

Desde este punto de vista, el tipo de empleo de estos planes de trabajo garantizado está concebido de manera subordinada. Esto es, están subordinados al ciclo económico capitalista. Están peor remunerados que en el mercado privado –así que cualquier persona empleada optará por un empleo en el sector privado, descapitalizando las iniciativas públicas de los mejores profesionales-. No se desarrollan por su valor, tampoco por su utilidad social sino por la capacidad de reactivar la demanda y el crecimiento, y anteponen el consumo a cualquier priorización en el cambio del modelo productivo, en términos sostenibles. Este tipo de trabajo, que incluye trabajos de cuidados, de protección medioambiental o civil, no puede ser concebido en un rincón del sistema o de manera complementaria a un tipo de producción que sería el mayoritario, que, por otra, seguiría siendo productivista, insostenible, y dominado por la lógica del lucro, al no enmendarse su carácter capitalista.

Claro está que una baja tasa de desempleo mejora el punto de partida. Impide, a quien pueda trabajar, caer en la pobreza, pero únicamente ofrece un estímulo para un funcionamiento menos torpe del sistema capitalista, en tanto que el mercado, el lucro, el productivismo de la acumulación seguirían siendo el vector principal del desarrollo.

La RBU y los Planes de Empleo Garantizado ante el modelo general de relaciones laborales y de economía de mercado.

La RBU no opera directamente en el mercado de trabajo. Los planes de empleo garantizado lo hacen en la periferia, en el marco del sector público, en tanto que subproducto cíclico animado por las crisis de la economía de mercado. Ambas, sin embargo, influyen en las relaciones laborales generales.

La RBU es compatible con el empleo, y provee una seguridad material que mejora las condiciones de negociación de los y las trabajadoras. Sin embargo, no se propone modificar dimensiones cruciales que hacen ser nuestra sociedad como es. Ni dice nada del tipo de trabajo que tiene que haber, ni el tipo de producción que debe realizarse. La mayor parte de cómo se empleará el trabajo queda en manos de los agentes capitalistas. La RBU tampoco ofrece las condiciones para superar el trabajo asalariado, aunque facilite un espacio de actividades libres que pueden sostenerse gracias a la función redistribuidora del Estado –sin preguntarse cuál es la naturaleza del Estado y de quién lo gobierna.

El Estado no es un agente neutral. Muchos de los defensores de la RBU presuponen una situación política favorable y progresista en su gestión. Probablemente, si algún día alguna fórmula de renta de este tipo se aplica será para sustituir la panoplia de prestaciones públicas y derechos sociales existentes. Es también previsible que con esta fórmula se acompañen fórmulas de condicionamiento que, en la práctica sujeten el acceso a estas rentas al cumplimiento de exigencias del Estado que, por qué no, igual contribuyen a un sistema de servidumbre compatible con la explotación en el trabajo. Por último, la RBU no se preocupa del funcionamiento autoritario de las empresas capitalistas. En parte, no pretenden cambiar su orientación, sino generar un espacio adyacente que dé más oxígeno. Mientras persista el poder del capital, la propiedad privada de los medios estratégicos, la mercantilización de la sociedad y la naturaleza, y la relación salarial, habrá una fuente de privilegios de clase que se ejercerán también para influir en el Estado.

En relación a los planes de empleo garantizado, pueden contribuir a mitigar el desempleo y contribuir, también, a dar unas condiciones de vida menos desesperadas de cara a la negociación del tipo de empleo en el mercado privado. Ahora, igualmente, no pueden aspirar a modificar de raíz la relación de fueras del privilegio del capital, sino a una fórmula complementaria y funcional para el mercado, en la que, en definitiva, la democracia laboral no tiene por qué formar parte de la agenda de transformación del modelo social y productivo.

Tanto la RBU como la TG también tendrían una incidencia en las prácticas de reproducción social. La RBU, en las condiciones más idóneas ideadas por, por ejemplo, Raventós, permitiría que las familias puedan contar con una renta para los periodos de crianza y educación, y para tratar de otra manera las necesidades de cobertura del trabajo doméstico. Gracias a la RBU, puede jugarse bajando el tiempo de trabajo asalariado y poder dar respuesta a estas necesidades en el marco familiar.

Sin embargo, todas estas soluciones dejan pendientes algunos interrogantes sin contestar. Por ejemplo: ¿cuáles son las condiciones que garantizarían el reparto del trabajo entre hombres y mujeres? ¿Seguirían siendo las mujeres las que seguirían ejerciendo el trabajo de cuidados?; ¿Cómo se prevé que se ponga en pie en el ámbito comunitario o público servicios de cuidados compartidos o universales?.

Los planes de empleo garantizado no alteran los tipos de servicios y empleos preexistentes, aunque generan un nuevo espacio de empleo complementario. Para las personas desempleadas sólo ofrecen un trabajo remunerado, pero no una liberación de la obligación de trabajar. Ahora bien, si en los planes se prevé el desarrollo de servicios de cuidado, educación, ayuda a domicilio, podrían mejorar la cobertura de estas necesidades en la sociedad. Sin embargo, como decimos, son actividades que se despliegan en épocas de crisis, no de manera permanente. Por tanto, entrañan una solución de alivio temporal, en el mejor de los casos.

La RBU, en su mejor formato, admite liberar al menos una parte del tiempo laboral remunerado. Lo admite para poder cubrir mejor las propias necesidades, o desarrollar proyectos propios, creativos, sociales o personales. Permite unas condiciones favorables a escala individual, pero no conduce necesariamente a ningún tipo de solución colectiva o pública. A este respecto, no dice nada sobre la extensión y tipo de los servicios públicos, la regulación de los bienes comunes, o cómo desarrollar trabajos de carácter cooperativo. Tampoco dice nada de qué hacer con los trabajos desagradables, penosos y arriesgados, así como respecto a los trabajos de cuidados, en relación a quién los hará, si se repartirán o qué. Sin dar respuesta a estas cuestiones, nada modificará las tendencias históricas a la división sexual del trabajo, a las obligaciones diferenciadas que tienen las personas según su extracción social y desigual lugar en la sociedad. Tampoco habrá nada que indique, pues todo parece confiársele a la voluntad individual, sin discutirse si su agregación ofrecerá una buena solución colectiva, qué hacer con nuestra relación con el medioambiente.

Con los planes de empleo garantizado, quizá se pueda introducir actividades que respondan a necesidades sociales y medioambientales. Pero cabe recordar que las personas en riesgo de desempleo son precisamente aquellas con una extracción y trayectoria de clase más desfavorable de origen, de tal modo que, parece, los empleos reservados a estos planes, posiblemente no siempre los más valorados socialmente, acabarían desarrollándolos grupos sociales vulnerables y que cuentan con peor capital económico, social, simbólico, cultural o relacional. En la práctica, estos grupos, en épocas de paro, estarían obligados a hacer estos trabajos para conservar un salario, aunque este sea público.

Por este motivo, parece necesario abrir una nueva perspectiva que incluya un esquema más ambicioso, complejo que se alinee con otras medidas solución y que aborden retos referidos a la planificación de la economía, la democracia productiva y laboral, el reparto de todos los trabajos y la reducción del tiempo de trabajo.

Parece claro que la RBU podría modificar la dinámica económica desde el lado de la demanda promoviendo la capacidad adquisitiva, favoreciendo la dinámica de mercado. Ahora bien, nada se dice con esta medida qué se hará con los servicios públicos. Estamos convencidos de que muchos de sus defensores son amigos del Estado del Bienestar, pero el esquema de la RBU no refiere a esta dimensión.

No opera en el lado de la oferta y promueve la actividad privada, potenciando la capacidad adquisitiva ante el mercado. Así, serán las preferencias individuales expresadas monetariamente en el mercado quienes indiquen qué será comprado y qué no. Todo ello un contexto de oligopolios privado, capaces de gobernar la demanda y determinar la oferta. En este sentido, si los oligopolios o los consumidores optan por producir y comprar alimentos, ordenadores o televisiones, y no bienes y servicios sociosanitarios, o productos reabsorbibles por la biosfera, los problemas persistirán.

En suma, tenderá a promover mercancías creadas en el ámbito privado. Tampoco impulsará nada sobre los bienes comunes, porque es ciego a ese ámbito.

¿En qué consistiría una política de desmercantilización, extensión de la gratuidad y de los servicios públicos?

Hay otra línea de reflexión (Albarracín, D.: 2014), representada, por ejemplo, por intelectuales como Jorge Riechmann o Michel Husson, que pone encima de la mesa una solución que no es equivalente ni a la RBU ni al TG. Se trata del impulso al desarrollo de una política de cambio general que apueste por la extensión, la universalización y gratuidad de los servicios públicos, no sólo a los ya estandarizados como la sanidad y la educación, sino a otros campos nuevos (transporte, comedores colectivos, escuelas infantiles, atención a las personas dependientes, cultural, etcétera).

A nuestro juicio, un mejor camino consistiría en establecer una serie de cambios en el modelo socioeconómico y laboral que pasarían por el desarrollo de una política de desmercantilización que pusiese la gratuidad, la extensión y la universalidad de servicios públicos, o su accesibilidad asequible, en un contexto democrático. Naturalmente, exigiría construir una nueva institucionalidad y nuevas reglas sociales, así como dejar atrás los privilegios de una minoría y los criterios por los que se guía actualmente la economía.

Comenzaría por una socialización de medios económicos estratégicos y por una profunda reforma fiscal progresiva, capaz de financiar, en primer lugar, un plan de inversión sociosanitario y ecológico.

Claro, esto supone incluir los siguientes cambios en la ecuación, para ahondar en este camino:

  • Introducir la planificación económica de la producción estratégica, de carácter democrática y ecosocialista.
  • Tomar las decisiones sobre qué producir con criterios de viabilidad económica, utilidad social y mínimo coste medioambiental, acabando con la lógica productivista y rentabilista.
  • Proteger y regular el desarrollo de bienes comunes, bajo un espacio de trabajo comunitario y libre que fomente la cooperación social y la autogestión.

¿Es posible un modelo de trabajo libre, cooperativo y emancipado libre del yugo salarial?

Como hemos visto, la RBU o el TG, en sus mejores formatos, sólo aliviarían la presión que ejerce la relación salarial sobre la mayoría de la población que depende de ofrecer su fuerza de trabajo, tiempo y energía, para obtener un ingreso. Un modelo de sociedad libre del yugo salarial exige cambios más profundos. En particular:

  • Conquistar la democracia laboral en los espacios productivos, ahora reservada a los capitalistas y sus gestores.
  • Establecer regulaciones que reduzcan el tiempo de trabajo y repartan todos los trabajos.

Ahora, en una sociedad ecosocialista también habría que trabajar, en tanto que persistan necesidades que atender y problemas que arreglar, pero no bajo la forma salarial que opone desigualmente a una minoría que dispone de medios de producción a otra que sólo cuenta con su fuerza de trabajo, y cuyo destino es ser explotada.

El trabajo en esa nueva sociedad debiera ser mayormente libre, personal, cooperativo y comunitario. Ahora bien, habrá trabajos más agradables o menos agradables. Se trata de que los penosos, desagradables o arriesgados se minimicen, pero habrá que hacerlos. Es más, en un contexto de descenso de disponibilidad energética, puede que el trabajo manual ocupe más tiempo que anteriormente. Quizá contemos con el apoyo de tecnologías ligeras, que diferirán del modelo industrial robotizado de gran escala. También los trabajos de cuidados, de las personas y el entorno urbano o ambiental, habrá que realizarlos. De alguna manera tenemos que concebir una sociedad con miembros solidarios que asuman que una parte de su tiempo será para acometer estas tareas. Esto implicará un reparto de estos trabajos, incluyendo variables electivas en lo posible, así como de selección en función de la edad, la capacidad, la cualificación, la cercanía, etcétera. Y sólo una vez cumplidos, la actividad libre será posible y admisible, esperamos que en forma creciente.

El reparto del trabajo puede darse en un tramo de la biografía, por unas horas a la semana o unos días o meses al año. Eso dependerá de la naturaleza de la actividad o necesidad, la disponibilidad de personas y sus características, y, especialmente, la decisión democrática y colectiva que se adopte.

Esto es, se trata de que los espacios de actividad libre se incrementen, teniendo en cuenta varias cosas: hay que atender socialmente a tareas necesarias que pueden ser desagradables, difíciles o pesadas. También conviene facilitar espacios comunitarios y cooperativos para muchas actividades sociales, porque en esas condiciones se harán mejor. La libertad sólo será posible mediante la cooperación y la democracia colectiva, abierta a la emancipación de todas las personas.

Daniel Albarracín es economista, sociólogo y miembro del Consejo Asesor de viento sur

_______________________________

Los “vehículos”, entendiendo por tales una serie de medidas a las que viene asociado un esquema de políticas, que vamos a evaluar serían los tres siguientes: 1, La Renta Básica Universal. Advierto: el ingreso mínimo vital no es la RBU. 2, Los Planes de Empleo Garantizado. 3, El Desarrollo de Servicios Públicos Universales Gratuitos y la Democracia Laboral.

Los horizontes emancipatorios a los que nos gustaría movernos son los siguientes:

  1. Emancipar al trabajo del yugo de la relación salarial,
  2. liberar de la mercantilización las relaciones con la naturaleza y entre las personas,
  3. promover la libertad y proveer de una base material a todas las personas para poder ejercerla y realizarse en un contexto de respeto y sin privilegios,
  4. proteger los bienes comunes,
  5. desarrollar servicios públicos en las actividades de interés general y de carácter estratégico,
  6. superar la sociedad capitalista.

La política llamada de dinero helicóptero es la que se basa en la creación de dinero desde el banco central, que agrega una cuantía a todos los ciudadanos, gracias a una operación de política monetaria. Es una medida lineal, que es progresiva, pero tiene varios problemas: no actúa en el lado de la oferta, de tal modo que no garantiza que se promuevan determinados productos y servicios necesarios a un precio razonable, como pueden ser las mascarillas, respiradores, vacunas, la alimentación, atención médica, cuidados, enseñanza a distancia, o servicios de transporte a domicilio, y sólo promoverá, bajo una lógica de mercado, aquellos producciones demandadas y proporcionadas por oligopolios privados. A su vez, esa solución, puede que con una economía amplia fuerte, moneda propia y banco central propio, pueda tener cierto recorrido a corto plazo. Además, es impracticable en economías periféricas, sin banco central o sin moneda propia, y, además, a largo plazo o sus efectos se diluyen, o pueden causar inflación o devaluación de la moneda.

El empleo garantizado también creará valor, aunque esto no es la razón por lo que la promueven estos autores. Los teóricos de estas escuelas no enfatizan nada sobre este punto, como tampoco lo hacen en el capítulo fiscal. Es una controversia particular la de si ese valor creado será mayor que en el sector privado, e inclusive si ese valor sería superior al coste de su creación. Para nosotros este tema no es menor. Ese trabajo ha de autofinanciarse con el valor nuevo creado, o bien estar cubierto con algún recurso que debiera venir de nuevos ingresos fiscales, porque si no, se hará a cargo de deuda.

Ni que decir tiene que la política de endeudamiento no ha tenido cortapisas entre los gobiernos conservadores para fines ilegítimos como son los rescates bancarios, las subvenciones al capital, o, en general, las políticas que conducen a la socialización de pérdidas o la conversión de deudas privadas en deudas públicas. Para este tipo de endeudamiento ilegítimo, como defiende Eric Toussaint, del CADTM, sólo cabe aplicar una política socialmente justa: el impago.

http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=532&Itemid

n recurso que debiera venir de nuevos ingresos fiscales, porque si no, se hará a cargo de deuda.

Ni que decir tiene que la política de endeudamiento no ha tenido cortapisas entre los gobiernos conservadores para fines ilegítimos como son los rescates bancarios, las subvenciones al capital, o, en general, las políticas que conducen a la socialización de pérdidas o la conversión de deudas privadas en deudas públicas. Para este tipo de endeudamiento ilegítimo, como defiende Eric Toussaint, del CADTM, sólo cabe aplicar una política socialmente justa: el impago.

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