Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Los fondos de inversión globales avanzan tras la pandemia

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Categoría: Finanzas

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Diario16

A inicios de este mes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia trascendental para miles de familias. Después de años de arduas luchas y de un intrincado recorrido judicial y político, el tribunal madrileño hizo extensivo a todas las partes el fallo de una sentencia, relativa a un inquilino concreto, que declaraba ilegal la venta de casi 3000 viviendas sociales del IVIMA a un fondo de inversión, en 2013.

Esto implica que los inquilinos originarios de las viviendas (los que vivían en ellas antes del traspaso ilegal de las mismas al fondo) pasarán, de nuevo, a ser inquilinos de pleno derecho de la Comunidad de Madrid. Con independencia de ello, la Administración madrileña informa de que está estudiando un posible recurso contra la sentencia.

Azora, el fondo de inversión controlado por el banco norteamericano Goldman Sachs que compró en su día las viviendas, afirma ahora que va a demandar a la Comunidad de Madrid por los 201 millones de euros que pagó por las mismas, así como por los daños y perjuicios que le ha producido la fallida operación.

Ha sido casi una década de pelea para cerca de tres mil familias, frente a una Administración que no tenido ningún rubor en destinar ingentes recursos públicos para defender lo indefendible, y frente a un fondo de inversión internacional que sólo responde ante sus accionistas y no duda en hacer lo que sea necesario para obtener aumentos de la rentabilidad a corto plazo que le permitan multiplicar sus ganancias.  La necesidad de vivienda de las clases populares, frente a la compulsión continua a la acumulación del capital de los mercados desregulados en que se mueve la economía de nuestro tiempo.

Ha sido una lucha ejemplar. Pero también el síntoma de una transformación esencial de los sistemas de financiación de nuestra economía que ha puesto la actividad económica de nuestro país y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos en conflicto con grandes conglomerados transnacionales dedicados a maximizar el valor de sus accionistas.

Los fondos internacionales son vehículos de inversión de grandes fortunas, conglomerados empresariales, o incluso gobiernos, que buscan oportunidades de negocio por todo el planeta y aprovechan la desregulación de los flujos de capitales a nivel internacional para comprar, vender y actuar en todo el globo. Su intervención ha sido muchas veces polémica y algunos de ellos se han ganado incluso el sobrenombre de “fondos buitre” por su especialización en la compra de activos “con problemas” (deuda pública de países del Sur global en plena crisis económica, empresas a punto de liquidación, promociones de vivienda pública con inquilinos en situación de vulnerabilidad, etc.). Una vez comprados, estos activos son “valorizados” mediante diversas operaciones técnicas, partiendo de la base de que el fondo no pretende hacer sostenible económicamente a largo plazo el activo en crisis, sino extraer el máximo de beneficios en el menor plazo posible, sean cuales sean las consecuencias para las personas y las comunidades involucradas.

Así, los buitres pueden comprar deuda latinoamericana o africana, en una situación de crisis económica brutal que pone en duda la capacidad de dichos gobiernos para pagarla. Bonos de deuda, por tanto, que se venden con un descuento sobre su valor nominal porque no se sabe si se van a poder cobrar. Lo que hace el fondo es negarse a participar en los procesos de reestructuración iniciados por los gobiernos con sus acreedores, que implican quitas o aplazamientos de la deuda para hacerla sostenible, y denunciar posteriormente el impago de sus bonos ante las distintas cortes judiciales o arbitrales, reclamando la totalidad de la deuda en su poder (es decir, con el precio original). La presión que esto implica sobre pequeñas economías en crisis lleva a los gobiernos involucrados a realizar todo tipo de recortes sociales para intentar llegar a un acuerdo de pago con los “buitres”, multiplicando la pobreza y la degradación de los servicios públicos.

Los buitres pueden también comprar empresas en crisis para poner en marcha un drástico proceso de reestructuración (despidos masivos, despiece y venta por partes de la unidad empresarial, etc.) que implique un aumento de valor de las acciones, pese a no garantizar la viabilidad económica futura del activo, y venderlas a corto plazo obteniendo ganancias inmediatas.

O pueden, por supuesto, comprar vivienda pública con inquilinos en situación de vulnerabilidad y provocar que estos la vayan abandonando (mediante subidas de los alquileres, degradación de los servicios y espacios comunes, desahucios, etc.) para sustituirlos por familias con mayor poder adquisitivo.

El avance de los fondos (buitres y no buitres) es imparable. Ni siquiera la pandemia de coronavirus les ha detenido. Un informe del servicio de inversiones de Bain&Company anticipa que en 2021 se batirán todos los récords históricos de inversión, traspasos y recaudación de los fondos globales. Por primera vez en la historia, los fondos moverán cerca de un billón de dólares (848.000 millones de euros). De enero a junio de 2021 la cantidad de operaciones del sector del capital riesgo se elevó un 16 % respecto al mismo período del año anterior, con un alza del 48 % en el volumen del dinero implicado. Los fondos especializados en infraestructuras, por ejemplo, se encuentran en un proceso de recaudación de capital que pretenden llevar a un total de más de 200.000 millones de euros. El fondo sueco EQT, la firma canadiense Brookfield o la norteamericana KKR, son algunos de los vehículos de inversión que pretenden impulsar los megaproyectos de construcción e infraestructuras globales, en la idea de que este sector puede ser un refugio frente la inflación que se espera que se desate con la recuperación de la economía.

España no se queda al margen de esta fiebre inversora de los fondos. Un artículo reciente de Eduardo Bayona en el diario Público informa de la ampliación de la presencia de los fondos en los sectores de la energía, la banca y la construcción de nuestro país.

Pero el apetito de los fondos no acaba ahí. El sector suma inversiones de más de 2.057 millones de euros en España en el primer semestre del año. Y la inversión se ha acelerado en julio y agosto. Por ejemplo, CVC ha entrado en la Liga de Fútbol, Más Móvil (controlada por Providence, KKR y Cinven) ha adquirido Euskaltel, Bain Capital ha comprado ITP Aero (con un socio español, ya que se trata de una empresa estratégica en el sector de la Defensa de nuestro país) y Cinven se ha hecho con Burger King España.

No sólo eso. El sector turístico, la “joya de la corona” de la economía española, también está viviendo una creciente actividad inversora por parte de los fondos globales. Brookfield ha adquirido la cadena hotelera Selenta al empresario Jordi Mestre, Schroeders el hotel Gran Central y el Apollo, La Salle Investment Management otro céntrico establecimiento, el Calderón, en la Rambla de Catalunya, y esto sólo en Barcelona, donde han cambiado de manos una de cada cinco habitaciones de gama alta en este año. Se espera una gran ofensiva de los fondos globales sobre las pequeñas cadenas hoteleras familiares que aún subsisten, en un proceso de consolidación y concentración del sector que avanza en dirección a un escenario de grandes cadenas controladas por los inversores globales y separación creciente de la propiedad de los inmuebles de la actividad de gestión de los hoteles.

Otro sector importante en la economía española por su capacidad exportadora, que se ha visto sacudido por la entrada de los fondos ha sido el del azulejo. El proceso de concentración del sector acelerado por la entrada de los fondos ha provocado que sólo ocho compañías controlen el 60 % de la facturación en nuestro país, que está localizada fundamentalmente en la Comunidad Valenciana. Según un informe de Deloitte, un 28,9 % del capital de las compañías del azulejo está en manos de inversores externos. Recientemente, Avenue Capital se ha hecho con Rocersa y Azulev, formando el décimo grupo más importante de España, con 77 millones anuales de ventas. Las insolvencias se han desplomado, ya que las empresas pequeñas familiares tienden a acabar en manos de los grandes grupos con la financiación de los fondos.

Y la educación tampoco se salva de la ofensiva de los fondos. CVC, Permira, KKR, Investindustrial y Magnum han gastado más de 2300 millones en compras de academias de formación, universidades privadas y plataformas educativas en los últimos años. Este mismo verano, KKR se hacía con el 100 % del capital de Medac, fundada en 2010 por un grupo de profesores, creando la mayor empresa nacional de formación profesional privada, valorada en 500 millones de euros, al fusionarla con MasterD e ITEP, que había comprado anteriormente.

No todos los fondos actúan constantemente como buitres. Su intervención ha podido facilitar procesos de consolidación minimizando las insolvencias traumáticas, al financiar las fusiones y adquisiciones de los actores más pequeños por los grandes grupos en algunos sectores, con todas las contradicciones y tensiones que eso implica. En otras ocasiones, como en la compraventa ilegal de las viviendas sociales madrileñas, los fondos han implementado operaciones que eran claramente antisociales, con grandes perjuicios para la ciudadanía y persiguiendo una elevada rentabilidad a corto plazo para sus accionistas.

Lo indudable es que los fondos de inversión globales se han convertido en un elemento importante a la hora de analizar lo que sucede en nuestra vida económica y social. Su posición estratégica en el ámbito financiero, imbricada con el proceso desregulador que acompañó a la etapa de globalización capitalista, les otorga un poder fuera de todo control democrático. Las implicaciones que esto tiene para el ejercicio efectivo de la soberanía nacional, al limitar enormemente las posibilidades de implementar una política económica independiente de las presiones del sector financiero global, son enormes, como bien saben en muchos países del Sur del mundo. También lo son sus implicaciones sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, subordinados en el actuar de los fondos a la obtención de valor para sus accionistas. La vivienda, la educación, la salud, la energía…¿Deben estar en manos de los fondos, o deben ser bienes comunes gestionados por los propios ciudadanos de forma ampliamente democrática? Esa es una de las preguntas fundamentales de nuestro tiempo.

El dinero está concentrado en pocas manos, y esas manos atesoran mucho poder. Las manos que trabajan, que durante la pandemia nos dieron de comer, nos transportaron o limpiaron las calles, sin embargo, deberían importarnos mucho más que el dinero. Para sostener la vida hay que ponerla por delante de las finanzas y de su ciega manera de ver el mundo. Lo saben los inquilinos del IVIMA que han mantenido casi una década de lucha sin desmayo. Deberíamos tener plena conciencia de ello, todas y todos.

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