Economía Crítica y Crítica de la Economía

Una nueva crisis del capitalismo. A estas alturas de la historia está claro que no es la primera, pero no se debe olvidar que tampoco va a ser la última. Y esto importante sobre todo al reflexionar sobre lo que de manera tramposa suelen denominarse las “salidas” a la crisis.

La que se le dio a la última que tuvo una magnitud similar a la actual, la de la década de 1970, fue la de la universalización de las políticas de ajuste estructural. Su objetivo principal era revertir la caída de la rentabilidad empresarial que se había venido produciendo, tanto en EE.UU., como en Europa, desde mediados de la década anterior. No en vano, lejos de ser un simple efecto de la subida de los precios del petróleo, la crisis tenía esa caída como causa más profunda. De hecho, a finales de esa década, economistas como Jeffrey Sachs (conocido actualmente por su supuesto trabajo en la lucha contra la pobreza) no se dedicaban a otra cosa que a reflexionar sobre cómo utilizar instrumentos como la política monetaria para resolver, recortando los salarios reales, el problema del denominado profit squeeze(1) .

Este tipo política monetaria, que, de hecho, fue el puesto en marcha por Ronald Reagan pocos años después, en realidad no era sino parte de un programa más amplio de ajuste salarial  (2) que incluían medidas como el ajuste fiscal (mediante el recorte del gasto público), la liberalización comercial (mediante la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias), la liberalización financiera (mediante la apertura de las economías a la libre entrada y salida de capitales extranjeros), la privatización de las empresas públicas y, finalmente, la desregulación del mercado laboral. Estas políticas fueron el contenido básico de los planes de ajuste estructural, que el FMI y el BM fueron imponiendo en América Latina y África como condicionalidad básica a cumplir a cambio de los préstamos concedidos para enfrentar la crisis de la deuda externa. Pasados los años dichas medidas se universalizaron a lo largo y ancho del mundo, teniendo como resultado final una caída generalizada de la participación de los salarios en la renta nacional y gracias a ello una recuperación de la rentabilidad del capital.

Estábamos en ésas cuando, como efecto más inmediato de la liberalización financiera, estalló en el centro mismo del capitalismo mundial una crisis de tan grandes proporciones como la que estamos viviendo. La secuencia, aunque con cierta controversia en su interpretación, es de sobra conocida, por lo que aquí nos abstendremos de volver a relatarla (3). Sin embargo, en lo que está ocurriendo actualmente comienzan a aparecer una serie de preocupantes similitudes con lo ocurrido desde los años setenta, que no parecen haber llamado todavía la atención pública. En efecto, todos los sesudos analistas que llenan las páginas de los periódicos de negocios habían descubierto paralelismos importantes con el estallido de la crisis de 1929. De hecho, en respuesta a ellos, es decir, para evitar las desastrosas consecuencias de las políticas puestas en marcha entonces, se dotaron obscenos paquetes de rescate a las instituciones bancarias y financieras estadounidenses y europeas.

Esta suerte de “keynesianismo para ricos” como se le ha querido denominar hizo pensar a algunos que lo que venía a continuación iba a ser algún tipo de “keynesianismo para pobres”. Supuestamente era ése el que se había instaurado desde finales de los años treinta y, en mayor medida, una vez acabada la II Guerra Mundial. En cambio, sin luchas políticas como las que en su momento permitieron alcanzar numerosas conquistas sociales, ahora, en esta segunda gran fase de medidas de respuesta a la crisis, los hechos están muy lejos de confirmar esas esperanzas. Por el contrario, lo que está empezando a ponerse en marcha es una renovación de las políticas regresivas que siguieron a la crisis de los setenta, aunque parece que esta vez con un nuevo (en realidad, no tan nuevo) actor en escena: la Unión Europea.

Las razones de su (re)aparición son también de sobra conocidas: las limitaciones impuestas a las distintas  economías nacionales que la forman por la pertenencia (o vinculación) de sus respectivas monedas a la moneda única, el Euro. Ante la consiguiente pérdida de soberanía monetaria de los países, éstos ya no pueden utilizar la política cambiaria (es decir, las devaluaciones) como medida para lograr una mejora nominal de su competitividad externa. En esa situación, los desequilibrios en las balanzas por cuenta corriente, que en la época de crecimiento habían sido financiados con entradas de capitales extranjeros, comienzan a ser difícilmente sostenibles. Los gobiernos tratan de mantener la actividad económica mediante grandes canalizaciones de gasto público, tratando a su vez de que las tasas de desempleo no acaben de desbocarse. Esto, sin embargo, dispara el déficit y los denominados “mercados financieros” comienzan a cuestionar la deuda del estado del que se trate, aplicando diferenciales cada vez mayores en los tipos de interés exigidos. Lo cual da la excusa perfecta al empresariado, nacional e internacional, para exigir una parada en las medidas “excepcionales” que se estaban tomando hasta este momento y volver a introducir el paquete del ajuste estructural (es decir, salarial) anterior a la crisis.

Siguiendo esta secuencia, ya hemos tenido el privilegio de asistir a la vuelta a las andadas del FMI, esta vez en Letonia. Frente a la imposibilidad de devaluación externa del país báltico por tener su moneda pegada al Euro, al Fondo no se le ha ocurrido otra cosa mejor que imponer un programa de “devaluación interna a través de la disminución de salarios y precios”. Este programa no tiene, en realidad, otro contenido que el hacer cargar el peso del intento de restitución, vía precios, de la competitividad de la economía letona sobre los asalariados. Los efectos de las políticas, monetarias y fiscales, contractivas no han sido otros que la caída de los precios y la reducción del déficit externo, a costa de una contracción del 21,8% del PIB, un incremento del paro desde el 5,4% al 22,3% y una disminución del 9,9% de los salarios nominales, todo en menos de dos años (4). Es decir, consecuencias similares a las sufridas sobre las economías latinoamericanas y africanas que se veían forzadas a buscar superávit comerciales para atender las obligaciones de una deuda engordada por la subida de los tipos de interés internacionales.

El otro caso que se encuentra de gran actualidad (aunque no es el único, no olvidemos lo ocurrido en Irlanda y pensemos en lo que está pasando las últimas semanas en España) es el de Grecia. En realidad, tampoco la UE está haciendo otra cosa que renovar su confianza en unas políticas que ya había desplegado, como mínimo desde el Tratado de Maastrich, en forma de “criterios de convergencia” para entrar en el Euro y posteriormente de los límites contenidos en el tanta veces incumplido “Pacto de Estabilidad y Crecimiento”. Sin embargo, hay un elemento que parece marcar una diferencia, si no sustancial, al menos, sí, muy simbólica: la legitimidad ampliada para exigir la imposición de políticas de ajuste sin esperar a la connivencia del Estado miembro que las va a sufrir.  Una capacidad que, al igual que lo era en el caso del FMI, es la contrapartida básica impuesta a cambio de la concesión de apoyo financiero a la economía que se encuentra en dificultades.

El problema, una vez más, es conocido: Grecia presenta un déficit público que llega al 12,7% en 2009 y los mercados financieros empiezan a exigir crecientes diferenciales de interés para financiar esa deuda. Ante el riesgo de que ese desequilibrio fiscal afecte a la estabilidad del Euro, la UE sale al supuesto rescate de Grecia tratando de respaldar las próximas emisiones de bonos del país helénico, que pueden llegar a los 5.000 millones de Euros. Los medios y los mercados se congratulan del cambio de papel de la UE, pero desde el primer momento queda claro que el precio a pagar va a ser muy alto (5). Éste incluye no sólo la reducción del gasto de la administración pública, sino también toda una serie de “reformas estructurales”, entre ellas, la de los sistemas de salud y de pensiones. El objetivo: reducir el nivel del déficit hasta el 2,8% en 2012. Para verificar su cumplimiento la Comisión Europea se arroga el derecho de examinar cada trimestre la gestión de las autoridades griegas, llamando a la aplicación de uno de los artículos incluidos en el ilegítimo Tratado de la Constitución Europea.

De este modo, ante el chantaje de los mercados financieros, la UE se convierte en su nueva policía, con el pretexto de las limitaciones impuestas por su moneda única. El carácter salarial de este nuevo ajuste para salir de la crisis queda patente en primer lugar en la afectación del salario indirecto (salud) y diferido (pensiones). Sin embargo, no sólo éstos se van a ver reducidos, también lo va a hacer el propio salario directo, tanto el de de los funcionarios públicos (los primeros en sufrir los recortes) como el del conjunto de los trabajadores griegos (cuya 14ª paga también se ha visto cuestionada). Para justificarse ante esta socialización de las pérdidas Papandreu, el primer ministro griego, se atreve a hablar de la necesidad de “reducir los privilegios acumulados” (El País, 26 de febrero de 2010). Sin embargo, se olvida de quiénes fueron los principales beneficiarios de la privatización de los beneficios del anterior crecimiento económico. Tomando únicamente el caso de Grecia, según las estadísticas de la base de datos AMECO de la Comisión Europea, la participación de los salarios en la renta había pasado de representar el 61,3% en 1990, al 53,8% a finales de 2009.

La evolución es similar en el resto de economías europeas (y del resto del mundo). A pesar de ello, con la excusa de la crisis, se encuentra en marcha una nueva ofensiva contra el salario, esta vez impulsada por la UE. Obviamente, a la hora de buscar mejoras de competitividad internas para salir de la crisis nadie, ni la UE, ni los prestigiosos analistas y, en muchos casos, ni los sindicatos mayoritarios se acuerdan de que existe otro gran componente que forma los precios, el margen empresarial, que es igualmente cuestionable. Hacerlo implicaría considerar el conflicto distributivo como algo esencial del funcionamiento del capitalismo, también y, sobre todo, a la hora de enfrentar una de sus crisis. Con el enemigo tan dentro como hemos visto que se encuentra, en la economía española no nos queda otra que tomárnoslo muy en serio porque, no en vano, estamos siendo los siguientes en sufrir los ataques de los mercados financieros internacionales. Su efecto: toda la miríada de análisis y propuestas pidiendo el abaratamiento del despido, la ampliación de la edad de jubilación y reducciones salariales. Sólo las luchas sociales y sindicales podrán evitar que la secuencia sea similar a la seguida por Grecia (y por tantos otros).

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(1)En un texto de 1979 Sachs afirmaba: “I do want to explore the role of conventional monetary policy in dealing with the supply-side problem posed by high real wages and a profit squeeze. (…). In the models of Gordon, Phelps, and Bruno and mine, the value of monetary policy depends on its ability to affect real wages by altering the price level”. (Sachs, Branson y Gordon, 1979: “Wages, Profits and Macroeconomic Adjustment. A comparative Study”, en Brookings Papers on Economic Activity, Vol.1979 (2), pp. 269 a 332).

(2) Sachs, acababa su artículo hacienda referencia a ese marco más amplio de políticas en los siguientes términos: “Finally, priority should be given to careful, institutional study of the various incomes policies applied throughout the developed economies since 1975. Important success has occurred in the last two or three years in reducing real wage settlements to levels consistent with the slower growth of productivity and the adverse terms-of-trade movements. Part of that success must be attributed to the painful ordeal of high unemployment and slow growth, but another part is from the successful application of <<social contracts>>, payroll tax cuts, wage and price controls, and other policy instruments. It is especially important today to understand how these policy choices have fared. With the substantial hike in oil prices in 1979, these policies will again be invoked as a part of macroeconomic management in the coming years”. No en vano, él mismo se encargaría de aplicarlas directamente a través de paquetes de medidas, como las contenidas en el Decreto Supremo 21.060 aprobado en 1985 en Bolivia, en cuya elaboración participó directamente.

(3) Sobre la interpretación que aquí defendemos puede consultarse el siguiente artículo publicado en esta misma revista: AA.VV. “Ajuste, salario y crisis en la economía mundial”. En él, además, se repasan los resultados de las políticas de ajuste estructural en términos de distribución de la renta entre salarios y beneficios durante las tres últimas décadas:

http://economiacritica.net/web/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=39

(4) Para conocer en profundidad lo ocurrido en Letonia recomendamos el informe elaborado por Mark Weisbrot y Rebecca Ray, del CEPR de Washington, “Latvia´s Recession: The Cost of Adjustment with an <<Internal Devaluation>>”, en cuyas estadísticas nos hemos basado y que se puede encontrar aquí:

http://www.cepr.net/documents/publications/latvia-recession-2010-02.pdf

(5) Es muy significativa, en este sentido, la declaración de intenciones de “una alta fuente comunitaria” afirmando que “las condiciones de la UE no serán menos duras que las que habría exigido el FMI” (El País: “Bruselas apoyará el plan de austeridad griego pero lo evaluará cada trimestre”, 2 de febrero de 2010).