Economía Crítica y Crítica de la Economía

Artículo publicado en el Número 1 de la Revista NÚMEROS ROJOS, que a principios de noviembre dió el salto de intenar impulsar en papel un  medio crítico de actualidad política y económica. Para la ocasión, dos miembros de Economía Crítica y Crítica de la Economía tuvimos el placer de hacer esta contribución cuya versión modificada se publicó a primeros de noviembre. Aqui os dejamos la versión completa y esperemos que esta primera aportación sea entremés de una colaboración más estrecha de los economistas críticos con este nuevo medio de comunicación.

A veces, se diría que es algo tan simple como la pescadilla que se muerde la cola: países endeudados a los que se les presta dinero para que pague; préstamos más caros de lo habitual ante el riesgo de que no lo devuelvan; y exigencias de recortes imposibles para demostrar que podrán devolverlo. Tan absurda parecen las políticas emprendidas por las autoridades europeas y financieras en países ‘rescatados’ como Irlanda, Portugal y Grecia. Este reportaje, obra de dos economistas, trata de demostrar que, efectivamente, a veces la economía es así de hipócrita.

Texto: Juan Barredo Zuriarrain / Jon Bernat Zubiri Rey

“Hablamos de personas, no dejemos que decida sólo el dinero”. El 5 de mayo de 2010, el diputado de Europe Ecologie-Los Verdes en el Parlamento europeo Daniel Cohn Bendit lanzaba un encendido discurso, de poco más de seis minutos, que ponía en evidencia, con una lógica tan básica como difícilmente refutable, la hipocresía con que las instituciones comunitarias y financieras se enfrentaban a la crisis griega. “Ahora queremos ganar dinero a costa de los griegos –acusaba-. A nosotros nos prestan al 1,5 o al 3% y nosotros le prestamos a Grecia al 3, al 5 o al 6%. Estamos haciendo negocio a costa de los griegos y eso es inadmisible”.

Su intervención, recogida en un vídeo que en Youtube supera los 1,3 millones de visitas, denunciaba también los escasos esfuerzos de la Unión Europea por acabar con la inestabilidad en la región, que ha fomentado una política de rearme que lleva a un país de 11 millones de habitantes como Grecia a tener un Ejército de 100.000 soldados. Tras desvelar el armamento vendido por países como Francia y Alemania al país heleno en los últimos meses, afirmaba: “Somos unos absolutos hipócritas. Les prestamos dinero para que nos compren armas”.

Y luego, traslucía su discurso, les pedimos sacrificios insoportables para hacer frente a esa deuda. “Les pedimos lo imposible”, decía, que acometan en tres meses reformas estructurales, del sistema de pensiones por ejemplo, que en otros países llevarían años. Sacrificios que se están llevando por delante cientos de miles de puestos de trabajo y servicios asistenciales básicos. Pero no sólo en Grecia, también en Irlanda, en Portugal, en España y en todos los países urgidos por las instituciones comunitarias y financieras a sanear sus cuentas en aras de una solvencia convertida en becerro de oro al que adorar. Las mismas instituciones, por cierto, que hace sólo unas semanas (el 5 de octubre pasado) advertían –no reconocían, nunca hay autocrítica en sus contradicciones- que tanto plan de austeridad puede desembocar en una nueva recesión en 2012.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es el origen de esta crisis de la deuda, a las que se enfrentan los gobiernos con medidas, al menos discutibles, que amenazan con arruinar el futuro de las próximas generaciones en los países de la periferia europea, incluida España?

Las alarmas se desencadenaban a mediados de 2010, años después del inicio de la depresión económica mundial, con el problema de las deudas públicas de algunos Gobiernos europeos. Cual fichas de dominó, los países periféricos de la zona Euro han ido cayendo en unas condiciones para la emisión de nueva deuda que ahora, algo más de un año después, se adivinan insostenibles. El interés exigido por los mercados financieros a los bonos a dos años de deuda pública griega llegó a alcanzar el 45% a finales del pasado de agosto. En julio, en Irlanda y Portugal, los spread de sus bonos a diez años llegaban a superar de largo los 1.000 puntos básicos, es decir, que se exigía un 10% más de interés por él que por el bono alemán. El cálido verano también se ha dejado notar en países aparentemente más sólidos, como España, con un endeudamiento público que no llega al 70% de su PIB, e Italia, superior al 120%. Ambos vieron el fantasma del rescate de cerca cuando sus diferenciales respecto al bono alemán superaban los 400 puntos.

Ante la necesidad de calmar esta sangría de las arcas públicas, los gobiernos se han mostrado dispuestos a tragar con lo que sea. De esta forma, los mismos grandes capitales financieros que originaron el estallido de la crisis, imponen ahora las políticas de ajuste “inevitables” para la vuelta al crecimiento y la normalidad económica. Aunque esta receta cuenta con el visto bueno de la clase política dominante, resulta incoherente con los objetivos para los que se supone diseñada y obedece, más bien, al interés de los grandes grupos corporativos y financieros por reforzar su posición en nuestras economías. Los fuertes recortes del gasto público social que se han impuesto a los Estados de Grecia, Irlanda y Portugal en los sendos rescates realizados para garantizar los pagos de sus deudas dan buena prueba de dónde se encuentran las prioridades de los gobernantes de la economía. La ineficacia de los mismos para calmar a los mercados es ninguneada y el opaco Pacto del Euro parece haberse asumido por los gobiernos y principales oposiciones europeas sin mayores discrepancias “democráticas”.

A cada cuál su propia medicina… de ajuste neoliberal

Para tener una referencia sobre los resultados posibles de los rescates que actualmente se están imponiendo en las periferias europeas, puede que sea útil echar la vista atrás, hacia otras experiencias de ajuste cortadas con el mismo patrón de doctrina neoliberal. La más conocida es, sin duda, la serie de condiciones que instituciones como el Fondo Monetario Europeo (FMI) y el Banco Mundial (BM) imponen a los países en desarrollo desde hace décadas, para garantizar su permeabilidad a los capitales extranjeros y su dependencia de los préstamos de estas entidades. Con los pueblos de América Latina como principales afectados, este sistema contribuyó a extender por todo el planeta una reducción al mínimo de la participación de lo público en la vida económica en favor de la hegemonía imperial estadounidense y de las grandes corporaciones multinacionales.

Como bien ilustra para distintos países el libro “Ajuste y salario: las consecuencias del neoliberalismo en América Latina y Estados Unidos”, coordinado por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Xabier Arrizabalo, estas políticas se tradujeron en privatizaciones en masa, desregulación laboral, eliminación del control a los capitales financieros, libre comercio y limitación del gasto e ingreso públicos, entre otras medidas. Además, esas Políticas de Ajuste Estructural agravaron la dependencia de las economías de estos países del capital extranjero y llevaron a su estancamiento en los años 80 y parte de los 90, en lo que los economistas suelen llaman la década pérdida.

En los países desarrollados, no se diseñaron políticas tan bruscas, pues al fin y al cabo estos controlaban gran parte del capital financiero y del poder en las instituciones públicas y corporaciones privadas internacionales. Sin embargo, ya desde los años 80, se ha venido constatando una serie de ataques contra el llamado Estado del Bienestar, controvertido pacto social en construcción desde la posguerra. Este proceso también se ha nutrido de un recorte gradual pero generalizado de derechos económicos, sociales y culturales, especialmente en los periodos de crisis. Con la constante premisa de resultar atractivos para los capitales globalizados, estos países adaptaban sus economías internas a unas exigencias similares a las hechas a los países en desarrollo: retroceso de la participación del Estado en la economía, mercantilización y privatización de sectores claves, ataques a a las políticas de bienestar…

De hecho, el proyecto de moneda única en Europa se diseño bajo la batuta neoliberal. Se quería impedir toda política monetaria no ligada al control de la inflación y recortar la posibilidad de establecer políticas presupuestarias expansivas de corte keynesiano. De esta forma, se forjó un proyecto de crecimiento europeo a varias velocidades, en el que los gobernantes de las periferias europeas veían drásticamente mermados sus márgenes de intervención en la economía. Como muestra el economista Albert Recio en su artículo “Capitalismo español, la inevitable crisis de un modelo insostenible”(1), esto hace que el sector público en las periferias europeas tengan un peso muy inferior al de países como Alemania y Francia. En el caso español, a ello se suma una caída de los costes laborales unitarios y una caída de la parte que ocupan los salarios en la distribución de las rentas de la producción, en favor del capital.

Mientras los países centrales de la Europa del capital llegaban al libre mercado y a la moneda única con una posición aventajada y con potentes sistemas públicos de bienestar, protección social y un rol importante del Estado en la regulación de la economía, países como España, Grecia, Portugal o Italia se insertaron en este espacio de forma apresurada, obligados a hacer fuertes reformas estructurales para su entrada en el mercado común y el euro. Así, al mismo tiempo que Francia, Alemania o, en mayor medida, los países nórdicos desarrollaron sectores de alto valor añadido y conservaron una participación pública estratégica en la economía, los países periféricos se concentraban en un modelo que ha generado alta precariedad, crecimiento económico especulativo e insostenible y endeudamiento respecto al capital extranjero. Porque estos países periféricos requerían una fuerte entrada de capitales para financiar el déficit privado estructural de sus economías. Este modelo de desarrollo fue aplaudido tanto por las instituciones financieras (¡las famosas agencias de rating catalogaban como de calidad máxima la deuda pública de estos países!) como por las autoridades europeas, que hoy les imponen en cada rescate nuevas medidas de ajuste.

Siguiendo este camino del crecimiento fácil y rápido, países como España o Portugal acumularon a finales de 2009 deudas (públicas y privadas, externas e internas) equivalentes a cerca de cinco veces sus PIB anuales. En cambio, la carga total y la relativa al PIB anual de la deuda total de Grecia, según los datos del informe de septiembre de 2010 del Research on Money and Finance, era considerablemente menor (el 296% de su PIB), pero más de un cuarto de la misma era deuda pública debida a agentes extranjeros, teniendo a Francia y Alemania como los acreedores de más de la mitad de la misma (2). Mientras el crédito se otorgaba con facilidad, el modelo de integración europea parecía funcionar. El corazón de Europa, con Alemania a la cabeza, exportaba por un lado a los países de la periferia continental, a la vez que por otro les prestaba el dinero para poder financiar su déficit, mayormente privado. Eso acentuaba las diferencias en el seno de Europa pero a la vez mostraba erróneamente a los países de la periferia como milagros económicos a los que admirar.

Pero en el 2008 la crisis volvió para quedarse

Sólo la explosión de la crisis bancaria puso de relieve tal asimetría. Los países de la periferia, fuertemente endeudados, se vieron sin estructura económica que amortiguara la crisis y sin sector público con el que hacerla frente. Su deuda aumentó vertiginosamente y el capital financiero temía un posible impago. La Unión Europea, en vez de plantear una coordinación para relanzar las maltrechas economías, se apresuró a garantizar el pago escrupuloso de los plazos de deuda pública de todos los países. Ignorando los objetivos de reimpulso de la economía, empleo, reducción de la desigualdad para estimular el consumo… prioritarios para los pueblos europeos, los Gobiernos se limitaron a asegurar que el menor dinero recaudado en cada país fuera destinado a contentar a “los mercados”, eufemismo con el que se denominan los poderes crediticios de los grandes grupos financieros.

En términos exclusivamente económicos, los paquetes de medidas impuestos han entorpecido, paradójicamente, el principal objetivo para el que se supone están diseñados: asegurar la solvencia de los Estados deudores. Generalmente, lo que ha permitido a los Estados manejar grandes volúmenes de deuda ha sido el aumento constante de las rentas generadas en el interior del país, lo cual reducía la importancia relativa del dinero a devolver. Los recortes aplicados en la zona Euro están suponiendo el efecto contrario, es decir, una estocada a la demanda interior y, por consiguiente, un empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas. Caso paradigmático es el de Portugal, país para el que el mismo FMI reconoció que las restricciones impuestas habían anulado toda perspectiva de reactivación económica. En general, más allá de que estos “sacrificios” permitan el cumplimiento de los plazos inmediatos de deuda pública (al otorgar liquidez a los Estados), se está condenando en el largo plazo a las administraciones públicas a una deuda insoportable en términos relativos, a problemas futuros de solvencia.(3)

Además de las incoherencias señaladas, el afán por lograr un equilibrio presupuestario está teniendo un alto coste social. La reducción de un déficit se puede tratar bien aumentando los ingresos, bien disminuyendo los gastos. Los ajustes impuestos se dedicaron casi completamente a lo segundo, afectando particularmente a prestaciones sociales, masa salarial pública, gastos de administración… Además, lo poco que se incidió en la parte de los ingresos no fue para aumentar la progresividad fiscal, sino para aumentar el IVA de algunos bienes y servicios, lo cual grava con más dureza a las rentas bajas. El Catedrático y director del Observatorio Social de España Vincenç Navarro lleva años denunciando que el peso del gasto público social en España es el más bajo de la UE-15, tanto en relación al PIB como en volumen relativo de personas empleadas. También denuncia que los ingresos del Estado representan aproximadamente un 34% del PIB, frente a un 44% en la Europa de los 15. Si sumamos los 88.000 euros anuales de fraude fiscal (mayormente generado por los capitales y rentas elevadas o muy elevadas) o los 44.000 que podrían incrementarse si se impusiera a los ricos en España las tasas fiscales medias en Europa, podemos entrever las propuestas del profesor Navarro para zafarse de la actual política de austeridad, más allá de los irrisorios aumentos impositivos a los super-ricos anunciados este verano por gobiernos como el español o el francés.

El diseño del ajuste presupuestario está suponiendo un estancamiento de las economías europeas, una reducción cuantitativa de la participación del Estado en la economía, así como un alto coste social, en beneficio de unos capitales financieros que, a parte de verse beneficiados directamente por las inyecciones públicas de liquidez en los mercados, han salido indemnes de todo tijeretazo.

Estos ajustes no se limitan al sector público, sino que también afectan al conjunto de la economía, tal y como empezamos a ver en los últimos meses. Así, Angela Merkel ha insistido en numerosas ocasiones en que países como España deben llevar a cabo medidas que liberalicen aún más las relaciones laborales, amplíen el número de horas trabajadas, contengan los precios internos y, en particular, el precio de la fuerza de trabajo.

La necesidad de contentar a los mercados financieros se sobrepone a la soberanía popular y a toda idea de democracia económica, tal y como apuntan profesores como Luis Enrique Alonso o Francisco Letamendia en el primer número de la revista Encrucijadas, dedicado al eje “Trabajo, crisis y sindicalismo”. Y todo para tratar de prevenirse de las iras especulativas de los mercados. Cualquier signo de tibieza por parte de los Estados da pie a los agentes financieros a especular y empeorar sus condiciones de pago de la deuda, en lo que objetivamente se trata de un desfalco en toda regla de las arcas públicas (4). En Francia, principal impulsor de esta política de austeridad, también se han anunciado recortes, con un carácter más preventivo que de urgencia, y con el mismo objetivo de mostrar la atractividad de su deuda pública a los inversores extranjeros.

Volviendo al caso español, la compra de deuda pública por el Banco Central Europeo y la reforma constitucional de este verano para garantizar el equilibrio presupuestario, condenan a este país a seguir la senda marcada por el eje franco-alemán. Sin embargo, el problema se encuentra más bien en el polo opuesto, es decir un débil sistema impositivo, una escasa participación del gasto social en el PIB, una economía basada en burbujas especulativas, un fuerte déficit exterior estructural, un modelo económico inestable e insostenible, un endeudamiento de las familias fruto del paro, el empleo precario y los bajos salarios. Todas estas carencias que las políticas de ajuste vienen a reforzar, tienen unos efectos devastadores y ahondan en la crisis económica de los pueblos de España y de otros países de la periferia europea. El chantaje de los agentes financieros privados a las autoridades públicas supone una perdida de soberanía económica y, así mismo, impone una degradación de la democracia y un aumento del descontento social.

¿Y que podemos hacer? : Existen vías alternativas

Más allá de estas recetas incoherentes tanto en el plano económico como discursivo, existen alternativas viables que ahondarían en la transformación del modelo económico de los países periféricos sometidos al ajuste. Un mejor reparto del trabajo mediante una reducción de la jornada que pueda generar nuevos empleos; una fiscalidad más progresiva y su fuerte incremento por el lado de las rentas altas; una defensa del modelo de las cajas públicas y la paralización de su privatización; o un recorte radical del gasto militar y policial como forma más saludable de ajustar las cuentas públicas, por poner algunos ejemplos.

En el debate principal que nos ocupa, y dado lo alejadas que las medidas precedentes están del debate de los partidos gobernantes y sus principales “oposiciones” parlamentarias, la economista turca Özlem Onaran realiza una serie de propuestas de consenso para una salida colectiva, democrática y no reaccionaria a la crisis actual de la deuda pública. En primer lugar se trataría de resistir a las políticas de austeridad y a los recortes, impulsando un debate y tratando de imponer el sentido común frente al golpe de timón de las corporaciones financieras a nuestras economías. En segundo lugar, serían necesarios nuevos controles a la actividad y movilidad de los capitales, actualmente sobre la mesa y que deberían acompañarse de medidas fiscales preferentemente armonizadas a escala europea. En tercer lugar, la nacionalización de los bancos para garantizar una banca pública, preferentemente socializada en una gestión democrática y paritaria entre clientes, trabajadores y administraciones públicas. Por último, se trataría de impulsar una auditoría de la deuda pública, con la intención de determinar su carácter (i)legítimo y anunciar un plan de impagos o renegociaciones a la baja frente a los grandes grupos financieros (como ya hizo Argentina en el 2001, y tal y como amenazaron algunos países latinoamericanos en los 80 y 90). Economistas como el italiano Andrea Fumagalli o el argentino Claudio Katz apuestan también por esta posibilidad de impago por parte de los Estados periféricos. En su lugar también es posible una media más moderada como es la conversión, pactada entre gobiernos, de las deudas públicas estatales en eurobonos, refinanciados con nueva emisión de moneda. En cualquier caso y pase lo que pase en los próximos meses, se va a requerir de mucha determinación por parte de la población y de una dinámica organizada entre economistas, agentes sociales y movimientos para forzar medidas de calado frente a la hegemonía neoliberal que trata de volver a afianzarse en nuestras economías y gobiernos.

Un orden neoliberal que ya se plasmaba desde hace décadas en la regresión de las condiciones laborales y de las políticas de bienestar. Un barco a la deriva que hace aguas por todas partes, con una coyuntura económica depresiva que se suma a las mucho más estructurales crisis ecológica y crisis de los cuidados (5), neutralizando la deseabilidad de una vuelta a la senda del crecimiento normalizado. El endeudamiento privado estructural y la insostenibilidad del modelo productivo español imponen su replanteamiento para impulsar nuevos sectores más limpios, sostenibles y adaptados a las necesidades de la población. Las políticas de ajuste del gasto público van en el sentido contrario, y dificultan la regulación e intervención colectiva para reorientar la economía, condenándonos a una crisis que tendrá sin duda un largo recorrido en los próximos años.

Notas

(1) Revista de Economía Crítica, nº9, 2010. Recomendables también sus Cuadernos de crisis de la revista Mientras Tanto (http://www.mientrastanto.org/), recientemente reconvertidos en Cuadernos de depresión.

(2) Para un estudio más pormenorizado de la deuda española se puede acceder al informe “De la crisis de la deuda al ajuste”, publicado en julio del 2011 por el Seminari Taifa http://informes.seminaritaifa.org

(3) En Grecia, los recortes son tan drásticos que la agudización de la recesión está dificultando incluso el mismo pago a corto plazo a los acreedores.

(4) Bibiana Medialdea nos alerta de la magnitud de este desfalco que suponen los ataques especulativos a la deuda pública en su artículo “¿Cuánto cuesta la especulación?”, en Público del 30 de julio del 2011.

(5) Menos conocida que la primera, las implicaciones reproductivas y el reparto desigual según sexos de esta crisis de los cuidados ha sido denunciada por economistas feministas como Cristina Carrasco o Amaia Orozco.