Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Trabajo y empleo en la sociedad de hoy: Alternativas para la democratización del trabajo @DaniloAlba1

Autor: Daniel Albarracin

Categoría: Trabajo

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Otra Mirada Social y Económica Es Posible

1. Una política económica alternativa: hacia el pleno empleo con derechos plenos.

Uno de los factores cruciales del fenómeno de desempleo se origina en la política económica neoliberal. Sin duda alguna, este modelo de política responde a la estrategia de las clases dominantes escogida para afrontar la crisis de acumulación que se produjo en los años 70. El neoliberalismo que se impuso tuvo características propias, y muchas de características no coincidieron con lo esperado por los economistas neoclásicos, menos coincidente aún con lo que reclamaban los que venían de las ultraliberales escuelas de Chicago (M. Friedman, G. Stigler, etc.) o austríaca (F. Hayek, von Mises, J.P. Schumpeter, etc.). La recomposición de la tasa de ganancia del capital, cuyo éxito se constató a partir de los años 90, se hizo a cargo de relocalizar la industria desde occidente a oriente, financiarizando la economía inundándola de deuda y desregulando el sistema bancario y los mercados financieros, así como imponiendo una severa política de austeridad en el ámbito laboral, de las políticas sociales y de los servicios públicos asociados a los derechos sociales. La financiarización, la desfiscalización del gran capital y la relocalización industrial fueron las bases de la recomposición de la tasa de beneficio, pero todo ello se produjo con dos consecuencias: el endeudamiento general de las empresas privadas (y su posterior socialización a cargo del erario público), el déficit público permanente, y la precarización y empobrecimiento de las clases trabajadoras.

En países semiperiféricos, como el Estado español, hubo consecuencias más intensas materializadas en una desindustrialización y un ascenso formidable del paro, especialmente por su dependencia y vulnerabilidad en la división internacional del trabajo. A este respecto, parece importante, para combatir el paro y la mala calidad del empleo, algo que supone una urgencia y demanda social prioritaria ampliamente aceptada, cuestionar la política económica llevada a efecto.

Esta situación se ha agravado con el comienzo de la crisis a partir de 2007. Los procesos latentes que limitaban el ascenso de la tasa de beneficio, fruto de la sobreproducción, combinados con el ascenso de los costes financieros –fruto del crecimiento endedamiento general-, se han traducido a partir de 2008 en un retroceso de la tasa de beneficio efectiva y una contracción de los mercados y la acumulación, y el paso a una posible fase que oscile entre la recesión y el estancamiento.

Para enfrentar la situación, la mejor política de empleo que podemos desarrollar es una política económica alternativa. Esta ha de tener un carácter que:

  • Rompa con la generosidad de los rescates y las subvenciones al capital. Que mediante una reforma fiscal progresiva, la persecución del fraude fiscal, la intervención en el sector bancario privado y un cuestionamiento de las deudas, se disponga de recursos públicos para construir una economía a favor de las necesidades sociales, y no del beneficio privado.
  • Que potencie no tanto el consumo en sí, y especialmente evite procesos emisores de gases de efecto invernadero, o altamente consumidores de materias primas, sino que apueste principalmente por otro modelo de inversión. Debería centrarse en una política de inversión socialmente útil –soportado en sectores como los de cuidados a las personas (sanidad, educación y escuelas infantiles, atención a la dependencia, etc.), ecológicamente sustentable –que se centre en una transición energética hacia las renovables y un cambio técnico, de transportes, agrícola e industrial basado en éstas-, generadora de empleo de calidad y garantías
  • Que sea una inversión en sectores estratégicos y en el que sector público, cómplice de otros sectores de trabajo cooperativo autogestionario, sea el protagonista.
  • Que implique una redistribución de la riqueza y de la renta favorable al mundo del trabajo.

2. Hacia la democratización del trabajo.

Pero una estrategia para la superación de la relación salarial debe plantear también un modelo alternativo de relaciones laborales, que también transforme éstas, para no acabar en una mera lógica de creación de empleo que no cuestione su naturaleza social.

Luchamos por acabar por las relaciones de poder, y más allá de que haya otros espacios sociales y políticos para disputar y transformar, consideramos que gran parte del poder del capital se juega en el ámbito de la producción, pieza clave para la valorización.

El espacio laboral es terreno reservado para el control de los capitalistas y la gerencia que pone al frente de las empresas. A su vez la financiación pasa por grandes capitalistas y financieros, que son decisivos para llevar adelante o no proyectos de inversión. El poder por parte de los empleadores es pleno en materia de selección, promoción o despido del personal, definición de la organización del trabajo y los objetivos de producción, regidos por el fin del lucro.

La gestión de la fuerza de trabajo en los mercados laborales está en manos de los empleadores, los circuitos y redes de contactos –que abren y cierran mercados en función del capital relacional de cada persona, muy ligado a su extracción social-, y las compañías de selección de colocación de personal y ETTs, quedando como furgón de cola los servicios públicos de empleo que se limita a la gestión de prestaciones de desempleo, algunas competencias de formación para el empleo, e intermediar los empleos de peor calidad.

De tal manera que una estrategia que persiga romper con la lógica implacable de la relación salarial, implica plantear el desarrollo de la gestión democrática del empleo de la fuerza de trabajo hasta abolir la relación salarial y un modelo de organización laboral empoderado, esto es, bajo control de los trabajadores y del pueblo, que permita tanto democratizar el trabajo como desarrollar complementariamente una economía del bien común, colaborativa, basada en el trabajo y empresas autogestionarias.

3.  Un modelo de regulación de relaciones laborales garantista y favorable al mundo del trabajo

Antes de 1980 el régimen laboral era autoritario, corporativo y paternalista, aun cuando protegía ante la eventualidad del despido de una forma que resultaría hoy inconcebible. Desde 1980, si bien se vieron compensaciones mediante la consecución de algunas libertades civil-democráticas, el marco de regulación laboral ha seguido una tónica inequívoca: una transacción consistente en degradar las condiciones laborales, integrar a los sindicatos mayoritarios en un pacto de concertación social, en aras supuestamente de facilitar la conservación o la creación de empleo. Esta concertación ha sido tensa y ha habido diferentes hitos donde la correlación de fuerzas ha supuesto algunos pocos avances (tras el 14-D de 1988), algunas resistencias efectivas (al parar la reforma laboral de 2002) y otros muchos más retrocesos, en ocasiones pactados (1997) o impuestos (1994, 2010, 2012).

De lo que no cabe ninguna duda es que las dos últimas reformas laborales, especialmente la de 2012, no representan únicamente una evolución en esa gran transacción, sino que, han ocasionado una metamorfosis del modelo, en beneficio de las grandes patronales. En particular, se redujo drásticamente las garantías e indemnización ante el despido tanto individual como colectivo, se establecieron las bases para que decaiga gran parte del sistema de negociación colectiva (ultraactividad limitada a un año), y se invirtió la jerarquía convencional, dando prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales o de cualquier otro nivel.

Las clases dirigentes, a partir de 2012 han decidido que no requieren apenas el apoyo sindical para legitimar sus políticas, y que es el momento de arrinconar cualquier mínimo contrapeso. De tal modo, que se redujeron drásticamente las subvenciones a los sindicatos y se les retiró el monopolio de la gestión de la formación, que también a su vez se vio recortada. Esto ha ocasionado la mayor crisis económica de las dos grandes centrales sindicales desde la transición. Finalmente, la campaña que ha aireado las responsabilidades en cobros irregulares en EREs, especialmente puesto a la luz pública para el caso de UGT, ha constituido la puntilla de descrédito. Desde entonces, las grandes sindicales se han lamido las heridas, se han dedicado a reorganizarse internamente en un amplio proceso de fusiones y adelgazamiento de sus estructuras, sin conseguir zafarse de muchos de sus defectos: ausencia de participación y debate interno, corporativismo, burocracia, arrogancia respecto a otros sindicatos, y falta de iniciativa en términos de propuesta –salvo correcciones menores a las reformas del gobierno, o el planteamiento de pactos nacionales abstractos- y, sobre todo, de lucha. Su práctica ha proseguido anclada en la provisión de servicios, la negociación en los despachos, pactos sangrantes en materias sociales sensibles (pensiones) y manifestaciones testimoniales. Aunque justo es decirlo que plantearon una justa huelga general en respuesta a la reforma de 2012. En últimas fechas han acordado una indigna prolongación del subsidio de desempleo y siguen dando tumbos recelosos de las nuevas iniciativas políticas con escasa intención de buscar complicidades.

Las últimas dos reformas laborales han sido las más duras de las últimas décadas y posiblemente la última la más dañina de nuestro entorno internacional, hasta el punto que el modelo laboral español tiene ahora más semejanzas con el anglosajón que con el mediterráneo. Sus efectos han sido devastadores. Casi la mitad de los trabajadores sin cobertura de convenio colectivo, una destrucción de empleo sólo superada por Grecia, y una devaluación salarial intensa que ha ocasionado que las rentas de los excedentes pesen más en el PIB que el fondo de salarios por primera vez en la historia.

De tal manera que hay un reto de primera magnitud en caso de que un gobierno popular alcanzase el poder en las instituciones: derogar las últimas reformas laborales y proyectar una nueva establecido en términos muy distintos.

El perfil que debiera guardar dicha reforma, en la perspectiva de empoderar al mundo del trabajo habría de incluir al menos estos puntos, en una primera fase:

·        Normalizar la estabilidad en el empleo y castigar la temporalidad. Esto supone prohibir los despidos en empresas con beneficios operativos, exigir el establecimiento de planes de continuidad del personal para que, en caso de haber proyectos puntuales, se recoloque en nuevos a las personas empleadas, y en el caso de recurrir a despidos, si no se puede financiar los empleos, establecer indemnización por despido superiores a los empleados indefinidos. De igual manera, los empleos temporales habrían de elevar el tipo de cotización a la seguridad social.
·        Se establecería una equivalencia de protección entre el trabajador asalariado y el trabajador económicamente dependiente (TRADE) a voluntad de este último.
·        Las situaciones de prácticas no laborales y de beca habrán de establecerse bajo la fórmula de contrato de formación, por no más de un año, con un 10% mínimo de formación efectiva, a cuya finalización se habrá de establecer un contrato indefinido, que durante cinco años tendrá un derecho de indemnización por despido equivalente al de temporal.
·        Establecer un nuevo marco contractual en el que las personas con empleo a tiempo parcial tuvieran el derecho a la conversión de su jornada a tiempo completo cuando decidiesen, y que las personas con situaciones específicas (atención a hijos, personas dependientes, o que superen los 55 años) tuvieran derecho a pasar a tiempo parcial desde un empleo a tiempo completo.
·        Establecer las 35 horas semanales sin reducción salarial, en la que se permitiese a la negociación colectiva establecer la distribución de la jornada.
·        Las elecciones sindicales y los marcos negociales prioritarios habrían de ampliarse, no siendo la unidad básica el centro de trabajo, sino la cadena de valor (el grupo de empresa ampliado a todas las empresas vinculadas a su proceso de producción o servicio) o el distrito laboral (amplias concentraciones de empresas en polígonos de oficinas, industriales, centros comerciales, destinos turísticos, etc…), realizando unidades electorales a ese nivel.
·        Habida cuenta de la necesidad de la herramienta sindical y dada la falta de proactividad patronal en la firma de convenios, se habría de establecer la primacía en la regulación laboral sectorial a la negociación entre poderes públicos y sindicatos.
·        La estructura convencional debiera establecer al nuevo marco legislativo la base jurídico-laboral, sobre la cual se elevarían los convenios sectoriales (estatales o transnacionales) estatales, dejando a los niveles de nacionalidad, regional y, en último lugar, de empresa las adaptaciones menores que cupiesen en su ámbito, mejorando la legislación y los convenios sectoriales.
·        Se establecería una regulación marco de convenios ad hoc para los casos de grupos de empresa, en la que se regulase en pie de igualdad las condiciones laborales de subcontrata, franquicia o filial, respecto de los convenios de empresa principal.
·        Se desarrollará un marco que implicará a la participación de los trabajadores en las empresas. En primer lugar, estableciendo un porcentaje mínimo de representación de éstos en los consejos de administración bajo una lógica de cogestión. En segundo lugar, estableciendo una dirección obrera de las empresas. En particular, los y las trabajadoras escogerán, entre aquellos capacitados para hacerlo, a su dirección; escogerán los objetivos y métodos de trabajo más apropiados, en el marco de cumplimiento de fines que social y democráticamente se establezcan; y en el marco de las cooperativas y empresas privadas participarán en la decisión en materia de reinversión de los excedentes, siempre respetando los marcos y orientaciones generales de orientación democrática en materia económica que los poderes públicos establezcan.

4. Una política e instrumentos de empleo que rompan con el clientelismo y la discriminación empresarial.

El marco laboral que proponemos debe venir acompañado también de una serie de reformas en el capítulo de las políticas de empleo, algunas de ellas intercaladas y reguladas en el nuevo marco legislativo. En particular conviene destacar las siguientes reformas y carácter institucional de los instrumentos habilitados:

·        Reforzar los cuerpos de inspección laboral para garantizar el cumplimiento de la ley.

·        Establecer el reparto del empleo, estableciendo el criterio de escala móvil de horarios sectorial. Se eliminarán las horas extras por razones diferentes a las de fuerza mayor, y se establecerán, se genere exceso de capacidad, reducciones de jornada y planes de creación de empleo y de reorganización del trabajo al efecto.

·        Se plantearía como medida de creación de empleo la anticipación de la edad de jubilación, adelantando progresivamente la edad de salida, y estableciendo puentes hacia la jubilación graduales y en función de la penosidad o dureza del sector en el que se haya trabajado (es decir, los años trabajados en los sectores más duros valdrán más de un año de cotización).

·        Se eliminarán las bonificaciones a la seguridad social, en tanto que no crean empleo, sino que sólo tienen dos efectos: abaratan costes laborales de contrataciones ya previstas, y generan un efecto sustitución entre colectivos, sin generar empleo neto. El montante ahorrado se destinará a la creación de empleo público directo o las ayudas a la creación de empleo con apoyo (adaptación de entornos instrumentales y de acceso al trabajo, asistencia de personal para estas personas, etc…) en las empresas para las personas con diversidad funcional.

·        Se eliminarán los topes a la cotización de las rentas salariales altas o las situaciones de pluriempleo, estableciendo un porcentaje progresivo en la cotización a la seguridad social. Es preciso pasar de un abanico salarial 1 a 127 a otro de 1 a 5 y esta medida contribuiría en este sentido.

·        Para contrarrestar el poder que disponen los empleadores, para prevenir del amiguismo o el clientelismo, y ganar en cotas de objetividad y correspondencia a la clasificación profesional, los Servicios Públicos de Empleo ostentarán competencias de preselección de personal –objetivar la selección de personal según clasificación profesional sectorial-, aparte de las clásicas de intermediación laboral y formación de desempleados. Acabaríamos con las ETTs y servicios de colocación privados.

·        Empleo público. Se reestablecerían los niveles de empleo público en los sectores de servicios públicos fundamentales, y en función de la prioridad política y los recursos disponibles podrán ampliarse.

·        Se impulsarán medidas a favor del Trabajo Garantizado, financiado tanto con los ahorros en las bonificaciones como, ante todo, por una reforma fiscal progresiva. Estos trabajos remunerados con en torno a 800 euros en 14 pagas, se dedicarían a labores de regeneración medioambiental, transición energética, cuidados a las personas y al entorno urbano y paisajístico, y darían empleo a toda persona que busque un empleo y no lo encuentre. Se procuraría poner en pie los programas para su desarrollo (programas de formación, empresas públicas, programas específicos, etc…) en una legislatura.

·        A más largo plazo, los programas de trabajo garantizado, una vez se alcanzase el pleno empleo, y se democraticen las relaciones laborales, se reconvertirían. Estos programas no pueden conformarse con ser mecanismos anticíclicos contra el desempleo. Hay que aspirar a la conformación de una sociedad del trabajo libre y emancipado. Al mismo tiempo que se ha de ofrecer empleo a todo aquel que pueda y quiera trabajar se ha de exigir un compromiso solidario para aportar a la sociedad a todas las personas en condiciones de brindarlo. A tal fin, al mismo tiempo que se establecerán medidas a favor de la garantía de pleno empleo (empleo público, trabajo autogestionario cooperativo o regulaciones laborales garantistas y democratizadoras del trabajo en el ámbito privado) se socializarán las tareas desagradables entre la población activa, en tanto que son necesarias y para realizarlas sin que se concentren entre los grupos más desfavorecidos habrá que repartirlas. Se establecerá una prestación laboral solidaria –dedicada a la prevención de desastres, el cuidado de personas dependientes, la limpieza y regeneración medioambiental y del medio urbano, etc…- remunerada en la etapa juvenil, a cambio de que el sector público y la comunidad garantice a todo el mundo que lo desee un empleo digno a lo largo de la vida activa.

5. Una política de rentas redistributiva y justa.

Aunque la política por la que apostamos no pone en el centro el consumo, sino otro modelo de relaciones con el medioambiente y por una inversión socialmente útil y ecológicamente sostenible, parece aconsejable definir unos criterios en materia de rentas. Debemos recordar la diferencia entre riqueza (su origen está en la naturaleza y en los mecanismos que permiten darle aportar a la humanidad, al mismo tiempo que conservan su capacidad de autorreproducción, y en la utilidad del trabajo reproductivo que sostiene la vida) y renta (que significa la distribución de la renta, o dicho de otro modo, la disponibilidad de ingresos monetarios o derechos sociales para disfrutar de los recursos disponibles en la sociedad). Debemos anteponer la socialización de la riqueza, como principal medida de democratización. En lo que se refiere a la renta los criterios que podemos anticipar son los siguientes:

·        Elevación del Salario Mínimo Interprofesional hasta 800 euros al mes en catorce pagas en una legislatura.

·        Salario Máximo. Abanico salarial 5/1.

·        Negociación colectiva sectorial del salario con un mínimo establecido por ley: la inflación más la productividad media sectorial.

·        Se establecerá en una primera fase un Ingreso Personal Garantizado para todas las personas que no puedan trabajar, por razón de edad, discapacidad, enfermedad o necesidad de cuidado de otras personas dependientes. Se estudiará la aplicación de la Renta Básica Universal en función de los recursos disponibles, valorando el mecanismo de transferencia de rentas más apropiado (IRPF u otras figuras fiscales que pudieran gravar el excedente o a las grandes fortunas).Política de pensiones.

6. Movimiento obrero: hacia un sindicalismo alternativo y el empoderamiento de las clases trabajadoras.

Somos conscientes que difícilmente será posible poner en pie la batería de reformas señaladas si no es democratizando toda la sociedad, desde las instituciones políticas, pasando por la comunidad y el ámbito social, hasta, desde luego, el campo de las relaciones laborales donde se dirime buena parte de la disputa social por el poder.

Los proyectos partidarios, los movimientos sociales y las iniciativas comunicativas alternativas brindan una forma de identificación de propuestas, de revitalización social de las protestas, y de debate y difusión de planteamientos, que disputan lo legítimo en el campo político y social, tratando de influir en la agenda pública. Ahora bien, el espacio laboral entraña el ámbito predilecto del capital para ejercer su dominio económico sobre el mundo del trabajo –sin olvidad que las grandes corporaciones privadas financian o sobornan directamente a la casta política partitocrática- , siendo la fuente de extracción y apropiación del valor, y de reproducción social de la relación capitalista. Las grandes decisiones se toman en el espacio de la producción, dominado por la lógica de la rentabilidad, la acumulación y de la mercancía, sobre cuyo centro se genera una fuerza de gravedad que condiciona la órbita de otros ámbitos sociales. De tal manera, que contar con una herramienta sindical parece fundamental para también disputar la batalla en dicho campo.

La historia del movimiento obrero ha sido muy larga, repleta de avances y retrocesos, aciertos y errores, pactos y resistencias. Y realmente, en lo que refiere a las últimas décadas se constata varios fenómenos preocupantes: un adaptacionismo concertador y corporativista de las grandes centrales sindicales, un internacionalismo ínfimo, una democracia dirigida por las burocracias y aparatos, y una fragmentación del movimiento obrero muy importante. Además, tanto por errores propios, como por campañas patronales a favor de las clases dominantes, se ha desprestigiado a estas organizaciones hasta niveles inaceptables o bien se han ocultado sus logros cuando los han obtenido.

En el Estado español la acción unitaria se ha producido en el nivel de la concertación (rota desde 2010) con el gobierno entre las dos grandes centrales mayoritarias, y ha sido ocasional entre el sindicalismo alternativo. Las estrategias de regeneración de las grandes centrales por sectores críticos han sido infructuosas o han acabado en la integración en sus direcciones aun cuando eso conllevase estar en un rincón irrelevante o ser corresponsable de políticas socialiberales. Se ha extendido una práctica de intervención corporativa que ha predominado en grupos laborales con cierta capacidad de negociación profesional o sectorial, y las estrategias de clase han sido relegadas para la galería. También, entre el sindicalismo minoritario se ha reproducido la arrogancia respecto al resto de sindicalismo aún más pequeño, muchas veces a causa de la concepción de que el sindicalismo ha de ser equivalente al partido, planteamiento abonado para el sectarismo y la falta de pluralidad que exige la labor sindical. Asimismo, todos los sindicatos desarrollan un esquema organizativo obsoleto e inadecuado para combatir al capital, salvo en honrosas iniciativas y experiencias.

De tal manera que afirmamos lo siguiente para su discusión:

§  Parece que las estrategias unitarias materializadas en la acción son imprescindibles para desarrollar iniciativas con masividad suficiente para doblegar a la ofensiva patronal.
§  La clave pasa la intervención multisindical, interprofesional y supraempresarial, y si es preciso transnacional, en la cadena de valor en la forma que esta adopta (empresa-red, grupos de empresa, corporaciones transnacionales, etc.) estableciendo órganos de participación y acción sindical a estos niveles.
§  Para el caso de las muchas PYMEs, una forma de aproximarse es el desarrollo de un sindicalismo cercano que opere en los distritos laborales donde se concentran gran parte de trabajadores (polígonos de oficinas, polígonos industriales, calles y centros comerciales, zonas turísticas, etc…).
§  La lucha sindical puede ser muy efectiva reconociendo los puntos débiles de la cadena de valor, en los que interrumpiendo el proceso de valorización, se pueda anclar un poder tanto de negociación como de influencia en la dirección empresarial, hasta el punto de disputar el poder en las empresas.
§  La democratización y revitalización sindical pasa por su democratización, donde las asambleas agrupen a trabajadores en los espacios laborales, pero no necesariamente circunscritos a los centros de trabajo fragmentarios que los separan, y exigen a veces un mínimo de trabajadores por establecimiento o departamento imposible de alcanzar. Es preciso establecer formal o informalmente unidades de participación y acción que correspondan con la realidad del proceso laboral.
§  La solidaridad de clase no puede limitarse al compañerismo con aquellos miembros de la plantilla que conocemos, debemos ampliarla a una solidaridad entre desconocidos que comparten una realidad y problemática común, aun cuando no esté en nuestro centro, departamento, empresa o incluso región o país. Los sindicatos han de ser el tejedor de estas solidaridades de nuevo cuño, empleando las redes sociales o instrumentos telemáticos apropiados.
§  No tiene ningún sentido agrupar a la afiliación en ramas que sólo tienen un papel administrativo o estadístico dudoso. Los y las trabajadoras cambian de profesión a lo largo de su vida, así como de localidad, de empresa y puesto de trabajo. El sindicalismo de clase ha de orientarse hacia un modelo interprofesional no corporativo, con reagrupaciones de geometría variable vertebradas por la naturaleza y tiempo del conflicto concreto (universalizable).
§  Urge democratizar el sindicalismo: para ello es preciso establecer vacunas antiburocráticas. La limitación de mandatos, la liberación parcial, la no acumulación de cargos, el desarrollo de planes de trabajo cuyos resultados puedan ofrecerse en balance, resultan claves para no hacer del sindicalismo una profesión.
§  Ante la tesitura del conflicto, las experiencias fallidas en los grandes sindicatos para remover direcciones burocráticas y el desmoronamiento de estas organizaciones, parece necesario explorar proyectos tanto de regeneración de las direcciones sindicales mayoritarias, apoyadas en iniciativas de refundación de un sindicalismo de masas que integre diferentes experiencias y sindicatos, para la formación de uno más capaz, más democrático, más internacionalista, más de clase y más combativo. Esto es, creemos que ha llegado la hora de que la fracción más luchadora, consciente y democrática de los grandes sindicatos no sólo dispute la dirección sino que al mismo tiempo plantee la unificación de todo el sindicalismo alternativo abierto e interprofesional.

7. El trabajo reproductivo.

Un capítulo dedicado al trabajo no podía olvidar sus diferentes manifestaciones y dimensiones. La centralidad del trabajo mercantilizado y remunerado, tanto en lo que concierne a su reconocimiento como a la forma en que la relación salarial condiciona el resto de relaciones sociales, no equivale a afirmar que nosotros consideremos que el trabajo remunerado constituya lo más importante para la existencia social.
Nosotros afirmamos que el origen de la riqueza está en la naturaleza y que con el trabajo reproductivo, gran parte de él fuera de relaciones mercantilizadas y remuneradas, son la base de la vida y preceden a cualquier forma de empleo u ocupación. Sin ellos no sería posible nada y sin embargo se ven claramente determinados por la sociedad salarial moderna.

El trabajo reproductivo, además, se sobrecarga sobre los hombros de las mujeres, y la división sexual del trabajo establecida las perjudica en su libertad personal, su inserción social y sus oportunidades de desarrollo profesional. Sin duda alguna, parece un punto necesario el replanteamiento de la sociedad y los términos de la relación en los que se sitúa el trabajo reproductivo en ella.

El cambio en la división sexual del trabajo debe ser abordado desde diferentes trincheras. Una, sin duda, es la cultural, las prácticas del día a día en el ámbito más cercano, donde se empodere a las mujeres y se democratice el ámbito de la vida cotidiana. También el ámbito público tiene mucho que decir, mediante modificaciones legislativas o la provisión de recursos específicos apropiadamente diseñados (escuelas infantiles, comedores colectivos, contenidos educativos no sexistas, prestaciones y permisos planteados en igualdad e intransferibles para varones y mujeres). Otra, también es establecer mecanismos y cambios en el propio campo del trabajo remunerado. Los planes de igualdad en las empresas suponen un esquema de partida interesante, a partir de los cuáles impulsar una relación entre lo personal y lo laboral, establecer igualdad en el acceso al empleo, la promoción, la formación, la remuneración o los permisos, en la que se evite la discriminación indirecta (la directa apenas tiene incidencia), la segregación ocupacional (si bien esto comienza desde la escuela o los medios de comunicación), y se pongan los instrumentos para repartir las cargas también en el ámbito doméstico y de crianza. Las medidas de acción positiva, o los derechos iguales e intransferibles para el varón por razón de atención a personas dependientes (crianza, cuidados de personas ancianas o enfermas, etc…) pueden contribuir a reducir la brecha.

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Daniel Albarracín. Primavera de 2015

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  1. [...] poner más énfasis en la afiliación, militancia y negociación colectiva. Tal cómo expresa Daniel Albarracín: “La lucha sindical puede ser muy efectiva reconociendo los puntos débiles de la cadena de [...]

  2. [...] poner más énfasis en la afiliación, militancia y negociación colectiva. Tal cómo expresa Daniel Albarracín: “La lucha sindical puede ser muy efectiva reconociendo los puntos débiles de la cadena de [...]

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