Economía Crítica y Crítica de la Economía

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Papeles de Panamá: Contra el capital líquido, propuestas políticas

Autor: Miguel Urban y Daniel Albarracin

Categoría: Alternativas, Finanzas

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Público.es

Los llamados “Papeles de Panamá” se suman a la lista Falciani, Luxleaks o la filtración de Wikileaks. Unas revelaciones que han vuelto a escandalizar a la opinión pública al poner de manifiesto cómo las grandes fortunas, políticos y/o empresarios siguen utilizando los paraísos fiscales para evadir sus obligaciones tributarias o para blanquear dinero negro. El impacto mediático y social del escándalo de los Papeles de Panamá ha obligado a las autoridades a constituir una comisión de investigación parlamentaria para poder ofrecer información adicional y concreta, de un fenómeno que, por desgracia, convive con nosotros desde hace tiempo y que forma parte sistémica de los fundamentos del capitalismo líquido de nuestra época.

En el ecuador del mandato de esta comisión de investigación de los Papeles de Panamá, conviene señalar que muchas de estas comisiones se abren para “hacer como que se investiga”. Nosotros lo venimos denunciando a lo largo de estos meses, de los más de 11 millones de documentos filtrados, a bien pocos se nos está facilitando el acceso, dada la clasificación secretista que se les confiere a la mayoría de los papeles sensibles, y la dificultad de acceso que se brinda a diputados y a nuestros equipos de asesores. A esto se suma la falta de voluntad política de la Comisión que antepone numerosas restricciones limitando las atribuciones del parlamento. Además los periodistas que disponen de esta información podrían ser denunciados, si filtran algo que perjudique a personas o empresas específicas. Algo que se resolvería si hubiese realmente una legislación europea que permitiera la protección para los whistleblowers (denunciantes) a día de hoy inexistente. De hecho, las instituciones europeas parecen más preocupadas no por la magnitud del fraude fiscal revelado, sino más bien porque los nombres de los evasores se hagan públicos.

Conocer la realidad se hace a fuerza de comprobar sus resistencias. Esas resistencias se han presentado no sólo como distracciones burocráticas y secretistas. Sobre todo han cobrado forma de partido de ping-pong, donde unos y otros se escabullen de su responsabilidad apelando a su “incompetencia legal”, pasando la pelota de uno a otro. Muchos argumentan que la UE no tiene la regulación ni los medios apropiados, y la UE dice que cuenta con la regulación apropiada y que algunos Estados Miembros no la aplican, y los Estados Miembros involucrados señalan que ellos tan sólo juegan con la regla universalizada en el capitalismo global que hace de la competitividad fiscal una posible ventaja comparativa. Cabe decir que no es cierto que las regulaciones europeas sean las adecuadas. Aunque nos tememos que sí es cierto que muchos Estados Miembros no aplican ni siquiera los mínimos recomendados. Y aun así esto no encierra toda la verdad.

Como ejemplo de esta situación nuestra pregunta a los representantes del BCE sobre el papel de los bancos europeos y el sistema de supervisión bancaria del BCE en los “Panama Papers”. Nos contestó por escrito Danièle Nouy, presidenta del Consejo Supervisor del BCE. En un ejercicio de decir quién es responsable de qué, nos decía que, no son ellos, sino las autoridades nacionales las que son competentes a la hora de controlar la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

Los gobiernos acostumbran a escudarse en las “reglas de Bruselas o, cuando conviene, las de Frankfurt” para hacer las cosas como las hacen (sutil manera en la que las oligarquías conciertan sus políticas). Lo sorprendente aquí es que reconociendo la gravedad de los hechos, pues se asume que hay prácticas ilegales, como el blanqueo de capitales, de las que el sistema bancario es actor necesario, dice no poder actuar. A pesar de que al mismo tiempo admite que dispone de instrumentos para su supervisión y actuación, mediante la “confiscación de activos, acciones penales contra empleados de las entidades supervisadas y multas”.

Mientras desde las instituciones europeas se piden esfuerzos a los pueblos, se recortan nuestros derechos y se practica una política austeritaria para “salir” de la crisis; las grandes fortunas, gracias al entramado mundial de paraísos fiscales, siguen concentrando cada vez mayor poder y riqueza. Desde el inicio de la crisis la desigualdad no ha parado de crecer en el mundo, hasta tal punto que, como indica el informe de Oxfam Intermón, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta.

El capital circula como el agua y las regulaciones equivaldrían a algo así como la arquitectura de una piscina. No resulta admisible que nos digan que el fondo está en general bien cimentado. Basta con un pequeño agujero para que, dicha excepción, se convierta en norma de escapatoria del agua. El agua se irá toda por ahí si el fondo es plano. Eso es precisamente lo que sucede con la arquitectura fiscal para el capital.

Ahora bien, en el contexto de que el capitalismo necesita y emplea el Estado para ordenar la economía y la sociedad, los sistemas fiscales siguen requiriendo ingresos. Para eso, la renta recibe un tratamiento, cuanto menos, dual, como la luz en tanto que onda-corpúsculo. Por un lado, cuando la renta procede de actividades productivas del mundo del trabajo o de la generación de valor de pequeños productores, lo tiene francamente difícil para escapar al fisco y, entonces, adopta la forma de corpúsculo. Pero cuando los ingresos proceden de rentas financieras o como beneficios extraídos a los productores o trabajadores, se comporta como el agua. En suma, el dinero sólo se hace capital, y entonces líquido, u onda siguiendo la metáfora cuántica, cuando se agrupa en grandes cantidades. Esto sólo está al alcance de grandes corporaciones y grandes fortunas. Y, entonces sí, no sólo se encuentra en el camino un sinfín de rendijas por las que fugarse, sino con una diversidad de servicios estructurados de optimización fiscal, numerosos actores intermediarios que hacen negocio, y una variedad importante de mercados con su propia área de influencia geoestratégica.

Mercado mundial de Guaridas Fiscales

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, más del 30% de la inversión mundial en 2015 se realizó a través de paraísos fiscales o centros de inversión extraterritoriales. Stiglitz afirmó el pasado día 16 de Noviembre en el Parlamento Europeo que presenciamos un régimen fiscal global injusto y detrás de los paraísos fiscales se abre un sector que se basa en el secretismo para crear una “economía global en la sombra”.

Así, las rendijas, en la práctica, dan paso a canales que se dirigen al mercado internacional de “paraísos fiscales”, con puerta de entrada, grandes potencias o áreas de países que los amparan, y facilitadores concretos. En 2010, Tax Justice Network estimaba que entre 21 y 39 billones de dólares se encontraban en forma de activo financiero en un total de 80 jurisdicciones fiscales off-shore, cifra que, por supuesto no ha dejado de crecer. Grandes bancos privados transnacionales, consultores jurídicos y fiscales, directores de paja y entidades pantalla, como las fundaciones y fideicomisos, que ofrecen servicios de optimización fiscal, bajo la más estricta confidencialidad, a cambio de un porcentaje y un pacto de silencio mutuo. Según Intermón Oxfam, las entidades financieras ostentan un papel destacado no solo como ayudantes para crear sociedades pantalla, sino como principales benefactoras de la creación de filiales en estos territorios off shore. Esas tramas cuentan con polos o alianzas geoestratégicas de gobiernos cómplices que amparan dichas prácticas con subterfugios o vacíos legales tolerados, que se refuerzan con situaciones de descoordinación o competencia regulatoria “a la baja” entre países, o, en su defecto cuando sí hay cierta armonización, una ausencia de organismos de control o inspección para hacer cumplir la ley. Cuando los hay, operan con pocos o inadecuados recursos, con objetivos secundarios que procuran distraer o legitimar prácticas detestables, o trabajan con poderes limitados con el efecto evidente de dejar hacer.

Estas estructuras ya no son meros vacíos, sino estructuras sólidas que operan en el margen de la ley, cuyo origen está en el beneficiario o propietario real del capital, sigue con los gestores financieros de la gran banca en la sombra, continua con los diferentes gabinetes hasta llegar a las jurisdicciones fiscales finales. Ahora bien, hay diferentes mercados a los que se puede llegar. De hecho, los polos de generación de esas tramas se originan en diferentes áreas de mercado de capitales, que pueden tener amparo sea en el polo asiático, europeo, británico –que cuenta con las dependencias de la corona- o americano, si bien, siendo estos los principales, la clasificación está por definir.

En suma, no sólo hay una trama para favorecer estos canales offshore, sino que también estas estructuras offshore compiten entre sí. Nikolas Stolpkin, en Abril de 2016, advertía que la filtración de los Papeles de Panamá vertía “información [que] fue obtenida de una fuente anónima, (…) [publicada] por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung y que, para procesar tamaña cantidad de información, fue compartida benévolamente con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), creada en 1997 por iniciativa del Center for Public Integrity, [financiada por] Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York, etc.”. Esto es, instituciones ligadas a George Soros y la CIA, especialmente. Según Stolpkin, el propósito podría poner en dificultades políticas a algunos adversarios de EEUU, pero, fundamentalmente, de lo que se trataba era de señalar que hay algunos destinos inseguros en el mercado mundial de paraísos fiscales, para propiciar, una vez que EEUU no quiere acatar ni siquiera las mínimas normas de intercambio de información planteadas por la OCDE (CRS o Norma de Información Común), que los capitales afluyan a los propios paraísos fiscales de la superpotencia norteamericana.

Problemas de regulación internacional y, por supuesto, europea.

Más allá de la competencia de estructuras de negocios offshore, en la que EEUU y Reino Unido operan con un mayor abuso si cabe que otros, participando en una comisión parlamentaria de la UE, no sería admisible distraerse de nuestros propios paraísos fiscales. La UE cuenta con sus propias estructuras offshore y un entramado regulatorio cuyos desniveles, permisividades, y estímulos en la sombra potencian este privilegio que de facto beneficia sólo a los grandes capitales, rentistas y familias más ricas, en perjuicio de las mayorías productivas.

En 2015, Antonio Fuertes Esteban, de ATTAC, señalaba que “La Unión Europea se ha construido como espacio financiero sin fronteras y sin autoridad reguladora como tal, por lo tanto descontrolado“, sorprendiendo que el BCE no tenga ni competencias para actuar en la materia. Así, la UE “permite a 3 paraísos fiscales en su seno y no regula su relación con los otros 7 territorios paraísos fiscales del espacio económico europeo, manteniendo con ellos acuerdos económicos y comerciales preferenciales mientras que estos compiten deslealmente con los demás países de la UE.“

Los países apenas desarrollan registros que identifiquen debidamente a los beneficiarios reales, facilitando su anonimato o contando con “testaferros”. De existir esos registros, se carece de una coordinación internacional que permita el intercambio adecuado de información.

Al amparo de este tolerado funcionamiento en la sombra, nos encontramos operaciones más oscuras. Se trata del lavado de dinero, el narcotráfico y el terrorismo. Nos llama la atención que los poderes públicos no hayan tenido gran problema para seguir la pista de terroristas, pero no empleen sus instrumentos para acabar con estas prácticas e identificar a los responsables, culpables y cómplices necesarios de los mecanismos globales de evasión fiscal.

Por otro lado, más allá de los propios paraísos presentes en Suiza y el Espacio Económico Europeo (Luxemburgo, Mónaco, Gibraltar, Andorra, etc…), también hay Estados Miembros que encajan en la figura de “semiparaíso fiscal” como son, por ejemplo, los casos de Holanda, Irlanda o Bélgica, y son consecuencias y beneficiarios de la devaluación fiscal que como estrategia se sostiene en el marco del Espacio Económico Europeo.

Un informe de Intermón Oxfam, observaba que el 66% de la inversión extranjera en España, en 2015, llegaba desde paraísos fiscales, algo propiciado porque los beneficios obtenidos fuera apenas están obligados a tributar. Asimismo, las empresas del IBEX-35 contaban con 891 filiales en paraísos fiscales ya en 2014, destacando el Banco de Santander entre las empresas españolas, con 235 filiales.

¿Y qué se puede hacer?.

Numerosas organizaciones internacionales y economistas nada acusables de revolucionarios, como Joseph Stiglitz, ponen el acento en desarrollar standards internacionales para mejorar la cooperación e intercambio de información entre autoridades nacionales, identificando a los auténticos beneficiarios de las tramas offshore mediante registros públicos. También se propone que se supervise a los múltiples intermediarios, o que se modifique la regulación de las entidades fiduciarias que no están obligadas a declarar a los beneficiarios reales (los que aportan fondos a las mismas, cuando lo hacen en un porcentaje inferior al 25%) así como establecer medidas para la protección de los denunciantes (whistleblowers). Esta es la retahíla de medidas al uso que se proponen en los medios convencionales que, siendo necesarias, sin duda, resultan aún con todo insuficientes.

Para nosotros resulta crucial ir a la raíz de los problemas. En primer lugar,  aislando a los paraísos fiscales y sancionando a quienes operan en ellos, investigando a la gran banca y los intermediarios cómplices que aprovechan el secreto bancario –que habría eliminar-, no siguen prácticas normativizadas de diligencia debida y hacen de la evasión fiscal un negocio.

Además, es necesario establecer de forma coordinada sanciones comerciales a los países que operan como paraíso fiscal, empezando por Luxemburgo y Suiza. Con una alianza de países del sur de Europa, sería suficiente para obligar a estos países a abandonar el secreto bancario, ya que las pérdidas que resultarían serían menores a las derivadas de las sanciones comerciales. En segundo lugar, es indispensable avanzar hacia un catastro mundial de títulos financieros, como condición necesaria para poder ejercer una fiscalidad real. Además, sería necesario establecer un impuesto de sociedades internacional que evite las prácticas de erosión de la base fiscal y transferencia de precios.  Por último, todas estas iniciativas deben conjugarse en el camino hacia un modelo internacional en el que se armonice la fiscalidad internacional, aspirando a una reforma fiscal progresiva favorable a las clases populares. Más concretamente, además, parece imprescindible desarrollar y aplicar una normativa contable homogénea que obligue a las empresas multinacionales a presentar información económica relevante estructurada por su base de negocio y de actividad real por país, para tributar en cada territorio en base a la presencia de personal, capital físico y facturación efectiva extraídos en el mismo, evitando el abuso a los precios de transferencia.

Por último, queremos recordar que hay diferentes actores sociales y políticos que siguen combatiendo contra este tipo de prácticas. Queremos destacar el ejemplo innovador de Ecuador en la última consulta realizada recientemente sobre paraísos fiscales. También mencionar que la lucha sigue, y que ya tenemos una nueva convocatoria impulsada por el Foro Social Mundial para el día 3 de abril como Día Global de Acción Contra los Paraísos Fiscales a la que invitamos a trabajar para que sea un éxito ayudando a concienciar a la ciudadanía de lo importante de movilizarse contra este capitalismo liquido, porque su botin es nuestra miseria.

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Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos y Daniel Albarracín, economista y sociólogo

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